1. Introducción

En este trabajo me propongo explorar las reflexiones de asistentes sociales involucradas en el estudio y abordaje de problemáticas de niños, niñas y sus familias en la década del 60 en la ciudad de Santa Fe. A través de una lectura atenta de las tesis para obtener la graduación en Servicio Social, es posible rastrear la implicación entre la configuración de campos ocupacionales de intervención profesional del Trabajo Social y la incidencia de esas prácticas en los procesos de burocratización estatal.

Históricamente, se ha asociado a la profesión de asistente social con las áreas gubernamentales socio-asistenciales y proteccionales. En esos espacios se desplegaron las experiencias de intercambio del Estado con las familias, especialmente de aquellas pobres, que han sido extensamente estudiadas (Torrado, 2003; Cosse, 2006; Álvarez, 2011).

En esta ocasión me concentro en recuperar las argumentaciones que las asistentes sociales esgrimieron sobre los problemas y necesidades de menores de edad que estuvieron bajo protección estatal en la década del 60. Esas reflexiones tejen una urdimbre compleja entre racionalidades, emociones y propuestas interventivas que pueden reconocerse como producto de la elucidación de sus propias experiencias. En las mismas se registran matrices de época sobre los problemas abordados, la evocación a métodos tecno-científicos y las expectativas sobre los resultados esperados. Por otro lado, la referencia constante a las dificultades en las áreas gubernamentales, las propuestas para mejorarlas permiten conocer además algunas aristas organizativas sobre las burocracias en la provincia dando cuenta de procesos de trabajo, priorizaciones y recursos disponibles.

Así, lejos de proponer una figura prístina sobre la formación de un funcionariado experto en el abordaje de la cuestión social, la profesionalización del trabajo social es la consecuencia de un proceso de interlocución en el que intervienen una variedad de actores sociales y estatales que en su dinámica van configurando, por un lado, las diferenciaciones funcionales internas en el Estado, y por otro, la autonomía y heteronomía del oficio y su legitimación (Rodriguez y Soprano, 2018). En este sentido, los alcances de las prácticas profesionales son definidos y redefinidos en el devenir de las disputas sobre los saberes tecno-científicos, los sentidos vocacionales y morales que las agentes pusieron en juego.

Entre otros ámbitos, el conjunto de áreas gubernamentales y de la sociedad civil que configuraron el campo de intervención sobre las infancias y familias pobres ha sido un espacio privilegiado del ejercicio profesional de trabajadoras sociales. Sumado a ello, se reconoce de forma similar para otras latitudes, cómo el orden tutelar (Donzelot, 2007) en nuestro país se constituyó a partir de la articulación de agentes e instituciones de diferente índole (benéficas, médicas, educativas, eclesiásticas, socio-asistenciales, etc.) que en sus intercambios polémicos promovieron, valorizaron y fortalecieron determinados modelos de domesticidad, delimitando al mismo tiempo aquellas anomalías que debían ser abordadas en función del interés público (Nari, 2004; Cosse, 2006; Villalta, 2013).

No obstante, la titulación de asistentes sociales, agentes especializadas y legitimadas para la intervención en el campo de lo social, nos permite recordar la sugerente contribución de Pierre Bourdieu a propósito de los efectos de objetivación y las relaciones de dominación. Como bien señala el autor, las relaciones de dominación se forjan, se deshacen y se rehacen en y por las interacciones entre las personas. Sin embargo, a través de los mecanismos institucionales, como la generación de títulos oficiales –capital cultural objetivado- dichas relaciones suelen opacarse, escurriéndose de la toma de conciencia y del poder individual (Bourdieu, 2018).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en los escritos consultados no es posible soslayar la incidencia del pensamiento conservador y moralizante sobre las familias, remozados a través de un lenguaje científico. No obstante, las agentes, también se permitieron expresar disidencias con las clasificaciones oficiales, haciéndose preguntas y exponiendo, a partir de la experiencia, imágenes emotivas que describían en detalle para dimensionar lo que se consideraba injusto, improcedente y denigrante.

Poner de relieve racionalidad y emotividad para pensar la disciplina/profesión (Cazzanigga, 2015) del trabajo social, abre la puerta a una exploración sobre la tesis de la politización del oficio. Esclareciendo la idea, puedo reconocer que la afectación de la experiencia del intercambio cotidiano con la población asistida, en ciertos casos, produce una lectura a contrapelo de los cánones oficiales de la formación. Así, me resulta especialmente útil para esta exploración, la idea de impresión y economías afectivas de Sahra Ahmed (2015). La autora se inscribe en la tradición que postula que las emociones no deberían considerarse estados psicológicos, sino prácticas culturales y sociales. Tal es así, que las emociones no se ubican en lo individual ni en lo social, sino que producen las superficies y límites que permiten que lo individual y lo social sean delineados como si fueran objetos (Ahmed, 2015).^[1] Así, a través de las impresiones (una conjunción de pensamientos, sensación corporal y emocional) se producen re (acciones) o relaciones de acercamiento o alejamiento respecto de los objetos. Entonces, los sentimientos son producidos como efectos de la circulación de las emociones, pero se vuelven “fetiches” ya que parecen residir en los objetos, borrando la historia de su producción y circulación (Ahmed, 2015, 82).

Me arriesgo a pensar que las reflexiones y valoraciones que elaboraron las asistentes sociales sobre las políticas y los sujetos asistidos refuerzan la idea de un movimiento que no necesariamente produce las mismas superficies. Por esa razón, la ambivalencia en los argumentos, las afirmaciones y cuestionamientos son aperturas a tantear diferentes líneas de acción. Cabe aclarar que los fragmentos de las citas en algunos casos pueden ser extensos, y así lo preferí para revalorizar las voces de las mujeres que considero, han contribuido a la formación de nuestra profesión.

2. El servicio social de menores en los ´60. Aristas sobre el desarrollo

La formación de Asistentes Sociales en la provincia de Santa Fe surgió por la preocupación de atender aquellos problemas sociales de amplias capas de sectores sumidos en lo que se denominó el pauperismo. Las Escuelas de Santa Fe y Rosario abrieron sus puertas impulsadas por la sanción de la ley provincial de Asistencia Social (Ley Nº3069/42) entre los años 1943 y 1944. La normativa pretendía la organización de la colectividad mediante la distribución de bienes y servicios asistenciales en todo el territorio provincial a través de las instituciones escolares. El diagnóstico sobre la situación social de juristas, médicos y educadores quienes alentaron la ley, apuntaba a la mortalidad infantil en el norte rural santafesino, la ilegitimidad de la descendencia obrera y la precariedad de los ranchos en asentamientos urbanos. Así, la formación en Servicio Social pretendía aportar agentes idóneos, dejar atrás la caridad y el obrar intuitivo, para reemplazarlos por investigaciones sistemáticas y el diseño de intervenciones especializadas a través de métodos y técnicas fundamentadas científicamente (Vallejos, 2023).

Durante la década del `60 la formación se consolidaba, la carrera pasó de tres años a cuatro años de extensión, el título tenía alcance nacional y las egresadas se encontraban ejerciendo en diferentes agencias públicas. En Rosario, a fines de los 60, se había logrado una adscripción a la Universidad Nacional de Rosario para establecer los contenidos académicos.

Como lo muestran las tesis para obtener el título de graduación de Asistentes Sociales, algunas de las egresadas, habían realizado sus prácticas pre- profesionales en residencias de alojamiento de niños, niñas y adolescentes y en Centros de Acción Social en barrios vulnerables de la ciudad de Santa Fe. Otras, llevaban años ejerciendo en agencias gubernamentales como la Dirección de Protección a la Infancia y la Adolescencia o el Juzgado de Menores.^[2] De los siete trabajos analizados, dos de ellos son informes de investigación, en tanto que los cinco restantes son el resultado de las reflexiones provenientes de las prácticas o el ejercicio profesional.

Las producciones académicas se fundaron en una vasta bibliografía sobre investigación social, trabajo social, sociología, psicología y psicopedagogía infantil cuyos temas primordiales fueron el abandono y la delincuencia de menores de edad. No obstante, las reflexiones de las graduadas trazaban una débil línea entre el conocimiento fundado y las valoraciones morales. Como indicaba Sahra Israel, el Servicio Social era una institución moderna al servicio público (1964,12) que contaba con personal especializado encargado de estudiar los problemas que incidían desfavorablemente en la familia para tratar de resolverlos. Así, según la autora:

Su importancia ha tenido gran repercusión no solo en Europa, sino también en toda América, donde tiene un amplísimo campo de acción, necesitando por consiguiente de los conocimientos técnicos necesarios para producir la mayor cantidad de bien posible con el menor esfuerzo (Israel, 1964, 15).

Así, las problemáticas se tornaban autoevidentes a partir de su objetivación científica y los anhelos de resolución se fundaban en criterios tecnocráticos y valorativos susceptibles de propiciar transformaciones sociales duraderas. Bajo el alero de la modernización y el desarrollo, el mayor atraso social se evidenciaba en las claves de lectura sobre el abandono infantil que como veremos adquirió una taxonomía que pretendía arrojar un diagnóstico cada vez más complejo. En esta línea, las definiciones de los Congresos Panamericanos del Niño y las producciones sobre psicología infantil fueron los saberes especializados que abonaron las intervenciones en los métodos de caso, de grupo y de desarrollo de la comunidad propios del Servicio Social.

Los temas y argumentos centrales de las tesis son coincidentes con los cambios nodales de las sociedades latinoamericanas en general y en las agencias socio-asistenciales encargadas de la intervención directa con infantes y sus familias de esa época. Así, en los ´60, la expansión de las ciencias sociales, la recepción y ampliación de las ciencias “psi” y las nuevas pedagogías alentaron una cultura psicológica que, si bien tuvo su enraizamiento en la extendida clase media, decantación de la movilidad social ascendente del período anterior, fue codificando la formación de los profesionales y operadores de lo social.^[3] Una época marcada por la sensación del irremediable progreso cultural, político y material que oscilaba entre los caminos de la modernización social y la radicalización política.

Como plantea Vezzetti (1999), fue a mediados del siglo XX donde se reflejan las transformaciones que irían de “la familia eugenésica a la psicológica”, donde los roles parentales tuvieron una connotación diferente a los rasgos que en el pasado la medicina higienista les había dado. En especial la maternidad, como apunta Cosse (2010), se había vuelto una tarea de mayor complejidad que debía, además de garantizar el desarrollo físico, espiritual y moral de los futuros ciudadanos y trabajadores, cumplir las funciones de desarrollar aptitudes de madurez afectiva, autonomía y equilibrio psicológico.

Las rupturas y mutaciones de las claves de lectura sobre la domesticidad y la crianza, los nuevos discursos sobre la familia y la población infantil son cardinales para comprender los desplazamientos argumentativos en el complejo tutelar. En el marco de las nuevas racionalidades, las familias de clase media fueron objeto de estudio de la sociología, ya que eran la clave para dotar a las nuevas generaciones de los rasgos culturales necesarios para la modernización de las sociedades. Según plantea Carli (2011), los estudios sobre la clase media argentina realizados por Gino Germani a pedido de la Unión Panamericana indicaron el interés por comprender las diferencias entre clases medias y sectores populares, pero en especial, las relaciones inter-generacionales, el papel de la educación y la incidencia de los modelos de crianza de los niños y niñas en la adecuación a las expectativas de roles sociales.

Desde esta clave de lectura, las familias tradicionales, a diferencia de las urbanas de clase media, mostraban una sociedad preindustrial que carecía de los conocimientos necesarios para la crianza de los hijos e hijas, quienes requerían de atenciones especiales, la planificación de su futuro y la reversión de ciertas prácticas injustas y humillantes que se consideraban obstáculos para alcanzar la adultez de un individuo equilibrado y maduro psicológicamente.

En tal sentido, la marginalidad fue ubicada en la serie que anudaba el eje tradicional, el atraso cultural y los obstáculos hacia el progreso. Por lo tanto, las lecturas sobre la inequidad o injusticia se enfocaron en mostrar la ausencia de participación de los marginales en el ejercicio de los roles asignados en los sistemas sociales. Así, la marginalidad fue leída como incapacidades de una cultura atrasada y la comunidad^[4] como espacio privilegiado para la intervención con fines de integración social (Álvarez Leguizamón, 2008; Arias, 2012).

En síntesis, la grilla de inteligibilidad del desarrollo y los idearios de progreso ofrecieron un mapa que señalaba las concepciones de lo infantil y sus problemas, así como las coordenadas para su abordaje.

3. La niñez abandonada

Estudiar un aspecto de la comunidad implicaba para el servicio social, tener en cuenta factores geográficos, históricos, culturales, político-sociales y económicos (Perelstein, 1966, p1). Por esta razón, la socialterapiadebía incluir un minucioso estudio sobre los componentes que incidían en las problemáticas a abordar. Un denominador común de los trabajos analizados es la objetivación del abandono como la principal causa de intervención pública con menores de edad. No obstante, la clasificación no era homogénea ni se restringía a las descripciones de la ley de Patronato de Menores (Ley 10903/19). Las claves científicas del fenómeno fueron proporcionadas, en su mayoría, por los resúmenes de los Congresos Panamericanos del Niño y las publicaciones de los boletines del Instituto Interamericano del Niño (IIN). Como bien señala Soledad Rojas Novoa (2019) el IIN, desde su creación en la década del 20 del siglo XX, había sido un espacio donde se plasmaron los anhelos de cientifización y profesionalización de los esfuerzos estatales para alcanzar el progreso en la región. Su gestión estimuló la preocupación social por la infancia como rasgo distintivo de sociedades civilizadas y modernas. Por lo tanto, tuvo un especial interés en lo relativo a la formación de profesionales, la reforma de las legislaciones y las políticas públicas relativas a la protección infantil. Por ello, no es casual encontrar esta bibliografía citada en los trabajos.

Remitiéndonos a los escritos, la primera distinción que debía hacerse era entre el abandono individual, familiar o clásico y el abandono colectivo o de comunidades. El primero reunía el abandono material, moral, educativo, sanitario o legal. En tales casos, se hacía foco en las prácticas de los adultos en dejar a un infante en un lugar público, la falta de recursos para cubrir necesidades básicas, la ausencia de guía, orientación e instrucción a los menores de edad, falta de influencia de la medicina preventiva y finalmente carencia de protección civil, cuando los nacimientos se producían fuera del matrimonio.

El abandono colectivo o de comunidades comprendía a la niñez de un determinado barrio, y se producía por la ausencia de servicios que garantizaran las posibilidades del acceso; en este caso la responsabilidad era del Estado. Así, “los menores no concurren a la escuela simplemente porque ésta no existe, no se vacunan porque tampoco funcionan dispensarios o equipos de vacunación” (Perelstein, 1966, p. 15).

Para algunas autoras era necesario delimitar el abandono como una negligencia deliberada, es decir, se producía cuando la acción revelaba la voluntad de abandonar. De lo contrario, podría tratarse de actos de desamparo o descuido (Perelstein, 1966; Monney Retamar, 1964). Para otras, las causas del abandono podían distinguirse entre las biológicas y las sociales. Las primeras se concebían“inherentes al individuo, basado en su constitución orgánica, fruto de la herencia y de las enfermedades o emociones recibidas en su vida”. En cambio, las segundas, englobaban las relaciones de la familia con el medio ambiente(Poux, 1966, 8).

En ocasiones las autoras polemizaron con definiciones oficiales. Así, luego de definir el abandono según el IIN,^[5] Monney Rematar expresaba que, si bien el deber de atender y cuidar a los niños y niñas incumbía a las familias, era necesario tener en cuenta que numerosas familias eran deficitarias en su estructura, organización, recursos económicos, por falta de instrucción y valores morales. En este sentido la autora se preguntaba:

¿Diremos que los niños de estas familias están abandonados? ¿No será más correcto decir que son víctimas del déficit familiar? ¿Qué las familias son abandonadas en muchos casos ellas mismas? Si la comunidad contara con instituciones suficientes y recursos adecuados, el abandono de hecho, en muchos niños no se produciría (Monney Retamar, 1964, 3).

A la polisemia sobre el abandono había que sumarle la valoración sobre el carácter permanente, cuando las causas tendían a perdurar o no tenían solución dentro de la familia, tal era el caso de la orfandad, problemas de vicio o moralidad entre los progenitores o enfermedad infecto-contagiosa sin posibilidad de cura. En cambio el abandono podía ser transitorio cuando las causas que lo producían tendían a revertirse como los casos de “desajustes familiares temporales, problemas de vivienda o de cualquier otro tipo económico” (Poux, 1966, p. 10).

Polemizar sobre las características del abandono, como las apreciaciones de Monney Retamar, nos sugiere pensar que las asistentes sociales se encontraban cotidianamente con situaciones que matizaban las conceptualizaciones oficiales.

Tal es el caso de otras exposiciones de dos autoras a partir de tomar contacto con las familias que habían tenido intervención de la Policía de Menores a raíz de casos clasificados por la agencia policial como de deserción escolar, fugas, mendicidad o vagabundeo. En el trabajo de investigación titulado El Menor Abandonado cuyo campo fue realizado en el barrio Barranquita de Santa Fe, Perelstein, entre otras preguntas, se interesó en conocer la valoración de los padres sobre las situaciones de sus hijos e hijas. A la siguiente pregunta a los padres, “¿cuál fue el problema que tuvo con la Policía del Menor?” advirtió que los adultos en su mayoría respondieron con evasivas: “Se pudo comprobar que para los padres no era éste un problema, sino un mero accidente provocado por la mala suerte que injustamente llevaron al menor a la Policía” (Perelstein, 1966, 28). Se refería a las situaciones donde eran aprehendidos en la vía pública pidiendo o trabajando. En contraposición, en los casos encuestados los adultos señalaban que tenían problemas cuando los menores no obedecían, eran rebeldes y en esas ocasiones eran ellos quienes pedían la intervención de la Policía de Menores.

En esta línea, la investigación de Zulma Poux (1966) en el barrio Centenario titulada El Menor en estado de abandono, de similares características a la tesis anterior, recogía apreciaciones parecidas. Al responder la pregunta “¿qué solución más adecuada le parece que sería buena para el problema de los menores como el de su hijo?”, según se registraba en el informe:

En las diecinueve familias encuestadas, 11 dijeron sin vacilaciones “encerrarlo”; la mayoría de éstas al requerirles explicaciones respondieron algunas faltas de obediencia, y otras por no contar con los elementos más indispensables para su subsistencia y poder enviarlo al colegio. La madre de uno de los menores expresó que a la hora del almuerzo manda al niño a recorrer las casas en busca de alimentos y en una de esas la policía lo llevó. El hogar está constituido así: siete hijos, madre tuberculosa, padre sin trabajo (Poux, 1966,106).

Resulta sugerente que las imágenes utilizadas en el texto, resalten la mala suerte o la contingencia de la intervención policial en contextos de necesidades extremas como es la búsqueda de alimentos a la hora del almuerzo. La descripción de la constitución del hogar pone de relieve la enfermedad y la desocupación de los padres como forma, entiendo, de morigerar las valoraciones negativas sobre las actividades de mendicidad de los menores.

Las autoras señalaron que la mitad de los niños y niñas realizaban actividades remuneradas como verduleros, lustrabotas, canillitas, changarines o mandaderos (actividades por encargo). Frente a este panorama ubicaban que el problema económico era uno de los más relevantes del medio social y sin que existiera una solución integral no había mucho por hacer por parte del Juez de Menores y la asistente social. De hecho, Perelstein, propuso que la intervención profesional en estos casos de trabajo infantil consistía en visitar a los empleadores y a los padres para llegar a ciertos acuerdos para limitar las horas de ocupación, y así, intentar mitigar los efectos nocivos en el rendimiento escolar, la fatiga crónica y el resentimiento. En tal sentido,

se tratará de organizar, de acuerdo con los padres, un horario de trabajo que permita a los menores completar el ciclo primario. También será menester controlar a los propios padres para que no abusen de los trabajos de los menores o bien para que la actividad de éstos sirva para colaborar con el presupuesto familiar y no para el mantenimiento del grupo familiar (Perelstein, 1966, 57).

Así, lejos de pensar un abordaje unívoco, las asistentes sociales intentaban comprender la problemática y acercar diferentes respuestas posibles para moderar sus efectos; de hecho, el abordaje a través del Caso Social Individual, el de Grupos y el Desarrollo de la Comunidad^[6] se indicaban como técnicas adecuadas para evitar la institucionalización que según las referencias analizadas se concebía el último recurso y el más perjudicial.

El menor en estado de abandono.
Poux, Zulma. 1966. pág. 66

Poux, Zulma. 1966. pág. 67
Poux, Zulma. 1966. pág. 67

4. Apreciaciones sobre la institucionalidad vigente

En líneas generales la estructura organizacional de las agencias gubernamentales santafesinas en los años 60 consistía en la Dirección Provincial de Protección a la Infancia y la Adolescencia dependiente del Ministerio de Bienestar y Seguridad Social creado en el año 1947 y los Juzgados de Menores.

En la Dirección Provincial funcionaba una Oficina de Recepción de Casos, que intervenía en la atención de quienes se acercaban espontáneamente y además, realizaba la recepción de aquellas solicitudes provenientes del Tribunal o de instituciones públicas y privadas. Esta oficina de admisión, evaluando la complejidad del pedido, derivaba al Cuerpo Técnico de Asistentes Sociales quienes realizaban el estudio pertinente y proponían las líneas de abordaje.

Menor abandonado y sus problemas.
Monney Retamar, Leonoar 1964. pág. 62, 63.

Por su parte, los Juzgados de Menores habían incorporado desde la década del `50 la Secretaría de Servicio Social de la que dependía la organización de la Libertad Vigilada (Ley 3460/49). A su vez, en el año 1962 comenzó a funcionar la Policía de Menores, repartición por medio de la cual ingresaban al Juzgado los casos de menores de edad, tipificados según las normativas vigentes.

En función de pensar alcances e incumbencias del ejercicio profesional en estas agencias gubernamentales es interesante ubicar que el trabajo de articulación entre los diferentes servicios parecía ser una constante a la hora de llevar adelante las medidas socio-asistenciales. Dicho de otra manera, en general la profesión se ejercía fuera de las instituciones, llegando al hogar del infante, coordinando con otros servicios, construyendo un entramado que habilitara recursos y prestaciones.

Así, las asistentes sociales del Tribunal solían tener una comunicación fluida tanto con el Servicio Social Escolar, el Hospitalario, la Dirección provincial y la Policía de Menores. Señalaba Sara Oliva de Daviña que el Juzgado controlaba el cumplimiento de tratamientos médicos cuando los menores se encontraban bajo medidas tutelares. Cuando era necesaria una internación hospitalaria se coordinaba con el Servicio Social del efector de salud, a quienes les correspondía la supervisión del caso, mientras durara la permanencia del enfermo en la institución (Oliva, 1964, 17). De igual manera, los casos de indocumentación o paternidad postiza, esto es inscripciones irregulares en donde se debía esclarecer la real filiación, se atendían en coordinación con el Servicio Social Escolar quienes tenían contacto directo ya que, según refería, aquella demanda se acrecentaba al iniciarse el año escolar (Oliva, 1964, 18).

Servicio Social en Tribunal de Menores.
Oliva, Sara. 1964. pág. 49

Según se reconstruye en las tesis consultadas, esta red de contactos se ponía en acción continuamente, aunque no siempre de manera armoniosa. Los recursos que se habilitaban de manera más frecuente constan de cuatro instituciones, las guarderías infantiles y centros de guarda diurna; los internados u hogares para menores, la colocación familiar y hogares sustitutos y la adopción y/o legitimación adoptiva.

Así, las valoraciones que las profesionales fueron vertiendo sobre esos recursos disponibles nos recuerdan algunos señalamientos con vigencia actual. En este sentido, para las tesistas, la organización de servicios preventivos del abandono era francamente insuficiente e ineficaz. Debía crearse una conciencia de que era deber de la asistencia del Estado y el esfuerzo privado llevar a las familias a condiciones de existencias tales que pudieran desenvolverse con dignidad (Oliva, 1964, 30).

Por este motivo, era necesario,

una educación preventiva como la educación sexual, una asistencia social generosa, dispensarios públicos, consultorios y clínicas para la mujer embarazada, subsidios para la grávida, guarderías infantiles, cooperativas y clubes de madres, comedores escolares, es decir: todo lo que aleje de la familia el fantasma de la miseria (Oliva, 1964, 31).

Pese a reconocer las dificultades preventivas, el gran esfuerzo de las asistentes sociales consistía en probar todas las alternativas posibles para sostener a los niños y niñas con sus familias. Así según una de las tesistas:

Las asistentes sociales debemos agotar todos los recursos y procedimientos porque nosotras como defensoras de la Sociedad (y por lo tanto del hogar) debemos evitar hasta donde sea posible, de romper los hilos que atan la familia. No hay mejor lugar para el niño que su hogar, allí él se siente el rey (Monney Retamar, 1964, 35).

En consonancia con la orientación del IIN, en esta década, se ubicaba a la familia como un “núcleo pedagógico” y el mejor ámbito para el desarrollo de la personalidad del niño (Rojas Novoa, 2019). Por lo tanto, la familia era el blanco privilegiado y cumpliendo su rol, la mejor aliada para la protección infantil.

En esta línea, las guarderías y centros diurnos constituían un recurso valioso, especialmente para cuando las mujeres trabajaban. Estos espacios podían reforzar la atención especializada en problemas alimentarios y propiciaban un diálogo educativo para modernizar las familias (Monney Retamar, 1964).

En cuanto a las instituciones de alojamiento es vasta la referencia sobre los requerimientos que las residencias debían poseer. Por un lado, la infraestructura debía ser acorde a las necesidades de los niños y niñas, evitando los pabellones numerosos y adaptando los espacios para propiciar un ambiente hogareño. Por otro, se reconocían entre otras prácticas, los beneficios de sostener intercambios fluidos con la comunidad a través de la participación de los chicos y chicas en actividades fuera de la institución. En contraposición, son frecuentes las descripciones de las deficiencias infraestructurales como baños clausurados, duchas instaladas en espacios inadecuados sin agua caliente, cocinas que funcionan en locales de emergencia careciendo de todo tipo de elementos, comodidades y condiciones de higiene. Estas insuficiencias “acrecentaban la frialdad del ambiente y su aspecto desolador” (Israel, 1964, 21).

A partir de las experiencias, podían hacer observaciones como la siguiente, según Sarha Israel, los niños al ingresar a la institución carecían de “disciplina y buenas costumbres”, por esta razón, el personal debía tener en cuenta estas características a la hora de introducir el reglamento. Por lo tanto, la autora proponía que la adaptación a la vida institucional debía ser de manera lenta, por medio de la persuasión y no por medio de castigos o imposición que conducían inevitablemente a la rebeldía (Israel, 1964, 17).

Así, un rasgo central para el buen funcionamiento de las instituciones era la capacitación del personal que tenía contacto cotidiano con los niños y niñas pues, según la tesista, quienes trabajaban allí se limitaban a cumplir horarios y a vigilar a los menores. Este tipo de interlocución entorpecía el trabajo educativo y por lo tanto el principal objetivo de la institucionalización. Así la autora señalaba:

Debe destacarse que un niño que ingresa a una institución no es un cobayo de laboratorio al que se somete a pruebas y ensayos y mucho menos entregarlo a personal inexperto que no comprende sus sentimientos, su carácter y ni siquiera siente vocación por su trabajo (Israel, 1964, 28).

Otra de las referencias a los centros residenciales ilustraba los tratos humillantes e inhumanos que en ellas eran frecuentes por parte del personal, como hacía referencia Sahra Israel:

Un caso demostrativo ocurrió en el Hogar Modelo de varones, situado en aquel entonces en la zona de Guadalupe oeste. Al observar el Director del establecimiento la insubordinación de un grupo de niños, tomó a golpes de puño a los rebeldes, lesionando a dos de ellos en la vista. En otras oportunidades ese mismo Director los castigaba poniéndoles de rodillas sobre granos de maíz o porotos, provocando reacciones entre los menores que derivaban en fugas con los trastornos que las mismas ocasionan. Como puede observarse, la aplicación de esos métodos no está de acuerdo con los principios educativos de bienestar infantil (Israel, 1964, 18).

Por todas estas razones, la modalidad de la institucionalización era valorada negativamente, tal es así que, según las apreciaciones de una de las tesistas, “el tratamiento en el internado no es la forma normal de vida para la adecuada integración de la personalidad del niño” (Monney Retamar, 1964, 28). Esta se utilizaba cuando no había otras alternativas.

La elocuencia de la descripción de los déficits infraestructurales, así como el énfasis en exponer los tratos humillantes pueden pensarse como un gesto de denuncia de los desatinos y la hipocresía de las prestaciones púbicas. Exponer en un escrito académico las circunstancias y la experiencia de aquellos que fueron objeto de esas prácticas son rasgos vocacionales que pueden ser reconocidos en las agentes que en su ejercicio profesional cotidiano advierten la importancia de la crítica para provocar cambios sustantivos en los servicios públicos.

Para finalizar, la colocación, los hogares sustitutos y la adopción constituyen un tópico complejo y heterogéneo en el que es posible advertir disputas y sentidos contrapuestos en las publicaciones.

En líneas generales, la colocación era considerada la mejor decisión asistencial para un menor abandonado, especialmente si la familia acogedora tenía un vínculo previo con la familia de origen por ser parientes o allegados. Se solía utilizar cuando se presentaban según las autoras, problemas morales o de enfermedades infecto-contagiosas.

Existían tres tipos, las colocaciones remuneradas, las colocaciones en guarda y las colocaciones en custodia. Las primeras consistían en un pago a las familias responsables del alojamiento, que podía provenir tanto de los propios padres como del Estado. Las segundas, se producían cuando el menor de edad contribuía con tareas remuneradas en el hogar de la colocación. Esta modalidad fue muy frecuente, especialmente en los casos de niñas y adolescentes que desempeñaban labores domésticas y/o de cuidados en esos grupos familiares. La tercera, sin costos para el Estado ni remuneración para los menores de edad, se daba con fines adoptivos.

Como evaluaba Monney Retamar, quien trabajaba en la Oficina de Recepción de la Dirección provincial, las colocaciones en guarda,

Se le conceptúa en general muy peligroso y más aún, si no es visitada con frecuencia por técnicos o asistentes sociales. Si no es estrechamente observada es fácil que se cometan abusos. Y así, del niño que entraba a formar parte de una familia, puede suceder que sólo lo que se haya hecho de él, es un ser colocado en una situación deprimente y humillante (Monney Retamar, 1964, 33).

Según la autora, la colocación en custodia era la mejor, aunque debía vigilarse al principio para cerciorarse que había entendimiento de ambas partes y que al niño se lo trataba “como hijo y no como servicio”. De no conseguir este objetivo, los menores de edad eran cambiados de familias hasta lograr su adaptación (Monney Retamar, 1964, 33). Podía ocurrir que no se lograba la colocación “ya que algunos niños y niñas preferían una vida de comunidad más que la de familia”, por lo que se proponía buscar una institución de alojamiento acorde a las edades.

Otra de las profesionales comentaba que el sistema de colocaciones aparentemente sencillo presentaba muchas dificultades a la hora de hallar un hogar para niños y niñas de primera infancia. Así, Sara Oliva advertía:

La experiencia señala que quienes recurren a los servicios sociales, ofreciéndose como deseosos de criar a un niño exigen máximas garantías de propiedad del infante en forma inmediata y al no ver lograda su aspiración, vuelven la espalda a la idea o esperan una mejor oportunidad. Otras veces, el ansia de una maternidad frustrada hace que la solicitante reciba sin mayor exigencia al pequeño, que ya le ha sido dado en forma anónima, o por intermedio de manos oficiosas (Oliva, 1964, 39).

A pesar de las dificultades experimentadas en las colocaciones, se consideraba un recurso positivo tanto porque reducía costos al Estado, como porque si se desarrollaba exitosamente brindaba al niño “atención, cariño desinteresado y así tal vez la solución a su destino” (1964, p, 40). En esta línea según la asistente social, el niño debía ser objeto de un minucioso estudio, sus condiciones físicas, psíquicas, el ambiente del cual proviene, especialmente si se trataba de niños y niñas de segunda infancia. Agregaba, “y hasta el color de tez cobra importancia ya que en lo posible debe casar con la familia cuidadora, especialmente si se trata de una custodia con fines de adopción” (Oliva, 1964, 40).

La elocuencia de esta última cita impide soslayar las implicancias morales que se vehiculizan en las reflexiones de las asistentes sociales. Las descripciones de sus prácticas, las valoraciones sobre la institucionalidad vigente dejan percibir las dinámicas, vericuetos de las prácticas y el vigor cotidiano de ese encuentro cara a cara entre las agentes y los sujetos asistidos.

5. Consideraciones finales

Las agencias socioasistenciales orientadas a intervenir con la infancia abandonada y delincuente ha sido desde sus comienzos un campo ocupacional privilegiado y legítimo para el Servicio Social.^[7] El repertorio de temas objetivados para las reflexiones, las experiencias de las asistentes sociales en estos espacios, traslucen las racionalidades en disputa, las valoraciones y priorizaciones cotidianas que dieron vida y moldearon las diferentes agencias gubernamentales en cuestión. No obstante, de esa interacción cara a cara con los asistidos, con los demás profesionales, autoridades y operadores de lo social, se producen malestares, distorsiones e interrogantes sobre la teoría que promueven ciertas argumentaciones que no logran estructurarse en un cuerpo conceptual propio, pero pone en jaque los disponibles por la formación. Estas formas de apelación narrativa la concibo como una gramática sensible, hilos de razonamientos teórico-prácticos que incluyen las afectaciones e impresiones (Ahmed, 2015) de la experiencia que son vehiculizadas por sensaciones de escenas conmovedoras producto del ejercicio profesional. De ella se desprende una tensión constitutiva del trabajo social que es irreductible y trasversal.

Por un lado, retomando la tesis sobre la objetivación de las relaciones de dominación que no llegan a percibirse como tales (Bourdieu, 2018), podemos pensar que el abanico de saberes especializados desplegados para el análisis del abandono infantil no proporciona a las asistentes sociales herramientas para polemizar sobre las implicancias políticas de las relaciones sociales que lo hacen posible y sus efectos. La polisemia del abandono encuentra desviaciones, desplazamientos que no dejan de enviarnos a un orden que, si bien muestra sus contradicciones ubicando las carencias de una sociedad desigual, enunciadas en el abandono comunitario, enfatiza la auscultación de las conductas familiares en las figuras parentales o en la responsabilidad de empleadores de manera individualizada. Así, las intervenciones se dirigen a incidir en lo posible sobre los pareceres y las acciones de los adultos para sostener cierto orden familiar aceptable y morigerar los efectos del abandono o el trabajo infantil.

Sin embargo y al mismo tiempo, los señalamientos que encuentro en las tesis sobre las deficiencias de las instituciones, la denuncia sobre malos tratos y las propuestas para mejorar los servicios públicos indican cierta politización del oficio a través de marcar tensiones, dilemas y una relación particular con el poder gubernamental que sedimentan perfiles también presentes en la profesión. En esta orientación casi parresiástica, se imaginan recursos, actividades y prestaciones con el afán de preservar, proteger y transformar servicios a través de prácticas acogedoras y de esta manera corregir los abordajes de las problemáticas que se constituyeron en interés público.

En esta línea se inscribe además lo que pienso como una pragmática de los bordes, que lejos de apostar a que los sujetos sean otros, que modifiquen sus conductas; la característica central es la construcción de redes y territorios por donde circulan saberes específicos, contactos, recursos, acuerdos e intermediaciones entre agentes diversos, que las asistentes sociales propician con el objeto de producir viabilidades en la vida cotidiana de los infantes y sus familias. Es decir, la profesión se ejerce desde afuera de las instituciones y se materializa en esa urdimbre compleja de relaciones diversas.

Así, estas distinciones no tienen como objetivo elaborar modelos profesionales sino reconocer lo que Claudia Fonseca denomina comunidades epistémicas (Fonseca, 2011) como aquellos argumentos cuyo poder se detenta por una autoridad tecno-científica que ampara modelos de políticas.

Finalmente, las ideas expresadas por las asistentes sociales que se exponen en este trabajo, me permitieron explorar algunas aristas de la profesionalización del servicio social en la provincia de Santa Fe a la vez que acercarme incipientemente a la complejidad cotidiana de los circuitos socio-asistenciales y los recursos disponibles destinados a la protección infantil en esa época. Queda mucho camino por recorrer, aunque espero haber contribuido en algo en ese sentido.

Fuentes

Israel, Sahra (1964) Instituciones de protección infantil. Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Monney de Retamar, Leonoar Lily (1964) El Menor abandonado y sus problemas.Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Oliva de Daviña, Sara (1964) El servicio social en tribunal de menores. Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Perelstein, María Cristina (1966) El menor abandonado. Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Poux, Zulma (1966) El menor en estado de abandono. Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Puch, Matilde (1968) Orientación del menor en instituciones asistenciales. Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Sotelo María Teresa (1963) Servicio social de grupo en hogares de menores varones. Tesis para obtener el título de Asistente Social. Escuela de Servicio Social de Santa Fe.

Documentos oficiales

ARGENTINA. Ley N° 10.903/1919. Patronato de Menores.

SANTA FE. Ley Nº 2.647/1938. Creación de la Junta Central de Patronato de Menores.

SANTA FE. Ley Nº 2.804/ 1939. Creación de los Tribunales de Menores.

SANTA FE. Ley Nº 2770/1939. Creación del Ministerio Público de Menores.

SANTA FE. Ley Nº 3069/1942. Ley de Asistencia Social.

SANTA FE. Ley Nº 3460/1948. Reforma de los Tribunales de Menores.

Referencias bibliográficas

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SANTA FE. Ley Nº 3069/1942. Ley de Asistencia Social.

SANTA FE. Ley Nº 3460/1948. Reforma de los Tribunales de Menores.

Anexo

Entradas de niños y jóvenes a la Policía del Menor. Dpto La Capital 1963
Perelstein, María Cristina 1966. pag. 58

Notas

Notas de autor