1. Introducción

En este artículo se recuperan las reflexiones sobre el servicio social a menores de edad por parte de agentes que han volcado en las publicaciones de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe y en las primeras jornadas provinciales de Servicio Social (1947), diferentes sentidos sobre la cuestión social infantil y sugerencias para su abordaje. El análisis documental es producto del trabajo de campo del proyecto de investigación “La profesionalización de Trabajo Social en Santa Fe, desde sus orígenes institucionales en la década del'40 hasta la década del ’70” radicado en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Litoral. En esta ocasión se focaliza en las publicaciones de los años 1946, 1947 y 1948, además de documentos que dan cuenta de la institucionalidad gubernamental existente a mediados del siglo XX a nivel nacional y particularmente a nivel provincial.

Entre las décadas del `30 y del `40 coinciden la emergencia de los Juzgados de Menores, la Secretaría de Bienestar y Seguridad Social y la apertura de las Escuelas de Servicio Social en la provincia. Desde este marco se analizan los argumentos teórico- prácticos que se plasman en las publicaciones sobre el tema en la Revista de la Escuela de Servicio Social y en las ponencias publicadas en las memorias de las jornadas. En esas reflexiones se vislumbra la complejidad y las tensiones propias del abordaje de las problemáticas planteadas, dando cuenta de sus matices y heterogeneidades.

Lo que interesa reponer aquí es un camino analítico posible sobre la profesionalización del Trabajo Social a través de revisar los saberes técnico-científicos puestos en juego, las preocupaciones sobre demandas particulares y los sentidos vocacionales y morales que las agentes atribuyeron a sus prácticas y a los destinatarios de ellas (Rodríguez y Soprano, 2018).

Así, las problemáticas de las infancias y sus familias objetivadas por las incipientes agencias públicas de esa época, fueron constituyendo demandas hacia la profesión que, por un lado configuraron un campo ocupacional legítimo y por otro, alentaron reflexiones, conceptualizaciones y saberes prácticos que sedimentaron las propuestas formativas.

Entonces, a través de un análisis situado^[1], se puede comprender el devenir en el que objetos y alcances del segmento ocupacional son definidos y redefinidos por los avatares de relaciones de poder. En esta línea, se entiende a la profesionalización como el resultado de un proceso de interlocución en el que intervienen una variedad de actores sociales y estatales que en su dinámica van configurando las diferenciaciones funcionales internas en el Estado, la autonomía y heteronomía de los oficios y su justificación (Rodríguez y Soprano, 2018).

Por lo tanto, no se trata de medir el Trabajo Social con un supuesto deber ser de su rol e incumbencias, sino de esclarecer las dinámicas que hicieron posible la emergencia de la profesión en el territorio santafesino, a qué objetivos respondió, cuáles fueron los problemas que se delimitaron, las racionalidades en juego y las modalidades prácticas que le dieron forma. Para ello es necesario reconstruir los discursos, alianzas y puntos de apoyo de las grillas de inteligibilidad^[2] que tornan a los argumentos verosímiles y genuinos.

Detenerse en las reflexiones que las asistentes sociales abocadas a tematizar la intervención profesional con menores de edad y sus familias es una oportunidad para revisar esos tópicos que desentrañan los procesos de profesionalización. Al mismo tiempo, nos convoca a reflexionar sobre las contribuciones que las propias agentes imaginaron, diagramaron y propusieron en las burocracias estatales.

Popularmente, se ha asociado a las asistentes sociales con agentes facultados para asistir a las familias y para oficiar el resguardo y /o protección de niños y niñas en los casos en los que las autoridades legitimadas han considerado que la convivencia familiar puede poner en “riesgo” su bienestar^[3]. De hecho, los Juzgados de Menores fueron de las primeras reparticiones gubernamentales en convocar profesionales del trabajo social. Estas marcas de nacimiento no son inocuas y nos permiten reflexionar sobre la relación de implicación que ha existido entre la constitución de cierta identidad profesional con el ejercicio del poder gubernamental. En tal sentido, reconocer los alcances y dilemas de la autonomía- heteronomía del trabajo social, hablar por o ser hablados por el Estado, si bien puede cristalizarse en la hiper-visibilidad de una escena tan contundente como es la separación de un infante de su seno familiar, rasgo del ejercicio del poder soberano estatal; no puede dejar de lado otro tipo de prácticas que se alojan en la noción de gobierno de la infancia, los cuales consisten en mecanismos tecno-morales que buscan prevenir, pacificar, encauzar, mantener cierto orden en la relación parental, más que reprimir (Vianna,2010; Villalta,2013; Fernández, 2019).

Para llevar adelante esta tarea, se reconstruye la institucionalidad y las orientaciones de las políticas públicas hacia los menores de edad y sus familias en un período en el que diversos agentes convocados a involucrarse en la asistencia y la protección infantil disputaron y produjeron sentidos sobre estos temas. En efecto, organizaciones de beneficencia, médicas, educativas, eclesiásticas y políticas entre otras, no sin conflictos, promovieron, valorizaron y fortalecieron determinados modelos de domesticidad, delimitando al mismo tiempo aquellas anomalías que debían ser abordadas en función del interés público (Nari, 2004; Cosse, 2006; Villalta, 2013). Ese orden tutelar (Donzelot, 2007) que tuvo como foco principalmente a las infancias y familias pobres se constituyeron en la mira privilegiada de la profesión. Así, los ejes de análisis recuperan las argumentaciones teóricas, las propuestas metodológicas y las reflexiones que se desprenden de la interacción con los sujetos asistidos. De esta manera se intenta reconstruir el diálogo con las prácticas discursivas que si bien fueron cristalizando determinadas formas de intervención estatal es el resultado de la interlocución entre agentes e instituciones de diferente índole.

2. La consolidación de lo social

A inicios de la década del ´40 del pasado siglo las mutaciones sociales mostraron una ampliación de las intervenciones estatales hacia la niñez y las familias. De hecho, la domesticidad como estrategia discursiva (Aguilar, 2012) fue demarcando las responsabilidades, atribuciones de género y formas de concebir socialmente las relaciones inter-generacionales con el objeto de garantizar la sociabilidad y la reproducción social. En tal sentido, la intervención pública con la niñez tuvo incidencia en la asistencia y protección de lo que consideró la infancia moral y materialmente abandonada y/o vinculada con la delincuencia.

Un vasto repertorio de investigaciones da cuenta de las trayectorias que dieron lugar a la constitución de los Patronatos de Menores, sus características comunes, los proyectos institucionales, su organización en un constante diálogo entre diferentes actores, políticos, estatales o sociales (Ciafardo, 1992; Torrado, 2003; Kruger 2006; Zapiola, 2007. Estos trabajos que pueden reunirse bajo la perspectiva del Estado desde adentro (Bohoslavsky y Soprano, 2010) apuntan sobre las disputas y acuerdos de los discursos científicos y filantrópicos que se definieron en las agencias estatales dispuestas a preservar, orientar, suplir, reformar lo que se consideraba insuficiente, inmoral, degenerativo o antisocial en niños, niñas y sus familias.

La provincia de Santa Fe a mediados de la década del `40 mostraba una dinámica pujante, había sido receptora de importantes corrientes inmigratorias como consecuencia de su plena inserción en la económica agro-exportadora. Además, las principales ciudades adquirieron una nueva fisonomía albergando una población que pretendía ganarse la vida en las actividades portuarias, empleos públicos y de servicios dejando así las expresiones de conflictividad social que se habían expresado a comienzos de siglo.

Los gobiernos conservadores de Iriondo y Argonz (1937-1943) impulsaron, por un lado la obra púbica y por otro, la intervención en salud y en asistencia social. Como bien señalan Chechele y Vallejos (2017) durante este período la falta de legitimidad política e institucional, como consecuencia del sistemático fraude electoral, se intentó compensar con una intensa intervención pública en pos de plasmar el poder infraestructural del Estado en el territorio provincial. En línea con las autoras, es un tiempo en el cual la cuestión social se despliega en la objetivación de diferentes problemas sociales del que deben ocuparse poderes públicos por ser el Estado el responsable del bienestar social. Así, se plantean reticencias a las prácticas de caridad y filantropía por considerarlas ineficaces a la hora de llevar adelante la asistencia social. En este sentido, se pretenden reemplazar la moral y el obrar intuitivo por investigaciones sistemáticas sobre problemas sociales y el diseño de intervenciones especializadas a través de métodos y técnicas fundamentadas científicamente (Vallejos, 2023).

Es en este contexto que se impulsan los proyectos de apertura de las carreras de Asistentes Sociales a través de la sanción de la ley provincial de Asistencia Social (Nº3069/42) ^[4] en el año 1942. La Escuela de Santa Fe se abrió en 1943 y la de Rosario en 1944. Las profesionales egresadas de las instituciones educativas estarían capacitadas para abordar las problemáticas del momento con idoneidad, sin dispersiones y coordinando acciones en pos de la “organización de la colectividad”.

Los argumentos centrales que se esgrimieron en el parlamentario y que se documentaron en la presentación de la propuesta pueden revelarnos cuáles eran las principales preocupaciones. Por un lado, se señalaba la necesidad de “combatir la mortalidad infantil y corregir las alarmantes cifras de natalidad”. El problema más acuciante era la situación de los “hijos ilegítimos de padres obreros” que residían en ranchos precarios, principalmente al norte de la provincia. Según los impulsores del proyecto, la falta de alimentos y un vestido inadecuado “perturban la afectividad del niño” detallando la gravedad de: “ir formando un resentido social, expuesto a todas las desviaciones morales y que será más tarde germen proficuo de perturbación en la organización social donde tendrá que convivir” (Ley de asistencia social N° 3069, 1942).

Por otro lado, la organización de actividades culturales para los obreros se tornaba central a la hora de transmitir valores morales y evitar los desbordes.

Según la propuesta de la ley, la arquitectura organizacional para la asistencia preveía que las instituciones escolares funcionarían como centros materno-infantiles auxiliares en los que se distribuirían los recursos materiales. El relevamiento de los hogares necesitados estaría a cargo de las maestras quienes serían capacitadas por las asistentes sociales. Sumada a esta tarea las asistentes sociales tendrían como rol central la garantía de la asistencia a las familias y la articulación de las escuelas con los hospitales y centros sanitarios en todo el territorio santafesino (Ley de Asistencia Social Nº3069/42).

Lo que resulta pertinente para nuestro análisis es la centralidad que comienza a tener la asistencia social en la prevención de problemáticas que se consideraban urgentes, la denatalidad, la mortalidad infantil y la desviación moral. En esta línea, los médicos y juristas^[5] que llevaron adelante la organización del Patronato Nacional de Menores comenzaron a inclinarse hacia la necesidad de que la asistencia social cumpliera un papel preventivo al abandono. Como lo detallaron en las Conferencias sobre la Infancia Abandonada y Delincuente en 1942, el verdadero servicio al menor se basaba en la protección de su hogar. Por ello, el director de la agencia gubernamental proponía contar con independencia de recursos y con la acción de delegados para proveer apoyo material y moral a las familias^[6] (Arenaza, 1944, citado en Dubaniewicz, 1997, 98)

Entonces, la regularidad discursiva sobre las expectativas en la asistencia social y las profesionales dotadas de capacidad técnica y vocación para desempeñarla fueron galvanizando las racionalidades y tecnologías de gobierno de las infancias con diferentes alcances. Se propone en los apartados siguientes reconstruir la institucionalidad de las agencias santafesinas que desplegaron el orden tutelar de la minoridad, para luego focalizar los aportes de las asistentes sociales sobre las problemáticas señaladas.

3. El orden tutelar santafesino.

En diferentes provincias del país, los centros urbanos habían contado con instituciones destinadas a la protección de huérfanos y expósitos que dependían de órdenes religiosas o de organizaciones benéficas, tal fue el caso del Hogar del Huérfano en la ciudad de Rosario^[7] inaugurado a mediados del siglo XIX. Posteriormente, la apuesta de racionalización inscripta en la experiencia moderna de intervención pública fue creando la institucionalidad propia del orden tutelar. Así, entre 1938 y 1939 en Santa Fe se crearon la Junta Central de Patronato de Menores (JCPM, ley Nº 2647/38), los Juzgados de Menores (ley Nº 2.804/39) y el Ministerio Público de Menores (Ley 2776/39).

La Junta dependía del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y pretendía “corregir los ensayos sin coordinación y armonía y dotar de una organización sistémica, que al evitar la dispersión de valores dignos de ser aprovechados, adquieran la unidad indispensable que ha de darles mayor eficacia” (Ley 2647/38). Los tres institutos actuaban en conjunto, de hecho la Junta era integrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo y cuatro vocales designados por el mismo poder entre los Defensores de cada circunscripción judicial y entre los miembros de las comisiones directivas de las instituciones de alojamiento a la niñez de mayor prestigio.

En el año 1949, cambió la organización de los Juzgados de Menores incorporando la Secretaría de Servicio Social. Además, se establecieron la Secretaría Criminal y de Faltas; la Civil y el Servicio Médico Social (ley 3460/49).

Desde la Secretaría de Servicio Social las profesionales establecían relación con los menores de edad y sus familias e informaban sobre el “cuadro de situación” de la vida de tutelados y tuteladas. De hecho, tenían a cargo la confección de los legajos y la organización de la Libertad Vigilada, entre otras funciones. Esta institución, según refiere la normativa, constituía un sistema de inspectores y delegados, los primeros eran diligenciados a la inspección de instituciones y familias depositarias de menores; y los segundos, personal nombrado por el juzgado por carga pública, que tenían como función ser “observadores, guías, consejeros y amigos de los menores a su cargo, y en calidad de ejecutores de las medidas que acordara el tribunal” (Ley 3460/49 Art.15). La pretendida capilaridad territorial de los Juzgados y el seguimiento de las medidas tutelares a cargo de personal no idóneo fue cuestionada por las asistentes sociales.

Asimismo, en ese período también se articularon las prácticas asistenciales en la provincia adquiriendo el estatus de Secretaría de Bienestar y Seguridad Social (Ley 3139/47), con independencia funcional y jerarquía ministerial, en el año 1947. En su ámbito se estableció la Dirección de Protección a la Infancia y la Adolescencia en la que se centralizaron las instituciones pertenecientes a la Junta Central del Patronato de Menores. Desde ese entonces hasta la actualidad el ejecutivo articuló las prácticas de protección a las infancias y sus familias en relación estrecha con la asistencia social.

4. Los Servicios Sociales de menores y la asistencia social especializada

El entramado cada vez más complejo de organismos especializados como la Dirección de Protección a la Infancia y la Adolescencia y los Juzgados de Menores fueron incorporando paulatinamente asistentes sociales. Así, las publicaciones de las formadoras de la Escuela de Asistentes Sociales y las asistentes sociales egresadas tematizaron sobre las necesidades de la niñez y las familias, sobre los servicios sociales de menores y sobre las contribuciones del saber especializado de la asistencia social en el abordaje de problemas específicos de esta población. A partir de la reflexión sobre sus propias experiencias propusieron metodologías específicas de intervención, cambios a la institucionalidad vigente y nuevos servicios considerados relevantes para la protección infantil.

De las publicaciones sobre el tópico en las revistas de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe dos artículos nos permiten reflexionar sobre las orientaciones que la profesión consideraba relevante en la década del ´40. El primero publicado en el número 2 de 1946 titulado: “El método del caso social individual en relación con los servicios sociales de menores” cuya autora es la asistente social y abogada Emma Guastavino Ureta. El segundo publicado en el número 3 de 1948 titulado “El servicio social al menor tutelado” cuya autoría es el Dr. Victor Villarreal Selpe, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos Lima de Perú.

Ambas publicaciones repusieron la importancia del Servicio Social en los Juzgados de Menores por ser una profesión cuyos métodos especializados lograban alcanzar con éxito los objetivos que la reciente institucionalidad judicial se proponía. El artículo de Emma Guastavino Ureta en particular exploraba la adaptación del método de Caso Social Individual con menores de edad. Para ello argumentaba una serie de propuestas que iban desde la confección de los fichajes hasta las formas de llevar adelante las entrevistas a familiares y a los propios menores de edad. Por su parte, el artículo del abogado limeño citaba casi exclusivamente un trabajo publicado en el año 1933 por la visitadora social de origen belga Sra. Leo De Bray Cardemas ex directora de la Escuela de Servicio Social de Chile.

Según Villareal Selpe, los primeros Juzgados de Menores que se crearon en Perú carecían de un “criterio tutelar”, privilegiando un perfil meramente jurídico “a veces un tanto punitivo”, razón por la cual le valieron serias críticas. Fue en el año 1936 que al crearse la Escuela de Servicio Social peruana se fueron incorporando asistentes sociales para ejercer la función tutelar de los juzgados. En las discusiones del VI Congreso Panamericano del Niño desarrollado en Lima en 1930, se había propuesto que la asistencia y el tratamiento de los niños en estado de peligro y abandono moral y material estuviesen a cargo de organismos generales de protección a la infancia y no de reparticiones penales. Según refería el abogado peruano, era ya ampliamente sabido que los “derechos del niño han sido el resultado de la elaboración conjunta de médicos y profesionales del Servicio Social” (Villarreal Selpe, 1947, 6).

A su vez, en las ponencias presentadas en las primeras jornadas provinciales de Servicio Social en el año 1947, las asistentes sociales reflexionaron sobre la implementación de las asignaciones familiares y la necesidad de crear Centros materno-infantiles, oficinas Pro defensa del niño, Club de niños y Parques Infantiles. Algunas de estas apuestas privilegiaban las intervenciones con menores de edad a través de la formación de las madres y el fortalecimiento familiar; otras apuntaban a crear servicios especializados para los niños y niñas de manera directa en los que se articulaba la asistencia, la pedagogía y la recreación.

A los fines de analizar el corpus documental se reconstruyen las principales argumentaciones sobre la experticia del oficio de asistentes sociales en la temática; las reflexiones sobre las problemáticas de la niñez que se relevaron a partir de contribuciones teóricas y de la vinculación con las y los asistidos; finalmente las apreciaciones sobre las instituciones existentes y las propuestas de nuevos servicios.

4.1 La búsqueda de la experticia del oficio

La idoneidad del Servicio Social a menores de edad consistía en un repertorio de saberes y prácticas que las asistentes sociales debían saber maniobrar. Por un lado, se señalaba la necesidad de arribar a una apreciación objetiva sobre las necesidades de niños, niñas y sus familias y, por otro lado, las interacciones con los sujetos, especialmente la que se producía en el espacio doméstico debía “elevar culturalmente a los hogares” a través de la asistencia física, moral y espiritual.

Según Guastavino de Ureta, el servicio social había ido incorporando métodos de Socialterapia inspirados en los principios del Caso Social Individual.^[8]En tal sentido, se tornaba relevante la utilización de instrumentos técnicos como la encuesta y el fichaje para alcanzar objetividad de los problemas. En el diseño de las herramientas, aconsejaba que el asistente social considerara todos los puntos a investigar, pero al mismo tiempo gozara de elasticidad y adaptabilidad al momento de su implementación. Así, era condición la experiencia y la ductilidad del criterio para alcanzar un saber fidedigno, “sin cargar las tintas ensombreciendo con recursos literarios ajenos al estilo” (Guastavino Ureta, 1946, 29). Por ello, la autora remarcaba:

La selección del material informativo es condición indispensable para el buen fichaje de los casos individuales, ayuda a desarrollar el criterio valorativo del asistente social, su imaginación constructiva y por lo tanto, aumenta su capacidad para la aplicación más adecuada del tratamiento social. (Guastavino Ureta, 1946, 22).

Es interesante detenerse en este fragmento para reflexionar sobre el valor que la autora le asignaba al registro, la selección del material y el ordenamiento de la información ya que según consideraba acrecentaba el criterio valorativo y la imaginación constructiva del asistente social.

En cuanto al diseño del fichaje y los legajos personales, responsabilidad de las Secretarías Sociales de los Juzgados, la autora realizó varios señalamientos. Por un lado, al tratarse de asuntos de menores de edad, el resguardo de la intimidad se consideró central:

El uso confidencial de los datos consignados en el legajo personal del asistido es la mejor protección contra el mal uso y el abuso de los mismos, lo que importaría desconocer el valor de la dignidad de la persona humana del menor y éste es uno de los puntos primeros de todo plan de bienestar social. Los datos del Caso Individual deberán ser utilizados únicamente por la institución, establecimiento o agencia social por los cuales fue pesquisado y en las circunstancias de tener que suministrar a otra institución, valdría más la explicación individual del Asistente a cargo del caso junto con el envío de los datos generales. (Guastavino Ureta, 1946, 23)

La insistencia sobre la necesidad de precisar el problema, separar las opiniones de las asistentes sociales y resguardar datos personales e íntimos de niños, niñas y sus familias puede hacernos reflexionar sobre algunas prácticas que la autora pretendía contrarrestar con sus indicaciones. No obstante, la experticia en observación y la escritura se concebían como vías para arribar a un diagnóstico objetivo, pero al mismo tiempo propiciaba la imaginación constructiva y la ductilidad del criterio a la hora de pensar las intervenciones.

En otro plano de las argumentaciones sobre la experticia profesional, Le Bray afirmaba que “el Servicio Social es expresamente preventivo y constructivo, evidentemente científico y técnico, dinámico y evolutivo y contribuye a revaluar la personalidad humana.” (en Villarreal Selpe, 1947, 10-11).

Así, según la asistente social belga, el servicio social contaba con la ventaja de penetrar en la intimidad del hogar para buscar los factores que condicionaban la “vivencia antisocial” del niño, a su vez proporcionaba las bases de la “regeneración de los niños que se encuentran en estado peligroso” a través de la Libertad Vigilada o la Colocación familiar institutos propios de los Juzgados (Villarreal Selpe, 1947, 10-11). En el orden de las desventajas, podían advertirse dos circunstancias en las cuales los resultados podían no ser satisfactorios, “cuando la educación impartida por la Asistente Social no forma una conciencia independiente, sino una mentalidad de dependencia y cuando trabaja con desaliento, sin interés, con abandono o sólo con formalismo rutinario” (Villarreal Selpe, 1947, 10-11).

Las reflexiones puntualizan la convergencia sobre los problemas que pueden suscitar la relación de empatía con los asistidos y la burocratización de los procesos de trabajo. Ambas preocupaciones dan en el núcleo de los temas que desde el origen de la profesión fueron polemizados. Por un lado, la necesidad de que el abordaje especializado cuente con el compromiso y la adhesión de quien recibe la asistencia. Por otro lado, la necesidad de tomar distancia de las respuestas estandarizadas para proporcionar alternativas en los servicios especializados.

Otras de las problemáticas que las asistentes sociales advertían como objeto de sus incumbencias se pueden reflejar en las ponencias de las primeras jornadas. Allí, se pueden relevar otras aristas del servicio social apuntalando el amparo materno infantil. Según la asistente social Mercedes Cornacchia Codazzi, existían factores que entorpecían la “función de la naturaleza puesta por designio divino en manos de la mujer para ser madre”. Entre ellos se señalaba el abandono y la miseria, el angustioso problema de no saber dónde ir con su hijo por falta de amparo, las dificultades de poder trabajar y no tener donde dejar al niño. Además, comentaba “Todos estos problemas se suman y se complican con la enorme desnatalidad que tanto preocupa al Estado y los sociólogos contemporáneos” (Cornacchia Codazzi, 1947).

Por estos motivos la autora refería que la protección de la niñez no podía ser un problema de caridad y filantropía por el contrario la asistencia social encontraba en la maternidad un objeto preciado para hacer efectivo el amparo infantil. Así, la previsión, el servicio social y la legislación proveerían las herramientas para extirpar las causas de esta problemática. En tal sentido, la asistente social al llegarse al hogar en forma consciente y efectiva podía fortificar la familia mal constituida y elevar la moral y la cultura de la mujer indigente, “preparemos y eduquemos a la mujer, elevando su cultura, amparemos a las madres menesterosas nada más que ellas deben tener conciencia de este sagrado deber de criar y educar a sus hijos, cuando esto se haya conseguido no habrá niños abandonados” (Cornacchia Codazzi, 1947).

En esta línea, Sara Daviña y María Teresa Pérez de la Asociación de estudiantes y asistentes sociales de Rosario reflexionaban en su propuesta de creación Pro Defensa del Niño:

No dudamos que la desorganización familiar influye en la delincuencia infantil, por eso es necesario que los trabajadores sociales aboguemos y luchemos por el fortalecimiento y recuperación del hogar; ya que él es el núcleo más poderoso sobre el cual debe cimentarse la formación de la nueva sociedad” (Oliva de Daviña y Pérez Argüello, 1947, 112)

Desde otro plano de las racionalizaciones puestas en juego, se enunciaba la importancia del estudio científico del niño para propiciar las respuestas eficaces en “solucionar los problemas que aquejan a la humanidad”. Según argumentaba María Pilar Cabaleiro en su propuesta sobre la formación de Parques Infantiles, las condiciones habitacionales y las dificultades infraestructurales de los barrios dificultaban que los niños y niñas desplegaran sus potencialidades, así:

En nuestras recorridas por barrios pobres, entre ranchos que despiertan nuestra rebeldía, vemos a nuestros pequeños moverse en ambientes infectos, donde la salud lógicamente ha de irse resintiendo y donde su moral ha de irse corrompiendo” (Cabaleiro, 1947,20).

Por este motivo, los servicios sociales especializados para los niños y niñas debían complementarse con el obrar del hogar doméstico y la escuela, habilitando espacios extensos para la recreación. Según la asistente social una de las necesidades nodales de la infancia era el juego, por lo tanto, había que valerse de este instrumento para “educar e instruir al niño sin que se dé cuenta” (Cabaleiro, 1947, 24).

Según la propuesta de la autora, “tratándose de una obra esencialmente de servicio social, ha de ser a un asistente social a quien se confíen sus destinos” así, estos espacios imaginados requerían de personal idóneo para desempeñar las actividades cuidadosamente seleccionadas.

Las autoras pudieron ubicar alcances, sentidos y objetos propios del Servicio Social, también volcaron reflexiones sobre las prioridades y las modalidades de intervención. Si bien, las problemáticas se describieron en el plano de las condiciones sociales de reproducción social, algunos abordajes hicieron eje en la capacidad técnica del profesional, otras apuntaron al fortalecimiento y educación moral de la maternidad y del hogar, mientras que las últimas hicieron foco en la creación de servicios especializados.

4.2 Lecturas desde la interacción asistencial

Del análisis de los documentos resulta de interés recuperar las valoraciones que las asistentes sociales realizaron a partir del intercambio con sus asistidos y asistidas. Las entrevistas y visitas domiciliarias constituían procedimientos técnicos estratégicos no sólo para arribar al diagnóstico social sino fundamentalmente para pesquisar los rasgos distintivos de quienes requerían la asistencia y así construir un lazo de confianza y empatía. Al mismo, la interlocución aludía constantemente a suscitar y reforzar la responsabilidad y compromiso con la intervención propuesta. En tal sentido, Emma remarcaba:

Recordemos que el Asistente Social trata con individuos de personalidad desdibujada, tal vez, pero personas humanas, no con problemas abstractos, y por consiguiente si trata de dilucidar la naturaleza del problema, está tratando de entender también qué calidad de persona es la que presenta el problema. (Guastavino Ureta, 1946, 29).

En tal sentido, la autora señalaba que con frecuencia los adultos responsables de los menores eran incapaces de expresar y reconocer las dificultades de los niños y niñas, por lo tanto la tarea profesional consistía en objetivar con ellos las necesidades más urgentes (Guastavino Ureta, 1946, 28).

Para llevar adelante estas tareas, era necesaria la formación y la experiencia de trabajadores sociales para escuchar, saber observar y ante todo, precisar las causas que derivaron en el caso social individual. En la entrevista era fundamental:

Para el Asistente Social no dejarse arrastrar por la red de dificultades, a veces muy complejas, que va el asistido desplegando en la relación con sus necesidades cuando aún no se encuentra el Asistente lo suficientemente pertrechado por su formación técnica, por su práctica escolar y por su experiencia profesional para poder mantener la objetividad de sus apreciaciones frente al colorido emocional con que el necesitado matiza la exposición de sus deficiencias” (Guastavino Ureta, 1946, 28).

En este sentido, mantener la objetividad y no dejarse llevar por el despliegue de emocionalidad en la entrevista facilitaba una propuesta asistencial certera que inevitablemente debía contener la perspectiva de los asistidos fomentando su sentido de responsabilidad (Guastavino Ureta, 1946, 28).

El trabajo de De Bray Cardemas, reconstruido por el abogado peruano, hacía algunos señalamientos sobre los primeros contactos con los menores de edad y su entorno cotidiano. Según recomendaba la asistente social belga, la entrevista con los menores debía ser en privado a los fines de estudiar su punto de vista sobre el problema. Además, el acercamiento al entorno a través de contactos con patrones o profesores debía ser cuidadoso a los fines de no dañar la reputación del niño (Villarreal Selpe, 1947).

Asimismo, en el trabajo se señalaba que el intercambio con las familias debía fomentar los recursos propios “El Servicio Social no coloca a la familia en situación pasiva, sino, al contrario en condición activa, haciendo que reciba elementos de ayuda, pero estimulando los recursos que posee para fortificarse y recuperar su nivel de vida correspondiente” (Villarreal Selpe, 1947, 20).

Según la autora belga, el servicio social a través de la asistencia cumplía un rol preventivo evitando que el niño infringiera las normas de convivencia social exteriorizando predisposiciones bio-sociales irregulares de la conducta. No obstante, advertía la diferencia de brindar asistencia a menores mujeres:

La libertad vigilada de menores del sexo femenino es más difícil y más llena de dificultades, porque en la mujer se presenta durante su adolescencia una serie de conflictos emocionales, de deseos irregulares y de inclinaciones sexuales anti-sociales. La Asistente Social deberá tenerlos en cuenta para el éxito de su tarea. (Villarreal Selpe, 1947,11).

Como bien podemos advertir, los intercambios de las profesionales con niños, niñas y sus familias contribuyeron a resaltar apreciaciones sobre personalidades minorizadas, incapacidades y déficits que se agrupaban en la noción de conductas antisociales. Además, consolidaron con representaciones colectivas de género, fijación de imágenes culturales en la conciencia social que argumentaba distinciones en el abordaje profesional cuando se trabaja de niñas.

No obstante, también se resaltaba la transformación de la personalidad a partir de las experiencias de servicios especializados de asistencia social. En este sentido, Oliva de Daviña y Pérez Argüello exponían:

Para quienes como nosotros, han visto llegar a nuestros niños, torpes, tímidos, con un rudimento de lenguaje ininteligible, confundidos todos bajo el terrible anonimato del chico de la calle y luego de un año, lo han visto actuar y desenvolverse dentro de la pequeña obra de su teatro infantil, que era para ellos maravilloso portal que descubría regiones insospechadas en el mundo del color, del sonido, de la leyenda y de la fantasía, no existe la menor duda de que , en el individuo normal, existen en potencias todas sus cualidades, destinadas a perderse, cuando podrían ser aprovechadas, destinadas a no revelarse, porque el ambiente las anula y entonces pensamos en la urgente necesidad de multiplicar los Centros de protección al niño. (Oliva de Daviña y Pérez Argüello, 1947,111)

Las reflexiones que se muestran en estos fragmentos dan cuenta de un proceso complejo de sincretismo teórico-práctico que pretende elucidad de manera constante las propuestas interventivas de la profesión. Si bien se pueden advertir algunos señalamientos sobre la influencia en la vida cotidiana de problemáticas sociales, esos contextos sociales adversos desencadenan personalidades problemáticas que dificultan los procesos de socialización de niños, niñas y adolescentes.

4.3 Apreciaciones sobre la institucionalidad

Bajo este tópico se intenta recuperar las reflexiones que las profesionales fueron vertiendo sobre la institucionalidad vigente y las propuestas para consolidar los espacios públicos orientados a la protección infantil.

Es interesante reconocer en el proceso incipiente de la profesionalización una relación ambivalente con las demandas institucionales y con las intervenciones públicas de ese momento. Lejos de pensar el abordaje experto de manera lineal, haciendo eco de los ordenamientos y directivas de las agencias, las trabajadoras sociales valoraron ventajas y dificultades; realizaron priorizaciones y elaboraron propuestas innovadoras para la época.

En este sentido es elocuente la reflexión de Emma:

Partiendo del axioma fundamental de que el bienestar del niño depende del bienestar de su familia, los principios del Caso Individual se desarrollan desde el punto de vista de los servicios sociales que necesitan los niños y no desde el punto de mira de las instituciones existentes. (Guastavino Ureta, 1946, 21)

Estas referencias mostraban que, según la autora, el método especializado de intervención social, no se desplegaba desde cualquier posición sino pesquisando las necesidades de los niños, niñas y sus familias. Además, remarcaba la pertinencia de no ceñirse a la lectura institucionalizada del problema dando cuenta de diferentes aristas para un abordaje de mayor complejidad.

En otro orden de las observaciones sobre las instituciones vigentes, De Bray señalaba las ventajas de la Libertad Vigilada, ella comentaba:

Es indudable que la principal ventaja está en que el niño se mantiene en su ambiente habitual, evitándose que recaiga en él el estigma que, con o sin justicia, queda a menudo a los jóvenes que han estado en alguna institución. (Villarreal Selpe, 1947, 10-11)

Las referencias en el artículo punteaban que los Juzgados de menores bien organizados disponían en Libertad Vigilada al 90% de los niños y niñas que ingresaban por primera vez. Según la autora, el éxito de esta modalidad estaba sujeto a la capacidad especializada de las asistentes sociales, advirtiendo que se trataba de la labor más delicada y difícil de todas las que tenía a su cargo la profesión.

En las ponencias de las primeras jornadas de Servicio Social, dos asistentes sociales realizaron una propuesta a implementarse en el Juzgado de Menores. Según refirieron Sara Oliva de Daviña y María Teresa Pérez Argüello, a partir de sus prácticas como estudiantes y luego como profesionales del Juzgado consideraban la necesidad de establecer la Colocación Familiar Remunerada.

Según la descripción de las profesionales, el sistema consistía en la elección de familias que atendieran de niños y niñas en sus hogares por un pago mensual. Así, las colegas recomendaban “La familia percibe por ese cuidado una remuneración pecuniaria, ni mezquina ni espléndida. Sin lo primero, el niño representaría una carga y con lo segundo podría desfigurarse el propósito asistencial” (Oliva de Daviña y Pérez Argüello, 1947, 115).

Estas valoraciones pretendían darle coherencia y efectividad a la propuesta y parecen haber sido producto de analizar experiencias de otros lugares, como el sistema de colocación que funcionaba en el Hospicio de Huérfanos de Rosario.

Como se advierte, las evaluaciones de dispositivos implementados y las propuestas de su modificación son tributarias de los intercambios cotidianos entre las asistentes sociales, las familias y las burocracias que tenían pocos años de existencia. Ese devenir diario les permitió a las profesionales reflexionar sobre sus saberes y sobre los alcances de las apuestas institucionales.

Otras de las aristas que se ponen de relieve consisten en la incumbencia de fiscalización de las formas en las que los usuarios y/o usuarias hacían uso de la asistencia. Este gobierno de la infancia, involucraba que las asistentes sociales tuvieran a su cargo la observancia sobre el uso de ciertos recursos, especialmente, cuando se trataba de dinero. En este caso se ponía de manifiesto que las asignaciones familiares podían tener un destino ajeno al propósito que les dieron origen y se proponía, por un lado que las mujeres fueran sus beneficiarias directas, además de impulsar una agencia de organización y control para una justa distribución del beneficio.

Así, Marta Escudero de Buzzi describía las deformaciones de la finalidad de la ley de Asignaciones Familias al no haberse tenido en cuenta la ausencia de preparación para la vida en colectividad. Ella comentaba:

Los asistentes sociales hemos podido comprobar que el producto de las Asignaciones Familiares y a veces la mayor parte de las entradas de algunos hogares de empleados y obreros, en vez de constituir una ayuda positiva para solventar las necesidades apremiantes de la vida familia, del sostén y educación de los hijos, solo sirven para engrosar el rubro de los gastos superfluos en los que no tiene intervención la dueña de casa y cuya naturaleza y significado es obvio detallar. De ahí pues, la necesidad que señala esta ponencia, de que la Asignación Familiar sea abonada directamente a las madres o esposas beneficiadas. (Escudero de Buzzi, 1947, 61)

En esta misma línea se propuso la Ayuda de Crianza a madres menesterosas que consistía en un pago mensual de dinero para cubrir gastos de cuidados básicos. Esta propuesta tenía como objetivo proteger a la madre y al niño además de sostener el vínculo familiar. La inscripción de la madre y el niño proveía una tarjeta con las indicaciones que debía cumplir bajo pena de perder la ayuda (Cornacchia Codazzi, 1947, 4).

Las búsquedas por incidir, dirigir, condicionar ciertas conductas entre los padres, especialmente las madres hacían parte de lo que las asistentes sociales consideraban dentro de los alcances y sentidos de sus acciones. Así, la asistencia venía acompañada de un deber ser y un aprender a hacer en la relación inter-generacional de las familias que ponía en foco un pretendido perfil educativo de la profesión que combinaba indicaciones, persuasión y penalización.

Para finalizar este apartado, es interesante señalar dos propuestas innovadoras que se diferencian sustancialmente de las precedentes. Las mismas consisten en la creación de Parques Infantiles y Clubes de Niños. Ambas propuestas con sus contrapuntos fueron exhibidas en las primeras jornadas de asistentes sociales. Según argumentaba María Pilar Cabaleiro, en las recorridas por barrios pobres que despertaban la rebeldía de las asistentes, podían constatar cómo los ambientes infectos resentían la salud y la moral de los infantes (Cabaleiro, 1947, 20). Por este motivo se proponía la creación de Parques Infantiles que concentraran actividades recreativas y culturales en las que podían asistir los niños, niñas y adolescentes a los fines de elevar el nivel cultural de la sociedad mejorando y protegiendo la infancia. Estas actividades programadas por asistentes sociales que incluían profesionales de la salud, la cultura y la educación permitían, por un lado, el desarrollo armónico del niño:

El parque infantil ha de proporcionar el niño la seguridad de un desarrollo armónico y la posibilidad de formar su carácter y personalidad en un régimen de plena libertad. Ha de ayudarlo a encontrarse a sí mismo corrigiendo sus desviaciones y orientando sus cualidades y virtudes

[Por otro lado, era una propuesta complementaria al cuidado del hogar] no significará de modo alguno la sustitución del hogar, sino un servicio complementario que permitirá que el hogar siga funcionando y no se desintegre” (Cabaleiro, 1947, 21).

Esta propuesta detallaba el tipo de actividades a desarrollarse preferentemente eligiendo emplazar los parques a orillas del rio, para aprovechar dos elementos naturales sumamente valiosos el agua y la playa. El financiamiento debía provenir de la ley de asistencia social que la provincia tenía en su haber.

Un anhelo aún más disruptivo se puede advertir en la proposición del Club de Niños de Norma Ghioldi. Si bien no hay citas explícitas, es evidente la influencia de las perspectivas de la pedagógica nueva y los enfoques liberacionistas del primer cuarto del siglo XX.

Según la autora, el Club debía ejercer una función complementaria a la escuela, en una obra más gigantesca que era el bienestar de la niñez. Así, “el club de niños tiene como miras recrear, educar, instruir tendiente siempre al florecimiento de la personalidad y al desarrollo de ideas de libertad, solidaridad y cooperación que lo capaciten para actuar en una democracia.” (Ghioldi, 1947, 16).

Las actividades debían programarse con experticia, ya que las improvisaciones sólo conducían a un aplastante fracaso. Entre ellas se resaltaba la importancia de que los niños y niñas fueran quienes llevaran adelante la planificación, organización y gestión de las tareas con el apoyo de adultos que ejercerían una función de amigos y acompañantes de sus inquietudes. En este sentido Norma comentaba,

En el club se emplea el autogobierno, la dirección está en manos de los niños, las leyes que lo rigen dictadas por ellos mismos. Y es esto lo que les despierta el sentimiento de la responsabilidad. (Ghioldi, 1947, 16)

Repasar algunas pinceladas de las apreciaciones que las primeras asistentes sociales realizaron sobre la institucionalidad erigida para la protección infantil, tanto sea para advertir falencias, hacer recomendaciones o soñar con nuevas ocurrencias, muestran una relación inquieta y de implicación con las nuevas agencias. El afán de transformar las problemáticas que se constituyeron en interés público, sedimentaron perfiles y objetos propios de la profesión en los que podemos advertir orientaciones disímiles y en tensión. Por un lado, la intervención hacia las familias, constituyéndose en soportes asistenciales y morales guiando las formas de crianza y como consecuencia, la reproducción social. Por otro, diseñando nuevos arreglos institucionales que tuvieran como protagonistas a los mismos niños y niñas para propiciar de este modo viabilidades colectivas. Ambas tendencias siguen hoy vigentes con sus polémicas y dilemas.

5. Reflexiones finales

En los documentos analizados se puede esbozar lo que se consideraba relevante del Servicio Social, como saber especializado a la hora de llevar adelante intervenciones con menores de edad y sus familias. Las ideas expresadas por asistentes sociales que se exponen en este artículo permiten ubicar elementos que constituyen irreductiblemente las apuestas, tensiones y contradicciones del Trabajo Social como profesión. Un primer universo lo configuran los anhelos de alcanzar un saber científico sobre los problemas sociales expresados en sujetos concretos y contextos situados. En este sentido, vale la pena además resaltar la pretensión de construir una metodología de intervención que se ajuste a las necesidades, produzca empatía y respeto de la dignidad humana. Esa aspiración es acompañada por la expectativa de aminorar y/o resolver las dificultades a través de la implementación eficaz de acciones planificadas y acordes a las dificultades relevadas.

Un segundo universo, implica una apuesta a que los sujetos modifiquen sus formas de actuar, que encuentren ellos mismos las alternativas para lograr cambios en sus vidas a través del acompañamiento y la enseñanza del personal idóneo. Este envite, con fuerte cariz moralizante puede reconocerse en el método de caso social individual, en las propuestas de fiscalización de los usos de la asistencia y en el diseño de servicios sociales que buscan entre sus cometidos la instrucción y transformación de los sujetos involucrados.

Finalmente, un tercer universo, reúne proposiciones que privilegian la creación de instituciones y servicios sociales especializados como forma de transformar las sociedades. En ellas, se imaginan recursos, actividades, prestaciones de distinta índole que preservan, protegen y abordan problemas particulares, pero principalmente refuerzan la ambición de constituir una colectividad y/u organización que se suponga menos injusta y más democrática.

Los tres universos, con sus dilemas, tensiones y contradicciones atraviesan la profesionalización del Trabajo Social desde sus orígenes y nutren las formas de interrogación, las búsquedas teóricas y metodológicas de sus agentes.

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Notas

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