Introducción

Río de Janeiro es más que un espacio geográfico: es un territorio de tensiones, memorias y afectos, en donde la belleza de la ciudad se entrelaza con la violencia diaria que cruza las favelas. Es entre lágrimas, sudor y sangre que Río muestra los impactos locales de las dinámicas globales sobre la creciente militarización y a la fragilidad de las democracias ante el empleo selectivo de la fuerza. El 28 de octubre de 2025, en una de las comunidades de la ciudad, conocida como favela de Alemão o Penha, operaciones policiales resultaron en 121 muertes – incluyendo cuatro policías. Este texto se dedica a condensar las múltiples capas de la sociedad, la violencia y el cálculo político.

A nivel micro, los casos remontan a la más elemental e irreductible dimensión de la violencia del Estado: el dolor de las madres que lloran por sus hijos en su mayoría jóvenes, negros y vivientes de territorios marginalizados históricamente. En referencia al libro Enterrem Meu Coração na Curva do Rio (Brown, 2003) – Enterrad mi corazón en Wounded Knee, en español – sobre la destrucción sistemática de los pueblos indígenas de América del Norte, la curva de otro río – Río de Janeiro – también lleva historias de opresión, colonización y resistencia.

En un nivel intermediario, esas operaciones revelan un fracaso táctico, caracterizado por tasas altas de letalidad y logros operacionales mediocres respecto a la aprehensión de armamentos, drogas y la efectiva desarticulación de las economías ilegales. La relación desmedida entre los costos humanos y las ganancias materiales, indica las limitaciones estructurales de diseños represivos fundamentados en empleo del uso excesivo de la fuerza.

A nivel estratégico, intervenciones de este tipo tienden a producir múltiples efectos ya previsibles y muy discutidos en la literatura de seguridad pública (Adorno y Salla, 2007; Misse, 2010), tales como el fortalecimiento del crimen organizado, la ampliación de su profesionalización y el alza de los ciclos de venganza, incluso por medio de actividades informales y extralegales, protagonizadas por los agentes estatales. Esos desarrollos refuerzan las dinámicas de prolongada inestabilidad.

En el plano político, sin embargo, las operaciones de esa naturaleza suelen convertirse en logros simbólicos y electorales, especialmente para líderes políticos y agendas punitivistas. Al movilizar el miedo, la retórica de guerra y la promesa de orden, las acciones de alto impacto contribuyen a pautar el debate público y los ciclos electorales. La utilización política de la violencia se conecta con un escenario más amplio de instrumentalización de la fuerza, en el que la muerte y el sufrimiento se convierten en recursos discursivos en la disputa por legitimidad y poder (Misse, 2010).

Por lo tanto, la comprensión de la ciudad demanda atención simultánea de lo micro y lo macro: desde la vida diaria de los ciudadanos afectados directamente por la violencia, hasta las dinámicas políticas, institucionales y geopolíticas que moldean las respuestas estatales. En ese sentido, Río de Janeiro se establece como un microcosmo de la militarización contemporánea, en la que tácticas, tecnologías y narrativas de seguridad reflejan tendencias globales de vigilancia, guerra híbrida y gestión violenta de las poblaciones consideradas excedentes o peligrosas (Kaldor, 2012).

Frente a tal escenario, este texto parte de la siguiente inquietud ¿de qué modo elementos globales (como la militarización y tecnologías de vigilancia), regionales (disputas geopolíticas en Latinoamérica), nacionales (políticas de seguridad y gobernanza) y operacionales (dinámicas de actuación de fuerzas de seguridad y del crimen organizado) se entrelazan para establecer patrones de violencia, estrategia de resistencia y posibilidades de formulación de políticas públicas más democráticas en Río de Janeiro?

Metodología

El texto se organiza en cuatro ejes principales, además de la introducción y las consideraciones finales. El primer eje analiza el contexto global, explorando cómo la militarización, la difusión de tecnologías de vigilancia y las disputas de poder moldean las políticas de seguridad urbana en Latinoamérica. El segundo trata aspectos regionales, destacando a Latinoamérica como laboratorio y showroom (vitrina) de seguridad y control. El tercer punto examina los aspectos nacionales, evaluando la intersección entre seguridad pública, militarización y disputa política en Brasil. Por último, el cuarto eje analiza la dimensión operacional y discute alternativas de políticas públicas orientadas hacia la prevención, la reducción de daños y la construcción de una seguridad pública diferente a la militarización. Las fuentes utilizadas están ampliamente disponibles en la prensa, y la metodología empleada en la pesquisa no tiene como objetivo producir nuevos datos, sino cruzar diferentes informaciones ya existentes, aunque tratadas de forma aislada.

Factores globales: militarización y reconfiguración del orden internacional

La coyuntura internacional contemporánea está marcada por un rápido proceso de reconfiguración del orden mundial, en el cual se observa una “nueva era de competición” (Junaid Ali et al., 2025), caracterizada por la intensificación de las disputas geopolíticas entre el orden hegemónico en crisis, liderada por los Estados Unidos de América (EE. UU.), y una posible multipolaridad aún en formación, articulada alrededor de actores como China y Rusia. Esos países han expandido su proyección política, económica y estratégica por medio de acciones que combinan el poder material, la influencia normativa y las reconfiguraciones de los arreglos de seguridad regional y global. Ese contexto ha impactado profundamente en los regímenes de seguridad internacionales y regionales, resultando en el incremento de la militarización como mecanismo preferencial del manejo de crisis económicas, políticas y sociales (Stavrianakis y Stern, 2018).

Uno de los indicadores más expresivos de esta tendencia es el crecimiento continuo de los gastos militares globales. Según datos de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), los desembolsos militares alcanzaron aproximadamente US$ 2,7 billones en 2024, logrando el nivel más alto ya registrado (SIPRI, 2025). Ese dato contrasta rotundamente con la persistencia de la inseguridad alimentaria a escala global: más de 670 millones de personas viven en estado de hambre crónica, de acuerdo con estimaciones de la Food and Agriculture Organization (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (FAO et al., 2024). Tal asimetría refuerza la interpretación de que el hambre, lejos de ser efecto de la escasez material, es consecuencia de decisiones políticas que priorizan la lógica de guerra y de seguridad armada en perjuicio de la seguridad humana y de la reproducción de la vida. De tal manera, la militarización global debe ser comprendida como una elección política estructural, no como una contestación inevitable hacia amenazas objetivas. Dentro de las diferentes amenazas existentes, algunas son seleccionadas como prioridades presupuestarias, y otras no.

Paralelamente a la expansión de los gastos públicos, las principales potencias vienen transformando profundamente sus fuerzas armadas. En los Estados Unidos y en China, se observa un proceso de reorganización institucional hacia la consolidación de una mayor cohesión ideológica y control político interno sobre los aparatos militares, por medio de reformas doctrinales, restauraciones de carrera y mecanismos de disciplina jerárquica. Esas transformaciones apuntan a un movimiento de recentralización del comando político sobre las fuerzas armadas, en la que la modernización tecnológica y operacional es acompañada por esfuerzos explícitos de alineamiento político, reconfigurando los límites tradicionales entre profesionalismo militar, lealtad institucional y autoridad civil en contextos de competición estratégica entre grandes potencias (Brooks, 2008; Feaver, 2003).

En el caso estadounidense, esas transformaciones ocurren en un escenario de fragilidad interna creciente, especialmente en los campos económico y social. La coexistencia de la más grande máquina bélica del mundo y prácticas como el financiamiento privado para el pago de salarios atrasados de personal militar activo desnudan tensiones internas significativas y apuntan a procesos de precarización y mercantilización de la fuerza armada (Penido, 2025). Ese fenómeno se conecta con la creciente centralidad de empresas militares privadas y de seguridad cuya actuación ha sido ampliamente documentada en conflictos en Oriente Medio, en África y en Latinoamérica. La privatización gradual de la violencia desafía los límites tradicionales entre guerra, mercado y Estado, contribuyendo para la propagación de lógicas mercenarias incluso en las fuerzas armadas formalmente estatales (Leander, 2005).

De acuerdo con la doctrina de seguridad nacional de EE. UU. publicada en 2025, el país apunta a un reposicionamiento hemisférico qué puede ser interpretado como un retroceso relativo en determinados frentes globales, junto con el fortalecimiento del control sobre su área de influencia tradicional: Latinoamérica y el Caribe (National Security Strategy of the United States of America [NSS], 2025). Autores cómo Grandin (2006) y Nasser (2023) argumentan que, en momentos de crisis hegemónica, Washington tiende a intensificar mecanismos de control político, económico y militar sobre su entorno inmediato, actualizando los principios históricos de la Doctrina Monroe. Ese movimiento ocurre en un contexto de acentuada vulnerabilidad estratégica, en la medida en que China y Rusia avanzan en el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías bélicas, capaces de alterar significativamente el equilibrio de poder global.

Un elemento central de esa reconfiguración es la ampliación del uso de categorías jurídicas y políticas asociadas al terrorismo como instrumento de securitización global. La literatura crítica en Estudios de Seguridad demuestra que la clasificación de determinados actores como terroristas no constituye un acto neutro, sino un proceso político que redefine problemas sociales y criminales cómo amenazas existenciales hacia la seguridad nacional (Buzan, Wæver y de Wilde, 1998). Al redefinirlos grupos criminales como organizaciones terroristas, los EE. UU. expanden de manera significativa el alcance de acciones coercitivas legitimadas tanto en el plan doméstico como en el internacional, reforzando su intención de actuar como “policía del mundo” (Chomsky, 2016).

En ese contexto, también se nota la creciente proyección extraterritorial de derecho penal de los EE. UU., cuya aplicación sobrepasa las fronteras nacionales y pasa a operar como instrumento central de la coerción internacional, legitimando sanciones, acciones encubiertas y presiones diplomáticas en nombre de la seguridad nacional. La reciente intervención en Venezuela y la forma como las autoridades estadounidenses enmarcaron judicialmente a Nicolás Maduro, disfrazando una operación de guerra como operación de seguridad, ejemplifica el fenómeno. La clasificación de individuos, gobiernos o redes asociadas como terroristas o narcoterroristas amplía sustancialmente el repertorio de medidas coercitivas autorizables – incluyendo aislamiento diplomático, sanciones financieras, operaciones de captura y empleo de fuerza – simultáneamente a la suspensión, al menos discursivamente, de la posibilidad de negociación política. Esa lógica presupone la permanente excepcionalidad: no habría espacio de conciliación frente al terrorismo.

La práctica de la política exterior estadounidense revela la naturaleza contingente e instrumental de esa narrativa, como evidencia el reconocimiento y la legitimación internacional de los actores previamente clasificados como terroristas, como el sirio Ahmad al-Sharaa, comandante del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una organización asociada de al-Qaeda y líder de la ofensiva que derrocó a Bashar al-Assad en diciembre de 2024, hoy alzado a la condición de estadista debido a su alineamiento circunstancial en contra de Rusia. De esta manera, la política exterior estadounidense muestra que el marcaje de actores como terroristas está subordinado a cálculos geopolíticos coyunturales.

La literatura crítica sobre terrorismo ha señalado reiteradamente la ausencia de definición consensual del concepto en el derecho internacional, lo que favorece su utilización arbitraria por Estados hegemónicos, teniendo en cuenta que la definición del término terrorismo es esencialmente una decisión política (Maciel y Vieira, 2020; Penido y Saint-Pierre, 2021). Además, la expansión del alcance securitario para asuntos de corrupción y crimen organizado ha producido las condiciones para prácticas de lawfare, especialmente en Latinoamérica, donde procesos judiciales pasaron a tener un papel central en disputas políticas internas (Amorim y Proner, 2022; Martins, Zanin y Valim, 2019).

Finalmente, aunque China y Rusia tienen papel clave en la contención indirecta de la hegemonía estadounidense, vale destacar que es improbable que esos actores intervengan militarmente y directamente en Latinoamérica, incluso en escenarios de crisis que involucran aliados estratégicos. La literatura sobre competencia entre grandes potencias apunta que esos países tienden a valorar estrategias de disuasión indirecta e incremento de costos geopolíticos, evitando la confrontación directa en áreas tradicionalmente consideradas como zonas de influencia de los EE. UU. (Fong y Ja Ian, 2024). En ese sentido, Latinoamérica emerge como un espacio privilegiado de disputas indirectas, en el que la militarización y la securitización operan como instrumentos centrales de control político, económico y simbólico.

Factores regionales: Latinoamérica como laboratorio de seguridad y control

La reconfiguración del orden internacional afecta intensamente a Latinoamérica y al Caribe, región históricamente subordinada en las jerarquías globales de poder. En contextos de crisis hegemónica, el subcontinente propende ser convertido en un espacio privilegiado de ensayo de doctrinas de seguridad, tecnologías de control y formas híbridas de intervención, combinando mecanismos militares, policiales, jurídicos e informacionales (Grandin, 2006), antes de su eventual difusión para otros contextos.

El Caribe ocupa una posición central en esa arquitectura estratégica. Desde el siglo XX, los EE. UU. tratan a la región como su “Mediterráneo”, es decir, como un espacio marítimo vital en donde no se acepta gran margen de desacuerdo geopolítico (Schoultz, 1998). Esa concepción tiene especial relevancia a islas y corredores estratégicos, como Cuba y el entorno del Canal de Panamá, entendidos como áreas sensibles para la seguridad hemisférica y para la proyección de poder naval, además del cruce entre las costas este y oeste de EE. UU. (Santa Bárbara, 2025). La permanencia de los enclaves coloniales y militares – como Guantánamo, Puerto Rico y las Islas Vírgenes —, añadida a las alianzas estratégicas con territorios ultramarinos europeos en el Caribe, como Aruba, Curazao y las Antillas francesas, refuerza la densidad del control estadounidense en la región.

En el contexto del segundo gobierno de Donald Trump (2025-2028), visitas de autoridades de alto nivel a países como Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago y Guyana muestran la intensificación de ese compromiso. Ese movimiento se articula con la militarización del Canal de Panamá, la creciente presencia de empresas privadas de seguridad en Haití y la reciente intervención militar en Venezuela, empezada en enero de 2026, integrando un mosaico de formas directas e indirectas de intervención. En conjunto, esas medidas ratifican a Latinoamérica y el Caribe como zona de exclusión imperial de los EE. UU., en la cual se busca limitar sistemáticamente la presencia e influencia de otras potencias globales.

Ese proceso ha sido acompañado por un grave debilitamiento del regionalismo latinoamericano, particularmente en el sector progresista (Mariano et al., 2025). A pesar de que existan problemas comunes – como deportación masiva, sanciones económicas unilaterales y la expansión del crimen transnacional –, se observa una baja capacidad de coordinación política entre gobiernos de izquierda en la región. Al contrario, coaliciones conservadoras y de derecha se han mostrado más rápidas y receptivas hacia las agendas de seguridad impulsadas por los Estados Unidos, como muestran las reacciones coordinadas por parte de países como Argentina y Paraguay ante la redefinición de organizaciones criminales brasileñas como entidades narcoterroristas. Esa desalineación contribuye a la erosión de posiciones históricamente compartidas, incluso en arenas multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde las votaciones en torno al bloqueo de Cuba pasaron a registrar más abstenciones y votos contrarios.

Aunque el discurso de multipolaridad se ha fortalecido en los debates regionales, la realidad de la cooperación militar demuestra un panorama más ambiguo. A pesar de estar fuertemente integrados económicamente con China, países como Brasil y Colombia mantienen altos niveles de alineamientos estratégicos con los EE. UU. en el ámbito de defensa por medio de actividades conjuntas, compras de equipamiento, intercambio doctrinario, misiones de entrenamiento, entre otros. Aun cuando ocurren ajustes puntuales o cancelaciones simbólicas, el núcleo duro de la cooperación sigue intacto, sugiriendo la manutención de lazos estructurales de dependencia militar (Penido et al., 2023). Esa continuidad señala que la multipolaridad, al menos en el ámbito de la seguridad, es significativamente limitada en la región.

A propósito, el concepto de narcoterrorismo cumple un rol central como categoría política movilizadora. Aunque surgió originalmente en Perú, en un contexto de actuación simultánea del Sendero Luminoso y por la expansión del mercado de drogas en los Estados Unidos, el término fue progresivamente generalizado después del final de la Guerra Fría. La literatura crítica apunta a que esa generalización sirvió más a la necesidad estadounidense de replantear a sus enemigos estratégicos en un escenario pos-bipolar, que a los cambios empíricos del fenómeno del narcotráfico, garantizando la continuidad del complejo industrial-militar y de las políticas de securitización. Mientras que asocia el crimen organizado y el terrorismo, el narcoterrorismo amplía su repertorio de acciones coercitivas legitimadas y cambia el debate del ámbito de la política criminal para el de la seguridad nacional (Maciel et al., 2024; Rodrigues, 2025; Tokatlián, 2010).

Sin embargo, los datos empíricos disponibles señalan que la retórica del narcoterrorismo poco se relaciona con las dinámicas reales del tráfico de drogas en la región. Las principales rutas de circulación de estupefacientes siguen relativamente estables y cruzan, en larga medida, países aliados de los EE. UU., no solo en eje del Pacífico, el más intenso – como Ecuador y Perú –, sino también en el Atlántico, por el Caribe y el sur de la Florida (UNODC, 2025). La desvinculación entre el diagnóstico empírico y la formulación de políticas de seguridad refuerzan la interpretación de que el narcoterrorismo maneja sobre todo como dispositivo discursivo.

Colombia es un caso paradigmático de esa lógica. A lo largo de aproximadamente quince años, el país se convirtió en el principal enclave geopolítico de los EE. UU. en Sudamérica, proceso institucionalizado mediante el Plan Colombia. Este programa impulsó la instalación de bases militares, la actualización de doctrinas de enfrentamiento al “enemigo interno”, la intensificación de la cooperación militar y la subordinación de sectores estratégicos de la economía e intereses vinculados a la seguridad (Isacson, 2010; Tickner, 2016). Por más que el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) haya marcado importantes rupturas – como la crítica al genocidio palestino, la reorientación de la política antidrogas y el rechazo a participar de iniciativas de desestabilización venezolana –, esos cambios ocurren bajo fuerte presión externa, evidenciada por la interrupción de ayuda militar y por la retórica estadounidense que clasifica el gobierno colombiano como “narcogobierno”.

Venezuela, a su vez, representa un caso extremo de las estrategias de guerra no convencional en la región. A lo largo de las dos últimas décadas, el país se tornó blanco de un repertorio amplio de tácticas de desestabilización, incluyendo sanciones económicas, operaciones psicológicas, intentos de infiltración institucional, apoyo a protestas violentas, acciones paramilitares y ataques con drones (Curcio, 2019). En enero de 2026, los EE. UU. intervinieron directamente en contra el gobierno venezolano por medio de ataques aéreos a cuatro estados del país que resultaron en una suma aún indefinida de muertos, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y en su transferencia a los Estados Unidos para responder a las acusaciones federales, en una acción fundamentada por Washington como parte de la lucha en contra el narcoterrorismo, pero ampliamente entendida como un intento de cambio del régimen y del control de recursos estratégicos, como el petróleo.

A pesar de que sea difícil apuntar todos los desarrollos de esa escalada, el objetivo central de las acciones estadounidenses han sido subir los costos económicos, políticos y sociales de la sustentación del proyecto chavista, al mismo tiempo que reconfigura la arquitectura de seguridad hemisférica bajo una lógica de normalización de la presencia militar en zonas históricamente sensibles. Igualmente, la experiencia acumulada llevó al Estado venezolano a desarrollar capacidades defensivas híbridas, mezclando fuerzas armadas regulares, milicias populares y la cooperación tecnológica con Rusia y otros aliados extra hemisféricos, aunque esas capacidades hayan sido probadas rigurosamente por la ofensiva externa (Penido, 2026).

En tal sentido, estos elementos muestran que Latinoamérica y el Caribe constituyen un espacio estratégico donde se articulan disputas globales, intereses regionales y dinámicas internas de poder. La militarización de la seguridad, la amplificación de categorías como narcoterrorismo y el debilitamiento de mecanismos regionales de coordinación no son fenómenos aislados, sino partes que integran un mismo proceso: la conversión de la región en zona prioritaria de control político y social de los EE. UU., en un contexto de transición sistémica del orden internacional.

Factores nacionales: Seguridad pública, militarización y disputa política en Brasil

Brasil presenta, hace décadas, indicadores de violencia letal compatibles con contextos de conflicto armado, aunque sin el reconocimiento formal de esa condición. En cifras absolutas, el número de muertes violentas diarias en el país sobrepasa el de muchos países en guerra declarada, sin que ello produzca inflexión proporcionada al diseño institucional de las políticas públicas. Los índices de homicidio siguen estructuralmente altos, con un patrón relativamente estable del perfil de las víctimas: hombres jóvenes, negros, habitantes de áreas urbanas periféricas (Cerqueira y Bueno, 2025). Esa constancia señala que la violencia no puede ser comprendida como un hecho puntual, sino como una característica estructural de la formación social brasileña, profundamente articulada con desigualdades raciales, territoriales y económicas. Así, se trata de violencia crónica, selectiva y políticamente administrada.

En el ámbito de la cooperación internacional, el enfrentamiento al narcotráfico en Brasil ha sido muy influenciado por agencias estadounidenses, como la Central Intelligence Agency (CIA) y la Drug Enforcement Administration (DEA), que subvencionaron y entrenaron a segmentos de la Policía Federal brasileña y de otras fuerzas de seguridad (Villela, 2020). Ese apoyo no se restringió a la capacitación operacional, sino que también integró al financiamiento de estructuras de inteligencia y centro de gestión de datos sensibles, fundamentales para el manejo de operaciones y para la producción de conocimiento estratégico sobre el crimen organizado. Aunque el debate público con frecuencia se enfoca en el entrenamiento militar de oficiales de las fuerzas armadas brasileñas en los EE. UU. – debido a la huella autoritaria de la Escuela de las Américas (una institución de entrenamiento militar creada por los Estados Unidos en 1946, con el fin de formar a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica) –, policías y operadores del sistema de justicia también estuvieron en intercambios internacionales que reproducen patrones similares de colonialismo doctrinario, cooptación institucional y dependencia tecnológica (Penido et. al., 2023). Estos procesos contribuyen a la importación acrítica de modelo represivos, con frecuencia desconectados con las dinámicas sociales brasileñas, al paso en que estrechan lazos asimétricos de dependencia política e informacional.

Río de Janeiro es un caso ejemplar de esa lógica. A lo largo de las últimas décadas, el estado fue sometido a series sucesivas de militarización de la seguridad pública, incluyendo operaciones de gran alcance en complejos y favelas, la instalación de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) y, en 2018, la intervención federal en la seguridad pública bajo el gobierno de Michel Temer (2016-2018), al mando del general Walter Braga Netto. El mismo general Braga Netto posteriormente ocupó cargos importantes a lo largo del gobierno Jair Bolsonaro (2019-2022) y concurrió al cargo de vicepresidente. Fue detenido en diciembre de 2024, condenado por el Supremo Tribunal Federal por intento de golpe de Estado, y otros crímenes, inicialmente sentenciado a 26 años de cárcel en régimen cerrado.

A modo de ejemplo, el Complexo do Alemão, gran conjunto de favelas en Río, ya había sido escenario de una ocupación militarizada alrededor de quince años antes de la operación de octubre de 2025, presentada como solución definitiva para el problema de la violencia sin que sus efectos se mantuvieran en el mediano plazo. Valoraciones posteriores apuntan que esas acciones no solo fallaron en disminuir los índices de violencia de forma sostenible, sino que además contribuyeron a la consolidación de las facciones criminales, el refuerzo de la letalidad policial y la normalización de prácticas de excepción (Magaloni et. al., 2020; Rodrigues y Armstrong, 2019). La posterior detención de Braga Netto por involucramiento en el intento de golpe de Estado aclara los riesgos de recurrir a soluciones militarizadas para problemas de naturaleza civil, así como sobre la permeabilidad entre agendas de seguridad y proyectos autoritarios de poder.

La operación policial de octubre de 2025 debe ser comprendida bajo este contexto histórico e institucional. Pese a la retórica oficial que presenta operaciones policiales como soluciones técnicas al crimen organizado, el análisis político apunta que las acciones señaladas sirven a propósitos estratégicos más amplios. En el caso reciente ocurrido en Río de Janeiro, la operación de 28 de octubre de 2025 tuvo redadas simultáneas en grandes complejos de favelas de la zona norte de la ciudad, empleando efectivos masivos, material bélico pesado y apoyo aéreo, resultando en decenas de muertes en pocas horas. Con más de una centena de muertos, esos cuerpos cumplen un propósito pedagógico: producen miedo, disciplinan territorios y señalan, de forma ejemplar, los límites de la ciudadanía para poblaciones racializadas y periféricas, reafirmando la violencia estatal como mecanismo de gobierno (Batista, 2003; Misse, 2010).

Aunque formalmente avalada como acción en contra el crimen organizado, la operación no ha producido pruebas claras de desarticulación de las facciones, reforzando la lectura de que su objetivo principal no era el control territorial del crimen, sino la producción de efectos políticos. Esta operación ocurrió en un momento sensible: después de encuentros diplomáticos de alto nivel del presidente Lula con Trump y en vísperas de la realización de la COP-30, la apuesta más grande de la política exterior brasileña. El impacto simbólico fue inmediato: imágenes de una masacre urbana circularon internacionalmente, desplazando la atención del debate ambiental hacia una narrativa de caos e inseguridad. Externamente, ese escenario reforzó a la doctrina estadounidense de combate al llamado “narcoterrorismo”, legitimando discursivamente soluciones militarizadas. Internamente, la operación y su producción de “cuerpos pedagógicos” contribuyeron para la recomposición de la extrema-derecha tras derrotas políticas recientes, recentralizando la seguridad pública en la agenda electoral de 2026 y difundiendo el miedo como instrumento de movilización social.

En medio de ese escenario, la relación entre el gobierno federal y los estados revela fragilidades estructurales en el pacto federativo brasileño en el ámbito de la seguridad. A pesar de que el presidente de la República sea frecuentemente visto como el encargado último del orden público, los instrumentos coercitivos se quedan, en gran medida, fuera de su control directo (Ávila, 2025; Souza et al., 2024). Históricamente, Lula adopta una postura de negociación en frente de corporaciones que operan según lógicas de jerarquía y disciplina, lo que limita su capacidad de comando efectivo sobre los aparatos de fuerza. Esa ambigüedad se torna particularmente visible cuando se ve la descoordinación entre el discurso internacional del gobierno – como la condena del genocidio palestino en las Naciones Unidas – y decisiones administrativas internas, como la adquisición de equipamientos israelíes para la Policía Federal, el Ibama (entidad federal de protección de fauna y flora) y el sistema penitenciario, bajo licitación de la Polícia Rodoviária Federal de 2022.

En la operación policial de octubre de 2025, el gobernador Cláudio Castro adoptó una estrategia de ofensiva política: declaró aislamiento del estado, se negó a solicitar una operación de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) y atribuyó al Poder Judicial – en especial a la ADPF das Favelas (una Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADPF) interpuesta por el Ministerio Público Federal en 2017) – la responsabilidad por el fortalecimiento del Comando Vermelho. Al hacerlo, desplazó el conflicto del nivel operacional al nivel institucional, movilizando gobernadores de oposición y erosionando el tercer poder. Esa narrativa genera tensión sobre la separación de los poderes y traslada el debate de la eficacia de las políticas públicas hacia una disputa institucional (Gervasoni y Silveira, 2025).

Desde el punto de vista de la teoría estratégica, la elección del momento y del terreno de conflicto político es central. Aunque la literatura militar clásica, como Clausewitz (1996), subraya la superioridad de defensa frente al ataque – debido al control territorial –, la iniciativa política permite que la ofensiva defina la agenda, el escenario de confrontación y el ritmo del conflicto. Al atacar en un contexto pre-COP y bajo fuerte visibilidad internacional, el gobierno estatal de Río maximizó sus logros políticos, incluso frente a resultados operacionales dudosos.

La izquierda brasileña, simultáneamente, hace frente a dificultades históricas para formular y sostener una agenda sólida de seguridad pública. Esas dificultades preceden a la operación de octubre y revelan un déficit estructural de formulación y comunicación. En el nivel práctico, propuestas como la PEC da Segurança (PEC es un acrónimo en portugués para “propuesta de enmienda constitucional”) avanzaron despacio, mientras políticas demostrablemente eficaces, como la utilización de cámaras corporales en policiales, enfrentan resistencia corporativa y política. En el nivel discursivo, ambigüedades y negativas – como la controversia alrededor de denotar criminales como “víctimas del sistema” – debilitan la capacidad de comunicación con una sociedad profundamente impactada por el miedo de la violencia (Soares, 2024). Sondeos de opinión indican que la seguridad pública es la principal preocupación de cerca de un tercio de la población, centralizando electoralmente el tema (G1, 2025).

Ese escenario es particularmente fértil para el empleo de estrategias de guerra no convencional, que exploran las contradicciones reales en el interior de la clase trabajadora. El miedo de violencia urbana sirve como potente vector de movilización política, capaz de legitimar políticas represivas incluso cuando sus resultados sean empíricamente frágiles. Ese fenómeno se fundamenta en los estudios de Kaldor (2012) de “new wars”, según los cuales los conflictos contemporáneos mezclan violencia organizada, terrorismo y prácticas criminalizadas para producir miedo y control social en contextos políticos complejos. Bajo ese enfoque, el imperialismo contemporáneo opera en medio de actores nacionales, alianzas subnacionales y flujos opacos de información e inteligencia. La ausencia de una fuerte narrativa alternativa deja que discursos moralizadores y bélicos se presenten como únicas soluciones posibles al problema, opacando al debate sobre inteligencia policial, prevención, integración institucional y control democrático de la fuerza.

En suma, la militarización de la seguridad pública en Brasil no puede ser comprendida solamente como una solución técnica al crimen organizado. Se trata de un fenómeno profundamente entrelazado por disputas políticas, dinámicas federales e influencias internacionales. Al priorizar operaciones espectaculares y de alto costo humano, el Estado brasileño refuerza un ciclo de violencia que, lejos de socavar el crimen organizado, contribuye para su adaptación y resiliencia, al mismo tiempo en que profundiza desigualdades, desplaza el debate público y debilita la democracia.

Operacionalización, gobernanza y alternativas a la militarización

Antes que se haga un debate normativo o institucional, es necesario definir los límites operacionales de las operaciones de seguridad pública recientes, sobre todo las conducidas en Río de Janeiro. Análisis táctico-operacionales preliminares realizados inmediatamente después de los eventos, hechas por especialistas – como la profesora Jacqueline Muniz (2025) – señalan que la operación de octubre de 2025 presentó errores significativos de concepción y ejecución. Entre los principales problemas señalados se destacan la ausencia de aislamiento efectivo del perímetro, la priorización de la confrontación letal en lugar de la captura de sospechosos, el empleo de tácticas de exterminio que obstaculizan la producción de inteligencia posterior, la no preservación correcta de la escena del crimen y de los cuerpos, así como la ausencia o precariedad de archivos audiovisuales de las acciones.

Incluso en la guerra interestatal, la táctica de cerco deja una ruta de escape para el enemigo/criminal con el fin de efectuar capturas, ya que estas proporcionan, informaciones de primera mano sobre el oponente. La táctica utilizada por BOPE (grupo especial de la policía militar de Río) de “muro humano” en la selva es similar a la utilizada en los años 1970 en Araguaia, pero en aquella época se llamaba “martillo y yunque” – “Martelo e bigorna” en portugués (Barros, 2006). En esa táctica, no se detiene a nadie, se elimina. Lamentablemente, la táctica es un buen ejemplo de cómo nuestra incapacidad de saldar las cuentas con el pasado hace que este se mantenga vivo y presente.

Además, es necesario considerar el contexto interno de las fuerzas de seguridad. Así como la clase trabajadora en general, policiales y militares presentan altos niveles de enfermedad psíquica. En Brasil, por ejemplo, murieron más policiales por suicidio que en enfrentamientos (Ozima, 2024), y en el Ejército hubo un aumento de un 40% en la búsqueda por apoyo psicológico desde 2020 (Budeguer, 2025). Eso ocurre en una cultura que mezcla gran presión, bajos sueldos, rigidez jerárquica, mito de la invulnerabilidad y baja probabilidad de penalización de superiores acosadores. De manera diferente del Ejército, la policía actúa en régimen de disponibilidad inmediata y no sostiene grandes operaciones por largos períodos. Estos elementos demuestran que las fallas operacionales no provienen solamente de limitaciones tácticas, sino de un contexto institucional más amplio que debilita la capacidad de ejecución.

Sin embargo, todos estos problemas solamente podrían ser rotulados como “fracaso operacional” si se parte de la premisa de que el objetivo político de la operación era, efectivamente, la reducción de la criminalidad o el enfrentamiento estructural del crimen organizado. Cuando la operación es analizada partiendo de sus efectos políticos – ampliación del capital político, difusión de miedo social y reposicionamiento de la agenda política alrededor de la seguridad –, su racionalidad se vuelve evidente. En ese sentido, cabe recordar que los aspectos tácticos y operacionales siempre son dependientes de los niveles estratégico-político.

Esa subordinación de lo operacional a lo político también ayuda a comprender errores frecuentes en el diagnóstico del problema. El crimen organizado en Brasil no amenaza a la soberanía estatal ni configura un “Estado paralelo” (Santos y Fachin, 2020). Facciones como el Comando Vermelho operan con la finalidad fundamental económica, ejerciendo violencia de modo local e instrumental, sin la pretensión de disputar legitimidad política con el Estado. Además, su reproducción está condicionada, en gran medida, por las estructuras estatales – financieras, penitenciarias y administrativas – por donde circulan recursos e informaciones.

Desde el punto de vista organizativo, esas facciones operan de modo descentralizado, como agrupamientos irregulares. La experiencia histórica demuestra que, en ese tipo de configuración, la eliminación o detención de liderazgos específicos producen efectos marginales y temporales. Enfoques robustos sobre la dinámica del “crimen organizado” en Brasil sustituyen narrativas superficiales por nociones de gobernanza criminal, en la que las facciones – aunque ejerzan ambiciones de hegemonía territorial y de monopolio de mercados ilegales – no se organizan como un Estado paralelo monolítico, sino como redes adaptativas con múltiples relaciones interdependientes con actores sociales y estatales (Muniz y Dias, 2022). Nuevos liderazgos tienden a emerger rápidamente, con frecuencia en medio a escaladas de violencia con fines de afirmar el control territorial y la autoridad interior, nutriendo ciclos continuos de confrontación.

Asimismo, el crimen organizado observa e incorpora aprendizajes de guerra contemporánea. La difusión de tecnologías, tácticas y dispositivos – como drones, barricadas y trampas improvisadas – ocurre en un contexto de carrera armamentista con las fuerzas de seguridad (Russo et al., 2023). El resultado es un clásico dilema de seguridad: policía y facciones se quedan progresivamente más armadas, mientras que la población se vuelve más vulnerable.

Finalmente, la adopción de tácticas de cerco y eliminación, similares a las utilizadas en conflictos internos durante la dictadura militar, revela la persistencia de la doctrina del enemigo interno. Esas tácticas, que priorizan a la muerte en lugar de la captura, no producen inteligencia, no desarticulan redes criminales y evidencian que el problema no se reduce a la “desmilitarización de la policía”, sino a la necesidad de desmilitarizar al sistema de seguridad pública en su totalidad. Esa centralidad de la violencia letal como mecanismo de control social está insertada en una lógica necropolítica que no es accidental, sino institucional. Según Spesny (2024), al analizar a la genealogía de la violencia policial en Brasil, la estructura legal e institucional de las fuerzas policiales sostiene y normaliza a la violencia letal como modo de gestión de la población, en particular de aquellos considerados “peligrosos”.

A partir de este escenario, el enfrentamiento de la violencia en Brasil revela un dilema estructural: aunque haga consenso sobre la necesidad de acción estatal, la elección entre soluciones militarizadas o políticas de prevención social siguen generando tensiones, mientras que los altos índices de letalidad especialmente contra hombre negros se mantienen. Los datos que componen el Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública [FBSP], 2025) demuestra que operaciones ostentosas y de corto plazo, basadas en la utilización intensiva de la fuerza, no producen efectos sostenibles sobre los indicadores de criminalidad y tienden a elevar la letalidad policial, especialmente en territorios periféricos.

En ese sentido, la literatura especializada sobre política criminal y sistema penitenciario convergen al señalar que el encarcelamiento masivo, así como opera en Brasil, no ejerce tareas de resocialización ni de prevención efectiva de la reincidencia (Adorno y Salla, 2007; Silvestre, 2012). Evidencias empíricas acumuladas demuestran que el sistema penitenciario brasileño falla en promover la reinserción social y laboralmente de individuos privados de la libertad, operando, de hecho, como un espacio de socialización criminal y fortalecimiento de redes ilícitas. Así, la experiencia en la cárcel tiende a producir trayectorias criminales más complejas y organizadas, contribuyendo a la reproducción y expansión del crimen organizado, en lugar de su contención (Andrade et al., 2015). En otras palabras, las cárceles terminan funcionando como agencias de recursos humanos del crimen organizado.

En contraposición, experiencias asociadas a mejores resultados combinan la utilización calificada de inteligencia con análisis criminal, políticas preventivas orientadas hacia el territorio y mecanismos de control y transparencia institucional, incluyendo el fortalecimiento de las corregidurías y del monitoreo financiero, penalizando aquellos que ordenan o practican ejecuciones y crímenes de cuello blanco relacionados a la criminalidad. La ausencia de accountability – expresada en la baja tasa de aclaración de muertes provenientes de intervención policial y en la fragilidad de las corregidurías – compromete la legitimidad de la acción estatal y profundiza ciclos de violencia, reforzando la necesidad de gobernanza democrática de la fuerza como componente central de la política de seguridad pública.

Además, hay una sobrevaloración del control institucional sobre los militares, desatendiendo a los instrumentos que les otorgan superioridad, sobre todo el armamento y el equipaje bélico. En Brasil, este monitoreo es realizado principalmente por organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación, como Fogo Cruzado, Igarapé e Instituto Sou da Paz, independiente de la orientación política. Aunque los titulares han subrayado la presencia de armamentos de origen venezolano, argentino y peruano entre las armas aprehendidas (Soares y Vieira, 2025), parte significativa del armamento bajo control del crimen organizado en el país es de fabricación nacional. Operaciones recientes, como la Operação Forja en Río de Janeiro, desmantelaron esquemas que producían miles de fusiles anualmente (Brasil, 2025), reforzando la importancia de políticas de control de armas para añadir a estrategias de prevención social y gobernanza democrática de la fuerza.

La población de las comunidades se ha organizado autónomamente para intentar sobrevivir en ese escenario de conflicto, produciendo informaciones que, incluso, fueron utilizadas en operaciones. Aplicativos como el “Pega a visão” y redes entre habitantes de comunidades, como en la Maré, demuestran que, presionados por la criminalidad organizada por un lado, y por la policía violenta y corrupta del otro, la lógica de autodefensa se pone como posibilidad de supervivencia. En el contexto de Río de Janeiro, “Pega a Visão RJ” aparece con más frecuencia como un canal en las redes sociales y una extensión interactiva en el Google Maps, creada por la propia comunidad, que mapea áreas de riesgo, dominadas por facciones criminales y milicias, con el fin de alertar a motoboys, motoristas de aplicativo y habitantes sobre las zonas peligrosas. Esa herramienta fue creada a partir de relatos e informaciones colectivas de habitantes y trabajadores locales y se viralizó con millones de visualizaciones.

Frente a esa situación, la izquierda debe asumir más gran control sobre los instrumentos de violencia, humanos o materiales, como bandera política, en lugar de enfocarse solamente en debates sobre causas estructurales, en un escenario en el cual el papel de gobernanza federal y estadual siguen siendo decisivos para la configuración de la seguridad pública en Brasil. La fragmentación del pacto federativo, sumado a la politización de las fuerzas policiales, con frecuencia resulta en acciones de alto impacto mediático, en perjuicio de estrategias de prevención e inteligencia en el largo plazo. En ese contexto, los gobernadores tienden a capitalizar políticamente operaciones vistas como bien hechas, mientras fracasos operacionales son desplazados para el gobierno federal o para el Poder Judicial, explotando lagunas institucionales del federalismo. Así, la formulación de una política efectiva de seguridad pública requiere una postura estatal más propositiva, capaz de proponer soluciones a las demandas inmediatas de protección de la población sin recurrir a encuadres simplificadores o punitivistas.

De igual importancia, según Sousa et al. (2024), la militarización de la seguridad pública y la adopción acrítica de patrones de actuación inspirados en doctrinas extranjeras refuerzan una lógica de estado de excepción permanente, en la cual medidas extraordinarias se vuelven rutinarias, comprometiendo derechos y perpetuando políticas punitivistas de corto plazo. Este marco propende a contribuir con distorsiones analíticas significativas, a medida en que confunden fenómenos distintos bajo la misma categoría de amenaza, como ocurre cuando el crimen organizado brasileño es interpretado a partir de marcos conceptuales particulares del terrorismo. En el caso del Comando Vermelho, su surgimiento histórico está asociado a decisiones institucionales tomadas durante la dictadura militar – principalmente la convivencia forzada entre detenidos comunes y detenidos políticos – y a errores posteriores del orden democrático, como la política de transferencia interestatal de liderazgos criminales, que contribuyó a su nacionalización. Así, el mismo es producto de la confusión estatal entre diferentes tipos criminales.

Es necesario desplazar el enfoque de la seguridad pública del espectáculo de la fuerza hacia la construcción de capacidades estatales legítimas y duraderas. Estrategias basadas en inteligencia, prevención social y control democrático de la fuerza no solo presentan mejores resultados empíricos, sino también fortalecen la democracia y reducen desigualdades. La militarización, aunque políticamente rentable en el corto plazo, se revela incapaz de responder a la complejidad estructural de la violencia en el país, produciendo altos costos humanos, sociales e institucionales.

Consideraciones finales

El análisis desarrollado a lo largo de este texto subrayó que la violencia urbana no puede ser comprendida solamente como un fenómeno local o criminal: ella es atravesada por decisiones políticas, intereses económicos y disputas geopolíticas que traspasan fronteras. Las operaciones militares y policiales de gran impacto operan como microcosmos de una lógica global de militarización, un tipo de showroom (vitrina) donde la letalidad selectiva, la profesionalización del crimen y la utilización de tecnologías de vigilancia reflejan tendencias internacionales, mientras que profundizan desigualdades sociales y raciales.

Simultáneamente, el estudio evidencia que la militarización y la utilización política de la violencia, cuando instrumentalizados para fines electorales o estratégicos, corroen la legitimidad de las instituciones y producen ciclos de violencia que retroalimentan la inseguridad. El desafío no se limita a la adopción de nuevas tecnologías o al incremento de efectivos: es indispensable un control democrático sobre los instrumentos de la fuerza, la construcción de políticas públicas integradas y basadas en evidencias, y el fortalecimiento de la responsabilización y transparencia en todos los campos de acción del Estado.

La polarización entre explicaciones exclusivamente estructurales de la violencia y respuestas centradas solamente en sus efectos inmediatos se revela insuficiente para orientar la acción gubernamental. Por consiguiente, se torna central disputar el modelo de seguridad pública en el nivel técnico y comunicacional, demostrando que estrategias basadas en inteligencia, integración interinstitucional, control democrático de la fuerza y regulación responsable de la comunicación producen mejores resultados que la militarización, el encarcelamiento masivo y el endurecimiento penal. En un escenario marcado por disputas de narrativas y operaciones psicológicas, la construcción de la paz demanda no la preparación permanente para la guerra, sino el fortalecimiento de capacidades estatales y sociales orientadas hacia la protección de la vida, a la reducción de daños y a la legitimación democrática de la acción pública.

En términos de políticas públicas, los hallazgos de esta investigación sugieren la necesidad de desplazar el eje de la seguridad pública desde modelos militarizados y reactivos hacia estrategias basadas en inteligencia, prevención social, coordinación federativa y control democrático de la fuerza. Esto implica fortalecer mecanismos de accountability policial, ampliar la transparencia institucional, consolidar políticas de reducción de daños y revisar doctrinas operacionales fundamentadas en la lógica del enemigo interno. Del mismo modo, resulta fundamental limitar la utilización excepcional de instrumentos militarizados en tareas de seguridad pública, especialmente en territorios periféricos históricamente sometidos a regímenes diferenciados de control y violencia estatal. Más que ampliar capacidades coercitivas, el desafío consiste en construir capacidades estatales legítimas y democráticas orientadas a la protección de la vida y a la reducción estructural de desigualdades sociales y raciales.

Hay que destacar que, a pesar de inmensas dificultades, las comunidades cariocas no son simples receptoras pasivas de las acciones del Estado. En paralelo a las operaciones de gran impacto, la población moviliza estrategias de resistencia y defensa territorial, evidenciando que la seguridad no es solamente una prerrogativa estatal, sino también una construcción social situada, producida a partir del cuidado con la vida. Pequeños gestos de organización comunitaria y solidaridad cotidiana funcionan como formas de contención simbólica y formal de la violencia, manteniendo la capacidad de acción colectiva frente a estructuras de poder profundamente desiguales. Entre brutalidad y resiliencia, Río se revela simultáneamente como espacio de vulnerabilidad extrema y de resistencia persistente.

Desde la perspectiva de las organizaciones sociales y de los movimientos populares, el análisis evidencia la importancia de fortalecer redes territoriales de solidaridad, producción autónoma de información y mecanismos comunitarios de protección y denuncia. Experiencias desarrolladas en las periferias de Río de Janeiro muestran que las comunidades no actúan solamente como víctimas pasivas de la violencia, sino también como sujetos políticos capaces de producir formas de resistencia, monitoreo y cuidado colectivo frente a dinámicas estatales y criminales. En este sentido, iniciativas de articulación comunitaria, observatorios de violencia, tecnologías populares de alerta y redes de apoyo territorial constituyen prácticas relevantes tanto para la defensa de derechos humanos como para la construcción de formas más democráticas de seguridad. La disputa sobre la seguridad pública, por lo tanto, no ocurre únicamente en el plano institucional, sino también en el cotidiano de las comunidades y en la capacidad de organización social frente a la militarización.

Por último, futuras investigaciones pueden profundizar diferentes dimensiones apenas señaladas en este trabajo. Entre ellas, destacan la relación entre militarización urbana y disputas geopolíticas hemisféricas; el papel de las tecnologías de vigilancia, plataformas digitales y sistemas de inteligencia en la gestión contemporánea de la seguridad; las conexiones entre guerra híbrida, operaciones psicológicas y producción de miedo social; así como estudios comparados sobre militarización y seguridad pública en América Latina y el Caribe. También resulta particularmente relevante investigar de forma más sistemática los vínculos entre políticas de seguridad, ciclos electorales y erosión democrática, especialmente en contextos de ascenso de extremas derechas y debilitamiento de mecanismos de control civil sobre los aparatos coercitivos del Estado.

En términos simbólicos, Río de Janeiro sigue siendo un río que corre entre la esperanza y el dolor. Sus aguas recuerdan que la violencia y la política no pueden ser separadas de la experiencia humana, y que comprender lo local demanda también comprender lo global. Las curvas del río, entonces, se vuelven en metáfora de una trayectoria posible: políticas de seguridad que concilien protección efectiva, derechos humanos y participación ciudadana, sin renunciar del análisis crítico sobre las relaciones de poder que atraviesan a Latinoamérica y, en especial, a Brasil. El corazón humano, como en la alegoría inicial, permanece en la curva del (R)río: vulnerable, pero capaz de resistir, cuidar y transformar.

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