Artículos
Recepción: 02 junio 2025
Aprobación: 17 junio 2026
Resumen: Este artículo presenta un diagnóstico territorial de las condiciones socioeconómicas de la provincia del Chaco a partir del procesamiento de información proveniente de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 2010 y 2022. Mediante la construcción y sistematización de indicadores a escala municipal, se analizan dimensiones vinculadas a las condiciones habitacionales, la estructura demográfica, el mercado laboral y distintas manifestaciones de la pobreza estructural. El estudio permite identificar heterogeneidades territoriales significativas al interior de la provincia, visibilizando desigualdades y patrones espaciales que suelen permanecer ocultos en los indicadores agregados. Los resultados aportan evidencia empírica relevante para fortalecer los procesos de diagnóstico, planificación y priorización de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial.
Palabras clave: desarrollo territorial, políticas públicas locales, desigualdades regionales.
Abstract: This article presents a territorial diagnosis of the socioeconomic conditions of the province of Chaco based on the processing of data from the 2010 and 2022 National Population, Household and Housing Censuses. Through the construction and systematization of indicators at the municipal level, the study analyzes dimensions related to housing conditions, demographic structure, the labor market, and different manifestations of structural poverty. The analysis makes it possible to identify significant territorial heterogeneities within the province, bringing to light inequalities and spatial patterns that often remain hidden in aggregate indicators. The findings provide relevant empirical evidence to strengthen diagnostic, planning, and prioritization processes for public policies aimed at territorial development.
Keywords: territorial development, local public policies, regional inequalities.
Introducción
La comprensión de las condiciones socioeconómicas provinciales es crucial para diseñar políticas públicas eficaces en contextos de heterogeneidad territorial como el argentino. Las brechas persistentes entre regiones del país reflejan no solo diferencias coyunturales, sino también la incidencia de factores estructurales que condicionan el bienestar de la población. Investigaciones previas han abordado las disparidades regionales en Argentina, resaltando el impacto de factores estructurales como la informalidad laboral, el acceso desigual a infraestructura básica y la concentración de oportunidades económicas en el centro del país (Ferrero, 2022; Amarilla, 2023; Lorenzín 2024). No obstante, la evolución reciente de estos indicadores en Chaco ha recibido escasa atención académica, particularmente en relación con los cambios en la estructura demográfica y habitacional. En este contexto, el presente artículo contribuye al estudio de las desigualdades territoriales mediante un diagnóstico actualizado de las condiciones socioeconómicas de la provincia del Chaco.
El análisis de indicadores desagregados —por ejemplo, por departamento, ciudad o grupos etarios— resulta fundamental para identificar desigualdades internas y heterogeneidades que se pierden en los promedios agregados. Sin embargo, este enfoque conlleva limitaciones metodológicas relevantes: la disponibilidad de datos a escalas finas puede ser restringida, los tamaños muestrales reducidos incrementan la varianza de las estimaciones y, en ocasiones, la periodicidad de las fuentes no permite capturar dinámicas de corto plazo.
El análisis de una provincia periférica como Chaco resulta particularmente relevante. Estas jurisdicciones, alejadas de los centros de mayor densidad económica, suelen experimentar brechas históricas en infraestructura, mercado laboral y acceso a servicios básicos. Analizar su evolución permite visibilizar desafíos que, aunque compartidos por otras regiones del Norte Grande, permanecen subrepresentados en la literatura académica y en el diseño de políticas nacionales.
En consecuencia, la disponibilidad de datos actualizados y completos, como los provistos por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, constituye un insumo indispensable. Este operativo, al relevar a la totalidad de la población, posibilita medir con precisión cambios demográficos, condiciones habitacionales y coberturas de servicios, y ofrece una base sólida para la evaluación y planificación de políticas públicas orientadas a reducir desigualdades estructurales.
A partir de estas premisas, el estudio integra información sobre vivienda, dinámica demográfica, mercado laboral y pobreza estructural, con el fin de proporcionar un diagnóstico socioeconómico actualizado de la provincia del Chaco. De este modo, se busca no solo describir la realidad provincial, sino también aportar evidencia empírica y actualizada que sirva de fundamento a intervenciones de política que optimicen la asignación de recursos públicos en función de la evidencia.
El artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta el marco conceptual y los antecedentes relevantes. Luego se describen las fuentes de información y los criterios metodológicos utilizados para la construcción de los indicadores. Posteriormente se analizan las condiciones demográficas y sociohabitacionales, las características del mercado laboral y las dimensiones de pobreza estructural. Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas implicancias para la formulación de políticas públicas territoriales.
Marco conceptual y antecedentes
La comprensión de las dinámicas socioeconómicas en territorios con marcadas heterogeneidades espaciales requiere un enfoque que trascienda los promedios provinciales o nacionales. En provincias periféricas como Chaco, las brechas en infraestructura, empleo formal y acceso a servicios básicos han generado patrones de desarrollo desiguales entre municipios, lo que limita la efectividad de políticas públicas uniformes. En este contexto, el análisis desagregado permite identificar diferencias locales que los promedios generales tienden a enmascarar, ofreciendo así una perspectiva más precisa de los factores que condicionan las oportunidades y restricciones económicas y sociales.
El estudio de estas disparidades a nivel municipal posibilita examinar cómo se distribuyen los recursos y las oportunidades dentro de la provincia, así como evaluar la persistencia o la evolución de las desigualdades a lo largo del tiempo. Este enfoque reconoce que las condiciones de vida no solo dependen del nivel de ingresos o del acceso a infraestructura, sino también de la interacción de factores históricos, institucionales y geográficos que configuran contextos diferenciados de desarrollo De este modo, un análisis territorializado constituye un insumo relevante para el diseño de estrategias de desarrollo adaptadas a las particularidades locales, favoreciendo la formulación de políticas públicas más consistentes y efectivas.
La necesidad de adoptar esta mirada se refuerza por la disponibilidad de nuevas fuentes de información estadística. Los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 2010 y 2022 constituyen la base empírica de este trabajo, ya que su cobertura universal y el acceso a microdatos permiten observar indicadores demográficos, habitacionales y laborales con un nivel de detalle territorial inédito. Este insumo metodológico no solo posibilita contrastar realidades municipales dentro de Chaco, sino también evaluar si las desigualdades históricas en materia de infraestructura, empleo y servicios básicos se han mantenido, reducido o profundizado en los últimos doce años.
Sobre esta base metodológica, resulta pertinente situar el análisis dentro de la literatura económica y social que ha abordado las desigualdades territoriales tanto en el plano internacional como en el nacional. Este anclaje teórico permite vincular la evidencia empírica obtenida con los enfoques que explican por qué las disparidades regionales persisten y qué factores estructurales las condicionan.
El análisis de la desigualdad territorial ha ocupado un lugar central en la literatura económica, con aportes que destacan tanto factores estructurales como dinámicas de largo plazo. Krugman (1991) plantea que las fuerzas de aglomeración y dispersión generan concentraciones económicas que explican la heterogeneidad espacial, enfatizando que las decisiones de localización de empresas y trabajadores producen trayectorias divergentes de desarrollo regional.
En una línea complementaria, Rodríguez-Pose (2018) sostiene que las diferencias en infraestructura y en capacidad institucional determinan no solo la atracción de inversiones y empleo, sino también la persistencia de brechas entre territorios. A esta perspectiva se suma la aproximación de Sen (1999), quien entiende la desigualdad más allá de los ingresos, destacando la importancia de evaluar capacidades y libertades efectivas de los individuos, lo que refuerza la necesidad de un enfoque territorial desagregado que contemple la diversidad de oportunidades.
En el plano nacional, investigaciones previas han documentado la existencia de marcadas asimetrías regionales en Argentina. Ferrero y San José (2020) subrayan el rol de la informalidad laboral, el acceso desigual a infraestructura básica y la desconcentración de oportunidades económicas en la configuración de brechas persistentes en provincias periféricas. No obstante, la literatura reciente muestra un déficit de estudios que incorporen los resultados del Censo 2022 y que, al mismo tiempo, se focalicen en provincias como Chaco, caracterizadas por rezagos históricos en materia de empleo, servicios y pobreza estructural.
Finalmente, diversos trabajos metodológicos resaltan el valor de integrar fuentes estadísticas complementarias. Gauna, Roggi y Zuloaga (2020) argumentan que la combinación de datos censales con registros administrativos y encuestas de hogares contribuye a superar limitaciones de cobertura, precisión y actualización, ampliando así la comprensión de dimensiones críticas como calidad del empleo, acceso a servicios de salud y educación o condiciones habitacionales. Esta perspectiva multisectorial enriquece la caracterización de los territorios y aporta insumos para comprender cómo interactúan factores materiales e institucionales en la configuración de desigualdades locales.
En conjunto, estos antecedentes muestran que las brechas territoriales responden a un entramado complejo de factores económicos, sociales e institucionales, cuya manifestación específica varía entre provincias y municipios. Por ello, la actualización de la evidencia empírica con base en los censos recientes no solo dialoga con la literatura internacional y nacional existente, sino que también abre la posibilidad de identificar patrones diferenciados dentro de Chaco, aportando elementos novedosos al debate académico y a la formulación de políticas públicas.
La revisión conceptual y empírica presentada permite subrayar que las desigualdades territoriales no pueden comprenderse únicamente a partir de promedios agregados, sino que requieren de un análisis desagregado que visibilice contrastes locales. La literatura internacional muestra que las dinámicas de aglomeración, las capacidades institucionales y las oportunidades efectivas condicionan de manera decisiva las trayectorias de desarrollo. Por su parte, los estudios nacionales han documentado la persistencia de brechas estructurales en provincias periféricas, aunque aún existe un déficit de investigaciones que utilicen los datos del Censo 2022 para evaluar estas dinámicas en escalas subprovinciales.
En este marco, el presente artículo se propone contribuir a llenar ese vacío empírico mediante un análisis comparativo a nivel municipal en la provincia de Chaco, articulando la información de los Censos de 2010 y 2022. El objetivo es caracterizar la evolución de indicadores demográficos, habitacionales y laborales, identificando municipios que han logrado mejoras sostenidas frente a aquellos en los que persisten rezagos estructurales. Esta estrategia analítica permite captar la heterogeneidad interna de la provincia y, al mismo tiempo, aportar evidencia empírica que enriquezca el debate académico sobre desigualdad regional.
El aporte central de este enfoque reside en ofrecer un diagnóstico territorial que no solo actualiza la información disponible, sino que también constituye un insumo estratégico para la formulación de políticas públicas. Al situar la mirada en los municipios, se busca evitar intervenciones uniformes que pueden resultar ineficaces en contextos de alta heterogeneidad, promoviendo en su lugar estrategias diferenciadas y adaptadas a las particularidades locales.
Condiciones demográficas y sociohabitacionales
El análisis de la estructura habitacional y demográfica resulta central para caracterizar las condiciones de vida de la población y comprender las transformaciones sociales ocurridas en un territorio determinado. En ese sentido, los datos provenientes de los censos nacionales de población, hogares y viviendas de 2010 y 2022 permiten identificar cambios en patrones residenciales, dinámicas poblacionales, así como transiciones en la composición por edades, entre otros aspectos relevantes.
En esta sección se abordan tres indicadores que permiten aproximarse a dicha caracterización desde una perspectiva comparativa y descriptiva al interior de la provincia del Chaco. En primer lugar, se examina el porcentaje de hogares con vivienda propia, indicador asociado a la estabilidad residencial, las trayectorias patrimoniales y las condiciones de acceso a la vivienda.
Desde el punto de vista demográfico, se incorpora la estructura etaria de la población, desagregada por grandes grupos de edad, con el objetivo de identificar procesos de envejecimiento, rejuvenecimiento o estancamiento de la pirámide poblacional entre ambos censos. Finalmente, se incluye el análisis de la maternidad en edades tempranas, atendiendo a su persistencia en el tiempo y su vinculación con desigualdades sociales, educativas y territoriales.
Porcentaje de Hogares con Vivienda Propia
El indicador que mide el porcentaje de hogares que poseen vivienda propia en cada provincia se utiliza para evaluar la situación habitacional y socioeconómica de la población. Esta evidencia, al reflejar la capacidad de los hogares para acceder a una propiedad, constituye una medida relevante de las condiciones de bienestar habitacional y socioeconómico de la población. Tener una vivienda propia otorga a los hogares una mayor seguridad y estabilidad económica, ya que elimina la dependencia de alquileres, lo cual es particularmente beneficioso en contextos de alta inflación o volatilidad económica.
La importancia de este indicador radica en su capacidad para revelar diferencias estructurales y de desarrollo entre las provincias. Un alto porcentaje de propietarios está asociado con mejores condiciones de acceso al crédito, políticas de vivienda efectivas, o incluso con una cultura local de preferencia por la propiedad frente al alquiler.
La provincia del Chaco destaca como uno de los territorios con un elevado porcentaje de hogares propietarios, situándose por encima del promedio nacional. Este dato es relevante ya que sugiere, a priori, una mejor capacidad de los hogares en Chaco para acceder a la vivienda propia, lo cual podría estar relacionado con la disponibilidad de tierra y los precios accesibles del suelo, y la concentración de la demanda de viviendas en el centro del país, donde las ofertas laborales son mayores.
El panorama socioeconómico del Chaco suele ubicarse entre los más desfavorables del país en la mayoría de los indicadores, aunque presenta una particularidad llamativa: una elevada proporción de hogares con vivienda propia. Esta aparente contradicción revela la presencia de factores estructurales que alteran la relación tradicional entre ingresos y acceso a la propiedad. En la práctica, el alto porcentaje de propietarios convive con dos fenómenos significativos. Por un lado, muchas viviendas presentan carencias en la calidad de los materiales utilizados en su construcción. Por otro, es frecuente la informalidad en la tenencia, ya que numerosos hogares disponen solo de boletos de compraventa, documentos precarios o incluso carecen de cualquier respaldo legal que acredite la propiedad.
En la Figura 3 se presenta la distribución de la población sin vivienda propia en la provincia del Chaco (2022), segmentada por edad y en relación con el total poblacional. Se observa que la falta de vivienda propia afecta especialmente a los tramos etarios más jóvenes, con una mayor concentración entre los 20 y 40 años. A partir de esa edad, la cantidad de personas sin vivienda propia disminuye progresivamente, en paralelo con el descenso poblacional general. Este patrón sugiere una dinámica vinculada al ciclo de vida, en la que la adquisición de la vivienda se posterga hacia edades más avanzadas, debido a restricciones económicas, precariedad laboral o dificultades en el acceso al crédito.
Estructura etaria
El análisis de la estructura etaria resulta clave para comprender los cambios demográficos de largo plazo y sus implicancias. La distribución por edad de la población no solo refleja dinámicas de natalidad, mortalidad y migración, sino que también condiciona la disponibilidad de fuerza laboral y la presión sobre los sistemas de protección social. En este sentido, comparar la evolución de la pirámide poblacional del Chaco entre 2010 y 2022 permite identificar transformaciones relevantes en la composición de edades, las cuales ofrecen señales sobre procesos de transición demográfica y sobre los desafíos que enfrentará la provincia en materia de políticas públicas.
La Figura 4 compara las distribuciones etarias de la población del Chaco entre los años 2010 y 2022. Se utilizan funciones de densidad suavizadas, lo que permite observar de forma continua cómo se distribuye la población según la edad en cada año.
Se observa una disminución en la proporción de personas menores de 20 años en 2022 respecto de 2010. Esto se refleja en una menor densidad relativa en ese grupo etario en la curva roja (2022). En contraste, se nota un aumento relativo en la proporción de personas entre 20 y 65 años, es decir, dentro de la edad laboral activa. Este comportamiento podría asociarse al envejecimiento de las cohortes observadas en 2010.
Por otro lado, aunque con menor peso en términos relativos, también se observa un leve aumento en la población de mayores de 65 años en 2022, lo que apunta a un proceso de envejecimiento progresivo de la población. Estos cambios en la estructura por edad tienen implicancias importantes para el diseño de políticas públicas, ya que afectan, entre otros aspectos, la demanda de servicios educativos, de salud, y la sostenibilidad de los sistemas de protección social.
Maternidad joven
El fenómeno de la maternidad adolescente constituye un indicador demográfico y social de especial relevancia, ya que refleja tanto las condiciones estructurales de desigualdad como las dinámicas específicas del acceso a derechos sexuales y reproductivos.
El mapa de Argentina de la Figura 5 presenta la cantidad de hijos nacidos en el último año por mujer de 15 a 19 años a nivel provincial. Se observa una marcada concentración del fenómeno en las provincias del norte del país, destacándose Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero entre los territorios con mayores tasas. Estas jurisdicciones presentan valores que oscilan entre 0,11 y 0,18 nacimientos por mujer adolescente, ubicándose en los rangos más elevados de la clasificación. Este patrón territorial sugiere la persistencia de brechas estructurales vinculadas al acceso a educación sexual integral, servicios de salud reproductiva, y oportunidades socioeconómicas, especialmente en regiones históricamente postergadas.
Por su parte, el mapa del Chaco de la Figura 5 profundiza el análisis a través de una desagregación espacial dentro de la provincia, lo que permite identificar marcadas heterogeneidades en su territorio. Se observa una distribución no homogénea del indicador, con ciudades del noroeste provincial que registran valores más elevados —Fuerte Esperanza: 1,38; El Sauzalito: 0,40; El Espinillo: 0,39—, en contraste con algunas áreas del centro-este, donde se evidencian tasas considerablemente más bajas —Resistencia: 0,09; Fontana: 0,15; Barranqueras: 0,11—. Esta dispersión territorial revela desigualdades intraprovinciales que se vinculan con otras dimensiones de la vulnerabilidad social, como el acceso diferenciado a servicios públicos, infraestructura sanitaria y condiciones habitacionales.
El cruce entre ambos mapas permite no sólo contextualizar la situación del Chaco en el escenario nacional, sino también resaltar la necesidad de políticas focalizadas y territorializadas. La alta prevalencia de maternidad adolescente en determinadas ciudades exige intervenciones integrales que articulen políticas de salud sexual, programas de continuidad educativa, y estrategias de prevención desde edades tempranas, con una fuerte presencia estatal en los territorios con mayor incidencia.
Condiciones del Mercado Laboral
El análisis del mercado laboral a escala municipal resulta clave para lograr una comprensión general de las dinámicas de empleo propias de cada localidad. En una provincia como el Chaco, caracterizada por una marcada heterogeneidad socioeconómica, contar con indicadores desagregados permite identificar brechas y desafíos específicos en cada municipio.
Tasa de Informalidad Laboral
La tasa de informalidad laboral permite visibilizar aquellas personas con empleos no registrados, es decir, que se encuentran por fuera del marco regulatorio laboral vigente, careciendo de la protección legal propia de los empleos formales. Esencialmente, el aspecto más relevante de este indicador se vincula con el hecho de que los ocupados informales no realizan aportes al sistema previsional.
La distribución territorial del indicador muestra que Santiago del Estero, Formosa y Chaco registran los valores más elevados de informalidad laboral del país. De hecho, al contrastar el número de trabajadores informales con la totalidad de población ocupada en cada provincia, surge que el porcentaje de este indicador asciende a 65%, 63% y 61% respectivamente.
En el caso de los municipios del Chaco, la tasa promedio de informalidad laboral alcanza el 61%. Sin embargo, 55 de los 70 municipios superan ese valor, destacándose Villa Río Bermejito y Miraflores con un 89%. En contraste, dentro del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) se observan niveles relativamente más bajos: Resistencia registra un 46%, Barranqueras un 56%, Fontana un 61% y Puerto Vilelas un 71%.
Tasa de Actividad
La tasa de actividad mide la proporción de personas en edad de trabajar que participan en el mercado laboral, ya sea a través de un empleo o en la búsqueda activa de uno. En otras palabras, incluye tanto a los ocupados como a los desocupados, ofreciendo una aproximación al grado de incorporación de la población al sistema económico y a la disponibilidad de fuerza laboral en un territorio.
Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, San Juan y Chaco registran los valores más bajos de la tasa de actividad a nivel nacional. Sin embargo, si bien es cierto que Chaco se mantiene entre las provincias con menor participación en el mercado de trabajo, un dato destacado del Censo 2022 es que fue la provincia que más incrementó su tasa de actividad en relación con el 2010. Este crecimiento de la actividad del 2,13%, superior al observado en el resto de las provincias, podría estar asociado tanto a la baja base de comparación registrada en 2010 como a cambios en la estructura demográfica provincial.
La tasa de actividad promedio en la provincia del Chaco es de 59,62%, con 51 de los 70 municipios ubicándose por debajo de dicho valor, y con La Tigra, Villa Río Bermejito y Pampa Almirón registrando los valores más bajos del indicador.
Tasa de población sin empleo
Este indicador se utiliza para referirse a todas las personas que no tienen trabajo, sin importar si están buscándolo o no. Incluye tanto a los desocupados, es decir, quienes se encuentran activamente en la búsqueda de empleo, como a los inactivos dentro de la población en edad de trabajar (18 a 65 años).
Desde una perspectiva descriptiva, este indicador permite complementar la información provista por la tasa de desempleo tradicional, al incorporar a las personas que no participan activamente en la búsqueda de empleo. Asimismo, la tasa de desempleo puede arrojar resultados aparentemente favorables por razones adversas, como sucede cuando una crisis económica prolongada desincentiva la búsqueda activa de trabajo. En provincias como Chaco, así como en otras regiones del NOA y NEA, donde la informalidad laboral es elevada y la búsqueda activa de empleo puede ser limitada, la tasa de desempleo podría mostrar niveles relativamente bajos, sin que ello implique necesariamente una mayor disponibilidad de empleo. En cambio, la tasa de población sin empleo proporciona una representación más amplia de la exclusión del mercado laboral, al incluir a todas las personas que no trabajan, independientemente de su situación de búsqueda de empleo.
Las provincias de Santiago del Estero (39%), Corrientes (39%) y Formosa (38%) registran los valores más elevados de la tasa de población sin empleo a nivel nacional. Chaco por su parte, se ubica en torno al 35%. Al interior de la provincia, son 49 los municipios que se ubican por debajo del valor promedio, con Villa Río Bermejito, Pampa Almirón y El Sauzalito, con una tasa de población sin empleo aproximadamente de 55%, 54% y 51% respectivamente. Por su parte, las localidades que componen el AMGR se ubican todas por encima del promedio: Resistencia con 30% y Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana con un 33%.
Tasa de dependencia
La tasa de dependencia utilizada en el presente análisis se define como la relación entre la población adulta mayor (personas de 65 años y más) y la población en edad de trabajar (18 a 65 años). A diferencia de la tasa de dependencia total, esta medida excluye deliberadamente al grupo de menores de 18 años, ya que el interés radica en capturar específicamente los efectos del envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad del sistema previsional.
Los mapas permiten observar la distribución territorial de este indicador tanto a nivel de departamentos en el conjunto del país como a nivel municipal en la provincia del Chaco. A nivel nacional, se evidencia una heterogeneidad marcada entre regiones: las jurisdicciones del centro y sur del país tienden a registrar valores más elevados, mientras que las regiones del norte muestran una menor proporción relativa de adultos mayores. Esta configuración se asocia a diferencias en los procesos de transición demográfica, migración interna y esperanza de vida.
En el caso del Chaco, cuya tasa de dependencia asciende al 13%, la desagregación municipal revela cierta homogeneidad, con municipios específicos con valores elevados en sus tasas de dependencia, como General Capdevila (27%), General Vedia (26%), y Chorotis (24%). Asimismo, los municipios del noroeste provincial registran tasas de dependencia relativamente más bajas, sugiriendo una estructura demográfica comparativamente más joven. Esta situación podría estar asociada a mayores niveles de fecundidad observados en dichas localidades. Adicionalmente, no puede descartarse la incidencia de procesos migratorios hacia centros urbanos con mayor oferta laboral, los cuales podrían contribuir a modificar la composición etaria de origen.
Condiciones de pobreza estructural
El presente apartado reúne una serie de indicadores orientados a caracterizar diversas dimensiones de la pobreza estructural centrada en los municipios de Chaco. A través de variables como el acceso a servicios básicos (agua y saneamiento), conectividad digital, nivel educativo del hogar, cobertura previsional y sanitaria, se busca ofrecer una lectura integral de las condiciones materiales que configuran situaciones persistentes de vulnerabilidad social. Estos indicadores permiten identificar no solo carencias actuales, sino también restricciones estructurales que limitan las oportunidades de desarrollo de los hogares a lo largo del tiempo.
Pobreza Estructural
El indicador de pobreza estructural se construye para identificar hogares que enfrentan privaciones persistentes en dimensiones esenciales del bienestar, tales como condiciones habitacionales, acceso a servicios sanitarios, escolarización infantil y autosuficiencia económica. Estas carencias, de carácter no coyuntural, permiten captar formas de desigualdad no reflejadas en los ingresos monetarios.
Metodológicamente, el indicador considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza estructural si presenta al menos una de las privaciones establecidas. Es decir, la sola presencia de una deficiencia en cualquiera de las dimensiones evaluadas —como el hacinamiento, la vivienda precaria, la falta de instalaciones sanitarias, la inasistencia escolar o una elevada carga demográfica sin respaldo ocupacional y educativo— es suficiente para clasificarlo dentro de esta categoría. Esta lógica parte del supuesto de que cada dimensión constituye un umbral mínimo indispensable para garantizar condiciones básicas de bienestar sostenidas en el tiempo.
El hacinamiento, definido como más de tres personas por cuarto, limita la privacidad, dificulta la convivencia y afecta tanto la salud como el rendimiento educativo o laboral de los habitantes. La residencia en viviendas inadecuadas —como piezas en inquilinatos o construcciones precarias— revela una situación de inestabilidad material y vulnerabilidad estructural. La carencia de servicios sanitarios básicos compromete la salubridad del entorno y eleva la exposición a enfermedades evitables, con efectos en la salud individual y colectiva.
La exclusión escolar de niños entre 6 y 12 años representa una interrupción temprana en la formación de capital humano, reduciendo las perspectivas de movilidad social y perpetuando trayectorias de vulnerabilidad. Por su parte, la incapacidad de autosustentación —cuando existen cuatro o más personas por cada ocupado y el jefe de hogar no ha completado el tercer grado de educación primaria— indica una baja capacidad de generación de ingresos y una alta dependencia económica.
Este enfoque multidimensional de la pobreza estructural complementa las mediciones tradicionales basadas en ingresos, ofreciendo una lectura más integral de las restricciones que enfrentan los hogares. Los datos censales muestran que, si bien entre 2010 y 2022 se redujo la proporción de hogares afectados por al menos una de estas privaciones, persiste una fuerte desigualdad territorial: la incidencia de la pobreza estructural tiende a incrementarse a medida que se aleja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con niveles particularmente elevados en las provincias del norte del país.
Cuando se analiza la pobreza estructural por ciudades en la provincia del Chaco (Figura 11), se observan importantes heterogeneidades territoriales. El mapa presentado permite identificar una concentración de altos niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el noroeste provincial, particularmente en las localidades que conforman la región del Impenetrable. Esta área, históricamente postergada en términos de infraestructura, acceso a servicios públicos esenciales y oportunidades de desarrollo económico, presenta tasas que superan el 24,9%, alcanzando en algunos casos valores superiores al 30%, según la clasificación utilizada.
Estas disparidades resultan consistentes con la persistencia de desigualdades estructurales a nivel subprovincial, vinculadas tanto a factores históricos como a diferencias en infraestructura, conectividad y acceso a bienes públicos.
Por otro lado, las ciudades ubicadas en el sudeste provincial y en el área metropolitana del Gran Resistencia, como resultado de una mayor concentración de inversiones y de la cercanía a los principales ejes de desarrollo, muestran menores niveles de NBI. Este patrón resulta consistente con un mayor acceso relativo a servicios urbanos esenciales, tales como agua potable, saneamiento, educación y vivienda adecuada.
Vivienda y servicios
El acceso al agua potable, al saneamiento y a condiciones adecuadas de higiene constituye un componente fundamental del bienestar y del desarrollo humano. En Chaco, los municipios con mayor déficit de agua dentro de las viviendas son: El Espinillo (80,6%), Fuerte Esperanza (74,55%), Miraflores (74,5%), Villa Río Bermejito (73,72%), El Sauzalito (65,02%) y Avia Terai (61,86%). En contraste, ocho municipios del sureste presentan tasas significativamente menores, entre 6% y 18%.
Por otro lado, los pozos ciegos o excavaciones constituyen soluciones frecuentes para el tratamiento de los residuos cloacales. Si bien continúan siendo funcionales en áreas rurales, constituyen una modalidad de saneamiento con limitaciones significativas desde el punto de vista sanitario y ambiental debido a sus limitaciones en eficiencia y su impacto ambiental, lo que evidencia la necesidad de optimizar los sistemas de tratamiento y promover alternativas más modernas y sostenibles.
A nivel nacional, el 37,2% de los hogares utiliza pozos ciegos o excavaciones. Se observan diferencias regionales notables: las provincias del centro y sur del país registran entre 1% y 19% de hogares con este sistema, mientras que, en el NOA, Cuyo y NEA más del 49% de los hogares lo emplean en determinadas jurisdicciones. Específicamente, en la Patagonia corresponde al 22,69%, en el centro del país al 35,32% (en CABA, solo 1%), en el NOA al 41,89%, en Cuyo al 49,55% y en el NEA al 54,92%.
Dentro del NEA, Corrientes presenta un nivel relativamente bajo (35,9%), mientras que Misiones alcanza el 65,9%. Chaco se encuentra cercano a este último valor, con un 62,5% de hogares que utilizan pozos ciegos o excavaciones. Entre los municipios chaqueños, Villa Río Bermejito registra 72%, Miraflores alrededor del 69%, y Fuerte Esperanza, Chorotis, Santa Sylvina, Castelli, El Espinillo, El Sauzalito, Quitilipi y Machagai superan el 60%.
El acceso a internet constituye un servicio esencial debido a su incidencia sobre las oportunidades educativas, laborales, comunicacionales y de acceso a servicios públicos y privados En el interior de la provincia, los municipios con menor proporción de hogares conectados son Fuerte Esperanza (91,67% de hogares sin acceso), Villa Río Bermejito (89,92%), El Espinillo (86,63%), Miraflores (83,24%), Cote Lai (83%), Quitilipi (81,86%) y El Sauzalito (78,79%). Además, otros 17 municipios presentan tasas de ausencia de internet en las viviendas entre 64% y 75%.
En cuanto al acceso a internet mediante teléfonos, los municipios con mayores carencias son Fuerte Esperanza (73%), Villa Río Bermejito (69,9%) y Miraflores (51%), mientras que en otros 11 municipios la tasa de hogares sin internet móvil no desciende del 36%.
Figura 14: Acceso a internet en los hogares y a través de dispositivos móviles
Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC
Clima educativo del hogar
El clima educativo del hogar se define a partir del nivel educativo alcanzado por los adultos residentes en el mismo. El índice de nivel educativo bajo se refiere a aquellos hogares en los cuales los adultos han completado únicamente la educación primaria o no la han finalizado, es decir, poseen menos de diez años de escolarización formal.
Las proporciones de hogares con clima educativo bajo ascienden al 40,07% en la región Pampeana, al 42,42% en la Patagonia, al 46,41% en Cuyo, y al 49,15% en el NOA. Dentro de esta última región, se destaca la provincia de Santiago del Estero, que presenta la mayor proporción a nivel nacional, con un 61,05%. En el NEA, la incidencia alcanza el 53,73%, observándose en todas sus provincias que más de la mitad de los hogares se encuentran en esta situación.
Figura 15: Proporción de hogares con nivel educativo bajo 
Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC
Tanto la provincia del Chaco como la de Corrientes registran aproximadamente un 52% de hogares clasificados con bajo clima educativo. En el caso chaqueño, se observa una marcada heterogeneidad territorial: en la región metropolitana, los indicadores oscilan entre el 36% y el 58%, mientras que en municipios como Santa Sylvina, Cote Lai, Fuerte Esperanza, Juan José Castelli, Miraflores, Chorotis, Gancedo, Campo Largo, Avia Terai, Corzuela, Villa Río Bermejito y Tres Isletas —donde cerca del 80% de los hogares presentan bajo clima educativo—, se evidencian proporciones considerablemente más elevadas.
Protección social y salud
Las personas que cumplimentan los requisitos etarios y de aportes propios del sistema previsional, o quienes se encuentran en situación de invalidez o de vulnerabilidad social, tienen derecho a acceder a determinadas prestaciones económicas, que pueden ser el haber jubilatorio o una pensión. Se otorgan, entonces, como compensación por el retiro de la actividad laboral, asegurando ingresos durante la etapa de inactividad económica por edad avanzada u otras causales.
El sistema previsional argentino enfrenta diversos desafíos estructurales, entre los que se destacan los elevados niveles de informalidad laboral, las restricciones financieras y los mecanismos extraordinarios de incorporación previsional.
El mapa nacional presenta el índice de personas mayores a 65 años que no reciben jubilación o pensión. Se observa una menor cobertura previsional tanto en el extremo norte como en el extremo sur del país, mientras que los niveles más favorables se registran en las provincias del centro.
Concretamente la región Cuyo presenta una tasa de 5,84% de población mayor de 64 años sin acceso a pensión o haberes jubilatorios; el Centro presenta una tasa del 7,01%; NOA 7,90%; la Patagonia con 8,02%; y finalmente el NEA presenta la mayor proporción de adultos mayores sin ingreso jubilatorio, concretamente en un 8,72% de su población.
Cabe destacar que, entre las provincias del NEA, el Chaco es la que mayor cobertura de protección social presenta, siendo la que menor índice de ausencia registra (7,88%); mientras que el mayor índice es de Formosa (10,49%). Al interior de la provincia, en el municipio de Charadai, el 23% de los mayores de 65 años no cuenta con jubilación o pensión; mientras que en Enrique Urien este valor también es elevado, ubicándose en 21,7%; y en General Capdevilla resulta en un 24,3% de adultos mayores sin haberes ni pensiones.
Por otro lado, la cobertura de salud representa la garantía financiera de acceso al servicio de salud. En el mapa nacional se observa el índice de “personas sin cobertura por departamento”. Es un indicador que representa el porcentaje de la población que no dispone de obra social, prepaga o plan estatal de salud.
El promedio nacional de población sin cobertura es de 35,77%, mientras que el 60,91% dispone de obra social o prepaga (incluyendo PAMI), y el restante 3,32% posee un plan o programa estatal de salud. En la Patagonia la ausencia de cobertura sanitaria se registra un 28,50% de los hogares; en la región Pampeana un 32,49%; en Cuyo 39,4%; en el NOA 44,22% y en el NEA 48,63%.
Se observan valores de menor cobertura en el norte del país; principalmente en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, La Rioja, Santiago del Estero y Misiones. En contraposición, el indicador registra valores más bajos de población sin cobertura sanitaria en provincias del sur patagónico y del centro-este del país, lo que refleja mayores niveles de cobertura relativa.
La provincia del Chaco posee 43% de su población con contrato de prepaga u obra social (incluyendo PAMI), un 5% bajo un programa o plan estatal de salud, y un 52% de la población sin cobertura sanitaria; ubicándose por encima de la media en el NEA del 50%. Se observa un mayor nivel de ausencia de cobertura sanitaria en el norte de la provincia en los municipios de El Sauzalito (77,5%), El Espinillo (81,2%), Fuerte Esperanza (79,8%), Miraflores (79,9%) y Campo Largo (73,3%).
Figura 17: Proporción de personas sin cobertura sanitaria
Fuente: elaboración propia en base a Censo 2022 del INDEC
Comentarios finales
El análisis de los principales indicadores socioeconómicos a escala municipal evidencia una fuerte heterogeneidad territorial al interior de la provincia del Chaco. Los resultados obtenidos permiten identificar tres configuraciones territoriales predominantes dentro de la provincia: un área metropolitana (AMGR) con mejores indicadores relativos, un sudeste provincial que presenta desempeños intermedios, y un noroeste postergado, donde se concentran las principales privaciones estructurales.
En materia habitacional, si bien se registra una reducción generalizada del promedio de personas por vivienda entre 2010 y 2022, las localidades del noroeste chaqueño aún muestran valores elevados que reflejan situaciones de hacinamiento. En paralelo, el acceso a la vivienda propia continúa siendo alto en términos provinciales, con mayores dificultades de acceso para los jóvenes de entre 20 y 40 años. Esta realidad coexiste con un alto porcentaje de viviendas construidas con materiales de mala calidad, y con una elevada proporción de hogares sin escritura pública.
La estructura demográfica revela un incipiente proceso de envejecimiento poblacional, caracterizado por una caída en la proporción de menores de 20 años y un aumento relativo de la población económicamente activa. Sin embargo, la persistencia de tasas elevadas de maternidad adolescente en municipios como Miraflores y Villa Río Bermejito evidencia brechas profundas en el acceso a derechos reproductivos.
En cuanto al mercado laboral, el patrón dominante es la alta informalidad, que supera el 60% a nivel provincial y alcanza picos cercanos al 90% en zonas del Impenetrable, mientras que Resistencia presenta valores inferiores (46%). Asimismo, las tasas de actividad laboral son bajas en la mayoría de los municipios, con situaciones críticas en localidades del norte de la provincia, y se observa una alta proporción de población sin empleo, que en algunas ciudades del interior supera el 50%.
La pobreza estructural también presenta una distribución espacial desigual: los mayores niveles de privaciones materiales se concentran en el noroeste chaqueño, donde se combinan déficits en acceso al agua potable, saneamiento, conectividad digital y servicios básicos. En contraste, el sudeste provincial y el área metropolitana exhiben condiciones materiales más favorables.
Las brechas educativas y de protección social refuerzan estas desigualdades territoriales: mientras que el AMGR registra los menores porcentajes de hogares con bajo clima educativo, varios municipios del interior superan el 70% en esta categoría. Del mismo modo, si bien la cobertura previsional en Chaco es mejor que en otras provincias del NEA, subsisten municipios con altos porcentajes de adultos mayores sin acceso a jubilaciones o pensiones.
Estos contrastes internos remarcan la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas y focalizadas, que atiendan tanto la urgencia de las privaciones estructurales persistentes en los territorios más rezagados como las dinámicas propias de los centros urbanos en crecimiento.
Si bien el presente artículo se inscribe dentro de una estrategia de análisis exploratorio de los principales indicadores relevados por el Censo Nacional 2022 en la provincia del Chaco, es pertinente reconocer los alcances y restricciones inherentes a este tipo de abordajes. El carácter estático del dato censal, así como su baja periodicidad, limita su capacidad para captar fenómenos de naturaleza dinámica o estacional, especialmente en contextos de alta inestabilidad económica y social como los observados en los últimos años en Argentina. Esta limitación pone de manifiesto la necesidad de complementar la información censal con fuentes de datos administrativas, georreferenciadas y de actualización continua, que permitan construir un sistema de monitoreo más ágil y sensible a los cambios territoriales.
En este marco, se vuelve pertinente avanzar hacia el diseño e implementación de un índice de vulnerabilidad multidimensional a nivel municipal, que permita sistematizar información proveniente de diferentes dimensiones (educación, salud, empleo, infraestructura básica, condiciones habitacionales, acceso a servicios públicos, entre otras), con el propósito de jerarquizar territorios y dimensiones según su nivel de rezago relativo. La utilidad de este tipo de indicadores no se agota en el diagnóstico: su mayor aporte reside en ofrecer un instrumento para priorizar áreas de intervención estatal, asignar recursos con criterios de equidad territorial y evaluar el impacto de las políticas implementadas en el tiempo.
Una característica central de este índice debería ser su descomposición interna, permitiendo no solo establecer un ranking agregado de vulnerabilidad entre municipios, sino también identificar en qué dimensiones específicas se concentra el rezago de cada localidad. Esta información es clave para evitar enfoques generalistas o homogéneos en el diseño de políticas públicas, y para ajustar los instrumentos de intervención en función de las particularidades de cada territorio.
Por otro lado, el diseño institucional de las políticas públicas provinciales debe considerar no solo las áreas a priorizar, sino también los plazos de implementación más factibles, diferenciando entre intervenciones de corto, mediano y largo plazo. En este sentido, la planificación estratégica basada en evidencia empírica se vuelve una herramienta fundamental para superar la lógica de intervenciones reactivas o fragmentadas, y avanzar hacia esquemas más coherentes de desarrollo territorial.
Finalmente, se destaca la importancia de consolidar una arquitectura de datos públicos interoperables, que facilite tanto la producción de diagnósticos actualizados como la evaluación continua del desempeño estatal. Esto requiere fortalecer las capacidades estadísticas de los gobiernos locales y provinciales, así como fomentar una cultura institucional orientada a la transparencia, el uso de evidencia y la mejora continua de la gestión pública.
Referencias bibliográficas
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Anexo Metodológico
Cantidad de hijos/as nacidos vivos el último año por cada mujer de 15 a 19 años: Tasa específica de fecundidad adolescente, calculada como el número de nacidos vivos en el último año por cada mujer de entre 15 y 19 años. Refleja patrones reproductivos tempranos, frecuentemente asociados a desigualdades estructurales.
Clima educativo bajo: Son hogares donde los adultos terminaron solo la primaria o no la terminaron. Hogares donde los adultos tienen menos de 10 años de estudio.
Clima educativo medio: Hogares donde los adultos hicieron la secundaria completa o casi completa. Tienen entre 11 y 13 años de estudio en promedio.
Clima educativo alto: Son hogares donde los adultos hicieron estudios terciarios o universitarios. Tienen más de 13 años de estudio.
Desagüe a cloaca o cámara séptica: Proporción de hogares cuyos sistemas de eliminación de excrementos están conectados a una red cloacal o utilizan cámara séptica, considerados como medios adecuados de saneamiento.
Desagüe a excavación: Porcentaje de hogares que eliminan excrementos mediante una excavación.
Desagüe a pozo ciego: Proporción de hogares que utilizan pozo ciego como sistema de evacuación de excrementos.
Hogar con internet: Proporción de hogares que declaran contar con acceso a internet en la vivienda.
Hogar sin internet: Porcentaje de hogares que no disponen de conexión a internet.
Hogar sin celular con internet: Porcentaje de hogares que no cuentan con al menos un teléfono celular con acceso a internet.
Índice de dependencia: Relación entre la población anciana dependiente (mayores de 65) y la población en edad activa (18 a 64 años). Se interpreta como la carga demográfica que recae sobre la población potencialmente productiva.
Índice de fecundidad: Número promedio de hijos/as nacidos vivos en el último año que tendría una mujer en edad fértil.
Inodoro con descarga de agua: Porcentaje de hogares que disponen de inodoro con sistema de descarga de agua.
Inodoro sin descarga de agua: Proporción de hogares que cuentan con inodoro pero sin mecanismo de descarga.
Sin baños o sin inodoro: Porcentaje de hogares que no cuentan con instalaciones sanitarias básicas, ya sea baño o inodoro.
Más de 3 personas por habitación: Porcentaje de hogares en los que cohabitan más de tres personas por cuarto destinado a dormir. Se utiliza como umbral para identificar situaciones de hacinamiento crítico, asociadas a condiciones de vulnerabilidad.
Menos de 3 personas por habitación: Porcentaje de hogares que no superan el umbral de tres personas por habitación.
Proporción de niños que no asisten al jardín en edad de jardín: Porcentaje de niños en edad de 4 y 5 años que no están escolarizados. Permite identificar barreras en el acceso temprano a la educación formal.
Proporción de personas que no asisten al primario en edad de primario: Porcentaje de niños/as en edad de cursar el nivel primario que no asisten a ningún establecimiento educativo.
Proporción de personas que no asisten al secundario en edad de secundario: Porcentaje de adolescentes en edad teórica de asistir al nivel secundario que se encuentran fuera del sistema educativo. Este indicador permite identificar situaciones de rezago o abandono escolar en una etapa clave para la continuidad educativa y la futura inserción laboral.
Porcentaje de hogares con red pública: Proporción de hogares cuyo abastecimiento principal de agua proviene de una red pública, ya sea conectada directamente a la vivienda o mediante otros mecanismos de distribución.
Porcentaje de hogares sin escritura de propiedad: Se refiere a la proporción de hogares cuyo titular no posee un documento legal formal que acredite la propiedad del inmueble en el cual reside. Este porcentaje se calcula dividiendo el número de hogares sin escritura por el total de hogares relevados.
Porcentaje de hogares con calidad de vivienda baja: Mide la proporción de hogares cuyos materiales constructivos en pisos y techos presentan baja resistencia o solidez, evidenciando deficiencias estructurales. El porcentaje resulta de dividir el número de hogares con estas características por el total de hogares observados.
Tenencia de agua fuera del terreno: Porcentaje de hogares cuyo acceso al agua se encuentra fuera del perímetro del terreno donde se emplaza la vivienda.
Tenencia de agua por cañería dentro de la vivienda: Proporción de hogares que cuentan con provisión de agua mediante cañería instalada al interior de la unidad habitacional.
Tenencia de agua fuera de la vivienda pero dentro del terreno: Porcentaje de hogares cuyo acceso a agua por cañería se encuentra en el terreno, pero no dentro del espacio construido de la vivienda.
Personas asistiendo a establecimiento educativo: Porcentaje de la población que declara estar asistiendo actualmente a algún establecimiento educativo, en cualquier nivel de enseñanza. Es un indicador general de participación en el sistema educativo.
Personas con obra social, prepaga o plan estatal de salud: Porcentaje de personas que declaran contar con algún tipo de cobertura de salud, ya sea a través del sistema de seguridad social (obra social), servicios privados (medicina prepaga) o planes estatales.
Personas sin obra social, prepaga o plan estatal de salud: Proporción de personas que no cuentan con ninguna forma de cobertura médica. Este grupo depende exclusivamente del sistema público de salud y presenta mayor vulnerabilidad frente a eventos adversos de salud.
Persona mayor a 65 años sin cobrar jubilación ni pensión: Proporción de personas de 65 años o más que no perciben ingresos por jubilación ni pensión. Este indicador permite estimar el grado de desprotección económica en la vejez.
Porcentaje de población mayor a 65 años: Proporción de personas de 65 años o más sobre el total de la población. Es un indicador demográfico utilizado para caracterizar el envejecimiento poblacional.
Porcentaje de hogares en pobreza estructural: Proporción de hogares que presentan carencias persistentes en dimensiones básicas como educación, vivienda, servicios, saneamiento o empleo, independientemente de su ingreso monetario. Este indicador se vincula con el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y permite captar formas más estables y arraigadas de pobreza.
Tasa de informalidad: Porcentaje de personas ocupadas que se desempeñan en empleos sin acceso a aportes jubilatorios.
Tasa de actividad: Proporción de la población en edad de trabajar que participa activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo.
Tasa de población sin empleo: Proporción de personas que no tienen trabajo pero están disponibles y no necesariamente buscan empleo de manera activa.
