INTRODUCCIÓN

El mundo entero atraviesa una de las más complejas crisis ecológicas de su historia (Riechmann, 2014), que amenaza con alterar el ciclo vital del planeta (Markus, 2021) y reducir las posibilidades de supervivencia humana futura, tal es el cometido de las agendas globales en el marco de las denominadas causales del estado de alerta. Dada la aceleración de estas amenazas, se invita a la unificación sinérgica de voluntades con propósitos específicos, a decir: el cambio climático, el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente y la alteración de los sistemas ecológicos (Merino, et al, 2020).

En consecuencia, el manejo sostenible de los recursos que provee la naturaleza constituye, desde hace varias décadas, uno de los grandes cometidos de las instituciones a toda escala, con el propósito de enfrentar los conflictos socioambientales y ecológicos, a lo que se adjudica el deterioro del equilibrio de los ecosistemas (Fresneda y Fresneda, 2018; Martínez, 2009; Mora y Chiriboga, 2017; Morales, 2023).

En tal sentido, generar acciones para afrontar los desafíos de supervivencia de la humanidad y el resguardo de la integridad funcional de los sistemas que integran contextos de convivencia, de los cuales derivan los recursos necesarios para la resolución de necesidades básicas y superiores, es un punto que los organismos estatales y supranacionales deben atender con la elaboración de propuestas alternativas que consoliden el resguardo de la vida en todas sus manifestaciones, y que establezcan pautas para que las generaciones futuras disfruten de condiciones favorables para el desarrollo humano integral.

De allí, el énfasis en promover actividades productivas que redunden en aportaciones significativas a la dignificación de la existencia humana, mediante “el desarrollo de hábitos ecológicos, como una exigencia ineludible para la mejora de la vida presente y la preservación de la naturaleza para las generaciones futuras” (Sarramona, 2010, p. 4). De este modo, emprender procesos productivos asociados con el turismo agroecológico, constituye una oportunidad ampliada de preservación de los ecosistemas y de las bondades de cada localidad, a partir de las cuales impulsar el crecimiento multidimensional que potencie y dinamice la actividad económica, que aporte al mantenimiento en el tiempo de los atractivos naturales mediante la praxis activa y comprometida con la sustentabilidad y con la comprensión profunda del funcionamiento equilibrado de la vida en sus diversos niveles (Estrada, 2020).

El impulso de procesos de aprovechamiento que optimicen la calidad de vida y el bienestar integral sostenible plantea reformular estilos y prácticas relacionadas con el manejo de los atractivos naturales, como recursos tangenciales que, por su indiscutible valor, se entienden como alternativas para maximizar oportunidades que redimensionen la vida individual y colectiva (Morales, 2020a; Ramírez, 2014; Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, 2018).

Para Zimmermann (2013), emprender acciones asociadas con el ecodesarrollo plantea como desafío: “la toma de consciencia planetaria de todos los habitantes de la aldea global; para lograrla, se requiere la unificación de voluntades que redunden en un cambio mental y actitudinal, así como de patrones conductuales” (p. 12). Este proceder requiere del aparato institucional el despliegue de acciones asociadas con el desarrollo de convicciones éticas fundadas en la sustentabilidad (Riechmann, 2014), que no solo redunden en el establecimiento de límites, sino en el uso coherente de los recursos naturales desde la denominada autogestión sensible, la cual en su sentido operativo procura el aprovechamiento y la satisfacción de necesidades sustentadas en el respeto tanto a la biosfera como a la biodiversidad (Fernández, 2022).

Este planteamiento deja entrever, entre otros aspectos, el compromiso social e individual, a partir del cual poner en marcha acciones correctivas que reduzcan los efectos de una emergencia generalizada, que insta a la humanidad a salvaguardar desde la praxis del desarrollo sostenible “los recursos no renovables de las generaciones futuras” (Zimmermann, 2013, p. 12). Es decir, se procura establecer un nuevo esquema de aprovechamiento fundado en el despliegue de la solidaridad con el medio ambiente, como la salida idónea para enriquecer las condiciones vitales de las que depende el equilibrio ecológico, así como el funcionamiento del medio ambiente como sistema (Merino, et al, 2020).

En palabras de Leff (1998), una política pública con enfoque en el aprovechamiento de los recursos naturales, desde la práctica del turismo agroecológico, plantea como desafío integrar las bondades del ambientalismo y la sustentabilidad, con el objetivo de evitar el incremento de la crisis ecológica; frente a esto, se hace perentorio el accionar desde la unificación sinérgica de dos variables plenamente identificadas: primera, la praxis del ecodesarrollo que insta a la planificación de procesos de aprovechamiento de los recursos naturales, proceso que procura proyectar hacia una vida sustentable; y, segunda, la generación de condiciones favorables sostenidas en la creación de condiciones ecosistémicas y socioambientales positivas, como resultado del diálogo de saberes vinculados con el manejo de la sustentabilidad que, además de reducir la destrucción, potencie la riqueza biológica y el resguardo de los reservorios de vida.

Esta investigación documental propone una política pública para impulsar el turismo agroecológico; aporta reflexiones, desafíos y oportunidades en torno a un cambio de paradigma, en la cual se deja por sentada la necesidad de emprender acciones que garanticen el desarrollo y el crecimiento sustentable, mediante el aprovechamiento consciente de los recursos que cada espacio geográfico porta, y de los que pueden derivar alternativas para mejorar la calidad de vida y el bienestar integral, sin desmedro del equilibrio de los sistemas ecológicos, y sí, en cambio, mediante el uso racional que garantice la diversificación económica.

DESARROLLO

Un acercamiento al ciclo de una propuesta de política pública en materia de turismo agroecológico.

Este apartado muestra secuencialmente los elementos tangenciales desde los cuales organizar acciones enmarcadas en una política pública con enfoque en el impulso del turismo agroecológico, cuyos cometidos generales son transversales por el logro de esquemas de aprovechamiento, fundados en la racionalidad ecológica y en la sustentabilidad, condiciones que garantizan el bienestar integral de la humanidad y el aprovechamiento consciente de los recursos y los atractivos naturales. A esto se une la necesidad de conservar la vida e impulsar la supervivencia humana como cometidos del presente siglo (Merton, 2018; Zimmermann, 2013). Estas etapas son:

Figura 1

Figura 1
Esquema para la construcción de una política pública en turismo agroecológico

Diseño. La construcción de políticas públicas en materia de turismo agroecológico sugiere la integración de una serie de dimensiones asociadas con el aprovechamiento sensible y consciente de las bondades de esta actividad humana. Estas dimensiones suponen el disfrute de una coexistencia plena con los sistemas ecológicos, con la ampliación del sentido de corresponsabilidad que orienta el proceder ético y la edificación de espacios para el ejercicio saludable de la interacción con el medio ambiente (Castillo, 2023).

Este diseño procura redimensionar la interdependencia humana con los sistemas ecológicos, garantizando en principio, la ampliación de las posibilidades sobre las que se sustenta la supervivencia de la especie; insta a reinventar la relación de aprovechamiento de los recursos finitos, escasos y no renovables (Riechmann, 2014), en un intento por hacer más compatibles los nexos entre los sistemas productivos humanos y las cualidades funcionales de la biosfera.

En esta etapa se considera imprescindible la promoción del pensamiento ecológico y el aprovechamiento de los recursos y atractivos naturales, así como las dimensiones desde las cuales construir servicios sustentables (Merton, 2018), que configuren las condiciones para impulsar el desarrollo humano a la par de la recuperación del funcionamiento equilibrado de los sistemas ecológicos y del medioambiente.

En la praxis, implica un ejercicio ético fundado en el compromiso del ciudadano e institucional, en el que prima el redimensionamiento de la calidad de vida integral y de las mejoras significativas en otros aspectos fundamentales, asociados con el logro de “avances significativos que arrojen luz sobre la formación de individuos más éticos, responsables autocontrolados, respetuosos y con gran sensibilidad, de empatía hacia los demás y con su entorno” (Zimmermann, 2013, p. 11).

Implementación. El ejercicio aplicativo de una política pública en materia de turismo agroecológico sugiere la unificación de esfuerzos del aparato institucional, la sociedad en general y del ciudadano consciente de su rol en la construcción de condiciones más amigables de uso y disfrute de los atractivos naturales (Arellano, 2020). Esto implica definir líneas de acción que procuren el cumplimiento de dos cometidos fundamentales para la supervivencia humana y el mantenimiento del equilibrio de los sistemas ecológicos, a decir: la trascendencia hacia un esquema económico sustentable y la transformación de los sistemas productivos como condiciones sine qua non de las que depende la calidad de vida de las generaciones presente y futuras.

Seguimiento. Esta etapa de la política pública en cuestión, que procura el aprovechamiento de los recursos aportados por los sistemas ecológicos, debe darse en al menos dos direcciones ampliamente reconocidas; primera, pautar acciones sistemáticas de supervisión, es decir, actividades en las que el aprovechamiento de los atractivos dé cuenta de los propósitos planteados inicialmente cuando se formuló la política pública (Morales, 2020a). Esto significa establecer parámetros cuantitativos y cualitativos de revisión constante, en los que el énfasis sea el ajuste permanente y la reformulación de actividades que superpongan el resguardo del equilibrio ecológico por encima de la maximización de beneficios que pudieran poner en riesgo el funcionamiento de la biodiversidad y de la supervivencia humana.

Y, segunda dirección, valorar las transformaciones que progresivamente concentren mayores posibilidades de desarrollo sustentable. Esto plantea como desafío categorizar la satisfacción de necesidades inmediatas, así como las que potencialmente pudieran ser resueltas en las generaciones futuras (Riechmann, 2014; Sabino, 2004). En razón de lo expuesto, la invitación a adoptar el pensamiento ecológico y los cometidos del desarrollo en el marco de la sustentabilidad, se erigen como una salida para superponer el cuidado de los recursos naturales, su uso racional y consciente por encima de cualquier objetivo economicista (Merton, 2018).

Gestión del conocimiento y comunicación. La tarea de sistematizar hallazgos, resultados parciales y alcances supone sustanciar no solo ajustes en una política pública, sino además, justificar la reconducción de acciones hacia fines más benéficos.

En el caso de una política pública en turismo agroecológico significa realizar un inventario de actividades organizadas sistemáticamente con el orden que se plasma a continuación: la primera columna mostrará tareas y los responsables de su ejecución; la segunda, necesidades y requerimientos propios de la comunidad o contexto; la tercera, se reflejarán logros potenciales y alcances reales. Finalmente, se enlistarán las proyecciones técnicas en las cuales se deberán reflejar posibles impactos, áreas y dimensiones de aprovechamiento, preferencias humanas, así como una relación que involucre necesidades actuales, las posibilidades de bienestar integral sostenible que redunden en la calidad de vida de las generaciones futuras (Tonini y Dolci, 2020).

Lograr estos cometidos se entiende como el resultado de la unificación de voluntades y esfuerzos, tanto institucionales como de organizaciones e individuales, que puestos en sinergia generen procesos de retroalimentación, debido a los cuales ha de redimensionarse la calidad de vida de la ciudadanía y sentar las bases de nuevos esquemas de aprovechamiento, mediados por insumos derivados de prácticas sustentables. Es decir, insumos que sean resultado de la experiencia y que enriquezca el acervo de conocimientos sobre el uso apropiado y eficiente de los atractivos turísticos que aporta la naturaleza.

Evaluación. Determinar los resultados de una política pública enfocada en el aprovechamiento de los recursos naturales y de las bondades contenidas en la biodiversidad plantearía, exigen en primera instancia la identificación cualitativa y cuantitativa de los beneficios aportados al desarrollo humano, así como los aportes asociados con la unificación de voluntades en torno al mantenimiento del equilibrio de los sistemas ecológicos (Briceño, 2024). Según Goleman (2009), la evaluación de una política pública que procura el aprovechamiento sustentable de los recursos y atractivos naturales, deben ser medidos a través del establecimiento de una relación entre costos-beneficios, en un intento por precisar sus implicaciones positivas al bienestar humano integral, así como a la calidad de vida no solo inmediata sino mediata.

Reflexiones, desafíos y oportunidades en torno al impulso del turismo agroecológico. Hacía un cambio de paradigma en materia de políticas públicas

El compromiso con la búsqueda de mejoras en la calidad de vida y en el desarrollo humano integral, como parte de los cometidos de las agendas globales, trae implícita la idea del aprovechamiento racional de las bondades que aporta la naturaleza (Goleman, 2009; Morales, 2023). De allí, el persistente énfasis en el crecimiento sostenible y sustentable a todo nivel, como una alternativa asociada con el redimensionamiento de la productividad que insta al ser humano al manejo, uso, goce y disfrute de los recursos naturales desde una perspectiva consciente, mediada la “consolidación de actitudes y hábitos respecto a la preservación de la naturaleza” (Sarramona, 2010, p. 75).

Entonces, una política pública en materia de turismo agroecológico debe integrar, en sentido operativo, el establecimiento de relaciones sinérgicas entre los ecosistemas, la dimensión económica y los sociosistemas, como una alternativa que desde la sostenibilidad procura elevar la preservación de la eficacia funcional de esta triada, permitiendo que la biosfera mantenga su funcionamiento coherente al que se le adjudica, entre otros aspectos, el salto cualitativo hacia la denominada calidad de vida y el bienestar integral (Briceño, 2023). Esto en palabras de Merton (2018), supone volver la mirada hacia la configuración de condiciones vitales que emplacen a la humanidad a superponer el equilibrio de los sistemas ecológicos como requerimiento para edificar el mundo posible.

Esta trascendencia hacia modos de aprovechamiento, fundados en el proceder mediado por la conciencia ecológica, debe asumirse como el determinante de un nuevo esquema de productividad, cuyo énfasis se encuentra en la generación de servicios y bienes que, aprovechando el capital natural de los sistemas ecológicos, le permitan a la humanidad orientar racionalmente el aumento de los beneficios. Entonces, es en el uso consciente de y la maximización de la racionalidad, donde se precisan las oportunidades para garantizar a las generaciones futuras el goce y disfrute de un mundo equilibrado, en el que la vida buena se erija como el horizonte común (Vélez, et al, 2024).

En palabras de Sabino (2004), una salida oportuna para potenciar la relación entre el ser humano y el contexto natural del que es parte se encuentra en el proceso de estrechar lazos de interacción y empatía, que fortalezcan la actitud consciente que en su proceder valore los costos y beneficios, en un intento por apuntalar la “estabilidad de los grandes ecosistemas, como una respuesta sensata y, además, como el ideal que procura controlar los efectos destructivos del quehacer humano” (p. 54).

Desde la perspectiva de Matos y Flores (s.f), una política pública que apuntale el uso racional de los recursos naturales, requiere la integración de modelos que apuesten por el trabajo sinérgico entre el ser humano, la economía y la sociedad, en el que “las personas informadas y formadas con valores, principios y voluntades sostenibles alcancen el ejercicio de la cultura ambiental, sobre la cual soportar un futuro enmarcado en la sostenibilidad” (p. 12). Este desafío supone una evolución en dirección a fusionar esfuerzos que hagan compatible la justicia social, la sustentabilidad económica y la participación institucional, como dimensiones en torno a las cuales construir esquemas productivos que maximicen la generación de servicios turísticos (Castillo, 2023; Estrada, 2020).

Accionar en esta dirección, supone involucrar la capacitación de las comunidades locales en torno al manejo consciente de las realidades ambientales de cada escenario natural, en un intento por propiciar actuaciones enfocadas al aprovechamiento de las bondades propias de cada contexto y a las potencialidades de las que depende el fortalecimiento del “desarrollo del ser humano de manera integral” (Matos y Flores, s.f. p. 8). Este énfasis en el resguardo de los espacios vitales como requerimiento para la consolidación de la sustentabilidad, exige cambios significativos en dirección a pensar la interdependencia entre el ser humano y el medio ambiente (Merton, 2018), alcanzando la interconectividad profunda y comprometida con la supervivencia consciente, a la que se le adjudica la recuperación de convicciones ambientalistas que aporten a la construcción de entornos vitales amenazados o perdidos.

Esto implica el establecimiento de relaciones entre la comunidad y sus especies, con la finalidad de garantizar el estado de equilibrio ecosistémico y, por consiguiente, el bienestar biopsicosocial que debe partir de la modificación de patrones de consumo, de prácticas de producción y oferta de servicios que, como responsabilidad de los prestadores, debe anclarse en la diversificación de alternativas que apunten a la sustentabilidad y el aprovechamiento a lo largo del tiempo, reduciendo los daños en el sistema ambiental.

Lo anterior sugiere formular acciones que eviten los desajustes ecológicos ocasionados por el impacto irracional de la actividad humana; orientar el quehacer sensible hacia la interacción armónica y ética, que derive en el trabajo humanizador para visibilizar el potencial infinito que aportan los sistemas ecológicos si son aprovechados desde el compromiso planetario (Morales, 2023). Es decir, debemos reconocer los riesgos asociados con la alteración del funcionamiento vital de la Tierra, principio que sugiere la resignificación de las prácticas de aprovechamiento y, en consecuencia, buscar mayores posibilidades que aporten al mantenimiento de la biodiversidad y del equilibrio funcional del medioambiente (Estrada, 2020; Svampa y Viale, 2020).

En primer lugar, atender la dimensión ética como eje transversal de una política pública en materia de turismo agroecológico, que como objetivo –también transversal– promueva la inclusión, que cada comunidad sea capaz de aportar con sentido de corresponsabilidad, acciones, estrategias y recursos necesarios para impulsar, en diversas direcciones, las posibilidades para que todos puedan “acceder a beneficios y bienes fundamentales para la dignidad y la sobrevivencia, mediante el trabajo digno y consciente, que fortalezca el crecimiento integral” (Castillo, s.f, p. 47).

Impulsar el aprovechamiento de los recursos, tanto naturales como culturales, implica la creación y combinación de condiciones que tiendan a consolidar la calidad de vida para todos, asumiendo como eje fundamental el uso consciente de la cogestión ambiental operativa, en la que cada miembro de la comunidad y de la sociedad, asume el rol activo de evitar la degradación de manera comprometida y sinérgica, a fin de que cada sujeto logre el goce y disfrute de las bondades que ofrece el contexto que hace vida.

Con esta perspectiva, el impulso del turismo agroecológico desde el quehacer político institucional comprometido, sugiere la planificación, organización, categorización y realización de inventarios sobre las particularidades de cada espacio geográfico, en un intento por precisar las condiciones sociales, culturales y las prácticas asociadas con la sustentabilidad, en las que sea posible precisar tanto fortalezas y debilidades como potencialidades que, al ser reforzadas a través del acompañamiento a iniciativas individuales y grupales, coadyuven a la consolidación de los medios para la autogestión.

En segundo lugar, una política pública que apuntale el turismo agroecológico debe tener como horizonte, la dignificación de la vida humana, sin que ello implique ir en detrimento del equilibrio ecológico. Implica superponer la dimensión ambiental por encima de la económica, con el propósito de evitar actuaciones irracionales vinculadas con el uso consciente y el aprovechamiento sensible que favorezca la estabilidad de la vida en todas sus manifestaciones. Orientar el accionar humano en esta dirección, constituye una salida oportuna para enfrentar el desastre ecológico presente y futuro, el cual es posible concretar mediante el alcance de una interconectividad profunda entre los sistemas productivos sustentables y los atractivos naturales (Maya, 1997; Merton, 2018).

Lo planteado obliga al emprendimiento y al apoyo de iniciativas colectivas, en las que el ciudadano alcance niveles importantes de autonomía como resultado del ejercicio de actividades generadoras de dividendos, que apuntalen al poder adquisitivo en al menos dos direcciones. La primera, el incremento de ingresos para quienes participan directa e indirectamente y, la segunda, el redimensionamiento de la inversión en el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, planta física y demás acciones que amplíen las oportunidades de crecimiento multidimensional, teniendo presente el horizonte: mantener el equilibrio de las condiciones funcionales del escenario natural.

Este cambio de paradigma, superpone la dimensión ecológica, natural y ambiental como el modo de generar cambios en las formas de pensar, en los patrones de aprovechamiento y en las prácticas con predominio economicista, por lo que se ha denominado la nueva racionalidad ambiental que reconoce la necesidad de comprender a la diversidad que rodea, a la multiplicidad de problemas y de inconsistencias que van en contra del funcionamiento de los sistemas ecológicos sobre los que se sustenta la vida, las posibilidades de supervivencia humana (Merino, et al, 2020).

Al respecto Leff (1998), reitera que este cambio de paradigma se sustenta en el ejercicio de la corresponsabilidad, en el que el individuo asuma como parte de su quehacer, el reconocimiento de su verdadero rol dentro del contexto que habita, asumiendo para ello el manejo de la revalorización de los saberes ancestrales que en conjugación con el pensamiento ecológico, den lugar al denominado desarrollo sustentable, cuyo propósito se enfoca en la adopción de un modelo de crecimiento consciente, que va en dirección contraria al deterioro ambiental y que reclama la puesta en marcha de acciones inter y multidisciplinarias, que estimen no solo las implicaciones de los problemas socioambientales, sino la necesidad de gestionar intervenciones estratégicas que vayan en favor de “la salud ambiental, la erradicación de la contaminación del aire, la apropiación de medios productivos sustentados en las nuevas alternativas ecológicas que apuestan por el manejo de zonas naturales protegidas y recursos ambientales” (p. 5).

En tercer lugar, la satisfacción de las necesidades humanas requiere la educación de la sociedad en lo referente a la promoción de la ética ambiental o ética de la sustentabilidad, como proceso que está estrechamente asociado con la modificación de los patrones del estar, del pertenecer y del actuar en un mundo que demanda procederes conscientes, más humanos y empáticos con el ambiente. Esto supone aprender a dialogar con nuestros ecosistemas, con sus bondades, como con las posibles repercusiones del proceder irracional, a partir del cual se emprendan acciones que aseguren las posibilidades de vida en condiciones dignas, seguras y sostenibles, además, la configuración positiva de nuestro espacio vital como el lugar que debemos preservar, con la finalidad de garantizar que las generaciones futuras puedan acceder al mismo con justicia e igualdad.

En correspondencia, Leff (1998) indica que toda política pública en materia de aprovechamiento de los recursos que aportan los ecosistemas, requiere, en cuarto lugar, el uso de la educación ambiental como proceso de transformación social que reencuentre al ser humano con la biodiversidad, reafirmando de esta manera el compromiso con el aporte individual que cada uno debe sumar al restablecimiento del equilibrio funcional de los sistemas que conforman el medio que nos rodea; esto, implícitamente, refiere a la formación para el ejercicio de la ciudadanía mundial, en el que el proceder del individuo sea guiado por el pensamiento ambientalista (Morales, 2020b; Sachs, 2015).

La operativización de objetivos vinculados con el redimensionamiento de la ecoeficiencia, principio que en esencia procura elevar o maximizar las posibilidades de aprovechamiento real de los recursos que proveen los sistemas ecológicos, también insta a la humanidad a asumir actitudes conscientes que redunden en la trascendencia del paradigma de la sostenibilidad, que se precisa como la orquestación de valores ecológicos que, junto con los principios asociados al uso equilibrado de las bondades de la naturaleza, coadyuven en la ampliación del bienestar humano integral.

En tal sentido, una política pública en materia de turismo agroecológico debe proponer como horizonte, la edificación de un nuevo esquema de sociedad fundado en la sostenibilidad, es decir, que tanto el alcance de una vida plena para la humanidad, como el mantenimiento de las condiciones vitales básicas, redunden en el mantenimiento de la biocapacidad a escala planetaria (Riechmann, 2014).

Este énfasis en la construcción de nuevas condiciones de existencia humana mediadas por la sostenibilidad, precisa del aparato institucional el compromiso con la praxis del respeto a la biosfera, como requerimiento para trascender hacia modos de interacción con el medio ambiente que reivindiquen la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas. Esto significa adoptar nuevas reglas de convivencia con el mundo natural como una ocasión para lograr interacciones fecundas y conscientes que eviten la alteración funcional de la biodiversidad (Morales, 2023).

Entonces, se trata de sensibilizar al ser humano en lo referente al uso del desarrollo sustentable, como la suma de tres dimensiones plenamente identificadas: la educación como elemento promotor de la protección al equilibrio funcional de los sistemas ecológicos; el aprovechamiento económico sin excesos que pongan en riesgo la supervivencia humana y de los reservorios de flora y fauna; y, el respeto a la integridad ambiental, como vértice sobre el que debe girar cualquier iniciativa de crecimiento.

Entonces, la adopción de la denominada ética ambiental, como aliada del crecimiento racional, debe entenderse como condición medular para realizar ajustes actitudinales medulares en la humanidad, enfocados fundamentalmente en la idea de preservar el mundo común como garantía de la supervivencia de la especie en el futuro (Tonini y Dolci, 2020). Esto supone elevar la conciencia sobre la interdependencia humana mediante la resignificación del rol ciudadano, el cual involucra la transformación de los sistemas productivos mediante la adopción de los principios propios de la economía natural.

Esto, para la praxis del turismo agroecológico, constituye una posibilidad para ampliar el margen de aprovechamiento dentro del marco de la racionalidad y la sustentabilidad. La primera, supone pensar riesgos y amenazas derivadas de actitudes desmedidas e insanas, así como la determinación de posibles alternativas de bienestar integral; la segunda, refiere a la sustitución de prácticas no viables por aquellas que compatibilicen el encuentro entre el ser humano y los sistemas ecológicos, con la biosfera (Svampa y Viale, 2020).

Lograr estos cometidos exige la construcción de políticas públicas transversalizadas por los denominados principios orientadores, tanto del aprovechamiento sostenido como del funcionamiento de la vida, los cuales para ser operativizados requieren “reconstruir los sistemas humanos de manera que encajen armoniosamente en los sistemas naturales” (Riechmann, 2014, p. 18).

Al respecto, Zimmermann (2013) indica que la construcción de condiciones de vida dignas, justas e inclusivas, requiere la formulación de políticas públicas con énfasis en comportamientos éticos que respeten la evolución biológica y la coevolución cultural, lo cual demanda el fortalecimiento de la dimensión ético-valorativa que refuerce en el individuo “comportamientos más éticos, responsables, autocontrolados, respetuosos y con gran sensibilidad, de empatía hacia los demás y con su propio contexto” (p. 11). Esto refiere a la promoción de actitudes ecológicas, desde las cuales elevar la condición humana y configurar oportunidades asociadas con la prolongación de la existencia digna (Fernández, 2024).

En quinto lugar, una política pública que procure el desarrollo humano sostenible e integral, debe fundamentarse en la unificación de esfuerzos provenientes de los diversos actores políticos y sociales, de los sistemas educativos, asociaciones de profesionales en áreas como la agronomía, la ecología, la educación, para el aprovechamiento sustentable con la finalidad de crear redes de apoyo a las cuales involucrar en la planificación, organización y ejecución de acciones estratégicas vinculadas con el turismo agroecológico. Al respecto, Leff (1998) deja por sentado el poder de la sinergia como proceso de cooperación y encuentro, en el que los individuos consiguen acuerdos importantes sobre la praxis de nuevos modos de producción, así como de prácticas novedosas que, ancladas en la convivencia respetuosa con la naturaleza, apuntalan el proceder ético y el cuidado de la vida.

En tal sentido, un giro importante en torno a la promoción de comportamientos sostenibles requiere del accionar humanizador del Estado y sus instituciones, para lograr cambios profundos que conduzcan a la denominada gestión ambiental efectiva, que, como parte de los elementos que integran el aprovechamiento de los recursos no renovables, apuntale al resguardo de la biodiversidad, la que se entiende como eje fundamental del turismo agroecológico. Esto constituye una invitación a la responsabilidad cívica con el aprovechamiento de los recursos no renovables, a partir de la atención focalizada a la dimensión comunitaria, en la que el efecto de la participación amplia y protagónica coadyuve con la consolidación de estilos de vida saludables, que dignifiquen al ser humano y garanticen el funcionamiento apropiado de los sistemas ecológicos.

Al respecto, Sarramona (2010) propone que emprender iniciativas vinculadas con el turismo agroecológico, constituye una manera oportuna, empática y sensible de garantizar la promoción no solo de alternativas productivas, sino también el resguardo de “la dimensión ecológica o ambiental que, asociada con la dimensión ética, supera fronteras e implica a toda la comunidad social, la cual establece con la naturaleza una relación moral, al considerarla un bien digno de respeto y preservación” (p. 76).

Esto implica consolidar procesos de crecimiento multidimensional a partir del aprovechamiento de las bondades que aporta el turismo agroecológico, sugiere “desarrollar competencias que favorezcan el cuidado medioambiental y la conducta responsable, a partir del emprendimiento de iniciativas que hagan real el denominado desarrollo sostenible” (Palavecinos, et al, 2010, p. 2). Esta posición reconsidera la idea de ciudadanía socialmente responsable, en la que recae el compromiso de la formación integral como parte de las dimensiones, esto garantiza que los prestadores de servicio incluyan en su ofrecimiento al público la transmisión del sentido de corresponsabilidad con la protección de los sistemas ecológicos que, como atractivos valiosos constituyen medios para movilizar potenciales turistas o visitantes.

En consecuencia, las políticas públicas para el desarrollo del turismo agroecológico demandan la integración de esfuerzos institucionales y de las capacidades humanas en torno al acuerdo de actividades que potencien el bienestar humano y la aplicación de la justicia social que motive la praxis de deberes para con el medioambiente, que renueve los modos de aprovechamiento y sustituya los sistemas productivos que superponen la dimensión económica por encima de la ecológica (Tonini y Dolci, 2020).

Esto significa la adopción de la sensibilización ambiental que amplíe, a partir de las oportunidades, el acercamiento interactivo entre los sistemas ecológicos y los seres humanos. Este proceso implica desplegar actividades de índole informativa que motiven en los usuarios el compromiso con la biosfera (Estrada, 2020), establezcan nexos amistosos (Goleman, 2009) que deriven en la cohesión de esfuerzos colectivos e individuales a partir del uso de la persuasión; dado que esto está mediado por contenidos educativos, ha de consolidarse la conciencia crítica reflexiva que fortalezca el compromiso humano con la naturaleza. En palabras de Palavecinos, et al, (2010), se trata de transformar las “conductas, las creencias y los valores, hasta lograr actitudes ambientales que aumenten la preocupación por el resguardo de los recursos no renovables y las posibles consecuencias que el deterioro ambiental puede tener para uno, para otros y para la biosfera” (p. 3).

Desde la postura de Gabaldón (2006), en condiciones desafiantes como las que atraviesa el mundo entero, afrontar las exigencias inherentes a la construcción de las bases de la calidad de vida y el desarrollo humano integral, demanda la puesta en marcha de acciones que diversifiquen las posibilidades de sobrevivencia; de allí, que el desarrollo de políticas públicas, en torno al uso sustentable de los recursos naturales, supone un modo para satisfacer las necesidades presentes y futuras. La búsqueda del equilibrio ecológico ve en el turismo agroecológico una oportunidad, para alcanzar la anhelada estabilidad económica desde una perspectiva sustentable, que alcance el bienestar integral sin desmedro ni alteración de la dimensión natural.

Las iniciativas que procuran maximizar o redimensionar las posibilidades de dignificación de la vida humana, deben apostar por procesos de crecimiento sustentados en el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales en todos los niveles (comunitario, local, estatal, nacional), mediante la organización y planificación de estrategias productivas que motiven, no solo las grandes iniciativas, sino también los emprendimientos a pequeña escala, que deberán unificar en trabajo cooperativo en red. Esta unificación sinérgica a pequeña y gran escala debe sostener la oferta de servicios, prácticas autóctonas, tradicionales y socioproductivas que garanticen la permanencia en el tiempo del patrimonio propio de cada espacio geográfico.

En los aportes de Sabino (2004), la actividad agroturística se entiende como una posibilidad sensata para generar crecimiento económico sin vulnerar el equilibrio ecológico, mediante la adopción de actitudes conservacionistas que le otorguen preponderancia al proceder sostenible de amplio impacto, en un intento por reducir los efectos del inminente desastre ecológico que debe afrontarse desde el proceder especializado y los saberes ancestrales, a fin de que se amplíe la capacidad de acción y aprovechamiento que dinamice la vida en sociedad, mejore las alternativas productivas y maximice la inclusión sustentable para el alcance de la satisfacción de necesidades presentes y futuras.

CONCLUSIONES

Alcanzar los ideales de calidad de vida y bienestar integral, constituye un inminente desafío que invita a formular acciones institucionales para el aprovechamiento de las bondades conque cuenta cada comunidad o espacio geográfico. El compromiso del Estado está implícito para generar políticas públicas con enfoque sustentable, a través de las cuales se diversifiquen las posibilidades de crecimiento multidimensional.

Esta propuesta de política pública en materia de turismo agroecológico, procura dejar por sentadas algunas acciones que pudieran fortalecer la productividad regional, mediante la integración de esfuerzos provenientes de todos los niveles de gobierno, quienes en cooperación con los actores sociales y prestadores de servicios turísticos, deben generar un cambio de paradigma que estime el desarrollo de manera crítica y cuyo asidero esté en la dimensión ecológica y ética, por encima de la económica.

Se trata de una invitación a sustituir modos de producción de impacto amplio y negativo por alternativas socialmente sostenibles y sustentables, que garanticen el goce y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, sin poner en riesgo la estabilidad y el equilibrio de los sistemas ecológicos. Este compromiso, como parte de los cometidos del turismo agroecológico, procura ampliar la capacidad de acción de la economía sin vulnerar el dinamismo funcional de la naturaleza como meta deseable, y precise posibilidades infinitas de crecimiento y desarrollo sustentable.

En suma, una política pública en materia de turismo agroecológico debe fundamentarse en privilegiar la reeducación de la sociedad, de las comunidades y del individuo, sobre las alternativas productivas y los límites que se deben asumir en el proceso de aprovechamiento de las bondades que nos aporta la naturaleza. Además, hay que precisar las opciones de cambio que ajusten el comportamiento humano y las prácticas de interacción en los sistemas ecológicos de manera consciente, empática y respetuosa, que garantice responsabilidad ciudadana y ambiental y el resguardo de nuestros recursos no renovables.

REFERENCIAS

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Información adicional

Para citar en APA: Morales Carrero, J. A. (2024). Una política pública para impulsar el turismo agroecológico. Hacia un cambio de paradigma. Reflexiones, desafíos y oportunidades. Wani, (81), e19427. https://doi.org/10.5377/wani.v1i81.19427