Introducción

La participación estudiantil en el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1930 constituye un hecho ampliamente documentado. En las fuentes periodísticas de la época, la juventud universitaria de la capital figuró como un actor central en las manifestaciones de oposición que precedieron y avalaron posteriormente al levantamiento militar. Asimismo, otros documentos y testimonios dan cuenta de la relevancia del componente estudiantil en las agrupaciones civiles de choque que prepararon y formaron parte de la entonces denominada “revolución” de septiembre.¹ Finalmente, distintos trabajos de militantes contemporáneos a esas jornadas así como también estudios académicos posteriores, han analizado las consecuencias inadvertidas de dicha participación, por la cual, las entidades estudiantiles que apoyaron al golpe, pasaron rápidamente a ser uno de los principales blancos de intervención y persecución de la dictadura del general Uriburu que se impuso tras el derrocamiento de Yrigoyen (Giúdici, 1932; Boffi, 1933; Buchbinder, 2010, pp. 132-133; Graciano, 2008, pp. 152-154; Sigal, 2002, p. 28, entre otros).²

El artículo toma como punto de partida esa “paradoja”, que planteaba uno de esos testimonios retrospectivos (Giúdici, 1932, p. 206), para indagar sobre una serie de procesos más amplios en torno a la relación entre estudiantes y política durante la primera experiencia de democracia ampliada, acaecida, a nivel nacional, tras la sanción de la ley de sufragio universal-masculino, secreto y obligatorio en 1912, y, dentro de la universidad, mediante la Reforma Universitaria de 1918. Conjuntamente a ese interrogante, la pregunta de por qué el movimiento estudiantil aceptó el golpe de estado a un gobierno que había amparado sus demandas gremiales y reformistas, actuó asimismo como disparador para analizar la aplicación de la autonomía universitaria, los lazos entre el reformismo y los partidos políticos y el final abrupto que interrumpió ambas experiencias democráticas en 1930.

En diálogo con trabajos provenientes de la historia política y a partir de un corpus que recupera en gran parte fuentes externas a la universidad y a las compilaciones documentales del movimiento estudiantil,³ el artículo propone una aproximación no centrada en la función intelectual del reformismo, que ha sido predominante en los estudios sobre la relación entre estudiantes y política en las primeras décadas del siglo XX. A través de la reconstrucción de distintas agrupaciones e iniciativas intelectuales vinculadas a la universidad, estas investigaciones han contribuido en develar una variedad de formas de intervención pública propias del reformismo, que se diferenciaban de los procesos de profesionalización de la política, en correspondencia con el rechazo manifiesto de los centros y militantes estudiantiles a la intromisión de los partidos en las casas de educación superior.⁴

El enfoque propuesto indaga por el contrario en otras formas de politización que el movimiento reformista dejaba afuera o bien criticaba, pero que no obstante tenían incidencia en las agrupaciones estudiantiles. A partir de lo cual, esta aproximación concede especial atención a las distintas relaciones establecidas con los partidos políticos, como tema de relativa vacancia dentro del campo de estudios sobre la Reforma y los movimientos estudiantiles durante las primeras décadas del siglo XX. No obstante, junto a la interrogación por las vinculaciones e injerencias provenientes de la esfera partidaria, el artículo busca asimismo ponderar el papel que jugaron distintos agentes, prácticas y nociones provenientes de la cultura y del campo político del periodo dentro de la vida universitaria, la cual experimentaba análogos procesos de democratización en sus formas de gobierno a los que se desarrollaban por fuera de los recintos académicos.

El ocaso democrático

Como ha sido señalado en distintos estudios, el proceso de ampliación democrática tras la aplicación de la denominada ley Sáenz Peña, que tuvo como consecuencia el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical (UCR) y el acceso de su líder, Hipólito Yrigoyen, al gobierno nacional (1916-1922), se desarrolló paralelamente en las universidades a través de la institucionalización de los postulados de la Reforma Universitaria de 1918. De este modo, la extensión de la ciudadanía política, con el voto universal-masculino, secreto y obligatorio, se replicó con la ampliación del principio de soberanía o demos universitario, que pasó a incluir la participación del estudiantado en el gobierno de las casas de estudio. El nuevo modelo de universidad reformista abrevaba así de las renovadas prácticas cívicas, políticas y parlamentarias que procedían de ese contexto político de democratización y que se socializaban en los centros de estudiantes y en las elecciones y sesiones de los cuerpos directivos de las facultades (Graciano, 2008; Sigal, 2002).

Sin embargo, ese paralelismo albergaba también diferencias significativas relativas a las concepciones políticas que sustentaban ambos modelos democráticos. Según ha analizado Suasnábar (2009), la forma de concebir el “demos” en la universidad se asentaba en el supuesto de una relación virtuosa entre democracia, saber y autoridad, donde el primer término expresaba la participación de todos los claustros, cuya autoridad derivaba no sólo de la representatividad sectorial sino también del reconocimiento de una competencia legítima. Con ello, según el autor, este ideario terminaba asemejándose más a una democracia “restringida”, regulada corporativamente y legitimada por el voto censitario, que a una verdadera democracia liberal. A través de ese fundamento del co-gobierno se validaba a la vez el principio de autonomía, el cual no solo se reivindicaba frente al Estado sino también ante los partidos políticos (2009, p. 54).

Las concepciones meritocráticas fundadas en el saber como base del demos universitario, se replicaron en distintas disposiciones de los estatutos, que ordenaban la participación estudiantil de acuerdo a las normas de promoción propias del campo académico. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), esas regulaciones se incrementaron tras la reforma de los estatutos de 1923, en el marco de la retracción institucional del reformismo durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, por la cual la participación estudiantil no solo se restringió a estudiantes de los últimos años sino también a quienes contaban con la condición de regulares, que se determinaba en función del cumplimiento del pago de derechos arancelarios dentro de plazos establecidos para ese fin (Carreño, 2021).

La relevancia de dichos fundamentos meritocráticos puede advertirse en el hecho de que los planteos de reforma de esas disposiciones apuntaron principalmente a neutralizar sus efectos más excluyentes relativos a la condición arancelaria, más que a desplazar los requisitos académicos, como principio habilitante para la participación. Como ejemplo, se cita un proyecto presentado en 1928 en el Consejo Superior, por el consejero estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, Nicolás Romano, el cual buscaba revertir el criterio arancelario (por el cual se atribuía que “a la Universidad, no le interesa si el estudiante trabaja o no, le basta con saber que paga”) por una nueva definición del alumno regular que atribuía derechos activos únicamente al “estudiante que estudia”.⁵ El proyecto tampoco proponía una ampliación del padrón que abarcara al alumnado de los cursos inferiores, lo cual se explica en afinidad con los principios meritocráticos y de autonomía, tendientes a asegurar la representatividad del electorado estudiantil, depurando la infiltración de posibles elementos recién llegados y externos a la universidad. A la vez, la importancia de los requisitos académicos en el régimen electoral se observa, en algunas facultades, en los plebiscitos estudiantiles preliminares que se realizaban para acordar candidaturas en las elecciones universitarias, lo cual daba lugar a reclamos de estudiantes de los primeros años para acceder al derecho de representación.⁶

Sin embargo, es importante considerar que si en ciertos aspectos la universidad regulaba de forma más estricta derechos políticos que por fuera de ese espacio resultaban más horizontales, en otros aspectos los ampliaba. En tal sentido, la existencia de concepciones meritocráticas en la universidad permite explicar otra diferencia sustancial con la ciudadanía política que se habilitaba a nivel nacional y que abarcaba únicamente a los hombres. En contraste, dentro de la universidad las mujeres podían votar y ejercer puestos de representación, lo cual se corresponde con los proyectos legislativos del periodo sobre el sufragio femenino que contemplaban formas restringidas o calificadas de participación para las mujeres.⁷

La consideración de estos paralelismos y diferencias dentro de los regímenes democráticos del adentro y el afuera universitario, adquiere relevancia en el contexto de crisis política, institucional y económica que afectó al gobierno nacional durante la segunda presidencia de Yrigoyen (1928-1930). En ese marco, tensionado por el incremento de la violencia y de lógicas de polarización política, partidos y medios opositores recrudecieron una serie de cuestionamientos que apuntaban sobre las prácticas a las que había dado lugar la aplicación de la ley Sáenz Peña y, en sus formulaciones más extremas, condenaron inclusive las bases del sistema democrático.⁸

Tal como se analizará con más detalle en el siguiente apartado, en el periodo que se recorta entre la campaña y el abrumador triunfo electoral de Yrigoyen en abril de 1928 y el final abrupto de su mandato en septiembre de 1930, la extrapolación de esas críticas al terreno universitario figura como una de las formas o factores de politización que pesaron sobre el modelo de universidad reformista. No obstante las señaladas diferencias entre los regímenes de participación electoral, estas lecturas le adjudicaban los mismos desvíos y diagnósticos que anunciaban el ocaso democrático también dentro de la universidad. Según se estudia en el próximo apartado, junto con esas lecturas, otros elementos ayudan a entender la constitución de la universidad como un actor dentro de la arena política, pese a los intentos del reformismo de asegurar su autonomía.

Factores de politización estudiantil en la coyuntura previa al golpe

Dentro de los factores de politización que identificamos de modo alternativo a las formas de acción política- intelectual del reformismo, la existencia de agrupaciones o comités universitarios, vinculados a partidos políticos o fórmulas electorales, constituye la tendencia aparentemente más contradictoria. Como ha analizado Sigal (2002), “Particularmente durante los años 20 y, luego, bajo el peronismo” (...) la ausencia de lazos orgánicos entre bloques universitarios y partidos políticos”, constituyó una de las manifestaciones del principio de autonomía, por la cual se delimitó en las universidades, un terreno de conflictos legítimos y de “reglas y códigos específicos que quienes eran miembros de los partidos políticos debían respetar” (pp. 58- 57).

De este modo, la aparente contradicción que plantea la existencia de agrupaciones estudiantiles partidariamente embanderadas se explica por dichos principios y por la demarcación de espacios de incumbencia por fuera de la universidad. Producto de lo cual, la constitución de estas entidades era una práctica aceptada, o al menos no extraña, que contaba además con trayectoria y antecedentes previos a la ley Sáenz Peña. Asimismo, la sanción de la Reforma en 1918 y la aplicación del co-gobierno no alteró esta práctica aunque sí presentó nuevas situaciones de conflicto por la posible equiparación de determinadas candidaturas con las estructuras partidarias que contaban con entidades estudiantiles o juveniles.⁹ Sin embargo, hacia finales de los años veinte esta tendencia adquirió no solo mayor relevancia y conflictividad, sino también nuevas características.

Por un lado, la intensidad que adquirió la actividad política durante la campaña electoral presidencial a inicios de 1928 y la oposición al gobierno de Yrigoyen a lo largo de su segunda presidencia sentó las bases para la proliferación y el incremento de las tareas de estas agrupaciones. A partir de distintas noticias periodísticas, además de los casos preexistentes de los comités universitarios radicales (escindidos respectivamente en las facciones personalista y antipersonalista); de las agrupaciones estudiantiles y juveniles del Partido Demócrata Progresista y del Partido Comunista¹⁰ se registra la existencia del Grupo Universitario Socialista Independiente, desde 1928;¹¹ la organización del Centro Universitario del Partido Nacionalista en 1929¹² y de la Unión Libre Universitaria (ULU), vinculada al Partido Socialista (PS), a inicios de 1930.¹³

Junto a estas agrupaciones, reveladoras de un proceso de politización partidaria de las juventudes universitarias previo al golpe de Estado, encontramos otras formas de acción estudiantil colectiva vinculadas a los partidos. Se registra así la aparición de agrupaciones universitarias independientes o que inclusive reivindicaban a la Reforma, en apoyo de las principales candidaturas rivales a la UCR personalista en las elecciones de 1928 y 1930. Entre estos casos, se destaca la publicación de un manifiesto que rescataba el papel de la “juventud argentina que supo en el 18 revelarse contra el espíritu conventual emparedado en la vieja universidad” para adherir al Partido Socialista Independiente. Esa medida si bien se amparaba en el principio de autonomía a través de la afirmación de independencia cívica de sus integrantes (“no nos une al Partido Socialista Independiente otro vínculo que la afinidad de propósitos inmediatos”) representaba también una amenaza a ese principio en tanto implicaba una delegación, en un partido político, de la discusión de las formas de gobierno universitario. En tal sentido, el manifiesto justificaba ese auspicio, promocionando el propósito del Partido Socialista Independiente de llevar adelante “la sanción legal del estatuto universitario que pondrá el régimen de las casas de estudios a cubierto de las acechanzas de los políticos profesionales”.¹⁴

Entre estos grupos independientes, la formación de la Unión Cívica Universitaria (UCU) en noviembre de 1929, constituye el caso más significativo. A partir de la detención de varios de sus integrantes por pegar carteles y de los sucesivos mítines y actos de protesta que llevó a cabo, la entidad adquirió relevancia entre los principales grupos de oposición al gobierno. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, las iniciales bases de autonomía en la que, como universitarios, fundaban sus manifiestos y posicionamientos de intervención política, se alteraron al apoyar públicamente las candidaturas del Partido Socialista Independiente en enero de 1930, para lo cual la agrupación tuvo que modificar su carta orgánica que prohibía cualquier embanderamiento electoral.¹⁵

Por otro lado, en el marco de reflexión crítica que propició el décimo aniversario de la Reforma en 1928 y que dio lugar a iniciativas como la creación de un Partido Nacional Reformista (Bustelo, 2021; Graciano, 2008), las agrupaciones estudiantiles partidarias adquirieron también nuevas características. Investigaciones recientes sobre el Comité Universitario Radical permiten observar cómo, en la segunda mitad de la década del veinte, esa entidad se renovó con la incorporación de cuadros que provenían de la militancia en el reformismo y con la elaboración de posicionamientos intelectuales que superaban las usuales funciones propagandísticas y proselitistas desde un nuevo papel que se asignaban las juventudes universitarias al servicio del partido (Carreño, 2023 y 2024). Un proceso similar puede advertirse en la conformación del Grupo Universitario del Partido Socialista Independiente. En este caso, la impronta reformista no aportó a la renovación sino a la constitución del grupo, que estuvo inspirada por principios reformistas y por militantes, como Roberto J. Noble y Domingo A. Arizaga que también provenían de agrupaciones estudiantiles de ese movimiento.¹⁶ A partir de lo cual, nuevamente a diferencia de las tradicionales funciones de propaganda electoral que usualmente cumplían las entidades estudiantiles en torno a las distintas candidaturas, estos cuadros procuraron inscribir su acción “Al margen de las actividades políticas del partido”, dentro de la “labor cultural en los campos universitarios y obreros."¹⁷

En ambos casos, ello no implicaba una proyección o formulación explícita de candidaturas afines a los partidos dentro de la universidad. Sin embargo, en un sentido inverso, las nuevas funciones de las agrupaciones universitarias al servicio de los partidos sí resultan representativas de la renovación de las estrategias de sectores provenientes del reformismo de intervenir en el campo político.

En segundo lugar, en paralelo al surgimiento o renovación de las agrupaciones estudiantiles partidarias, la circulación de prácticas cívicas no virtuosas, características de la vida electoral porteña se identifica como otro medio de politización, que, al igual que en el caso anterior, evidencia la porosidad de las fronteras políticas que el reformismo buscaba delimitar. Entre los efectos más críticos de esta tendencia la reproducción de la violencia política dentro del medio universitario, presenta por el contrario relaciones muy estrechas con las prácticas de las instancias comiciales en la ciudad de Buenos Aires. Especialmente, en el marco de la agitada campaña por las elecciones presidenciales de 1928, el canto de vivas (como forma de afirmación política frente a un militante, espacio u acto opositor) seguida del descargo de armas de fuego, constituyó una de las costumbres características, que también se replicó en los centros de estudiantes. A raíz de la renovación de autoridades del Círculo Médico Argentino- Centro de Estudiantes de Medicina (CMA-CEM) en abril de ese año, se suscitó un tiroteo en un bar cercano a la entidad, que, según el testimonio de Elías Meilij (uno de los candidatos en esa elección que militaba paralelamente en el Comité Universitario Radical) obedeció a que “hemos sido sorprendidos por una “barra” reclutada con propósitos sospechosos (...) los estudiantes de distintas fórmulas allí presentes fuimos blanco del insolente malón desatado con un ‘viva’ a una determinada fórmula”.¹⁸ En ese testimonio, los componentes de territorialidad y de defensa de la hombría, que ha analizado González Alemán en torno a la violencia política en la vida electoral porteña (2014, 2021), se identifican en el rechazo manifiesto ante elementos y actos que eran percibidos como externos y como una provocación (o “insolencia”) y que (en su evocación a la imagen del malón) eran además interpretados dentro de los códigos de civilización y barbarie, que permeaban la cultura política de la época (Svampa, 2006).

En 1929 estos componentes se hicieron nuevamente presentes en los comicios para la renovación de consejeros estudiantiles en la Facultad de Ciencias Médicas. En esa ocasión, según la crónica del diario socialista La Vanguardia, se responsabilizó a un profesor suplente y a varios médicos y alumnos de haber ingresado al local del CMA-CEM, “esgrimiendo hachas y revólveres”, de haber sustraído una urna con votos y de herir a un estudiante de un balazo en el hombro.¹⁹ Seguidamente, en respuesta a “la agresión incalificable”, según afirmaba el periódico reformista Acción Universitaria, “hubo una asamblea de machos donde se salvaron los principios y fueron denunciados los asaltantes, conservando el presidente Mársico, la autoridad que ha sabido ganarse por su hombría”.²⁰ Con lo cual junto con la violencia, el episodio da cuenta de la relevancia de ciertos atributos y códigos de masculinidad que (al igual que las concepciones y prácticas que restringían la participación cívica -electoral como una prerrogativa masculina en la política nacional) también se reproducían y actuaban como capitales para la praxis política universitaria, pese a las diferencias que dentro de ese espacio habilitaban formalmente la participación femenina.

Los hechos de violencia, dentro y fuera de la universidad, no constituyen exclusivamente una consecuencia de la intensidad de la actividad política electoral en la coyuntura de crisis que enmarcó la segunda presidencia de Yrigoyen.²¹ Sin embargo, el incremento de la tensión política en ese entonces recrudeció las denuncias al respecto, junto con la señalada elaboración de diagnósticos negativos sobre las prácticas cívicas que se extrapolaban al ambiente universitario. Para ello las crónicas de los diarios opositores al gobierno establecieron paralelismos explícitos que equiparaban el funcionamiento de los centros de estudiantes con las denostadas lógicas de los comités partidarios. En especial se acusaba la movilización de recursos (en la propaganda electoral, la venalidad, el uso de prebendas o la contratación de autos para movilizar votantes) como principal expresión estudiantil de los males de la “política criolla”.

Si bien al estar supeditadas a los intereses de los partidos estas lecturas se integran dentro de sus luchas políticas y conforman otro factor de politización que analizaremos a continuación, también eran refrendadas por denuncias formuladas por militantes reformistas. Con lo cual, las mismas resultan expresivas de cierta circulación de prácticas externas de las cuales las organizaciones estudiantiles no podían sustraerse y a la vez reveladoras de la incidencia que esas denuncias públicas tenían sobre dichas entidades estudiantiles. Tal como se señala en el testimonio del estudiante de medicina, Ernesto Giúdici (1932), en relación con la postulación a decano del Dr. Enrique Zárate, acusado por los diarios de ser un candidato yrigoyenista y de fraudulentas maniobras electoralistas:

Zárate, señalado ante la opinión pública, fue la persona que recogió la indignación general. De los grandes órganos del periodismo nacional, los mismos que más tarde nos juzgarían severamente porque demostráramos respetar la línea de conducta trazada, nos hacían llegar la voz de alarma y nos incitaban a la acción (p. 203).

En respuesta, como eco probable de estas denuncias, se ubican una serie de iniciativas y debates por parte de las agrupaciones y líderes del reformismo que expresan la intención de asegurar las bases de autonomía y la pureza de los comicios, fortaleciendo la diferenciación de los mecanismos de participación propios del régimen democrático universitario. Entre estas iniciativas, en agosto de 1928, se cita la propuesta formulada ante el Consejo Superior por el Consejero Estudiantil de Medicina, Nicolás Romano a favor del sufragio público y obligatorio en los comicios universitarios. Esta medida, procedente de un profesor reputado según el diario La Vanguardia como un “yrigoyenista conocido”,²² se identificaba no obstante con una concepción de la ciudadanía política que, como analizó González Alemán para la campaña electoral de 1928, era recuperada de la tradición republicana de la segunda mitad del siglo XIX por parte del radicalismo antipersonalista. Dicha concepción, enlazaba el voto público con atributos de virilidad y de “coraje cívico de expresar convicciones” públicamente (2014).²³

La cuestión del voto público dio lugar a la formulación de distintas denuncias sobre las prácticas electorales universitarias y el desarrollo de un debate en distintos medios que involucró a integrantes del Grupo Universitario del Partido Socialista Independiente y a importantes líderes y referentes del reformismo.²⁴ Las consecuencias de esa discusión llegaron a materializarse institucionalmente a través de un proyecto del profesor Alfredo Palacios, en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, para que se investiguen las irregularidades en los comicios universitarios.²⁵ De este modo, el debate y las polémicas generadas por las formas de sufragio resultan expresivas de las dificultades del reformismo de asegurar el principio de autonomía, reforzando las concepciones meritocráticas del demos universitario. En tal sentido, las iniciativas canalizadas por Romero y Palacios, apelaban principalmente a virtudes morales (que en ambos proyectos se identificaban en la juventud) y a concepciones y prácticas (como el voto público o la exigencia de juramentos de honor en el caso de Palacios) que resultaban previas a la democracia ampliada y que generaban escasa repercusión frente la circulación periodística de diagnósticos que extrapolaban en la universidad las críticas sobre las derivas electoralistas de la Ley Sáenz Peña.

Finalmente, en tercer lugar, las señaladas nuevas tendencias dentro de las agrupaciones universitarias partidarias, estuvieron precedidas y acompañadas por intentos de las entidades políticas de promover la afiliación de cuadros universitarios y juveniles. En esta materia, los antecedentes más antiguos que citamos en torno a la UCR, que se remontan a la referida fundación del Comité Universitario Radical en 1915 e incluso a fechas previas (Carreño, 2023), no parecen replicarse en las distintas fuerzas electorales del periodo. En el campo de las izquierdas, en el Partido Comunista se organizaron comités de estudiantes secundarios y universitarios en apoyo a distintas candidaturas del partido, desde las cuales se formularon posicionamientos críticos al alcance moderado de la Reforma Universitaria.²⁶ Sin bien se plantearon instancias de acercamiento en torno a la denuncia antiimperialista que adoptó este movimiento a mediados de los años veinte, las mismas se limitaron por la desvinculación política que demarcaron las entidades reformistas frente al comunismo.²⁷ Dentro del socialismo, el surgimiento de agrupaciones universitarias se ubica a finales de la década del veinte y puede interpretarse dentro de los efectos que rodearon al cisma partidario de mediados de 1927 y que implicaron como contrapartida un desarrollo organizativo en ambas partes escindidas (Martínez Mazzola, 2011). Así, en el caso del Socialismo Independiente, los propósitos de ampliar su reclutamiento entre el estudiantado universitario se evidencian, entre otras medidas, en la promoción del papel de pionero del partido en integrar las demandas del reformismo dentro de su plataforma electoral y de contemplar en su política educativa formas restringidas de gratuidad en la enseñanza secundaria y superior y de representación estudiantil a mayores de 18 años.²⁸ Asimismo, aunque la constitución de este tipo de agrupaciones fue más tardía en el PS, desde La Vanguardia, se registran con anterioridad intentos de acercamiento hacia el mundo universitario así como también impugnaciones a los intentos de la rama independiente que se orientaban a ese mismo fin.²⁹

Sin embargo, por fuera de estas iniciativas que se encuadraban dentro del formal respeto al principio de autonomía, coexistieron otras formas indirectas de injerencia, a través de distintas lecturas por las cuales los partidos y grupos opositores al yrigoyenismo tomaron por objeto a la universidad, e inclusive a las formas de intervención intelectual del reformismo, como un lugar de expresión de sus luchas propias del campo político. Esta forma de politización registra múltiples ejemplos en la prensa partidaria y opositora al gobierno, en la que en general se identificaban tendencias o intrusiones yrigoyenistas detrás de los conflictos universitarios. El diario La Fronda, en la deriva ideológica que experimentó ese periódico en la coyuntura previa al golpe, por la cual llegó a recusar las coordenadas del liberalismo democrático a las que adscribía anteriormente (Tato, 2004), apeló en varias ocasiones a esta práctica. En sintonía con la prédica del grupo nacionalista de La Nueva República, este diario tendió en repetidas ocasiones a equiparar a las agrupaciones reformistas de izquierda con el yrigoyenismo, denunciando así la existencia de un clan izquierdista-radical detrás de conflictos (como la toma de la Facultad de Derecho en diciembre de 1929) que sus militantes reivindicaban como netamente reformista.³⁰ En un sentido similar, la denuncia del diario Libertad, órgano oficial del Partido Socialista Independiente, sobre la influencia de elementos yrigoyenistas dentro del CMA-CEM, tuvo que ser rectificada tras la intervención en ese periódico de un estudiante, miembro de la comisión directiva del CMA-CEM y a la vez militante del Socialismo Independiente, que negó rotundamente dicha injerencia.³¹ Por su parte, el diario socialista La Vanguardia, no circunscribió sus denuncias únicamente al yrigoyenismo (aunque igualmente fue su principal blanco de acusación), sino que también las amplió al señalar la intromisión de otros exponentes de la política criolla o de las fuerzas conservadoras (como el radicalismo antipersonalista o el recientemente escindido Partido Socialista Independiente) dentro de las prácticas políticas de la universidad. Estas denuncias trasladaban a la UBA las disputas que mantenía el PS con dichas fuerzas políticas, a las que acusaba de poseer las mismas carencias que se replicaban en el terreno universitario (por ejemplo, señalando la vacuidad o inexistencia de ideas o programas políticos dentro de las agrupaciones reformistas).³² Finalmente, este tipo de estrategia fue también empleada por el radicalismo personalista, el cual, a partir del inicial apoyo del primer gobierno de Yrigoyen a la Reforma Universitaria en 1918, recurrió en repetidas ocasiones a la identificación de dicho movimiento con el partido que había institucionalizado sus demandas y a la equiparación de sus principales enemigos políticos con los profesores y elencos directivos opositores a la Reforma, en la Facultad de Derecho (Carreño, 2023 y 2024).

La advertencia de la externalidad de las lecturas partidarias sobre la vida universitaria no implica negar la posible injerencia que el yrigoyenismo o los demás partidos políticos hayan tenido sobre la universidad, mediante el empleo de influencias o recursos para ganar posiciones o cátedras en ese ámbito. Sin embargo, busca poner de relieve la incidencia de otros mecanismos y lecturas que convirtieron a la universidad y al reformismo en un disputado o denostado actor dentro de la arena política. Tal como analizaremos a continuación, los señalados factores de politización se interpretan dentro de los elementos centrales para comprender la participación estudiantil en el golpe de estado.

“La intervención de los universitarios en la revolución libertadora del 6 de septiembre”³³

Los episodios que involucraron la participación estudiantil en el golpe se sucedieron en dos instancias. Por un lado, en las jornadas de protesta del día 4 de septiembre, las masivas manifestaciones estudiantiles pidiendo la renuncia de Yrigoyen, dejaron un saldo de varios heridos y la muerte de Juvencio Aguilar, quien, de acuerdo a las lecturas politizadoras a las que hemos aludido, era identificado como empleado bancario o bien como mártir estudiantil en la crónica de los distintos periódicos.³⁴ Por otro lado, se ubica la serie de hechos que se desarrollaron a continuación, entre las deliberaciones por la postura a tomar frente al levantamiento militar, la efectiva intervención de grupos de estudiantes durante la autodenominada “revolución” y la posterior declaración de distintas entidades universitarias a favor del golpe. Sin proponer una reconstrucción acontecimental de ambas instancias, en el presente apartado nos detendremos en algunos detalles o indicios que ilustran la incidencia de los factores de politización que hemos analizado como elementos centrales para explicar la intervención estudiantil colectiva.

Para ese fin, como alude la cita con la que se titula el apartado, recurriremos, contrastadamente con otros documentos, a la crónica de Roberto Noble, ex diputado del Partido Socialista Independiente y organizador de su Grupo Universitario, dado el carácter testimonial y a la proximidad temporal con los episodios que relata.³⁵ En primer lugar, el testimonio de Noble, al igual que otras fuentes, pone de relieve el papel que ocuparon las concepciones masculinas de ciudadanía a las que hemos referido, como detonante de la intervención estudiantil. Según su relato, la noche del 5 de septiembre se había tomado una resolución conjunta entre militares y civiles de contar con la participación estudiantil como una forma de dotar al levantamiento de “una tonalidad civil y popular”, para lo cual Noble y otros universitarios eran los encargados de comunicar a los estudiantes la hora y los cuarteles a los que debían concurrir en señal de apoyo. Ese rol de conspirador fue ejercido por Noble en una reunión multitudinaria en la Facultad de Ciencias Médicas donde se velaba el cuerpo de Aguilar:

muchos estudiantes comenzaban ya a retirarse de la Facultad, entonces hice correr la voz entre los presentes de que el Klan radical venía dispuesto a asaltar la casa y arrebatar el cadáver de Aguilar, que iba a ser la bandera con la que -según se decía en todos los corillos- al día siguientes la muchachada daría la gran batalla contra el Gobierno.³⁶

De este modo, la evocación como amenaza de la enigmática figura del “Klan radical” (supuesto grupo de choque del gobierno yrigoyenista), así como otras nociones y prácticas a las que hace apelación su testimonio (territorialidad en la defensa de la universidad y del cadáver, juramentos de honor, coraje y decisión, etc.), evidencian la reproducción de un modo de participación política de la época, impregnado “de valores derivados de los códigos sociales del honor masculino” y de concepciones de la ciudadanía que ponderaba “las expresiones “viriles” en el espacio público” (González Alemán, 2021).³⁷ Inclusive, dichas concepciones, cumplieron un rol entre los universitarios y grupos estudiantiles que no apoyaban la intervención militar y que proponían una acción civil para promover la dimisión presidencial. Entre estos grupos (entre quienes figuraban el decano reformista Palacios y líderes de la fracción izquierdista del reformismo como Julio V. González, Emilio Biagosh, Florentino Sanguinetti, entre otros) nuevamente el rumor de una posible invasión del Klan en los recintos académicos, figuró como un factor determinante en la pronta defensa estudiantil de la Facultad de Derecho, supuestamente amenazada (Giúdici, 1932, p. 229) y como un distractivo que impidió la intervención de esos universitarios para sostener sus posturas antimilitaristas en la asamblea que se sucedía paralelamente en la Facultad de Ciencias Médicas (Sanguinetti, 1970, p. 59).

En segundo lugar, debe considerarse la incidencia del proceso de politización partidaria y, especialmente, el papel de los partidos políticos opositores y favorables al golpe, dentro de los factores que canalizaron la acción estudiantil. En este punto, el testimonio de Noble resulta una fuente parcial (e interesada en mostrar el papel del Partido Socialista Independiente en la “revolución” y su popularidad entre el medio estudiantil) pero a la vez expresiva de los contactos que continuaban acercando a dicho partido, con las agrupaciones estudiantiles independientes de oposición al gobierno, como la UCU. Se registra así que los nombres de los estudiantes de derecho Raúl Uranga y Emilio Vigliani, líderes de esa agrupación, figuraron entre los principales contactos entre quienes Noble intenta comunicar su función conspiradora.³⁸ Sin embargo, más allá de la posible militancia partidaria (cuyas proporciones resultan inciertas y probablemente reducidas) o de la “instrumentación [de los elementos universitarios] por parte de los políticos conservadores"³⁹ como factor que incidió en la participación frente al golpe, la influencia de los partidos opositores dentro del movimiento estudiantil puede observarse en un registro más general, a partir de la ausencia, dentro de este último, de posicionamientos político- intelectuales propios para justificar su acción pública contra el gobierno de Yrigoyen. Los manifiestos estudiantiles abrevaron de los mismos diagnósticos que circularon en la prensa partidaria opositora y apoyaron igualmente el recurso del golpe como una salida transitoria que esperaba ser prontamente superada mediante el retorno democrático y restablecimiento del orden constitucional.⁴⁰

Finalmente, en tercer y último lugar, la incidencia del papel que las lecturas que politizaban a la universidad y al movimiento reformista como un exponente de las lógicas y camarillas radicales yrigoyenistas, resulta más difícil de determinar, aunque es factible suponer que el rechazo a esa acusada injerencia haya sido un factor movilizante. El testimonio del estudiante Giúdici (1932), según el cual “La prensa, en general, acompañó y estimuló a los estudiantes” (p. 220), si bien resulta una fuente parcial que se sitúa desde un balance crítico sobre los resultados de la participación civil en el golpe, se corresponde con los saludos y ovaciones estudiantiles a los locales de los diarios opositores (en particular, al diario Crítica) durante las manifestaciones de inicios de septiembre.⁴¹ Sin embargo, más allá de esa posibilidad, la profusa circulación de dichas lecturas en el espacio público debe ser tenida en cuenta como un componente para explicar la posterior intervención de la universidad, no solo por los elementos ideológicos de izquierda que se juzgaban disolventes entre las juventudes, sino también por la influencia de esas lecturas que, desde otro aspecto, también hicieron de la universidad un actor político, en vinculación con los partidos políticos y con sus lógicas electoralistas que se buscaban suprimir.

Conclusiones

En su aplicación más acotada a los interrogantes iniciales que planteamos sobre la participación estudiantil en el golpe de estado, el enfoque adoptado nos permitió explicar dicho acontecimiento, más que como una forma de intervención política o intelectual diferenciada por parte del movimiento estudiantil o reformista, como un producto de prácticas y concepciones de ciudadanía provenientes de la arena y del campo político, tensionado entonces por el creciente uso de la violencia y por lógicas de polarización con amplia circulación periodística y en el espacio urbano (González Alemán, 2014 y 2021). Sin embargo, más allá de la interrogación que tomamos como punto de partida, la utilización de una escala temporal a corto plazo y la recuperación de un episodio en particular, han buscado ser una vía para rescatar otras preguntas y elementos en el análisis de la relación entre estudiantes y política y de la vida política universitaria.

A partir de una mirada complementaria a los enfoques sobre la función política- intelectual de la universidad, esta aproximación invita a revisar el papel de los partidos políticos en las casas de estudios. Más allá de las manifestaciones de rechazo del reformismo hacia estas estructuras y del trazado de normas éticas y de fronteras de incumbencia dentro de la universidad, el relevamiento de fuentes externas, provenientes de los partidos y de la prensa opositora evidenció distintas formas de porosidad y de relación entre ambos espacios. Entre estas formas la existencia de comités o grupos universitarios embanderados políticamente; los intentos de los partidos de reclutar a las juventudes y a los cuadros universitarios; las nuevas funciones estudiantiles al servicio de los partidos o la proyección del reformismo dentro del terreno partidario; la elaboración de discursos que politizaban las luchas o conflictos internos de la universidad, se presentan como preguntas de estudio para futuras investigaciones que abarquen asimismo otras escalas temporales y geográficas más allá de la experiencia de la UBA. En ese sentido, también son vías para pensar la fallida autonomía de la universidad, no solo como producto de los golpes de estado y de las intervenciones de las que fue objeto por sus posicionamientos políticos y lógicas propias de acción colectiva (Sigal, 2002, pp. 50-51), sino también por la injerencia de otros agentes y prácticas (como los partidos, la prensa, las prácticas de civismo, etc.) que también hicieron que la universidad fuese en otros aspectos un actor disputado dentro del terreno político.

Desde otro aspecto, la atención hacia estos elementos puede resultar útil a la hora de analizar, en una escala más amplia, los procesos de democratización y las formas de gobierno universitario. El caso abordado, acotado además a la experiencia institucional concreta de la UBA, señala que, pese a la existencia de significativas diferencias en los regímenes democráticos y de participación electoral que se planteaban con el afuera universitario (limitaciones calificadas del voto estudiantil, participación femenina, etc.), la incidencia o al menos la resonancia y reproducción de denuncias de prácticas electoralistas, resulta relevante como un factor a considerar en el análisis de los intentos y limitaciones del reformismo de regular su autonomía y de las formas colectivas de proyectar la democratización del espacio universitario. A la vez, atendiendo a las preguntas de los estudios sobre historia y violencia política con los que hemos dialogado, la reproducción en los recintos académicos de las concepciones masculinas de la ciudadanía, invita a profundizar la perspectiva de género en la historia política de las universidades, atendiendo a otros mecanismos de exclusión de las mujeres que subsistían más allá de las normativas legales que las integraban formalmente.

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Notas