Cuando estuvimos allá (en el D2 de Mendoza), apareció un juez, que, más o menos, después armamos la historia del juez… Yo le dije: ‘Doctor, me acaban de violar, es impresionante’. Yo iba entre dos policías que me llevaban de acá (de las axilas), porque quedé abajo... Porque claro, era la más joven del grupo. Entonces, además, se ensañaron conmigo los tipos. (…) Yo le digo: ‘Doctor, mire cómo estoy, me han violado, me han golpeado’. Me dijo: ‘¿No te habrás caído?’. A ese lo tengo denunciado¹.

Lo denunciamos entre el ’83 y el ’84. Empezaron los jueces a querer iniciar las causas dentro de sede policial. (…) Yo lo denuncié entonces en la Cruz Roja, después, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pude hablar en nombre de todas las compañeras. (…) ‘Y además me violaron’, les decía yo. ‘Bueno, si te duele mucho, no hablés de eso’. ‘No, me duele mucho, pero igual quiero hablarlo’.” (Entrevista a Silvia Ontivero, 2012).²

Durante la última dictadura militar argentina, la experiencia concentracionaria tuvo para las detenidas desaparecidas fuertes marcas de género. Las prácticas represivas contaron con circunstancias especiales cuando se dirigieron hacia las mujeres que, al menos en la práctica, cuestionaban los roles que socialmente les habían sido atribuidos (Oberti, 2015). Para los represores las detenidas se habían apartado de los roles de género, situación frente a la cual la violencia sexual representaba, entre otras cosas, un instrumento de castigo correctivo así como también una demostración de poder hacia sus parejas y sus organizaciones políticas.^{3 4}

Las formas de violencia sexual sufridas por las mujeres detenidas en los centros clandestinos de detención fueron diversas⁵ y marcaron profundamente sus experiencias en los centros clandestinos de detención (Álvarez, 2019). Esto no constituyó un fenómeno ni aislado ni nuevo, sino que tiene una doble inscripción: por una parte, es expresión de la violencia ejercida masivamente por las fuerzas de seguridad contra los y las militantes populares y, por otra, se inscribe en una violencia de largo alcance que se ejerció y se ejerce sobre las mujeres.

En los últimos años han empezado a visibilizarse lentamente testimonios sobre la violencia sexual en centros clandestinos de detención. Sin embargo, muchos de estos relatos no son nuevos. Estas denuncias habían formado parte de los relevamientos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y también habían podido escucharse durante el Juicio a las Juntas Militares de 1985. A pesar de que los delitos contra la integridad sexual quedaron excluidos de las leyes de impunidad sancionadas en la segunda mitad de la década de 1980, estas denuncias no fueron consideradas, en su especificidad, durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que pasar casi 40 años para que el tema empezara a visibilizarse en la esfera pública? ¿Qué pasó con los testimonios de esas mujeres? ¿No habían querido hablar del tema? ¿No habían podido hacerlo?

Si bien hubo sobrevivientes que, por diversos motivos, optaron por el silencio, en las entrevistas que realizamos para la película Campo de batalla, cuerpo de mujer (Álvarez, 2013) muchas de ellas remarcaban lo difícil que les había resultado encontrar con quién hablar del tema, que alguien estuviera dispuesto/a a escucharlas. También algunas de ellas durante muchos años no lo pudieron hablar, pero ahora sienten la necesidad de hacerlo. Lo que es muy llamativo es que en gran parte de los testimonios se destaca el relato sobre los escasos o inexistentes marcos sociales de escucha.

Como señalan Michael Pollak y Natalie Heinich (2006), lejos de depender únicamente de la voluntad o la capacidad de los/as sobrevivientes para reconstruir su experiencia, los testimonios sobre el pasado reciente traen siempre consigo la marca de lo socialmente audible y decible en el momento en que son pronunciados. Las condiciones que lo vuelven comunicable socialmente varían a lo largo del tiempo y del espacio. Así, todo testimonio resulta, fundamentalmente, del encuentro entre la disposición del/de la sobreviviente a compartir sus vivencias y las posibilidades de éste/a de ser escuchado/a. Por eso que consideramos necesario reflexionar sobre las condiciones para la escucha que, a nivel social, se produjeron y producen para que las/os sobrevivientes puedan narrar sus experiencias, si así lo desean. Desde esta perspectiva, la responsabilidad de que los testimonios se den deja de ser sólo individual y pasa a ser también colectiva.

Desde esa perspectiva, analizaremos cuál fue el derrotero, a lo largo del tiempo, de los testimonios sobre la violencia sexual en cautiverio. ¿Qué impacto tuvieron estos relatos en la denuncia de los crímenes dictatoriales? ¿Cómo fueron recibidos y tramitados? ¿Encontraron estas mujeres marcos sociales que habilitaran una escucha atenta de las vivencias narradas y que permitieran pensarlas en su específica dimensión de género?

En este trabajo nos enfocaremos en la forma en la que estos testimonios fueron recibidos durante los años de la dictadura, tomando en particular las denuncias realizadas en la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU).

Durante la última dictadura militar las personas y los colectivos desarrollaron distintas actitudes sociales. Lejos de las perspectivas binarias, buscaremos considerar las contradicciones que permiten encontrar en un mismo colectivo una mezcla de actitudes sociales, las transformaciones a lo largo del tiempo y distintos posicionamientos en relación a los diversos aspectos del régimen dictatorial.

Las denuncias de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU)

El conocimiento sobre el terrorismo de Estado en general se fue generando de manera gradual. Los/as sobrevivientes de los centros clandestinos de detención tuvieron un peso decisivo, al aportar información clave sobre el funcionamiento de estos espacios que eran ocultados y negados por el poder militar. Algunos/as denunciaron de manera pública (generalmente, desde el exilio); otros/as lo hicieron frente a comisiones investigadoras; otros/as compartieron su información de manera privada a los familiares de las víctimas y/o los organismos de derechos humanos que los nucleaban. Estas primeras denuncias fueron fundamentales y dieron cuenta de una fuerte intención de testimoniar a pesar de la represión de la que ellas/os mismas/os habían sido víctimas.

En general, el testimonio de los/as sobrevivientes en el exilio también fue determinante en la instalación en la opinión pública internacional de las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras del Cono Sur. En esta línea, los/as exiliados/as argentinos/as desarrollaron una intensa actividad política orientada a denunciar a la dictadura y apoyar a los/as familiares, relacionándose en diferente grado con los organismos de las redes de derechos humanos (Franco, 2008; Yankelevich, 2009; Jensen, 2010; Ayala, 2014). Como señala Markarian (2004), en el exilio los/as militantes de las organizaciones de izquierda revolucionaria se acercaron progresivamente al lenguaje y a las prácticas del activismo humanitario.

La CADHU surgió en febrero de 1976, como respuesta a los crecientes atentados, secuestros y asesinatos contra militantes políticos. Fue creada por un grupo de abogados defensores de prisioneros/as políticos/as, entre quienes se destacaban Eduardo Luis Duhalde, Carlos María Duhalde, Haroldo Logiurato, Liliana Galletti, Ignacio Ikonicoff y Marcelo Duhalde.⁶

Si bien el organismo surgió en Argentina, sus integrantes fueron perseguidos y, quienes sobrevivieron, debieron partir al exilio. Así, lo que había sido la Delegación Exterior, para fines del año 1976 se convirtió en el Consejo Directivo de hecho del organismo, que estableció su base de operaciones fuera del país (González Tizón, 2016) y se dedicó a denunciar la represión en Argentina desde Madrid, París, Washington y México. Con ese objetivo los integrantes de la CADHU recolectaron una importante cantidad de evidencia sobre las características de la represión en el país y los testimonios de las y los sobrevivientes de los centros clandestinos se volvieron imprescindibles en la estrategia que buscaba visibilizar los crímenes de la dictadura ante la opinión pública internacional. A partir de las primeras denuncias, en marzo de 1977, la Comisión publicó en España el informe Argentina: Proceso al Genocidio. Éste realizaba un balance del accionar represivo, al que caracterizaba como “Terrorismo de Estado”. La tarea iniciada con esta publicación continuó en años posteriores, en los que la Comisión difundió diversos testimonios de sobrevivientes que habían logrado exiliarse (González Tizón, 2016).

Durante la dictadura, a diferencia de lo que ocurrió luego, en la postdictadura, la búsqueda de pruebas y su visibilización no tenía por objetivo una acción judicial retributiva de la violación de derechos humanos, sino que, se proponía construir una “verdad” acerca del destino de los/as desaparecidos/as. Elizabeth Jelin (1995) ha reseñado el problema del siguiente modo:

En un sentido muy general (…) el ejercicio de justicia requiere que se tenga conciencia de la dimensión de un daño para saber cuál es la medida del esfuerzo a realizar para repararlo (…) La desaparición, concebida como un daño, implica tanto el secuestro de un cuerpo como la sustracción de un saber. Hallamos aquí una de las particularidades del fenómeno del movimiento de derechos humanos: respondiendo a un daño incierto desarrolla entonces una demanda de justicia indeterminada. Todo lo que en principio puede decirse es que algo ha ocurrido. Una de las primeras tareas del movimiento fue establecer, con algún grado de certeza, qué (p. 119).

Los testimonios sobre la violencia sexual en los informes de la CADHU

En 1979, en Madrid, Graciela Geuna⁷, sobreviviente del centro clandestino de detención La Perla,⁸ brindó su primer testimonio. Allí, antes de iniciar el relato sobre su experiencia, señalaba lo siguiente:

Mi testimonio sobre el campo militar de exterminio de La Perla, Córdoba, es un compromiso elemental contraído con centenas de compañeros que allí fueron inmolados (CADHU, 1979, p. 8).

En su relato de alrededor de 200 páginas, Geuna desarrolló una gran cantidad de temas. El primero giraba en torno a las razones de la supervivencia de los y las ex detenidos/as y señalaba la existencia de un grupo “que se pasó de bando” y de otro al que llamó “los vencidos”:

Por otro lado —y dentro de este grupo me incluyo— estábamos los vencidos. Nos arrancaron datos con la tortura pero no negociamos nuestras vidas a cambio de otras. No asimilamos ni compartimos su moral, mantuvimos dolorosamente nuestra conciencia política, aun sabiendo que habíamos claudicado (CADHU, 1979, p. 8).

Evidentemente, antes que nada, sentía la necesidad o la obligación de explicar las causas de su supervivencia y de diferenciarse de aquellos que “se pasaron al bando enemigo”, según sus palabras. Luego de esta aclaración dedicó una parte considerable de su testimonio a analizar los antecedentes del golpe de Estado, mencionando una serie de secuestros y asesinatos perpetrados antes del 24 de marzo de 1976 y presentando referencias que le permitían dar cuenta de que el centro clandestino La Perla ya funcionada como tal unos meses antes de la asonada militar.

El relato sobre su propio secuestro recién comienza en la página 55 del documento. Esto da cuenta de las prioridades: se trataba fundamentalmente de establecer una “verdad” sobre la desaparición, como plantea Jelin, de dar cuenta de la existencia de los centros clandestinos de detención y de su funcionamiento. Aunque la experiencia personal era la única prueba de lo que estaba ocurriendo en los centros clandestinos, el testimonio de la misma quedaba relegado a un segundo plano.

Más adelante, en el apartado titulado “los secuestros y traslados⁹” Graciela Geuna relataba:

En julio-agosto de 1976 se registraron dos libertades: una, ya indicada y la de [una detenida], exmilitante de la JUP que cuando fue detenida por la policía fue violada por 17 personas. En la Perla, además, la violó Felipe. (CADHU, 1979, p. 119, los destacados me pertenecen).

También fue ‘trasladado’, en el mismo tiempo, entre otros, [un detenido]. Él había reconocido en un baño un pantalón de su hermana, que había estado en La Perla (no sólo había sido torturada sino que también fue vejada por el suboficial Herrera que, haciéndose pasar por médico, la sometió a manoseos repugnantes) (CADHU, 1979, p. 121).

Así vemos que en el testimonio de Graciela Geuna se denunciaba la violencia sexual y, además, era considerada separadamente de la tortura.

Otro testimonio en el que se daba cuenta claramente de las características generizadas de la violencia concentracionaria es el que brindó una sobreviviente¹⁰ en junio de 1983, en la Ciudad de México. Su testimonio resulta profundamente desgarrador debido a las innumerables formas de tortura a las que narra haber sido sometida durante los 3 años y 9 meses de su cautiverio. Nos concentraremos aquí solamente en su relato sobre la violencia sexual.

A diferencia del testimonio de Geuna, éste no está escrito en primera persona sino que fue redactado por la CADHU, en tercera persona. Sin embargo, a pesar de la intermediación, además de describir la desnudez y los manoseos constantes, denunció reiterados casos de violencia sexual de los que no solamente fue víctima ella sino también otras compañeras de cautiverio (algunas, aún desaparecidas). A modo de ejemplo, seleccionamos los siguientes párrafos:

De inmediato violaron a [una detenida] (17 años), luego a [otra detenida] y a la declarante, haciéndolo sucesivamente todos los torturadores y custodios que estaban presentes (…). Aclara que a la dicente la violaron también (…)

Al día siguiente, sin haber comido ni bebido, nuevamente fue llevada al lugar de tortura. Al llegar estaba Ángela Melgarejo, no estaban los prisioneros ni sus custodios y sí solo los encargados del pasacintas, los controles y la aplicación de picana y los dos custodios de la declarante; los tres primeros dijeron “A [una detenida], que estaba muy buena, la regalamos al batallón de infantería” (…) Ese día no fue violada la dicente (CADHU, 1983, p. 28).

Solían sacarla de la celda para llevarla a la sala de tortura. Usualmente estaba también en el lugar [una detenida] y vio también allí a otras dos muchachas. En estas ocasiones no puede decirse que hubiera interrogatorios: se trataba de violaciones colectivas y de sesiones de tortura (CADHU, 1983, p. 32).

En estos testimonios individuales que distintas mujeres dieron a la CADHU aparece de manera explícita el relato sobre la violencia sexual. Tanto el testimonio de Graciela Geuna como el que acabamos de citar, así como también los de otras sobrevivientes daban cuenta de las distintas formas de violencia sexual a las que fueron sometidas ellas y sus compañeras de cautiverio. Lo mismo ocurría con otras denuncias. Por ejemplo, los Comités de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) de México y Madrid también denunciaron, entre otras cosas, la violencia sexual (COSPA, 1981).

Si bien, como decíamos, el principal objetivo de estos informes era demostrar que en ese momento en Argentina había centros clandestinos de detención donde el secuestro ilegal, la tortura y -en ocasiones- la muerte¹¹ eran la regla, vemos que en algunos testimonios aparecían referencias a la violencia sexual. Sin embargo, dado que el objetivo principal era la búsqueda de los y las desaparecidos/as, en la mayoría de estas denuncias no se hacía referencia a la violencia sexual o sólo se mencionaba el tema muy al pasar cuando se hacía referencia a la tortura.

Es decir, que había conocimiento de que muchas detenidas, además de ser torturadas, eran sometidas a distintas formas de violencia sexual pero, en la mayoría de los casos, no se lo tenía en cuenta especialmente o era considerado como una forma más de tortura. Las escasas menciones dan la pauta entonces de que, más que desconocimiento, se daba una naturalización de la violencia sexual.

Podemos ver entonces que, si bien algunas sobrevivientes no pudieron hablar del tema en un principio, otras sí lo hicieron. La pregunta que surge es por qué son tan escasas las menciones a esta forma específica de violencia en los informes de la CADHU. Para ello, indaguemos en las posibilidades de escucha con las que se encontraron las mismas.

“Libidinosos” y “mujeriegos”

Al indagar en las posibilidades de denunciar la violencia sexual en el exilio algunas de las sobrevivientes narran que les resultó muy difícil encontrar espacios donde poder expresarse libremente como sobrevivientes y, particularmente, como mujeres víctimas de violencia sexual. Liliana Callizo¹² reseña esta experiencia de una manera muy clara:

Hablar de los centros clandestinos, nosotras¹³ recién pudimos hacerlo en el año ’79, ‘80 en adelante.

Muchas fueron las represiones a las que nos querían someter: por un lado, estábamos bajo sospecha ¡y tratadas como tales! A nosotras, las mujeres que dejaron vivas los captores, nos miraban con los criterios sesgados, estrechos sobre lo vivido en los centros. Era una falta total de respeto por lo que tuvimos que soportar en los campos. Veíamos que preferían que prevalezca el relato de ellos, los usurpadores de nuestro espacio, los intermediarios de los testimoniantes o relatores de esa parte de la historia que nos tocó vivir (…)

Poder expresar lo que me sucedió por el hecho de ser mujeres, en los organismos nunca fue fácil, ni durante la dictadura ni después. En España la gente de la CADHU me preguntó por qué había denunciado la violación. Nadie quería escuchar nada de esto en ese entonces. No era fácil y nadie levantaba esta tortura específica por el género en ninguna denuncia, hacer referencia solo a un organismo, es quedarme corta. Hoy lo tomo más en forma global, ya que era una situación extendida y arraigada… (Entrevista a Liliana Callizo, 2016, los destacados me pertenecen).

Liliana Callizo junto con Graciela Geuna, Piero Di Monti y Teresa Meschiati brindaron su testimonio para el Informe sobre el campo de concentración y exterminio “La Perla” publicado por la CADHU en 1980. Allí es donde ella dice que sintió “que preferían que prevalezca el relato de ellos, los usurpadores de nuestro espacio, los intermediarios de los testimoniantes o relatores de esa parte de la historia que nos tocó vivir”. Su testimonio fue dispuesto en función de la denuncia que la CADHU consideraba que correspondía hacer, con su estructura y sus temáticas predeterminadas. Y en relación a la denuncia de violencia sexual, allí es donde le habrían preguntado por qué la había denunciado. Evidentemente, existía la idea entre los integrantes de la CADHU –aunque, como ella señala, no era una concepción exclusiva de ellos- de que no había que hacerlo.

A diferencia de los testimonios previos, como el de Geuna que citamos anteriormente, este testimonio colectivo fue publicado sin el nombre de sus autoras y autor. En la introducción se explican los motivos y se aclara:

Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, no se entregan los testimonios puntuales de esas personas tal cual fueron vertidos e incluso redactados, porque acatamos la decisión de éstos de mantener sus nombres y circunstancias personales en reserva; sin embargo, asumimos plenamente la responsabilidad de divulgar la información recibida porque consideramos que una vez revelada, deja de ser patrimonio singular de unos pocos para transformarse en patrimonio común del pueblo argentino (CADHU, 1980, p. 4, los destacados me pertenecen).

Es decir que la CADHU recopiló los testimonios configurando un nuevo texto basado en los relatos del colectivo testimoniante. Más allá de, según señalan, los hacían acatando la decisión de los/as sobrevivientes de no brindar sus datos, los testimonios no sólo de anonimizaron, sino que también se reformularon con el argumento de que la información recibida “una vez revelada, deja de ser patrimonio singular de unos pocos para transformarse en patrimonio común del pueblo argentino” (CADHU, 1980, p. 4). Evidentemente por esta reelaboración de los testimonios surgió el malestar manifestado por Liliana Callizo en la entrevista citada.

En relación con la forma en la que el expone la violencia sexual, lo primero que salta a la vista es que, en un apartado en el que se enumeraba y describía a todos los represores que habían identificado en el centro clandestino, algunos de éstos aparecen caracterizados como “libidinosos”, “mujeriegos” y “obsesivos sexuales” en reiteradas ocasiones. Transcribimos aquí algunos ejemplos:

1. Coronel Bolacini, (a) “Gerente”.¹⁴ Aproximadamente 55 años, 1,65 metros de estatura, 75 kg., cabellos ralos, soltero. (…) De carácter expansivo, bebedor y mujeriego (…).

9. Capitán Cecci (a) “Pelado” o “Villegas”¹⁵. (…) Es un maníaco narrador de sus presuntas relaciones con jóvenes. Solía exhibir fotografías de mujeres desnudas. Con las prisioneras tenía una actitud morbosa y acostumbraba exhibirles libros sobre temas sexuales (…).

11. Suboficial Hugo Herrera (a) “Ferrero" o “Tarta”¹⁶. (…) Cruel con los prisioneros, era libidinoso en el trato con las detenidas. Tenía un desinterés total por la salud y la vida de los secuestrados. (…).

14. Suboficial mayor Alberto Vega (a) “Vergara" o “EI tío"¹⁷. (…) Libidinoso, incorporó a prisioneras jóvenes a tareas auxiliares en las oficinas. Manifestaba permanentemente sus obsesiones sexuales. (CADHU, 1980, p. 20, los destacados me pertenecen).

A partir de estos fragmentos, nuevamente se podía entrever que las mujeres secuestradas eran víctimas de distintas formas de violencia sexual dado que sus cuerpos estaban a merced de torturadores que además eran, según dice el informe, “mujeriegos”, “libidinosos”, “morbosos con las prisioneras”, “obsesivos sexuales” y “maníacos”.

Sin embargo, la violencia sexual era enunciada a medias, pues en vez de adoptar una postura condenatoria respecto de estos tratos, se definía a los represores con una categoría ambigua como la de “mujeriegos”, término que es definido por la Real Academia Española como “hombre muy aficionado a las mujeres”, lo que carece de la connotación de violencia que implicaban las prácticas a las que los represores así descriptos sometían a sus víctimas femeninas. Esta descripción de los represores como “aficionados a las mujeres” oscurece la comprensión de la violencia sexual a la que las detenidas fueron sometidas y, en cierta medida, los exculpa.

Las otras formas de definir a los represores también le quitan especificidad a la violencia sexual. Podemos suponer que el “obsesivo sexual” que incorporó a las mujeres jóvenes a las tareas de las oficinas, como mínimo las acosaría sexualmente. Entonces ¿por qué llamarlo “obsesivo sexual”? Nuevamente se le quita importancia a las formas generizadas de la violencia a las que fueron sometidas las mujeres. Lejos de plantearlo como una conducta condenable, el asunto era planteado en este informe como un problema del orden de lo psiquiátrico del represor en cuestión.

Esta imposibilidad de identificar a la violencia sexual en sí misma se hace cada vez más clara cuando avanza la lista de represores. José López¹⁸ y Jorge Romero¹⁹ eran descriptos de la siguiente forma:

15. José López (a) “Chubi”, civil adscripto. 25 años, 1,90 de estatura, 100 kg., tez morena, cabello negro, cabeza grande, rostro picado (…) Convivía (sic) en La Perla con una prisionera colaboradora.

16. Jorge Romero (a) “Palito”, civil adscripto. 26 años, 1,80 de estatura, 70 kg. (…) Convivía (sic) en La Perla con una prisionera colaboradora. (CADHU, 1980, p. 20, los destacados me pertenecen).

Lo primero que destaca es la supuesta “convivencia” cuando todos/as los/as secuestrados/as de la Perla convivían en el mismo centro clandestino de detención. Hablar de “convivencia” sugiere una elección que nunca existió. Por otra parte, en los dos casos en los que se menciona una “convivencia”, las detenidas en cuestión son señaladas como “colaboradoras”. Al hablar de ellas como colaboradoras que “eligieron” “convivir” con los represores, se desconoce su condición de víctimas y, más específicamente, se niega la violencia sexual a la que éstas fueron sometidas.

Siguiendo a Sharon Marcus (1994), podríamos afirmar que estos enunciados se basan en un “guion de la violación” que se nutre de los relatos regulatorios de género disponibles culturalmente. Este guion actúa como una “grilla de inteligibilidad” que condiciona y limita las posibles reacciones y valoraciones que los actores tienen de los escenarios de violencia sexual y de sus conductas.

Como plantea Silvia Chejter (1990), “la violencia es míticamente esencial en toda relación amorosa, lo que —en el imaginario— hace difícil distinguir entre una relación amorosa violenta y una violación” (p. 20). La sospecha de que la víctima podría haber gozado, se desplaza del “guion” y anula totalmente la descalificación que merece, tanto la violación como el victimario.

Inés Hercovich (1992 y 1997), por su parte, señala la existencia de “imágenes en bloque de la violación sexual”²⁰ que condensan “discursos dominantes acerca de la violencia, la sexualidad y el poder en la relación entre los sexos, organizados según una lógica patriarcal” (1992, p. 65). El carácter plano y estático de esta imagen dificulta las posibilidades de defensa ante una violación y afecta la comprensión y la forma de comunicar los acontecimientos vividos. Cuando la experiencia se aleja de la “imagen en bloque” de lo que debe ser una violación, aparece el “paradigma culpabilizador” que hace responsable de lo ocurrido a la mujer violada, lo que lleva en muchas ocasiones a concluir que la violación sexual ni siquiera existió “por la responsabilidad que le cabe [a la víctima], al impulsar a los hombres a actos de violencia o corrupción” (p. 75). Por otro lado, señala la autora, hay un “paradigma victimizador” que genera que la violación se presente para las mujeres como un “destino marcado por su biología y también por su subordinación social […]. En esta trama, la distribución del poder es casi inmodificable y condiciona a las mujeres y hombres a perpetuarla” (p. 76). En resumen, la autora señala que estos dos paradigmas conviven en la “imagen en bloque” de la violación haciendo que “la experiencia contenida en el testimonio de las víctimas” sea objeto de descrédito y/o difícil de escuchar. Y por esa brecha se filtra la sospecha que imposibilita que la víctima sea reconocida como tal, incluso en este contexto de resistencia al poder dictatorial la violencia sexual no era percibida como tal. Si bien hubo sobrevivientes que quisieron denunciar la violencia sexual, no parece haber habido recepción o marcos de inteligibilidad de estos testimonios en particular por parte de la CADHU. Así, las mujeres violadas eran cuestionadas y, al mismo tiempo, la violencia sexual, naturalizada o invisibilizada.

Denuncias de violencia sexual y marcos sociales de escucha en dictadura

Las primeras denuncias sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina durante la dictadura modelaron nociones e imágenes sobre el sistema represivo que cristalizarían en el escenario judicial y memorialístico de los años posteriores. Inicialmente las denuncias se centraron en la desaparición de personas, relegando a un segundo plano los relatos sobre otras formas de violencia, como la sexual. Muchas sobrevivientes denunciaban que ellas y sus compañeras de cautiverio desaparecidas habían sido víctimas de violencia sexual. Se trataba de otro delito, de otra violación a los derechos humanos que se estaba perpetrando en los centros clandestinos de detención. Pero la incorporación de los derechos de la mujer entre los “derechos humanos” no fue clara durante los años de la dictadura: encontramos muy pocos testimonios en relación a la cantidad de mujeres (y hombres) que hoy sabemos que fueron víctimas de violencia sexual. En ese sentido, el testimonio de Liliana Callizo nos permite intuir que había reticencias a considerar la violencia sexual como una violación a los derechos humanos. En particular, los integrantes de la CADHU eligieron algunos de los testimonios posibles y construyeron ciertos tipos de narrativas a base de éstos.

Sabemos que, si bien en la década del ’70 el modelo hegemónico de familia había sido fuertemente tensionado y cuestionado de facto por la gran presencia femenina en organizaciones políticas, la mayoría de éstas no tuvieron como objetivo en sus programas la destrucción de las relaciones jerárquicas de género o, en todo caso, consideraban que estos problemas eran secundarios y que se resolverían más adelante (Oberti, 2015). Esta concepción puede permitirnos explicar, al menos en parte, la falta de sensibilidad de género presente en las primeras denuncias: los integrantes de la CADHU —no casualmente varones en su enorme mayoría— habían formado parte de esas organizaciones que no habían cuestionado las relaciones jerárquicas de género. Al reflexionar sobre la falta de escucha que recuerda haber vivido, Liliana Callizo sostiene:

Dentro de este marco, estrecho, como dije, hay que agregar el tema de las torturas a las mujeres detenidas o secuestradas. La condición de género, poco vista o tenida en cuenta en los tiempos de militancia de los que estábamos secuestrados, pasó a ser como una justificación de la derrota, una situación más, de peso, tremenda, donde los adjetivos calificativos denigrantes danzaban y cada cual le agregaba alguno más (Entrevista a Liliana Callizo, 2016).

Como vimos, o bien las denuncias sobre violencia sexual eran minimizadas o se culpabilizaba a las víctimas refiriéndose, por ejemplo, a las mujeres que fueron sexualmente esclavizadas como “colaboradoras” que “convivían” con los perpetradores, como si hubiera habido en los centros clandestinos de detención posibilidades de elegir “convivir” o no. En estos años, esta concepción naturalizante y/o culpabilizante les impedía comprender la violencia sexual en el contexto concentracionario.

Retomando el concepto de Maurice Halbwachs (2004 [1925]) de “marcos sociales de la memoria”, así como también los aportes de Michael Pollak y Natalie Heinich (2006) en cuanto a que los testimonios se dan en directa relación con las condiciones sociales que lo vuelven comunicable, que varían a lo largo del tiempo y del espacio, denomino “marcos sociales de escucha” a las posibilidades de testimoniar y, fundamentalmente, de ser escuchadas/os en ámbitos públicos en diferentes contextos históricos, sociales y políticos.

Esos marcos sociales de escucha con los que se encontraron las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención se fueron modificando a lo largo del tiempo en relación con las transformaciones sociales, políticas, con importantes cambios en el ámbito de la justicia y, también, con las transformaciones en la sensibilidad hacia la violencia sexista que, actualmente, empiezan a habilitar la posibilidad de que estos testimonios tengan lugar en la actualidad.

Conclusión

A lo largo de estas páginas hemos analizado los modos en los que eran tratados los testimonios de la violencia sexual durante la última dictadura por los organismos que se abocaban a la denuncia y la oposición al régimen, en particular en la CADHU. Vimos cómo las denuncias relativas a la violencia sexual eran desatendidas y/o interpretadas desde paradigmas que revictimizaban a las víctimas.

Teniendo en cuenta esto, las dificultades para denunciar y visibilizar la violencia sexual de los centros clandestinos de detención de la última dictadura argentina no pueden atribuirse exclusiva (ni principalmente) al silencio de las víctimas. Lejos de ser una cuestión individual, este silencio estuvo condicionado por la inexistencia de marcos sociales de escucha, lo que durante décadas relegó las dimensiones sexuales y de género de la represión a un lugar marginal dentro de las memorias hegemónicas. La imposibilidad de escucha que predominó en los primeros años de la postdictadura no sólo limitó la circulación de testimonios, sino que contribuyó activamente a su deslegitimación y al refuerzo de un relato público en el que la violencia sexual no encontraba un lugar para ser narrada.

Como muestran los testimonios de muchas mujeres sobrevivientes, la voluntad de hablar existió incluso en los años de la dictadura. Sin embargo, el entorno social y político no ofrecían aún los marcos simbólicos ni institucionales para que esas voces fueran reconocidas como portadoras de una verdad socialmente legítima. El peso de las normas morales vigentes, la invisibilización de las violencias sexuales como crímenes políticos, y la ausencia de un campo judicial receptivo a estas denuncias se conjugaron para producir una forma de silenciamiento estructural.

En los años posteriores al Juicio a las Juntas un conjunto de normativas jurídicas fue conformando un marco de impunidad y, también, diversas estrategias impulsadas desde el movimiento de los derechos humanos se orientaron a revertirla. Así, las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), junto con los posteriores indultos presidenciales de 1989 y 1990, marcaron el inicio de un período caracterizado por la ausencia de justicia penal y, por lo tanto, falta de reconocimiento de los derechos de las víctimas y, también, de la sociedad en su conjunto. Dentro estas leyes y decretos no quedaron comprendidos tres tipos de delitos: la violación, la apropiación de niños/as y el robo de bienes. Por estos dos últimos delitos continuaron desarrollándose procesos judiciales y se produjo la detención de algunos militares involucrados (Laino Sanchis, 2025). Pero no ocurrió lo mismo con los delitos de violencia sexual.

Sin embargo, desde mediados de la década del noventa, diversas situaciones pusieron en evidencia una inflexión en las memorias sobre el pasado reciente. Como destacan Lvovich y Bisquert (2008), desde mediados de la década del ‘90 hubo un “boom de la memoria”. Estos cambios que se dieron a partir de la década del ’90, de la mano del crecimiento del movimiento de mujeres, fueron llevando a una lenta visibilización y apertura a la escucha hacia los testimonios sobre la violencia sexual.²¹

Por otra parte, este contexto, signado por la vigencia de las leyes de impunidad en el plano de lo jurídico pero también marcado por fuertes procesos de actualización de la memoria dio lugar a dos nuevas causas contra los represores de la última dictadura: los juicios por la apropiación de niños/as (que no habían quedado comprendidos dentro de las leyes de la impunidad) y los llamados Juicios por la Verdad, centrados en el derecho de los/as familiares de desaparecidos/as a conocer qué había pasado con sus familiares más allá de que, a raíz de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos, no se pudiera procesar y castigar a los culpables (Andriotti Romanin, 2010). En este contexto sí hubo interés y una escucha más atenta y empática hacia las denuncias de violencia sexual.²²

En los últimos años, en el marco del nuevo proceso de justicia, pero también por fuera de la esfera judicial, se ha evidenciado un cambio y comienzan a escucharse cada vez con mayor frecuencia estos testimonios. A nivel nacional, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad por parte de la Corte Suprema en 2005 y la reanudación de los juicios a los represores de la última dictadura dio lugar a la aparición de denuncias y de nuevas reflexiones respecto a los distintos tipos de violencias ejercidas durante la dictadura. En esta nueva coyuntura, y de la mano de cambios en la legislación internacional en relación a la violencia sexual cometida en contextos de guerra o genocidios, se empezó a plantear la necesidad de considerar la violencia sexual padecida en los centros clandestinos de detención como un delito de lesa humanidad y, también, de diferenciarlo de los tormentos. (Álvarez, 2020).

La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, junto con los cambios en la sensibilidad colectiva hacia las violencias de género, permitió que muchas de estas mujeres pudieran finalmente encontrar espacios para testimoniar y ser escuchadas. Estas transformaciones volvieron a poner en evidencia que el testimonio no es un acto unilateral de habla, sino una práctica profundamente relacional, sostenida en la posibilidad de que exista un otro dispuesto a escuchar.

La elaboración de memorias sobre pasados traumáticos exige no sólo la voluntad de quienes vivieron la violencia, sino también la transformación de las condiciones sociales y culturales que hacen posible la escucha. Reconocer esta dimensión colectiva de la enunciación y la escucha es central para comprender los silencios del pasado no como ausencia de discurso, sino como resultado de relaciones de poder que definieron qué experiencias eran audibles, creíbles y legítimas en diferentes momentos de la historia.

El 11 de julio de 2010 el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua en cárcel común a Gregorio Rafael Molina,²³ por crímenes cometidos en contra de 40 víctimas en el centro clandestino “La Cueva”, en Mar del Plata, entre los que se destacaban dos casos de violencia sexual y uno en grado de tentativa. Era la primera vez que un integrante de las Fuerzas Armadas era condenado por el delito de violencia sexual. Según la Procuración General de la Nación (2025), en 2025 los condenados son 170.

Fuentes documentales

Entrevista a Silvia Ontivero realizada con Lizel Tornay y Fernando Álvarez en enero de 2012, Viña del Mar, Chile.

Entrevista a Liliana Callizo, marzo de 2016, Buenos Aires, Argentina.

CADHU. (1979). Testimonio de Graciela Geuna sobre el campo militar de detenidos-desaparecidos “La Perla” en Córdoba-Argentina, Madrid. [Papel – 118 hojas]. Archivo Nacional de la Memoria.

CADHU. (1980). Informe sobre el campo de concentración y exterminio “La Perla”, Madrid. [Papel – 54 hojas]. Archivo Nacional de la Memoria.

CADHU. (1983). Testimonio, México D. F. [Papel – 79 hojas]. Archivo Nacional de la Memoria.

COSPA. (1981). México D. F. [Papel – 33 hojas]. Archivo Nacional de la Memoria.

Filmografía

Álvarez, F. (Dir.). (2013). Campo de batalla, cuerpo de mujer [Film documental]. INCAA.

Referencias

Actis, M., Aldini, C., Gardella, L., Lewin, M., & Tokar, E. (2001). Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA. Sudamericana.

Álvarez, V. (2019). ¿No te habrás caído? Terrorismo de Estado, violencia sexual, testimonios y justicia en Argentina. UMA Editorial.

Álvarez, V. (2020). Abordajes de la violencia sexual en los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Revista Estudos Feministas, (28). https://doi.org/10.1590/1806-9584-2020v28n360950

Álvarez, V. (2024). Otro tipo de historias, no contadas todavía. Testimonios de mujeres sobrevivientes en tiempos de impunidad en Argentina. Revista Margens, 18(31), 21-42. https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/16661/

Andriotti Romanin, E. (2010). Las luchas por el sentido del pasado dictatorial en la ciudad feliz. Memoria(s) y política(s) en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata (Tesis doctoral). Universidad Nacional de General Sarmiento-IDES. http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/wp-content/uploads/2012/06/Tesis_Andriotti_Romanin.pdf

Ayala, M. (2014). La formación de comités y redes de lucha contra la dictadura militar de los exiliados argentinos en Venezuela: interacciones locales, regionales y transnacionales (1976-1981). E-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 12(46), 1-21. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/65/pdf_72

Bacci, C., Capurro Robles, M., Oberti, A., & Skura, S. (2012). Y nadie quería saber. Relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina. Memoria Abierta.

CADHU. (2014). Una breve historia de la CADHU. En CADHU: Argentina: Proceso al Genocidio. Colihue.

CADHU. (1977). Argentina: proceso al genocidio. Elías Querejeta Ediciones.

Chejter, S. (1990). La voz tutelada. Violación y voyeurismo. Nordan.

Crenzel, E. (2015). Ideas y estrategias de justicia ante la violencia política y las violaciones a los derechos humanos en la transición política en Argentina (1982-1983). En M. Franco & C. Feld (Eds.), Democracia, hora cero (pp. 121-146). Fondo de Cultura Económica.

Crenzel, E. (2025). Pensar los 30.000: Qué sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía. Siglo XXI Editores.

Franco, M. (2008). El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura. Siglo XXI Editores.

González Tizón, R. (2016). Cada voz que se alce puede salvar una vida en Argentina: La producción testimonial de los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención en el marco de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (1979-1983). Papeles de Trabajo, 10(17). https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/article/view/670/1561

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria (S. Resnick, Trad.). Anthropos. (Trabajo original publicado en 1925).

Hercovich, I. (1992). De la opción “sexo o muerte” a la transacción “sexo por vida”. En A. M. Fernández (Ed.), Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencias (pp. 229-245). Paidós.

Hercovich, I. (1997). El enigma sexual de la violación. Biblos.

Jelin, E. (1995). La política de la memoria. El movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en Argentina. En C. Acuña et al. (Eds.), Juicios, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina (pp. 25-46). Nueva Visión.

Jelin, E. (2015). Certezas, incertidumbres y búsquedas: El movimiento de Derechos Humanos en la transición. En M. Franco & C. Feld (Eds.), Democracia, hora cero (pp. 147-166). Fondo de Cultura Económica.

Jensen, S. (2010). Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Editorial Sudamericana.

Laino Sanchis, F. (2025). “Videla está preso”. Las causas judiciales por apropiación de menores en Argentina durante la vigencia de las “Leyes de impunidad” (1987–2005). En E. Crenzel (Ed.). En y más allá de los tribunales: La justicia ante los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. (pp. 60-75). UNC Press Books.

Lvovich, D., & Bisquert, J. (2008). La cambiante memoria de la dictadura. Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Biblioteca Nacional - Universidad de General Sarmiento.

Marcus, S. (1994). Cuerpos en lucha, palabras en lucha. Una teoría y una política de prevención de la violación. Travesías, (2), 97-117.

Markarian, V. (2004). De la lógica revolucionaria a las razones humanitarias: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1972-1976). Cuadernos del CLAEH, 27(89), 85-108.

Oberti, A. (2015). Las revolucionarias. Militancia, vida cotidiana y afectividad en los setenta. Edhasa.

Pollak, M., & Heinich, N. (2006). El Testimonio. En Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite (pp. 45-68). Ediciones Al Margen.

Procuración General de la Nación. (2025, 10 de marzo). 58 sentencias y 170 personas condenadas: la estadística sobre el abordaje de los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad. https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/58-sentencias-y-170-personas-condenadas-la-estadistica-sobre-el-abordaje-de-los-delitos-de-violencia-sexual-como-crimenes-de-lesa-humanidad/

Ramus, S. (2000). Sueños sobrevivientes de una montonera. A pesar de la ESMA. Colihue.

Yankelevich, P. (2009). Ráfagas de un exilio. Argentinos en México 1974-1983. Fondo de Cultura Económica.

Notas