Introducción

Desde¹ comienzos de la década de 1990, la violencia policial constituyó el paradigma de la violencia estatal² en nuestro país. En razón de ello, recogiendo el legado de lucha de los organismos de derechos humanos conformados durante y luego de la última dictadura militar (1976-1983), se crearon organizaciones que se dieron como tarea la denuncia de este tipo de violencia en particular. En este contexto, en 1997, la ciudad de Rosario (Santa Fe) vio nacer el Foro Memoria y Sociedad (en adelante, FMS), cuya historia pretendemos reconstruir en este trabajo.

El FMS se conformó por iniciativa del reconocido docente, artista y militante Rubén Naranjo, quien, en solitario y con el objetivo de recoger información para compartir en las reuniones de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambos situados en Capital Federal, comenzó a recabar datos sobre los hechos de violencia policial producidos en la provincia de Santa Fe desde 1983, y se concentró particularmente en los casos de “gatillo fácil” (o, en términos más técnicos, uso de la fuerza letal). Antes de presentar los datos que obtenía de la prensa escrita y asistir a las mencionadas reuniones, Naranjo chequeaba la información reunida con la abogada Matilde Bruera y el abogado Rodolfo Scholer, quienes lo asesoraban respecto del estado de las causas judiciales iniciadas por los asesinatos que se contabilizaban. Muchas veces, los casos no eran judicializados, por lo que la información provista por testigos de los hechos y familiares de las víctimas —que generalmente contactaban a Naranjo por motu proprio por considerarlo un referente en el tema— era central para obtener la mayor cantidad de datos posibles. Luego, se sumó la profesora Mirta Sellarés, primero a trabajar con el archivo de Naranjo y después con un papel más activo en la elaboración de los informes del ya instituido FMS, al que más tarde se sumaron también el abogado Erick Daza y el escritor Leónidas Cerruti.

Entre 1997 y 2001, el Foro publicó siete informes que, al estilo de los que el CELS publicaba desde 1980 recogiendo principalmente datos de la provincia y ciudad de Buenos Aires³, daban a conocer la nómina completa de las víctimas de toda la provincia, en los que se detallaban nombres, edades y lugares de los hechos. Los informes se editaban y se presentaban públicamente en distintas instituciones de la ciudad: el Concejo Deliberante, la Facultad de Derecho, el Museo de la Memoria y el Colegio de Abogados. A su vez, se repartían copias entre los medios de comunicación, otros organismos de derechos humanos, diversas facultades de la Universidad Nacional de Rosario, dependencias del poder judicial y, asimismo, se les hacían llegar ejemplares a la gobernación y a la policía.

Respecto de la información recabada por el Foro Memoria y Sociedad se considera pertinente señalar que los informes eran elaborados con insumos cien por ciento provistos por la prensa comercial escrita; esto deja por fuera del corpus a los hechos que, por las razones que fueran, no tomaron estado público.⁴ Como indicamos, la motivación inicial de Naranjo, fundador del Foro, para indagar en el problema de la violencia policial letal tenía que ver con su papel de colaborador en los informes del CELS. Por ello, entendemos que aplicó esa lógica de trabajo al momento de recabar y presentar de forma sistemática las cifras del gatillo fácil en la provincia de Santa Fe. La aclaración que el CELS vierte en cada uno de sus informes respecto a la metodología utilizada y que puede ser extrapolada al momento de analizar los informes del Foro —que tomaban como fuentes los principales diarios provinciales (La Capital, El Ciudadano, El Litoral, Rosario/12)— resulta de interés en tanto demarca un campo de posibilidades y también de límites:

La fuente de información sobre la que se construyen los datos estadísticos sobre las muertes y lesiones causadas por el sistema penal son los cuatro periódicos de mayor circulación en Capital Federal (Clarín, La Nación, Crónica y Página/12). Ello es así porque no existe en el país una fuente de datos confiable sobre este tipo de hechos. Las noticias de los periódicos refieren a dos fuentes principales: por un lado, la crónica policial que se construye sobre los partes que la policía envía a las agencias de noticias sobre los hechos en los que interviene y, por otro y en menor medida, sobre la denuncia de familiares de las víctimas o de abogados y organismos defensores de los derechos humanos. Obviamente estas fuentes no pueden dar cuenta de la totalidad de los hechos acaecidos, pero además los periódicos tampoco reproducen todos los comunicados de prensa que le son girados (CELS, 1995, p. 17).

El Foro tenía un doble objetivo: en primer lugar, visibilizar y denunciar las muertes a mano de la policía provincial y, en segundo lugar, demostrar las continuidades que en las prácticas de la represión estatal existían entre los años de la última dictadura y la democracia. La retórica de la continuidad de la violencia policial fue construida, en parte —justamente—, por los organismos de derechos humanos: “siempre la idea fue ver si existía una continuidad entre las formas y las prácticas de la época de la dictadura”,⁵ decía Mirta Sellarés. Hay autores/as que consideran que esta retórica era analíticamente estéril y que servía únicamente a los fines de denuncia de los organismos de derechos humanos: hablar de continuidades obturaba la posibilidad de explicar y comprender la violencia para, consecuentemente, formular propuestas de cambios en las lógicas de funcionamiento de la institución policial (Garaño, 2021). Coincidimos en que por sí solas las continuidades no explican todo ya que los sustratos de la violencia policial son mucho más antiguos que la dictadura y tienen un andamiaje estructural que la denuncia por sí misma no contribuye a deshacer. Pero, entendiendo que son dos registros diferentes —la militancia de los organismos de derechos humanos y los análisis que las ciencias sociales hacen de la violencia del estado— y partir de la observación de los casos, resulta evidente que las percepciones en torno a las continuidades tenían sustento empírico y que, aunque no las agotan, contribuyen —en mayor o en menor medida— a las explicaciones.

Observar estas continuidades, retrospectivamente, contribuye a poner en tensión el sentido común construido en torno a 1983 como un corte definitivo, de una vez y para siempre, con las formas que la violencia estatal había adquirido durante la última dictadura militar. Estas consideraciones permiten reflexionar sobre el carácter eminentemente histórico de la violencia estatal y poner en tensión, tal la sugerencia de Bohoslavsky y Franco (2020), las interpretaciones canónicas que presentan a la violencia represiva como una práctica privativa de los regímenes dictatoriales y de las Fuerzas Armadas mientras que en democracia el uso de la coerción sería más acotada, residual, ocasional y periférica. Dicen los autores: “Dentro de cada ciclo histórico largo pueden encontrarse continuidades entre las prácticas, los discursos y la legislación represiva más allá de los cortes institucionales y los regímenes políticos” (p. 215). En este sentido, a nivel de la Policía de la Provincia de Santa Fe se advierten persistencias en los métodos —los apremios ilegales—, los agentes —con el advenimiento de la democracia la fuerza no “purgó” a quienes habían participado de la represión ilegal— y los discursos de la represión —la retórica belicista reconfiguró los sentidos del “enemigo interno”—. Gracias al trabajo del FMS, hoy podemos elaborar una imagen significativa de las tesituras que la violencia policial adquirió en la provincia de Santa Fe durante la década de 1990 y los primeros 2000.

Para reconstruir la historia del FMS, apelaremos a fuentes de diversa naturaleza: la prensa comercial, los informes del organismo y de otras organizaciones y entrevistas orales. Contamos en nuestro repositorio con parte del Fondo Documental Rubén Naranjo, alojado en el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, por lo que tenemos a la mano los mismos insumos con los que el FMS trabajó para elaborar sus informes. Además de los recortes periodísticos de diferentes diarios de la provincia que daban cuenta de las muertes a manos de la policía, Naranjo también guardaba las entrevistas y notas que, sobre el FMS, la prensa hacía en ocasión, generalmente, de la presentación de los informes. En este archivo encontramos también los informes editados, borradores y anotaciones de Naranjo, que son otro insumo para nuestro trabajo. Accedimos también al archivo personal de la profesora Mirta Sellarés, compuesto por muy diversa documentación, a quien igualmente entrevistamos, por lo que las herramientas propias de la historia oral se convierten en claves para la elaboración de este trabajo. Los campos de interés que se recortan en este artículo son, en el marco más general de la historia social, la historia de los organismos de derechos humanos —significativamente prolífica en nuestro país (Puttini, 2022; Scocco, 2021; Alonso, 2021; Solís, 2021; Kotler, 2014)—, fundamentalmente, y, aunque en menor medida, los estudios sobre la represión.

En lo que sigue, en el primer apartado, se dará cuenta del contexto, la metodología de trabajo y los resultados de la labor que el FMS llevó adelante: un escenario marcado por el ascenso de los casos de uso letal de la fuerza por parte de las policías a nivel país que tuvo sus modulaciones en la provincia de Santa Fe, hecho que alentó la iniciativa del Foro para denunciar y visibilizar las muertes a manos de la policía, lo que generó algunas tensiones con ciertas esferas del gobierno santafecino. En el segundo apartado, examinaremos el trabajo conjunto de diversos organismos de derechos humanos, a nivel nacional y local considerando central la figura y trayectoria de Rubén Naranjo en este ámbito, lo que permitirá sopesar su legado y el del FMS en la trayectoria de los organismos en la ciudad de Rosario para dar cuenta de una historia marcada por la resistencia y la lucha en contra de la violencia estatal en su cariz policial.

El Foro Memoria y Sociedad: un trabajo “de hormiga, de constancia, permanente”⁶

El contexto del análisis que se presenta en lo que sigue está marcado por la emergencia y la consolidación de la inseguridad como problema público, hecho que exacerbó la vertiente reactiva de los paradigmas securitarios a partir de la nueva publicidad que adquirieron los discursos ligados a la “mano dura” y la “tolerancia cero”.⁷ Existe un consenso sustancial entre quienes han investigado la inseguridad como problema público en diferentes latitudes del país en ubicar el ingreso del tópico en la agenda política y mediática a mediados de la década de 1990 (Galar, 2018; Rangugni, 2009) y coinciden igualmente en ciertas premisas que han constituido mínimos comunes denominadores de la temática en nuestro país. Entre estas proposiciones se destaca la delimitación de los contornos de la inseguridad a partir de cierto tipo de delitos, fundamentalmente aquellos relacionados a la violación de la propiedad privada (robos, hurtos, arrebatos) y, en menor medida, los que suponen atentados a la integridad física y a la vida de las personas (homicidios, abusos sexuales) (Mouzo, et al., 2010), mientras que se excluye todo el universo de los homicidios viales, los femicidios, el crimen organizado, el narcotráfico y los “delitos policiales”.

En este sentido, acordamos con Rangugni (2009) cuando sostiene que en esta coyuntura la violencia policial se erigió como herramienta para la gestión del delito y agregamos que también funcionó como herramienta de gestión de la fragmentación social en una trama signada por las consecuencias de la implementación de políticas de corte neoliberal. La violencia policial en la urdimbre más general de los discursos del populismo punitivo coadyuvó a la criminalización de la pobreza, retórica fundada en la serie de significación que unía inequívocamente inseguridad-delincuencia-pobreza y que adquiere un tenor diferencial cuando se agregan a la ecuación las variables etaria y de género. Cozzi, Font y Mistura (2014) desarrollaron el concepto “sobrecriminalización” para referirse al plus que representa ante la mirada policial ser no únicamente pobre sino también varón y joven. En su boletín “Antirrepresivo” N°7 (1995), la CORREPI sostenía respecto de este punto que bastaba

ver los noticieros por TV para entender que, al calor de la recesión y de las crecientes demandas populares por trabajo, salario y justicia, el gobierno nacional y sus pares provinciales vienen optando, en forma cada vez más recurrente y sistemática, por la represión.⁸

El incremento de los casos de violencia policial en la provincia de Santa Fe suscitó la conformación de organismos de derechos humanos que atendieran particularmente esta arista de la violencia estatal. Si bien organizaciones con trayectoria, como por ejemplo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se involucraron en la problemática, en esta coyuntura surgieron la Coordinadora de Trabajo Carcelario⁹ y el Foro Memoria y Sociedad.

El trabajo del FMS contabilizó y dio detalles de las circunstancias de las muertes de 168 víctimas de la violencia policial en Santa Fe, entre diciembre de 1983 y diciembre de 2001 (incluidos los seis asesinatos producidos en el marco de la represión por el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001). Las estadísticas detallan que, del total de esas muertes, 71 tuvieron lugar en sedes policiales y dependencias penitenciarias; además se destaca que, en más de la mitad de los casos (101 para ser exacta), las víctimas tenían entre 18 y 20 años. En cuanto a la distribución geográfica, el 57% de las muertes se produjo en Rosario, el 12% en la capital provincial, el 10% en Villa Gobernador Gálvez, el 7% en Coronda (todas las víctimas estaban detenidas en la penitenciaría de dicha ciudad¹⁰), y el 14% restante se encuentra distribuido entre 17 localidades de la provincia.

Otra variable a considerar en la evaluación de los datos es la cuestión de género: de las 168 víctimas, se cuentan únicamente cinco mujeres; vale la pena la mención a las circunstancias de sus muertes porque abonan a la problematización de los estereotipos sobre los que recae la criminalización primaria efectuada por la fuerza policial, a partir de la cual se despliega la violencia. A saber: Yanina García (18 años, Rosario) y Graciela Costa (32 años, Villa Gobernador Gálvez) fueron víctimas de la represión del 19 de diciembre de 2001; F.C. (09/10/01, 81 años, Rosario) murió por una bala policial en medio de un tiroteo entre policías y asaltantes; P. A. (12/02/01, 28 años, Acebal) fue víctima de femicidio, perpetrado por su pareja policía; por último, el 19/04/00, en Santa Fe capital, se produjo la muerte de una mujer, sobre cuya identidad no hay precisiones (el FMS registra tres posibles nombres para la víctima), en “confusas” circunstancias: la policía alegó que se trató de un tiroteo con delincuentes, pero el cuerpo presentaba golpes en la cara y un tiro en la nuca.

La referencia a estas muertes en particular llama la atención sobre las características de todas las demás: de las 168 víctimas, 163 son varones y, como señalamos líneas atrás, mayormente jóvenes. Esto permite observar cierta regularidad en los mecanismos de selección y criminalización policiales cuando, indagando en las muertes producidas por la policía en un universo y un período acotado de análisis, se revelan las características específicas de la población sobre la que esa violencia se ejercía, poniendo en evidencia que no se trataba de una práctica aislada o irregular (Rangugni, 2009). Rubén Naranjo, en septiembre de 2001 en ocasión de la presentación del informe Nº6, aseveraba que “la mayoría de los jóvenes muertos son villeros desocupados, gente que vive en condiciones muy humildes, y están ubicados en el territorio de la marginación pura, porque no tienen recursos de ninguna naturaleza y además sufren la persecución policial”.¹¹

Respecto de la información recabada por el FMS se considera pertinente señalar que los criterios de selección de los casos que el Foro reseñó se presentan amplios. Por ejemplo, entre las víctimas de balas policiales o apremios seguidos de muerte, se cuentan igualmente aquellos fallecidos por heridas de arma blanca ocasionadas en enfrentamientos entre detenidos, pudiendo así pensar en el universo de la violencia policial no sólo “por acción” sino también “por omisión” al incluir en la ecuación la crisis que atravesaba el sistema penitenciario provincial en esta coyuntura, lo que hacía que las condiciones de detención estuvieran lejos de ser las legalmente correctas y las humanamente dignas. En palabras de Rubén Naranjo:

los informes intentan una descripción sucinta de los hechos denunciados pero certeros en tanto y cuanto describen las circunstancias en las cuales se produjeron muertes de personas sin posibilidad de articular defensa. Desde el fusilamiento en la vía pública hasta supuestos suicidios en celdas de penales, son muchas las formas de los procedimientos represivos.¹²

En línea con la declaración de Naranjo, al ser consultada por los criterios que el FMS ponía en juego al momento de la elaboración de sus informes, Mirta Sellarés señaló que, puntualmente en el caso de la violencia policial “por acción” consideraban el uso del arma reglamentaria y si el o la agente estaba de servicio o fuera de servicio. En una lectura articulada de estas fuentes, podemos decir que la clave estaba en la indefensión en un doble sentido: por un lado, en la violencia policial “por acción”, se consideraba la desigualdad de condiciones entre víctima y victimario no sólo en relación al uso de armas de fuego sino también en cuanto a contar con información. Sellarés lo explica en términos coloquiales, con un ejemplo: “una persona, suponete alguien que está cometiendo algo indebido, si vos no ves que tenés enfrente un policía porque lo ves de civil, entonces hacés una cosa. Ahora si vos ves un policía ya vas a actuar de otra manera”.¹³ Por otro lado, en relación a la violencia policial “por omisión”, la indefensión puede pensarse como la falta de posibilidades de articular estrategias de supervivencia por la carencia de medios. Veamos el ejemplo de uno de los casos reseñados por el FMS en su informe N°7:

OVIEDO, Luis Armando (25) 16-04-2001 Rosario

Detenido en la comisaría 16, recibió un puntazo con una chuza que le afectó una arteria y le causó la muerte en forma casi instantánea. Hacía cinco meses había sido trasladado de otra seccional. Se explicó que fue durante una pelea entre presos. En ese momento cuatro efectivos custodiaban a 44 detenidos alojados en los dos penales. No abrieron las puertas hasta que no llegaron tres móviles del Comando Radioeléctrico. El comisario Ignacio Giacomozzi admitió que la capacidad está desbordada.¹⁴

El caso de Luis Oviedo puede ser enmarcado en el ámbito de la violencia policial según los criterios desarrollados por el FMS ya que, primero, estaba detenido en una comisaría desde hacía cinco meses (las comisarías no son lugares de detención permanente, sino transitorios), segundo, las condiciones de detención eran evidentemente precarias ya que había una cantidad de detenidos que desbordaba la capacidad de los cuatro policías de guardia a cargo y, tercero, no se le brindó asistencia médica inmediata; los derechos de Luis Oviedo fueron sucesivamente violentados y en su situación de detención carecía de medios para asegurar su subsistencia.

En otro orden, a propósito de la recolección de la información y la elaboración de los informes, Naranjo y Sellarés habían desarrollado una metodología de trabajo, que nuestra entrevistada describe así:

Nuestro trabajo era de hormiga, de constancia, permanente. Todos los días se compraba el diario y se leía el diario. Lo teníamos dividido, Rubén compraba creo que era el Página/12 porque a él le gustaba, yo compraba El Ciudadano, y La Capital la veíamos y si había algún caso importante entonces lo comprábamos. Porque La Capital no nos bajaba tanta línea como la que nosotros esperábamos en cada uno de los casos. Entonces preferíamos esos otros. Y La Capital lo comprábamos cuando hacía falta. Porque era también un presupuesto mantener todos los días el diario. Y después, bueno, se separaba cada uno de los casos. Se señalaba el nombre y se ponía en un sobre, cada una de las personas. Y ahí se iba armando un sobre por persona hasta fin de año. Y a fin de año empezábamos a trabajar.¹⁵

Respecto a este fragmento del testimonio, se pueden hacer algunos señalamientos. En primer lugar, en referencia al diario La Capital, podríamos interpretar que el tratamiento y/o el espacio de información que le dedicaba a la violencia policial era menor con respecto a Rosario/12 (el suplemento local de Página/12) o El Ciudadano. Si bien no tenemos fuentes suficientes para respaldar esta hipótesis, sí podemos afirmar que el diario La Capital otorgaba un lugar mucho más exiguo a las presentaciones de los informes del FMS, que, tal su objetivo, ponían en primer plano el problema de la violencia policial en la provincia. Por ejemplo, en ocasión de la presentación del Informe Nº6, en septiembre de 2001, mientras que en Rosario/12 fue nota de tapa y se le dedicó un lugar central en la edición (página 3), a página completa y fotografía, y, en el caso de El Ciudadano, la presentación del informe mereció una nota de más de media página (página 15), e ilustrada con una imagen de Naranjo y Sellarés, el diario La Capital, el periódico de referencia en la ciudad en relación a su larga trayectoria y popularidad, por su parte, comunicaba que se había llevado a cabo la presentación del informe del FMS en una columna de la página 33, junto a los números que, el día anterior, habían sido sorteados por la lotería.

Por otro lado, en segundo lugar, en relación a la cuestión presupuestaria a la que alude el testimonio, el trabajo del FMS era auto-financiado por sus miembros y apoyado por diferentes entidades a partir de donaciones: “Creo que le pedíamos al Instituto de Fondos Cooperativos también. Ellos nos ayudaban mucho. Muchas veces ellos nos imprimían una parte, otra parte nos imprimía ATE [Asociación de Trabajadores del Estado], otra parte Amsafé [Asociación de Magisterio de Santa Fe]”.¹⁶ En efecto, los informes correspondientes a los años 2002 y 2003 no pudieron editarse debido a no contar con los recursos económicos para hacerlo —no se debe perder de vista el contexto post-crisis—. Este dato lo conocemos porque entre los documentos que encontramos en el Fondo Rubén Naranjo se cuenta una carta de pedido de subsidio para poder imprimir el informe de 2004. La misiva no está firmada (intuimos que fue Naranjo quien la redactó) y no especifica cuál es la Secretaría a la que está dirigida: “solicitamos a esa Secretaría se estudie la posibilidad de conceder a este Foro un subsidio que permita terminar la recopilación de la documentación escrita y la impresión con las mismas características de austeridad de los informes precedentes”.¹⁷

En tercer lugar, continuando con la descripción de la metodología de trabajo del FMS, estaba la sistematización de la información recogida y ordenada a lo largo del año, para poder armar el caso de la forma más completa posible y conseguir visibilidad e impacto en la sociedad santafesina:

Nosotros hacíamos un listado donde detallábamos el lugar donde se había producido, los datos de la víctima, la edad. Y después hacíamos cuadros donde íbamos moviendo esa información y nos iban quedando como informaciones distintas: (...) cuáles eran las edades más complicadas en estos casos, cuáles eran los lugares más comprometidos (...) En realidad como que íbamos presentando la información de una manera diferente para que impacte el significado de estos hechos sociales y políticos.¹⁸

En este sentido, el impacto que en las esferas de gobierno santafecino consiguió el trabajo del Foro merece una mención. Desde el regreso de la democracia hasta 2007, la provincia fue gobernada por el Partido Justicialista; los años centrales en los que se concentra la labor del FMS gobernaron Jorge Obeid (1995-1999, repitiendo luego el cargo entre 2003 y 2007) y Carlos Reutemann (1999-2003, quien ya había ejercido como gobernador entre 1991 y 1995). Al respecto, es importante subrayar las diferencias que existieron entre ambos mandatarios en sus formas de gestionar la cuestión policial. Mientras que Obeid puso a cargo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto al abogado Roberto Rosúa, quien estuvo a la cabeza de un intento de reforma policial que que tenía por objetivo “lograr una policía confiable, honesta, eficaz en su accionar y respetuosa de los derechos de los ciudadanos”¹⁹ y que recortaba la autonomía con la que la institución se manejaba, por su parte, Reutemann y su equipo tuvieron una

actitud constante de negación de la existencia de casos de violencia policial cotidiana y extrema como los de gatillo fácil, llegando incluso a premiar a un oficial imputado en dos casos de uso de la violencia en la que existieron percepciones de ilegalidad (González, 2019, p. 206).²⁰

En efecto, marcando cuantitativamente una diferencia encontramos que durante el primer semestre del año 2000, es decir los primeros seis meses de la segunda gobernación de Reutemann (había asumido en diciembre de 1999), la cifra de víctimas de la violencia policial letal batió un récord: 22 personas. El impacto es mayor al contrastar el número que habían arrojado los doce meses de 1999: un total de 12 víctimas. En ocasión de la presentación de este informe semestral, Rubén Naranjo declaraba: “hay una orden expresa de abatir a las personas sospechosas. No se le puede otorgar a la policía la pena de muerte”²¹; Sellarés, retrospectivamente, por su parte indica que “Reutemann le daba mano libre a la policía”.²² El entonces Ministro de Gobierno, Ángel Baltuzzi, abogado de larguísima trayectoria al interior del PJ, al ser consultado por la prensa ante las cifras que el trabajo del FMS había expuesto a la sociedad santafesina decía que desconocía el listado presentado y que antes de hacer declaraciones necesitaba analizar los casos detalladamente.²³ Baltuzzi, sin embargo, en ocasión de la presentación del informe anterior (diciembre de 1999), ninguneado la labor del Foro y demandado la presentación de pruebas ante las denuncias por violencia policial, quedó significativamente expuesto. Ante sus declaraciones a la prensa, Rubén Naranjo respondía que era “absurdo que la máxima autoridad de la seguridad confunda de tal manera y enrostre a quienes denunciaron y no a quienes protagonizaron los hechos de violencia”.²⁴ Sin embargo, tal como indicamos supra, la base de información sobre la que el FMS elaboraba sus informes era la prensa y los testimonios de vecinos y familiares, lo que no suponía de suyo que los afectados se presentaran ante el poder judicial a formalizar la denuncia. Empero, en relación a los casos en los que sí se efectuaba la denuncia, Naranjo, en mayo de 2000, llamaba la atención sobre el hecho de que la policía y el poder judicial no investigaban porque “cuando un hecho es caratulado como enfrentamiento, se terminan las averiguaciones”.²⁵ Incluso antes, durante la primera gobernación de Reutemann, abogados especialistas en derechos humanos, en declaraciones públicas, responsabilizaban al Ministerio de Gobierno de no ejercer su autoridad para disciplinar a la policía.²⁶

Por otro lado, también debemos hacer referencia al diseño de la publicación de los informes, que estaban a cargo de Naranjo. El informe que se destaca en este sentido es el Nº6 (imagen 1) que presentaba la nómina de víctimas de la policía desde el regreso de la democracia hasta diciembre de 2000. Fue la portada más elaborada y la única impresa en una calidad de papel superior a todos los demás informes. Decía Sellarés al respecto:

Figura 1

Él [Naranjo] le daba un costado artístico al diseño. Buscaba especialmente las fotos de las personas donde estaban sonriendo (...) Digamos trataba de presentar a la persona con una historia... (...) O sea [al observar la portada] podemos decir que eran mayoritariamente varones, (...) muy jóvenes, los gustos que tenían, cómo usaban la gorrita o del club que eran. O sea él trataba de mostrar el costado de estas personas y tratar de desvincularlo del cliché o del encasillamiento del delincuente. Supongamos que esta persona hubiera cometido una falta, nunca le dieron la oportunidad de explicar lo que pasó, por qué llegó ahí. Literalmente le cortaron todas las posibilidades. Eso era lo que intentábamos hacer en el Foro. Era un trabajo más, ya te digo, lo resumiría como un concepto pedagógico, como una manera pedagógica de dar vuelta el discurso hegemónico que había en los medios de comunicación en ese momento.²⁷

El testimonio nos permite hacer observaciones en varios sentidos. En primer lugar, es interesante cómo Naranjo, una vez más a lo largo de su trayectoria, logra enlazar su militancia por los derechos humanos con su vocación artística, entendiendo la potencia de la articulación de estas dos esferas de lo social. En segundo lugar, Sellarés enuncia un objetivo más, extra, del Foro: si dijimos que entre sus prerrogativas, el FMS se erigía como un espacio de denuncia y visibilización de la violencia policial en la provincia de Santa Fe, en el mismo camino pero en otras claves, pretendía también constituir una voz que contrapesara el discurso de los medios masivos de comunicación desde una perspectiva que privilegiaba, ante todo, los derechos humanos.

En el siguiente apartado daremos cuenta del trabajo conjunto de diversos organismos de derechos humanos locales y de alcance nacional a partir de considerar la centralidad de la figura y trayectoria de Rubén Naranjo en la militancia por los derechos humanos. Pivotar en lo que fue su trabajo a lo largo de la década de 1990 y los primeros 2000 nos permitirá hacernos una idea de las luchas en contra de la violencia estatal en su cariz policial en la provincia de Santa Fe.

“Rubén era el motor, el ideólogo, el combustible… era el Foro”²⁸

Tal como referimos en la introducción, la historia de los organismos de derechos humanos en nuestro país es significativa y no resulta posible dar cuenta de su vastedad aquí (Puttini, 2022; Scocco, 2021; Alonso, 2021; Solís, 2021; Kotler, 2014). Interesa señalar, sin embargo, que el legado de lucha y organización, cuya simiente se plantó durante los años ´70 y´80, puede ser rastreado hasta nuestros días, atravesando la coyuntura de fines del siglo XX y principios del XXI, que es la que nos ocupa. Entendemos que es en esta tradición que se inscribe no sólo el trabajo del FMS sino el de todo un conjunto de organismos que se fueron gestando en repudio a la violencia policial en democracia. Quizá el caso más resonado —ya sea por ser punta de lanza en esta causa, por su lugar de origen o por su larga historia— sea el de la ya citada CORREPI, con la que Rubén Naranjo colaboraba. Si bien en las publicaciones analizadas del organismo no aparece una referencia explícita al fundador del Foro, el testimonio de Mirta Sellarés y las palabras que la Coordinadora dedicó a Naranjo en su boletín en ocasión de su muerte, nos permiten afirmar que tal articulación efectivamente existió, aunque no podamos datar su fecha de inicio con exactitud. En el Fondo Documental Rubén Naranjo encontramos recortes de prensa con fechas anteriores a la constitución del FMS, lo que nos da otro indicio de que se encontraba trabajando en esa causa desde, al menos, comienzos de la década de 1990. Cuenta nuestra entrevistada que desde CORREPI “le empezaron a pedir a Rubén la información sobre Santa Fe. Y así es como él empieza a trabajar acᔲ⁹. La información que Naranjo recababa y enviaba a Capital Federal se utilizaba para el Archivo de Víctimas de la Represión Policial e Institucional que la Coordinadora entregaba, anualmente desde 1996, al Ministerio del Interior.

En esta línea de trabajo conjunto con organismos de diferentes lugares del país, sabemos que Rubén Naranjo participó del 3°, 4° y 5° Encuentro Nacional contra la Represión Policial e Institucional, en las ciudades de Córdoba (1996), Santa Fe (1997) y Capital Federal (1999), respectivamente. Estos encuentros, fomentados inicialmente por la CORREPI, tenían como objetivo “articular una respuesta unificada, masiva, permanente, que tenga contundencia frente a una represión que avanza”³⁰ y “generar un importante hecho político en la resistencia popular contra el ajuste, la marginación social y la represión”.³¹ En el Encuentro de Córdoba, y con la asistencia de más de 600 militantes, se conformó la Coordinadora Nacional de Organizaciones Antirrepresivas. Por la ciudad de Rosario habían asistido Juntos por la Vida y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). No encontramos documentos que den cuenta de cuál fue la forma de trabajo que esta Coordinadora se dio, si es que efectivamente en algún momento comenzó a funcionar formalmente. Por su parte, los encuentros nacionales se reanudaron en 2001. Ese año, el 6° Encuentro, se celebró en la ciudad de Córdoba, pero no asistió ningún organismo santafesino.

En la ciudad de Santa Fe durante el 4° Encuentro, en una de las comisiones de trabajo, apareció la denuncia de la crisis carcelaria que estaba atravesando la provincia, hechos que quedan confirmados por la aparición sistemática en la prensa comercial de casos de condiciones de detención que atentaban contra los derechos humanos. Las muertes producidas en motines o en sedes policiales también eran consideradas, como indicamos anteriormente, en el recuento de víctimas que, año a año, el FMS realizó a partir de diciembre de 1997.

En el plenario de cierre del 5° Encuentro, en Capital Federal (1999), Naranjo, ahora sí en representación del FMS, “se refirió a las autoridades policiales designadas por el nuevo gobierno justicialista de Carlos Reuteman [sic] en la Pcia. de Santa Fe, implicadas en violación a los derechos humanos en la dictadura”.³² En efecto, recordemos, uno de los objetivos del FMS era ese: “establecer la continuidad que hubo entre las prácticas de la policía durante la dictadura y cómo eso no tuvo ningún corte en el período democrático”.³³ Un ejemplo en este sentido, para entender las bases sobre las que los organismos construyeron la retórica de la continuidad, es lo que se desprende del “Informe Borgonovo”,³⁴ encomendado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto en 1997, a raíz de los pedidos de procesamiento a represores que se solicitaban desde España e Italia. A partir del relevamiento del expediente N°47913 de la causa “Feced, Carlos Agustín y otros sobre homicidios, violación y tortura” que se había tramitado ante la Cámara Federal de Rosario en 1986, el documento comprobó la existencia de personal policial en actividad pese a las acusaciones que sobre ellos recaían de formar parte de los engranajes del terrorismo de estado. El informe promovió el retiro de seis comisarios en 1998: José Rubén “Ciego” Lofiego, José Carlos Antonio Scortecchini, Alberto Julio Vitantonio, Ramón Telmo Alcides “Rommel” Ibarra, Carlos Alberto “Dyppy” Moore y César Heriberto Peralta. La lista completa del “Informe Borgonovo” incluía a 36 miembros de la fuerza policial. Otro ejemplo es el caso de José Storani, quien fue nombrado Jefe de Policía durante el segundo gobierno de Reutemann y que en dictadura había prestado servicio en el Comando Radioeléctrico bajo las órdenes de Agustín Feced. Este hecho fue denunciado públicamente por la prensa rosarina en abril de 2000, aunque cayó en saco roto ya que para el momento de la represión al estallido social de diciembre de 2001, Storani continuaba al mando de la fuerza.

Retomando el hilo conductor que encontramos en la figura de Naranjo, y aunque no sea posible reponer en este espacio su extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos, no podemos dejar de mencionar que su compromiso y militancia excedió enormemente su trabajo en el FMS. Participó de la APDH, a través de, por ejemplo, publicaciones como el “Informe de situación” con fecha junio de 1989, que ponía en contexto y daba cuenta de los saqueos de mayo de ese año en Rosario, difundiendo igualmente las consecuencias de la represión. Este texto —que Rosario/12 reprodujo en su contratapa en conmemoración del 10° aniversario de los saqueos— también reseñaba la labor que los organismos de derechos humanos de la ciudad habían emprendido para atender el reclamo de los familiares de las 1600 personas detenidas durante los saqueos.

También acompañó a las Madres de la Plaza 25 de Mayo. En 2005, Darwina Mónaco de Galicchio, integrante de Madres y fundadora de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario decía de Naranjo:

Cuándo él iba a la plaza, eludíamos todo lo que fuera trágico; hablábamos, sí, lo que fuera necesario, pero nos reíamos, lo festejábamos. Un ser que recibió todo el respeto, sobre todo el de las Madres. Lo hemos querido muchísimo. Tanta honestidad….³⁵

En el Fondo Documental Rubén Naranjo encontramos también una breve misiva de apoyo “A los compañeros docentes ayunantes de la Carpa Blanca” (s/f, c. 1997-1999), donde resalta el valor de la escuela como ámbito de igualdad y democracia. Naranjo se había graduado como profesor de pintura en 1958 y desde entonces había cultivado una larga trayectoria como docente. De este camino, se destaca su trabajo en el impulso a la creación de la Escuela de Artes Visuales de la Biblioteca Vigil —de la que fue igualmente director— y su papel como director normalizador de la carrera de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) con el advenimiento de la democracia en 1984. La carta a los y las docentes de la Carpa Blanca está firmada por Naranjo, en nombre del FMS, y nos permite seguir comprobando la diversidad de ámbitos a los que este incansable militante extendía su apoyo y compromiso.

Fue miembro de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los Crímenes del 19 y 20 de Diciembre 2001 conformada en julio de 2002 por iniciativa de diversos organismos de derechos humanos, sacerdotes, gremios, centros de estudios y algunos diputados provinciales y nacionales. El objetivo era evitar que los crímenes producidos a manos de la policía de la provincia en el contexto de la represión al estallido social de diciembre de 2001 quedaran impunes. La Comisión con su trabajo, presentado en diciembre de 2002, comprobó que “en todos los casos las personas asesinadas fueron acusadas de atacar a la policía, y en todos los casos los testigos directos lo desmintieron. Fueron ejecuciones sumarias, todas las personas fueron asesinadas por balas policiales de plomo”.³⁶ A pesar de todo lo actuado por la Comisión, no pudo hacerse justicia por las víctimas de la represión ordenada por Carlos Reutemann.

Unos años antes había participado, en calidad de miembro del FMS, de otra instancia similar: la Comisión Especial de Derechos Humanos del Honorable Concejo Municipal de Rosario. Al igual que el caso recién mencionado, esta comisión también estaba conformada por múltiples organismos de derechos humanos (APDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión Detenidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, SERPAJ, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas, Madres de Plaza 25 de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Llamamiento de los 100 para seguir viviendo) y algunos concejales y concejalas. En agosto de 2000 presentaron el “Informe preliminar sobre atentados y actos intimidatorios impunes cometidos en la provincia de Santa Fe desde el 10/12/1983 al 31/08/2000”. El objetivo era poner al descubierto, una vez más, que seguían “existiendo los represores y [continuaban] transmitiendo su nefasta experiencia a los de hoy y a los futuros represores”³⁷ y exigir la investigación y esclarecimiento de los hechos. La Comisión afirmaba que el aparato represivo de la dictadura no había sido desmantelado y enumeraba los hechos sucedidos desde el robo a los Tribunales Provinciales, de octubre de 1984, pasando por la represión a los saqueos de 1989, hasta listar toda una serie de atentados e intimidaciones a periodistas, jueces, fiscales, abogados y militantes de organismos de derechos humanos.

Naranjo también colaboró con la Asociación C.H.I.C.O.S. (Con Hondo Interés Comunitario Obramos Socialmente) dando talleres de dibujo para infancias vulneradas; dictó seminarios sobre derechos humanos en universidades extranjeras (España y Francia); presentó ponencias —por ejemplo, “La violencia policial del gatillo fácil” (1996, Facultad de Humanidades y Artes)— y encabezó charlas debates sobre el gatillo fácil —organizadas por agrupaciones estudiantiles (1999, Facultad de Psicología)— en la Universidad Nacional de Rosario. También fue el primer director de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, inaugurada en octubre de 2002, en el barrio Tablada de Rosario, donde además brindaba talleres de formación para personas sin oficio.

Como se puede ver aquí, el compromiso y la militancia de Naranjo con los derechos humanos excedió enormemente su trabajo en el FMS y la especificidad de este organismo en relación a la violencia policial en democracia: “Rubén tenía un estilo de trabajo y de pensar en forma colectiva, solidaria”³⁸, nos contaba Sellarés. Su trayectoria se adscribe en lo aseverado por Marianela Scocco (2021) respecto a las características del movimiento de derechos humanos en Rosario: las personas que conformaron los organismos tuvieron múltiples pertenencias militantes lo que da cuenta de la circulación y compromiso simultáneo de los sujetos en más de una organización.

En este sentido, y en efecto, el trabajo del FMS comienza a decaer a partir de las desavenencias y demandas de la historia en relación a la cuestión de los derechos humanos. Cuando Naranjo, ya septuagenario, se abocó a la Comisión Investigadora No Gubernamental de los Crímenes del 19 y 20 de Diciembre 2001 y al trabajo colectivo que supuso el inicio de la recuperación de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil — que comenzó en 2004—, obligadamente hubo de restarle tiempo al FMS. Por su parte, Sellarés cambió de trabajo y tenía igualmente menos tiempo para dedicarle al Foro. Sin embargo, y aunque nunca vieron la luz por falta de fondos, consiguieron armar los informes de los años 2002 y 2003. Para el de 2004, sólo tenemos documentos del pedido de subsidios, no pudiendo reconstruir cuál fue el destino ni el desenlace de esa carta.

Dice Sellarés que el trabajo del FMS no terminó ni se agotó sino que “se reconvirtió en otras cosas”.³⁹ Naranjo falleció el 2 de octubre de 2005, algunos días después de haber sido distinguido como ciudadano ilustre de la ciudad por iniciativa del Concejo Deliberante de Rosario. Actualmente, su presencia continúa haciéndose sentir en la sociedad rosarina de múltiples formas: llevan su nombre una escuela de enseñanza media en zona oeste y un centro de salud público en zona sur, se han montado muestras artísticas de sus obras y de otros artistas en homenaje a su figura (en el Museo de la Memoria y en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino) y se ha editado un libro (Territorio de resistencia, 2015) que compila algunos de sus artículos periodísticos, cartas, disertaciones y conferencias e incluye una biografía de cuya producción participó su compañera del FMS, Mirta Sellarés, y el escritor Juan Bereciartúa.

Comentarios finales

Este artículo que reconstruyó la historia del Foro Memoria y Sociedad permitió conocer el trabajo y compromiso militante de este organismo, por un lado, y también habilitó la recuperación de las características y el alcance de la violencia policial en la provincia de Santa Fe, entre 1997 y 2003, por el otro. Asimismo, repuso parte de la trayectoria de Rubén Naranjo en diversas causas y organismos de derechos humanos, no sólo a nivel local sino también en otros de alcance nacional.

Inscripto en una genealogía que se remonta, al menos, al período de la última dictadura militar, cuando un contexto altamente represivo demandó la conformación de organismos que velaran por el respeto a los derechos humanos, y tomando como referencia la metodología de trabajo que se había dado el CELS, el Foro Memoria y Sociedad abogó por visibilizar la violencia policial en democracia y entendió que sus hilos podían ser rastreados hasta algunas de las lógicas de la última dictadura militar. Entendemos que la retórica de la continuidad fue construida por los organismos principalmente con objetivos relacionados a visibilizar y legitimar las denuncias a nivel social. Esto no significa, sin embargo, que dicha construcción carezca de base empírica.

A pesar de los límites que pudieron presentarse a partir de la naturaleza de las fuentes que utilizaba —la prensa—, los informes del Foro permitieron elaborar una imagen significativa de las tesituras que la violencia policial adquirió en estas latitudes durante la década de 1990, donde, tal como está comprobado para otras regiones de la geografía nacional, las víctimas principales de esta violencia —coloquialmente denominada “gatillo fácil”— eran jóvenes varones de sectores populares. El análisis de este proceso no perdió de vista el contexto marcado por el surgimiento y consolidación de la inseguridad como problema público y el concomitante despliegue de la criminalización de la pobreza. Si bien los criterios de selección de los casos reseñados por el FMS fueron amplios —incluyendo las muertes no sólo “por acción” sino también “por omisión” y comprendiendo las ocurridas no sólo por responsabilidad de los agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe sino además por los del Servicio Penitenciario Provincial—, su trabajo aportó a la denuncia y visibilización de la violencia policial en Santa Fe, logrando impactos no sólo a nivel social sino también en las esferas de gobierno, toda vez que los agentes del estado se vieron interpelados por la publicación y presentación de los informes.

Este trabajo también representó un aporte en la línea de no dejar de recordar y reivindicar la figura, el trabajo y el compromiso del profesor Rubén Naranjo. Para esto, fue central apelar a las herramientas de la historia oral ya que, a través de la entrevista que pudimos hacer con su compañera del FMS, Mirta Sellarés, dimos cuenta del cariz más subjetivo del proceso, en el que vimos cómo los lazos de amistad y militancia conforman la trama de las luchas por una sociedad menos violenta y más solidaria. El trabajo “a pulmón”, autogestivo y colectivo para la elaboración y presentación de los informes tuvo sus repercusiones no únicamente consiguiendo el objetivo de contrarrestar los relatos e imágenes que los medios de comunicación hegemónicos reproducían sobre las víctimas de la violencia policial sino también restituyéndoles su condición de sujetos de derecho. En palabras de Sellarés: “estos trabajos sirvieron para impulsar eso [los derechos humanos], para que se reconozcan las condiciones que tenemos las personas. Digamos, que se nos reconozca por nuestra vida. Y eso fue un trabajo del Foro”.⁴⁰

En este sentido, podemos afirmar que el FMS cumplió sus cometidos e hizo realidad una de sus aspiraciones iniciales, que fueron plasmadas en la elección del nombre del organismo:

esta idea del foro es una especie de diálogo. Un foro de diálogo con la memoria y con la sociedad. Ese era el sentido del nombre (...) lo que tratábamos era de poner información de una manera que permita problematizar esta sociedad que teníamos en ese momento. Y sin perder la memoria. La memoria de la vida de las víctimas. Sin perder [de vista] que eran personas que tenían una historia, una familia, una realidad, que vivían en una sociedad. Por eso se llamaba así⁴¹

Fuentes documentales utilizadas

Entrevista de la autora a Mirta Sellarés. Rosario, 26.05.22.

Prensa: Rosario/12, El Ciudadano, La Capital.

Publicaciones de organismos de derechos humanos: Boletín Antirrepresivo, Año 4 - N°7 - 2° Etapa - Noviembre de 1995; Boletín Informativo N°051, CORREPI, noviembre de 1999; Informe Nº7, Foro Memoria y Sociedad, 30/12/01; Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. Año 1994, CELS.

Documentos del Foro Memoria y Sociedad: Carta de pedido de subsidio (c. 2004); Informe preliminar sobre atentados y actos intimidatorios impunes cometidos en la provincia de Santa Fe desde el 10/12/1983 al 31/08/2000, p. 3. Fondo Documental Rubén Naranjo.

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Notas