1. Las zonas francas, testimonio del neoliberalismo en Nicaragua

En las postrimerías de la guerra de agresión en Nicaragua financiada por Estados Unidos (1982-1990), se avizoraba una contienda electoral que generó anhelos legítimos en la sociedad de poner fin a la desgastante contienda. Además de aquellos anhelos emergieron otros, por parte de las élites oligárquicas y el gran capital, que estaban puestas en devolver al país al sendero democrático-liberal (Arévalo, 2007, p. 47; Monroy, 2001; Pérez-Baltodano, 2008, p. 611).

Violeta Barrios de Chamorro, la principal candidata opositora en aquellos comicios, viuda del periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, simbolizaba a la madre nicaragüense (la “reina-madre”, diría Pallais (1992), que anhelaba el fin del conflicto para que los hijos en los bandos en contienda volvieran a casa (Chamorro Barrios, 2012). Ella también terminó simbolizando el triunfo de la ideología neoliberal y de su perspectiva ética superadora y sustituta de cualquier anterior (Harvey, 2006, pp. 7-8). Esta perspectiva “superadora” fue especialmente importante en un país que desde 1979 a 1990 fue gobernado por éticas de “orientación” marxista.

Las elecciones generales de 1990, una de las más observadas en la historia de Nicaragua, dio la victoria a Barrios de Chamorro y, así, los años revolucionarios finalizaron, junto a con su economía centralizada, racionada y mixta. La promesa de apertura del mercado por Chamorro, en un país devastado por la guerra, representó la transición político-económica radical hacia el neoliberalismo — el cual fue probablemente mucho más severo que en otros países de la región cuyos sistemas seguían siendo liberales-. De acuerdo con Sánchez (2000), “para países como Nicaragua esta situación redundó en la apertura unilateral al comercio extranjero, la privatización de empresas estatales, la liberalización del mercado de capital, el ajuste fiscal, la reducción del gasto público y el debilitamiento de la injerencia del Estado en la administración macroeconómica con un crecimiento muy irregular de la economía” (Sánchez, 2000, p. 4).

La “apertura” y “liberalización” del mercado marcó el regreso y la “reactivación” de diversas formas de inversión extranjera proscritas por el gobierno sandinista, entre ellas las maquilas de zonas franca (Vukelich, 1993). En 1991 se reestableció el régimen de zonas francas de la mano del gobierno de doña Violeta y de su equipo económico, centrados en la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural que consistían en un proceso “(…) acelerado de liberalización económica, llevando a cabo la estrategia de estabilización y reforma estructural, formulada y enmarcada dentro de la visión conceptual del FMI y el BM” (Cabrera Solarte, 2015, p. 7).

En medio de la inanición económica y el hambre sufridos por más del 60 % de la población a causa de las medidas de “reajuste” neoliberal, las zonas francas dedicadas, se ofrecieron a la sociedad empobrecida como esperanzas “atractivas” y “positivas” para conseguir un empleo rápido y con él un mejor porvenir, garantizado en el tan ansiado retorno de la inversión extranjera y la “reactivación económica”. Muestra del triunfo del “capitalismo celebratorio” (Bayón, 2019, p. 9), esta “esperanza” controvertida que popularizó el gobierno de Chamorro, consagró al neoliberalismo y a su retórica triunfalista centrada en que la mejor manera de promover bienestar es liberalizar y no restringir el libre desarrollo de las capacidades empresariales y las libertades del individuo, en un marco institucional caracterizado por la propiedad privada fuerte, mercados libres y libertad de comercio (Harvey, 2007, p. 6).

De este modo las zonas francas se constituyeron casi de forma exclusiva en la opción desesperada para obtener un empleo para las clases que “ocupan el extremo inferior de la escala de desigualdad” (Bauman, 2011, p. 14), sobre todo, para personas de las áreas urbanas o suburbanas de Managua, el centro neurálgico del país. Precisamente, este tipo de regímenes personifican las peores formas de trabajo que el Norte puede imponer al Sur y se aplican “[…] en áreas que, gracias a las condiciones coloniales/capitalistas y autoritarias/ patriarcales que han predominado durante siglos, pueden garantizar la pronta disposición de una mano de obra masiva y de bajo costo” (Von Werholf, 2011, p. 5).

A pesar de la perversa romantización gubernamental a favor de las zonas francas, estas no implican ninguna inversión directa en el país —desde 1991 están exentas ciento por ciento de cualquier carga tributaria, es decir, no aportan nada al erarioy no son el ideal de empleo propugnado por el discurso desarrollista. Todo lo contrario, las fábricas de este régimen —las maquilasson reconocidas por ser espacios donde se violan casi todos los derechos humanos de sus obreras y obreros.

Tiene las características de “un trabajo sin fin” (Araujo y Martuccelli, 2015, p. 92). En la maquila la explotación no sólo es laboral: las extensas jornadas, lo extenuantes que resultan ser y las inhumanas metas y cargas de producción son un combo que producen un daño severo de la salud física y psicosocial y en el tiempo se puede observar un deterioro irreversible del proyecto vital de las y los arrojados por el neoliberalismo en estos centros.

La corrupción, la pobreza y el subdesarrollo han provocado que las zonas francas sean “necesarias” para paliar el desempleo y, por ello se han quedado estacionadas ya por casi treinta años en Nicaragua. Esto implica dos dilemas importantes en términos de la actitud de los sucesivos gobiernos frente a las maquilas. El primero es que, junto a la expoliación de los bienes del Estado en los años 90 y la pobreza a niveles de hambruna endémica, las fábricas de la zona franca son el testimonio fehaciente de un periodo donde lo que interesaba, más que la creación de empleos en condiciones de dignidad era garantizar el enriquecimiento de empresarios nacionales y extranjeros, en nombre de la “reactivación” económica. Sin embargo, este horrible testimonio de un sistema económico que supuestamente finalizó en 2007 confirma la perennidad del “Estado neoliberal” nicaragüense (Harvey, 2007).

El segundo dilema es que los sucesivos gobiernos desde 1991 han preferido “retener” a este tipo de empresas a cambio de tolerar los cientos de violaciones de derechos humanos contra una población obrera mayoritariamente joven. A los parques industriales no puede ingresar nadie más que las y los trabajadores y los empleadores. Así, dentro de los muros de las fábricas de la confección, sin observación oficial comprometida, ha existido una violación persistente y sistemática de derechos económicos, sociales, laborales y de género que tal vez no tenga comparación con las de ningún otro sector laboral del país.

Esta falta de observación en el sector, como veremos a lo largo de este trabajo, deja a una población obrera resignada e indefensa de poder retraer sus cuerpos y emociones de la explotación “inevitable” ante la siempre pesada, ininterrumpida y angustiante necesidad de satisfacer el hambre en los hogares más oprimidos de la sociedad. Se trata de como si dentro de las tapias fabriles todos fueran el homo sacer de Agamben, arrastrados a un impune espacio/tiempo gris y clandestino donde, por consiguiente, la juridicidad y la jerga de los derechos humanos se esfuma.

Nos interesa en este escrito concentrarnos en las mujeres que trabajan en estos recintos de explotación. La división sexual del trabajo considera tareas femeninas a las labores de confección en las maquilas y, por tanto, la agresividad de la precariedad laboral está potenciada aún más por un sistema que desprecia y se niega a reconocer el aporte laboral de las mujeres a la economía nicaragüense.

Coser miles de camisas o pegar miles de botones en pantalones “de marca” es una extensión “natural” de las tareas no pagadas que la socialización de las relaciones de explotación asigna a las mujeres frente a los hombres. De ahí que las trabajadoras de la confección reciban tratos, condiciones salariales, de higiene, salud y seguridad ocupacional severas y precarias, con muy pocas chances de poder elevar sus voces para exigir a un régimen que básicamente sigue siendo igual de rígido, impermeable, discriminatorio y menospreciante que hace tres décadas de su instalación.

A lo largo de este documento se brindará un panorama de cómo decenas de miles de obreras de la confección son sometidas y arrojadas a un estado inevitable de indefensión por sus empleadores con la connivencia estatal. Si bien la articulación general del ensayo está pensada desde una perspectiva de derechos, la indefensión producida por la inexistencia de estos en las fábricas nos llevará a recorrer cómo el sistema maquilador absorbe las fuerzas, las emociones y los proyectos vitales sin que nadie haga nada o a nadie le interese que estas trabajadoras atraviesen condiciones de servidumbre con el velo impostor de la globalización antidemocrática.

Apoyados en las estadísticas, testimonios y estudios producidos por el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” (MEC), entidad civil que nuclea a miles de estas obreras en sus demandas, clamores y reclamos organizados, veremos cómo la explotación hace que vidas “residuales” (Bauman, 2004) como estas, por ejemplo, acaben su el ciclo laboral “útil” alrededor de los 35 años con cuerpos totalmente arruinados e incapacitados por los millones de movimientos repetitivos realizados en las máquinas de coser.

2. ¿Ǫué implican las maquilas de zona franca en Nicaragua?

Según la estatal Comisión Nacional de Zonas Francas, las empresas de este régimen gozan de extensos y “generosos” incentivos para la inversión que incluyen el 100% de exención en el pago de los impuestos sobre la renta, enajenación de bienes inmuebles a cualquier título inclusive el impuesto sobre ganancias de capital, de aduana sobre materias primas, maquinaria y transporte, de importación sobre lo elaborado en estas industrias, entre otros. Un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (López, 2010) señaló que, si bien las industrias maquiladoras han tenido impacto en la generación de empleos, a cambio los Estados “(…) han tenido que sacrificar su potencial de recaudación tributaria” y no han demostrado “(…) ser la panacea del desarrollo sostenido” (López, 2010, p. 16) por la facilidad con la que emigran hacia otros países con “mejores ventajas” fiscales.

No obstante, este sistema maquilador, que en 1993 contaba con poco más de 7000 obreras y obreros y en 2019 con unos 121 mil, tiene un lado B nada alentador. La contrapartida que ofrece la iniciativa extranjera es la creación de miles de puestos de trabajo en condiciones de precariedad y con pagas que siguen siendo las más bajas de la región centroamericana tal como lo destaca la estatal agencia de inversiones ProNicaragua. Se trata de la inclusión desfavorable de amplios sectores de la sociedad por el neoliberalismo en condiciones de precariedad y desventaja (Saraví, 2015, p. 14).

Vukelich (1993) ya señalaba tempranamente el carácter deshumanizado del trato que sufrían las obreras y destacaba el carácter intensivo de las actividades de producción. Desde 1999, el MEC ha demostrado de manera específica las violaciones de derechos humanos laborales al sector maquilas en sus estudios y se ha confirmado a lo largo de otros: violencia verbal, salarios bajos, presión, metas y cargas de producción excesivas, tiempos limitados de descanso, entre otras. Turcios (2002), FIDH (2005), Bilbao, Mayorga y Rocha (2006), Gamboa, Angela y Kries (2007), MEC (2009, 2010, 2013) OIT (2010), Asociación Mujeres Transformando (2016) han dado a conocer, casi sin variación, que estas empresas violentan la gran mayoría de estos derechos.

Por su parte, las autoridades han mantenido una actitud sistemáticamente tolerante, en independencia del gobierno de turno, a fin de que la inversión extranjera que genera estos miles de puestos en condiciones de precariedad no se retire del país. Paradójicamente, la tolerancia no ha sido suficiente para evitar que se fuguen estas empresas llamadas “golondrinas”, pues al encontrar otros países con mayores ventajas fiscales, cierran operaciones casi de forma inesperada. Desde 1993, miles de obreras y obreros han quedado sin puestos de trabajo y sin la paga de sus prestaciones laborales.

El MEC, por ejemplo, logró documentar que sólo en el periodo 2006-2010, cerraron 38 fábricas despidiendo a más de 36 mil empleados y empleadas de este sector (Ramírez-Ayérdiz y Martínez, 2020, pp. 23-29). Las autoridades han informado a algunos órganos internacionales, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (gobierno de Nicaragua, 2020) que el clima y la situación de protección de los derechos laborales en las maquilas está garantizado a través de inspecciones laborales. Inspecciones controvertidas, por supuesto, pues los estudios que se han realizado a lo largo de los años demuestran la potencia violatoria de derechos de las empresas maquileras y ponen en duda la eficacia de las investigaciones gubernamentales en las fábricas.

La acción colectiva frente a las situaciones que viven las obreras ha sido férreamente rechazada y desconocida por los empresarios, quienes han ejercido medidas sistemáticas de despido o amedrantamiento contra los sindicatos que se forman en las empresas. Un reporte del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral evidenció que en 2017 apenas existían 43 sindicatos en 179 empresas del sector, lo que apenas cubría el 30 % del total. Esto puede atribuirse a que la ley no reconoce otras formas de organización distintas a las sindicales lo que limita cualquier exigencia espontánea ante los empleadores por parte de las trabajadoras de las fábricas de zona franca.

3. ¿Ǫuiénes son las obreras que trabajan en las maquilas?

El modelo maquilador de zonas francas en Nicaragua tiene antecedentes en los años 70 (Vukelich, 1993; Bilbao, Mayorga y Rocha, 2003) en el marco de las olas de tercerización de ciertos procesos en la cadena de ensamblaje de productos requeridos por el Norte Global. No obstante, con el advenimiento de la Revolución Popular Sandinista (1979) la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional derogó el sistema de zonas francas, con lo cual casi todas las empresas textiles quedaron en manos del Estado. Para 1991, con la esperanza mítica difundida por el gobierno de doña Violeta, de que la apertura del mercado traería trabajo y con él, mejores oportunidades de vida, las maquilas se abrieron, sobre todo, como anota Vukelich en un artículo de 1993, a la elaboración de productos textiles y de vestuario.

En el contexto de vuelta de “la iniciativa privada” —la expoliación globalizadora el gobierno neoliberal de Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus sucesores (1997-2007), ante una población en edad de trabajar inmensamente joven, establecieron como política perenne de Estado ofrecer a la juventud como mano de obra barata y explotable. Una suerte de extractivismo humano, característica común del neoliberalismo, que somete a los menos congraciados por el sistema a una extenuación sin fin, como si el trabajo en condiciones de explotación es la paga ideal para los que menos tienen, a estos que el sistema arrincona en el “fracaso social” (Saraví, 2015; Wilkinson y Pickett, 2009, p. 22).

Según un estudio reciente del MEC (Ramírez-Ayérdiz y Martínez, 2020) elaborado con población obrera de este sector laboral en los municipios de Managua, Tipitapa y Ciudad Sandino, localidades que concentran el 70% de la industria textil/vestuario adherido al régimen de zonas francas, la población de las maquilas es abrumadoramente joven: El 88.1% se encuentra en las edades de 18 a 45 años. A propósito de esta fuerza laboral altamente joven, Gutiérrez (2015) anotó con preocupación que las zonas francas son las únicas que están aprovechando la transición demográfica que está viviendo el país hasta 2030, con una población joven, pero sin mayores oportunidades laborales dignas, en especial para las y los más pobres, rasgo que notamos inherentemente ligado a la dimensión precarizadora y de desinterés en el “valor humano” de las masas laborales en el neoliberalismo.

Asimismo, el nivel educativo que predomina en las trabajadoras de las maquilas es la secundaria, completa e incompleta (64.2 %), además de un 22.8 % de obreras con niveles de primaria completa e incompleta y sólo un 9% posee estudios universitarios incompletos en el contexto de un país con una educación “de tan poca calidad” (Vijil, 2020) y que requiere al menos entre 10 y 13 años de instrucción obligatoria para asegurar el umbral de bienestar “más próximo a la media de familias nicaragüenses” (Laguna y Porta, 2013, pp. 27-28).

Las obreras de las zonas francas no logran acceder a la educación superior que, de todas formas, nos dice Bayón (2019), no es garantía de una movilidad social ascendente segura. La permanencia de estas en niveles educativos no demandados por el mercado tiene varios efectos crueles. El primero es que, al no tener altos niveles de formación educativa o técnica, el sistema maquilador con la connivencia del Estado justifica la paga de salarios irrisorios que no alcanzan para cubrir ni siquiera la mitad de la canasta básica. En el monitoreo anual del MEC (2020a) sobre el precio de la canasta básica frente al salario mínimo recibido, determinó que las obreras con el sueldo promedio apenas pueden comprar el 41% de la canasta que actualmente cuesta unos C$ 14,500 (o sea, unos 420 dólares), diseñada para dos adultos y tres niñas y niños (Argüello y Zamora, 2020, p. 18). En 13 años, entre 2007 y 2020, el salario de las obreras, por su trabajo sin fin, apenas ha aumentado un 14%.

El mito de pagar poco a las obreras por su educación formal incompleta se destruye cuando se verifica que las empresas, las exportaciones y la población trabajadora de este ramo ha crecido vertiginosamente entre 2007 y 2018. Las labores de confección no necesariamente requieren preparación técnica, sino destreza en el ámbito de una producción intensiva y extenuante. Lo anterior nos conduce a otro de los efectos crueles de “la falta” de educación: en realidad es un pretexto para la explotación de personas que pertenecen a las clases con mayor acumulación de dificultades para la mejoría de la calidad de vida. Esto redunda en un desprecio proveniente de las clases dirigentes y el empresariado internacional instalado en el país en contra de la población en situación de pobreza que trabaja en estas fábricas, trabajos que constituyen “una violación al derecho de desarrollar la capacidad humana” (Therborn, 2015, p. 14).

Asimismo, otro efecto cruel de la falta de educación como pretexto para la sobreexplotación es el encadenamiento al que las obreras se ven sometidas sin que puedan encontrar otros trabajos con ingresos fijos de manera rápida, en especial, desde 2018 donde la población del país en situación de pobreza del país pasó de 20,3 % en 2017 a proyectarse un 27.9 % en 2021, un aumento del 7.6 % en apenas en tres años (FUNIDES, 2020, 2021).

El encadenamiento a las desigualdades por las obreras — como veremos tiene varias manifestaciones. La primera es que los ingresos percibidos anulan la posibilidad de realizar cualquier tipo de movilidad social (recuérdese el magro aumento de sus salarios en 13 años). El segundo es que el carácter extensivo de la sobreexplotación con jornadas laborales medias entre 49 a 51 horas semanales (Argüello y Zamora, 2020, p. 38), sumado a las insoportables metas de producción no les permite desarrollar actividades de formación ya sea por la noche o fines de semana.

Además, este encadenamiento es también familiar, especialmente femenino, pues hijas, madres y abuelas se incorporan en estos puestos de explotación “heredados”, es decir, como anota Therborn (2015, p. 24) se trata de “una transmisión generacional de las oportunidades económicas”. En este caso oportunidades cercenadas y disminuidas. Lo anterior contradice el discurso hegemónico neoliberal de que el trabajo sin fin lleva a una mejoría del estatus de vida (Han, 2014).

Por otro lado, el encadenamiento obligatorio a las maquilas ha de verse desde un trío de circunstancias que revelan cómo la explotación profundiza la desigualdad y lo difícil de sostener una calidad de vida aceptable, a saber: el hecho de tener a su cargo (1) a una cantidad alta de personas dependientes, (2) además de sus hijas e hijos (3) con salarios de precariedad.

Los datos estadísticos recogidos por el MEC (Ramírez-Ayérdiz y Martínez, 2020) muestran que si bien el 85.4 % de las obreras son madres, en su mayoría de 1 a 3 hijas o hijos, el número de dependientes económicos los supera. El MEC encontró que el 92.1% de las obreras tienen dependientes directos, destacándose un 36.4 % con un promedio de 3 a 8 personas a su cargo. Esto indica que la carga, además de ser alta para una sola obrera va más allá de sus hijos e hijas y que probablemente incluya a personas sin empleo producto de la crisis actualmente en curso, adultos mayores o personas discapacitadas o con enfermedades incapacitantes.

Las circunstancias económicas descritas permiten revelar cómo las barreras de la falta de recursos y oportunidades hace difícil abandonar estos puestos de trabajo donde la vida y el tiempo no alcanzan para otras actividades económicas adicionales. La presión de ser la principal proveedora de ingresos de sus hogares (57% de las obreras) potencia aún más la indestructibilidad de las barreras que estas enfrentan. La mayoría de las trabajadoras expresan constantemente que trabajan en las maquilas “por necesidad”. Una necesidad dramáticamente infinita (Ramírez-Ayérdiz, Argüello y Loáisiga, 2018).

4. Las maquilas, una suerte de campo de trabajo del neoliberalismo

El sistema de trabajo en una fábrica textil/vestuario bajo el régimen de zonas francas es rígido y altamente exigente. Está diseñado para que las obreras laboren con todas sus fuerzas físicas disponibles para cada día, incluso hasta la extenuación. La presión y el estrés es constante. La rigidez exige la llegada puntual a los centros de trabajo, entre las 6 y las 7 de la mañana so pena de sanciones contra los magros sueldos. Las trabajadoras, por lo general, son sometidas a un régimen donde no pueden hablar con otros compañeros o compañeras y contadas son las veces que acuden al baño a fin de cumplir las metas de producción, bajo el ojo constante y agresivo del supervisor nacional o extranjero — casi siempre hombre, lo que le da ventajas de superioridad, aspecto que abordaremos después-.

Este sistema de extenuación no puede ser de otro modo: para poder cumplir con los inmensos pedidos a los que se comprometen las empresas instaladas en el país que tercerizan la elaboración de prendas de vestuario para marcas como Gap, Liz Claiborne, Dickeys, AMC, Tommy, VF, Hanes entre otras, se somete a las trabajadoras a niveles altísimos de presión. El cumplimiento de pedidos implica la contratación siempre insuficiente de personas entre las que se distribuye las metas de producción, a veces individuales y otras colectivas “por líneas”. En Argüello y Zamora (2020) las obreras manifestaron que día a día cada una tiene a su cargo de 500 a 3000 unidades en las que el método de trabajo asigna a grupos de “operarias” tareas distintas hasta que la prenda queda elaborada y pasa a las manos de “las inspectoras” quienes pueden devolver decenas o cientos de piezas para arreglarlas, si no están acordes a los estándares exigidos.

El enorme esfuerzo realizado es manifestado con claridad por las obreras: los autores citados registraron que el 70.8% de las trabajadoras consideró que las metas son desde altas, muy altas hasta inalcanzables. Su incumplimiento conlleva el despido (Argüello y Zamora, 2020, pp. 38-39), sin importar las consecuencias físicas que son destructoras de la salud de la que nos ocuparemos pronto. El sobreesfuerzo físico que ejecutan, con un nivel de cumplimiento del 70.8 % de las metas asignadas, da cuenta de que estas humanas son consideradas por los empleadores como cuerpos con fuerzas que deben ser infinitas por la necesidad del salario. Cuerpos forzados a la robotización y la automatización ante la inhumanidad de la jornada y la tarea.

Adicionalmente, como se mencionó, las obreras se encuentran en un estado prácticamente de sometimiento de la vida una vez que ingresan a los parques industriales. Los empleadores actúan mediante los supervisores, cuales kapos, de quienes las trabajadoras son víctimas de violencia laboral y acoso sexual.

El estudio Estado de la violencia laboral y sus implicaciones de género en Nicaragua (Gutiérrez y Renzi, 2018) reveló que en las maquilas de zona franca las relaciones laborales están altamente atravesadas por la discriminación y que no existe interés en implementar un enfoque de género en su abordaje ni por empleadores o autoridades laborales. Esta prevalencia de discriminación torna el ejercicio de las labores no sólo en explotación de las fuerzas vitales, sino en la generación de un sistema donde las mujeres además deben callar ante la violencia laboral para conservar sus puestos de trabajo.

Los estudios recientes dan cuentas que la violencia laboral y el acoso sexual sufridos por las obreras es persistente, a pesar de que ambas conductas son sancionadas penalmente por la legislación nacional.

Argüello y Zamora (2020) encontraron que las trabajadoras consideraron sus relaciones de regular a malas con los supervisores extranjeros en 32.2 % y en un 58.3 % con los nacionales (p. 49). Así, además de ser esas fábricas lugares donde el cuerpo es explotado, por si no bastara, se suma la violencia física y psicológica: las obreras denunciaron que han recibido de los superiores violencia física (12.7 %) y verbal (42.6 %) y por parte de los compañeros de trabajo ambas formas de violencia (18.6 %) (Argüello y Zamora, 2020, p. 21).

Gutiérrez y Renzi (2018) han expuesto que el acoso sexual es un tema tabú en las relaciones laborales de explotación de las maquilas ocasionando impunidad. Ante empleadores que conciben ontológicamente a las obreras como una especie de robots programadas únicamente para elaborar indumentaria que se exporta al Norte Global, las otras situaciones que atraviesan como humanas no son de su interés e incluso son potenciadas por ellos. En estos campos de trabajo, las obreras opinan que existe el acoso sexual (25.4 %) y que los perpetradores son los compañeros de trabajo (44.8 %), inspectores o supervisores (25.3 %) y personal de administración y gerencia (27.6 %) (Argüello y Zamora, 2020, p. 50). No obstante, estos casos quedan en la arbitrariedad porque las obreras consideran que, si denuncian, los empleadores: (1) les prestan atención, pero nunca hacen nada; (2) escuchan, pero dicen que vayan a quejarse a otro lado o (3) les echan la culpa (Ramírez-Ayérdiz y Martínez, 2020, p. 54).

El sistema de estas fábricas son un reflejo del entroncamiento y la interrelación perversa entre el capitalismo y el patriarcado, ambos evidenciados por la explotación y la discriminación que sufren las obreras. Esto llega a tal punto que el 23.8 % de las trabajadoras han afirmado que los mejores puestos se los otorgan a los hombres, quienes, como dijimos, son ubicados en cargos que representan autoridad, sujeción o mando mediante la figura del “supervisor”. Lo anterior reitera cómo la división sexual del trabajo aún en un mismo lugar opera en torno de quiénes tienen la autoridad y quienes son sujetas de ella.

Por supuesto que la conjunción de ambas formas de opresión configura el lado oculto del sistema maquilero. Dichas formas de opresión se han visto radicalizadas por los discursos antiderechos/obligaciones del neoliberalismo que se reproducen desde hace treinta años en estas fábricas. Estos discursos y prácticas marcan una acumulación de desprecios contra la dignidad humana de muchas de estas mujeres que, sin otras oportunidades, probablemente sufren experiencias de violencias dobles en su hogares y centros de trabajo.

Además de compelerlas a cumplir las extensas metas y jornadas de producción, las relaciones laborales atravesadas por la discriminación, la rigidez del tiempo requerido por estos campos de trabajo limita momentos vitales necesarios para las personas, entre ellos la alimentación. Las obreras han denunciado que el 45.2 %, para tomar el almuerzo, tienen entre 15 a 30 minutos y el 71.8 % no tiene otro tiempo aparte del almuerzo para ingerir alimentos durante la jornada diaria (Argüello y Zamora, 2020, pp. 63-64).

Otro hecho que no debe perderse de vista en este sistema de explotación es que resulta falso que sus efectos opresivos sólo estén vigentes mientras las trabajadoras permanecen en los parques industriales. El hermanamiento del sistema de opresión maquilero con el patriarcado repercute en que este sistema rígido limita el tiempo para realizar otras tareas, como de cuidados, reproductivas y del hogar. Esto está conectado con la cantidad de horas de sueño que las obreras dedican cada día: apenas el 34.6 % duerme ocho horas.

Trasnochadas, sobreexplotadas y, seguramente, mal alimentadas, las obreras van acumulando en sus cuerpos las señales de un desgaste físico prematuro que a muchas las deja fuera de la población económicamente activa en tiempos más tempranos que a sus pares de otros sectores laborales, lo que evidencia la potencia violenta, agresiva y despreciativa del sistema maquilador contra los cuerpos de las mujeres. De esto daremos cuenta en la siguiente sección.

Las obreras han alzado su voz contra la explotación laboral exigiendo mejoras de condiciones y contra la violencia laboral y el acoso sexual. En un contexto tan absorbente del tiempo, el esfuerzo por organizarse, pronunciarse y dejar por escrito sus demandas constituye un acto de resistencia invaluable. Por un lado, la Agenda de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de la industria maquiladora en Centroamérica (REDCAM, 2014) “la cual muestra un conjunto de propuestas y estrategias para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y en el reconocimiento de sus aportes a la economía nacional de sus respectivos países” (REDCAM, 2014, p. 5), en su punto referido a “derechos a un empleo y salario digno”, las obreras y las organizaciones que las nuclean demandaron que:

Los gobiernos de la región centroamericana deben garantizar que las Zonas Francas respeten la aplicación y cumplimiento de la ley laboral, por el impacto negativo que esto tiene sobre el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores de este sector económico (p. 27)

Y respecto de la violencia y el acoso laboral exigieron:

• Que los Ministerios del Trabajo de la región centroamericana mejoren las inspecciones en las zonas francas para prevenir cualquier hecho de violencia laboral por parte de supervisores o personal de seguridad, que hacen revisiones y tocamiento abusivos a sus partes íntimas aduciendo cumplir con órdenes superiores.

• Mejorar los mecanismos de prevención y sanción del acoso sexual, acoso laboral y cualquier hecho de violencia contra las mujeres y proporcionarles instrumentos legales efectivos; ágiles y disuasivos de estas prácticas ilegales que frecuentemente son denunciadas por las trabajadoras (p. 33).

En una declaración adoptada en el XXII Coloquio de las Mujeres Trabajadoras de las Maquilas (MEC, 2020c), otra manifestación clara de “estrategias de resistencia” y denuncia frente a los discursos y las prácticas neoliberales (Bayón, 2019, p. 19) en las zonas francas, las obreras demandaron el fin de las condiciones históricas de opresión y explotación:

El Estado debe prohibir el uso de toda práctica de flexibilización e inestabilidad laboral en los puestos de trabajo que conducen a la explotación de la salud física, emocional y la vida de las mujeres trabajadoras. Esta disposición debe ser cumplida por los empresarios sin mayor dilación y a cabalidad. Además, el Estado debe permitir la libertad real de organización para exigir nuestros derechos en las maquilas, como un derecho establecido en la constitución política del país (punto III, eje 1).

Y respecto de la violencia laboral y el acoso sexual en los centros de trabajo dijeron:

Exigimos la ratificación e incorporación urgente en la ley laboral, el Convenio 190 (Convenio sobre la violencia y el acoso, Organización Internacional del Trabajo, 2019) y que se establezcan mecanismos efectivos para acceder a la justicia y lograr la reparación integral de víctimas de todas las formas de violencia de género.

Demandamos al empresariado crear, en las normativas correspondientes, los mecanismos y respuestas efectivas a las denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y cualquier otro hecho de violencia. Además, por ley existirá la obligación de capacitación y sensibilización de todo el personal, incluido el personal de recursos humanos y supervisores nacionales como extranjeros (puntos II y III, eje 3).

La violencia laboral y sexual al que son sometidas las obreras transmiten la noción de que estas condiciones “las merecen” a causa de que su pobreza “las impregna” de una inferioridad (Bayón, 2015) que no les permite y, no las hace meritorias de igualarse con sus empleadores que si pueden “funcionar plenamente como seres humanos” (Therborn, 2015, p. 47). La acumulación de desventajas también transmite una noción, afincada en el “paradigma neoliberal” (Bayón, 2019, p. 9) de que, lamentablemente, ellas están destinadas a esos puestos y a esa “desigualdad por explotación”, ante una vida sin logros simbólicamente importantes. Por tanto, “la recompensa” de sus nulos logros se las asigna una ideología extremadamente cruel e insensible con “los perdedores” donde “la riqueza se gana y la pobreza se merece” (Therborn, 2015, p. 56, 61; Bayón, 2019, pp. 11 y 15).

5. Un sistema que destruye cuerpos

Con el tiempo el trabajo de las maquilas de zona franca produce efectos negativos en la salud osteomuscular de las obreras. Este aspecto, que es de reciente atención y estudio, revela dolencias, síntomas y enfermedades, derivadas, sobre todo, por la superación considerablemente excesiva de movimientos repetitivos que las trabajadoras realizan cada día, cada semana, cada mes y los años que transcurren en estos puestos de explotación. Las maquilas de zona franca no sólo vacían aceleradamente las fuerzas de miles de obreras empobrecidas en sus líneas de producción: también destruye sus cuerpos.

Esto sucede sin que hasta el momento ninguna autoridad intervenga para aplicar alguna política concreta que reduzca los daños que con el paso del tiempo sufren severamente las obreras. Si bien existe un marco jurídico regulatorio de leyes de higiene, seguridad y salud laboral, un sistema de salud previsional y normas y autoridades específicas, los empleadores siguen imponiendo modos de trabajo que generan en ellas un conjunto de enfermedades relacionadas con traumas musculoesqueléticos, producidos, además por los movimientos repetitivos, por los nulos periodos de descanso, condiciones disergónomicas insuficientes y posturas corporales prolongadas que aumentan las posibilidades de desarrollar estos padecimientos.

La ausencia de supervisión oficial de forma preventiva es evidente. Atrapadas sin descanso en sillas sin respaldar; apoyadas en las máquinas de coser; o de pie, revisando las piezas ya elaboradas, las trabajadoras de la confección se encuentran en espacios físicos donde hablar de derechos es una banalidad, pues dentro de las fábricas no hay forma de que el derecho a la salud que está garantizado constitucionalmente se materialice con sanciones administrativas o por la conciencia de los empleadores. Parecería, como ya se ha hecho referencia, que en estos campos de trabajo la dimensión de derechos y específicamente la dignidad se borrara de las trabajadoras una vez que entran a los parques industriales. Espacios sin protección legal efectiva.

Sus cuerpos son víctimas de la explotación y la codicia de sus empleadores quienes ven a los primeros como máquinas a las que no hay que aceitar y, por tanto, su periodo de vida útil las transforma en cuerpos-objetos de descarte. En un estudio titulado Prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en población trabajadora de la maquila (Ramírez-Ayérdiz, Argüello y Loáisiga, 2018) con una muestra de poco más de mil obreras, se logró determinar que casi el 30 % sufren alguna dolencia, síntoma o enfermedad relacionada con “el síndrome del túnel carpiano, quistes ganglionares, tendinitis del antebrazo, epicondilitis, lesiones en los hombros como la tendinitis bicipital y del manguito de los rotadores, desgarro del manguito de los rotadores y lesiones de cuello” (Ramírez-Ayérdiz, Argüello y Loáisiga, 2018, p. 85). Las molestias musculoesqueléticas se manifiestan en un periodo de 1 a 5 años.

La alta prevalencia de este tipo de molestias las encierra en un sistema que destruye los cuerpos sin que exista, ni siquiera, una estrategia paliativa o correctiva en el esquema de salud previsional cuando las obreras empiezan a manifestar las dolencias, trastornos y otras enfermedades. En el estudio citado, ellas revelaron a través de diversos testimonios que las médicas y médicos de los hospitales previsionales generalmente no toman en serio sus dolencias, no les dan la debida atención o las ven como pacientes crónicas. Comúnmente estos centros asistenciales carecen de especialistas en medicina laboral. La cuestión se agrava cuando las obreras, imposibilitadas de continuar trabajando en las máquinas, con los cuerpos deteriorados, los hospitales y autoridades previsionales no reconocen sus enfermedades como profesionales, es decir, directamente producidas por el trabajo en las maquilas.

Sin políticas de salud preventivas, paliativas o correctivas, los cuerpos de las obreras sufren un desgaste acelerado y prematuro que las conduce, en muchos casos, a una precoz incapacidad laboral y con ello, a una pobreza más dura que la que mitigaban con los salarios de miseria de las maquilas. En palabras de Bauman (en Bayón, 2019, p. 11) “las bajas colaterales, por su escasa importancia, no justifican los costos que implica su protección”.

El descarte de estas obreras confirma que la destrucción de los mecanismos de protección de los trabajadores en el neoliberalismo se radicalizó a favor de su “proyecto de clase” y “disciplinario”, que consagra estas prácticas de expulsión “como lógica sistémica” (Bayón, 2019, p. 20). Definitivamente, al decir de la autora, el neoliberalismo es un proyecto de recuperación del poder de las clases económicas, sin importar si esa recuperación acumulativa es sobre la base de cuerpos extenuados, atrofiados y finalmente expulsados sin protección de los sistemas de trabajo (Bayón, 2019, p. 20)

Sin embargo, el drama de las máquinas-objetos que constituyen las obreras que salen del mercado laboral por el daño severo de los traumas musculoesqueléticos no concluye ahí. Luego de quedar totalmente inhabilitadas y con diversos padecimientos, muchos de ellos angustiantes e incapacitantes a niveles inhumanos, viene el viacrucis de enfrentar el sistema burocrático de la seguridad social. Tras años de trabajo en las máquinas de la confección, luchan por recibir una pensión insuficiente, pues, al salir antes de tiempo del mercado laboral, varias no logran cubrir la cantidad de cotizaciones o aportes necesarios.

Aquellas que actualmente son declaradas incapacitadas y tienen completos los aportes requeridos por la ley, sufren los embates de un sistema previsional financieramente enfermo desde 2013. Estas cobran menos dinero en sus pensiones que otras que fueron declaradas incapacitadas antes de 2019 debido al ajuste severo aplicado recientemente por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Olivares, 2020; Álvarez, 2018; Acevedo Vogl, 2018). Con sus cuerpos destruidos por la industria de tercerización de las marcas que se lucen en el Norte Global y en los grupúsculos “pudientes” del Sur, las obreras no reciben ninguna ayuda económica o material aparte de la magra pensión del seguro social. Quedan expuestas a su propio imperio de la pobreza y a la “fuerza letal de la desigualdad” (Therborn, 2015, p. 21).

Nadie de las autoridades o los medios de comunicación del país se encargan de dar un seguimiento documentado y sistemático a la vida de estas mujeres con sus cuerpos destruidos por la explotación. En el libro Sobrevivir a la maquila. Impacto del trabajo en el cuerpo de mujeres nicaragüenses (Ramos, Montealegre, Álvarez y otras, 2021) en el que se recogen historias de estas obreras que, estando en edad de trabajar, quedaron incapacitadas en las maquilas. La obra está cargada de expresiones que testimonian el aparataje de descarte, destructor y cruel del sistema capitalista. En el libro se recogen memorias como: “Si estás sana sos excelente trabajadora, pero si te enfermás, sos un problema”, “18 años en la maquila y ya no puedo levantar ni un balde de agua”, “yo reclamo mi medicamento y mi atención médica”, “despedir gente con daños laborales y crónicos es inhumano”, “en un hospital me dijeron que tenía que operarme y en el otro que no tenía nada”, “nos mandaron con las manos cruzadas a morir en nuestras casas”.

Este desinterés de reflejar la vida de estas mujeres expulsadas y enfermas de la población económicamente activa es descrito con crudeza por Ramos (2021) en la presentación del libro aludido:

A pesar de tantas trampas del sistema las mujeres han resistido de diversas maneras. A medida que se han organizado y tomado conciencia de sus derechos, has denunciado las arbitrariedades y peleado para conseguir sus demandas. Así han mejorado su situación, pero también las ha puesto en la mira para ser las primeras despedidas. Sus historias desnudan, una vez más, la naturaleza voraz de un sistema de explotación, que, para subsistir, requiere mantener a la gente en situación de pobreza. Si bien es cierto que al proporcionar empleo posibilitan salir de la pobreza extrema, también lo es que las empresas no invierten las ganancias ni siquiera en asegurar mobiliario o maquinarias ergonómicas. Por el contrario, la precariedad del trabajo hace que el ciclo se repita y la juventud de las familias se integre a la maquila en las mismas condiciones que sus madres, y terminen con la salud minada, al igual que ellas (Ramos, 2021, p. 8).

Con estos escenarios de enfermedad, angustia, desesperanza, pobreza y desolación que atraviesan las obreras incapacitadas por este sistema inhumano, es imposible saber cuántas han fallecido a lo largo de estos treinta años de vigencia del régimen de zonas francas. A la vez es imposible figurarse, acumulados en sus cuerpos estas circunstancias, el exacerbamiento de los episodios de agonía previos a la defunción, verdaderas experiencias límites silenciados por la impunidad mediática y gubernamental del neoliberalismo. Este escenario abrumador nos hace pensar en Therborn (2015, p. 20) cuando dice que las dolencias y las enfermedades llegan antes a los que tienen menos educación y en Wilkinson y Pickett (2009) al afirmar que los problemas de salud y sociales, así como la tasa de mortalidad están asociadas a las diferencias de rentas en las sociedades (Wilkinson y Pickett, 2009, pp. 22 y 33). El testimonio de una ex obrera al respecto es desgarrador:

[…] A los 23 años entré a la maquila sin dolor, ni chico, ni grande, y hoy estoy más achacada que una mujer de 70. Tengo 51 años y entré a trabajar a la maquila Texnicsa entre 1986 y 1987 […] En la Zona Franca, si estás sana sos excelente trabajadora, pero si te enfermás, sos un problema. Dejé de trabajar muchos años y volví a la maquila en el 2000, entré a la Fortex y estuve allí hasta el 2007 cuando cerró la fábrica (Ramos, Montealegre, Álvarez et al., 2021, p. 15).

El relato de otra obrera en ese libro revela actitudes crueles por parte de las autoridades pues aún con el cuerpo deteriorado y al no tener todas las cotizaciones necesarias la obligan a trabajar, negándole la posibilidad de una pensión por incapacidad. Son autoridades que, al igual que las maquilas de zona franca, ejecutan un desprecio sistemático contra vidas extenuadas por el trabajo sin fin, sin valor, en pobreza:

Desde 1998 trabajé sucesivamente como operaria en las fábricas Chin Hsing grande, Rocedes, Formosa y Astro Cartón. Entré en 2011 a Sincotex y en abril de 2020, cuando entró la pandemia, me despidieron. Tengo 48 años y padezco de tendinitis, túnel del carpo, artrosis cervical, migraña y problemas en la vista y riñones. Seis enfermedades que afectan todo mi cuerpo y a veces no me permiten ni levantarme, pero el INSS me acaba de dar un papel donde dice que estoy apta para trabajar (Ramos, Montealere, Álvarez et al., 2021, p. 57)

Estas acciones ejecutadas por el Seguro Social recuerdan lo que manifiesta (Bayón 2019, p. 23) pues, paradójicamente, las entidades que deberían estar encargadas de producir el bienestar en realidad agudizan y reproducen la desigualdad, con especial exacerbamiento en el neoliberalismo. Sin embargo, la retórica neoliberal ha forzado la idea de que los problemas sociales corresponden únicamente al individuo (Bayón, 2020). Una suerte de privatización de la vida que confirma la ilusoriedad de la igualdad jurídica. Araujo y Martuccelli (2015) externalizan que los miembros de la sociedad son compelidos a hacerse cargo de sí mismos, a sostenerse en su individualidad (Araujo y Martucelli, 2015, p. 32). El neoliberalismo, finalmente, culpa al que saca del trabajo y no puede “producir” más “y en eso consiste la inteligencia del sistema en que no haya ninguna resistencia contra él” y en dirigir la agresividad contra el que fracasa y no contra el explotador (Han, 2014, p. 18).

6. Conclusiones

La liberalización del mercado en todas partes donde se implantó implicó el deterioro agresivo de las condiciones laborales de las y los trabajadores. No obstante, en países pobres como Nicaragua, sobre todo con su especial contexto de transición de una economía centralizada a una “libre” a partir de 1990, envolvió la atracción de un sistema que encarna una de las peores formas de trabajo que el Norte Global envía al Sur: las zonas francas.

A lo largo de este trabajo hemos tratado de dar un recorrido somero de cómo mujeres de las clases sociales “marginales”, desesperadas por cubrir las necesidades elementales en sus hogares, se ven obligadas a incorporarse en estas fábricas que no sólo violentan sus derechos: también sus fuerzas físicas, su salud, emociones y el proyecto vital.

No hay duda de que el neoliberalismo lleva aparejado el desprecio de las vidas de los más desprotegidos de la sociedad. En este caso, las obreras de las maquilas de zona franca, encadenadas por diversas dificultades a las máquinas de coser, sus vidas reflejan la acumulación de desventajas y el cercenamiento de oportunidades producidas por la extrema perversidad del mercado y el consecuente abandono social. Son vidas que al no tener “importancia” tampoco requieren protección al decir de Therborn. Sin embargo, a largo del trabajo se pudo evidenciar los papeles de un aliado insustituible para que funcione un régimen tan inhumano: el gobierno.

La pasividad, connivencia y la tolerancia de las autoridades gubernamentales frente a lo que sucede día a día en las maquilas desde hace casi treinta años han sido conductas constantes más allá de la orientación política-ideológica o la apatía o empatía de los discursos oficiales con la clase trabajadora. La perennidad de estas actitudes gubernamentales ha contribuido a que las maquilas se consagren y persistan como un sistema institucionalizado de impunidad en perjuicio de los derechos que se violentan en esos recintos. De hecho, el público conocimiento de las situaciones que soportan las obreras ha ubicado a las maquilas en el referente social por excelencia del peor lugar donde una persona puede trabajar.

De manera particular, vimos que el régimen de zonas francas, si bien fue promovido por los discursos neoliberales como una esperanza afincada en los mitos de la “liberación” del mercado, este no genera inversión alguna en el país ni contribuyen en nada al sostén del erario. Por supuesto, estas “generosas” condiciones de inversión han sido otorgadas y respetadas sucesivamente por los distintos gobiernos desde 1991 a fin de que estas empresas abran miles de puestos de empleo “rápidos” cuyos destinatarios son las personas que conforman los sectores más azotados por la desigualdad ante la “desesperación” por suplir el hambre, así como las necesidades infinitas propias y los de la extensa cantidad de dependientes.

El sistema laboral de las maquilas está pensado para que quienes son arrojados en él por la presión de las carencias no puedan salir con facilidad. Se evidenció que las altas jornadas laborales y la consiguiente supresión diaria de las fuerzas físicas producen un despiadado encadenamiento de las obreras a estos puestos de explotación. La supuesta falta de educación y calificación técnica, racionalidad indudablemente patriarcal, es el argumento para recibir sueldos irrisorios.

La desprotección gubernamental, la acumulación generacional de desventajas y las reducidas oportunidades de un mejor trabajo en el mercado laboral para las mujeres con relación a los hombres crean una siniestra situación de dependencia a estos puestos de los que no se pueden liberar por la cantidad de dependientes que es incluso superior al promedio de hijos e hijas por obrera, según estadísticas recientes del MEC. A esto se debe adicionar la imposibilidad de continuar estudiando o la casi nula movilidad social ni siquiera después de toda una vida laborando en el sector.

También se resaltó cómo este tipo de fábricas son el reflejo de las políticas neoliberales respecto del empleo, es decir, un aumento descomunal de la explotación, la discriminación y las prácticas inhumanas como lógicas que ahora presiden el mecanismo capital/salario. En este orden de las cosas, se expresó que la perennidad del sistema maquilador como ejecutor de las múltiples violaciones de derechos humanos de las que son víctimas las obreras del sector demuestra que la juridicidad y la jerga vigente de los derechos humanos son insuficientes e inefectivos dentro de las paredes de estas fábricas. Esto produce una situación dramática de indefensión y sometimiento de las obreras frente al empleador en ausencia de la supervisión estatal.

Indefensas y sin protección gubernamental, las trabajadoras de la confección son víctimas de un sistema rígido y severo. En el contexto del pisoteo de la dignidad humana que viven día a día, en el artículo se reiteró lo que diversas investigaciones han evidenciado sistemáticamente en el sector: las obreras tienen que cumplir altas metas de producción en jornadas extensas de trabajo. Por si esto fuera poco, al sistema estudiado, se suma la violencia laboral, física y sexual que atraviesan las relaciones laborales en las maquilas. Estas características de ese sistema de trabajo manifiestan el entroncamiento del capitalismo y el patriarcado en las lógicas neoliberales de explotación.

El distanciamiento de la observación oficial da cuenta del desprecio de la dignidad y el no reconocimiento del aporte que las mujeres realizan a la economía. Es el cuerpo de las obreras y sus disminuidas fuerzas las que posibilitan que este régimen y sus empresas no se retiren del país al cumplir con los enormes pedidos a los que se comprometen sus empleadores con las marcas de indumentaria del Norte global que tercerizan estas terribles formas de explotación.

Por otro lado, se anotó cómo las maquilas no sólo absorben las fuerzas físicas y violentan las emociones de sus trabajadoras: estas también destruyen sus cuerpos situación que consagra definitivamente el desprecio del sistema maquilador hacia la mujer, su cuerpo, su salud y sus derechos. La superación desproporcionada de la cantidad de movimientos que puede realizar cada cuerpo en las labores de confección produce la pérdida progresiva, acelerada y prematura de la salud osteomuscular de las trabajadoras. Así cientos de obreras quedan fuera del mercado laboral en edades tempranas con enfermedades y trastornos que producen dolencias insoportables. Aquí también pudo observarse, por un lado, la ausencia del papel gubernamental en la formulación e implementación de políticas preventivas o paliativas de salud que afronten esta destrucción rápida de la salud que viven cientos de obreras, y por otro la insensibilidad del sistema previsional del país.

Finalmente, la pérdida de capacidad física en edades tempranas para seguir trabajando revela cómo las maquilas constituyen un sistema diseñado para echar abajo e interrumpir dolorosamente el proyecto vital de estas obreras. Esta interrupción es abrupta y se confirma en la imposibilidad absoluta de poder continuar trabajando para sostener sus propias necesidades y las de sus dependientes —lo que agrava rigurosamente sus condiciones de pobreza—, así como en el severo deterioro de la salud física y la potenciación prematura de los padecimientos físicos, circunstancias que el humano proyecta lidiar generalmente en la vejez y no en vidas que no rayan ni siquiera en los cincuenta años. La salida pronta del mercado de trabajo de las incapacitadas por las enfermedades laborales revela que el propósito culminante del perverso sistema maquilador es encadenarlas de por vida a la pobreza, la desigualdad y el abandono. Estos cuerpos destruidos, doloridos, enfermos proveen materialidad al dicho “dar la vida al trabajo”. Sin embargo, en realidad son trabajos que masacran cuerpos mientras pisotean sin piedad las vidas de las que menos tienen en sociedades tan injustas como la nicaragüense.

Referencias bibliográficas

Acevedo Vogl, A. (17 de abril de 2018). ¿A quiénes afectarán las reformas al INSS? Confidencial. Disponible en https://confidencial.digital/opinion/a-quienes-afectaran-las-reformas-al-inss/

Aguilar Sánchez, C. (2000). Los procesos de democratización bajo esquema neoliberal. El caso de Nicaragua. Informe final del concurso: Democracia, derechos sociales y equidad; y Estado, política y conflictos sociales. Programa Regional de Becas CLACSO. Disponible en lhttp://bibliotecavir-tual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/1999/asanchez.pdf

Álvarez, W. (20 de abril de 2018). ¿Por qué el INSS está en crisis? Su situación es peor de lo que parece. La Prensa. Disponible en: https://www.laprensani.com/2018/04/20/economia/2406620-por-que-el-inss-esta-en-crisis-y-su-situacion-es-peor-de-lo-que-parece

Araujo, K. y Martucelli, D. (2015). Individualidades populares. Análisis de sectores populares en Chile. Latin American Research Review. 50 (2), pp. 86-106.

Arévalo, R. Alto al fuego. (2007). La Brigada Especial de Desarme (BED). UPOLI-Fundación Cultura de Paz.

Argüello y Zamora (2020). Diagnóstico de la situación de los derechos laborales de las trabajadoras en empresas de zona franca sector textil-vestuario. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.

Bayón, M. C. (2015). La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la pobreza urbana en México. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.

Bayón, M. C. (2019). La construcción docial de la desigualdad. Reflexiones sobre convivencia y justicia social en tiempos de neoliberalismo en Bayón, M.C. (Ed.), Las grietas del neoliberalismo. Las dimensiones de la desigualdad contemporánea en México, pp.9-36. IISUNAM.

Bayón, M. C. (2020). Anotaciones tomadas del seminario Desigualdad, poder y subjetividad(es). Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA.

Bilbao, J., Mayorga, M. y Rocha, O. (2006). El impacto de la maquila en una zona campesina: Sébaco, Nicaragua. Universidad Centroamericana.

Cabrera Solarte, A. (2015). Transición nicaragüense. Programas de ajuste estructural. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Chamorro Barrios, C. (2012). La democracia de Pedro Joaquín y Presidenta Violeta B. de Chamorro. Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Comisión Nacional de Zonas Francas. (2018). Crece empleo en zonas francas. Comisión Nacional de Zonas Francas. Recuperado de http://www.cnzf.gob.ni/es/noticias/crece-empleo-en-zonas-francas

Cruz, J. D. (2020). Josefina Vijil: “Nicaragua está fracasada y en riesgo con una educación de tan poca calidad”. Despacho 505. Disponible en: https://www.despacho505.com/nicaragua-esta-fracasada-y-en-riesgo-con-una-educacion-de-tan-poca-calidad/

Díaz-Lacayo, A. (2008). Sobre la historia y reconciliación en Nicaragua. En VV.AA., Historia y Reconciliación, pp. 275-292. Nos-Otros.

Federación Internacional de los Derechos Humanos (2005). Misión Internacional de Investigación. Situación de los derechos humanos en las maquilas en América Central. Informe preparatorio y memoria del seminario. 428 (3).

Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (2020). Nicaragua. Informe de Coyuntura, Abril 2020. Recuperado de https://funides.com/wp-content/uploads/2020/04/FUNIDES-Informe-de-Coyuntura-de-Nicaragua-Abril-2020.pdf

Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. (2021). Nicaragua. Informe de Coyuntura, Mayo 2021. Recuperado de https://funides.com/publicaciones/informe-de-coyuntura-mayo-2021/

Gamboa, M., D’Angelo, A., y Kries, S. (2007). Flexibilización del mundo laboral en Nicaragua. Una aproximación a su medición y un aporte al debate sobre sus implicaciones de género. UNIFEM. Recuperado de www.unifem.org.mx

Gobierno de Nicaragua (2020). Quinto informe periódico que Nicaragua debía presentar en 2013 en virtud del artículo 16 y 17 del Pacto [ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales].

Gutiérrez, V. (2015). Las zonas francas son las que están aprovechando el bono demográfico. Revista Envío. Recuperado de https://www.envio.org.ni/articulo/5041

Gutiérrez, V., Hurtado, N. y Sierra, C. (2014). Agenda de los derechos laborales de mujeres trabajadoras de la industria maquiladora en Centroamérica. Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de las Maquilas

Gutiérrez, V. y Renzi, M. (2018). Estado de situación de la violencia laboral y sus implicaciones de género en Nicaragua. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.

Han, B-C. (2014). Psicopolítica. neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Herder.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal

López, I. (2010). Apuntes sobre exoneraciones fiscales en Nicaragua. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.

Merkel, W. (2004). Embedded and Defective Democracies. Democratization, 11 (5), pp. 33-58.

Monroy, J. (2001). Transición a la democracia en Nicaragua 1990-1996. UNAM

Morales, O. y Centeno, D. (2013). Diagnóstico avances y retrocesos de los deberes y los derechos de las trabajadoras de las maquilas. MEC.

Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. (2020a). Informe alternativo sobre el estado del cumplimiento de los derechos laborales y de la seguridad social en el sector de zonas francas dirigido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. MEC.

Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. (2020b). Informe de coyuntura. Crisis sociopolítica, COVID-19 y situación de las obreras de las maquilas. MEC.

Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. (2020c). Declaración del país en el que queremos vivir, XXII Coloquio de las Mujeres Trabajadoras.

http://observato-riocentroamericanodeviolencialaboral.org/images/nicaragua/Violaciona-derechos-sindicales-en-maquilas-de-Nicaragua.pdf

Olivares, I. (1 de junio de 2020). INSS pierde casi USD15 millones mensuales. Confidencial. Recuperado de https://confidencial.com.ni/insspierde-casi-usd15-millones-mensuales/

Pallais, M. (Marzo-abril de1992). Violeta Barrios de Chamorro. La reinamadre de la nación. Nueva Sociedad, 118. Disponible en: https://nuso.org/articulo/violeta-barrios-de-chamorro-la-reina-madre-de-la-nacion/

Pérez-Baltodano, A. (2008). Entre el Estado conquistador y el Estado Nación: Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua. Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana.

Ramírez-Ayérdiz, D. (2019). Memoria del XXI Coloquio de las Mujeres Trabajadoras. Género y discriminación en el mundo laboral. MEC.

Ramírez-Ayérdiz, D. (2016). El proyecto canal interoceánico de Nicaragua: clima de diálogo, consulta social y otros efectos relacionados, Onteaiken. 21, 70-84.

Ramírez Ayérdiz, D., Argüello, M., y Loáisiga, G. (2018). Prevalencia de los trastornos musculo-esqueléticos en población trabajadora de la maquila. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.

Ramírez-Ayérdiz D. y Martínez, W. (2020). Impacto de la crisis sociopolítica en la vida de las mujeres trabajadoras de la maquila. MEC.

Ramos, Montealegre, Álvarez y otras. (2021). Sobrevivir a las maquilas. Impacto del trabajo en el cuerpo de mujeres nicaragüenses. MEC.

Ramos, S., Vargas, J., González, J. y García., A. (2009). Impacto de la crisis económica en la vida de las mujeres de la zona franca de Nicaragua. Diagnóstico 2009. MEC.

Saraví, G. (2015). Juventudes fragmentadas. Socialización, clase y cultura en la construcción de la desigualdad. FLACSO-México/CIESAS.

Therborn, G. (2015). Los campos de exterminio de la desigualdad. FCE.

Turcios Gómez, Y. (2002). Nicaragua. Doce días en un campo de concentración. Revista Envío, 244. Disponible en https://www.envio.org.ni/portada.es/244

Von Werholf, C. (2011). La globalización del neoliberalismo, sus efectos y algunas alternativas. Theomai, (23), pp. 104-135.

Vukelich, D. (1993). Nicaragua. Bienvenidos a la zona franca. Revista Envío, (144). Disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/824

Wacquant, L. (2010). Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Gedisa.

Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009). Desigualdad. Un análisis de la(in)felicidad colectiva. Turner.

Enlace alternativo

https://revistas.uca.edu.sv/index.php/realidad/article/view/6430/6426 (pdf)