Entre la relativización, la ambigüedad y el silencio. Un repaso a las narrativas complacientes con la última dictadura en Uruguay

Between relativization, ambiguity and silence. A review of the narratives complacent with the last dictatorship in Uruguay

Contenciosa

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN-e: 2347-0011

Periodicidad: Anual

núm. 12, 2022

revistacontenciosa@fhuc.unl.edu.ar

Recepción: 23 Abril 2022

Aprobación: 17 Agosto 2022

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/607/6073558003/

DOI: https://doi.org/10.14409/rc.10.12.e0016

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En setiembre de 1979 el presidente del Supremo Tribunal Militar coronel Federico Silva Ledesma expresaba en una conferencia de prensa al referirse a los presos políticos que “Uruguay tiene hoy 1600 problemas porque no ha tenido 1600 muertos”. Ya que “nuestros soldados hacían prisioneros. No había muertos en este país” (Demasi y otros, 2004: 445). La afirmación de Silva Ledesma, el responsable de procesar a los presos políticos por la justicia militar, estaba plagada de imprecisiones y algunas mentiras. Por un lado el número era mucho mayor. Entre 1972 y 1985 al menos 5.925 personas fueron formalmente detenidas (Rico y otros, 2008: 66). Además de ellos existieron miles de casos de encarcelamientos en los cuarteles durante los primeros años de la dictadura que no fueron formalizados. Silva Ledesma asumía que todos los prisioneros habían sido guerrilleros cuando en la mayoría de los casos las causas tenían que ver con persecución política. Por último, los militares mataron personas a través de diversas modalidades. Existieron muertos en operativos de las llamadas Fuerzas Conjuntas en el año 1972, asesinatos en los interrogatorios, y entre 1973 y 1985 se registraron 32 casos de desaparecidos en Uruguay, y 134 en el exterior (125 en Argentina, 8 en Chile y uno en Bolivia) en acciones conjuntas en el marco del plan Cóndor (Rico, 2008: 274).

Además de las imprecisiones acerca de la cantidad y las características de los detenidos y las mentiras acerca de los desaparecidos, el mensaje de Silva Ledesma tenía un amenazante mensaje implícito. La actitud “humanitaria” de las Fuerzas Armadas había dejado “1.600” problemas. “Problemas” que aún no tenían resolución en 1979. Para ese momento la dictadura ya no parecía tener problemas: había derrotado a la guerrilla, prohibido la actividad de los partidos políticos y eliminado toda actividad de resistencia o disenso en la esfera pública. Sin embargo Silva Ledesma y varios otros mantenían dicho tono amenazante.

La afirmación de Silva Ledesma se sostenía en una argumentación más general que explicaba el origen de la dictadura como resultado de la amenaza sediciosa, y justificaba la acción violenta como una legítima respuesta del Estado frente al caos generado por la sedición: “la sedición, el terrorismo, se valieron de los medios más inhumanos conocidos en la lucha contra la sociedad organizada. Se trató en esos momentos de hacer caer las instituciones y hacer que nuestra organización social desapareciera, que los principios morales cayeran e inclusive de hacer caer los pilares fundamentales de nuestra sociedad, como son la patria y la familia”.

Este enfrentamiento fue representado como una guerra que había sido iniciada por la sedición contra la nación. Dicho marco interpretativo conceptualizaba las violaciones a los derechos humanos como excesos explicados ante el inevitable resultado de la guerra a la que había sido sometida el país. La idea de la guerra contra la nación primó como núcleo de variados relatos que describían a los militares como actores que se habían tenido que enfrentar a una situación inédita de agresión a la nación que era responsabilidad de la izquierda armada y política y de los sindicatos. Las prácticas represivas y la dimensión ilegal del golpe de Estado y la dictadura eran reconocidas por algunos y silenciadas por otros pero todos compartían una mirada empática y relativamente complaciente al accionar militar. En estas narrativas ellos no habían creado la situación de crisis que vivió el país sino que debieron asumir una tarea inédita con escasas herramientas. Esto junto al sobredimensionamiento del accionar guerrillero llevaba a una mirada empática con los militares por parte de estas narrativas que en este artículo llamaremos complacientes.

Este tipo de narrativas existió en dictadura, en los momentos que prácticamente no había ningún tipo de resistencia y continuó con versiones actualizadas en democracia. Fue defendida por los gobernantes de la dictadura frente a las críticas que venían desde el exterior y fue planteada en diferentes versiones por los militares y por los políticos que defendieron la amnistía a los militares en el período democrático, incluso aquellos que habían sido opositores durante el período autoritario.

Podemos encontrar una continuidad entre textos tan diversos como: Testimonio de una nación agredida escrito por el Comando General del Ejército en 1978 donde se detallaba la “agresión” que había sufrido la nación por el comunismo internacional; La ira del Leviatán escrito en democracia en 1996 por el capitán de navío, director de inteligencia del FUSNA, y luego devenido en estudiante de antropología en democracia: Jorge Tróccoli; y La agonía de una democracia: proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay (1963-1973) escrito en 2008 por el político colorado, opositor a la dictadura, defensor de la amnistía a los militares y dos veces presidente: Julio María Sanguinetti. Aunque los tres textos tienen narrativas diferentes y opiniones opuestas sobre la consolidación del régimen militar, todos comparten la idea de que la amenaza de la izquierda desató una reacción estatal que inevitablemente tendría excesos.

La academia uruguaya no ha puesto mucha atención en dichas narrativas. Como en el resto del cono sur las representaciones memoriales sobre las que se ha desarrollado un mayor análisis han sido las vinculadas a los movimientos de derechos humanos. La caracterización de estas narrativas complacientes que describen el conflicto como guerra no ha resultado fácil.^[1] Se trata de un recorte particular de la realidad histórica que ha optado por silenciar algunos aspectos y sobredimensionar otros. El mecanismo asociado al silenciamiento no ha consistido en la negación sino en la banalización y relativización de las prácticas represivas realizadas por la dictadura. La incorporación del caso uruguayo a este dossier llamado: negacionismo, relativizaciones, banalizaciones atenderá más al segundo y tercer aspecto de esta tríada, e intentará evaluar si el concepto de negacionismo resulta aplicable a algunos de los aspectos relativos a estas narrativas complacientes sobre la dictadura.^[2]

En el artículo repasaré las narrativas desarrolladas por diversos actores en dictadura y democracia para mostrar las diferentes modulaciones de estos intentos de relativización de la violencia estatal desarrollada por la dictadura. Me referiré a dos momentos. Por un lado, en el primer apartado estudiaré cómo esa narrativa ya era explícita durante la dictadura. En este caso estudiaré el debate público entre el gobierno uruguayo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1980. El segundo momento refiere a las discusiones en democracia. En este caso los debates se ajustan a las luchas de memoria que han sido conceptualizadas por Elizabeth Jelin. En dicho período trabajaré en torno a dos personas que pueden ser definidas como emprendedores de memoria en democracia (Jelin, 2002). Por un lado, el Capitán de Navío (retirado) José Tróccoli, uno de los pocos militares vinculados a la represión que intentó intervenir en la discusión pública en democracia. Por otro lado, Julio María Sanguinetti, una figura emblemática de los sectores opositores a la dictadura que en democracia impulsó la amnistía y la reconciliación con militares y civiles de la dictadura. Por último a modo de conclusión repasaré los aspectos comunes de dichas narrativas e intentaré proponer una caracterización de las mismas.

El 14 de febrero de 1980 se publicó en los diarios de Montevideo un comunicado contratado por el gobierno uruguayo. La página encabezada por el escudo nacional se titulaba: “Posición del gobierno nacional ante el informe presentado por el departamento de los Estados Unidos de Norte América al congreso de ese país, acerca de los Derechos Humanos en la República Oriental del Uruguay”.^[3] En su mayoría estaba ocupada por el “Informe del departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica sobre los derechos humanos en el Uruguay” mientras que en la parte superior izquierda existía una pequeña “Nota respuesta al departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica con relación al informe sobre Derechos Humanos en el Uruguay”.

El informe estadounidense describía someramente el proceso político reciente de Uruguay y luego describía lo ocurrido en relación a los derechos humanos. Se iniciaba con una breve introducción histórica de los hechos ocurridos a partir de la década del sesenta. Estos eran caracterizados como “un período de enfermedad nacional que reflejó dos décadas de estancamiento económico con el terrorismo urbano de los tupamaros, un grupo de orientación marxista”.^[4] El golpe de Estado se explicaba como el resultado del incremento del desacuerdo entre el Poder Legislativo y las FF.AA. sobre la conducción de la campaña “antiterrorista”. En la visión del informe dicha campaña que había incluido “desapariciones, torturas y arrestos arbitrarios” estuvo marcada por el liderazgo militar que finalmente llevó a la disolución del parlamento en 1973.

A continuación el informe señalaba las características de la represión durante la dictadura. Por primera vez en la prensa diaria se mencionaban violaciones a los derechos humanos cometidas en el período en un tono crítico y con descripciones explícitas que habrían sido impensables previamente. Según el informe la llamada campaña antiterrorista había sido conducida con “poco cuidado hacia los derechos individuales”. Había existido un gran número de “detenciones por razones políticas y hasta últimamente torturas y otras formas de malos tratos a los detenidos políticos durante los interrogatorios”. El texto planteaba que, aunque la guerrilla había sido eliminada entre 1972 y 1973, la persecución política continuó ya que una intensa ola de arrestos empezó en 1975 y tuvo su momento más intenso en 1977. Dicha ola se concentró en militantes de izquierda que “parecen haber sido arrestados por participar en actividades políticas que estaban constitucionalmente protegidas cuando fueron llevadas a cabo”. Además otros arrestos incluyeron abogados, periodistas, dirigentes sindicales y educadores con “poca o sin aparente conexión con la política”. Todo esto llevó a que Uruguay tuviera “un alto porcentaje ‘per cápita’ de detenidos políticos” con respecto a la población total.^[5]

Luego de estas consideraciones generales en un apartado titulado “La integridad de las personas incluyendo la libertad” se hacía mención a las torturas realizadas entre el año 1972 y 1977, comentando que “los métodos usados incluían: shocks eléctricos, inmersión de la cabeza en el agua y severas palizas”. También se referían a “tratos y penas crueles e inhumanas o degradantes” vinculados a la intimidación de los detenidos a través de los “abusos psicológicos durante los interrogatorios”. En el mismo apartado se mencionaban las características del proceso de justicia militar al que eran sometidos los presos políticos denunciando que los juicios públicos no tenían marcos legales adecuados.^[6]

Otro apartado refería a las libertades civiles y políticas y continuaba con un tono similar señalando que la libertad de prensa “seguía siendo muy restringida”. Al final el informe admitía que el gobierno uruguayo había cambiado su actitud hacia las investigaciones de denuncias de violación de derechos humanos y que estaba abierto al diálogo con el gobierno estadounidense.^[7]

La sección que refería a otro tipo de derechos humanos fue el que llamativamente concitó más atención. En el apartado llamado: “Políticas gubernamentales relacionadas con el logro de tales necesidades vitales como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación” se daba una visión relativamente optimista sobre estos asuntos. Sin embargo, al final del apartado existió un párrafo que causó escozor en el gobierno: “La corrupción en el gobierno no se ha extendido. Aunque hay denuncias no confirmadas de prácticas corruptas por autoridades individualizadas, algunas de ellas de prominencia”.

En el extremo superior de la página del diario el gobierno uruguayo publicó una respuesta a este informe. En ella no se cuestionaba el derecho del gobierno estadounidense a realizar informes internos sobre los diversos países, pero sí su publicación. En la visión del gobierno uruguayo el problema dejaba de ser un asunto interno de los Estados Unidos cuando se disponía a la publicación oficial del mismo. Dicha decisión del gobierno estadounidense consistía “en una clara injerencia en los asuntos internos del Uruguay”. El gobierno aceptaba el debate en torno al problema de los derechos humanos que en esos años se venía procesando en la comunidad internacional pero la declaración era condenada.^[8]

Lo llamativo del carácter de la respuesta del gobierno uruguayo fue que se centró en criticar la injerencia en los asuntos internos sin detenerse a discutir los contenidos del informe. En ningún momento la respuesta de la dictadura negó las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que el documento del Departamento de Estado incluyó. Un solo contenido fue desmentido enfáticamente. Los comentarios que hizo el Departamento de Estado sobre los casos de corrupción fueron considerados como: “un agravio al Gobierno del país amigo y una violación de las costumbres diplomáticas y al respeto que tales gobiernos merecen” por parte de la dictadura.^[9]

El motivo de la publicación de este comunicado por parte de la dictadura fue mejorar el relacionamiento con Estados Unidos. Desde el año 1977 el congreso estadounidense y el gobierno del presidente demócrata Jimmy Carter habían expresado fuertes críticas a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado uruguayo. En el congreso estadounidense se recibió a políticos de la oposición que denunciaron las violaciones y se discutió la cancelación de préstamos y programas de ayuda militar. La embajada en Uruguay también funcionó como un lugar de recepción de denuncias de las víctimas a las violaciones a los derechos humanos. Las críticas continuaron en 1978 y 1979. Uno de los caminos de esta crítica a Uruguay se expresó en los llamados Country Reports que desde 1961 el departamento de Estado enviaba anualmente al congreso estadounidense para que evaluara si se violaban los derechos humanos en el exterior y qué consecuencias tendría esto en los acuerdos desarrollados con dichos países.

La respuesta de la dictadura a dicha política estadounidense osciló entre la denuncia de la crítica estadounidense y el intento de conciliación con el gobierno demócrata. Por un lado se desarrollaban medidas que apuntaban a promover el diálogo con los Estados Unidos. Ese tipo de iniciativas no partían de una sensibilidad autocrítica por parte de la dictadura sino de la convicción de que los Estados Unidos no terminaba de entender la gravedad de lo ocurrido en Uruguay. Por otro lado, se señalaba que los Estados Unidos estaba en la retaguardia de la lucha contra el comunismo y que iba cediendo espacios frente al avance del bloque soviético por iniciativas como las mencionadas

En el mismo año 1977 el presidente del Uruguay Aparicio Méndez se había reunido en Washington con Carter. En la versión de la dictadura dicho encuentro había servido para resolver dichas diferencias y comprender la situación que vivía el país.^[10] Sin embargo cíclicamente reemergía la crítica estadounidense. La publicación del informe de los Estados Unidos se presentaba por parte del gobierno uruguayo como una expresión de buena voluntad que apuntaba a un acercamiento. Unos días después del informe el canciller Adolfo Follé Martínez recordó aquel evento y declaró que: “es realmente lamentable que un hecho de esta naturaleza (el informe EE.UU.), pueda interferir en la buena naturaleza de las relaciones entre los dos países”.^[11]

Era deber del país y las autoridades promover que la potencia del norte entendiera las características particulares del proceso que habían orientado los militares a partir de 1973. Al decir del Comandante en Jefe del Ejército, Luis Vicente Queirolo: “Los Estados dignos y soberanos deben efectuar aclaraciones” esperando “la satisfacción de que el gobierno de los EE.UU. entienda”.^[12] La publicación del texto del departamento de Estado norteamericano en la prensa fue una decisión explícita del gobierno uruguayo que iba en ese sentido. Se buscaba con este gesto dar una demostración de su voluntad al diálogo y al entendimiento con el gobierno del norte.^[13]

Sin embargo, más allá de dicha voluntad de conciliación con Estados Unidos, algunos actores continuaron reivindicando el accionar de la lucha antisubversiva. El ex-canciller (1973-77) Juan Carlos Blanco fue el que fue más lejos en sus declaraciones. En una entrevista realizada por radio Monte-Carlo, luego de suscribir la respuesta de la cancillería declaró:

El informe dice que hemos tenido una enfermedad; bueno, cuando existe una enfermedad, hay tratamientos que no siempre son agradables y pienso que eso hemos hecho nosotros, enfrentar un mal que no lo provocamos nosotros, de la forma que pudimos enfrentarlo. En ese momento nadie se acordó de nosotros, nadie vino a hacer informes, hablando de lo que sucedía en nuestro país, de lo que de alguna manera u otra, hemos hecho ciudadanos y gobernantes para erradicar un mal muy grave... Aun partiendo de la premisa de que hay una enfermedad, no reconoce la necesidad de nuestra defensa. Por eso afirmo que errores o defectos son nuestros. Vamos a marchar en el proceso de institucionalización que se ha marcado.^[14]

La mayoría de los diarios matutinos adhirieron en forma explícita al tono del ex canciller. El diario El País titulaba “Nota del gobierno tuvo amplio apoyo de la población”.^[15] Diversas columnas editoriales adhirieron a la respuesta del gobierno. La única crítica que realizó este diario tuvo que ver con aspectos formales de la nota de contestación, ya que decía Estados Unidos de Norteamérica y debería haber dicho Estados Unidos de América.

El diario El Día publicó un texto algo diferente que de alguna forma se acercaba a cierta sensibilidad opositora. En él se aprovechaban las contradicciones que tenía la respuesta de la cancillería para realizar algunos cuestionamientos. El artículo se iniciaba reconociendo el impacto ante ambos documentos: “Es por supuesto innecesario referirse al cúmulo de sentimientos de todo tipo que la lectura de estos documentos provoca en sus lectores”.^[16] En el texto no se explicitaba cuáles eran esos sentimientos a los que se refiere, se establece una relación de complicidad con el lector, un recurso muy utilizado en esa época para atravesar y a la vez marcar los límites de la censura.

Al introducirse en la nota de respuesta de la cancillería decía que “la forma de la contestación parece desafortunada”. La contestación no se basaba en la negativa de las afirmaciones esgrimidas en el informe sobre la improcedencia de su publicidad. Y advertía sobre la contradicción de no expresarse sobre los contenidos relativos a las violaciones a los derechos humanos pero sí sobre las acusaciones de corrupción que eran enfáticamente desmentidas:

Pudiera finalmente pensarse que (con error a nuestro juicio) lo que se quiso fue contestar al informe sin entrar a los hechos que él contiene. Pero incluso esta suposición extrema aparece desmentida por la respuesta concreta que se da al párrafo referente a presunta corrupción.^[17]

El editorial advirtió las principales debilidades de la respuesta uruguaya. El gobierno no tuvo un criterio único. Frente a las denuncias de violaciones de los derechos humanos criticó la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos pero no existió la preocupación por desmentirlas, hecho que sí ocurrió frente a las acusaciones de corrupción. La respuesta más que aclarar confundía y dejaba espacios vacíos para suponer que cierta críticas realizadas por el departamento de Estado podían ser ciertas. Este editorial fue la única voz discordante que se expresó en los medios de prensa, sin embargo no recibió ningún tipo de respuesta por parte de los que defendían la postura oficial ni tampoco represalias del gobierno.

Lo original de este acontecimiento es que por primera vez apareció en la prensa uruguaya una voz discordante con el gobierno dando su visión de la situación de los derechos humanos en el Uruguay. Dicha voz era muy relevante ya que se trataba de un gobierno “amigo”, líder del “mundo libre” en el contexto de la guerra fría. El hecho sorprende aún más al enterarnos que la publicación de ese documento fue una decisión del gobierno uruguayo en una coyuntura que no era particularmente aperturista. Como ya dijimos la prensa explicó su publicación como el intento del gobierno por desarrollar una estrategia de acercamiento a la potencia del norte buscando generar un debate franco en el cual los estadounidenses terminaran de comprender lo inevitable de las acciones que habían tenido que realizar las Fuerzas Armadas. Pero su publicación también implicó un desafío para el gobierno, aunque el espacio público estaba fuertemente restringido, se corría el riesgo de que surgieran reacciones críticas que fueran difíciles de reprimir, ya que Estados Unidos estaría observando detenidamente el desarrollo de la situación. El gobierno argentino ante un informe que realizaba el mismo tipo de críticas, también optó por publicarlo. Lo que hace suponer la existencia de una estrategia coordinada entre ambos países. Pero a diferencia de lo ocurrido en Uruguay el informe publicado en Argentina no generó repercusiones en la prensa (Franco, 2018, 62-63).

El acontecimiento en sí permite aproximarnos a la pluralidad de significados que la dictadura produjo en sus narrativas en torno a la violación de los derechos humanos. Simultáneamente a esta polémica pública con Estados Unidos la dictadura uruguaya había escrito voluminosos libros como Testimonio a una nación agredida y Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental. En ambos se enfatizaba en el accionar de los grupos de izquierda como explicación del golpe de Estado. Las menciones a las prácticas represivas de la dictadura eran escasas. Cuando por primera vez los militares comenzaron a hablar de estos temas no lo hicieron negando o desmintiendo lo ocurrido. Las declaraciones de las autoridades no hablaron de mentiras o tergiversación de la realidad, a lo sumo falta de objetividad, y caracterizaron al problema del relacionamiento con Estados Unidos como fruto de la incomprensión. En la óptica del gobierno no había nada que desmentir, simplemente hacer comprender a los Estados Unidos el porqué de sus acciones.

Las fronteras entre lo explícito y lo implícito, de lo dicho y lo no dicho, nunca quedaron claras. El gobierno desarrolló un discurso lo suficientemente ambiguo para que pudiera ser interpretado en diferentes sentidos por sus diversos destinatarios. Publicar detalladamente el informe norteamericano sin preocuparse en desmentirlo fue bastante sintomático de esta actitud. Esta meditada ambigüedad tenía múltiples destinatarios. Dos resultan claramente identificables: por un lado los que apoyaban la dictadura y defendían una serie de prácticas que consideraban válidas en una situación caracterizada como de guerra y por otro un mensaje hacia los sectores opositores, mostrando el poder que tenía el gobierno al ser capaz de realizar afirmaciones de ese tipo públicamente.

En 1996, once años desde el retorno a la democracia, un texto agitaba las aguas de la memoria. El Capitán de navío (retirado) Jorge Luis Tróccoli publicaba una carta en el diario El País el 5 de mayo, titulada “Yo asumo…yo acuso”.^[18] Escrito en primera persona y en un tono exaltado, el texto tenía como punto de partida las acusaciones contra él que dos Fusileros Navales (anónimos) habían realizado acusándolo de haber participado en operativos en la ESMA en Argentina.^[19] El texto se iniciaba con un ambiguo reconocimiento de responsabilidad y con la equiparación de la inquisición a las demandas por la verdad y la justicia: “Sí, Torquemada, confieso, fui brujo y adoré al Diablo, comulgué con la violencia, de eso hace veinte años. Yo lo asumo”.^[20]

Inicialmente repasaba la manera en la que se integró a la escuela naval, su participación en la represión de las huelgas sindicales, y cómo su compromiso se fue intensificando a medida que la guerrilla fue incrementando su accionar. “En 1974, me hice brujo profesional, pasé a integrar las fuerzas de combate, contra la guerrilla, ésta es mi gran confesión, la que Torquemada espera anhelante, ‘en aras de la verdad’”. Luego planteaba alguna de las características que había tenido su accionar: “Yo asumo haber tratado inhumanamente a mis enemigos, pero sin odio, como debe actuar un profesional de la violencia. No me pregunten detalles dolorosos”.^[21] Por primera vez un militar reconocía los asesinatos y desapariciones:

No maté a nadie, ni sé nada del tema desaparecidos, pero no por un altruismo humanitario, sino porque (afortunadamente) no me tocó vivir esa situación. Pero no soy un hipócrita, reconozco que las Fuerzas Armadas a las que pertenecí, lo saben y lo hicieron. Por lo tanto, como un integrante más, asumo también los muertos y desaparecidos.^[22]

La carta reiteraba la caracterización general del período como una guerra. Pero en este caso la guerra se asemejaba a las guerras civiles de la historia del Uruguay. “Los uruguayos, como en la Guerra Grande, como en 1897 y 1904, una vez más nos odiamos, nos matamos, y nos torturamos unos a otros”.^[23] A través de diversas anécdotas de encuentros durante los noventa con ex tupamaros que luego devinieron en amigos, o padres de los amigos de su hijo, Tróccoli recuperaba cierta humanidad en el otro bando. Pero eso no lo llevaba a cambiar su visión de lo ocurrido: “Por lo tanto, esto no es un canto de arrepentimiento ni una confesión, es solamente la expresión de un dolor, por lo que fue, por lo que tuve que vivir junto con muchos otros, camaradas y enemigos”.^[24]

La carta terminaba con una serie de acusaciones que entre otras cosas expresaban una enorme resistencia a que el conflicto del pasado reciente se tramitara en forma jurídica:

Acuso a quienes escudados en pretextos jurídicos no quieren reconocer que la situación de violencia vivida era, para nosotros, una guerra y con una serie de “comprendos” que expresaban una rara empatía por el otro: “Comprendo a quienes quisieron matarme, yo también quería hacerlo”.^[25]

La carta presentaba cierta originalidad frente a otras declaraciones desarrolladas por militares en años anteriores. Durante el período democrático algunos militares retirados habían realizado declaraciones públicas. En su mayoría dichas declaraciones habían tenido una estructura similar. Todos reivindicaban el accionar de la lucha antisubversiva, todos hablaban como defensores de la institución y no emitían opiniones personales, todos consideraban el período como una guerra y denunciaban a sus antiguos enemigos como antinacionales, por último, planteaban que en Uruguay no se había matado intencionalmente. Los muertos en Uruguay habían sido el resultado de accidentes o excesos y los ocurridos en Argentina no eran responsabilidad de los militares uruguayos. En este caso lo original de Tróccoli era que imprimía una mirada personal, admitía la existencia de desaparecidos, y enfocaba el problema de la guerra desde una lógica menos binaria, donde los enemigos también eran parte de la nación.

La carta fue publicada en un momento donde el tema de los derechos humanos comenzó a renacer luego de años de silencio. Entre 1989 y 1995 el tema había prácticamente desaparecido de la esfera pública. En 1989 se había plebiscitado la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que aseguraba la amnistía a los militares y obstaculizaba las responsabilidades del Estado en la búsqueda de los desaparecidos. La mayoría de la población votó a favor de la ley en el plebiscito. En 1989 no había ningún militar preso y luego de la ley ningún juicio prosperó. Dicha votación tuvo un profundo impacto simbólico en la sociedad. El triunfo de la ley por aprobación popular fue leído como una convalidación del olvido y el silencio.

A mediados de los noventa el movimiento de derechos humanos había resignado la posibilidad de justicia en relación a las violaciones a los derechos humanos tales como las torturas, los asesinatos y las desapariciones, pero consideraban que la Ley de caducidad dejaba un vacío legal que les habilitaba a exigir al Poder Ejecutivo la responsabilidad de informar sobre el destino de los desaparecidos. Fue en ese marco que comenzaron una serie de conversaciones entre políticos de izquierda y militares que aspiraban a que los segundos brindaran información.

Luego de que las conversaciones se frustraron las organizaciones de familiares de desaparecidos se dedicaron a organizar una marcha del silencio que reclamaría al Estado la verdad sobre lo ocurrido con los desaparecidos. La fecha elegida para dicha manifestación fue el 20 de mayo de 1996. La fecha conmemoraba el asesinato del senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz junto a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires en el marco de las operaciones del Plan Cóndor. La carta de Tróccoli se publicó 10 días antes de la primera marcha del silencio que fue multitudinaria, marcó el retorno de la discusión sobre los derechos humanos en la esfera pública y se repite anualmente desde aquel momento. La coyuntura argentina de 1996 marcada por las declaraciones del oficial Adolfo Scilingo y el general Martín Balza impactaron de este lado del Río de la Plata.^[26]

La carta fue leída de diferentes maneras. La ambigüedad del texto habilitó múltiples lecturas. Algo similar a lo ocurrido con la declaración de Scilingo.^[27] En la oposición se advertía que la carta no implicaba ningún cambio significativo en la visión del pasado pero al menos por primera vez un militar había reconocido públicamente la violación a los derechos humanos. Los miembros del gobierno temían que las declaraciones de Tróccoli abrieran espacio para el que el tema de la memoria renaciera. Por eso algunos ministros intentaron plantear el problema como un problema personal del Capitán de navío. El Ministro de Defensa Raúl Iturria decía: “No es abonando los rencores del pasado que construiremos el futuro. Leí dos veces la nota con atención y es evidente que responde a un Estado de ánimo muy particular”.^[28]

Cinco meses después Tróccoli volvió a aparecer en la esfera pública. Esta vez el motivo fue la publicación de un ensayo: La ira del Leviatán donde Tróccoli (1996) repasaba argumentos similares a los esgrimidos en la carta. El libro de 143 páginas se estructuraba en una narrativa sincrónica donde en cada capítulo se contaba la escalada del conflicto. Se iniciaba relatando los momentos de movilización social de mediados de la década del sesenta, continuaba con el enfrentamiento entre guerrilla y fuerzas conjuntas, y en el capítulo “La ira del Leviatán” se desarrollaba la represión durante la dictadura. El penúltimo capítulo hacía mención a la participación de militares uruguayos en la represión en Argentina y se sugería que los desaparecidos eran mayormente responsabilidad de las prácticas represivas del ejército argentino. El último capítulo llamado “Ganar la paz” procuraba pensar en el período posterior a la dictadura. El libro se estructuraba con testimonios anónimos de militantes políticos de izquierda y de militares que habían participado en la represión.

La visibilidad de Tróccoli continuó en aumento. Su libro generó cierto impacto. Aunque dentro de los sectores cercanos a la memoria dictatorial se mantuvo un discreto silencio ya que el libro importunaba la actitud del gobierno de Sanguinetti que buscaba “cerrar las heridas” a partir de una estrategia que explícitamente se sostenía en la idea de “dar vuelta la página”. Los sectores cercanos al movimiento de derechos humanos compartían su asombro frente a la ausencia de arrepentimiento o sentido de culpabilidad. La noción de profesional de la violencia en su narrativa parecía justificar la represión política. Incluso esa desazón llevó a que el capitán fuera estudiado en la academia. El psicoanalista Daniel Gil (1999) escribió el libro El capitán por su boca muere o la piedad de eros. Ensayo sobre la mentalidad de un torturador donde reflexionaba acerca de las maneras en que el militar conceptualizaba la práctica profesional de la violencia.

Dentro del movimiento de derechos humanos existieron diferentes posicionamientos sobre cómo reaccionar frente a las declaraciones de Tróccoli. Los debates tuvieron que ver con qué estrategia tomar frente a este tipo de testimonios. Para algunos era un militar que al menos tenía la voluntad de hablar en primera persona de su experiencia y que tal vez ofreciera información sobre el destino de los desaparecidos. Para otros, Tróccoli no mostraba ningún signo de arrepentimiento y de alguna forma lo que estaba intentando era obturar las posibilidades de justicia a través de una hipotética entrega de cierta información escondida sobre el destino de los desaparecidos.^[29]

Asimismo, la creciente visibilidad de Tróccoli y sus declaraciones daban cuenta de que el Capitán de navío sabía más de lo que declaraba. En 1999 la organización HIJOS decidió hacer un escrache frente a su casa. El entonces senador Rafael Michelini se entrevistó con ellos explicando que no era conveniente escracharlo ya que supuestamente estaba teniendo una actitud colaborativa en la búsqueda de la verdad. El escrache se realizó de todas maneras ya que en la visión de HIJOS las declaraciones de Tróccoli implicaban una legitimación de la impunidad. José Mújica unos días después también se reunió con HIJOS y expresó una visión similar a la de Michelini. En el siglo XXI la mayoría de la información otorgada por militares no pareció tener mucha veracidad. Pero la exposición de Tróccoli habilitó a que la justicia pusiera el ojo sobre él. En 2009 Tróccoli se escapó de Uruguay amparándose en la ciudanía italiana que lo amparaba. En 2019 la justicia italiana lo terminó procesando y condenando por una causa contra ciudadanos italianos.^[30]

No solo los militares mantuvieron el relato de la guerra. Políticos civiles que incluso fueron opositores a la dictadura también tuvieron momentos de acercamiento a esa narrativa. Durante los primeros setenta, antes del golpe, en momentos de incremento del accionar guerrillero, la coalición gobernante aprobó ciertas medidas legislativas que concibieron el conflicto en términos de guerra interna.^[31] Las narrativas de algunos de estos actores se inscribían en la lógica de la guerra fría y extendían la idea de enemigo de la nación no solo a los miembros de la guerrilla sino también a todos los actores de las izquierdas y del movimiento social. Sin embargo luego de derrotada la guerrilla en 1972 y de que el presidente Bordaberry con el apoyo de los militares diera un golpe de Estado en junio de 1973, varios de estos políticos se opusieron a la dictadura y fueron distanciándose de dicha narrativa. Mientras el gobierno utilizó esta idea de guerra como amenaza para la justificación de la disolución de las cámaras, aquellos que se oponían negaron que el conflicto continuara, ya que la guerrilla había sido derrotada. Dicha narrativa fue denunciada como una excusa ilegítima para justificar un régimen dictatorial. A medida que el movimiento opositor se fue fortaleciendo, la narrativa de la guerra fue perdiendo espacio. La oposición a la dictadura comenzó a construir una narrativa sobre la catástrofe económica y social, así como de las violaciones a las libertades y los derechos cometidos por la dictadura que se iba delineando con ideas cercanas al concepto de terrorismo de Estado. Esto no implicaba que sectores de derecha y centro de la oposición continuaran cuestionando el papel de la izquierda en el período previo a la dictadura. Para 1983 cuando la oposición realizó un acto multitudinario y consensuado se describió a la dictadura como un régimen marcado por la “regresión y el oscurantismo” y aspiraban que la democracia restituyera:

a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que sólo emana de las urnas, a los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho a ganar el pan con el sudor de su frente.^[32]

Para 1985 en el año del retorno democrático la idea de la guerra había desaparecido entre los sectores opositores. Pero sin embargo un año después la narrativa opositora comenzó a fragmentarse. Un conjunto de políticos de derecha y centro que se habían opuesto a la dictadura pero que apoyaron la Ley de caducidad en 1986 comenzaron a poner un énfasis mucho mayor en la responsabilidad de la izquierda en la crisis democrática y gradualmente retomaron la noción de guerra y de la inevitabilidad de la respuesta autoritaria frente a la amenaza subversiva. Este tipo de narrativas se agudizó en los años noventa en el marco de la pos guerra fría y los discursos que denunciaban el carácter totalitario de las ideas de izquierda. Asimismo el crecimiento político electoral permanente de la izquierda que llevó a que en 2004 el Frente Amplio ganara, por mayoría, luego de instaurado el sistema de ballotage, también llevó a que la derecha y el centro agudizaran este discurso.

El golpe no se explicaba como el resultado multicausal de muchos fenómenos entre ellos el papel de la izquierda, sino que algunos de los sectores de la izquierda parecían ser los principales responsables. El dos veces presidente, líder del Partido Colorado y responsable de la Ley de caducidad, Julio María Sanguinetti decía en 1996:

Yo creo si vamos a hablar de responsabilidades individuales, nadie la tiene más que los tupamaros que condujeron al país a la violencia, pero la explicación del golpe, más allá de la atribución de responsabilidades, no hay ninguna duda que responde a un fenómeno más complejo (Lessa, 1996, 190).

Sanguinetti tal vez sea el que representó mejor esta versión. Parte de su figura pública y reconocimiento internacional lo fue logrando en su condición de intelectual. Todo esto llevó a que sus visiones sobre el pasado reciente fueran particularmente influyentes en ciertos sectores de la opinión pública. En el debate político Sanguinetti realizó intervenciones donde por un lado llamaba a cerrar el pasado, pero por otro le interesaba explicitar las responsabilidades que habían llevado al período dictatorial.

Durante el período que fue de la oposición a la dictadura a la consolidación democrática sostenida en la amnistía a los militares, la narrativa de Sanguinetti fue cambiando de una visión que ponía énfasis en la denuncia a la dictadura, a otra que cuestionaba a los supuestos responsables de la crisis de la democracia.^[33] Ya en 1985 con motivo de la conmemoración del 14 de abril, “día de los caídos en la lucha contra la subversión”, una fecha creada por la dictadura que recordaba a militares, policías y algunos civiles asesinados por la guerrilla, el novel presidente intentaba resignificar el acontecimiento, pero también mantener continuidades en relación a la narrativa de la dictadura. Sanguinetti cambió el nombre de la conmemoración. Se pasó a llamar: “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas”.

Así como por un lado planteaba ese giro, por otro intentaba retomar la idea de una guerra contra la democracia que había ocurrido en 1972, cuando la guerrilla había intensificado sus acciones y asesinado a 4 personas acusadas de pertenecer al Escuadrón de la Muerte. Aquel año Sanguinetti era ministro de Educación y Cultura y fue responsable del discurso fúnebre. En 1985 retomaba aquel episodio para decir: “Permítame esta evocación porque me da inmensa tranquilidad de poder venir hoy ante ustedes y decirles que lo mismo que dijimos aquel 14 de abril lo decimos hoy y que en el mismo lado que estuvimos aquel 14 de abril estamos hoy; del lado de la libertad y de la democracia”.^[34] La operación discursiva consistía en volver a construir un “nosotros” entre aquellos que habían actuado conjuntamente en 1972 (las Fuerzas conjuntas y sectores del Partido Colorado y Nacional) y 1985. Luego de la votación de la Ley de caducidad ese “nosotros” parecía haberse reconstituido. Incluso algunas asociaciones militares llegaron a hablar de una reconciliación de los militares con los partidos tradicionales.

Durante los noventa esa argumentación se fortaleció en el contexto ideológico del mundo de la pos-guerra fría donde las ideas de izquierda fueron asociadas a una causa criminal y totalitaria por parte de sectores conservadores y liberales. Textos como el Libro Negro del Comunismo fueron traducidos políticamente al debate uruguayo a través de una fuerte crítica al Frente Amplio y a los movimientos sociales por sus comportamientos presentes y pasados. La marcha del silencio que marcó el reinicio de la temática de los derechos humanos en la discusión pública en 1996 interpeló eficazmente esta narrativa. Si los regímenes totalitarios eran los que violaban los derechos humanos porque los gobiernos democráticos no habían respondido a las demandas de los movimientos sociales desde el retorno democrático.

El siglo XXI se inició con el desarrollo de la primera comisión de verdad estatal creada por el presidente colorado Jorge Batlle. El resultado de dicha comisión no convenció a las organizaciones de víctimas. En 2005 el Frente Amplio, una coalición de centro izquierda, triunfó por primera vez rompiendo la hegemonía de los dos partidos tradicionales: colorado y blanco que se habían alternado en el gobierno durante dos siglos. El momento estuvo vinculado con el ascenso de la narrativa del terrorismo de Estado y una relación de relativa cercanía entre los movimientos sociales y el gobierno de centro izquierda que asumió. Durante dicho período el Estado uruguayo por primera vez desarrolló políticas de verdad, justicia, memoria y reparación histórica que se expresaron en diferentes ámbitos de la vida estatal. Por un lado el gobierno creó una comisión de historiadores que elaboró un completo informe sobre lo ocurrido con los desaparecidos. Dicho informe se sustentó en diversos archivos vinculados a las instituciones represivas del Estado que fueron abiertos por primera vez en dicha administración. Además de dicho informe, un equipo de arqueología forense logró encontrar tres cuerpos de desaparecidos. Por otra parte, el gobierno promovió una nueva interpretación de la Ley de caducidad que habilitó el desarrollo de ciertos juicios a militares y civiles vinculados en la dictadura. En materia de memoria a nivel municipal se promovieron memoriales y sitios de memoria. También se desarrollaron programas que incentivaron la educación sobre la historia reciente en primaria y secundaria. Por último se desarrollaron diversas medidas de reparación histórica relacionadas con diferentes colectivos de víctimas (Marchesi, Winn, 2014).

Gran parte de estas medidas desarrolladas por el gobierno progresista inicialmente no tuvieron mayores oposiciones en la esfera pública. Estas políticas pusieron en evidencia el vacío de las administraciones anteriores, y los déficits de una transición que los líderes de los partidos tradicionales, particularmente Sanguinetti, habían caracterizado como ejemplar pero resultaba muy problemática en términos de justicia transicional. Gradualmente fueron surgiendo muestras de descontento que a lo largo de los quince años culminaron con la creación de un partido cercano a la institución militar llamado Cabildo Abierto. Uno de los lugares donde las expresiones de descontento se comenzaron a canalizar fue la discusión sobre la narrativa histórica y su enseñanza.

Fue en ese contexto donde Sanguinetti se propuso escribir dos libros con intención de verdad parafraseando a Paul Ricoeur sobre la historia reciente. En la introducción del primer libro titulado La agonía de una democracia. Proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay (1963-1973), Sanguinetti decía que: “La mayoría de los relatos publicados, aunque puedan valer como memoria, poseen un grado de pasión y militantismo que los aleja de la historia. En lo personal los años ya pasados nos han despojado de las pasiones propias de la lucha” (Sanguinetti, 2008, 15).

Y advertía que la investigación histórica ofrecía otra perspectiva:

La búsqueda histórica nos daba respuestas distintas a las de nuestra memoria. Por ejemplo, si bien nunca pensamos que el golpe de Estado militar era exclusiva consecuencia de la irrupción guerrillera, aun cuando consideráramos que era la principal, al poner los hechos ante los mecanismos de la prueba –en su sentido jurídico– nos encontramos con que la desestabilización política tuvo, en igual grado, un ingrediente insoslayable en la acción sindical (Sanguinetti, 2008, 16).

Esta fue la tónica del libro en el que la primera oración del primer capítulo era: “En el principio fue Cuba”. Aunque en los últimos capítulos el autor mencionaba al mesianismo militar, la gran mayoría del trabajo estaba dedicado al papel de la guerrilla y otros actores de izquierda, particularmente los sindicatos, en la crisis democrática de los sesenta. El libro ampliaba la crítica de Sanguinetti a la izquierda. Mientras en los años ochenta y noventa el líder colorado enfatizó la responsabilidad de los tupamaros en la crisis democrática, en el libro la crítica se ampliaba a casi toda la izquierda social y política. Y de alguna manera la crítica tenía cercanías con el concepto de sedición desarrollado por la dictadura. El libro fue presentado públicamente por los expresidentes Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle que alabaron entusiastamente la obra y en general tuvo un muy buen recibimiento por los sectores conservadores. El segundo libro publicado en 2012 se llamó La reconquista: proceso de la restauración democrática en Uruguay (1980-1990) (Sanguinetti, 2012). Allí se narró la peripecia del movimiento opositor. El libro recorre los eventos vinculados al proceso de apertura dictatorial y la transición democrática. Allí se menciona el plebiscito de 1980, las negociaciones con los militares, los actos del movimiento opositor, los desafíos del primer gobierno democrático presidido por el autor del libro, y culmina con la idea de que la democracia quedó consolidada con la ratificación plebiscitaria de la Ley de caducidad. En dicho libro la figura del autor tiene un protagonismo mucho mayor, debido a que en el proceso Sanguinetti fue el principal líder de la estrategia negociadora de salida de la dictadura y presidente de la república entre 1985 y 1989.

Entre la periodización de los dos libros queda un vacío notorio y extremadamente significativo para lo que estamos tratando en este artículo. Aunque los libros tienen como punto de partida la reflexión sobre la dictadura, que en última instancia es el centro del proceso histórico de lo que se llamó pasado reciente, ninguno de los dos libros se dedicó a estudiarlo. Entre 1973 y 1980 fue el período de mayor desarrollo del autoritarismo dictatorial. Allí civiles y militares construyeron el proyecto autoritario, reprimieron y persiguieron a la oposición política, asesinaron y desaparecieron personas, prohibieron todos los partidos políticos y los sindicatos, ejercieron la censura sistemática sobre el sistema de medios, desarrollaron un sistema carcelario para los opositores políticos donde encerraron alrededor de 5000 personas por un período prolongado, y a miles más por períodos cortos. Todos los presos políticos fueron sometidos a períodos extensos de interrogatorios que incluyeron diversos métodos de tortura y violación. Además de las prácticas represivas, la dictadura desarrolló una práctica sistemática de persecución a funcionarios públicos y en la educación donde miles de personas fueron destituidas. Por último, miles de uruguayos vinculados a diferentes ámbitos de la vida social y cultural del país se exiliaron.

Dicho período vinculado a la principal experiencia autoritaria de la historia del siglo XX uruguayo y que es el núcleo central de lo que constituyó la historia reciente paradójicamente no recibió atención en la obra del político historiador Julio María Sanguinetti.

A partir del repaso de estas tres narrativas complacientes sobre la dictadura podemos decir que no constituyen ejemplos explícitos de negacionismo, como sí ha ocurrido en Europa con ciertas narraciones sobre el pasado desarrolladas por defensores de diversas experiencias autoritarias y/o genocidas. Las estrategias narrativas consistieron fundamentalmente en la resignificación y el silenciamiento de ciertos eventos frente a otros. Las tres narrativas expuestas en este trabajo remiten a la idea de que el proceso histórico que se entiende por pasado reciente tiene como punto de partida la acción social, política y militar de la izquierda durante la década del sesenta. Dicha acción muchas veces es señalada como una guerra contra la nación o la democracia. Ese resulta el factor desencadenante de una serie de fenómenos, entre ellos una reacción violenta del Estado. En el caso de las narrativas militares, las violaciones a los derechos humanos desarrolladas en dictadura son resignificadas como excesos inevitables frente a la agresión inicial de la izquierda. En el caso de las narrativas civiles vinculadas a opositores a la dictadura, dichas reacciones son condenables desde el punto de vista moral y político, y conceptualizadas como violaciones a los derechos humanos, pero tienen un lugar relativamente secundario en la historia que cuentan. Ambas narrativas fueron convergiendo en el silenciamiento de los crímenes del Estado durante la dictadura y en la condena a aquellas visiones críticas del orden social que emergieron en los años sesenta y que en la perspectiva de civiles y militares explican lo que vino después.

El silenciamiento no resulta una categoría absoluta. Por momentos se trata de un silenciamiento vergonzante en el caso de los militares o de un silencio reconciliador por parte de los sectores civiles que impulsaron la amnistía a los militares. Pero no hay un silenciamiento total que se asocie con la idea de negación. Por el contrario, por diversos gestos simbólicos, extremadamente ambiguos, aparece la idea de que frente al cuestionamiento del orden social la reacción irracional y violenta del Estado es inevitable. Dicho mensaje moralizante no habló solo sobre el pasado de la dictadura sino también del presente de la democracia, ya que aquellos que habían sido víctimas durante la dictadura también fueron actores relevantes de la nueva democracia y hasta el 2005 estuvieron mayormente asociados a la oposición política o los movimientos sociales.

En el caso uruguayo el hecho de que varios de los actores políticos y sociales que cuestionaban a los gobiernos de la transición democrática eran los mismos que habían sido perseguidos en dictadura agregó otro elemento adicional a la imposibilidad del negacionismo. Figuras como el líder tupamaro José Mújica que había sido rehén de la dictadura hacían imposible la negación de lo ocurrido. El hecho de que la modalidad represiva por excelencia fuera la prisión dejó una inmensidad de sobrevivientes, varios de los cuales tuvieron un rol relevante en diferentes áreas de la vida social, política y cultural en la recuperación democrática.

A partir de lo expuesto creemos que es posible afirmar que las formas de elaborar el relato de la experiencia dictatorial por parte de los actores vinculados a la última dictadura, así como de otros sectores que se acercaron a los mismos en el período democrático con el argumento de justificar la amnistía a las violaciones a los derechos humanos, no resultan reducibles a la figura del negacionismo. Tampoco en el caso uruguayo estas narrativas no pueden ser consideradas revisionistas porque existieron desde el principio de la dictadura. Es cierto que no constituyeron una corriente académica, pero circularon en la institución militar y en el discurso político y fueron formalizadas a través de diversas obras, algunas de las cuales fueron citadas aquí. Creo que las diferencias dan cuenta de un problema más relevante y es el hecho de que en Europa dichas narrativas surgieron como reacción a una memoria dominante que las había logrado cancelar por un largo tiempo. En el caso uruguayo se trató de narrativas que nunca desaparecieron, simplemente se replegaron en las últimas décadas, cuando las memorias del Terrorismo de Estado ganaron espacio en el siglo XXI.