Introducción

Históricamente, las mujeres de los sectores populares han llevado adelante acciones que mejoran la vida en sus territorios mediante trabajo comunitario: gestionando espacios alimentarios, educativos y culturales; luchando por la urbanización; promoviendo la salud y acompañando a otras mujeres en situaciones de violencia de género, entre otras acciones. Estas prácticas, que implican una sobrecarga de trabajo, se han sostenido en el tiempo bajo una mirada naturalizada que asocia a las mujeres con el cuidado, en virtud de su capacidad de gestar (Suárez Tomé, 2020). Sin embargo, los estudios de género y los feminismos han cuestionado esta concepción, señalando que los roles atribuidos a cada género son construcciones sociales e históricas que responden a relaciones de poder. Desde esta perspectiva, el enfoque de la economía feminista (D’Alessandro, 2017; Rodríguez Enríquez, 2015) ha contribuido a visibilizar el carácter estructural del trabajo de cuidado no pago y su centralidad para el sostenimiento de la vida.

En Argentina, en los últimos años, al calor del avance de las agendas políticas de los feminismos (Kaplan, 2023;Natalucci y Rey, 2018), ha cobrado fuerza entre las mujeres de los sectores populares la demanda por el reconocimiento salarial del trabajo comunitario que realizan cotidianamente (Zibecchi y Campana, 2025). Si bien esta demanda ha sido parcialmente atendida mediante políticas o programas sociales basados en transferencias monetarias directas (en adelante PTM), se trata de respuestas parciales, que no transforman la sobrecarga de trabajo no remunerado que las mujeres enfrentan en su vida cotidiana. Atenta a esto, este artículo indaga sobre cómo las PTM se negocian y se reconfiguran en la vida cotidiana de las mujeres de los sectores populares en territorio. Para ello, en el marco de una investigación más amplia^[3], me detengo en un caso específico: la Villa 21-24 -el asentamiento más grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- durante el período 2015-2024.

Carballeda (2015) señala que el territorio se convierte en un “lugar” que delimita lo real, lo imaginario y lo simbólico, con bordes móviles y cargados de historia, cultura y biografía. Desde esta mirada propongo abordar la Villa 21-24, no sólo como un espacio geográfico delimitado, sino como un entramado social vivo, donde las condiciones materiales -precariedad habitacional, falta de acceso a servicios básicos, contaminación ambiental- se entrelazan con las prácticas cotidianas (Kaplan, 2025). Ubicada al sur de la ciudad y atravesada por múltiples desigualdades estructurales, son principalmente las mujeres quienes, mediante estrategias individuales o colectivas, sostienen y mejoran la vida en el barrio. En este marco, las PTM garantizan un ingreso -mínimo- a las mujeres de la Villa 21-24, quienes asumen en mayor medida los trabajos de cuidado no remunerado y, al mismo tiempo, se ven más afectadas por el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo^[4].

Desde la década del noventa, en América Latina comenzaron a implementarse las PTM como una de las principales modalidades de intervención dirigida a la población en situación de pobreza (Rodríguez Enríquez, 2011). Se basan fundamentalmente en la transferencia directa de dinero desde el Estado hacia ciertos sectores a cambio de un conjunto de condicionalidades o contraprestaciones. Estos programas buscan garantizar un ingreso mínimo a los sectores más vulnerables. En Argentina, este tipo de políticas están generalmente ligadas a la realización de trabajo comunitario y/o a controles de salud y a la culminación de la trayectoria educativa de las infancias.

La literatura académica ha analizado cómo estos programas reafirman estereotipos de género al posicionar a las mujeres como principales garantes del bienestar familiar (Anzorenna, 2010;Llobet y Milanich, 2014;Zibecchi, 2013), mientras se consolida un fenómeno más amplio de “feminización de la pobreza” en general (en Argentina, de la totalidad de pobres, alrededor del 65% son mujeres) y del mundo comunitario (Zibecchi, 2019) en particular. Este proceso no solamente se traduce en una mayor titularidad femenina de las PTM, sino también en su rol central como mediadoras y/o intermediarias entre el Estado y el territorio (Anzorena, 2015;Masson, 2004;Zibecchi, 2019). En este sentido, más que un mero instrumento de asistencia, las PTM se constituyen en dispositivos de organización social y performación de identidades (Bustos, 2009), cuyas formas de implementación deben analizarse como una trama compleja de apropiaciones, resistencias y negociaciones.

Tomando como punto de partida los antecedentes mencionados, y a través del abordaje de un estudio de caso, este artículo explora los arreglos familiares y comunitarios, los vínculos con organizaciones sociales, y las prácticas y discursos que emergen en torno a la demanda, el acceso y el sostenimiento de una PTM por parte de mujeres que viven en la Villa 21-24. La metodología empleada es cualitativa, con un enfoque etnográfico (Guber, 2001) situado en mi múltiple pertenencia al campo: como militante, feminista, trabajadora social e investigadora. El análisis empírico se construyó a partir del trabajo de campo realizado entre 2015 y 2024, en colaboración con mujeres que viven en la villa. Específicamente, en este artículo se retoman diálogos obtenidos a partir de entrevistas en profundidad^[5] y de observaciones participantes realizadas a lo largo de estos años. Además, se incorporan fuentes secundarias, como materiales producidos por organizaciones sociales y datos provenientes de páginas oficiales del gobierno, los cuales incluyen información sobre programas sociales.

El análisis se organiza en tres apartados. En el primero se presenta una aproximación histórica a las PTM en Argentina. En el segundo se analiza cómo estas políticas son disputadas y resignificadas por las mujeres en el territorio, a partir de las formas en que acceden a ellas, los arreglos colectivos que despliegan y los conocimientos técnicos que construyen. En el tercer apartado se reflexiona sobre la sobrecarga de trabajo que enfrentan las mujeres, la persistencia de estereotipos de género y la configuración de una triple jornada laboral. Por último, se presentan algunas reflexiones finales.

Breve genealogía de las PTM en Argentina: del trabajo transitorio a la economía popular

A mediados de los años noventa, Argentina enfrentaba una profunda crisis social, marcada por el Plan de Convertibilidad^[6]. Si bien este había logrado reducir la inflación, también había generado un fuerte aumento del desempleo -que superó el 18% en 1995- y una creciente desigualdad social. Las políticas neoliberales de la época, caracterizadas por privatizaciones masivas y flexibilización laboral, profundizaron la precarización del trabajo y el deterioro de las condiciones de vida, afectando especialmente a los sectores obreros e industriales (Basualdo, 2001).

Frente a este escenario, el Estado comenzó a implementar políticas sociales basadas en la transferencia directa de dinero en efectivo, generalmente condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos por parte de quienes las recibían. Desde ese entonces, las PTM se consolidaron como la principal estrategia gubernamental para atender la pobreza, asegurando un ingreso monetario mínimo a los sectores más pobres del país (Cena, 2016;Hornes, 2020).

Aunque comparten rasgos comunes, este tipo de políticas se han ido modificando en los contextos históricos. En sus inicios, se pusieron en marcha programas sociales focalizados y de carácter transitorio, como los planes Trabajar I, II y III, y el Programa de Servicios Comunitarios. Estos buscaban promover el empleo temporal mediante proyectos de infraestructura comunitaria gestionados por ONG u organismos públicos. A través de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno nacional financió pequeñas obras de mejoramiento barrial presentadas por organizaciones sociales.

Hacia fines de la década del noventa, cuando la pobreza superaba el 50% y la indigencia alcanzaba el 28%, surgieron los primeros movimientos de desocupadxs^[7], conocidos como “piqueterxs”, dado que visibilizaron sus demandas mediante el “piquete”: cortes de rutas y calles. Estas agrupaciones comenzaban a tomar visibilidad en el espacio público, demandando puestos de trabajo en la industria nacional, en obras públicas, así como también el aumento de la ayuda social alimentaria y/o más cupos en los programas de transferencia mencionados (Fernández Álvarez y Manzano, 2007). Estas acciones adquirieron centralidad durante el “estallido social” de diciembre de 2001^[8].

Como respuesta a la situación social, en 2002 se unificaron los programas de empleo transitorio en el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, dirigido a personas desocupadxs con hijxs a cargo o mayores de 60 años sin jubilación. Este plan, financiado por el Tesoro Nacional y organismos internacionales, otorgaba una ayuda económica no remunerativa de 40 dólares aproximadamente y exigía actividades productivas o comunitarias como contraprestación. El plan Jefes y Jefas llegó a tener, en dos meses, alrededor de dos millones de beneficiarixs. De esta manera, en esa época los planes de empleo y la ayuda alimentaria comenzaron a convertirse en una estrategia no represiva del Estado para negociar con las organizaciones de desocupadxs (Manzano, 2007) y la implementación de los PTM por parte del Estado nacional comenzó a ser masiva.

Durante el llamado “periodo kirchnerista” (2003-2015)^[9], se expandió el sistema de protección social, con énfasis en la inclusión y la ampliación de derechos. Una característica distintiva fue el fomento de formas asociativas de trabajo como estrategia de inclusión sociolaboral^[10] (Hintze, 2006; Hopp, 2018). Con la recuperación económica, la mayoría de la clase trabajadora se había reinsnertado en el sector informal no asalariado de la economía, en empleos precarios o en cooperativas que fueron impulsadas por el Estado (Fernández Álvarez, 2019). Se redujo la cantidad de beneficiarios del plan Jefes y Jefas. Muchos varones fueron derivados al Seguro de Capacitación y Empleo, mientras que muchas mujeres ingresaron al programa Familias por la Inclusión Social, con condicionalidades vinculadas a salud, educación y participación comunitaria. Para diversas autoras, esta diferenciación evidenció un sesgo de género en la política social: los varones eran considerados "empleables" y las mujeres "inempleables" (Anzorena, 2013; Di Marco, 2010;Llobet y Milanich, 2014).

En 2008, en un contexto de crisis financiera internacional que afectó a la Argentina^[11], se fortaleció la percepción de que ciertos sectores quedaban excluidos del crecimiento económico. Ante la presión de organizaciones y movimientos sociales, el Estado abandonó la lógica de la transitoriedad en las políticas y lanzó dos PTM relevantes: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa Ingreso Social con Trabajo (Prist), conocido como “Argentina Trabaja” (Natalucci, 2018).

La AUH, aún vigente, es una PTM dirigida a niñxs y adolescentes hasta los 18 años, cuyos progenitores estén desocupados o trabajen en la economía informal. Aunque no es exclusiva para mujeres, ellas son las principales beneficiarias y quienes cumplen con las condicionalidades (Cena, 2019; Del Río Fortuna, González Martín y País Andrade, 2013).

Por su parte, el Prist promovía la creación de cooperativas de trabajo comunitario y reconocía que ciertos sectores no podían incorporarse al mercado laboral sin intervención estatal. Si bien la participación de hombres y mujeres en este programa fue similar, en 2013 se lanzó el programa Ellas Hacen, destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad social y violencia de género. Este promovía su inserción en cooperativas y la capacitación en saberes históricamente masculinizados (Pacífico, 2023). No obstante, tras el cambio de gobierno en 2015, este programa fue desarticulado y fusionado con otros no específicos para mujeres.

Para Natalucci (2018), el Prist fue clave para consolidar un desplazamiento identitario que ya venía gestándose: el paso de la figura del “piquetero” o “trabajador desocupado” hacia la de “trabajador de la economía popular”. Este nuevo sujeto político impulsó la creación, en 2011, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que articuló a cooperativas, movimientos sociales y empresas recuperadas. Su objetivo fue sindicalizar a un sector históricamente excluido del trabajo formal, visibilizando que no eran “inempleables” o “desocupadxs”, sino trabajadorxs que se habían “inventado su propio trabajo” (cooperativistas, vendedores de la vía pública, feriantes, cartonerxs, entre otros) (Fernández Álvarez, 2019; Natalucci, 2018).

Al poco tiempo de iniciar mi trabajo de campo, en diciembre de 2015, con la asunción de Mauricio Macri se produjo un giro en la lógica de intervención estatal. Bajo una lógica de austeridad, se debilitó el apoyo a formas asociativas de trabajo y se priorizó un enfoque de formación laboral y emprendimiento individual, reflejado en el programa Hacemos Futuro. A pesar de esta orientación, la transferencia directa de ingresos desde el Estado hacia los sectores empobrecidos se mantuvo e incluso se intensificó.

La situación social continuó deteriorándose y la pobreza creció, alcanzando al 34,5%. Frente a este panorama, la CTEP fue protagonista de las respuestas a la avanzada neoliberal que se llevaron a cabo desde los sectores populares (Tóffoli, Lazarte y Massi, 2019). Junto a otros actores sociales, impulsaron la Ley de Emergencia Social, sancionada en 2016. Esta ley creó el Consejo de la Economía Popular, el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep) -implementado en 2020- y el Salario Social Complementario (SSC), una PTM equivalente al 50% del salario mínimo, destinada a trabajadores de la economía popular. Estas medidas fueron canalizadas a través de las organizaciones sociales, que actuaron como Unidades Ejecutoras.

La aprobación de la Ley de Emergencia Social y la implementación del SSC marcaron un punto de inflexión en el reconocimiento estatal de lxs trabajadorxs de la economía popular. En 2020, con la asunción de una fuerza que reivindicaba la intervención estatal, que tuvo a Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vicepresidenta, respectivamente, se creó el programa Potenciar Trabajo, que unificó los programas anteriores (SSC y Hacemos Futuro). Este programa, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y articulado con organizaciones y movimientos sociales en calidad de Unidades Ejecutoras, exigía a sus titulares realizar tareas en proyectos comunitarios o formarse en oficios o estudios. Además, el gobierno implementó a nivel nacional la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a titulares de la AUH, acreditado automáticamente en sus cuentas, como parte de las políticas de asistencia alimentaria.

Así, este breve recorrido por los distintos PTM en Argentina muestra transformaciones clave. Primero, lo que comenzó como una asistencia transitoria frente al desempleo se consolidó como la principal política estatal para personas en situación de pobreza fuera del empleo registrado y como herramienta de negociación en contextos de conflictividad social. Segundo, aunque homologados bajo el nombre de "planes sociales", existen diferencias importantes: algunos programas imponen condicionalidades relacionadas con el cuidado o la educación, y otros exigen contraprestaciones laborales. En tercer lugar, estas políticas implican distintas formas de concebir a las personas desocupadas: algunas priorizan su empleabilidad en el mercado formal, mientras otras reconocen como trabajo las actividades desarrolladas en el marco de la economía popular.

De este modo, las PTM no han sido neutrales, sino que han variado según el contexto político y las disputas sociales. En este sentido, las mujeres de la Villa 21-24 no sólo han sido beneficiarias de estas políticas, sino que también las han reapropiado territorialmente. En el próximo apartado se profundiza en cómo las mujeres de la Villa 21-24 intervienen, dialogan y reformulan estas políticas.

Del “plan” al “salario”: arreglos colectivos y conocimientos técnicos

Como se mencionó en la introducción, las PTM han tenido a las mujeres como principales destinatarias, reproduciendo una lógica que refuerza su rol tradicional de cuidadoras. En Argentina, esta tendencia se evidenció, primero, en el programa Familias por la Inclusión Social, que condicionaba el acceso al beneficio al cumplimiento de responsabilidades vinculadas al cuidado infantil, desalentando su inserción en el mercado laboral. En la actualidad, esta perspectiva persiste: el 65% de quienes perciben el programa Potenciar Trabajo y el 92,5% de quienes reciben la AUH son mujeres.

Los procesos vinculados a la participación femenina en las PTM han dado lugar a una prolífica producción académica. Parte de esta literatura subraya que estos programas tienden a reforzar estereotipos de género, posicionando a las mujeres en su rol de madres y cuidadoras. Se las presenta como principales responsables de la salud, la educación y el bienestar de sus hijxs, lo cual tiende a circunscribirlas al ámbito doméstico (Anzorena, 2010;Del Río Fortuna, González Martín y País Andrade, 2013; Llobet y Milanich, 2014;Zibecchi, 2013).

Sin embargo, la alta presencia de mujeres en estos programas no puede leerse únicamente en clave de reproducción de roles tradicionales. También está vinculada con un proceso más amplio de feminización de la pobreza (en Argentina, del total de personas en situación de pobreza, alrededor del 65% son mujeres) y de “feminización del mundo comunitario” (Zibecchi, 2019), en particular. Esto se traduce en que, en los hogares pobres, sean mayoritariamente las mujeres quienes perciben ingresos provenientes de las PTM (Hornes, 2020), configurando una clara feminización de los programas sociales.

Algunas investigaciones destacan que muchas mujeres no sólo participan como beneficiarias, sino también como “mediadoras” entre el Estado y lxs beneficiarixs (Anzorena, 2015; Zibecchi, 2019). Una de las primeras en reflexionar al respecto fue Laura Masson (2004), quien analizó el rol de las “manzaneras” en el plan Vida^[12]. En su investigación mostró que, al convocar a mujeres, el Estado buscaba construir un actor social con llegada íntima a la comunidad, pero presuntamente despolitizado y funcional a sus objetivos, buscando que no fueran percibidas como portadoras de intereses partidarios.

En este sentido, la feminización de las políticas sociales genera una trama compleja de vínculos entre las mujeres, sus familias, sus vecinxs y las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, potencia el desarrollo de formas de organización colectiva (Fernández Álvarez, 2019; Pacífico, 2023), que permiten a las mujeres disputar sentidos y condiciones de su participación. A partir de estas contribuciones, este apartado se propone indagar cómo las mujeres de la Villa 21-24, lejos de ocupar un lugar pasivo frente a las políticas públicas, se apropian de estos programas, transforman sus sentidos, moldean vínculos y producen formas de agencia.

Para comprender los sentidos que adquieren las PTM en la vida cotidiana de las mujeres de la Villa 21-24, analizaré las estrategias que despliegan para acceder a estos programas. A lo largo del trabajo de campo, observé dos: una directa, mediante los cupos distribuidos por organizaciones sociales que funcionan como Unidades Ejecutoras, y otra indirecta, a través de redes informales de vecinas que comparten información y contactos. En los siguientes párrafos reflexionaré sobre el caso del SSC, que ilustra con claridad cómo mis interlocutoras transforman y resignifican estas políticas “en territorio”.

Tras la sanción de la Ley de Emergencia Social, la inscripción del SSC no fue resultado de un trámite individual, sino de un entramado de vínculos y arreglos colectivos, donde las organizaciones sociales, al funcionar como Unidades Ejecutoras, gestionaban directamente los cupos disponibles. De esta forma, el SSC se integró a la dinámica de organización colectiva, fortaleciéndola (Fernández Álvarez, 2019).

Algunas mujeres me contaron que ya venían realizando tareas comunitarias -como cocinar en comedores y merenderos, acompañar a mujeres víctimas de violencia, dar apoyo escolar o talleres culturales-, y que el SSC les permitió comenzar a cobrar un “salario”^[13] por ese trabajo, además de sumar nuevas responsabilidades. G., por ejemplo, participaba en un espacio de educación dando un taller de apoyo escolar, por lo que desde la organización le ofrecieron anotarla:

Me ofrecieron cobrar un salario: tenía que participar de las asambleas, dar apoyo escolar dos o tres veces por semana. A veces, teníamos otros talleres de lectura y demás… como el programa Potenciar Trabajo ahora […] Lo cobré bastante tiempo cuando estaba en educación y ahora estoy coordinando un espacio de hábitat y vivienda. (G, comunicación personal, junio de 2023)

Desde su implementación, el SSC inauguró una transformación clave en la forma en que se conciben las relaciones entre asistencia y trabajo, a partir de un cambio significativo en la manera en que mis interlocutoras nombran a las PTM. Ellas comenzaron a referirse a este tipo de políticas como “salario”, sobre todo cuando implicaban una contraprestación en cooperativas o espacios sociocomunitarios. Este desplazamiento discursivo no es menor: la noción de “salario”, introducida con la creación del SSC, entra en tensión con el carácter “transitorio” que el Estado asigna a estas políticas, pensadas como puentes hacia el empleo o como instrumentos de fomento de la “empleabilidad” (Fernández Álvarez y Manzano, 2007). En contraste, la lucha de las organizaciones sociales que promovieron la Ley de Emergencia Social potenció el desarme de la dicotomía entre planes y trabajo -fuente de estigmatización de quienes perciben estas políticas como “planeros” o “vagos”- y propuso, en su lugar, el reconocimiento del trabajo que efectivamente realizan quienes acceden a las PTM (Fernández Álvarez, 2019). En la Villa 21-24, esta resignificación se sostuvo en el tiempo, incluso después de la unificación del SSC y el programa Hacemos Futuro bajo el programa Potenciar Trabajo. Pero, además, este cambio de paradigma es relevante porque implica la apropiación de una narrativa que revaloriza las tareas que las mujeres han desempeñado históricamente sin reconocimiento.

El peso del trabajo de las mujeres también se refleja en los datos: ellas constituyen una mayoría significativa dentro del sector de la economía popular. Según datos del Renatep, el 58% de las personas inscriptas son mujeres, con una fuerte concentración en la rama de servicios sociocomunitarios, que representa casi un tercio del total. Este tipo de tareas -como el trabajo en comedores, el cuidado de niñxs, personas mayores o con enfermedades, y la promoción de derechos- no sólo es predominantemente femenino, sino que además suele desarrollarse de forma colectiva. Esta tendencia también se confirma a nivel local: en la Villa 21-24, el 70% de quienes trabajan en las escuelas son mujeres, cifra que asciende al 78% en el área de salud, según la Fundación Temas. Por su parte, el Observatorio Villero de la organización social La Poderosa estima que el 80% de quienes sostienen el trabajo comunitario en las villas son mujeres.

Estos números ilustran cómo son ellas quienes llevan adelante el trabajo comunitario que mejora la vida cotidiana de quienes viven en el barrio. En este contexto, el reclamo por el reconocimiento económico de ese trabajo no es sólo una demanda material, sino también una apuesta política por visibilizar y jerarquizar tareas históricamente feminizadas e invisibilizadas. Durante el último año de mi trabajo de campo en la Villa 21-24, escuché reiteradamente entre mujeres de distintas organizaciones que la demanda por el salario para las jefas de comedores^[14] debía ser una prioridad urgente: “Es importante que sea reconocido el salario de las cocineras, y el de la Casa de las Mujeres también, para las compañeras que hacen acompañamiento. Y para todo lo que se hace: laburos, trabajos comunitarios” (E, comunicación personal, septiembre de 2023). En la misma línea, L enfatizaba: “Esas son las prioridades: el reconocimiento económico de las compañeras que siempre están en la primera línea de la batalla y no son reconocidas” (comunicación personal, octubre de 2023). Este reclamo también se hizo visible en espacios de mayor escala: durante el 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias^[15], realizado en la ciudad de Bariloche en 2023, algunas organizaciones llevaban inscripta una consigna clara: “salario para las cocineras comunitarias”.

Este proceso de resignificación del “salario” como forma de reconocimiento del trabajo comunitario se vincula, además, con la manera específica en que muchas mujeres acceden a las PTM: las organizaciones barriales se convierten en mediadoras clave entre el Estado y quienes reciben estas prestaciones. En consecuencia, muchas mujeres accedieron al SSC y comenzaron a cobrar su “salario” por tareas comunitarias que ya venían realizando de forma voluntaria, o bien se acercaron a una organización social para ser inscriptas.

Pero, al mismo tiempo, la gestión de los “cupos” a través de Unidades Ejecutoras permite que las organizaciones sociales definan criterios de acceso. En este sentido, algunas vecinas fueron acompañadas en contextos críticos y se sumaron al trabajo comunitario como forma de sostén económico y emocional. T, por ejemplo, se acercó a una organización social a partir del acompañamiento que recibió luego del femicidio de su hija. Dado que se encontraba sin trabajo, le ofrecieron trabajar allí como forma de acompañarla en su difícil momento. De modo similar, M contó que se acercó a un movimiento social pidiendo ayuda luego de separarse de su ex pareja, quien ejercía violencia de género. No tenía ningún ingreso y tenía que hacerse cargo de sus tres hijas, por lo que les pidió trabajar:

Y la verdad que yo estoy muy pero muy agradecida con el movimiento, porque ellas me dieron trabajo sin conocerme prácticamente. Cuando pasó todo esto con el papá de mi nena, ellas fueron, me acompañaron, me contuvieron. Yo no tenía nada para comer y me dieron para mí, para mis hijas […] Ellas me dieron el espacio para salir adelante y darme cuenta que yo sí valgo y puedo. Gracias a eso yo empecé a estudiar. Ellas me ayudaban con las cosas que yo no entendía. (M, comunicación personal, septiembre de 2023).

Comenzó a percibir un “salario” y a trabajar como promotora de género en la organización, además participa de la mesa de salud y diversidad sexual de un centro de salud, desde donde realizan actividades de difusión y prevención de enfermedades. Esto la motivó a continuar estudiando: terminó la primaria y cursa el colegio secundario, realizó una formación en promotoras de género y se recibió como acompañante terapéutica, lo que le permitió comenzar a trabajar fuera del barrio.

Muchas de mis interlocutoras aseguraron que se acercaron a alguna organización con la intención de acceder al SSC y encontrar una forma de sostén económico. Sin embargo, su participación no sólo les permitió comenzar a percibir un ingreso, sino también acceder a espacios de formación, construir redes con otras mujeres y afrontar colectivamente diversas dificultades cotidianas. Para muchas, cobrar un “salario” significó también ocupar un lugar más reconocido dentro de la organización y del barrio, desde el cual acompañar a otras personas y compartir saberes. Tal es el caso de I, quien realizó una capacitación para promotoras de salud organizada por una organización social en articulación con un centro de salud del barrio. Tras finalizar el curso, comenzó a desempeñarse como promotora de salud comunitaria, percibiendo su “salario” a través del SSC. Su tarea consiste tanto en difundir información para la prevención de enfermedades como en articular con los centros de salud para facilitar el acceso de vecinxs al sistema sanitario. Además de asumir con compromiso sus responsabilidades como promotora, I se integró activamente a otros espacios de la organización, como las rondas de mujeres, donde contó que atravesaba una situación de violencia por parte de su marido de quien se terminó separando.

En este contexto, denominar “salario” a las PTM que implican una contraprestación no responde solamente a una cuestión discursiva, sino que “sintetiza una conceptualización política sobre la economía popular como alternativa digna a la precarización, el desempleo y la informalidad que la CTEP impulsa y sostiene en su práctica cotidiana” (Fernández Álvarez, 2019, p. 134). Desde esta perspectiva, el SSC trasciende su carácter de PTM individual al fortalecer dinámicas colectivas. Así, su implementación no sólo significó un avance significativo -aunque parcial- en el reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres de la Villa 21-24, sino que también les permitió hacer arreglos colectivos (acuerdos en torno a las contraprestaciones, horarios y licencias) y tramas de colaboración (en torno a las violencias y los cuidados).

Ahora bien, como mencioné más arriba, mis interlocutoras no sólo acceden a las PTM de manera directa, a través de “cupos”; sino que también lo hacen de forma indirecta, a través de otras mujeres que participan en espacios comunitarios. Estas últimas no solo informan y acompañan, sino que también median entre el Estado y el territorio, facilitando el acceso a programas sociales. Desde estos vínculos, desarrollan prácticas, saberes y mediaciones que dan lugar a un conocimiento especializado, generizado y experto (Vilma y Zibecchi, 2019).

Lipsky ([1980] 2010) introduce el concepto de “burocracias de la calle” para referirse a aquellos agentes que operan en la primera línea de la acción estatal -como docentes, policías y trabajadores sociales- y que desempeñan un papel clave en la reconfiguración y el acceso a las políticas públicas. Retomando esta idea, Zibecchi (2019) sostiene que, dentro del funcionamiento cotidiano de los programas sociales, estas burocracias establecen vínculos e intercambios constantes -de cooperación y/o de conflicto- con poblaciones mayoritariamente compuestas por mujeres pobres, como referentes de organizaciones territoriales y beneficiarias de programas sociales. De esta manera, las mujeres asumen el rol de “mediadoras” frente a la burocracia estatal, lo que supone una carga de trabajo significativa. No obstante, estos intercambios también les otorgan un conocimiento práctico y administrativo fundamental para comprender el funcionamiento de la política social y acceder a ella.

En otras palabras, a partir de su participación en las PTM, las mujeres de la Villa 21-24 desarrollan un conocimiento técnico, situado y generizado sobre el funcionamiento de la política social y sus burocracias. En este sentido, ocupan un rol clave, ya que su saber facilita la implementación de políticas “en territorio”, agiliza trámites y promueve el acceso a derechos para otras vecinas del barrio. Este trabajo no sólo las posiciona como intermediarias y referentes comunitarias, sino que también reconfigura los alcances de las políticas sociales a partir de los vínculos y arreglos colectivos que ellas mismas tejen.

Durante el trabajo de campo, fui testigo de este proceso. Era habitual encontrar carteles elaborados por las organizaciones sociales que difundían información sobre líneas gratuitas de consulta, programas de becas, inscripción escolar para las infancias y políticas de salud, entre otros. A su vez, las promotoras de salud y género -roles que casi siempre se desempeñan gracias al ingreso percibido a través de las PTM- ocupan un lugar clave en esta circulación de información.

A través de los vínculos que los espacios comunitarios sostienen con diferentes dispositivos estatales, las mujeres logran sortear barreras burocráticas, tecnológicas o de comprensión. Era frecuente observar cómo se comunicaban entre ellas para coordinar turnos, gestionar trámites o resolver dudas sobre prestaciones. Como relató S, vecina y trabajadora de un comedor: “Nosotras encontramos la información y la difundimos. Ahí vemos si hay gente que necesita una mano con algo y ayudamos en la inscripción […] Tenemos contactos en instituciones a quienes podemos consultar o convocar” (comunicación personal, junio de 2023).

Asimismo, todos los años se organizan campañas de acompañamiento para la inscripción escolar en el sistema público, para la gestión de becas en comedores escolares y para el uso de los micros gratuitos que trasladan a niñxs hacia escuelas ubicadas a 2 o 3 kilómetros de la Villa 21-24. A través del vínculo con las instituciones de salud, también se logra gestionar turnos de forma más ágil, evitando que las personas deban hacer largas filas desde la madrugada; se organizan campañas de vacunación o testeos rápidos de ITS. Dado que son mayoritariamente las mujeres quienes asumen estas tareas, facilitar estas gestiones implica también un alivio físico y mental para otras vecinas.

Esta dinámica sucede también en sentido inverso: algunas veces lxs profesionales de distintas instituciones estatales se acercan a estos espacios a difundir información, convocar o articular acciones. Así, las mujeres se convierten en interlocutoras activas de las burocracias estatales, traduciendo, adaptando y territorializando las políticas públicas.

Por lo tanto, en la Villa 21-24, muchas mujeres construyen redes de colaboración para acceder a políticas sociales desde espacios comunitarios que gestionan ellas mismas. No se trata sólo de otorgar “cupos” o recursos, sino de organizar lugares donde se comparte información, se articulan soluciones con el Estado y se acompaña a otras. Estas prácticas se sostienen en vínculos previos y trayectorias compartidas, y permiten que las mujeres desarrollen saberes valorados por la comunidad y por ellas mismas. M, por ejemplo, contó que se sintió “valorada” por su trabajo en la organización, lo que la impulsó a seguir formándose. I dijo, entre lágrimas: “me voy muy agradecida […] este lugar me devolvió la autoestima. Yo ahora valgo algo. Me voy con todos mis certificados” (comunicación personal, septiembre de 2023). A través de estas experiencias, muchas se convierten en referentes barriales; otras vecinas destacaron que su participación en una organización social les permitió crecer profesionalmente. Así, el conocimiento que construyen se vuelve un recurso colectivo: mejora sus propias condiciones de vida y fortalece los espacios comunitarios, ampliando la participación de las mujeres en la definición de las políticas que las afectan. Sin embargo, como se abordará en el próximo apartado, esta participación también conlleva una sobrecarga de tareas no remuneradas, que recae de manera desigual sobre ellas.

Más allá de la sobrecarga: triple jornada, agencia y formas de autonomía económica

“Esto ya es cuádruple jornada laboral”, dijo I entre risas, mientras en un taller de formación una vecina le pedía que cuidara a su hija. Las diez mujeres presentes rieron, reconociendo en ese “chiste” una experiencia compartida: ser “trabajadoras de la triple jornada”. Así se autodenominan muchas de las vecinas de la Villa 21-24, haciendo visible una sobrecarga de trabajo que enfrentan en su vida cotidiana. O lo explicaba de esta manera:

En otras palabras, al trabajo remunerado (casi siempre informal) se le suma el trabajo doméstico y de cuidados que recae casi en su totalidad sobre las mujeres y, además, el trabajo comunitario que realizan en sus barrios. Esta realidad cotidiana, enunciada en tono jocoso por I y reivindicada políticamente por O, despierta en las mujeres sentimientos contradictorios: por un lado, se manifiestan orgullosas de realizar un trabajo cotidiano que es central para el desarrollo y reproducción de su barrio, y mejora su vida cotidiana; por el otro, se sienten agotadas y sobrepasadas. D, al hablar de su trabajo en un espacio comunitario que acompaña a mujeres víctimas de violencia de género, lo enunciaba de esta manera:

A mí me gusta estar acá, de verdad. Te tiene que gustar porque es re difícil a veces. Te desgasta un montón. Me canso de las cosas que pasan... yo tengo amigas acá adentro que son personales y también les pasan cosas, y como que uno vive con ellas todo lo que ellas viven. (D, comunicación personal, septiembre de 2023)

Durante mi experiencia en el campo, fueron muchas las mujeres que tuvieron que dejar de sostener espacios y/o dejar de participar porque se sentían sobrepasadas por la cantidad de tareas que llevan adelante, y por los problemas que enfrentan en su vida cotidiana (económicos, habitacionales, de salud, por sus hijxs, etc.). La gran mayoría de las mujeres con las que conversé son únicas jefas de hogar, tienen más de un hijx y se encargan solas de sus cuidados. Debido a las condiciones del barrio (cercanía a un basural y al riachuelo, hacinamiento, la humedad de las casas), en muchos casos, algunxs de sus hijxs requieren cuidados médicos especiales.

Esta sobrecarga se intensifica cuando el trabajo comunitario se realiza como contraprestación de una PTM. Las políticas sociales, como advierte Danani (2009), no sólo buscan atender necesidades, sino que configuran un determinado modelo de sociedad, jerarquizan roles y consolidan estructuras de poder. En este sentido, al exigir contraprestaciones centradas en el trabajo comunitario y los cuidados -tareas que recaen mayoritariamente sobre las mujeres-, las PTM refuerzan su rol tradicional como garantes del sostenimiento cotidiano de la vida en los territorios más pobres. Esto no sólo amplía su carga de trabajo, sino que también reproduce la desigual distribución del tiempo, los recursos y las responsabilidades.

En línea con este análisis, Cena (2021) plantea que el acceso a las políticas sociales no es automático ni simple, sino que implica un trabajo cotidiano: manejar información, sostener vínculos, entender los entramados burocráticos. Estas prácticas que desarrollé en el apartado anterior, requieren habilidades específicas y redes de acompañamiento. Es por ello que, al igual que mis interlocutoras, la autora propone conceptualizar estas tareas como una “tercera jornada laboral”.

De cierta forma, la política social descansa sobre el trabajo gratuito o mal pago de las mujeres, que son jefas de hogar, cuidadoras, promotoras, cocineras, gestoras y referentes barriales. Como decía E, coordinadora de un espacio comunitario: incluso cuando se tomaba “vacaciones”, seguía recibiendo consultas, entregando llaves o resolviendo problemas del barrio. Aunque lo hacía “porque no le molestaba”, esta situación muestra cómo se naturaliza una disponibilidad total que desdibuja los límites entre lo laboral, lo militante y lo personal.

En esta línea, Bustos (2009) señala que las políticas sociales intervienen en las condiciones materiales de vida y modelan prácticas cotidianas y comportamientos. Es decir que no son neutras: a través de ellas, el Estado interviene en la vida cotidiana constituyendo un tipo de familia y los roles para cada miembro dentro de ella. De igual manera, para las autoras que mencioné, las políticas asignan valores, moldean conductas, establecen destinatarxs y qué les corresponde (en función de qué otorgan). Esta dimensión performativa de la política pública se observa con claridad en los relatos de las mujeres que, si bien reconocen los beneficios que implican las PTM, también denuncian la falta de reconocimiento, el control burocrático y la sobrecarga.

A pesar de estas tensiones, el dinero proveniente de las PTM representa el principal ingreso (aunque no es el único) para muchas de las mujeres con las que conversé en la Villa 21-24. En general, ellas combinan más de una política social -como la AUH y el programa Potenciar Trabajo (ex SSC)- que, en conjunto, permiten garantizar cierta estabilidad económica. Contar con una tarjeta a su nombre y un ingreso propio, aunque limitado, habilita formas concretas de autonomía en la vida cotidiana: ocultarlo, administrarlo sin consultar, decidir en qué y cómo usarlo. Estas prácticas otorgan cierto margen de poder respecto de sus parejas varones y pueden constituirse como una vía para el ejercicio de autonomía económica, especialmente en contextos de violencia.

De esta manera, las mujeres no son meras receptoras pasivas de estas políticas. A través de arreglos colectivos -como la gestión de licencias, el acompañamiento a otras vecinas, la creación de espacios culturales y de cuidado, etc.-, transforman el sentido de las PTM, apropiándoselas y ampliando su alcance más allá de la lógica burocrática estatal. Al llamarlas “salario”, discuten su implementación y disputan el valor de su trabajo. Este entramado de prácticas, saberes y vínculos permite comprender que la participación de las mujeres en las PTM no puede reducirse al acceso individual a un “plan”, sino que se produce en el marco de una densa red territorial que disputa y resignifica las políticas sociales “desde abajo”.

Reflexiones finales

A lo largo del artículo se mostró cómo las PTM, además de ser herramientas estatales orientadas a contener los efectos de la pobreza y el desempleo, se constituyen como escenarios de disputa, apropiación y resignificación por parte de las mujeres en territorio. Lejos de asumir un rol pasivo, algunas mujeres se posicionan como agentes activas en la implementación cotidiana de estas políticas: no sólo acceden a los programas, sino que también los hacen circular, los reinterpretan y los transforman en una herramienta para la organización colectiva. Este proceso reconfigura prácticas históricas de participación política que, aunque ancladas en el sostenimiento de la vida, tensionan las fronteras entre lo doméstico y lo público, entre el trabajo comunitario y el trabajo remunerado, habilitando formas de agencia y reconocimiento que desbordan las narrativas institucionales.

Sin embargo, estas formas de participación no están exentas de contradicciones. La feminización de las políticas sociales sigue reforzando la idea de que son las mujeres quienes deben garantizar la reproducción social en los territorios, sin que esto implique necesariamente un reconocimiento económico y pleno de sus derechos laborales. Así, mientras las PTM representan un ingreso -insuficiente, pero significativo- que permite reforzar la autonomía económica y ciertas formas de poder en el hogar, también profundizan una sobrecarga estructural: muchas mujeres encarnan una “triple jornada”, al asumir simultáneamente tareas en sus hogares, en el trabajo comunitario y en su trabajo remunerado.

En Argentina, el actual gobierno de Javier Milei lleva adelante un desmantelamiento estatal, el cual introdujo transformaciones significativas: congeló el Potenciar Trabajo, eliminó líneas de apoyo y atacó discursivamente a las organizaciones sociales, a las que acusa de ser “intermediarias” o “corruptas”. Estas estrategias no sólo recortan derechos, sino que deslegitiman las formas organizativas que muchas mujeres construyeron para sostener sus territorios. Frente al ajuste y la estigmatización, resulta clave visibilizar experiencias como las analizadas, que mejoran la vida cotidiana en los barrios más pobres, y constituyen formas concretas de producción política que disputan sentidos sobre el trabajo, el salario y el cuidado.

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Notas