Introducción

Nombrar “positivo” a la muerte no es un desliz lingüístico: es una operación política. En Colombia, durante las décadas recientes, ese término funcionó como un dispositivo de legitimación (Foucault, 1976) capaz de convertir cuerpos vulnerables en cifras de éxito y asesinatos en resultados operacionales. El fenómeno conocido como “falsos positivos” ha sido ampliamente documentado como un conjunto masivo de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate (Jurisdicción Especial para la Paz [JEP], 2023); sin embargo, reducirlo a una descripción jurídico-penal —por necesaria que sea en el plano judicial— empobrece su complejidad sociopolítica y oscurece su potencia explicativa para los estudios críticos de defensa.

Este artículo parte de una premisa distinta: el falso positivo no designa solamente un hecho criminal, sino una forma de producción institucional de verdad; un ensamblaje de prácticas estatales que combina violencia material —ilegal—, relato falsificado, escenificación burocrática y administración de la impunidad con el fin de fabricar eficacia gubernativa y consolidar legitimidad política.

La pregunta que orienta este trabajo no se limita a establecer responsabilidades individuales ni a reconstruir cronologías de hechos. La cuestión central es otra: ¿cómo un Estado que se autodefine constitucional y democrático puede sostener, durante años, una práctica sistemática de muerte y presentarla como legalidad, mérito y seguridad? En esta interrogación se abre un terreno clave para los estudios críticos de defensa en Nuestra América: el vínculo entre militarización, gobierno y legitimidad; entre doctrina de seguridad, economía de incentivos y administración del derecho; entre propaganda, disciplina social y producción de enemigos.

Desde esta perspectiva, el caso colombiano, en el contexto de la Política de Seguridad Democrática (2002–2010), es paradigmático no porque sea único, sino porque exhibe con nitidez un conjunto de engranajes que pueden reaparecer —con variaciones— en otros escenarios contemporáneos de seguridad: guerras antiterroristas, políticas antidrogas, contrainsurgencias, dispositivos de control territorial y estados de excepción normalizados. Esta hipótesis no se apoya en una enumeración comparativa de países, sino en la identificación de mecanismos replicables: (i) métricas de eficacia que premian resultados, particularmente letales; (ii) presión institucional por cifras; (iii) narrativas del enemigo que vuelve sospechosa a la ciudadanía; (iv) escenificación documental del “procedimiento”; y (v) fragmentación judicial y política de la responsabilidad^[2]. En otras palabras, la proyección global del falso positivo se sustenta en su condición de forma de gobierno: un modo de administrar la violencia en el interior del orden legal, y no únicamente en su exterior.

El artículo dialoga con enfoques críticos y latinoamericanos en estudios de defensa al situar el fenómeno en la intersección entre militarización de la vida civil, racionalidad neoliberal del “resultado”, doctrina del enemigo interno y seguridad hemisférica. Se retoman herramientas de la criminología crítica y de la teoría del poder para comprender cómo el Estado produce no solo coerción, sino también relatos, emociones públicas y regímenes de visibilidad que hacen tolerable lo intolerable. En esta línea, se proponen dos conceptos que estructuran el argumento: Estado constitucional falseable^[3], entendido como una forma de gobierno que conserva la gramática formal de la democracia (legalidad, instituciones, procedimientos) mientras vacía su contenido mediante prácticas sistemáticas de violencia y encubrimiento; y brutalismo tropical, categoría original desarrollada por el autor en su investigación doctoral, elaborada críticamente a partir de la noción de brutalismo propuesta por Achille Mbembe (2020), pero ampliada hacia el análisis de las formas latinoamericanas de administración burocrática de la violencia y legitimación estatal de la muerte.

Figura 1
Estructura conceptual del falso positivo como dispositivo de crimen de Estado
Elaboración propia.

Metodología

Metodológicamente, el texto se apoya en un enfoque cualitativo, interpretativo y crítico derivado de la investigación doctoral Falsos positivos en Colombia (2002–2010). Un Estado constitucional falseable que combinó revisión documental y normativa, análisis jurisprudencial, observación participante y entrevistas y conversaciones con víctimas, familiares, exintegrantes de instituciones armadas y experticias nacionales e internacionales. Más que presentar un inventario exhaustivo de fuentes, el objetivo es reconstruir la arquitectura del dispositivo: su lenguaje, sus incentivos, su teatralidad y su economía política, así como —de manera decisiva— su tecnología de impunidad basada en la fragmentación de la verdad y la dispersión de responsabilidades.

La estructura del artículo es la siguiente. En primer lugar, se argumenta por qué “ejecución extrajudicial” constituye una categoría insuficiente para comprender el fenómeno en su totalidad y se justifica la necesidad de una categoría sociológica. Luego, se presenta un modelo analítico del dispositivo por fases y dimensiones, destacando el papel de la burocracia, la propaganda y la escenificación institucional. A continuación, se desarrolla la fragmentación como tecnología de impunidad y se discuten los alcances y límites de los abordajes judiciales fragmentados para producir verdad estructural. Finalmente, se formula la proyección global del falso positivo como forma de gobierno en Estados constitucionales falseables y se proponen implicaciones para la investigación crítica en defensa, seguridad y construcción de paz.

Del hecho a la categoría: el falso positivo como dispositivo sociológico

La expresión “ejecución extrajudicial” describe un acto: la privación ilegítima de la vida por parte de agentes estatales —o con su aquiescencia— al margen de las garantías judiciales. Esta descripción es imprescindible en el campo del derecho y de los derechos humanos. Sin embargo, cuando se trata de comprender los “falsos positivos”, esa etiqueta resulta analíticamente insuficiente por una razón fundamental: no captura el dispositivo que hace posible ese acto.

Nombrar “ejecución extrajudicial” permite identificar un crimen; nombrar “falso positivo” —en el sentido que aquí se propone— permite comprender una tecnología de gobierno que hace posible ese crimen, lo convierte en éxito, lo registra como legalidad y lo protege mediante la impunidad.

La construcción de la categoría sociológica de falso positivo no es producto del azar ni de una mera elaboración teórica abstracta. Es el resultado de un proceso analítico acumulativo y situado, que articula el diálogo crítico con tradiciones teóricas de la criminología crítica, la sociología del poder, la teoría política y los estudios de la violencia estatal, con una investigación empírica prolongada. Esta incluyó revisión documental y jurisprudencial, análisis normativo, observación participante, así como entrevistas y conversaciones sostenidas con víctimas, familiares, exintegrantes de instituciones armadas y otros actores relevantes. Desde esta perspectiva, la categoría emerge del cruce entre teoría, experiencia institucional y memoria social, y busca dar cuenta de un ensamblaje estructural de prácticas, discursos y dispositivos estatales que no puede ser comprendido desde una única disciplina ni reducido a la descripción jurídico-penal del hecho (Zaffaroni, 2014; Bergalli, 2009; Rivera Beiras, 2014).

En el fenómeno de los falsos positivos, la muerte no aparece como un evento aislado ni como una ruptura del orden estatal, sino como parte de un circuito regular de producción administrativa: selección de víctimas, captura o engaño, ejecución, montaje de escena, construcción de parte de guerra, registro institucional, circulación mediática del resultado, recompensa o reconocimiento, y activación de defensas jurídicas que fragmentan la responsabilidad. La categoría sociológica falso positivo nombra precisamente esa cadena y su racionalidad. No se limita a señalar quién mató o cómo ocurrió, sino que interroga qué condiciones institucionales, simbólicas y políticas hacen posible que el Estado mate y, simultáneamente, se presente como garante de la legalidad.

Esta distinción es crucial. Un análisis centrado únicamente en la tipificación penal corre el riesgo de quedar atrapado en el plano de lo imputable y lo individualizable —el ejecutor directo, el mando inmediato, el operativo puntual— mientras el dispositivo estructural permanece intacto. En cambio, una categoría sociológica permite comprender el fenómeno como una configuración histórica de poder: un conjunto de reglas, incentivos, discursos y prácticas que transforman la violencia en procedimiento y el crimen en rendimiento.

Proponer el falso positivo como categoría sociológica implica, por tanto, tres movimientos analíticos. Primero, desplazar el foco del acto al ensamblaje: no solo la muerte, sino el sistema que la produce y la convierte en verdad oficial. Segundo, reconocer su carácter multidimensional: material (daño sobre los cuerpos), burocrático (métricas, metas, expedientes), simbólico (enemigo interno, propaganda, estigmatización) y jurídico-político (legalidad elástica, jurisdicciones, encubrimiento). Tercero, comprenderlo como una forma específica de crimen de Estado estructural: no una suma de homicidios, sino una práctica sistemática, planificada y sostenida desde el centro de la institucionalidad, que moviliza recursos públicos y reproduce un orden político. En esta lógica, el lenguaje no acompaña a la violencia: la vuelve gobernable (Foucault, 1975; Deleuze, 1992).

Desde esta óptica, el falso positivo se define por su lógica de producción de legitimidad. La operación central consiste en una inversión semántica: llamar “positivo” a la muerte. Ese signo no sólo encubre; produce realidad. Convierte al victimario en héroe, a la víctima en cifra y al asesinato en evidencia de eficacia. La consecuencia sociológica es decisiva: el crimen deja de ser una anomalía moral o institucional y se convierte en un componente normalizado del gobierno. En el falso positivo, el lenguaje no describe la violencia: la organiza, la legitima y la administra.

La categoría también permite comprender por qué la impunidad no es un accidente, sino un diseño. El dispositivo requiere mecanismos de protección que eviten que el crimen sea reconocido como totalidad. Aquí aparece la fragmentación como tecnología de impunidad: dividir jurisdicciones, separar hechos conexos, aislar casos, individualizar responsabilidades y truncar la cadena de mando. Fragmentar no es solo un error judicial; es una forma de gestión de la ilegalidad estatal: desmembrar la verdad hasta volver irreconocible el conjunto. Así, la violencia puede ser tramitada sin ser transformada; puede ser juzgada parcialmente sin que el dispositivo sea desmantelado.

Finalmente, entender el falso positivo como categoría sociológica habilita su proyección más allá de lo estrictamente militar. Si la esencia del fenómeno fuera únicamente castrense, bastaría con buscar soldados y operativos. Sin embargo, el falso positivo, tal como aquí se propone, se caracteriza por ser un dispositivo interinstitucional y sociopolítico: depende de doctrinas de seguridad, métricas de desempeño, burocracias que certifican, medios que amplifican y marcos legales que flexibilizan los límites. En este sentido, lo militar es un componente frecuente, pero no el único ni siempre el decisivo. El núcleo reside en la convergencia entre gobierno por resultados, fabricación del enemigo, teatralidad institucional y administración de la impunidad. Esto es lo que hace del falso positivo una categoría sociológica robusta: no nombra únicamente un crimen, sino una racionalidad política capaz de reconfigurarse en distintos escenarios de seguridad y control.

Para sintetizar el marco analítico propuesto, la Figura 2 presenta el dispositivo sociológico del falso positivo como un ensamblaje de prácticas materiales, administrativas, simbólicas y jurídico-políticas que permiten transformar una muerte ilegal en un resultado legítimo del Estado. La figura no describe una secuencia lineal de hechos, sino una racionalidad de gobierno en la que la producción de la muerte, su registro burocrático, su legitimación simbólica y la gestión de la impunidad operan de manera articulada. En este sentido, el falso positivo no se reduce a la comisión de una ejecución extrajudicial, sino que constituye una tecnología de poder orientada a producir eficacia, legalidad aparente y consenso político

Figura 2
Dimensiones sociológicas y operativas del falso positivo
Elaboración propia.

Enfoques críticos latinoamericanos en estudios de defensa

Pensar los falsos positivos como categoría sociológica exige situarlos en un campo analítico que desborda tanto la dogmática jurídica como los enfoques tradicionales de seguridad. Los estudios críticos latinoamericanos en defensa ofrecen ese lugar de enunciación, en la medida en que no conciben la defensa como un asunto técnico-militar neutral, sino como una relación de poder que articula violencia, economía política, control social y producción de legitimidad. Desde esta perspectiva, la militarización no es un fenómeno excepcional ni coyuntural, sino una forma histórica de gobierno en contextos marcados por desigualdad estructural, dependencia geopolítica y democracias de baja intensidad.

En Nuestra América, la defensa ha estado históricamente atravesada por la doctrina del enemigo interno. Bajo esta lógica, la distinción entre combatiente y ciudadano se vuelve inestable: la disidencia política, la pobreza, la protesta social o la pertenencia territorial pueden ser traducidas en amenaza. Esta racionalidad no desaparece con las transiciones democráticas, sino que se reconfigura. El lenguaje de la seguridad nacional muta hacia el de la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, pero conserva su núcleo: la producción de sujetos desechables y la autorización implícita de la violencia estatal sobre ellos.

En este marco, la doctrina del enemigo interno redefine simultáneamente ciudadanía y peligro, mientras la militarización coloniza la racionalidad estatal mediante métricas de eficacia, la centralidad del orden y la subordinación del derecho a objetivos estratégicos. La propaganda y la comunicación estratégica operan entonces como dispositivos clave para gestionar emociones colectivas y estabilizar el consenso social (Arendt, 1971; Chomsky y Herman, 1988).

Los enfoques críticos de defensa en América Latina han mostrado que la militarización no se limita al despliegue de fuerzas armadas en tareas de seguridad, sino que implica una colonización militar de la racionalidad estatal. Esta se expresa en la adopción de métricas de eficacia propias del campo bélico —resultados, neutralizaciones, bajas—, en la centralidad del orden y la obediencia como valores políticos, y en la subordinación del derecho a objetivos estratégicos. En este marco, la legalidad deja de operar como límite y se transforma en recurso: una herramienta flexible que habilita, encubre y normaliza prácticas violentas.

Los estudios críticos latinoamericanos en defensa ofrecen así un lugar de enunciación que desborda los enfoques tradicionales de seguridad. No conciben la defensa como un asunto técnico-militar neutral, sino como una relación de poder que articula violencia, economía política, control social y producción de legitimidad. Desde esta perspectiva, la militarización no es coyuntural, sino una forma histórica de gobierno en sociedades marcadas por la desigualdad, la dependencia y la conflictividad.

El falso positivo emerge precisamente en esa intersección. No es un subproducto indeseado de la militarización, sino una de sus formas de funcionamiento cuando la seguridad se convierte en el principal criterio de legitimidad política. En el caso colombiano, la Política de Seguridad Democrática expresó con claridad este desplazamiento: la seguridad fue presentada como el valor supremo de la democracia, y la eficacia militar como su prueba empírica. La consecuencia fue una reconfiguración del vínculo entre Estado y sociedad: el ciudadano dejó de ser titular de derechos para convertirse en potencial amenaza, y la muerte pasó a ser un indicador de buen gobierno.

Desde un enfoque crítico latinoamericano, este proceso no puede analizarse sin considerar la economía política que lo sostiene. La seguridad se neoliberaliza: se gestiona por resultados, se evalúa por indicadores, se premia por desempeño. En ese contexto, el cuerpo —especialmente el cuerpo joven, pobre, rural o racializado— se transforma en insumo de una contabilidad política. La “economía del cadáver” no es una metáfora moral, sino una descripción precisa de un sistema de incentivos que traduce violencia en beneficios simbólicos y materiales. El falso positivo, en tanto categoría sociológica, nombra esa traducción.

Asimismo, los estudios críticos de defensa permiten comprender el papel central de la propaganda y la comunicación estratégica. La militarización no sólo opera mediante armas, sino mediante relatos que gestionan emociones colectivas: miedo, rencor, deseo de castigo, sensación de orden. En este sentido, el falso positivo no puede existir sin una narrativa que lo legitime. La escenificación del combate, el parte oficial, la amplificación mediática y la estigmatización de la víctima son elementos constitutivos del dispositivo, no accesorios. La verdad no se oculta simplemente: se produce.

Finalmente, este enfoque permite introducir una crítica de fondo al constitucionalismo formal. Lejos de oponer Estado de derecho y violencia estatal como polos antagónicos, la experiencia latinoamericana muestra que la violencia puede ser administrada desde el derecho. Aquí se inscribe la noción de Estado constitucional falseable: un régimen que conserva la gramática institucional de la democracia —constitución, elecciones, tribunales— pero la utiliza para encubrir prácticas sistemáticas de daño social. En estos Estados, la ley no fracasa; funciona. Funciona como máscara, como ritual, como procedimiento que permite matar sin romper la forma.

Desde este marco, el falso positivo aparece como una categoría clave para los estudios críticos de defensa: permite pensar la defensa no solo como protección frente a amenazas externas, sino como tecnología interna de gobierno; no solo como campo militar, sino como articulación entre violencia, derecho, economía y relato. Nombrarlo y analizarlo es, por tanto, un acto de desmilitarización del pensamiento crítico y una apuesta por una defensa centrada en la vida, la dignidad y la verdad estructural.

Modelo analítico: fases y dimensiones del falso positivo

Para que el falso positivo funcione como categoría sociológica y no solo como denuncia moral o descripción empírica, es necesario dotarlo de un modelo analítico que permita identificar su lógica de operación, comparar contextos y comprender su reproducción histórica. A partir de la investigación doctoral y del análisis del caso colombiano, este artículo propone entender el falso positivo como un dispositivo estructural que se despliega en cinco fases articuladas y opera simultáneamente en múltiples dimensiones.

Fase de diseño estratégico: racionalidad de poder y proyección del resultado

Antes de que el falso positivo se materialice como práctica operativa, existe una fase previa, generalmente invisible, en la que el dispositivo es concebido, proyectado y habilitado. Esta fase no se expresa en órdenes escritas ni en procedimientos formales, sino en el nivel estratégico del poder, donde se definen los resultados esperados y las condiciones políticas, económicas y geopolíticas que los hacen funcionales.

En esta etapa se configura la racionalidad que dará sentido al dispositivo. No se trata aún de ejecutar violencia, sino de hacerla pensable, necesaria y rentable. Aquí se escuchan las voces que ostentan el poder y buscan perpetuarlo: discursos sobre seguridad, estabilidad, gobernabilidad y desarrollo que preparan el terreno para la militarización y la excepcionalidad permanente. La violencia futura se anticipa como solución técnica a problemas políticos y sociales.

Esta fase también articula intereses que exceden el plano estrictamente nacional. La apertura de territorios, la protección de inversiones, el acceso a recursos naturales y la alineación con agendas de seguridad globales forman parte del horizonte estratégico en el que el falso positivo se vuelve funcional. En este sentido, el dispositivo no surge únicamente de una lógica militar interna, sino de una convergencia entre poder político, racionalidad económica y geopolítica de la seguridad, donde la producción de “resultados” se convierte en condición de legitimidad.

La característica central de esta fase es su baja visibilidad. No deja huellas judiciales directas, no produce víctimas inmediatas y no suele ser objeto de escrutinio público. Sin embargo, sin este momento de diseño —donde se proyectan los efectos deseados y se flexibilizan anticipadamente los límites éticos y jurídicos— las fases posteriores no serían posibles. El falso positivo comienza aquí: no con la bala, sino con la decisión política de que la muerte puede ser gobernable.

Fase I: definición del enemigo y diseño de incentivos

La siguiente fase corresponde a la producción del enemigo. No se trata únicamente de identificar una amenaza objetiva, sino de construir una categoría política que habilite la violencia. La doctrina del enemigo interno cumple aquí una función central: disuelve la frontera entre combatiente y civil y convierte la disidencia, la pobreza o la marginalidad en sospecha. En esta fase se emiten directivas, se fijan metas y se diseñan incentivos que orientan la acción institucional. La violencia no es todavía ejecutada, pero ya está autorizada.

En esta etapa, el falso positivo se prepara mediante una racionalidad de resultados. La eficacia gubernativa se mide, se cuantifica y se recompensa. La vida comienza a valer en función de su capacidad de ser convertida en cifra. El dispositivo se activa cuando la presión por el rendimiento se impone sobre cualquier consideración ética o jurídica.

Fase II: Escenificación del crimen

En la tercera fase, la idea se convierte en procedimiento. La violencia se ejecuta y se inscribe en una coreografía institucional cuidadosamente diseñada. La escena del combate, el arma sembrada, el uniforme colocado, el parte de guerra redactado y el expediente abierto no son actos posteriores al crimen: son parte constitutiva de él. La teatralidad no adorna la violencia; la gobierna.

Aquí se consolida uno de los rasgos centrales del falso positivo: la burocratización de la muerte. El asesinato se transforma en trámite, el cuerpo en evidencia, el expediente en garantía de legalidad. La pregunta por la verdad es desplazada por la pregunta por la forma: si el procedimiento fue “correcto”, el resultado se presume legítimo.

Fase III: propaganda, adoctrinamiento y gestión emocional

La cuarta fase corresponde a la producción de consenso. La violencia necesita ser aceptada socialmente para reproducirse. Para ello, el dispositivo moviliza discursos oficiales, medios de comunicación y pedagogías del miedo. El enemigo es deshumanizado; la víctima, estigmatizada; el victimario, exaltado. La duda se castiga simbólicamente y la crítica se asocia con traición.

En esta fase, el falso positivo se convierte en sentido común. La muerte deja de generar escándalo y pasa a generar tranquilidad. La seguridad se experimenta como emoción antes que como derecho. La propaganda no solo oculta: reconfigura la percepción moral de la violencia.

Fase IV: fragmentación, blindaje institucional y continuidad

La última fase asegura la impunidad y la repetición. Aquí opera la fragmentación como tecnología de poder. El fenómeno se divide en casos, los casos en hechos, los hechos en imputaciones individuales. Las jurisdicciones se superponen o se bloquean; las responsabilidades se diluyen. El crimen nunca aparece como totalidad estructural.

Esta fase no implica ausencia de justicia, sino una justicia selectiva y fragmentada que produce sanciones limitadas sin afectar el dispositivo. De este modo, el falso positivo no solo queda impune; queda normalizado. El edificio está listo para ser habitado nuevamente.

Dimensiones del dispositivo

Estas fases operan simultáneamente en al menos cuatro dimensiones analíticas:

1. 1. Material: producción de daño sobre cuerpos concretos, seleccionados por su vulnerabilidad social y política.
2. 2. Burocrática: métricas, procedimientos, expedientes, directivas y rutinas administrativas que convierten la violencia en gestión.
3. 3. Simbólica: narrativas de enemigo, propaganda, estigmatización y legitimación mediática.
4. 4. Jurídico-política: marcos legales flexibles, jurisdicciones fragmentadas y administración de la impunidad.

La fuerza de este modelo reside en su transferibilidad. No describe únicamente el caso colombiano; ofrece una herramienta para identificar prácticas análogas en otros contextos de militarización y seguridad. Allí donde convergen estas fases y dimensiones, el falso positivo deja de ser un accidente y se revela como lo que es: una forma de gobierno de la muerte.

Fragmentación como tecnología de impunidad

Uno de los aportes centrales de comprender el falso positivo como categoría sociológica es revelar que la impunidad no constituye un déficit del sistema, sino una función estructural del dispositivo. Lejos de ser un error, la impunidad es producida activamente mediante un conjunto de mecanismos que dispersan la responsabilidad, fragmentan la verdad y neutralizan el reconocimiento del crimen como práctica de Estado. A este conjunto de mecanismos lo denominamos fragmentación, entendida no como falla judicial, sino como tecnología política de gestión de la ilegalidad estatal.

La fragmentación opera sobre una premisa fundamental: impedir la visión de conjunto. Su objetivo no es negar completamente los hechos —lo cual sería insostenible en contextos de alta visibilidad—, sino descomponerlos en unidades analíticamente manejables, jurídicamente procesables y políticamente inocuas. Así, el crimen estructural se convierte en una suma de actos aislados; la política de muerte, en errores operativos; y la responsabilidad estatal, en culpabilidad individual.

En el caso de los falsos positivos, la fragmentación se despliega al menos en tres niveles interrelacionados.

Fragmentación judicial: la responsabilidad que nunca asciende

En el plano judicial, la fragmentación se expresa en la división de competencias entre jurisdicciones y en la focalización de la persecución penal en los eslabones más bajos de la cadena operativa. La investigación y sanción de ejecutores directos y mandos medios produce una apariencia de justicia que, paradójicamente, protege la estructura. Al individualizar la culpa, se diluye la pregunta por las decisiones estratégicas, los incentivos institucionales y las directrices políticas que hicieron posible el crimen.

Este tipo de fragmentación no implica ausencia de condenas; implica condiciones estructurales para que la condena no transforme el sistema. La justicia funciona, pero de manera selectiva: identifica responsables sin imputar el dispositivo. En consecuencia, el Estado aparece como capaz de corregirse a sí mismo, mientras conserva intactas las lógicas que produjeron la violencia.

Fragmentación fáctica: separar la muerte de su contexto

Un segundo nivel de fragmentación opera sobre los hechos mismos. Las ejecuciones son investigadas de manera aislada, separadas de delitos conexos como desapariciones, desplazamientos, manipulación de cuerpos, amenazas a testigos o montajes mediáticos. Al desarticular la cadena completa de acciones, el crimen pierde densidad estructural y se presenta como evento puntual.

Esta fragmentación fáctica tiene un efecto decisivo: despolitiza la violencia. Al romper el vínculo entre la ejecución y la política de seguridad que la enmarca, el falso positivo se reduce a una anomalía dentro de un sistema supuestamente sano. El daño social se invisibiliza y la violencia pierde su carácter de práctica de gobierno.

Fragmentación estructural: desvincular el crimen de la racionalidad estatal

El tercer nivel —y el más profundo— es la fragmentación estructural. Aquí, el fenómeno se separa de las condiciones históricas, económicas y geopolíticas que lo hicieron posible. La militarización, la economía de incentivos, la doctrina del enemigo interno y la presión por resultados quedan fuera del análisis judicial o se tratan como “contexto”, no como elementos constitutivos del crimen.

Esta operación es clave para la reproducción del dispositivo. Mientras el falso positivo no sea reconocido como expresión de una racionalidad estatal, puede ser gestionado sin ser desmontado. La fragmentación estructural permite que el Estado se presente simultáneamente como perpetrador y juez, como productor de violencia y garante de legalidad.

En conjunto, estos niveles configuran un sistema que administra la ilegalidad estatal. El derecho no solo sanciona; selecciona. Decide qué violencias pueden ser visibles, cuáles pueden ser juzgadas y cuáles deben permanecer en el plano de lo innombrable. Desde esta perspectiva, la fragmentación no es una patología del derecho, sino una de sus funciones en contextos de militarización.

Reconocer la fragmentación como tecnología de impunidad implica un desplazamiento epistemológico relevante para los estudios críticos de defensa. Obliga a pensar la justicia no solo en términos de imputación penal, sino como campo de disputa por la verdad estructural. Sin esta mirada, la memoria queda reducida a archivo y la justicia a procedimiento, sin capacidad real de garantizar la no repetición.

Estado constitucional falseable y brutalismo tropical

Comprender el falso positivo como categoría sociológica exige una teoría del Estado capaz de explicar un hecho que, en apariencia, resulta paradójico: cómo un régimen que se autodefine constitucional, democrático y garantista puede producir una práctica sistemática de muerte y presentarla como legalidad, eficacia y mérito. Para abordar esa paradoja, este artículo propone dos conceptos articulados: Estado constitucional falseable y brutalismo tropical. Ambos permiten desplazar la mirada desde la idea de “ruptura del Estado de derecho” hacia una hipótesis más inquietante: la violencia no ocurre a pesar del constitucionalismo, sino a través de su gramática institucional.

Estado constitucional falseable: legalidad como máscara y como tecnología

El concepto de Estado constitucional falseable nombra una forma de gobierno que preserva la arquitectura formal de la democracia —Constitución, elecciones, tribunales, leyes, prensa— pero vacía sus principios sustantivos mediante prácticas sistemáticas de dominación y daño social. No se trata de un Estado que “pierde” la legalidad, sino de un Estado que la moldea para que cumpla funciones de encubrimiento, legitimación y administración de la violencia.

En un Estado constitucional falseable, la legalidad opera en tres registros complementarios:

1. 1. Registro performativo (la legalidad como escena): La ley no funciona solo como norma, sino como ritual. Se produce una puesta en escena jurídica que ofrece apariencia de control institucional mientras habilita prácticas violentas. El derecho se convierte en “forma” que permite presentar el crimen como procedimiento.
2. 2. Registro instrumental (la legalidad como herramienta): Normas, directivas, decretos, circulares y protocolos se organizan para facilitar la gobernanza por resultados. Aquí la legalidad se vuelve el medio para ordenar incentivos, presiones y métricas, fijando parámetros de eficacia que pueden derivar en prácticas letales. La regla se vuelve una interfaz administrativa que traduce violencia en rendimiento.
3. 3. Registro selectivo (la legalidad como filtro moral y político): La justicia se activa con intensidad sobre ciertos eslabones (ejecutores) y se vuelve opaca frente a decisiones estratégicas. Esta selectividad produce el efecto de “Estado que se corrige”, sin tocar las estructuras de mando, doctrina, incentivos y legitimación. El Estado aparece como garante, incluso cuando gestiona la impunidad.

Este marco permite comprender una de las tesis más importantes del análisis: los falsos positivos no fueron un accidente del sistema, sino una expresión de su capacidad para falsearse. “Falseable” no alude a un simple fraude ocasional, sino a una propiedad estructural: la posibilidad de invocar los principios democráticos mientras se los subvierte desde dentro. El Estado no necesita suspender la Constitución para matar; puede usar su lenguaje, su procedimiento y su burocracia para hacerlo administrable.

En ese sentido, el falso positivo es un laboratorio extremo de esta forma de gobierno: la muerte no se oculta únicamente, sino que se reporta, se premia y se celebra como evidencia de eficacia. El crimen deja de ser una excepción y se convierte en un indicador de desempeño. Allí se despliega el núcleo del Estado constitucional falseable: la capacidad de producir una legalidad elástica, funcional a la violencia, sin renunciar a la apariencia democrática.

La racionalidad del resultado: de la obediencia a la eficacia letal

Una de las condiciones que refuerzan la falseabilidad del Estado constitucional es la mutación de la legitimidad política hacia un régimen de resultados medibles. Cuando el éxito del gobierno se define en términos de cifras —bajas, neutralizaciones, capturas, control territorial, reducción estadística del “enemigo”— la política se transforma en contabilidad. En ese marco, la seguridad opera como valor supremo, y el daño se vuelve costo aceptable.

El falso positivo muestra cómo la racionalidad del rendimiento puede reconfigurar la violencia estatal. Allí donde la obediencia era el criterio de mérito (lealtad institucional), la eficacia —particularmente la eficacia letal— se convierte en el criterio central. Este tránsito no es solo militar: afecta el modo en que la sociedad valora el orden, cómo los medios traducen violencia en victoria, y cómo la burocracia estatal convierte la muerte en trámite.

Así, el Estado constitucional falseable no es únicamente un Estado que comete crímenes, sino un Estado que puede administrarlos: contarlos, narrarlos, archivarlos y legitimarlos como parte de su funcionamiento ordinario. La violencia se integra a la gobernanza.

Brutalismo tropical: estética, burocracia y pedagogía del terror

Para comprender por qué esta forma de poder no solo mata sino que normaliza la muerte, se introduce el concepto de brutalismo tropical. Se trata de una noción que apunta a la dimensión estética y afectiva de la dominación: una racionalidad que convierte el daño en rutina, la crueldad en procedimiento y el crimen en parte del paisaje institucional.

El concepto de brutalismo tropical constituye una elaboración conceptual original desarrollada por el autor a partir de una profundización crítica de la noción de brutalismo propuesta por Mbembe (2020) (Rojas Bolaños, 2025). Esta categoría incorpora elementos vinculados con la militarización, la colonialidad, la burocratización de la muerte y las racionalidades estatales latinoamericanas, con el fin de explicar formas específicas de administración de la violencia y producción de legitimidad en contextos periféricos y democracias militarizadas.

El brutalismo tropical no se reduce a “brutalidad”. Nombra una forma de poder que presenta rasgos específicos:

• Materialidad cruda: actúa sobre cuerpos y territorios con violencia directa, sin necesidad de ocultar del todo la coerción.

• Burocracia de la muerte: produce formularios, partes, expedientes, sellos, informes; la violencia se gestiona con apariencia de normalidad administrativa.

• Escenificación institucional: la muerte requiere ser vista de un modo particular: como combate, como victoria, como seguridad. La escena se vuelve un dispositivo de gobierno.

• Pedagogía social: disciplina emociones públicas; enseña qué vidas importan y cuáles son desechables; transforma el miedo en consentimiento.

• Democracia como fachada: no necesita dictaduras; basta un orden legal que administre el daño desde dentro.

El falso positivo encarna esa lógica brutalista: cada cuerpo presentado como baja en combate no es solo una muerte, sino un mensaje político; cada parte oficial es un acto performativo que transforma el crimen en legalidad; cada condecoración retribuye la violencia e incentiva su repetición. El brutalismo se vuelve entonces una pedagogía: enseña a matar, justificar y aplaudir; convierte el horror en normalidad.

La potencia del concepto radica en mostrar que el problema no es únicamente la presencia de violencia, sino su conversión en rutina socialmente tolerable. El brutalismo tropical explica cómo un orden democrático puede producir muerte sistemática sin entrar en crisis permanente: porque la muerte se vuelve parte de la administración ordinaria, y el relato la traduce en seguridad.

De la excepción a la rutina: el falso positivo como gobierno por teatralidad

Un rasgo decisivo del brutalismo tropical es la transformación de la excepción en rutina. El falso positivo no requiere un estado de excepción declarado; requiere un estado de excepción normalizado, operando en la cotidianeidad institucional. La teatralidad es aquí central: la escena de combate, el relato del enemigo, el expediente jurídico y la cobertura mediática forman un circuito que produce “verdad oficial”.

En este circuito, la violencia no es solo fuerza: es comunicación. Se mata para gobernar, pero también se mata para comunicar eficacia, para consolidar autoridad y para disciplinar territorios. La muerte se vuelve una forma de administración del consenso: un mensaje ejemplarizante dirigido tanto a potenciales opositores como a una sociedad entrenada en la sospecha.

Por eso el falso positivo excede el campo militar: se sostiene en la convergencia entre instituciones armadas, burocracias estatales, marcos normativos, sistemas de incentivos y dispositivos mediáticos. La militarización es condición operativa, pero el núcleo es político: la fabricación institucional de legitimidad mediante violencia administrada.

Implicaciones: desmontar la máscara, desactivar el dispositivo

Si el falso positivo es posible en Estados constitucionales falseables y se reproduce bajo lógicas de brutalismo tropical, entonces las garantías de no repetición no pueden limitarse a reformas puntuales. Implican intervenir las condiciones de posibilidad del dispositivo:

• Desactivar métricas letales de eficacia y sistemas de recompensa ligados a resultados violentos.

• Romper el circuito de teatralidad que convierte el crimen en procedimiento (expedientes, partes, narrativas).

• Reducir la elasticidad normativa que habilita encubrimiento y jurisdicciones de autoprotección.

• Superar la fragmentación mediante lecturas interinstitucionales e intercaso que conecten doctrina, incentivos, propaganda y cadenas de mando.

• Democratizar la verdad: que la verdad no dependa solo de lo imputable, sino de lo estructural.

En suma, el Estado constitucional falseable y el brutalismo tropical permiten comprender el falso positivo como una categoría que revela el problema político central: la posibilidad de que la democracia funcione como coartada del crimen. Nombrar esa posibilidad —hacerla visible, describir su arquitectura— es el primer paso para desarmarla. Porque si la legalidad puede convertirse en máscara, el desafío no es solo “cumplir la ley”, sino restituirle al derecho su función ética de límite y devolverle a la sociedad su capacidad de reconocer a las víctimas como personas, no como cifras.

Proyección global del falso positivo

Si el falso positivo fuera únicamente un fenómeno colombiano, su interés analítico se limitaría al campo de la historia nacional o del derecho interno. Sin embargo, comprenderlo como categoría sociológica permite identificar su proyección global como una forma específica de gobierno en contextos de militarización y seguridad. Esta proyección no se basa en la repetición literal del fenómeno, sino en la reproducción de sus mecanismos estructurales.

En distintos escenarios contemporáneos —guerras contra el terrorismo, políticas de seguridad antidrogas, contrainsurgencias, control de fronteras y estados de excepción prolongados— se observan configuraciones análogas: presión por resultados, métricas de eficacia, construcción del enemigo, legalidad flexible y fragmentación de la responsabilidad. Allí donde estos elementos convergen, el falso positivo deja de ser una excepción y se convierte en una posibilidad latente del orden político.

La clave de esta proyección global reside en la transformación de la seguridad en criterio central de legitimidad. Cuando la estabilidad, el orden o la protección se erigen como valores supremos, el daño puede ser justificado como costo necesario. En este marco, la violencia estatal no necesita ocultarse completamente; basta con administrarla. El falso positivo nombra ese punto exacto en el que la democracia no se suspende, sino que se falsea: conserva sus formas mientras subvierte su contenido.

Desde esta perspectiva, el falso positivo puede entenderse como una tecnología adaptable a distintos regímenes políticos. No requiere dictaduras abiertas ni la suspensión formal del derecho. Puede operar —y de hecho opera— en Estados que celebran elecciones, producen normas y proclaman su adhesión a los derechos humanos. Su eficacia radica en su capacidad para fundir legalidad e ilegalidad, procedimiento y crimen, justicia e impunidad.

Esta lectura permite inscribir el falso positivo en una racionalidad más amplia que aquí se ha denominado brutalismo tropical, pero que no se limita a una geografía específica. Se trata de una estética y una técnica del poder que administra la muerte de manera burocrática, convierte la violencia en rutina y normaliza el daño social como parte del funcionamiento ordinario del Estado. El “tropical” no alude a una inferioridad política, sino a una forma situada de un fenómeno global: la gestión violenta de la desigualdad.

La proyección global del falso positivo interpela directamente a los estudios de defensa. Obliga a desplazar la mirada desde las amenazas externas hacia las amenazas producidas por el propio Estado; desde la seguridad como protección hacia la seguridad como técnica de gobierno. También exige repensar las garantías de no repetición no como promesas normativas, sino como transformaciones estructurales: desmilitarización de la vida civil, eliminación de incentivos perversos, democratización de la información y superación de la fragmentación judicial.

En este sentido, el falso positivo no es solo un objeto de estudio, sino una advertencia. Nombra la posibilidad siempre presente de que la violencia se vuelva procedimiento, de que la legalidad se convierta en escena y de que la democracia funcione como coartada del crimen. Hacer visible esa posibilidad es una tarea central del pensamiento crítico latinoamericano: no para clausurar el debate, sino para abrirlo allí donde el poder ha querido imponer silencio.

Conclusiones

Este artículo ha propuesto comprender el falso positivo no como un hecho aislado ni como una mera categoría jurídico-penal, sino como una categoría sociológica capaz de dar cuenta de una forma específica de gobierno de la violencia en contextos de militarización. A partir del caso colombiano, se ha argumentado que los falsos positivos constituyen un dispositivo estructural de crimen de Estado, organizado mediante la convergencia de violencia material, lenguaje falsificado, escenificación institucional y administración de la impunidad. Su especificidad no reside únicamente en el acto de matar, sino en la capacidad estatal de producir legitimidad a partir de la muerte, de transformar el crimen en resultado y la ilegalidad en procedimiento.

Uno de los aportes centrales del análisis es el desplazamiento del foco desde el hecho hacia la arquitectura que lo hace posible. Al identificar las fases del dispositivo —definición del enemigo, proceduralización del crimen, propaganda legitimadora y fragmentación institucional— se muestra que los falsos positivos no fueron excesos ni desviaciones del Estado constitucional, sino una expresión de su capacidad para falsearse a sí mismo. El concepto de Estado constitucional falseable permite comprender cómo la legalidad, lejos de limitar la violencia, puede convertirse en su principal máscara: una gramática democrática puesta al servicio de una racionalidad letal.

Asimismo, el artículo ha desarrollado la fragmentación como tecnología de impunidad, evidenciando que la dispersión de responsabilidades no es un déficit accidental de la justicia, sino un mecanismo funcional a la reproducción del dispositivo. La fragmentación judicial, fáctica y estructural permite sancionar sin transformar, juzgar sin desmontar y narrar sin comprender la totalidad del crimen. Desde esta perspectiva, la justicia —incluida la justicia transicional— enfrenta el desafío de superar los límites de la imputación individual y avanzar hacia una verdad estructural, capaz de conectar violencia, doctrina, incentivos y racionalidad estatal.

El encuadre en los estudios críticos latinoamericanos de defensa ha sido clave para mostrar que el falso positivo excede lo militar. Aunque suele desplegarse en contextos de guerra interna o seguridad, su núcleo no es castrense, sino gubernamental. El falso positivo opera allí donde la seguridad se erige como valor supremo, la eficacia se mide por resultados cuantificables y la vida se vuelve insumo de una contabilidad política. En ese sentido, la militarización es una condición frecuente, pero no exclusiva: el dispositivo puede adaptarse a distintos escenarios de control, desde políticas antiterroristas hasta estrategias antidrogas o de control territorial.

La noción de brutalismo tropical ha permitido situar este fenómeno en una racionalidad más amplia: una estética y técnica del poder que normaliza la muerte burocrática, convierte la violencia en rutina y gestiona el daño social como parte del funcionamiento ordinario del Estado. Lejos de ser una anomalía periférica, esta racionalidad se inscribe en dinámicas globales de gobierno por la seguridad, mostrando que el falso positivo no es una excepción colombiana, sino una posibilidad latente de los regímenes contemporáneos cuando convergen legalidad elástica, propaganda, incentivos perversos y justicia selectiva.

Desde el punto de vista normativo y político, las implicaciones son claras. Las garantías de no repetición no pueden reducirse a reformas legales ni a sanciones individuales. Exigen transformaciones estructurales: desmilitarización de la vida civil, eliminación de métricas letales de eficacia, ruptura de la fragmentación institucional, democratización de la información y reconstrucción del vínculo entre derecho y ética de la vida. Nombrar el falso positivo como categoría sociológica no es un ejercicio académico neutral; es un acto de prevención. Nombrar impide repetir, porque vuelve visible aquello que el poder necesita mantener fragmentado, técnico o innombrable.

Finalmente, este trabajo sostiene que el aporte más profundo del pensamiento crítico latinoamericano a los estudios de defensa no consiste sólo en describir la violencia estatal, sino en desarmar sus lenguajes, sus rutinas y sus justificaciones. Mientras la muerte pueda ser llamada “resultado”, la impunidad “error” y la legalidad “procedimiento”, el falso positivo seguirá siendo posible. La tarea académica, ética y política es hacer imposible esa posibilidad: devolverle al derecho su función de límite, a la justicia su vocación transformadora y a la memoria su potencia como garantía de no repetición.

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Notas