Introducción

El mundo entero atraviesa una de las crisis más desafiantes de su historia y, por ende, la humanidad se encuentra en uno de los momentos cumbres que le instan a flexibilizar su capacidad comprensiva para precisar las posibilidades de vivir en un mundo mejor, libre de desencuentros y controversias; pero también, adherido al compromiso compartido de velar por la unidad plena como el antídoto a través del cual edificar oportunidades que redimensionen la condición humana mediante su dignificación permanente (Morales, 2024) y ( Morín, 1999).

Este desafío por el que atraviesa la humanidad constituye una invitación al buen vivir, al retomar como horizonte el camino de la paz como un proceso no solo en constante construcción, sino como una alternativa esperanzadora que conmina al esfuerzo constante, al despliegue actitudinal permanente, a la búsqueda de soluciones consensuadas, a la determinación para superar los conflictos y asumir con madurez las circunstancias desde una posición crítico-reflexiva que aunado a redimensionar la capacidad de razonamiento sobre lo que más conviene, también revitalice los nexos humanos necesarios para coexistir.

Según Morín y Delgado (2017), el transitar hacia una sociedad adherida a la búsqueda de la armonía que aporta la praxis del pacifismo, requiere virar las intencionalidades de la educación hacia cometidos colectivos, hacia el aprendizaje que precisa como significativo el asumir reglas compartidas que, como pautas de convivialidad reduzcan la exclusión y procuren el afloramiento de las bondades asociadas con el proceder virtuoso. Esto implica conducir a la sociedad hacia la adopción de imperativos categóricos tales como: superar los viejos desencuentros, admitir la común condición planetaria, reducir el individualismo y asumir como praxis permanente el acoger al otro, reconociéndole en toda su complejidad.

Lograr estos cometidos requiere de la formación del sujeto en torno al pensar crítico, como recurso a través del cual combatir los efectos de la xenofobia, la discriminación y la exclusión hasta lograr la emergencia de la ética del cuidado, en cuyas intencionales se precisa la organización de la sociedad en torno a principios cívicos como el afrontamiento de las situaciones controversiales a través de la participación sinérgica, la unificación de esfuerzos y el proceder cooperativo (Sandoval, 2023). Este proceder ecuánime guarda estrecha relación con el accionar en razón de la disciplina democrática, como el elemento dinamizador de la convivencia que procura el bienestar de todos por encima de cualquier condicionamiento irracional.

Lo planteado debe entenderse en sentido estricto como el resultado del entrenamiento de la sociedad en lo referente a la solución constructiva de conflictos, en la que la actuación activa de cada sujeto se convierta en una experiencia provechosa que dé cabida a la praxis del acuerdo, que empodere y comprometa a la ciudadanía en la tarea de construir ambientes saludables, pacíficos y amistosos (Galtung, 2009 & García, 2000). Esto significa para el accionar institucional una posibilidad para unificar los intereses dispersos e individualistas como antídoto desde el cual garantizar la inclusión social efectiva, como principio catalizador de la cohesión humana funcional (Berlín, 2022).

En apoyo a lo propuesto Camps y Giner (2014), dejan ver que la construcción de un mundo no solo depende de esfuerzos comunes en torno a la praxis del pacifismo, sino además, del despliegue de voluntades cívicas que al ser operativizadas coadyuven en la tarea de hilvanar relaciones sostenibles con los demás; esto significa, entre otros aspectos, el manejo positivo de la disposición actitudinal para reconocer al otro, estimar su valía personal y hacer de la convivialidad plena un motivo para crecer multidimensionalmente. Esta investigación se propuso integrar los constructos cultura de paz, civismo y derechos humanos en torno a la idea de una asignatura pendiente dentro de los contenidos curriculares que se imparten en todos los niveles formativos.

Método

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño documental y un método hermenéutico-interpretativo, orientado a analizar críticamente los fundamentos teóricos y axiológicos de la cultura de paz, el civismo y los derechos humanos en el ámbito educativo.

Las unidades de análisis estuvieron conformadas por textos académicos y normativos —libros, artículos científicos y documentos institucionales— publicados entre 1998 y 2024, seleccionados por su pertinencia temática y su contribución al estudio de la educación en valores y ciudadanía global. Los criterios de inclusión consideraron la relevancia conceptual, la actualidad y la procedencia de fuentes científicas verificadas (Scopus, Scielo, Redalyc, UNESCO, ONU).

Como técnica de investigación, se utilizó el análisis de contenido (Bardin, 2002), aplicado a través de un proceso de revisión, clasificación, codificación y categorización de la información. Las categorías emergentes fueron: convivencia ética, responsabilidad cívica, educación en derechos humanos y inclusión social efectiva.

El análisis se realizó en tres fases:

Revisión y delimitación del corpus documental, identificando las fuentes primarias y secundarias relevantes.

Codificación temática, mediante lectura analítica y agrupación de conceptos clave.

Síntesis hermenéutica, integrando los significados subyacentes en torno a la educación para la paz y la convivencia democrática.

Para garantizar la validez interpretativa, las categorías fueron contrastadas con los postulados teóricos de autores de referencia (Morin, Galtung, Camps, Ferrajoli) y revisadas por pares expertos en educación y derechos humanos. Asimismo, se respetaron los principios éticos del trabajo académico, asegurando la correcta citación de todas las fuentes utilizadas.

Desarrollo

Aprender a vivir constituye uno de los cometidos generalizados a los que los sistemas educativos a nivel global han dedicado especial énfasis, entre otras razones por sus repercusiones en los procesos de entendimiento, reconciliación y acuerdo social inclusivo. En tal sentido, convivir como parte de los componentes compartidos por la cultura de paz y el civismo, supone organizar a la sociedad en torno a la búsqueda de posibilidades de construir un mundo moral y ético, en el que predomine la ampliación de las oportunidades tanto justas como equitativas para todos.

Lo planteado obliga la referencia a la existencia plena y sin restricciones, en la que todos los seres humanos no solo profundicen sobre sus propias pertenencias, sino, además, procuren insertarse en el compromiso de comprender el origen del otro, sus particularidades sociales, culturales e ideológicas; en un intento por determinar los elementos comunes que justifiquen las posibilidades de interacción, de diálogo fecundo, fraterno y simétrico en el que la conjugación de voluntades logre reinventar el camino hacia la paz duradera (Galtung, 2003c; Salinas, 2023: Unesco, 2014).

En estos términos instar a la humanidad en la tarea compartida de coexistir en el marco del civismo, deja por sentada la necesidad de romper con los esquemas históricos y culturales que involucran la búsqueda incesante de una reconciliación sostenible. En la que cada miembro de la sociedad consciente de su rol como agente de cambio se deslastre de sus intereses personales y asuma el desafío de impulsar actuaciones empáticas, tolerantes, solidarias y con profundo apego con el bien común (Aragón, 2007; Morales, 2024; Morín, 2015).

Entonces, la necesidad de cambios coyunturales en la dimensión social parte de la inserción de componentes innovadores que reiteren las bondades del pacifismo, es decir, la importancia de sustituir la intolerancia por el entendimiento, la xenofobia por la inclusión social efectiva, la discriminación por la solidaridad. Esto con la finalidad de transitar hacia nuevos esquemas de convivialidad en los que la humanidad superponga como centro de su coexistencia el comprender el vivir, el aprender a convivir y el actuar con profundo sentido de corresponsabilidad en lo referente al trato del otro, del otro, de quien ostenta una pertenencia diversa.

Si bien es cierto, lo referido deja por sentado el valor de la convivialidad que trasciende las diferencias sociales, culturales e ideológicas, también lo es el hecho de unificar voluntades contrapuestas mediante la enseñanza de conocimientos universales, en cuales precisar particularidades identitarias, cosmovisiones y pluralismos que invitan a la comprensión profunda de los modos de vida; esto con la finalidad de lograr según reiteran Morín y Delgado (2017), el impulsar razones fuertes sólidas y coherentes asociadas con el aprendizaje de parámetros que coadyuven a vivir en tiempos complejos.

En torno a la cultura de paz

Construir un mundo mejor en el que las voces disonantes alcancen a ser escuchadas equitativamente y en igualdad de condiciones, se deja ver como uno de los cometidos tangenciales de las agendas globales que procuran estrechar lazos de tolerancia y encuentro entre quienes ostentan pertenencias diversas. En tal sentido, lograr la paz se precisa como objetivo medular de todos los tiempos implica integrar a la humanidad en la tarea de asumir cometidos compartidos, que permitan entre otros aspectos, la consolidación de una coexistencia influenciada por el sentido de la reciprocidad (Berlín, 2019 & Galtung, 1984).

Esto en su estrecha asociación con la vida pacífica sostenible, supone la unificación de voluntades en torno a la búsqueda de la felicidad, como la aspiración que resultado de la confianza y la seguridad le permitan a la humanidad convivir sin restricciones en la denominada aldea global. Según Maalouf (1999), la relación armónica entre sujetos con posiciones ideológicas disímiles exige de la humanidad la disposición flexible para adoptar el diálogo equitativo y justo, en el que el cometido común no sea otro que la construcción de posibilidades adheridas al entendimiento funcional.

En Morín y Delgado (2017), se dejan ver algunos referentes asociados con la cultura de paz, que conminan a la humanidad a asumir el rol activo de impulsar cambios actitudinales y transformaciones en la esfera no solo del ser sino del convivir; entre los que se precisa el aprender del otro, de su origen y pertenencias, sus particularidades socio-históricas y los rasgos identitarios como elementos a través de los cuales propiciar la emergencia de posibilidades de encuentro, fundadas en la comprensión profunda, en la disposición plena para el acogimiento y en la praxis de valores universales que, como dispositivos revitalizadores de las relaciones sanas potencien las condiciones para el vivir en paz.

En tal sentido, vivir en paz supone adherir la existencia al compromiso de reducir las posiciones férreas, las arbitrariedades y las intransigencias en un intento por superponer lo humano, el aprender a vivir, a dialogar con el otro y redimensionar la capacidad para alcanzar el entendimiento que, fundado en acuerdo recíproco, permita reafirmar la necesidad de practicar la búsqueda del bien común por encima de los intereses individualistas (Barragán et al., 2020). Vivir en paz es entonces, suprimir la incertidumbre y transitar hacia la construcción de la confianza y la seguridad que acerquen a la humanidad, ofreciéndole de este modo el trato no solo digno sino justo, equitativo y tolerante (Calderón, 2009 & Galtung, 2003c).

En otras palabras, se trata de repensar la existencia desde una visión empática y altruista, en cuya esencia se procuren cambios trascendentales que conmine a la humanidad a desplegar lo mejor de sí, su compasión, su capacidad para el entendimiento y el uso del razonamiento que invita a construir contextos hilvanados por el pacifismo; es decir, por el entendimiento recíproco, como el valor indispensable desde el que es posible edificar una mirada compartida sobre el convivir con el otro de la manera más idónea, en el marco del respeto y la solidaridad crítica.

Esto sugiere la adherencia a una vida pacífica en la que los ejes vertebradores de los procesos de relacionamiento sean la libertad positiva, la justicia social inclusiva y la solidaridad crítica, que le permitan a la humanidad modelar actitudes respetuosas de la diversidad y comprometidas con la actuación coherente (Berlín, 1998); esto deja ver a la cultura de paz como un modo de reivindicar la unificación como recurso al servicio de la superación de las fracturas socio-históricas que han condicionado la emergencia de la conflictividad destructiva.

Visto de este modo, lograr el entendimiento como valor sustanciador de la convivialidad armónica precisa de la humanidad la disposición para convertirse en agente transformador, capaz de impulsar desde su propio contexto de vida actuaciones que redunden en la edificación de lazos fraternos entre quienes no comparten la misma cosmovisión del mundo (Cely-Fuentes, 2021). Esto implica posicionar a las partes en conflicto en el plano de la igualdad, en el que la praxis de la racionalidad conduzca al establecimiento de acuerdos genuinos que tengan como vértice la búsqueda de la paz por encima de cualquier condicionamiento prejuicioso.

Entonces, conceptualizar a la cultura de paz como proceso en permanente construcción requiere repensar conflictos actuales como la xenofobia, la discriminación y la exclusión; en un intento por profundizar en los aspectos coyunturales que han ocasionado la escalada de violencia que experimenta la sociedad (Battistessa, 2018 & Galtung, 2003b). De allí, que valorar desde una postura crítica las guerras y los efectos del terrorismo global se precisa como un cometido que entraña determinar injusticias, actuaciones intolerantes y respuestas contrarias a la sana convivencia.

Lo referido constata el especial énfasis de la cultura de paz en transformar no solo los modos de convivialidad, sino la consolidación de contextos a través del diálogo amistoso en el que todos de común acuerdo consigan escucharse para proceder a reflexionar sobre posibles alternativas que operativizadas desde la participación sinérgica coadyuven con la transición hacia un mundo posible. Cambiar el curso de la vida humana hacia esquemas de pacifismo sostenibles debe entenderse como el propósito tangencial sobre el que se hilvana la visión de comunidad, escenario en el que es posible desplegar la unificación de esfuerzos para afrontar desafíos emergentes de los que depende la coexistencia digna.

Según Delors (2000), alcanzar el pacifismo parte de la consolidación del reconocimiento social que en el marco de la horizontalidad permita el trato cuidadoso y recíproco entre sujetos con posiciones contrapuestas; a las cuales ubicar en el plano del entendimiento a través de la flexibilidad de pensamiento que haga posible la construcción permanente de la tolerancia activa que le ayude al ciudadano a evitar la negación del otro y sí, en cambio, lograr que su visibilización sustancie su actuar libre y autónomo.

Este proceso supone adherir a la humanidad al compromiso de practicar dentro de las relaciones cotidianas la comunicación fundada en parámetros simétricos, igualitarios y asertivos, en un intento por configurar un clima amónico en el que todos desde la conciencia crítica logren valorar “el punto de vista de los otros y favoreciendo, por ejemplo, el debate sobre los dilemas morales o sobre casos que exijan decisiones de carácter ético” (Delors, 2000, p. 63). En tal sentido, transitar hacia la paz duradera exige de la ciudadanía el alcance de un elevado nivel de madurez, así como el redimensionamiento de la apertura intelectual para edificar un mundo entretejido tanto por la armonía como por el diálogo democrático.

El civismo ¿de qué trata?

Al hablar de civismo como práctica social estrechamente relacionada con el mejoramiento de las condiciones de entendimiento colectivo, inmediatamente se hace obligatoria la referencia a la actuación humana coherente, apegada a principios éticos y morales a través de los cuales orientar la conducta humana hacia fines ciudadanos. Entonces, un acercamiento conceptual al civismo refiere a la capacidad de acción mediada por la conciencia crítica, es decir, por el compromiso tanto social como político con los asuntos públicos.

Este compromiso con la vida pública se precisa como el resultado de la adherencia a convicciones morales sólidas, en el que el cometido fundamental gira en torno a la reflexión sobre lo colectivo, lo cual supone potenciar el ejercicio de una existencia mediada por responsabilidades recíprocas que procuran hacer partícipes a los ciudadanos de la toma de decisiones. En tal sentido, transformar la estructura social se entiende como la adherencia a principios asociados con la igualdad inclusiva, en la que la existencia se encuentra entretejida por el pacto ético que procura redimensionar la actuación autónoma.

Para Savater (2000), el civismo tiene su fundamento en la participación de lo colectivo, en el que el propósito tangencial sea el intercambio sin condicionamientos y sí, desde la libertad para construir respuestas en las que elementos subyacentes como la gestión conjunta de los problemas y la actuación en el marco de normas comunes permitan acuerdos sucesivos. Esto como resultado de la reflexión individual apela a capacidad de respuesta del sujeto para asumir obligaciones respecto a los asuntos comunes, a los cuales abocar las virtudes personales que permitan, entre otros aspectos al fortalecimiento del espíritu de comunidad humana (Berlín, 2017ª).

Desde la perspectiva de Morín (2015), el civismo puede entenderse como un sistema de valores que procura organizar la vida social en torno a la búsqueda del proceder consciente y coherente; que le ayude a la humanidad a adoptar ejes comunes en función de los cuales entretejer nexos sólidos y funcionales que impulsen con efectividad modos de vida en los que las discrepancias se conviertan en una oportunidad para revisar con sentido riguroso las pertenencias y pluralismos en búsqueda de bienestar.

Transitar en esta dirección implica abrirse al acuerdo de pautas compartidas que integren dentro de sus cometidos la construcción de una autonomía plena, así como del compromiso en la tarea de encausar actuaciones comunes que le aporten a la sociedad los elementos para vivir de manera civilizada; en otras palabras, se trata de establecer vínculos que mediados por reglas fortalezcan la corresponsabilidad que organizar democráticamente el mundo, la comunidad y cada contexto en el que se haga vida activa.

En sentido amplio, el civismo también refiere al proceder virtuoso que pretende compatibilizar la multiplicidad de posiciones existente en determinado contexto, en un intento por reconducir los intereses individualistas hacia cometidos colectivos que procuren, en primera instancia responder a propósitos superiores moralmente (Diez, 20124) y (Morín, 2011). Esto significa conducir la afección ciudadana hacia la interiorización de proyectos de vida en los que hallen cabida los más vulnerables, pero, además, el cultivo de la confianza y el reconocimiento al pluralismo posibiliten el fortalecimiento de sociedades democráticas que reivindiquen la búsqueda de la felicidad y la justicia social inclusiva.

En otras palabras, el civismo como alternativa de vida entraña redimensionar el quehacer humano ético, en el que el individualismo egoísta sea superado por el desarrollo de la conciencia que haga del mundo un espacio incluyente para todos; más humano y sensible; en el que todos los individuos alcancen a consolidar su autonomía y el ejercicio de su libertad positiva (Berlín, 2017c). En correspondencia Camps y Giner (2014), proponen que este proceder no más que el resultado del vivir intencional, en el que se conjuga el raciocinio con la operativización de la voluntad hacia el vivir bien con el otro.

Lo expuesto significa, participar de la vida social y política de manera cívica, compartir sus posiciones frente a las situaciones propias de su contexto y asumir dentro de los procesos decisionales la búsqueda del bien común; como el ideal de coexistencia que insta a la humanidad a procurar que las condiciones de vida sean positivas para todos. Desde la perspectiva de Camps (1999), esto constituye una invitación explícita a la adopción del sentido de comunidad, como recurso que puesto al servicio de la coexistencia positiva redimensione la responsabilidad de ser veedores del cumplimiento de deberes, pero también del goce de garantías y derechos que dignifiquen el compartir con el otro de los mismos beneficios.

Esta alusión implícita a los derechos fundamentales de los que debe gozar la humanidad, comporta como intencionalidad el cuidado recíproco que reitere el aprender a vivir, a respetar al otro según sus particularidades y pertenencias; evitando de este modo la vulneración de su libertad para actuar, decidir y manifestar en condiciones democráticas (Berlín, 2017b). Esto como parte de los elementos de los que depende el desempeño social efectivo, requiere formar a la ciudadanía en dimensiones específicas tales como: la comprensión profunda y empática, el compromiso con la praxis de la tolerancia crítica y el desarrollo de actitudes positivas que aporten a la construcción de sociedades justas y equitativas.

Lo referido como elementos compartidos por la cultura de paz, constituye una invitación al conocimiento de las normas, dispositivos jurídicos y mecanismos de protección de la dignidad e integridad humana, que garanticen entre otros aspectos el acceso y disfrute de derechos fundamentales que le permitan a la ciudadanía tanto el desenvolvimiento pleno de su personalidad como la actuación colectiva sin restricciones; es decir, dentro de los parámetros de las libertades individuales que conminan al sujeto proceder conscientemente y con profundo sentido de la corresponsabilidad.

Visto lo anterior, el mantenimiento de la paz sostenida y perpetua se precisa como un propósito medular para la existencia digna, pues en la medida en que el sujeto desarrolla su capacidad crítica para valorar su proceder, también le es posible ajustar su dimensión actitudinal para accionar reconociendo al otro como un igual, es decir, como agente que goza de garantías y de derechos que le facultan para participar dentro de su contexto mediato e inmediato. Esto en sentido amplio, deja por sentada la necesidad de educar a la ciudadanía para la praxis del entendimiento, del cual se desprendan el acuerdo en torno a la igualdad de oportunidades, el acceso a posibilidades de bienestar y calidad de vida, así como al goce de la autonomía para expresar su voluntad, la diversidad que le permea y los pluralismos que hacen parte de su herencia socio-histórica.

Desde la perspectiva de Ferrajoli (2016), el civismo tiene su asidero en el sentido operativo de la democracia que estima como parte de sus cometidos el establecimiento de puntos de encuentro entre posiciones sustancialmente divergentes, que puestas al contraste valorativo potencien en la humanidad el establecimiento de reglas compartidas que fundamenten la vida en sociedad. Esto significa integrar la expresión de la mayoría como condición sine qua non de la que depende el establecimiento de pautas orientadoras de la convivencia funcional.

De allí, que el civismo en su asociación con la participación en los asuntos de todos procure la edificación de una visión horizontal de la vida colectiva, en la que la fuerza de los pluralismos y los conflictos derivados de los intereses personales logren ser vehiculizados hacia la convergencia legitimada que haga posible la actuación igualitaria dentro de la esfera pública. Al respecto Bobbio (2007), el civismo supone la defensa de ciertos valores asociados con la comprensión minuciosa de la realidad, con la finalidad de lograr un acercamiento amplio y profundo sobre los requerimientos comunes.

En consecuencia, la recuperación del tejido social como parte del proceder comprometido de la humanidad involucra no solo la disposición para reconstruir contextos a través del trabajo sinérgico, sino la articulación de esfuerzos tanto ciudadanos como institucionales, que unificados desde el sentido de la corresponsabilidad configuren las condiciones para hilvanar posibilidades para resolver problemas, replantear el curso de acción colectivo e individual desde el quehacer democrático que impulse los medios para conseguir formas de existencia genuinas.

Entonces, el civismo como la conjugación de intereses diversos en torno a fines compartidos se precisa como una alternativa esperanzadora que además de orientar el proceder humano inclusivo, también se estima como el resultado de la elevación de la conciencia crítica que transferida en actitudes tanto funcionales como corresponsables, coadyuven en la tarea de afrontar problemas cotidianos que hagan posible prever el futuro deseado.

Según Delors (2000), el civismo como proceso en construcción permanente tiene como intencionalidad conducir a la sociedad hacia el alcance de al menos dos aspectos importantes para convivialidad; por un lado, la búsqueda de la cohesión social que le permita a la humanidad edificar y aportarle trascendencia a los proyectos de comunes y, por el otro, en la superposición de la participación democrática de la que se deriva no solo el respaldo a la capacidad de agencia y a las libertades individuales, aspectos que conjugados redundan en el restablecimiento de la vida en comunidad y la recuperación del tejido social.

Esto supone el ejercicio de la ciudadanía activa que unifique las voluntades individuales en razón de valores integradores que reivindiquen la organización coherente de la vida en el contexto tanto social como político. En palabras de Camps (1999), este proceder virtuoso precisa de la disposición individual para construir espacios para la actuación autónoma, que enmarcada en la corresponsabilidad les permita a los sujetos enfrentar desafíos asociados con la gestión de necesidades y requerimientos consensuados de vital importancia para la consolidación de la vida democrática.

Para Camps y Giner (2014), el civismo es un arte, es decir, es el resultado de la creación de pautas y reglas de que tienen como fin configurar el convivir en sociedad. Esto implica asumir responsabilidad sobre determinadas actuaciones específicas dentro del contexto colectivo, procurando que a través de la conciencia moral y del sentido crítico el ciudadano alcance la coexistencia digna. Este esfuerzo como lo denominan los autores supone, entre otros aspectos “superar los conflictos, hacer concesiones, armonizar voluntades” (p. 16).

Lo referido indica que la vida en comunidad requiere del compromiso humano con respecto al manejo de normas y pautas construidas desde el acuerdo, en cuyo cometido de deja ver como elemento subyacente la buena conducta y el viraje actitudinal hacia el bien de todos; es decir, hacia la observancia de los mecanismos sobre los que se sustenta la convivencia pacífica, a decir: la participación justa, inclusiva y paritaria, la solidaridad crítica y la inclusión social efectiva.

Derechos humanos, una posibilidad para vivir dignamente

Enfrentar la crisis de convivialidad por la que atraviesa la humanidad entera precisa de medidas normativas enfocadas en garantizar que los derechos de las personas en cualquier contexto sean respetados y cumplidos con efectividad. En tal sentido, la vida mediada por la praxis de los derechos humanos en su estrecha relación con la democratización de la existencia, supone no solo uno de los avances trascendentales en materia jurídica sino uno de las demostraciones evidentes del compromiso institucional con la construcción de esquemas de relacionamiento que dignifiquen al ser humano por encima de cualquier condicionamiento social, jurídico e ideológico (Rodríguez, 2009).

De este modo, orientar la existencia en torno a lo propuesto en las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, implica el avance de la sociedad hacia el reconocimiento de las garantías jurídicas que reiteran la importancia de conjugar la libertad, la justicia, la equidad y el bien común en torno a la búsqueda de la autodeterminación personal, requerimiento que en su sentido operativo procura garantizar en los ciudadanos que el ejercicio pleno de su voluntad no solo alcance su expresión, sino que se enmarque dentro de las pautas democráticas fundamentales.

En estos términos, el reconocimiento de las libertades individuales se precisa como la fuerza revitalizadora de la coexistencia entretejida por la actuación cívica y la conciencia ciudadana, como aspectos que dejan por sentada la importancia de la sumisión a la leyes (Ferrajoli, 2016); implícitamente esto supone instar a la ciudadanía a asumir la responsabilidad de sus actos, a ordenar su proceder en razón de pautas que hagan de la vida en sociedad una oportunidad para el entendimiento, en el que la germinación de la racionalidad reciproca se convierta en el antídoto sobre el cual impulsar el futuro mejor, más inclusivo.

Desde esta perspectiva, el ejercicio de la ciudadanía consciente se entiende como el resultado de la apropiación de los mecanismos jurídicos que representados en derechos y garantías permiten no solo la satisfacción de requerimientos humanos específicos, sino la trascendencia hacia el desempeño oportuno que procura entre otros aspectos modelar la interacción social funcional que redunde en el incremento de la seguridad personal y en el resguardo de la integridad moral (Rey, 2021). Una valoración crítica de estos planteamientos deja por sentada la importancia de proteger la personalidad humana en sentido amplio, lo cual implica reforzar su dignidad a través del acceso a los mecanismos que le aporten a la consolidación de su proyecto de vida individual.

En consecuencia, promover una existencia fundada en la praxis de los derechos humanos requiere instar a la sociedad a la superación de los efectos destructivos de la discriminación y la exclusión; lo cual debe entenderse como la unificación de esfuerzos en torno al reconocimiento mutuo que aunado valorar la diversidad, impulse la aceptación del otro sin condicionamientos prejuiciosos. Esto comporta asumir la convivencia en el marco de protección a la integridad moral y al resguardo de la dignidad personal como elementos a los cuales adoptar como parte del patrimonio común de la humanidad (Ibañez, 2016) y (Loys, 2019).

En estos términos, enseñar en materia de derechos humanos no es más que asumir al otro en condiciones de igualdad, orientando el proceder actitudinal en torno a reglas universales y fundamentales que conduzcan al acuerdo, a la coexistencia pacífica que no solo redunde en la edificación de un mundo mejor, sino que sustancia las posibilidades de trascendencia libre de exclusión, intolerancia y xenofobia. Este énfasis en la creación de espacios para el intercambio respetuoso no es más que la puesta en práctica de la convivialidad que fundada en la libertad, la igualdad y la seguridad procure el desarrollo coherente de la personalidad.

En tal sentido, la educación en derechos humanos como proceso transformador no es más que el camino hacia la superación de los efectos históricos derivados de vejaciones sistemáticas, que aunado a someter a los más vulnerables han imposibilitado el ejercicio pleno de las libertades que le asisten; y que le hacen portador, entre otras garantías de manifestar su voluntad, su modo de pensar y sus cosmovisiones a través de la participación que le permita en igualdad de condiciones autopercibirse seguro y pleno (Russo, 2001).

Entonces, la construcción de un nuevo ciudadano adherido al ejercicio ciudadano sin restricciones, inicia con el compromiso de asumir como parte de su proceder cívico el cumplimiento de reglas, normas y pautas jurídicas a través de las cuales superar las privaciones sociales, históricas e ideológicas que han imposibilitado el alcance de la dignificación propia y del otro. Esto significa motivar en la ciudadanía la necesidad de ajustar su dimensión actitudinal y axiológica hacia cometidos asociados con el bien común, en el que las acciones destructivas se desdibujen hasta trascender al proceder virtuoso.

En otras palabras, la comprensión profunda de los derechos fundamentales que le asisten al otro supone un ejercicio no solo cognitivo sino propulsor de fortalecimiento de la convicción humana en torno a la protección de la integridad propia y de quienes conforman el contexto de existencia; en un intento por garantizar la construcción de un clima de seguridad en el que prime la sensación plena del buen vivir, es decir, del convivir civilizado en el que todos los seres humanos movidos por el común acuerdo procuren como imperativo categórico: el libre desenvolvimiento de la personalidad.

Es preciso indicar que parte de los elementos que procura las convenciones de derechos humanos, giran en torno a la consolidación del proyecto de vida personal, el cual, a su vez, comporta el acceso a las mismas condiciones que los demás, el goce de las mismas garantías en lo que ha seguridad jurídica refiere (Berlín, 2014 & Morales, 2024). Esto constituye para los procesos de enseñanza uno de los desafíos más complejos que inician con el acercar a la ciudadanía los mecanismos necesarios para empoderarlos a partir del conocimiento de sus derechos, de sus garantías; para posteriormente conducirlos a convertirse en sujetos activos cuya capacidad reflexiva les conduzca a ejercer ante las instancias correspondientes exigencias en torno a su dignificación permanente.

De allí, la importancia crear experiencias educativas en las que la formación del ciudadano involucre el conocimiento de su posición frente al Estado, a las normas y al derecho; con la intencionalidad de propiciar el sentido crítico que le faculte para asumir posición frente a los factores de riesgo socio-histórico tales como: la discriminación, la exclusión, la xenofobia, la intolerancia, el trato vejatorio y el maltrato sistemático que no solo genera daños significativos, sino que determina la reducción de la calidad de vida (Berlín, 2009, Centro de Documentación del Indesol, s.f).

Enseñar derechos humanos es entonces afiliar al individuo a una cultura jurídica que procura impulsar el trato responsable de sí mismo hacia otros y, en consecuencia, la exigencia de ser tratado con respeto y en el marco de la justicia, la equidad y el bien común; esto con la finalidad de alentar modos de vida que libres de limitaciones y sí, enmarcados en el proceder consciente que procura no solo el beneficio propio sino de otro, a quien garantizarle la existencia en condiciones de seguridad y confianza.

Es así, que la educación juega un rol trascendental en el proceso de sensibilizar sobre la vida diga, a la cual solo es posible acceder mediante la problematización constante y permanente que conduzca a la búsqueda de mayores posibilidades de reconocimiento social; esto implica la visibilización como sujeto de derecho que, en el marco de los sistemas democráticos comporta el ejercicio de las libertades individuales entre las cuales se mencionan: el pensar sin restricciones, la manifestación plena de la voluntad y el desempeño coherente de la personalidad en todas las dimensiones de la vida social (Ferrajoli, 2016 & Morales, 2024).

Vivir en sociedad constituye una experiencia profundamente enriquecedora, de la que se desprenden convicciones sólidas acerca de sus bondades y de su aporte a la dignificación de la existencia humana. Desde esta perspectiva, la convivencia se erige como un medio fecundo para garantizar que los grupos históricamente marginados o excluidos logren integrarse en un diálogo entre pertenencias diversas, donde la incomprensión se resuelva a través de la interacción sentí pensante y del reconocimiento mutuo. Esta capacidad para tejer lazos de confianza auténtica representa la base de toda sociedad armónica y segura.

En este sentido, el encuentro entre posiciones diversas constituye el fundamento de la cultura de paz, entendida —siguiendo a Berlín (2011)— como un proceso activo de negociación, diálogo y acuerdo. Estos valores no solo deben asumirse como virtudes individuales, sino como instrumentos sociales orientados a transformar las condiciones históricas y estructurales que han generado el distanciamiento, la desigualdad y el enfrentamiento entre los seres humanos.

Trascender hacia una existencia plena y equitativa requiere suprimir las barreras que impiden el encuentro y promover un relacionamiento sustentado en el acuerdo común, el altruismo y la búsqueda del bien colectivo. De acuerdo con Camps y Giner (2014), esta actitud configura el fundamento de una convivencia civilizada que fomente el buen proceder y la justicia social. Así, vivir en paz implica alcanzar un estado de plenitud donde las coincidencias socioculturales e ideológicas se conviertan en puentes para la convivialidad, entendida —como expresa Maalouf (1999)— como la misión de “tejer lazos de unión, disipar malentendidos y reconciliar diferencias”.

La educación para la paz y el civismo emerge entonces como una responsabilidad tanto ciudadana como institucional. Como advierte Delors (2000), la reconciliación social exige erradicar los prejuicios raciales, la violencia y la exclusión mediante el conocimiento mutuo de la historia y los valores de las distintas culturas. En esta línea, las agendas educativas y políticas globales coinciden en promover acciones que superen la discriminación y la intolerancia, factores que degradan la dignidad humana y dificultan la negociación como vía hacia la reconciliación y la justicia social.

Lograr un mundo posible, donde la libertad, el pluralismo y la diversidad sean asumidos como principios de convivencia, demanda ampliar la sensibilidad humana y la apertura intelectual. Como señala Berlín (2018), pensar un futuro esperanzador implica fortalecer la dignidad cívica como eje de la convivencia democrática, capaz de transformar los conflictos en oportunidades para el consenso y la cooperación social (Cortina, 2021).

Desde esta visión, el civismo adquiere un papel protagónico en la consolidación de una coexistencia pacífica y justa. Según Camps (1999), ello requiere promover una comprensión profunda del otro, basada en el respeto, la empatía y la corresponsabilidad social. Este compromiso cívico, fundado en la ética de la solidaridad, invita a anteponer el interés común sobre los particularismos, fortaleciendo los lazos comunitarios que sostienen la vida democrática (Cortina, 2009).

En consecuencia, trascender hacia la paz no significa solo la ausencia de conflicto, sino la adopción del diálogo inclusivo como principio rector de todas las dimensiones de la vida social. Morales (2024) y Russo (2001) coinciden en que la tolerancia crítica y las virtudes cívicas constituyen el antídoto más eficaz contra la vulnerabilidad y la exclusión. De igual modo, Ferrajoli (2006) subraya que la paz es un derecho fundamental y un bien social común, cuyo resguardo exige fortalecer las instituciones democráticas y la acción ciudadana en favor de la igualdad y la justicia.

En síntesis, la convivialidad democrática se configura como el horizonte ético y educativo para la humanidad. Construir una paz duradera requiere una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, comprometida con el buen vivir (Aarón et al., 2017), capaz de transformar los conflictos en cooperación solidaria y de convertir la diferencia en fuente de aprendizaje y crecimiento mutuo. De esta manera, la cultura de paz y el civismo convergen en un mismo propósito: edificar una comunidad inclusiva y virtuosa donde la convivencia, la dignidad y la justicia social sean realidades compartidas, no ideales aplazados.

Conclusiones

Transitar hacia esquemas de convivialidad tanto funcionales como operativamente justos, se precisa en la actualidad como la alternativa ideal en razón de la cual construir el mundo un mundo posible; escenario en que imperativos categóricos como la justicia social inclusiva, la paz perpetua y la seguridad afloren no solo como valores universales que invitan al encuentro respetuoso, sino como la salida esperanzadora que la sociedad global requiere para hilvanar puentes amistosos, en los que la convicción sobre la importancia del ejercicio de la libertad se superponga sobre las posiciones arbitrarias e intransigentes, que procuran vulnerar la integridad moral y la dignidad humana.

Lo referido deja por sentada la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la praxis de la ciudadanía consciente y comprometida con los más elevados principios axiológicos, en un intento por motivar la actuación cívica en la que todos los sujetos alcancen a aceptar la diversidad, el diálogo con los pluralismos y la gestión de las controversias a través de métodos no violentos que coadyuven con la transformación de contextos convulsos en espacios para la manifestación de la solidaridad crítica, la paz y la tolerancia activa.

En otras palabras, lograr la paz supone ampliar los canales del diálogo fecundo, potenciador del encuentro y promotor del reaprender sobre pautas de convivialidad que, como resultado de la negociación y el acuerdo amplíen las posibilidades para trascender hacia la reconciliación social. En suma, en principio constituye una invitación al ajuste actitudinal que unifique voluntades en torno a la edificación de espacios donde la convivencia sólida, genuina y funcional conduzca a la construcción de ciudadanos más asertivos, racionales y con profundo sentido de la corresponsabilidad.

Conflicto de intereses

Manifiesto no tener ningún conflicto de interés en lo que respecta a la investigación en cuestión

Responsabilidad ética

Manifiesto haber cumplido con los extremos éticos y legales asociados con el manejo y uso de la información

Declaración sobre el uso de LLM (Large Language Model)

No sé utilizó ningún mecanismo y/o procedimiento tecnológico en la redacción de la totalidad del manuscrito.

Financiamiento

La investigación fue realizada con recursos propios.

Correspondencias:

lectoescrituraula@gmail.com

Trayectoria Académica

Jesús Alfredo Morales Carrero

Licenciado en Educación y Politólogo (U.L.A). Magister en Educación mención Orientación Educativa (U.P.E.L) y Magister en Educación mención Lectura y Escritura (U.L.A). Doctor en Antropología (U.L.A). Árbitro nacional e internacional en las áreas de educación, orientación y psicología general. Docente de Psicología General y Orientación Educativa, (U.L.A). Investigador Emérito reconocido por el Programa de Estímulo a la Investigación (P.E.I).

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© El autor. Este artículo es publicado por la Revista EDUCA UMCH de la Universidad Marcelino Champagnat como acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esta licencia permite compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material) el contenido para cualquier propósito, incluido el uso comercial.

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Notas de autor

lectoescrituraula@gmail.com

Información adicional

Como citar: Morales, J. A.(2025). Cultura de paz, civismo y derechos humanos: una asignatura pendiente en los programas curriculares. Revista EDUCA UMCH, (26), 151-175. https://doi.org/10.35756/educaumch.202526.328

Enlace alternativo

https://revistas.umch.edu.pe/index.php/EducaUMCH/article/view/328/900 (pdf)