1.Introducción

Quienes desarrollamos proyectos de extensión universitaria en contextos de encierro sabemos que nuestro trabajo supone lidiar con la incertidumbre, las discrecionalidades y los conflictos inherentes al espacio carcelario. En lugar de intentar superar estas condiciones en la práctica, procuramos objetivarlas e incorporarlas a nuestras decisiones metodológicas (Manchado y Castillo, 2018).

Dicha mirada descansa sobre una concepción de la institución penitenciaria que, alejada de la figura monolítica y cerrada sobre sí misma, se abre como un espacio social dinámico y poroso (Kalinsky, 2006; Ojeda, 2015; Cunha, 2002, 2004), hecho de diversos y solapados actores, burocracias, intereses y modos de hacer. Al interior de un penal –y en sus contornos, las respuestas de la administración penitenciaria frente a una misma circunstancia se caracterizan por su variabilidad e imprevisibilidad (Kalinsky, 2008). Es decir, no impera un marco normativo que regule de manera transparente las prácticas e interacciones cotidianas, sino que predominan una serie de arreglos no escritos que se generan en el transcurso de la vida carcelaria y que no ofrecen claridad respecto de los criterios que les otorgan legitimidad. En este sentido, consideramos que no es productivo analizar la organización del espacio carcelario a partir de una perspectiva binaria que contraponga prácticas formales/legales e informales/ilegales. Al respecto, Vera Telles (2009, 2013), en diálogo con Michel Foucault (1997), propone centrar el análisis en los modos en que operan las leyes, ya no para reprimir los ilegalismos, sino para diferenciarlos internamente: «trazar los límites de tolerancia, dar terreno a algunos, hacer presión sobre otros, excluir a una parte, volver útil a otra, neutralizar a unos, sacar provecho de otros» (Foucault, 1997 en Telles, 2009, p. 102). En esta línea, la autora sugiere atender a los pliegues de la dicotomía, a lo que sucede en sus márgenes, allí donde se configuran –y se disputan– los umbrales entre la tolerancia, la transgresión consentida y la represión (Telles, 2009). Estos movimientos responden a contextos específicos, micro-coyunturas políticas y relaciones de poder que se actualizan en cada situación.

Quienes realizamos proyectos y actividades de extensión universitaria constituimos un agente que se inserta, no sin tensiones, en dicha red de relaciones sociales, institucionales, políticas y personales que componen la vida diaria de un penal. A través de este tipo de iniciativas se ponen en diálogo al menos dos actores, el servicio penitenciario y la universidad pública, cuyas prioridades institucionales suelen ser interpretadas y prefiguradas como antagónicas. El primero es visto desde una lógica centralmente punitiva, y el segundo desde una perspectiva educativa comprometida con los derechos humanos (Manchado y Castillo, 2018; Molina, García, Gareffi y Moris, 2020; Bustelo, 2020; Routier, 2021). Sin embargo, al analizar experiencias concretas de intervención, se vislumbran matices que relativizan dicha prefiguración y cuestionan los esencialismos que permean a cada institución. En el devenir del trabajo cotidiano se producen negociaciones, acuerdos, alianzas (Routier, 2021) y hasta se forjan vínculos de relativa confianza con agentes penitenciarios que contribuyen al desarrollo de proyectos educativos. Por su parte, el campo universitario en contextos de encierro también es heterogéneo; en él conviven diferentes agentes, prácticas y perspectivas (Molina, García, Gareffi y Moris, 2020), y no está exento de lógicas que pueden resultar excluyentes.

Entendemos que en la construcción tácticade estos diálogos se pone en juego una dimensión sustantiva del trabajo extensionista. Aquella que, en pos de garantizar la sostenibilidad del proyecto, tiene en cuenta los intereses y demandas de los actores con los que articula, sin desatender los objetivos político-pedagógicos propios. Este despliegue táctico –sus formas y posibilidades– queda sujeto a una multiplicidad de factores, que comprenden desde las condiciones materiales de la unidad, sector o espacio de trabajo, los dispositivos de asistencia y tratamiento que allí funcionen y las personas concretas que los lleven adelante, la presencia o no de otros agentes de la sociedad civil, el segmento poblacional con el que trabajemos, el perfil de la universidad involucrada y su trayectoria en materia de educación en contextos de encierro.

El caso particular que vamos a analizar en este texto es la experiencia de un taller de producción de podcasts que tuvo lugar en la Unidad Penitenciaria N. 15 (en adelante, UP15) del Servicio Penitenciario Bonaerense (en adelante, SPB), ubicada en la localidad de Batán (partido de General Pueyrredon, provincia de Buenos Aires) entre los años 2021-2023. Si bien comenzó como un taller autogestivo, hacia mediados del año 2022, se constituyó como un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), con el nombre de «Radio Ranchito. El ruido que hace la diferencia». En esta instancia, no abordaremos su dimensión educativa o comunicacional, sino que, en su lugar, nos interesa reflexionar sobre la experiencia del taller en el entramado carcelario de actores, espacios y burocracias, haciendo hincapié en su paso por dos escenarios específicos: el Centro Pastoral Universitario (en adelante, CPU) y el salón donde funciona el Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (en adelante, PIATJA) dependiente del SPB.

Un elemento diferencial respecto de experiencias educativas anteriores de las que hemos participado fue el trabajo con un segmento particular de la población: jóvenes de entre 18 y 21 años incluidos en el PIATJA. Este es un programa que instrumenta la especialización tratamental de los jóvenes, diferenciándolos del resto de los adultos privados de la libertad. Desde el primer ingreso al penal, su coordinadora técnica nos planteó que los jóvenes constituyen «una población difícil». Desde ya, consideramos que dicha «dificultad» no se explica por su carácter esencialmente problemático, y que su accionar no se puede comprender por fuera de sus condiciones de vida en el penal, ni de las dinámicas de grupo que se construyen en el marco del PIATJA.

En términos generales, los jóvenes privados de la libertad se encuentran en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad respecto de sus pares adultos al carecer de redes de apoyo y contención en el afuera, familias o parejas estables que «los sigan»,^[1] por lo que muchas veces recurren a diversas transacciones y prácticas ilegalizadas como formas de obtener bienes de consumo, dinero o drogas. A la vez, formar parte de estos intercambios los puede exponer a situaciones de abuso y de hostigamiento por parte de los adultos, ya sean presos o penitenciarios.^[2]

Pero también su representación como una población difícil se relaciona con las estrategias que despliegan para ser reconocidos. Por «estrategia» entendemos al complejo entramado de comportamientos en donde se juegan disposiciones de la estructura social y posibilidades de la elección individual (Tonkonoff, 2012). Una de las dimensiones estratégicas que toma relevancia a lo largo del análisis es la exaltación del «ser chorros» como un valor y, al mismo tiempo, la denostación de aquellos sujetos privados de su libertad por delitos contra la integridad sexual, entendidos como delitos deshonrosos. Si bien esta clasificación moral no es exclusiva de los jóvenes y forma parte de las jerarquías y «berretines» del ambiente social carcelario/delictivo (Cozzi, 2022), en este caso, se presenta como un componente significativo –cuando no determinante– de pertenencia grupal y de distinción entre ellos.

De este modo, los jóvenes participantes de Radio Ranchito no sólo compartían, en su mayoría, una misma causa penal –el robo–, sino también un conjunto de experiencias, características, significados, valores, expectativas y códigos comunes. Algunos de ellos, incluso se conocían de «la calle», vivían en el mismo barrio o en barrios vecinos de la ciudad de Mar del Plata, eran amigos o tenían amigos y allegados en común y, en ciertos casos, habían delinquido juntos. La presencia de estas «redes pre-carcelarias de interconocimiento» (Da Cunha, 2004, p. 34), en tanto constelaciones sociales, vecinales y de parentesco preconstituidas y extendidas a la vida intramuros, no sólo nos remite nuevamente a la figura porosa de la cárcel, sino que nos permite entender la reclusión de estos jóvenes como una continuidad –y no como una suspensión– de sus trayectorias personales (Ibid., 2004). A su vez, las propias dinámicas del PIATJA –desde la participación exclusiva de los jóvenes, el encontrarse diariamente para compartir los talleres, hasta los cuidados colectivos del salón– resignifican esos vínculos previos, favoreciendo la conformación de un sentido de pertenencia y de grupalidad.

Advertimos entonces que no es posible analizar la experiencia de Radio Ranchito en el espacio social carcelario sin tener en cuenta ciertas configuraciones identitarias del grupo de jóvenes: su inserción en el dispositivo del PIATJA, sus estrategias cotidianas, vivencias y redes de sociabilidad compartidas, sus prácticas y consumos culturales. Siguiendo a Hall (2003), entendemos que estas configuraciones no son homogéneas ni estables, sino «constituidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos» (Hall, 2003, p. 17). Se trata de construcciones situadas, contingentes y en movimiento, producidas en el cruce –el «punto de sutura»– entre, por un lado, los discursos y prácticas que buscan nombrar, interpelar y posicionar a los jóvenes dentro del espacio social carcelario y, por otro, los procesos de producción de subjetividades, a través de los cuales devienen en sujetos susceptibles de nombrarse. Como veremos, las identificaciones se construyen de manera relacional, en el marco de lógicas de diferenciación, a partir de las cuales se establecen fronteras entre un «nosotros» y aquellos que quedan definidos como «otros». Estos elementos son de nuestro interés en tanto han jugado un rol preponderante en el tipo de diálogos, negociaciones y tensiones surgidas con los actores.

2. Metodología

En cuanto a la dimensión metodológica, la construcción del campo sigue un modelo que hemos utilizado en investigaciones previas y remite, en última instancia, al modo en que iniciamos nuestra intervención en el ámbito penitenciario: facilitando talleres de educación y comunicación popular al interior de unidades penitenciarias dependientes del SPB. Entendemos que hacer trabajo de campo a través de un dispositivo educativo, en este caso, inscripto en un proyecto de extensión coordinado por las propias investigadoras, abre una pregunta en torno al distanciamiento –necesario y posible– respecto de la realidad estudiada: el entramado de actores, burocracias y conflictos carcelarios, del cual formamos parte en calidad de extensionistas. Esta superposición de roles y objetivos se traduce en un cúmulo de tensiones productivas a la hora del ingreso al campo, de construir diálogos, vínculos y afectividades con nuestros interlocutores, pero también de cara al análisis de las dinámicas institucionales que permean, afectan y, eventualmente, dificultan el desarrollo de nuestro proyecto educativo. Sin embargo, lejos de pretender aislar la instancia de producción de conocimiento de la experiencia encarnada en tanto extensionistas, optamos por hacer visible su solapamiento y, en todo caso, reflexionar sobre sus condicionamientos, posibilidades críticas y desafíos epistemológicos (Actis y Arens, 2022).

A lo largo del proceso de campo, hicimos explícita la dimensión investigativa de nuestro trabajo ante los distintos actores de la Unidad. El SPB fue notificado en la instancia de presentación del proyecto educativo y al adjuntar nuestros respectivos currículums. Para el caso de los varones privados de la libertad –ya sean jóvenes o adultos del CPU–, al inicio de cada ciclo de talleres nos presentamos como investigadoras provenientes de la Universidad y les contamos de nuestro interés sobre el universo carcelario-delictivo. Por su parte, los intercambios que fueron registrados con fines investigativos contaron con el consentimiento informado de los entrevistados y, en todos los casos, los nombres fueron modificados para preservar sus identidades.

Dado que en el contexto carcelario el término «investigación» suscita sospechas y desconfianza, al ser asociado inmediatamente a una práctica de inteligencia policial o periodística, esta conversación suponía desarrollar una explicación ampliada acerca de nuestra pertenencia institucional, las temáticas, enfoques y metodologías desde las cuales trabajamos, así como sobre los espacios de difusión de los resultados. Entendemos que, en el marco de pesquisas con enfoque etnográfico, los recelos y las posibles acusaciones hacia los investigadores deben interpretarse a la luz de los sentidos y conflictos que atraviesan al grupo estudiado (Zenobi, 2010). En nuestro caso, el término «investigación» tenía como efecto en nuestros interlocutores la actualización de experiencias persecutorias que reforzaban la condición de sujetos bajo sospecha y moralmente reprochables. En este sentido, este tipo de tensiones pueden resultar estimulantes para la indagación etnográfica acerca de las percepciones que los actores tienen de su propio mundo social.

Por otro lado, la dimensión política del trabajo extensionista, en este caso particular vinculada con un posicionamiento crítico sobre las instituciones penales y una cercanía con el ambiente de la militancia anticarcelaria, se tradujo en definiciones –y exclusiones– concretas en el proceso de investigación. Si bien sabemos que la neutralidad en la investigación no existe, explicitar este punto de mira, irreductiblemente parcial (Tiscornia, 2008), supone reconocer una forma específica de construir conocimiento y de involucrarnos en la red de relaciones que forman parte del campo. El vínculo de confianza y de empatía para con los jóvenes, producto de las relaciones pedagógicas y personales que se generan en el marco de un taller, pero también de su lectura como sujetos subalternos dentro del esquema de relaciones de poder en el penal, hizo que –de cara al análisis– pongamos en valor sus perspectivas y experiencias en los conflictos, priorizando dicha fuente por sobre otras.

A su vez, es posible señalar que el ingreso semanal, en el marco de un taller, permite la realización de observación participante de manera sostenida, durante un período largo de tiempo, sobre un fragmento de la cotidianeidad de la vida intramuros. Si bien dicho fragmento, en este caso, está mediado por los códigos de sociabilidad que regulan los espacios educativos dentro de un penal, nos acerca a la perspectiva de los actores, no sólo a través del relato que construyen de sí mismos y de sus experiencias carcelarias, sino de los modos en que se desenvuelven y se relacionan con otros varones, con los referentes educativos-universitarios y con el personal penitenciario.

Seguimos a Claudia Fonseca (2000) cuando retoma a Geertz (1989) para subrayar que la búsqueda de la antropología radica en recuperar la lógica informal de la vida cotidiana inscrita en el flujo de comportamientos. «Operaciones multiformes y fragmentarias, desprovistas de ideologías o de instituciones propias» (p. 7), pero que, asimismo, obedecen reglas y en las que es posible reconocer una coherencia interna. Tal es así que, a partir de las diversas interacciones, situaciones conversacionales y desplazamientos espaciales que ocurrieron durante el taller de podcasts, procuramos comprender el significado de ciertas prácticas, rutinas, lugares y eventos conflictivos, así como las formas creativas de adaptación y/o de impugnación a lógicas carcelarias por parte de los actores. A lo largo del análisis, describiremos algunas escenas etnográficas en donde entendemos que se cristalizan las tensiones entre ellos.

Por último, cabe mencionar un canal de diálogo que no habíamos considerado antes del ingreso al campo, y que rápidamente se consolidó como un activo territorio de interacción debido a nuestro rol como extensionistas: la comunicación a través de WhatsApp.^[3] Desde el inicio, esta forma de comunicación con diferentes actores del penal se convirtió en una herramienta central para resolver cuestiones operativas vinculadas al taller, así como en un medio para expresar mensajes de cariño, gratitud y un escenario de múltiples conflictos. En cuestión de semanas, nuestros celulares personales se llenaron de relatos, imágenes y sonidos de la cárcel. Sin duda, la comunicación por celular, con su inmediatez y cercanía y su ambivalente carácter informal/formal, amplió el tiempo y el espacio del taller, que ya no se limitaba a las tres horas semanales de presencialidad en el penal, sino que se expandía a la intimidad de los tiempos libres o de trabajo, con consultas, reclamos y conversaciones informales, permitiéndonos conocer otras dimensiones y posiciones enunciativas de los sujetos.

3. El taller en la trama burocrática y espacial de la UP15

La UP15 forma parte del Complejo Penitenciario Zona Este y está emplazada en la localidad de Batán, a 14 km del centro de la ciudad de Mar del Plata, en un predio que comparte con la Alcaidía Penitenciaria N. 44, la Unidad Penitenciaria N. 50 (que aloja mujeres cis) y el Centro Cerrado de Menores de Batán. El penal fue inaugurado en 1980; su diseño arquitectónico responde al modelo panóptico e incorpora los ejes del paradigma humanista al contener espacios e instrumentos modernos para la rehabilitación, como celdas individuales, talleres industriales, escuela, instalaciones deportivas, biblioteca, entre otros (Iñurrieta, 2023). Actualmente, conserva la estructura edilicia de ese entonces, dividida en dos sectores, uno de máxima y otro de mediana seguridad, con un total de 16 pabellones, todo en una misma planta. Si bien la unidad originalmente fue diseñada como unicelular, años después se agregaron camas cuchetas a las celdas, aumentando así la capacidad de encierro que pasó de 800 a 1.600 personas, la población actual.

La falta de mantenimiento y el estado crítico de la infraestructura del penal se puso definitivamente en escena en 2020, a cuatro décadas de su inauguración, con el derrumbe de un muro perimetral. Dos años después, se ordenó cautelarmente la prohibición de ingreso de nuevos detenidos dado el alto grado de hacinamiento y deterioro generalizado de la estructura y de sus condiciones de habitabilidad. Paredes agujereadas, vidrios rotos, conexiones eléctricas rudimentarias e inseguras, pisos levantados y la ausencia de calefacción son algunas de las deficiencias con las que nos encontrábamos semanalmente al ingresar al penal.

Pasada la crisis sanitaria ocasionada por el Covid19, cuando finalmente se levantaron las restricciones de acceso a las cárceles, presentamos nuestra propuesta a la Jefatura de la Unidad. Sin intervención de nuestra parte, el proyecto fue destinado al PIATJA. Se nos indicó que la participación del taller sería exclusiva para los jóvenes incluidos en dicho Programa y que su coordinadora, «Marina», una oficial del SPB, sería nuestra principal interlocutora.

En términos formales, el PIATJA hace hincapié en la necesidad de que las unidades penales adecúen tanto las condiciones de alojamiento, como la asistencia psicosocial, el vínculo con el grupo familiar referente y el abordaje asistencial de la población de jóvenes (Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, SPB, 2009). La participación de estos en el Programa no es automática, sino que, además de manifestar la voluntad de participar, deben pasar por una instancia de admisión antes de poder avanzar en las siguientes dos etapas que, en línea con el principio de la progresividad penal, presenta el tratamiento de reinserción como progresivo y unidireccional. Aquellos que pasan a la fase de tratamiento, pueden participar de los talleres y de otras instancias de formación con los que cuente el Programa (Ibid., 2009).

De esta manera, el taller se insertó en la oferta especializada de propuestas educativas y culturales del PIATJA. Cabe mencionar que, si bien los antecedentes del mismo se remontan al 2008 en la UP9 de la ciudad de La Plata, en el caso de la UP15 el Programa tal como lo conocimos comenzó a funcionar recién en 2021. De hecho, el taller de producción de podcasts fue una de las primeras propuestas que se ofrecieron a los jóvenes.

Durante ese primer tiempo, uno de los vectores centrales de conflicto en el funcionamiento del PIATJA era la falta de espacio físico dentro de la UP15. Hasta la actualidad, no existe un pabellón exclusivo para el Programa, sino que los jóvenes viven dispersos –fundamentalmente en pabellones de población común–. Durante el primer año y medio del taller, el PIATJA tampoco contaba con un espacio propio para el desarrollo de sus actividades; por ese motivo, su coordinadora debía negociar el lugar de trabajo tanto con las autoridades del penal como con, como veremos, proyectos/espacios coordinados por otros presos.

El afán por el espacio físico dentro de la unidad puede entenderse dentro de una «lógica de conquista y disputa territorial carcelaria» (Manchado, 2019), en la que participan tanto el personal del SPB como los proyectos autónomos. La pugna por habitar y ganar control sobre áreas específicas, ya sea para gestionar recursos o crear espacios propios, está vinculada con la búsqueda por ampliar o consolidar los territorios donde se ejerce algún tipo de autoridad o poder.

En este contexto, es relevante señalar que en la UP15 se inició el funcionamiento del PIATJA sin antes garantizar el espacio físico necesario para cumplir sus objetivos. En ese sentido, podemos argumentar que la mencionada disputa territorial se articula, a su vez, con la «dinámica de la urgencia» (Manchado y Routier, 2023). Las políticas públicas penitenciarias, al centrarse en la resolución de emergentes, descuidan la planificación de estrategias a mediano y largo plazo. Este enfoque en las acciones que inciden en la diagramación y dinámica de las prisiones obtiene como resultado «un significativo cúmulo de deficiencias materiales, y un precario diseño espacial y organizacional para el conjunto de actividades orientadas al tratamiento de la prisión legal» (Ibid, 2023, p. 140).

El análisis resulta particularmente acertado para el caso del PIATJA y, por extensión, afectó la dinámica del taller, que funcionó en dos espacios distintos: desde 2021 hasta fines de 2022, en el CPU y, luego, a partir de 2023, en un lugar «propio», ubicado en la antigua Sanidad. El cambio de lugar –que implicó la interacción con nuevos actores y pautas de convivencia– y el desplazamiento físico dentro de la Unidad supusieron una serie de desafíos, que pusieron en evidencia la superposición de territorios, jerarquías y moralidades en coexistencia dentro del penal.

3.a. Primer escenario: el centro pastoral universitario

Hasta fines del 2022, el taller funcionó semanalmente, los días martes, de 9 a 12 hs., en el CPU, dependiente de la Pastoral Carcelaria del Obispado de Mar del Plata. Si bien está a cargo del capellán de la Unidad, el CPU es coordinado por un grupo de varones privados de su libertad y, por ese motivo, se presenta a sí mismo como «una comunidad de internos organizados»^[4] que tiene como propósito ofrecer a toda la población de la Unidad una variedad de propuestas culturales, educativas, recreativas y religiosas.

A pesar de que en su nombre se menciona la palabra «universitario», cabe señalar que la presencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el CPU es, principalmente, a través de actividades y proyectos de extensión. A diferencia de muchas de las universidades nacionales de la Provincia de Buenos Aires, en la UNMdP no existe un programa, dirección o secretaría de educación en cárceles que centralice y garantice el acceso a este derecho en los penales del Complejo Penitenciario de Batán. Por ese motivo, las carreras que pueden cursarse –casi exclusivamente, Abogacía en la UP15– dependen de voluntades individuales y de la gestión de las facultades. Desde ya, y teniendo en cuenta los numerosos –y añosos– antecedentes en materia de educación universitaria en cárceles en nuestro país (Bixio, Mercado y Timmermann, 2016), los varones privados de su libertad en la UP15 están constantemente ensayando estrategias para lograr acceder a este derecho. En ese sentido, nuestra presencia en tanto integrantes de la universidad –extensionistas, investigadoras y, a su vez, docentes– generó, en primera instancia, un interés particular en los miembros del CPU.

Para comprender las tensiones que surgieron luego en ese espacio, es necesario situar dicho dispositivo dentro de un fenómeno particular: la gobernanza entre presos. Máximo Sozzo (2022) retoma el concepto de «gobernanza entre presos» [del inglés «inmate governance» (Darke, 2013 en Sozzo, 2022)] como una noción general que «identifica mecanismos en los que algunos prisioneros asumen roles de gobierno sobre otros, «conduciendo su conducta», actuando sobre sus márgenes de acción y ordenando sus posibles resultados» (Sozzo, 2022, p. 2). El autor aborda críticamente dos nociones, «auto-gobierno» y «co-gobierno», y las ubica en el marco de una dinámica conversación teórica entre el Sur y el Norte Global. La distinción entre ambos conceptos radica en el rol de los actores estatales en la construcción del orden carcelario^[5] (Ibid. 2022, p. 385). Más allá de la discusión sobre los límites para la aplicación de estas categorías a nuestro caso de estudio, nos parece importante situar al CPU en el seno de esta gran diversidad de experiencias de «gobernanza entre presos» y señalar que éstas deben ser comprendidas en el marco de una interacción que implica siempre distintos grados de colaboración y confrontación en relación con las autoridades y el personal penitenciario.

En términos contextuales, este fenómeno debe ubicarse, según Sozzo, en una coyuntura signada por el «giro punitivo» desde la década de 1990, junto con el deterioro y la creciente precariedad de la vida en las cárceles de nuestra región. En este escenario, caracterizado por el aumento de la población encarcelada, el autor señala una serie de elementos que permiten comprender la multiplicación de esquemas de «gobernanza entre presos»: la marcada disminución en la capacidad del Estado para controlar efectivamente la vida en prisión; el alto nivel de «informalidad» y los amplios márgenes de discrecionalidad que marcan las relaciones entre los funcionarios penitenciarios y los prisioneros, y que genera cierto grado de autonomía para las personas presas; y, por último, la convivencia forzada por el hacinamiento y el resultante «colectivismo» que estructura la vida de las personas privadas de su libertad. Lejos de pensar estas experiencias como una falla, un «fracaso estatal» propio de nuestra región, se insiste en la importancia de comprender estas formas de gobernanza como el resultado de ensamblajes complejos, en los que se articulan prácticas, normas y relaciones que involucran tanto a actores estatales como no estatales.

Por su parte, y en un ejercicio analítico que se sitúa en el ámbito nacional, Mauricio Manchado (2019) problematiza la concesión de «autonomías relativas y reguladas» en el gobierno de las cárceles contemporáneas. Según el autor, el orden carcelario se estructura a partir de la tensión entre la generación de autonomías relativas y la actualización de las asimetrías del poder carcelario, las cuales buscan restituir las autoridades suspendidas dentro del sistema. «El gobierno carcelario puede ser delegado, cooperado, dialogado, pero nunca dispensado sin la intervención finalista del servicio penitenciario» (Ibid, 2019, pp. 29-30). Esta dinámica implica que las personas privadas de su libertad puedan desarrollar ciertos grados de autonomía, lo que no sólo influye en la organización interna de los pabellones y en el despliegue de iniciativas –educativas, laborales, religiosas, deportivas, entre otras–, sino también en la manera en que se gestionan las relaciones sociales y la convivencia dentro del penal.

En repetidas conversaciones, los referentes del CPU definieron el espacio que coordinan como «autónomo del penal». Argumentaron dicha autonomía, principalmente, en la ausencia de personal de seguridad en su interior, en el hecho de que son los coordinadores quienes permiten o restringen el acceso al lugar y quienes organizan las actividades que se llevan a cabo. Cabe señalar que, a la ausencia de «asegurativos», se le contrapone la presencia cotidiana del personal del Área de Cultura de la Unidad, con quienes gestionan los permisos de ingreso al penal y otras cuestiones vinculadas con el desarrollo de las distintas iniciativas. Es decir, bajo la supervisión del capellán y en diálogo con «Cultura», este grupo de varones se encarga de planificar y resolver cualquier asunto relacionado con el uso del espacio.

Durante el tiempo que dimos el taller ahí, los integrantes de CPU se ocupaban del lugar de lunes a viernes, de 8 a 18 hs., es decir, de recuento a recuento.^[6] La posibilidad de transcurrir el día fuera del pabellón, en un espacio tranquilo y agradable, donde es posible estudiar o trabajar, representaba para ellos una oportunidad muy valiosa. Poseer las credenciales necesarias para moverse dentro del penal y, aún más, para formar parte de espacios y proyectos relativamente autónomos respecto a la gestión del SPB, influye de diversas maneras en la experiencia de la privación de la libertad, tanto en términos materiales como simbólicos. Uno de los efectos principales hace referencia a la posibilidad de «restituir ciertas certidumbres frente a las incertidumbres de la cárcel contemporánea» (Crewe, 2007 en Manchado, 2019, p. 22), brindando a los presos un sentido de estructura –aunque sea frágil– en un entorno que se caracteriza por la imprevisibilidad.

El CPU configura un espacio que no solo define un adentro y un afuera físico, sino que también propone lógicas distintas de relación, afectividades y compromisos. Sus referentes suelen enfatizar en la importancia del «respeto por el espacio», haciendo alusión no solo a la forma de habitar y utilizar las instalaciones, sino, fundamentalmente, a los modos de vincularse al interior de sus fronteras. La convivencia distanciada de las dinámicas pendencieras y violentas de la Unidad es, según ellos, lo que lo caracteriza.

Las complejidades que definen al CPU se manifestaron especialmente cuando surgieron roces y tensiones con el taller. Cabe señalar que, durante esta primera etapa –2021-2022–, el taller estuvo inscripto de manera simultánea en tres dispositivos: un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades de la UNMdP, que formaba parte de la oferta educativo-cultural del PIATJA y que funcionaba dentro de las fronteras territoriales del CPU y, por ende, debía ajustarse a sus pautas de convivencia. Esta «mamushka» de pertenencias institucionales, en el contexto del trabajo con jóvenes, implicó una serie de tensiones en el diálogo paralelo con actores diversos.

3.b. Las fronteras morales y la cuestión del honor

Por su notable contraste con el resto de la Unidad, el lugar ordenado, calefaccionado y bien equipado del CPU nos llamó la atención desde el primer ingreso. Se trata de un espacio amplio que cuenta con cuatro ambientes: un salón principal; un salón secundario con cocina integrada, desde donde se accede al baño; un espacio más chico, acondicionado como peluquería, que da a una oficina; y, finalmente, un patio con césped prolijamente cortado, una bignonia que da sombra sobre dos bancos, arbustos de formas redondeadas y otras plantas con flores.

El taller funcionaba en el salón principal, que contaba con mesas y bancos, una computadora conectada a una pantalla grande, wifi, equipos de sonido, un pizarrón, un calefactor y ventiladores. A su vez, solíamos grabar voces en la peluquería, aislados de los sonidos que pudieran interferir, y salir eventualmente a tomar mate, trabajar o fumar al patio. La posibilidad de desplazarnos en el espacio y tener aire libre resultó de vital importancia en términos pedagógicos para el desarrollo del taller, en tanto los jóvenes podían darle lugar a sus ganas contenidas de moverse. Mientras el taller se desarrollaba, separados por una pequeña puerta, los integrantes del CPU estudiaban en la cocina. Solíamos interrumpirlos para usar el baño o pedirles agua caliente para el mate.

Aunque construimos un grupo dispuesto a participar activamente del taller y el diálogo con Marina era bueno, a mediados de 2022, luego de un cambio de autoridades en el CPU, la relación con los nuevos coordinadores comenzó a tensarse. Si bien, tal como lo asentamos en nuestras relatorías, ya veníamos percibiendo cierta incomodidad, el punto de inflexión se dio con la acusación sobre el supuesto robo de elementos del espacio y el intento de forzar un candado por parte de los jóvenes. Más aún, los referentes del CPU señalaron que estas acciones ocurrieron en nuestra presencia, sin que interviniéramos para reprenderlas.

Hoy Gustavo estaba medio molesto con «nuestros pibes», por ende, un poco con nosotras, porque parece que el martes pasado sucedieron dos cosas. Primero, que un par de pibes, no sé quiénes, estuvieron tratando de abrir el candado de la oficina, y que vos estabas presente, en la peluquería, y no les dijiste nada. No sé quién del CPU vio esa secuencia y le botoneó a Gustavo. Y, segundo, los pibes se llevaron los dos platos de vidrio que nos prestaron para las galles [...] Palabras textuales, me dijo que, si no les poníamos un límite a los pibes, se iba a cortar el curso. (Conversación por WhatsApp entre las coordinadoras del taller, 18/07/2022)

El martes siguiente, Marina nos citó antes de comenzar el taller. Durante la conversación, hizo hincapié en que no había pruebas suficientes para culpar a los jóvenes por lo que se les acusaba, añadiendo que «es muy fácil culpar a los pibes» y que, dado que por el CPU circula mucha gente, «podría haber sido cualquiera». Asimismo, fue muy clara al afirmar que los referentes del CPU no tenían la potestad de interrumpir el taller, poniendo en acto un claro límite a la autonomía en la gestión del espacio.

Además, nos comentó que llevaba 16 años trabajando en el penal y, por ende, conocía desde ese entonces a Gustavo, el nuevo presidente del CPU: «Sé muy bien cómo es, es muy manipulador, sobre todo con las mujeres». Es decir, más allá de la superposición de burocracias en el presente, en la negociación sobre el uso del espacio también era significativa la larga duración de las relaciones interpersonales entre los varones privados de su libertad y el personal de la Unidad. Para reforzar su advertencia sobre el referente en cuestión y, a su vez, llamarnos la atención, Marina nos contó que, hacía algunas semanas, él le había mencionado que nosotras habíamos entrado una frazada al penal sin su autorización. Más allá de los múltiples motivos que podríamos vincular a la delación de Gustavo –proteger al CPU, perjudicar nuestra imagen para retirar el taller del espacio, etc.–, cabe destacar el intento de los referentes del CPU de utilizar su influencia sobre la gestión del SPB con el objetivo de hacer prevalecer su voluntad. De algún modo, esta escena pone en evidencia que el devenir de los talleres en contextos de encierro está irremediablemente ligado a las dinámicas del gobierno carcelario y, en este caso, al modo en que se negociaba la autonomía del CPU.

Por otro lado, el hecho de que la acusación contra los jóvenes sea por robo no es casual. Las tensiones entre los jóvenes participantes del taller y los referentes del CPU podrían abordarse a través de la dimensión social del honor. Haciendo una adaptación del planteo de Fonseca (2000) al ámbito carcelario, podemos decir que, en las cárceles –y luego de ellas–, la condena moral persigue al preso;^[7] el encierro, las carencias, las humillaciones y las violencias evocan y reactivan la supuesta inferioridad de las personas privadas de su libertad, «se trata de la construcción sistemática de esa «indeseabilidad» y de esa repugnancia «física y moral» (Segato, 2007, p. 150). Frente a esto, los sujetos adoptan diversas estrategias para enaltecer su imagen personal. Estas «estrategias de presentación de sí» no sólo son relevantes para manipular la imagen individual, sino, incluso más importante, para definir su posición en el espacio social (Bourdieu, 1988, p. 137), el lugar que cada preso ocupa en los «adentros y afueras del adentro carcelario» (Manchado, 2019).

En el caso de los integrantes del CPU, el prestigio se asocia con la autodisciplina, el trabajo/estudio –especialmente, la búsqueda constante de acceso a la educación universitaria– y la relativa autonomía que logran construir dentro de ese espacio. Los intentos por distanciarse de la cárcel no son sólo físicos, a través de las fronteras del CPU, sino también morales y simbólicos. Esto se refleja principalmente en el lenguaje, despojado de la jerga «tumbera» y evitando relatos que traigan a colación lo que ocurre en los pabellones o sobre sus experiencias y vínculos con el ambiente delictivo. De hecho, nos llamó la atención que eviten hablar de las causas penales por las cuales están detenidos. En una ocasión, uno de los jóvenes entró a la cocina y saludó diciendo: «¿Cómo anda la delincuencia?», recibiendo como respuesta un rotundo silencio como gesto de desaprobación. En esta línea, antes de las acusaciones de robo, las faltas recurrentes que los adultos señalaban en los jóvenes se referían a comportamientos no tolerados dentro del CPU, como, por ejemplo, «malgastar» el wifi con los celulares en lugar de prestar atención, que no pidan permiso para entrar y salir del espacio, escupir en el piso del patio o mostrar actitudes altaneras. «Francisco [uno de los referentes del CPU] dijo que le molestaban las faltas de respeto, como por ej. que pidan el agua para el mate haciendo chasquear los dedos. Dijo que él también tenía su orgullo» (Notas de campo). La actitud transgresora de los jóvenes puso en evidencia el carácter poroso de la frontera física y simbólica del CPU, ya que constantemente burlaban esta delimitación introduciendo lenguajes, lógicas, elementos y sustancias propias del universo carcelario.

En medio de la escalada de tensión con los referentes del CPU, se generó un pequeño revuelo en torno de dos pintadas: en una mesa, alguno de los jóvenes escribió «Pelado botón» [en referencia a Gustavo] y, en el baño, «Los del [Pabellón] 5 somos todos chorros». Más allá de la provocación, es interesante señalar, por un lado, que, dentro del esquema de valores de los jóvenes, la delación es considerada una falta muy grave, en la que los referentes del CPU incurrieron más de una vez durante nuestro paso por el espacio. Por otro lado, los jóvenes vanaglorian explícitamente el robo, un delito respetado por ellos, fuente de prestigio y, por eso, un tema de conversación recurrente en el marco del taller. En el extremo opuesto, el delito más deshonroso es el abuso sexual, especialmente si las víctimas son niños. Este esquema de valores marcó la relación con los integrantes del CPU, la mayoría de ellos purgando condenas largas. Si bien sólo uno de ellos deslizó, muy al pasar, en una conversación personal, que su causa estaba vinculada con un abuso, esa acusación recaía sobre este grupo de adultos y circulaba como un rumor entre los jóvenes. Es extensa la bibliografía en antropología sobre el chisme, en nuestro caso, retomamos a Fonseca (2000) cuando plantea que «atacar a través de los chismes [...] es atentar contra lo más íntimo del individuo, la imagen que él tiene de sí mismo. Es como si las palabras que alcanzan la imagen pública de una persona tuviesen la fuerza mágica de herirla físicamente» (Ibid, 2000, p. 24). En este sentido, podemos pensar al rumor como un modo de socavar el honor de los integrantes del CPU que, en relación con los jóvenes, se encontraban en una posición jerarquizada que les permitía el acceso a mayores recursos simbólicos y materiales dentro del penal.

La actitud de desprecio hacia al delito del abuso, que era nombrada entre los jóvenes como un «berretín anti-violín», estuvo presente tensionando tanto la relación con los referentes del CPU, como hacia dentro del propio grupo. Uno de los jóvenes, el único que estaba privado de su libertad por abuso, luego de más de un año de participar del taller, decidió dejar el PIATJA. La explicación de los motivos de su decisión resulta ilustrativa del argumento que buscamos sostener.

Yo estoy bien. Era algo que ya venía juntando yo…un problema… Lo que pasa en el taller de podcast, como también en los de Marina, siempre se la pasan hablando de causas, que éste está por tantos años, que éste está por esto, que éste está por lo otro… Se creen los mejores porque están por robo, como idealizados. Y no me va, ¿entendés? Cuando dieron la manta el Franco dijo «No, porque éste está con 15 años y éste está con 8». Y después me decían a mí «Éste está con perpetua»... Y no. Ya para hablar de causas me quedo en el pabellón que no le paso cabida.^[8] Para escuchar todo el tiempo de causas y de años me quedo en el pabellón. No tengo ganas de andar con broncas ni discutir, porque para eso hubiera discutido ahí y tampoco iba a arruinar el día. Marina me conoce que desde el tiempo que estoy con ella [que participa del PIATJA], nunca fui problemático ni nada. Así que yo le dije que no me venga a buscar acá a la reja, tampoco me mande a buscar con un oficial ni para entrevistarme ni nada. Yo también le dije que ni se moleste en decirle a los pibes que se dejen de joder con esto de pre-juzgar o juzgar, porque es como decirle a un nene «No lo hagas más» y después lo van a terminar haciendo. Realmente lo lamento porque yo me sentía re cómodo, pero ya venía hacía un par de clases aguantándome. En vez de decirte «Nico» te dicen «Che, chorro» o «Ladrón». Y nada, no me siento cómodo, sinceramente. (Conversación por WhatsApp, 13/07/2022)

Nicolás decidió abandonar el PIATJA porque, en sus palabras, lo incomodaban las recurrentes menciones al robo, que, desde su experiencia, traían las conversaciones del pabellón al espacio del taller. Aunque no se menciona explícitamente, el abuso está presente como el revés del robo. Parecería que, en un espacio educativo —y religioso— como el CPU, donde se valoran las habilidades vinculadas con el estudio, el trabajo y, en términos más amplios, la autodisciplina, sería esperable que los «berretines tumberos» quedaran en suspenso. La disonancia de estos valores asociados al prestigio resulta una posible lectura para comprender las tensiones que atravesaron de manera transversal el taller durante su paso por el CPU.

3.c. Segundo escenario: el Salón del PIATJA en la antigua sanidad

Simultáneamente al conflicto con el CPU, Marina, quien había estado buscando un espacio físico para el funcionamiento del programa, logró que le asignaran una oficina y un salón en la antigua Sanidad del penal. De este modo, dimos el último taller del ciclo 2022 en el CPU, en medio de conversaciones cruzadas y reiteradas revisiones de los acuerdos de convivencia, y celebramos el acto de fin de año inaugurando el salón. El año siguiente, comenzamos directamente en el nuevo espacio.

El movimiento fue posible gracias a la apertura de un hospital modular en la Unidad en el contexto de la pandemia del Covid19, dejando vacantes para otros usos las instalaciones de la antigua Sanidad. Se trata de un sector amplio que, al momento de su inauguración, en 1980, contaba con capacidad para 25 camas y diversas dependencias internas, como farmacia, laboratorio, sala de rayos X y sala de internación (Iñurrieta, 2023). Cuando nosotras lo conocimos, a fines de 2022, las salas aún conservaban los carteles que durante 40 años identificaron el uso de cada espacio, quedaban restos de máquinas enormes y el sector de aislamiento para infectocontagiosos seguía en funcionamiento.

Al PIATJA se le concedió el permiso de uso de una pequeña habitación, donde se montó la oficina en la que se realizan las entrevistas individuales y otras tareas administrativas a cargo del personal del Programa. Además, se le destinó una sala espaciosa que llamamos «salón», donde se dan los talleres y se llevan a cabo otras actividades grupales. Éste se instaló en lo que antes era la sala quirúrgica y conserva las marcas de su antiguo uso: las paredes completamente revestidas de azulejos blancos y una enorme lámpara quirúrgica colgando del centro del techo. A diferencia del espacio en el que trabajábamos antes, el salón no cuenta con salida al patio, sino que tiene dos ventanitas a las que los jóvenes se acercaban cuando querían fumar. Durante el tiempo que duró el taller, el espacio contaba únicamente con un pizarrón, una mesa grande y cuatro bancos distribuidos a su alrededor. Es decir, el cambio de lugar de trabajo implicó una disminución de los recursos y materiales de los que disponíamos.

Además, supuso un desplazamiento físico dentro de la Unidad. El CPU está ubicado cerca del ingreso al penal, se llega por un pasillo que sólo da acceso al CPU y a un patio que se usa para visita, lo que le confiere cierta independencia respecto a los movimientos y conflictos cotidianos. Por el contrario, el salón del PIATJA, es decir, la antigua Sanidad, se encuentra en el corazón del penal, dentro del sector en el que se ubican los pabellones de máxima seguridad. Por este motivo, hay una circulación constante de oficiales y de varones privados de su libertad. A su vez, a ambos lados del salón hay espacios de detención. A la izquierda, junto a la reja de acceso, se encuentra una «leonera»;^[9] a la derecha, está el sector de aislamiento para infectocontagiosos y una celda que se utiliza como «buzón».^[10] Así, más allá de cruzarnos con personas, constantemente se colaban en el salón ruidos propios de dichos movimientos, como el sonido de los candados, las rejas, música, conversaciones y gritos. De esta manera, el espacio de trabajo estaba en constante interacción con los movimientos dentro del penal, lo que hacía que los jóvenes estén atentos a lo que sucedía por fuera del taller y, por ende, se dispersaran más fácilmente.

De cara a la realización de los podcasts, luego de intentar sin éxito aislarnos sonoramente, decidimos de manera colectiva incorporar esos ruidos a nuestras producciones. De hecho, utilizamos técnicas y equipos especiales para grabarlos y resignificarlos como hechos sonoros en sí mismos, ya que nos permitían comunicar de otra manera las particularidades del espacio carcelario. Así, el cambio del lugar de trabajo implicó también una transformación en la sonoridad de nuestras producciones.

3.d. La escalada de conflictividad y el desenlace del taller

A pesar de que, en términos de espacio, equipamiento y condiciones de trabajo, el nuevo lugar estaba en franca desventaja respecto al CPU, el traslado al salón del PIATJA fue recibido con mucha alegría por parte de los jóvenes ya que representaba una forma de ganar autonomía e intimidad. Sentían que era «su»lugar, un espacio propio para el desarrollo de sus actividades. La mudanza supuso no sólo lidiar con nuevas tensiones, sino que también implicó un aumento en los umbrales de conflictividad y una penetración de las lógicas «tumberas». A continuación, transcribimos un fragmento de nuestras notas de campo sobre una escena que ilustra esta mayor permeabilidad del taller a los conflictos carcelarios.

En un momento pregunté si ya habían terminado. No me dieron mucha bola, así que empecé a preguntar uno por uno. Cuando llegué a Ari, me dijo que no había escrito nada. Estaba ansioso. Me contó que esa mañana había tenido problemas con un compañero en el pabellón. (...) Cerca de las 11:30, cuando volvía del baño, escuché gritos y vi a dos guardias criqueando^[11] a un hombre en el pasillo. Gritaban: «¡ENGOMEN, ENGOMEN!». Me apuré a llegar y entré al salón del PIATJA. Atrás mío aparecieron otros dos encargados y entraron bruscamente al salón. En ese momento, adentro también estaba Marina, que no intervino. Escuché a Ariel decirles a los oficiales: «¿Ahora?, ¿acá?», o algo así. Lo criquearon en el piso, frente a todo el grupo, y se lo llevaron. Nunca antes había pasado algo así. (Notas de campo, 17/08/2023)

El episodio ocurrió pocos minutos después de que Ariel saliera del salón y agrediera a un hombre que se dirigía al hospital modular, escoltado por personal de seguridad. Luego de ese altercado, tuvo lugar la escena relatada en las notas de campo. La secuencia de acontecimientos fue la siguiente: Ariel tuvo un conflicto con un compañero de pabellón; más tarde, lo reconoció esperando en la leonera para ser escoltado hacia Sanidad; cuando finalmente lo vio avanzar por el pasillo junto a los guardias, se acercó y lo golpeó. Los penitenciarios intervinieron de inmediato, criquearon al agredido y, poco después, otros dos oficiales ingresaron bruscamente al salón del PIATJA para llevarse a Ariel.

Según sus compañeros, «el corrido» había sido Ariel no sólo por iniciar el hecho de violencia en el marco del taller, sino por haber utilizado el salón como «refugio». El significado nativo de «refugiarse» hace referencia a la acción de vivir temporalmente en un sector específico del penal como un modo de resguardarse frente a la violencia potencial de otros presos. Ahora bien, la metáfora del taller como un refugio da cuenta del estatuto ambiguo de Radio Ranchito; por un lado, su representación como un lugar seguro y familiar, por el otro, un territorio atravesado por los manejos, los códigos, los lenguajes y los «bondis» de la cárcel. En términos de Daniel Míguez (2008), se podría decir que la «reciprocidad negativa» característica de las relaciones sociales intra-carcelarias, aquella que refiere a los intercambios –materiales y simbólicos– cuya finalidad es el beneficio personal, se colaba en un espacio que buscaba generar «reciprocidades positivas», es decir, intercambios que apuesten al respeto mutuo y resulten beneficiosos para la individualidad de cada joven, pero también para el conjunto.

A su vez, la escena de un grupo de oficiales ingresando violentamente a un espacio educativo, en presencia de civiles, refleja la priorización de la función asegurativa de la cárcel por sobre la tratamental, y el rol secundario del PIATJA, en particular de Marina, cuya figura al momento de la detención de Ariel fue directamente desestimada por los oficiales. Como plantea Manchado (2019), la accesibilidad a los diferentes sectores de una unidad, el respeto por sus límites territoriales y sus regulaciones internas, por ende, sus márgenes de autonomía, dependen de la posición de poder que ocupen sus referentes hacia dentro y/o fuera del penal. En este caso, consideramos que la posición de fragilidad de Marina se vincula con el hecho de coordinar un programa desjerarquizado dentro el penal –sin lugar propio, con escaso personal–, desconocido por algunos encargados y destinado a una población «conflictiva», estigmatizada. Pero también, como suele suceder con los programas tratamentales, por haber establecido un vínculo de cercanía con la población destinataria.

Según Natalia Ojeda (2013a), en el espacio carcelario las jerarquías se estructuran a partir de las relaciones de parentesco-afinidad, y una condición fundamental para demostrar lealtad hacia «la familia penitenciaria» es mantener distancia con los/as presos/as. Ese «otro abyecto» que representa el sujeto detenido no sólo debe ser castigado, sino también mantenido a distancia (Ibid., 2013a). A su vez, la cercanía entre presos y penitenciarios suele ser más común cuando se trata de encargados/as de áreas técnicas y asistenciales que, por lo general, son mujeres. «Presera» es la noción nativa para identificar a estas profesionales y también a otras agentes penitenciarias que mantienen trato fluido con los/as detenidos/as (Ojeda, 2013a).

Entre Marina y los jóvenes podían advertirse ciertas dinámicas de protección –mutua–. Ella estaba interiorizada en sus historias personales/familiares, en el estado de sus causas penales, en si habían recibido visita o no; de vez en cuando les llevaba mercadería y solía participar de los festejos de cumpleaños de los chicos en el contexto de nuestro taller. Si bien algunas de estas prácticas formaban parte de su rol de coordinación, también notábamos un compromiso extra hacia la situación de los jóvenes, la construcción de afectividades y de vínculos de familiaridad generados por la misma lógica cotidiana del PIATJA. Para sorpresa nuestra, y a contrapelo de la inercia institucional, durante la primera etapa del proyecto, solía acompañar las distintas iniciativas del taller (capacitaciones, charlas, nuevas incorporaciones) gestionando los avales y las autorizaciones necesarias para su concreción. «Soy una rebelde», se definió a sí misma, entre risas, una vez que le preguntamos por un cuadrito con la fotografía del Che Guevara colgado en su nueva oficina.

Su vínculo de confianza para con los jóvenes –y para con nosotras–, y, en consecuencia, el distanciamiento respecto de lo que se espera de un penitenciario, constituyen algunas claves para comprender y contextualizar la irrupción del personal de seguridad dentro del salón del PIATJA.

Por último, entendemos que la presencia constante de Marina y su cercanía con los jóvenes configuró, por un lado, una forma de mantener a raya a una población considerada «difícil». Su afecto y saber sobre los jóvenes se convirtieron en un capital para ella a la hora de resolver los conflictos del grupo y, en este sentido, de contribuir al sostenimiento del orden social de la cárcel, el cual no sólo se mantiene sobre la base de la represión y la prohibición, sino también sobre las afectividades y afinidades que se ponen en juego en la construcción diaria (Ojeda, 2013b). Por el otro, se tradujo en una lógica adicional de control sobre lo que sucedía puertas adentro del taller, los temas que conversábamos y los contenidos de los podcasts. Desde el inicio, nos pidió escuchar las producciones como condición para su publicación y, en una ocasión, nos señaló que debíamos editar el fragmento de un episodio en el que los jóvenes mencionaban el uso que hacen de las redes sociales dentro de la Unidad. Más aún, después de algunos intercambios con Marina, dedujimos que uno de los jóvenes, asignado informalmente por ella como «delegado» del PIATJA, era quien le reportaba lo que ocurría en el marco del taller. En esta línea, solíamos tener en cuenta la revisión de nuestras producciones al decidir qué temáticas abordar y, luego, ajustábamos los recaudos sobre ciertos temas de conversación.

Finalmente, en el mes de octubre del año 2023, en un contexto de creciente tensión, pero también de malestar entre Marina y las autoridades del penal, nos comunicó la no renovación de los avales para la continuidad del taller en el ciclo 2024. En esa ocasión, nos planteó críticas a las temáticas/enfoques de las producciones, alegando que los jóvenes «necesitaban paz» y que teníamos que abordar cuestiones «más positivas», es decir, no hablar tanto de la cárcel y del delito. De este modo, el desenlace inesperado de Radio Ranchito puso en escena, una vez más, el terreno siempre inestable sobre el que se despliegan los proyectos de extensión en cárceles. Pero también nos permitió resignificar las lógicas de cuidado/protección como lógicas de control, más sutiles que las del CPU, basadas en la presencia estrecha y «amigable» de un actor del SPB.

4. Conclusiones

El solapamiento de actores, burocracias y espacios constituye una condición estructural de las cárceles contemporáneas con la que debe lidiar todo trabajo de extensión en este ámbito. Entendemos que el proyecto de Radio Ranchito, por sus características particulares, se vio atravesado por un mayor nivel de conflictividad respecto de experiencias educativas anteriores de las que hemos participado.

En primer lugar, reconocemos su inserción en una «mamushka» de pertenencias institucionales –UNMdP, CPU, PIATJA– como un primer elemento de conflictividad y un motivo de desconfianza para los actores del penal. Mediante el registro etnográfico, hemos intentado mostrar la complejidad de este tipo de diálogos y articulaciones entre sujetos con diferentes inscripciones, trayectorias y perfiles institucionales, de cara a la ejecución de un proyecto de extensión. Pero también, dar cuenta de los roces y malestares del orden de las relaciones sociales e interpersonales de más larga temporalidad dentro de la cárcel y sus efectos en el devenir del proyecto. Concretamente, la relación del taller con el PIATJA, tal como fue interpretada por los coordinadores del CPU, llevó a que se nos percibiera como figuras sospechosas y encubridoras del accionar de los jóvenes. Por su parte, el vínculo con Marina también estuvo mediado por la desconfianza mutua, lo que no sólo derivó en su exclusión como una posible informante para el proceso de investigación, sino que terminó afectando el proyecto de extensión y contribuyendo a su precipitado desenlace. A su vez, nuestra doble pertenencia en tanto extensionistas/investigadoras suscitó inicialmente una desconfianza vinculada con los sentidos nativos que adquiere el término «investigación». En línea con Zenobi (2010), entendemos que dichas tensiones, diferencias y hasta conflictos surgidos en la construcción de relaciones sociales con los miembros de los grupos que pretendemos conocer, lejos de constituir obstáculos para el trabajo etnográfico, se vuelven centrales para la producción de conocimiento antropológico sobre la vida social de la cárcel.

Una dimensión que adquirió especial relevancia para el análisis fue la espacial, en tanto en ella se cristalizan las jerarquías de la vida carcelaria. El respeto por los límites físicos de cada espacio o sector es un hecho significativo en tanto da cuenta de las posiciones sociales de sus referentes y de los márgenes de autonomía concedidos por la administración penitenciaria. En este sentido, es posible plantear una paradoja en el hecho de que el sector donde funciona el CPU, administrado por un grupo de presos, parece gozar de mayor autonomía, valoración y respeto hacia dentro del penal que el salón del PIATJA, destinado a un programa orgánico del SPB. Los eventos conflictivos que tuvieron lugar en el escenario del CPU no involucraron al servicio penitenciario, sino que surgieron a partir de tensiones internas, vinculadas con el uso del espacio, principalmente entre los referentes del lugar y los jóvenes. Contrariamente, en el escenario del PIATJA, la irrupción violenta por parte de dos agentes penitenciarios puso en evidencia la fragilidad de sus fronteras y, por ende, de su coordinación. A juzgar por la escena que describimos, y más allá de su encuadre formal como espacio educativo, el salón del PIATJA representaba un lugar en configuración y disputa de sentidos, alcanzado por los conflictos de los pabellones y las tensiones entre penitenciarios/as. En cuanto a su uso interno, lejos de constituir un problema, devino en una variable que contribuyó a generar comodidad y sentido de pertenencia al taller. De hecho, dado que se trataba de unlugar que los jóvenes sentían como propio, motorizaron determinados acuerdos y prácticas de cuidado, como ordenar y limpiar colectivamente las instalaciones al finalizar cada actividad, designar a un encargado para abrir y cerrar el lugar o decorar las paredes con carteles y banderas. De este modo, lo que señalamos como un criterio paradojal nos remite a los modos de administración del espacio carcelario en los pliegues de la dicotomía formal/informal (Telles, 2009) y a la importancia de las prácticas, sentidos y relaciones que los actores construyen en el transcurso de la vida diaria.

En segundo lugar, la participación exclusiva de los jóvenes del PIATJA también constituyó un elemento de conflictividad, no sólo por la mala reputación atribuida a este grupo en el marco del penal, sino también por las posiciones activas que ocupan dentro de las relaciones sociales carcelarias, esto es, desplegando estrategias de construcción de prestigio y reconocimiento, pero también de resistencia frente a la autoridad de ciertos adultos.

La exaltación del «ser chorros» como un valor, además de representar una forma de inscribirse identitariamente frente a otros jóvenes, en el ámbito del CPU, significaba una transgresión a las normas, los códigos y la moralidad que se promovía desde la coordinación del lugar y que buscaba regular las relaciones sociales hacia dentro de sus fronteras. Asimismo, los jóvenes cuestionaban y desautorizaban a los referentes del CPU sustentándose en el rumor de que estaban detenidos por causas «deshonrosas» asociadas con el abuso sexual. Frente a esta disonancia de valores, los adultos del CPU –al tener vedado el uso de la fuerza física como un recurso para imponer su voluntad– pusieron en marcha prácticas suplementarias de vigilancia sobre el taller como, por ejemplo, estar presentes durante los encuentros o delatar conductas de los jóvenes y del equipo de coordinación ante las autoridades penitenciarias, que, desde ya, tensaron aún más los vínculos institucionales.

En cuanto al PIATJA, si bien los jóvenes respetaban los acuerdos de convivencia hacia dentro del salón, la cercanía física con los movimientos del penal hacía que estén atentos a lo que sucedía por fuera, que se dispersaran fácilmente y que los conflictos, las lógicas y las reciprocidades de los pabellones «penetraran» en el espacio del taller. Frente a esta situación, Marina, inicialmente una figura aliada, desplegó ciertas dinámicas de protección-control hacia los jóvenes, que condicionaron altamente la propuesta educativa. Una de sus prácticas más evidentes fue la supervisión temática de nuestras producciones en tanto, según ella, abordaban cuestiones demasiado centradas en la cárcel y el delito. Desde la coordinación del taller, lejos de censurar estas experiencias o de moralizar las estrategias de construcción identitaria de los jóvenes, intentábamos incluirlas y articularlas a las reflexiones que daban lugar a nuestros podcasts.

En contextos de encierro es habitual el uso de la metáfora del «paréntesis» para describir a los talleres de educación popular (Actis y Arens, 2022). Esta figura los representa como lugares de resistencia frente a los efectos de-subjetivantes del sistema carcelario, pero también frente a otros silencios, violencias y vulneraciones de derechos que recorren las trayectorias de los sujetos antes de entrar a una cárcel (Ibid., p. 139). Incluso, hay estudiantes privados de la libertad que los han llegado a definir como parte del afuera de la cárcel, como un modo de estar en «la calle». No sólo por la presencia de civiles, sino por el tipo de rutinas, valores y sociabilidades que allí se construyen, bien diferentes de las que rigen en los pabellones, o sea, en «la cárcel». Sin embargo, las dificultades para delimitar el afuera/adentro del taller de Radio Ranchito –o para «cerrar el paréntesis»–, pone en tensión esta metáfora, nos plantea un dilema en torno a los márgenes posibles –y deseables– de autonomía de los proyectos de extensión en cárceles y, desde ya, nos permite seguir pensando los múltiples significados del espacio carcelario y de sus fronteras.

Referencias

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Notas