Introducción

Tras la salida de la última dictadura argentina, una de las principales tareas a la que se abocaron los sindicatos fue la de recuperar su actividad interna con la intención de reinstitucionalizar y relegitimar sus instancias de funcionamiento. El conocido proceso de ‘normalización sindical’ significó debatir y elaborar programas sindicales, reconstruir cuerpos de delegados, organizar listas y/o corrientes internas locales, regionales y nacionales, realizar elecciones y consecuentemente validar nuevas direcciones sindicales, entre las principales tareas. Si bien este proceso lejos estuvo de ser homogéneo, con numerosos casos donde la dirigencia que colaboró con la dictadura se reubicó exitosamente en el nuevo escenario, lo cierto es que implicó una intensa actividad de reagrupamiento de militantes y conformación de listas para competir.

Incipientes producciones académicas en el ámbito nacional relevaron a los clásicos estudios de época (Guadio y Domeniconi, 1986; Portantiero y Nun, 1987; Pozzi, 1988) y se ocuparon principalmente de ponderar los efectos de la represión dictatorial en los sindicatos o de caracterizar la dinámica huelguística durante los primeros años de la transición (Zorzoli y Massano, 2021). De igual modo, ampliando los escasos escritos regionales sobre los años ‘80, el sindicalismo cordobés comenzó a ser estudiado en relación a los procesos de normalización sindical y la conformación de redes militantes por medio de las cuales se reorganizaron algunos gremios (Aiziczon, 2021; Gordillo, 2017; Rodriguez, 2015; Roland, 2019; Sapp, 2019).

Dentro de ese universo, hemos realizado las primeras aproximaciones al caso de los trabajadores gráficos agremiados en la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (en adelante, UOGC). En ese sentido, recuperamos las principales demandas de los obreros en los espacios de trabajo a través de la figura de los inspectores de la cartera laboral provincial (Gerbaldo, 2021). A su vez, reconstruimos la dinámica sindical postulando que su estrategia, luego de normalizar sus actividades (1984-1986), se dirigió a la recuperación de la obra social como objetivo primordial. Observamos que esto obedeció al cierre de expectativas en el plano regional respecto de un proyecto de unidad político sindical (al cual se volcó inicialmente la dirigencia gráfica) y que, una vez truncado, generó las condiciones para reorientar sus energías hacia dicho fin que, entre otras aspectos, garantizaba autonomía política y económica (Aiziczon, 2022). Con relación a esto último, en el presente artículo exploraremos sobre una trayectoria sindical que, tras varios años de conflictos entre el gremio cordobés y la federación a la que estaba adherido el sindicato gráfico local –Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (en adelante, FATIDA)– confluyeron inesperadamente demandas sindicales con los objetivos de las políticas laborales nacionales y locales, más específicamente en relación al formato que adquirió la negociación colectiva.

En efecto, hacia el final de la llamada “transición a la democracia”, la negociación colectiva se reinstitucionalizó en Argentina durante 1988 con la sanción de las leyes de asociaciones sindicales (Nº 23.551) y de convenciones colectivas de trabajo (Nº 23.545). Contemporánea al período fundacional del peronismo y asociada por los trabajadores a su impronta en materia de derechos laborales, es menester recordar que el modelo argentino de negociación colectiva se construyó sobre la base de cuatro pilares básicos. En primer lugar, su centralización en grandes unidades de negociación concentradas en los diversos sectores de la economía. En segundo lugar, el protagonismo asumido por los sindicatos mayoritarios de cada rama de actividad económica que detentan con exclusividad el derecho a negociar colectivamente. En tercer lugar, la extensión o cobertura amplia de los contenidos pactados sobre el conjunto de los trabajadores del sector, con independencia de su afiliación sindical. Por último, la vigencia por tiempo indeterminado de las cláusulas pactadas, conocida como ultraactividad (Novick y Trajtemberg, 2000).

Como es sabido, los continuos golpes de Estado desplegados desde mediados del siglo XX buscaron deteriorar el poder sindical. A su vez, el contexto económico adverso hizo lo suyo limitando el pleno funcionamiento de los convenios colectivos de trabajo (en adelante, CCT), constatándose momentos relativamente breves en los que tuvo plena operatividad (Bunel, 1991). Hacia fines de los años ‘80 del siglo pasado, ya en democracia, el Estado retomó su papel regulador de las relaciones laborales y reinstaló la negociación colectiva bajo los parámetros generales con los que se institucionalizó en 1953.

No obstante, desde la gestión de Raúl Alfonsín existieron numerosos intentos por modificar el esquema de relaciones laborales. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo de la Nación (en adelante, MTN) presentó en 1986 un ambicioso paquete de reformas, denominado “Caro Figueroa” (por el nombre de su secretario de trabajo) que pretendía, entre otras cuestiones, aplicar un modelo de descentralización de la negociación colectiva. En este marco, la provincia de Córdoba constituyó en 1985 su Ministerio de Trabajo (en adelante, MTP) que tenía entre sus principales funciones la de “intervenir en la celebración de los convenios colectivos, homologarlos y registrarlos”.[1]

Ahora bien, la descentralización de la negociación colectiva no ha sido un tópico suficientemente analizado por la academia local pese a las lecturas tempranas que tuvo (Feldman, 1991). Al respecto, Slodky (1988) reconoció como una virtud del proyecto Caro Figueroa la posibilidad de que el estado regule la articulación de los niveles de contratación en virtud al reconocimiento de negociaciones “informales” o a nivel de empresa que ocurrían principalmente en las provincias. El proyecto oficial establecía un acuerdo-marco nacional que permitía la articulación con menores niveles de negociación siempre y cuando fuera solicitado por los propios sindicatos.

Recién años más tarde, la temática cobró nuevo impulso en el marco de los debates en torno a la “revitalización” sindical” (Etchemendy y Collier, 2007; Atzeni y Ghigliani, 2008; entre otros). Alrededor de estas discusiones existió el supuesto de que la negociación centralizada fortalecía a los sindicatos en la fijación de salarios y condiciones de trabajo. De acuerdo a esta lectura, los años noventa fueron observados como un período de debilitamiento del poder sindical debido a la menor presencia de este tipo de acuerdos y al incremento de negociaciones por empresa. En este marco, la literatura evaluó el alcance, características y dinámica general de la descentralización en los años noventa (Marshall y Perelman, 2002; Marticorena, 2014; Novick y Trajtemberg, 2000; entre otros). En lo que respecta a la provincia de Córdoba, algunos estudios se encargaron de señalar el impulso estatal hacia este tipo de negociaciones (Arese, 2006; Natalicchio, 2006). Sin embargo, aún resta por conocer la historización de este proceso, especialmente en espacios subnacionales.

Como adelantamos en párrafos previos, el presente escrito tiene como objetivo general indagar la descentralización de la negociación colectiva en la provincia de Córdoba a través del caso de la UOGC. Particularmente, abordamos la trayectoria del sindicato en camino de ser firmantes de convenio, que le permitirá a posteriori acceder al manejo de su obra social. Atravesando un complejo trayecto, y desde inicios de los años ‘80, los trabajadores gráficos también experimentaron los efectos del cambio tecnológico en la industria que implicó, por un lado, la reducción de personal, y por otro, la necesidad de capacitación de los trabajadores. En este escenario, donde se superponen necesidades laborales, asistenciales y tecnológicas con políticas desplegadas desde el Estado, observamos que la UOGC fue una de las primeras organizaciones sindicales que realizó negociaciones a nivel local en el MTP.

La posición que ocupaba la UOGC dentro del campo sindical cordobés[2] obedeció a su larga trayectoria y tradición política que se remonta a fines del siglo XIX, que atravesó el Cordobazo y resurgió con la restauración de la democracia. A la inversa, su menor peso estratégico en la industria local obró como limitante del poder de fuego sindical frente al Estado y las patronales gráficas, cuestión que no obstaculizó su estrategia ni condicionó su resultado final. De allí se desprenden dos objetivos específicos. Por un lado, caracterizar a la UOGC en el campo sindical local, enfatizando su dinámica interna, y dando cuenta del modo en que logró delinear sus objetivos en función del cambiante escenario político. Por otro lado, identificaremos el trazado de vínculos del sindicato con la cartera de trabajo local que posibilitó alcanzar el objetivo de ser firmantes de convenio y recuperar la obra social.

Nuestra hipótesis considera que la búsqueda de la UOGC de ser firmantes de convenio se construyó como una estrategia sindical a posteriori, en un doble sentido. Por un lado, la obtención del manejo de recursos le permitió al sindicato gozar de mayores cuotas de autonomía económica desplegando una batería de servicios y prestaciones a sus afiliados. Por otro lado, la adquisición de ese capital le permitió al sindicato un reposicionamiento tanto dentro del campo sindical cordobés como al interior de la actividad gráfica en relación a la Federación Nacional. En esa búsqueda, sostenemos que la UOGC se encontró con la propuesta descentralizadora del MTP para concretar avances en su estrategia.

El Ministerio de Trabajo: un nuevo actor para el campo sindical cordobés

Tal como fue señalado, desde los albores de la transición democrática en Argentina, Alfonsín presentó con celeridad su proyecto de Reordenamiento Sindical que buscó introducir, entre otras medidas, transformaciones en la normalización sindical a través del ingreso de las minorías en las conducciones directivas. Sin embargo, la iniciativa no prosperó apenas por un par de votos (Zorzoli, 2015).

Luego del fracaso de este proyecto, el gobierno nacional habilitó el proceso de normalización sindical y la primera rueda de negociación colectiva, que no incluyó la temática salarial. En paralelo, el establecimiento del Plan Austral conllevó posponer, una vez más, la principal demanda de los sindicatos: recuperar la ciudadanía laboral[3] que implicaba la Ley de Asociaciones Profesionales (en adelante, LAP), el manejo de las obras sociales, el gobierno regular de las organizaciones sindicales, así como las negociaciones salariales y colectivas (Gordillo, 2013).

En este escenario, se sucedieron dos procesos en diferentes escalas. Por un lado, durante 1986 la administración nacional intentó pactar nuevamente un paquete de reformas por medio de la figura del subsecretario de trabajo, Caro Figueroa, que buscó democratizar el sistema de relaciones laborales a través de una modernización de su marco jurídico coordinando la política laboral con las metas económicas del gobierno (Gordillo, 2013).

El proyecto de Caro Figueroa reconocía la preeminencia del modelo sindical centralizado de tipo peronista a la vez que inducía la descentralización de la negociación colectiva. Considerando que la negociación centralizada presuponía un mundo laboral homogéneo que distaba de existir, el proyecto habilitaba, a partir de un convenio marco que era nacional, negociaciones en ámbitos regionales, provinciales y empresariales que se ajustaran a los ámbitos de esas realidades diversas. Al respecto, el entonces secretario de trabajo supo señalar que “sería legítimo reservar al sindicato más representativo el derecho exclusivo de negociar convenios de eficacia general, pero no prohibir a otras estructuras la negociación de acuerdos que vincularan solo a sus representantes directos” (Caro Figueroa, 1985, p. 33, cursivas nuestras).

Previamente, en Córdoba a inicios de 1985 se llevó a cabo una protesta de las dos CGT ( en adelante, Confederación General del Trabajo) locales que, según relatan los actores, finalizó con un intento fallido de ubicar una bomba frente al palacio ejecutivo lo que encendió la alarma en el gobierno.[4] Luego del incidente, Eduardo Angeloz impulsó, con el apoyo del presidente Alfonsín, la creación del Ministerio de Trabajo provincial (en adelante, MTP).[5]

Pese al entusiasmo inicial con que fue presentado, el sindicalismo local rechazó públicamente al nuevo organismo. En ese sentido, la CGT ya unificada se opuso al proyecto y manifestó que su postura era robustecer la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación que apenas contaba con suficientes recursos. Mismos argumentos utilizó el justicialismo, en el debate legislativo, que objetó los propósitos de la naciente cartera principalmente en lo referido a “intervenir en la celebración de convenios colectivos de trabajo, homologarlos y registrarlos”, por considerarla una atribución exclusiva del MTN. En la Cámara Alta, el senador Almada (un reconocido dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (en adelante, UOM) de San Francisco) sostuvo que el MTN era la "autoridad natural en el desenvolvimiento de las actividades laborales" y solicitó que la provincia arbitrara los medios necesarios para poner en marcha "inmediatamente" las Delegaciones Regionales, atendiendo al reclamo de la CGT.[6]

Pese a la aprobación de la norma, la CGT Unificada no reconoció la cartera laboral provincial. Es más, quien era entonces el Delegado Regional en Córdoba, el gráfico Juan Malvar,[7] hizo candentes declaraciones públicas acerca de las cifras de despidos y suspensiones en la provincia lo que provocó el rechazo público del nuevo ministro de trabajo Jorge Sappia[8] y del gobernador Angeloz. Días después, Malvar renunció al frente de la Delegación, por “motivos personales”, quedando la agencia acéfala hasta la llegada de Segura en 1988.[9]

La propuesta provincial de contar con un Ministerio de Trabajo, luego del fracaso del proyecto Mucci, en el marco de negociación del paquete ‘Caro Figueroa’, fue interpretado por la CGT como una avanzada descentralizadora que dejaba de lado el reclamo por la recomposición del esquema de relaciones laborales de tipo peronista. A su turno, la ausencia de autoridades en la Delegación Regional fue un respaldo simbólico de la nación a la propuesta cordobesa debido a que la acefalía forzaba a las organizaciones gremiales a vincularse con el MTP, reconociéndolo de hecho. Así las cosas, la habilitación de las negociaciones colectivas en 1988 confirmó el presagio cegetista.

Al calor de la sanción de la ley 23.545, el MTP llevó a cabo una investigación interna acerca de su competencia para discutir CCT en el ámbito provincial. El expediente N° 0322-34898/88 contenía los antecedentes legales e históricos que habilitaban la negociación en Córdoba. Dentro de los fundamentos técnico-jurídicos, el asesor del DPT, Ricardo Medina Mailho, señalaba que las convenciones colectivas “constituyen un conjunto de normas que nacen y son elaboradas de acuerdo a la REALIDAD SOCIAL EXISTENTE EN UN LUGAR DETERMINADO Y A LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE ESA SOCIEDAD”.[10] Al igual que el proyecto nacional, el abogado laboralista (amparado en el principio de libertad sindical)[11] consideraba que los CCT tenían que ser un reflejo de los particularismos de la zona de aplicación.

Por su parte, el secretario de Conciliación y Arbitraje señalaba los numerosos acuerdos salariales concertados en la provincia. Entre ellos, se destacaban los realizados por los sindicatos de panaderos, alimentación, petroleros, construcción, mecánicos, metalúrgicos, entre otros. El funcionario indicaba que las homologaciones se efectuaban “a diario” con numerosas empresas provinciales que modificaban las escalas salariales con mejoras.[12] En el informe se puede apreciar que el DPT contaba con un considerable historial en negociaciones colectivas y que los actores sindicales, más allá del rechazo cegetista, parecían contar con una gimnasia al respecto.

El informe en marras sirvió para que el entonces secretario de trabajo de la provincia, Néstor Harrington, recomiende la discusión colectiva en la provincia.[13] Con todo, y en un escenario en que las pretensiones del estado provincial colisionaban con el rechazo general de los sindicatos nucleados en la CGT, la nación habilitó dos canales paralelos, la Delegación y el MTP, para el inicio de las negociaciones colectivas en Córdoba.[14] De este modo, los sindicatos podían optar por el espacio de discusión más propicio para su actividad.

Sin embargo, esta solución apenas tuvo vigencia. Luego de la asunción del gobierno justicialista en 1989, Sappia negoció con el flamante ministro Jorge Triaca un acta acuerdo entre nación y provincia para definir los roles de cada jurisdicción. Allí, el MTP asumió la facultad en la aplicación y gestión de los CCT quedando rubricado en la Ley provincial N° 8072.

En definitiva, a lo largo de los ochenta surgió en Córdoba un nuevo actor en el campo sindical, el Ministerio de Trabajo, que buscó robustecer, desde sus inicios, sus facultades institucionales. Entre ellas, la posibilidad de negociar colectivamente obteniendo un capital clave para la disputa al interior del campo sindical. Pese al rechazo de la central obrera local, el informe oficial evidenciaba una serie de prácticas previas y vigentes entre los sindicatos de adecuar los acuerdos nacionales a sus propias realidades, es decir, mientras la CGT lo rechazaba por arriba, no pocos de sus gremios –incluso los más poderosos– negociaban por debajo. De esta forma, se generaba una situación en la que el MTP recuperaba esa experiencia y se presentaba como interlocutor válido al cual los actores sindicales podían acudir para negociar y, eventualmente, obtener beneficios y capital político para modificar sus posiciones al interior del espacio sindical. Veamos a continuación qué ocurría en el sindicato gráfico local.

La Lista Verde de la UOGC en el campo sindical cordobés

El 1 de diciembre de 1986 asumió una nueva Comisión Directiva de la UOGC, compuesta por la novel Lista Verde, que sucedía a la breve experiencia de la Lista Unidad (1984-1986). Mario Díaz fue proclamado secretario general y antes había sido secretario adjunto de la Lista Unidad (1984-1986) compartiendo cargos junto a otros referentes como Bustos, Atienza y Parello. Nacida como “Agrupación 7 de Mayo-Lista Verde”, formaba parte de un entramado militante vinculado a agrupaciones políticas como Intransigencia y Movilización Peronista, muy activa en el plano sindical local durante el retorno democrático. Entre sus principales dirigentes se encontraban Daniele (municipales), Morcillo (alimentación), Planas (judiciales), Montero (calzado) y Baronetto (Bancarios).[15] Todos ellos convergieron en la CGT-Rodríguez Peña (CGT-RP, ubicada a nivel nacional junto a la CGT Brasil encabezada por Saúl Ubaldini.

El campo sindical cordobés de entonces se encontraba poblado de divisiones y rivalidades: la competidora de la CGT-RP era la CGT-Chacabuco, que respondía a nivel nacional a la CGT Azopardo dirigida por Jorge Triaca (Plásticos) y Ramón Baldassini (Telepostales). Ambos nucleamientos se encontraban, a pesar de su división, encuadrados en la llamada ortodoxia sindical peronista. A este escenario debemos añadir que, desde 1982, existía la Coordinadora de Gremios Estatales que nucleaba importantes sindicatos de la administración y servicios públicos provinciales, entre ellos el Sindicato de Empleados Públicos (en adelante, SEP), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba (en adelante, SUOEM), Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (en adelante, SIPOS), Luz y Fuerza (en adelante, SLyF), entre los más poderosos. Aunque por fuera de la ortodoxia, estos sindicatos contaban con una impronta afín al peronismo pero de matiz más combativo y eran propensos a composiciones más pluralistas en sus cuerpos directivos.

Al panorama descripto debemos añadir dos nuevos actores. Por un lado, a mediados de los años ’80 surgió “Gremios por la Unidad”, liderado por Raúl Ferreyra (histórico dirigente del SEP), que reunió a importantes sindicatos y dirigentes provenientes de distintas corrientes ideológicas, tales como el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), SLyF, el SEP, el SUOEM, la Asociación Bancaria con Faustino López, Unión Tranviario Automotor (UTA) con Tapia, Judiciales con Néstor Harrington, Plásticos, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Prensa, Sanidad, Viajantes, Perkins, Recolectores de Residuos, Publicidad, Seguros, entre otros. Por otro lado, la “Corriente 29 de Mayo” era una rama sindical liderada por el Partido de la Liberación que contenía espacios de discusión como la cooperativa de Carlos Paz COOPI (en adelante, Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo) donde predominaba la rama sindical del Partido Intransigente. La constelación descripta termina de delinear el fragmentado campo sindical cordobés de la época. Bajo este complejo escenario, los gráficos de la UOGC no tuvieron una posición fija: se ubicaron junto a la CGT-RP pero también acompañaron a Gremios por la Unidad y, más adelante, apoyaron con desacuerdos programáticos la precaria reunificación de la CGT local en 1988.

En el plano nacional, la UOGC estaba adherida a la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta (en adelante, FATI); luego de 1988, será FATIDA) que era quien llevaba adelante las negociaciones y convenios salariales, resolviendo en asambleas y plenarios de secretarios generales las medidas de lucha. Pero también la FATI era la instancia donde se discutían y decidían aspectos políticos como, por ejemplo, en julio de 1985 se realizó un Plenario para votar el ingreso a las 62 organizaciones. Esta decisión fue acompañada por la UOGC con reservas debido a las dudas del sindicato en poder practicar el pluralismo sindical en aquel espacio solicitando, finalmente, su salida a comienzos de 1987.[16]

El frente interno: UOGC vs FATI

A partir de la asunción de la Lista Verde, la FATI comenzó a ser sistemáticamente acusada de presentar aumentos salariales a la baja en un contexto de descontrolada inflación provocado por el fracaso del Plan Austral. Sin embargo, esta acusación no supo interferir en el acompañamiento activo a las medidas de protesta resueltas por la FATI en sus plenarios, en especial la adhesión a los paros generales lanzados por la CGT que comenzaron en enero de 1986. Así, en su primera Asamblea General Extraordinaria en febrero de ese año, se debatió el Plan de Lucha a elevar al congreso de la FATI donde se resolvió la demanda del inmediato aumento salarial del 50%, llamado a paritarias, trabajo para todos, solidaridad con trabajadores de los diarios La Calle y Diario Córdoba, y unidad del movimiento obrero en una sola CGT.[17]

Comenzaba a conformarse un frente interno en los gráficos que apuntaba al inmediato manejo de la obra social. En ese marco, la CGT nacional le solicitó al gobierno de Alfonsín el fin de la intervención sobre las obras sociales, sospechando un intento de privatizarlas con el denominado proyecto Neri, en referencia al entonces ministro de Salud y Acción Social. Al mismo tiempo, en el plano local, hubo incrementos de las Federaciones Médicas que alcanzaban el 400%. El cobro de aranceles adquiría en el caso de los gráficos una mayor complejidad debido a que en el interior provincial los colegios médicos realizaban aumentos similares o mayores al señalado. Frente a este panorama, la UOGC resolvió la instalación de consultorios médicos en la sede sindical capital de calle Artigas.

En agosto de 1986, mientras se desarrollaba el Plenario de Secretarios Generales de FATI, los delegados de la UOGC rechazaron los acuerdos firmados entre FATI y Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) que implicaban un 27% de pérdida salarial y que fueron aceptados bajo la forma de aumentos por decreto (1155/86) a cambio de “paz social”. A partir de aquí, se comenzó a establecer desde la dirección de la UOGC la cuestión de la recuperación del manejo de la Obra Social. La conducción sindical observaba, en los balances de la FATIDA, que solo con los aportes de los trabajadores del diario de mayor tirada provincial, La Voz del Interior, se abonaba la prestación del gasto de la obra social nacional.[18] Además, la potestad de firmar convenios le permitiría acceder al manejo de fondos para administrar eficazmente la salud de los gráficos que se encontraban sujeta a constantes y tediosos pedidos de préstamos y subsidios al Instituto Nacional de Obras Sociales (en adelante, INOS):[19]

Firmar convenio permite discutir salarios y condiciones de trabajo directamente con los empresarios locales y también nos posibilitaría ser recaudadores directos de los aportes que realizan los gráficos cordobeses a la obra social (…) se podrían firmar contratos con la Federación Médica, además de dejar de pedir préstamos o subsidios al INOS, que nunca alcanzan.[20]

La demanda de “ser firmantes de convenio” fue una constante desde fines de 1986 adquiriendo estatus de campaña oficial en los primeros meses de marzo de 1988. En efecto, durante el XIII Congreso Extraordinario, los congresales cordobeses (con mandato aprobado por delegados y Comisión Directiva) buscaron que se aprobara su solicitud, apoyados en los casos de Santa Fe, Chaco, San Juan y Corrientes, además del Sindicato Gráfico Argentino. Sin embargo, la FATI rechazó el pedido alegando cuestiones formales además que la iniciativa cordobesa atentaba contra la unidad del gremio a nivel nacional y contra las filiales que no contaban con personería gremial. Al persistir las hostilidades, la delegación cordobesa abandonó el congreso eligiendo profundizar su estrategia a través de la realización de un plebiscito, votado en la Asamblea Extraordinaria del 15 de julio de 1988:

La asamblea resolvió, a propuesta de la Comisión Directiva con el apoyo del Cuerpo de Delegados, que se realice un plebiscito en todo el gremio para que se pronuncie en favor o en contra de: 1º iniciar las gestiones para ser firmantes de Convenio, 2º Iniciar las gestiones para crear nuestro propio ente de Obra Social, 3º Modificar los estatutos vigentes. Cabe señalar que esta propuesta de la Comisión Directiva tiene como objetivo garantizar la participación de todo el gremio –interior y capital– y además que sirva como un elemento de peso político que apoye las gestiones.[21]

El plebiscito se realizó los días 14 y 15 de septiembre de 1988 obteniendo un resultado favorable de 90%. Además, la Lista Verde promovió la reforma de los estatutos del sindicato para permitir, entre otras cuestiones, la creación de filiales en el interior provincial. Recordemos que durante la primera etapa de 1988, se promulgó la Ley de Asociaciones Profesionales. Lo destacable de la norma radicó en que permitió la elección de delegados en establecimientos menores. De esta manera, habilitó y amplió la posibilidad de contar con delegados, con un año de antigüedad, por cada unidad productiva: de 5 a 15 (1), de 16 a 40 (2), de 41 a 70 (3) y de 71 en adelante (1 cada 50).[22] Precisamente, con estas nuevas circunstancias, el cuerpo de delegados del sindicato se compuso hacia fines de 1988 por 38 integrantes según las siguientes filiales: Capital (21), Leones (4), Villa María (3), San Francisco (5), Villa Dolores (2), Río Cuarto (2), Río Tercero (1).[23]

La FATI no fue indiferente y resolvió, en febrero de 1989, sancionar a la UOGC acusándola de ejercer una “práctica disolvente” apercibiendo a los cordobeses que no fueron finalmente convocados a los Plenarios de Secretarios Generales.[24] Detrás de estas gestiones estuvieron dos dirigentes gráficos locales opositores como eran Guillermo Inda, quien fuera electo primer secretario general de la Lista Unidad (1984-1986), y Juan Malvar, histórico ex secretario general de la UOGC durante los 60-70s, miembro también de la Lista Unidad y Delegado Regional del MTN en Córdoba durante 1985, como fue mencionado previamente.[25]

La lucha por recuperar la obra social y ser firmantes de convenio

El Boletín informativo 62, fechado en febrero de 1990, anotició a los trabajadores gráficos del dictamen desfavorable elaborado por el INOS, que no hizo lugar al trámite iniciado en 1988 para recuperar el manejo de la obra social. La negativa se apoyó en el hecho de que la UOGC no era firmante de convenio, condición necesaria para tal objetivo. Un mes después, el sindicato obtuvo una primera audiencia con la Delegación Regional del MTN para avanzar precisamente en esa posibilidad. Esta reunión finalmente no ocurrió debido, según la UOGC, a las presiones de la FATIDA desde Buenos Aires y porque los empleados del ministerio se encontraban realizando medidas de fuerza. No obstante, la UOGC y empresarios gráficos acudieron a la cita y, según relata el Boletín, intercambiaron opiniones acordando que las negociaciones paritarias debían descentralizarse en Córdoba.[26]

El telón de fondo no podía ser más desfavorable. Desde comienzos de año, se registraban más de 200 suspensiones en alrededor de 20 talleres gráficos capitalinos, no comunicadas al MTP ni al sindicato. Además, el consejo nacional de FATIDA-OSPI sancionaba a la UOGC con la suspensión de aportes desde septiembre de 1990 hasta la realización del nuevo Congreso.[27] Sobre este punto es preciso destacar que los recursos para el funcionamiento de la obra social estaban conformados en un 3% por aporte del trabajador y 6% de la patronal. Un 10% de ese aporte era depositado en Administración Nacional del Seguro de Salud (en adelante, ANSSAL) –ex INOS– y el resto iba a la cuenta de FATIDA-OSPI en Buenos Aires. Antes de la suspensión de septiembre de 1990, la Federación retenía un 12,5% para gastos de su estructura y el resto era enviado con retrasos considerables a Córdoba para los gastos de facturación de obra social, que luego debían rendirse puntillosamente en Buenos Aires. La sanción motivó una suma considerable de recursos no girados, que la conducción calculaba alrededor de 300.000.000 de australes que le correspondía a la Filial Córdoba.[28] Estas deficiencias impactaban en un defectuoso servicio de salud que dependía de las remesas enviadas desde Buenos Aires, que retenía también recursos para su estructura administrativa.[29]

En efecto, la Memoria y Balance de FATIDA incorporaron la sanción a los cordobeses y, en el plano político, el apoyo a la gestión de Carlos Menem (Partido Justicialista).[30] Con este panorama adverso, la UOGC optó por agruparse junto a 7 filiales de la FATI: Mendoza, Formosa, Santa Fe, La Pampa, Paraná, Chaco y Corrientes, siendo estas dos últimas reconocidas por entonces como firmantes de convenio, cuestión que alimentaba las esperanzas de la filial cordobesa. A todas las unificaba el malestar por lo que denominaban como “metodologías autoritarias” ejercidas por la conducción de la FATI y la afinidad compartida hacia la CGT Azopardo (liderada por el cervecero Saúl Ubaldini) que denunciaba la gestión nacional menemista. Sin embargo, esto no se tradujo en una incorporación de los gráficos cordobeses a esa fracción sindical pese a que la FATIDA pugnaba por ingresar a la CGT San Martín, oficialista.

Recordemos que el MTP tenía entre sus principales misiones la celebración de convenios colectivos en el ámbito provincial. Ya con las facultades otorgadas en el acta-acuerdo con la nación, el ministerio provincial se encontraba al tanto de las disputas entre la UOGC con la FATIDA, lo que fue interpretado como una oportunidad para negociar localmente con los gráficos cordobeses.[31] En ese marco, en abril de 1991, por resolución N°62 del MTP, se convocó a conformar la mesa negociadora del CCT. La resolución ocurrió en forma simultánea a la denuncia pública que realizó la UOGC sobre la presencia de un nuevo pagador de la OSPI en Córdoba para sus prestadores –pasando por arriba al sindicato–, que era nada menos que Juan Malvar.[32]

Festejada en sus inicios, las reuniones patrocinadas por el MTP sufrieron constantes dilaciones que no hicieron mella en el ánimo de los gráficos cordobeses. Al contrario, la UOGC alentó desde mediados de 1991 la realización de una consulta voluntaria a expedirse sobre el retiro o permanencia en FATIDA como mecanismo para fortalecer la perspectiva de autonomía de la filial cordobesa. La afrenta se complementó con denuncias políticas en las páginas del Boletín hacia la dirigencia nacional que no concretaba la anhelada unidad del campo sindical y que tampoco ofrecía resistencia alguna a las leyes de flexibilización laboral. La consulta finalmente se realizó y resultó en unos 700 votos gráficos por el retiro de la FATIDA, contra 11 por la permanencia.[33]

Semejante contundencia en los resultados vino acompañada de otro desafío electoral para la lista Verde, que se aprestaba a renovar sus credenciales. Las elecciones de fines de 1991 trajeron la novedad de la renovación de estatutos sindicales que, entre otras medidas, contemplaban la creación de nuevas secretarías (del interior, acción social, y prosecretaría gremial) y consagraba obligatorio que las listas fueran conformadas con un mínimo de 15% con cargos de miembros del interior provincial (Seccionales de Río Cuarto, Río Tercero, Villa María, San Francisco, Villa Dolores, Leones). Esta situación, sin dudas, reforzó la militancia de la Lista Verde en aquellas seccionales.

En la vereda de enfrente, Lucio Castillo, mano derecha de Marano en la conducción de la FATIDA, junto a Guillemo Inda viajaban a Córdoba para reagrupar trabajadores que se ocuparan de la obra social y actuar como oposición en las elecciones. Sin embargo, la Lista Verde volvió a imponerse holgadamente consagrando la reelección de Mario Díaz como secretario general. En el interior, la novedad estuvo en Viviana Ferreyra, electa secretaria general por la filial San Francisco. Al respecto, se destacó el aumento del porcentaje de votantes, llegando al 58,5% del padrón, y de la cantidad de votos victoriosos que ascendieron al 91,5%.[34]

Junto con el triunfo de la Lista Verde llegó la Resolución 80/91 del MTN que habilitaba finalmente a la UOGC a ser firmante de convenio. En efecto, la primera convocatoria a paritarias fue el 17 de febrero de 1992. Constituida la comisión negociadora asistieron por la UOGC: Mario Díaz, Víctor Monserrat, Juan Muzzolon, Augusto Rella, Domingo Dolezor. Como delegados suplentes: Ilda Bustos, Norberto Del Caño, Domingo Agüero, Alfredo Pérez y José Mora. Elegidos en asamblea general extraordinaria realizada el 14 de febrero de 1992, la representación contempló las comisiones por rama (tipógrafos, encuadernadores, tipeadores, maquinistas, etc) de manera de configurar demandas específicas para paritarias, estrenando las indicaciones de la reforma estatutaria. Sin embargo, por un carril la UOGC desplegaba su voluntad inquebrantable de avanzar en las negociaciones en busca de la ansiada condición de ser firmante de convenio, tarea para la cual saturaba las páginas del Boletín con breves notificaciones de orden técnico relacionadas a las paritarias y su utilidad. Por otro carril, las mencionadas dilaciones, cuartos intermedios –la mencionada reunión fue trasladada al 4 de marzo–, y “problemas de representación de la parte empresaria”, cuyos integrantes se ausentaban sistemáticamente, impidieron el inicio de las negociaciones. Al mismo tiempo, entre FATIDA y FAIGA impugnaron la paritaria de la UOGC, y la resolución del MTN, lo que terminó por suspender las negociaciones paritarias.[35]

Con todo, los gráficos cordobeses terminaron alzándose con conquistas hacia 1992. Por un lado, la UOGC accedió al código INOS habilitando el control y manejo de su obra social. Por otro lado, el 20 de agosto de 1992, alcanzó su primer acuerdo salarial local por el término de 6 meses (22,5% en 6 tramos). Al respecto, señalaban en el Boletín que

Tiene un inmenso valor estratégico en lo político y en lo económico. En lo político porque sentamos el precedente de la discusión local y con ello desarticulamos las impugnaciones y recursos que nos han interpuesto en los expedientes de Obra Social y Convenio, y también porque cortamos el último eslabón que nos unía a la Federación.[36]

El acuerdo rubricado en el MTP se realizó en el marco del decreto 1331/91 que establecía que los aumentos salariales sólo eran posibles estableciendo pautas de productividad o comprometiendo a la parte empresaria no trasladar los aumentos a precios. De esta manera, la UOGC llegó a un acuerdo con la Cámara de Artes Gráficas y Afines de la Provincia de Córdoba estableciendo un aumento del 20%, con una primera cuota de 10%, luego de la consulta en asambleas con los delegados de toda la provincia.[37] Al respecto, la Comisión Directiva presentó las bondades del entendimiento al comparar con FATIDA que apenas consiguió un 12%.

Otro dato que permite dimensionar la voluntad, pero también la necesidad con que la conducción de la UOGC manifestaba sus propósitos, lo constituyó la idea de acceder a capacitación técnica para enfrentar los cambios tecnológicos que operaban en la industria gráfica. Desde mediados de los años ’80 se introdujo el offset o impresión ‘en frío’. Al respecto, el Boletín N° 85 de diciembre de 1992 celebraba la creación del espacio de capacitación laboral, llamada Escuela de Formación Laboral Gráfica (en adelante, EFOLGRAF), conformada en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Córdoba y la Cámara de Artes Gráficas. Entre los fundamentos, se destacó que la industria gráfica era una actividad que representaba más del 6% de la masa laboral general. Pero como veremos más adelante, el entusiasmo obrero fue desalentado por la actitud patronal frente al mismo tema.

“Tiempos difíciles”

Así titulaba su tapa el Boletín informativo 86, enero/febrero 1993 que destacaba los efectos negativos de las reformas estructurales, en pleno avance, junto con un sindicalismo “negociador” que apoyaba la gestión nacional. En términos salariales, se destacaban los decretos presidenciales que fijaban aumentos por empresa y mantenían desde el año 1991 la cláusula de productividad, lo que afectaba los convenios salariales por actividad. En este contexto, hacia el mes de abril, la UOGC lanzó un plan de lucha “por un inmediato aumento” del 28% que incluyó la instalación de ollas populares en los lugares de trabajo (consideradas “una forma de luchar sin perder horas de trabajo”) y asambleas por talleres.[38]

El plan de acción fue considerado un triunfo, desde el punto de vista de la conducción gremial, debido a que el contexto desalentaba las negociaciones colectivas. A su vez, si el monto alcanzado tras realizarse medidas de acción se acercaba a lo reclamado, se celebraba también porque sentaba el precedente de que un sindicato, en soledad, sin respaldo de su Federación, podía alcanzar sus objetivos.[39] De resultas de esta situación, no solo se torció el brazo a la discusión salarial por empresa, sino que se venció también los argumentos de época en contra de medidas reivindicativas como los paros, o que deslegitimaban la lucha colectiva o la misma utilidad del sindicato como instancia de representación de los trabajadores. Por el contrario, se evidenció que a través del gremio se organizó la lucha, se defendió la aplicación de convenio, se sostuvo la obra social, las prestaciones médicas, el uso de complejos vacacionales y beneficios de acción social, entre otros.

En este camino, los gráficos cordobeses no estaban solos. Sus acciones se conectaban con las realizadas por las filiales de Chaco y Bahía Blanca que firmaron por entonces una carta a FATIDA titulada: “Unidad de todos los gráficos del país”. Allí, reclamaban ante la inacción de los intentos por privatizar las cajas jubilatorias y desregular las obras sociales:

El hecho de comunicarnos con Uds obedece a la gran preocupación y desorientación que existe en el Movimiento Obrero y en particular ante el avance en la aplicación de políticas que no nos favorecen (…) nos están arrebatando nuestras conquistas y también pretenden desmembrar nuestras organizaciones [rasgos que son visibles en la] falta de una política de unidad sindical de todos los trabajadores gráficos del país [mención a que los mayores sindicatos en número de afiliados son Sindicato Gráfico Argentino y la UOGC, no están integrando la Federación].[40]

En el mismo número del Boletín, un artículo expresaba que los trabajadores gráficos carecían de una dirigencia que encabezara las luchas del sector dejando en claro que la UOGC actuaba ya por fuera de la Federación. De este modo, al no depositar esperanzas en la CGT, los gráficos cordobeses comenzaron a observar con buenos ojos el naciente Congreso de los Trabajadores Argentinos (en adelante, CTA) que, hacia fines de 1993, se encontraba integrado en Córdoba por la Asociación de Trabajadores del Estado (en adelante, ATE), docentes, Obras Sanitarias, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN), jubilados, cuerpo de delegados de Luz y Fuerza, Bancarios y la UOGC.[41]

Mientras tanto, por decreto provincial, el 19 de abril de 1993 se sancionó la creación de la EFOLGRAF que extendió su alcance a la localidad de Río Cuarto. Las capacitaciones se orientaban a la impresión en offset, diseño gráfico y diagramación por computadora. En otros ejemplares, se ilustraba sobre el curso de offset donde asistieron más de 28 trabajadores gráficos (se habían inscripto 100, sobrepasando el cupo) mientras que otros 18 lo hicieron en la seccional riocuartense.[42]

Sin embargo, como adelantamos, otra fue la perspectiva patronal. Para la UOGC era imperiosa la capacitación técnica que permitiera la revalorización de la condición obrera, otorgara estabilidad laboral, calificación e identidad con el oficio. Por el contrario, para la patronal no significó adquisición alguna de capacidades técnicas sino, más bien, una “responsabilidad” hacia la empresa. Finalmente, como era de esperar, hacia fines de 1994 la patronal terminó por retirarse de la EFOLGRAF aludiendo que el operario debía ser responsable de su propio proceso de capacitación.[43]

El encuentro: la UOGC consigue su convenio

Caro Figueroa retornó a la Argentina en 1993, luego de su breve estadía en la España de Felipe González –Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE)–. Allí, fue testigo de los acuerdos sociales entre la UGT (Unión General de Trabajadores) y el PSOE que sirvieron para introducir reformas de mercado en las relaciones laborales españolas. Para el flamante ministro de trabajo de la nación, la Argentina debía dotarse de un nuevo sistema laboral compatible y congruente con las reglas de la economía de mercado. Para ello, debía reducirse el excesivo intervencionismo estatal para ser reemplazado por relaciones fundadas en la autonomía de los agentes sociales. En ese marco, la concertación debía federalizarse para recoger los fenómenos regionales y sectoriales. La descentralización de la negociación era la clave para promover la transformación productiva, crear empleo y acompañar la transformación del sistema económico en el marco de la convertibilidad (Caro Figueroa, 1997).

A partir de este diagnóstico, el ministro de trabajo impulsó modificaciones en los mercados de trabajo a través de acuerdos tripartitos. El llamado “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social” de 1994 fue una mesa con los agentes sociales que permitió sacar adelante un conjunto de medidas que luego fueron aprobadas por el Congreso. Entre ellas, hallamos la modificación del régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley 24.635), la introducción del contrato de aprendizaje (Ley 24.465), una nueva Ley de Quiebras (la 24.522), un régimen especial de trabajo para pequeñas y medianas empresas (Ley 24.467), entre otras medidas.

La importancia del desembarco de este funcionario al MTN radicó no sólo en la mirada que tenía de la modernización del esquema de relaciones laborales argentino, sino también por su apreciación de la libertad sindical. Bajo este principio, Caro Figueroa fue el ministro que le otorgó la personería gremial a CTA, liderada por el gremio de ATE, que presentaba una alternativa al modelo sindical vigente entonces.[44] Pero además, tal como ocurría en los años ochenta en tierras cordobesas, el funcionario incentivó la descentralización de la negociación colectiva sin necesidad de sancionar ninguna norma debido a que “si venía un Convenio Regional firmado como en Córdoba, la orden era homologarlo, y darle personería, darle inscripción. O sea, eso yo lo tenía claro, aunque tenía que soportar abstenciones”.[45]

En este inesperado, y propicio escenario, la UOGC alcanzó a suscribir un acuerdo colectivo con la Cámara de Artes Gráficas en la sede del MTP hacia fines de 1993.[46] El mismo fue homologado por el ministerio provincial y luego enviado a la nación lo que era una práctica recurrente de funcionarios locales y nacionales (Arese, 2006; Natalicchio, 2006).[47] Posteriormente, durante los primeros días de abril de 1994, la UOGC firmó el primer acuerdo con ADIRA que contempló la escala salarial para los diarios de la provincia de Córdoba. De modo que, entre fines de 1993 y el año 1994, la Lista Verde de la UOGC obtuvo aquellos objetivos largamente trazados al inicio del camino en 1986. Sin haberlo previsto, una corriente sindical alcanzaba sus propósitos en virtud de un curioso encuentro con políticas laborales que, en principio por su filiación política, no hubiera acompañado.

Unas semanas antes, el 9 de marzo, se produjo la primera reunión entre el consejo directivo de FATIDA, la filial Chaco, Bahía Blanca y la UOGC, en la localidad cordobesa de Anisacate, tras años de tortuosas relaciones. Para ese entonces, la FATIDA ya se encontraba integrada en el Movimiento de Trabajadores Argentinos (en adelante, MTA). Producto de ese encuentro, surgió la “Declaración de Anisacate” que denunciaba la desregulación de las obras sociales, la rebaja de los aportes patronales, posicionándose en defensa de la industria nacional y en rechazo a la flexibilización laboral. Al mismo tiempo, se denunciaba a la CGT “que traiciona”, y se pronunciaba en solidaridad con los jubilados, llamando a la unidad y organización de ocupados y desocupados. En efecto, semanas después tuvo lugar la Marcha Federal, el 6 de julio de 1994. Allí, la UOGC participó acompañando con un paro provincial y una movilización el 10 de junio lo que implicaba nuevas alianzas: APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), FEDECÁMARAS (Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina), CTA, MTA, Frente Grande, etc. Los boletines informativos del gremio gráfico del mes de julio estuvieron abocados a cubrir el evento, señalando su importancia como hecho político de lucha popular contra el modelo económico.

Tras la firma del convenio salarial, hubo que esperar hasta diciembre para que el Boletín informativo reflejara en su tapa: “Por primera vez los gráficos de Córdoba firmamos convenio”, y también “Elecciones de autoridades: votó el 65%”.[48] El flamante CCT que se firmó el 1° de diciembre de 1994, contempló la división entre el sector diario y sector obra. Si bien esto iba en contra de las aspiraciones de la UOGC, se explicaba por el hecho de que ANSSAL (que auditaba las obras sociales) lo exigía para que puedan retener la obra social. Esta problemática fue debatida en asambleas durante el mes de noviembre y el sindicato aceptó las condiciones impuestas. Pese a no tratarse de una situación esperada por los gráficos, debido a que el objetivo era firmar un solo CCT que contuviera las particularidades de la rama, fue la única manera que le permitió inscribir finalmente la obra social. El contexto empujaba ciertamente a salidas negociadas y resultaba imperioso avanzar en la tan anhelada condición de ser firmantes de convenio. Un hecho que nos permite observar el signo de los tiempos fue que en el XXIII Congreso Extraordinario de FATIDA se invitó finalmente a la UOGC, que asistió por intermediación negociadora de las filiales Chaco y Bahía Blanca. La asistencia fue en carácter de “congresales fraternales” y allí viajaron Mario Díaz, Ilda Bustos y Norberto Del Caño.

Respecto de las elecciones, se impuso nuevamente la Lista Verde. En esta ocasión fue en calidad de lista única, asumiendo gran parte de su vieja guardia: Mario Díaz, Juan Muzzolon, Ilda Bustos, Norberto Del Caño, Víctor Guevera, Cristian Ramella, Juan Bruzzoni, entre otros. El holgado resultado de la elección fue interpretado como un amplio apoyo de los trabajadores gráficos al cumplimiento del objetivo trazado: ser firmantes de convenio. Esto les permitió el reingreso a la FATIDA y una participación diferente al interior del campo sindical cordobés.

Consideraciones finales

En este escrito buscamos contribuir en torno a los vínculos y estrategias obreras y gubernamentales referidas a las negociaciones colectivas desde la transición democrática. A continuación, ofrecemos algunas reflexiones sobre el caso en cuestión que, no obstante, requerirán de nuevas indagaciones. Como intentamos demostrar en base a la reconstrucción histórica, si bien la CGT y la oposición parlamentaria peronista consideraban negativa la creación de un Ministerio de Trabajo provincial, la dirigencia gráfica carecía de reparos a la misma, o al menos, no los consideraba relevantes de modo que fueran objeto de rechazo político o de tratamiento en sus boletines sindicales. Al contrario, supo revalidar su tradición de sindicato “independiente” para delinear una estrategia propia que redundaría en mayor poder y autonomía, mientras la CGT jugaba a presentarse hostil al ejecutivo local. Nos referimos a que “jugaba” debido a que, como los propios documentos lo demuestran, la práctica de acuerdos entre instancias ejecutivas locales y poderosos gremios pertenecientes a la CGT preexistía al debate sobre la creación del Ministerio de Trabajo. De esta manera, vinculaciones entre ambos actores sucedían de hecho, a la par que eran delineadas políticas descentralizadoras desde el ejecutivo cordobés. No resulta casual que el ministro de trabajo angelocista, Jerónimo Sappia, un laboralista de reconocida trayectoria en el campo sindical local, leyera la factibilidad no solo de la creación de la cartera laboral sino de las condiciones de posibilidad de actuación exitosa con el actor sindical, en especial la UOGC.

Por su parte, la estrategia de los gráficos cordobeses alineados en la Lista Verde y sólidamente elaborada tras la idea de ser firmantes de convenio y recuperar el manejo de la obra social, no colisionó en un principio con la voluntad gubernamental ni tampoco empresarial, favorable a la firma de convenios de alcance local. Aún más, si los primeros acuerdos implicaban el rubro “productividad”, no fueron leídos bajo el prisma ideológico, sino al trasluz de que los aumentos obtenidos superaban a los alcanzados por la FATI, el archienemigo de la UOGC para alcanzar su autonomía. Así debe interpretarse, sugerimos, la voluntad de creación de la primera escuela de capacitación para trabajadores gráficos, interesados en la renovación tecnológica, donde confluyeron, en un principio, patronales, gobierno y sindicato. Al mismo tiempo, la reforma de los estatutos de la UOGC, enmarcada en los aires de la ley de asociaciones profesionales (1988), fue otra estrategia que potenció y consolidó la militancia interna de la Lista Verde, ampliando representantes en los talleres más pequeños y, en el mismo movimiento, construyendo la imagen de un sindicato democrático y representativo. La preocupación por el manejo de la salud de los trabajadores, convertida en principal objetivo, hizo el resto: allí están el aplastante resultado del plebiscito de la UOGC por ser firmantes de convenio y la inquebrantable voluntad de independencia de la FATI que contó con el apoyo de la inmensa mayoría de los gráficos cordobeses.

Sin embargo, el proceso analizado que transita la primera década democrática también reubicará estas interpretaciones de cara al nuevo escenario que traen los años noventa. Por ello, “capacitar compañeros” chocará en el corto plazo con las aspiraciones empresariales de incrementar la presión en los talleres, desvirtuando el ideal de la UOGC de la escuela de capacitación obrera. Del mismo modo, las políticas gubernamentales de descentralización sindical, al tiempo que posibilitaron el reconocimiento de nuevas centrales sindicales por fuera del predominio cegetista (como fue el caso de la CTA) abrieron el camino a la flexibilización laboral y al deterioro del poder sindical fragmentando niveles de negociación, haciendo de la productividad la llave de incrementos salariales.

De la indagación emerge la identificación de una aparente contradicción entre los intereses organizacionales del sindicato, materializados en el deseo de ser firmantes de convenio mediante la descentralización de la negociación colectiva, con los objetivos políticos de lucha contra el modelo económico que impulsaba la descentralización. Esto comporta, sin dudas, un núcleo problemático que atraviesa el período de transformación de las relaciones laborales de nuestro país en los años noventa. Consideramos que, en vista de superar miradas lineales, el presente trabajo resultará fructífero para seguir historizando esta organización gremial y realizar posibles comparaciones con otras similares que permitan complejizar los conocimientos acerca del período. En este sentido, luego de las conquistas alcanzadas hacia 1995, la posición de los gráficos responde menos a un encuentro fortuito con instancias gubernamentales que a un escenario donde el enemigo ya no será la FATI, sino las políticas neoliberales practicadas desde el ejecutivo (peronista) y avaladas por todo el empresariado, además de la dirigencia cegetista. Por lo que luego, comenzó una etapa diferente susceptible de ser analizada en próximas presentaciones.

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Notas