Prioridad macroeconómica del gasto público en la administración de justicia en Panamá
Revista Sapientia, vol. 14, núm. 4, pp. 56-77, 2023
Instituto Superior de la Judicatura del Panamá
Recepción: 01 Noviembre 2023
Aprobación: 01 Diciembre 2023
Resumen: La asignación presupuestaria es el instrumento que permite establecer la distribución más equitativa e intenta asignar los recursos nacionales disponibles mediante planes estratégicos a corto y largo plazo para contribuir al bienestar general. Este trabajo aborda la relación entre el presupuesto y algunas variables de la administración de justicia, así como un acercamiento con el Producto Interno Bruto (PIB) para comprender el impacto del sistema judicial panameño en el crecimiento económico. Para esto, se realiza un diseño de investigación no experimental, ya que no se realizó control sobre las variables objeto de estudio y se observaron los hechos tal como se manifestaron para el período 2012-2022, con un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y longitudinal. El objetivo del trabajo consiste en examinar en qué medida la asignación presupuestaria incide en los resultados de la administración de justicia mediante el uso de variables independientes, tales como el Presupuesto Ley designado al Órgano Judicial, el porcentaje del gasto público destinado al Órgano Judicial, el presupuesto del Órgano Judicial por habitante; y como variables dependientes se pueden considerar los indicadores de resultados tales como audiencias realizadas, los casos pendientes al culminar cada período, tiempo promedio de respuesta (en años), la pendencia o casos por resolver al culminar el período, la tasa de congestión, la tasa de descongestión y la tasa de resolución. Al concluir el análisis estadístico, se estableció que, si aumenta el presupuesto asignado al Órgano Judicial, se producen dos efectos: las audiencias realizadas aumentan y, por tanto, existe una relación positiva; y hay una relación inversa con la carga laboral y los casos pendientes, porque estos disminuyen. Por consiguiente, las asignaciones presupuestarias inciden en los resultados de la gestión de justicia, mejorando su eficiencia y productividad, y contribuyendo al incremento del PIB.
Palabras clave: Crecimiento Económico, Prioridad Fiscal, Gasto Público, Prioridad Macroeconómica, Gestión Jurisdiccional.
Abstract: The budgetary allocation is the instrument that allows to establish the most equitable distribution and tries to allocate the available national resources through short- and long-term strategic plans to contribute to the general welfare. This paper addresses the relationship between the budget and some variables of the administration of justice, as well as an approach with the Gross Domestic Product (GDP) to understand the impact of the Panamanian judicial system on economic growth. For this, a non-experimental research design is carried out, since no control was performed on the variables under study and the facts were observed as they appeared for the period 2012-2022, with a quantitative, descriptive, correlational and longitudinal approach. The objective of this work is to examine in which extent the budgetary allocation affects the results of the administration of justice through the use of independent variables such as the Legal Budget designated to the Judicial Body, percentage of public spending allocated to the Judicial Branch, budget of the Judicial Branch per inhabitant; and as dependent variables are the indicators of results such as hearings held, pending cases at the end of each period, average response time (in years), the pendency or cases to be resolved at the end of the period, the congestion rate, the decongestion rate and the resolution rate. At the end of the statistical analysis, it was established that if the budget allocated to the Judicial Branch increases, two effects occur: the hearings held increase and, therefore, there is a positive relationship; and there is an inverse relationship with the workload and pending cases because they decrease. For this reason, budgetary allocations affect the results of justice management, improving its efficiency and productivity, and contributing to an increase in GDP.
Keywords: Economic Growth, Fiscal Priority, Public Spending, Macroeconomic Priority, Jurisdictional Management.
1 Introducción
La calidad de la Administración del Sistema de Justicia de un país es crucial en relación con sus niveles de crecimiento, bienestar y desarrollo económico. Esta importancia fue destacada por uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Según Smith (1776) quien apuntó lo siguiente:
El comercio y la industria rara vez florecen durante mucho tiempo en un Estado que no disfruta de una administración regular de la justicia; donde el pueblo no se siente seguro de la posesión de sus propiedades, donde el cumplimiento de los contratos no está amparado por la Ley (...) en suma, el comercio y la industria no pueden progresar en ningún Estado donde no haya un cierto grado de confianza en la justicia. (p.1049).
Las ideas expresadas por el considerado fundador de la economía han cobrado relevancia en los últimos años, debido fundamentalmente a la dramática y profunda reestructuración que ha experimentado la economía mundial.
Por consiguiente, este estudio pretende mostrar la relación que existe entre la prioridad del gasto público en relación al presupuesto asignado al Órgano Judicial y cómo estos resultados contribuyen a la obtención de estados elevados de competitividad económica que puedan hacer viable un crecimiento en los niveles de bienestar y desarrollo. Es imperativo que se encuentren instituciones sólidas e independientes capaces de generar altos niveles de confianza por parte de los ciudadanos y de los agentes económicos. Una de estas instituciones es la que se encarga de la Administración de Justicia, en la cual se fundamentan los principios jurídicos de una nación. Por lo tanto, el gasto en justicia permite fortalecer la confianza en el estado de derecho que prevalece en las garantías individuales que se amparan en la constitución de cada nación.
2 Escenario Socioeconómico
La República de Panamá tiene una superficie de 75,420 km2, su población es de aproximadamente 4.2 millones de habitantes, según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2023, (Dirección de Estadística y Censo, 2023) donde los niveles de pobreza alcanzan el total de 23.5% y de pobreza extrema el 10.7% de la población respectivamente. En cuanto a la Tasa de desnutrición tenemos que afecta alrededor del 12.1% de la población menor a cinco años. Respecto al acceso a la educación, las cifras indican que el 3.7% de las personas son analfabetas (Ministerio de Economía y Finanzas, 2022). El Índice de Desarrollo Humano, cuyo valor se mide entre 0 y 1, es 0.805, en el año 2022, y la esperanza de vida al nacer estimada para el 2023 fue de 78.6 años, lo cual es un valor superior al promedio de la región de América Latina (PNUD, 2022, p. 13).
Durante el período 2012-2022, la economía panameña registró un crecimiento promedio de 7,5%, situándose en gran parte de los años, por encima del crecimiento promedio de la región, debido a los grandes proyectos de inversión pública realizadas en las últimas décadas (2010-2020).
Luego del decrecimiento de la economía en el año 2020, del -17.7% como consecuencia de la Pandemia de la Covid-19, se logró una recuperación con un efecto “V”, es decir, con un rebote inmediato que arrojó resultados de crecimiento económico del 15.8% para el año 2021 y 10.8% para el año 2022. Sin embargo, en relación a los mayores indicadores macroeconómicos, más destacados, aún se presentan inferiores en comparación con el año 2017.
Respecto al resultado primario del Sector Público No Financiero para el mismo periodo, el déficit fiscal se mantuvo en un 3%, mientras que la tasa de inflación fue de un 2.0%.
Por el lado de la Organización Política, Panamá se divide en 10 provincias y 5 Comarcas, posee un gobierno democrático, presidencialista y una administración República Centralizada. El poder emana del pueblo y se ejerce por medio de sus tres órganos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
3 Escenario Judicial
La función jurisdiccional del Estado es ejercida por el Órgano Judicial. En el Manual de Organización y Funciones del Órgano Judicial (2019), se presenta el Objetivo del Órgano Judicial:
Administrar justicia en forma gratuita, expedita e ininterrumpida en todo el territorio nacional a través de sus estructuras jurisdiccionales, como principio fundamental para salvaguardar el sistema democrático y los derechos humanos, generando mayor confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Promover los cambios que sean necesarios en la legislación para la resolución de vacíos en las normas legales, su interpretación y consiguiente aplicación. así [sic] como garantizar el acceso oportuno del servicio de administración de justicia a todos los ciudadanos que lo requieran. (Órgano Judicial, 2019, p.14).
De los Valores Institucionales se destacan la Integridad constituida por la Transparencia, Ética, y Respeto; la Efectividad, definida por la Excelencia, el Liderazgo, la Celeridad, Innovación Continua, Trabajo en Equipo y Pertenencia; y más que un valor un principio sustantivo, que lo representa la Transparencia a través de Rendición de Cuentas, la Confianza, Credibilidad y Compromiso con la Nación.
La resolución de conflictos la ejerce mediante los tribunales de justicia en todos los niveles jurisdiccionales. En el nivel superior se cuenta con cuatro salas, la sala primera de los asuntos civiles, la sala segunda de lo penal, la sala tercera de lo contencioso administrativo y casación laboral, la sala cuarta de los negocios generales que se constituye en la sala de gobierno de los asuntos administrativos del Órgano Judicial, y una sala plena conformada para asuntos de constitucionalidad.
Los conflictos atendidos por esta corporación de justicia en el resto de los niveles son asuntos de naturaleza ordinaria en materia civil y penal; y de naturaleza especializada, asuntos de familia, trabajo, marítima, libre competencia y asuntos del consumidor y agrarios; en materia de niñez y adolescencia resuelven procesos de protección, familia, administrativos y penales de adolescentes.
En ese sentido, esta organización también cuenta con cuerpos auxiliares que trabajan en forma autónoma e independiente; sin embargo, para aspectos presupuestarios, se rige por la política presupuestaria del Órgano Judicial. Estas dependencias son el Instituto de la Defensa Pública, los Centros de Mediación y el resto de las dependencias de apoyo, incluyendo la Secretaría Administrativa, ente encargado de gestionar los recursos financieros y servicios administrativos, con el fin de garantizar el funcionamiento operativo de las todas las dependencias tanto judiciales como administrativas y de apoyo.
4 Materiales y métodos
4.1. Tipo y diseño de investigación
Este artículo se fundamenta en un diseño de investigación no experimental toda vez que no se ejecutó control sobre las características o variables que dimensionan el objeto de estudio, observando los hechos tal como se manifestaron en un período determinado.
Esto es así, dado que se examinaron en forma retrospectiva los registros estadísticos de los años 2012 a 2022, identificando como variables independientes el Presupuesto Ley designado al Órgano Judicial, el porcentaje del gasto público destinado al Órgano Judicial, presupuesto del Órgano Judicial por habitante; mientras que como variables dependientes los indicadores de resultados: audiencias realizadas, los casos pendientes al culminar cada período, tiempo promedio de respuesta (en años), la pendencia o casos por resolver al culminar el período, la tasa de congestión, la tasa de descongestión y la tasa de resolución (Tabla1).
Según el alcance de la investigación, se desarrolló con un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y longitudinal, con la finalidad de examinar en qué medida la asignación presupuestaria incide en los resultados de la gestión jurisdiccional (Hernández, 2014, p.123).
Por otra parte, Salkind señala que la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. Con este tipo de investigación, se determina la existencia de relaciones entre variables, sin embargo, no se puede establecer la causalidad. (como se citó en Bernal, 2010, pág. 114)
Las variables en estudio provienen de fuentes de información, de carácter secundaria, en este caso particular de la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales y la Dirección de Planificación y Presupuesto, correspondientes a los registros y publicaciones periódicas.
4.2 Métodos de Análisis
La descripción de los datos se realizó mediante un análisis estadístico, en primera instancia una síntesis de la información en cuadros y figuras, mostrando el comportamiento y evolución de los indicadores en el período de análisis, tanto los datos presupuestarios como los indicadores de los resultados de la gestión Jurisdiccional. Para estos efectos, se aplicó el análisis exploratorio de datos con un resumen numérico y gráfico para identificar patrones en los indicadores en estudio, datos atípicos, medias de síntesis o tendencia central, dispersión, correlaciones y revisión de supuestos de normalidad y linealidad. Los análisis estadísticos en esta etapa se refieren a promedios, valores mínimos y máximos, tasa de cambio en el período y el cambio promedio interanual, cuyos resultados permiten fundamentar los supuestos en métodos estadísticos de correlación y regresión.
En la segunda etapa analítica, se calculó la matriz de correlación bivariado, se aplicó un análisis de regresión lineal simple, estableciendo una relación entre indicadores presupuestarios y los resultados institucionales. De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis exploratorio, se identificaron relaciones bivariadas significativas que se expondrán en los resultados.
El coeficiente de correlación de Pearson se usa para establecer el grado de asociación lineal entre dos variables, cuyo resultado en valor absoluto nos brinda una idea de la fuerza de dicha relación. Por otro lado, el signo del valor numérico nos indica si la asociación lineal es directa o inversa entre las variables cuantitativas. Este coeficiente de correlación varía entre −1 y +1, que en términos porcentuales fluctúa entre -100% y 100%. A mayor valor numérico, mayor será la relación. Los valores cercanos a cero (0), tanto positivos como negativos, son más débiles en la relación lineal de las variables.
Una vez establecidas las correlaciones, se procede a identificar en qué medida los indicadores de presupuesto inciden en los indicadores judiciales, para estos efectos se analizaron regresiones simples. En ese sentido, Gujarati, et al., (2011), describe el análisis de regresión simple o con dos variables como el análisis que estudia la dependencia de una variable respecto de una única variable explicativa o independiente.
5. Resultados
5.1. Evolución del Presupuesto General del Estado aprobado y ejecutado
Para el año 2022, el Presupuesto General del Estado ascendió a B/. 25,294.7 millones de balboas que representa un 34% del PIB nominal, y un 5% mayor al presupuesto del año anterior. Asimismo, si se compara respecto al año 2012, el Presupuesto General del Estado aumento en 75%, es decir una tasa promedio de crecimiento de 7.5%. (Figura 2)
Respecto al Presupuesto General del Estado Ejecutado, la ejecución representó aproximadamente en promedio el 88% del presupuesto aprobado durante el periodo de evaluación (Tabla 2).
El Presupuesto General del Estado está compuesto por dos grandes componentes claramente diferenciados por su naturaleza (Shack, 2006), el componente de funcionamiento y el de inversión. El primero, permite al Estado proveer de bienes y servicios a la colectividad, trata de cumplir con sus funciones esenciales en la economía del país y también incluye el servicio de la deuda que comprende las obligaciones financieras o económicas tanto del Gobierno Central como de las entidades descentralizadas. El Segundo componente incluye todos los proyectos de inversión a ser ejecutados por las diferentes instituciones gubernamentales, autónomas y semiautónomas durante la vigencia fiscal.
Según la Tabla 2, el Presupuesto de Funcionamiento representa el 61% en promedio, del cual el 23% se destina al pago del servicio de la deuda pública. En el componente de Funcionamiento el rubro de Servicios Personales representa el mayor monto acumulado, seguido del servicio de la deuda interna, durante el periodo de evaluación. El 39% restante corresponde al gasto de inversión.
Dentro del Presupuesto del Sector Público no Financiero, se tiene información correspondiente al monto asignado a los principales sectores del Estado. La estructura del presupuesto público por sectores se presenta a continuación.
Dentro de la estructura del Prepuesto tenemos que el sector salud tiene la mayor participación con un 38% en promedio, seguido por el servicio de la deuda con un 18%. El segundo sector institucional con mayor prioridad fiscal es el sector Educación con el 14%, el sector de seguridad representa un 10% para el periodo 2012-2022. En el caso de la Administración de Justicia, apenas ha tenido una participación promedio de alrededor del 2% del Presupuesto General del Estado aprobado en concepto de Gastos Corrientes, muy por debajo de los países de la región (Tabla 3).
5.2. Evolución del Presupuesto Ley Total, Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones del Órgano Judicial
El Presupuesto Ley del Órgano Judicial para el año 2012 fue de 106.8 millones de balboas, mientras que en comparación con el año 2022 aumentó a 205.6 millones, lo que representó un incremento de 92.6%, es decir que aumentó en un ritmo interanual promedio un 6.8% (Tabla 4)
Este cambio sustantivo en las asignaciones presupuestarias para el último decenio se ha experimentado principalmente en el renglón de funcionamiento, con una variación del 131.7% en el período considerado, lo que en términos absolutos registró 82.3 millones de balboas para 2012 y 190.6 millones de balboas en 2022. En contraste, se puede observar que el comportamiento en el renglón de inversiones refleja una disminución del 38.8% en comparación con el año 2012, lo cual se traduce en una caída promedio anual del 4.8%. Esto muestra que el presupuesto destinaba 24.5 millones para inversiones en el año 2012, y ha disminuido a 10.7 millones para el 2022.
Con respecto al Presupuesto Público, el Órgano Judicial solo ha recibido en promedio el 0.70%, con una tasa de variación de un 0.57% a un 0.81% durante la década, sin superar el 1%. Por otra parte, el gasto público del Órgano Judicial, concordante al volumen poblacional, pasó de 28 balboas por habitante en el año 2012, a 47 balboas por habitante en el 2022, aumentando 19 balboas per cápita para el mismo periodo (Tabla 4).
Ciertamente, esta corporación de justicia tiene una asignación que, por ley, corresponde al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central. Este parámetro se ha ubicado por debajo de la relevancia de la complejidad de los asuntos judiciales, ya que no es posible reducir el costo de la justicia sin que se vea afectada la capacidad institucional para dar respuesta jurisdiccional efectiva a favor de los usuarios y la tutela de derechos.
A partir del 2021, las asignaciones destinadas al Órgano Judicial, mediante la Ley de Presupuesto, se incrementan sustantivamente en 15 millones y para el 2022 en 23.4 millones de balboas. Este incremento solo se había experimentado con la implementación escalonada del Sistema Penal Acusatorio, en virtud de la gestión de la Corte Suprema de Justicia, para la sostenibilidad de los programas y proyectos institucionales, el mejoramiento de la infraestructura, la equidad salarial de los funcionarios judiciales, creación de juzgados, entre otras metas institucionales de mediano y largo plazo.
5.3. Análisis del Presupuesto del Poder Judicial en términos per cápita
Para analizar el peso relativo de los factores que explican la variación del gasto del Órgano Judicial por habitante (GPJ/N), se adaptó e implementó el método de descomposición que presenta Shack (2006), el cual permite aproximar el efecto de cada factor en la variable analizada. En primer lugar, se tiene el efecto de la prioridad fiscal del gasto del Poder Judicial; en segundo lugar, el efecto de la prioridad macroeconómica del gasto del sector público; y en tercer lugar el Producto Interno Bruto per cápita.
5.4. Sobre la Demanda del Servicio, la Carga de Trabajo y la Respuesta Jurisdiccional
Del ejercicio de la función jurisdiccional, durante la última década, se ha registrado una demanda del servicio por el orden de 1,447,366 casos ingresados, con una respuesta de 1,514,597 casos resueltos, y quedando 62,497 procesos pendientes de resolver. Estos resultados evidencian una eficacia institucional reflejada en el índice de resolución de un 104.6%, una descongestión de un 96% y una disminución del 52% en los casos pendientes al culminar el año 2022 comparado con los pendientes al iniciar el año 2012 (Tabla 6 y Figuras 3 y 4).
El índice de Resolución de Casos es la relación entre los casos resueltos y los casos ingresados, que durante el período estudiado se pudo observar en promedio un índice de un 105.5%, fluctuando entre el 94.3% y un 128.4%, este último indicador registrado en el año 2020 (Tabla 6).
Por otra parte, la tasa de descongestión de casos se refiere a los casos resueltos entre carga laboral o casos para resolver, es decir, la demanda ingresada del servicio durante un periodo determinado, además de los procesos pendientes de tramitación al iniciar dicho periodo. En la última década, este indicador se ha mantenido alrededor en un 55.6%, oscilando entre un 48.9% y un 69.9% durante el período (Tabla 6 y Figura 3).
Se observa, que la respuesta institucional se refiere al tiempo de respuesta definido como la estimación basada en la relación existente entre la carga laboral y la cantidad de casos resueltos, cuyo resultado derivó un promedio de 1.8 años y varió con un tiempo mínimo de respuesta de 1.43 años y un tiempo máximo de 2 años en 2022. También experimentó una disminución del 27.8% en el decenio, que en promedio anual significó una reducción del 3.2% del tiempo de respuesta anual, y una variabilidad del 11%. Es decir, que los cambios se han registrado en forma constante y progresiva (Tabla 6 y Figura 4).
Con relación al comportamiento de la tendencia anual de la carga de trabajo y los casos pendientes, estos se caracterizan por una disminución progresiva y sostenida a medida que aumentaban los años. En ese sentido, la Carga de Trabajo disminuyó en el periodo un 25.3%, a razón de 2.9% por año. Mientras que los casos pendientes, al culminar el 2022, disminuyeron un 54.5% comparado con 2012, lo que significó una disminución promedio interanual del 7.6%. (Tabla 6 y Figura 3)
Es importante indicar que las audiencias realizadas presentaron un comportamiento distinto, manteniéndose casi estable desde el 2012 hasta 2016 donde se reflejó un incremento sustantivo. Al concluir el año 2022 este indicador de productividad fue tres veces mayor que el registrado al inicio del período estudiado, con una tasa de crecimiento de un 252.8% en la década, es decir, que en promedio las audiencias realizadas aumentaron un 13.4% cada año. (Tabla 6 y Figura 3)
5.5. Incidencia del Presupuesto del Órgano Judicial sobre los resultados de la Gestión Jurisdiccional
En los acápites anteriores, observamos el comportamiento de dos indicadores referidos al presupuesto ley del Órgano Judicial, el presupuesto destinado por habitante y el porcentaje con respecto al gasto público. Asimismo, examinamos los indicadores judiciales de la demanda del servicio, la carga laboral, los expedientes pendientes de resolución, así como el tiempo de respuesta y los indicadores de rendimiento institucional.
De lo anterior se puede observar en qué medida las asignaciones presupuestarias inciden en los resultados de la gestión jurisdiccional, sin considerar otros factores externos, como la cultura de litigiosidad, las prácticas dilatorias, entre otras situaciones geopolíticas que inciden en la economía y los mercados comerciales que operan en nuestro país, puesto que esto genera costos sociales y económicos.
En la Figura 5, se observa que tanto los casos pendientes como la carga laboral disminuyen en la medida que las asignaciones presupuestarias aumentan. Es importante recordar que la carga laboral está compuesta por los casos ingresados más los casos pendientes por resolver, lo que nos indica que la incidencia de los recursos provee de mayores posibilidades de resolver los expedientes que quedan rezagados de otras vigencias.
Por otra parte, encontramos que las audiencias realizadas tienen un comportamiento similar que las asignaciones presupuestarias porque tienen un comportamiento casi estacionario entre los años 2012 y 2016, en ambas variables. En el resto de los años, ambas variables aumentan, excepto en el año 2020, que, por razones conocidas, el efecto del estado de emergencia nacional por COVID-19 afectó el comportamiento tendencial de ambos indicadores (Figura 5).
Lo que debemos rescatar es que a pesar de que el incremento presupuestario fue motivado principalmente por la puesta en vigor de las últimas fases de la reforma procesal penal en Panamá, específicamente en las regiones de mayor población donde aumentó la demanda del servicio, en definitiva, sin esta inyección presupuestaria, muy poca respuesta institucional se hubiera materializado.
También, era esperado un mayor impacto en la resolución de casos. Sin embargo, el efecto de la reforma procesal en este periodo trajo consigo un cambio en la naturaleza de la demanda en materia penal, disminuyendo los casos ingresados, toda vez que para efectos procesales los casos se judicializan con la imputación de cargos. Este comportamiento se regularizará en los próximos años, al aumentar las imputaciones producto del proceso de investigación, de aquellas noticias criminales que no habían concretado los elementos de convicción requeridos para la judicialización y consecuente resolución.
Estos planteamientos fueron verificados mediante un análisis de correlaciones bivariadas de Pearson y un análisis de regresión lineal simple, a fin de realizar su comprobación estadística, así como medir el nivel de influencia de los indicadores presupuestarios con los indicadores judiciales (Tabla 7 y Tabla 8).
Se hace la salvedad que, solo se revisaron las correlaciones entre las variables independientes (Indicadores presupuestarios) y las variables dependientes (Indicadores judiciales) de manera bivariada, toda vez que en las correlaciones entre las dependientes se tendrán problemas de colinealidad, al igual que en las correlaciones entre las independientes. En la Tabla 6, se observa cuáles de los indicadores de presupuesto se relacionan linealmente con el comportamiento de cuál de los indicadores judiciales. A continuación, se presentan los resultados de las correlaciones en relación con estos indicadores.
En la Tabla 7, de las correlaciones entre las variables presupuestarias e indicadores de la gestión institucional, se evidencian las variables que muestran un grado muy alto de correlación, y para este propósito consideraremos aquellas correlaciones cuyo valor absoluto sea mayor de un 80%, como se muestra a continuación:
o El Presupuesto Ley y las audiencias realizadas, con una correlación lineal muy alta y directa de un 90%, es decir, que tenemos la seguridad que las audiencias aumentarán con la intensidad que aumenten las asignaciones presupuestarias, o en caso contrario, si las asignaciones presupuestarias disminuyen, también disminuirá la capacidad de realizar audiencias.
o El Presupuesto Ley y la carga laboral, con una correlación lineal muy alta e inversa del -84.6%, en este caso la carga laboral disminuirá en la medida que el presupuesto del Órgano Judicial incremente y viceversa.
o El Presupuesto Ley y los casos pendientes al culminar el período la correlación lineal también es muy alta e inversa de un -81.8%, por lo que a mayor presupuesto los casos pendientes tenderán a la baja.
Las variables que muestran una alta correlación con el Presupuesto son aquellas variables con correlaciones mayores de un 60% e iguales a un 80% en valores absolutos. Resultando las correlaciones bivariadas con el Presupuesto, los casos pendientes al inicio de cada año teniendo una correlación lineal inversa de un -78%; con la tasa de descongestión hay una correlación lineal directa de un 69.3%; y con el tiempo promedio de resolución o respuesta jurisdiccional, se registró una relación lineal inversa de un -68.5%.
Ahora consideramos las correlaciones moderadas con valores absolutos mayores de un 40% pero iguales o menores de un 60%. En consecuencia, siguen en este orden, el Presupuesto y los Casos Ingresados con una correlación lineal e inversa de un -60.5%, lo cual no tiene sentido práctico. Asimismo, encontramos relaciones inversas en la Tasa de disminución de la pendencia con un -55.4%, y con los casos resueltos, pero con menor fuerza registrando un -40.7%; con similar intensidad, pero de forma directa, se manifestó la relación lineal del Presupuesto y la Tasa de Resolución con el 40.9%.
De las correlaciones lineales bivariadas, seleccionamos las más fuertes para establecer modelos de regresión y verificar el impacto del presupuesto sobre estas. En la Tabla 8 se muestran los valores de significancia estadística de las relaciones lineales, coeficientes de correlación y de determinación. El más importante lo representa la relación entre el presupuesto y las audiencias realizadas con un modelo lineal altamente significativo, con un coeficiente de correlación de un 90% y cuyo coeficiente de determinación[1] es de un 81%. Esto nos indica que el presupuesto explica en un 81% la cantidad de audiencias realizadas, mientras que el 19% restante es explicado por otros factores sistemáticos y no sistemáticos.
Por otra parte, la relación lineal entre el presupuesto y la carga laboral también fue significativa pero inversa, con un coeficiente de correlación de un -85%, lo que nos indica que en la medida que aumenta el presupuesto del Órgano Judicial, la carga laboral disminuye por efecto de la evacuación de los pendientes. El coeficiente de determinación apuntó a un 72%, por consiguiente, el presupuesto designado a la Administración de Justicia determina el 72% de la reducción de la carga laboral. (Tabla 8).
Finalmente, encontramos que Presupuesto Ley y Casos Pendientes tienen una relación inversa al culminar el año, es decir los casos que quedan pendientes de resolución que vienen de vigencias anteriores presentaron una significativa relación lineal inversa con una correlación de un -82% indicando que en la medida que aumenta el presupuesto destinado al Órgano Judicial se presentan más posibilidades de evacuar la pendencia de casos y viceversa. El coeficiente de determinación indica que el presupuesto explica en un 67% la disminución de los casos pendientes, mientras que el 33% es explicado por otros factores no considerados en el análisis. (Tabla 8)
6. Síntesis Reflexiva y Conclusiones
Una de las justificaciones para que el Órgano Judicial incremente su presupuesto se basa en las necesidades sociales de prestar un servicio eficiente de administración de justicia. Puesto que la eficiencia permite mejorar la productividad, y a su vez, se requiere de mayores recursos para mejorar la función de producción de los factores productivos de cualquier organización, es relevante que no solo aumente el capital (presupuesto), sino el resto de factores como el recurso humano, la tecnología y los insumos. Por lo tanto, la administración de justicia no escapa de los principios económicos más esenciales, y el presupuesto es su fuente de ingreso primaria.
Al realizar el análisis de cómo afecta el presupuesto, utilizado como un indicador, para medir su impacto en las variables de estudio como la carga laboral, las audiencias realizadas y los casos pendientes, entendemos que, si no aumenta su asignación anual tampoco se reflejará en la mejora de estos tres indicadores.
También se observó que los casos pendientes y la carga laboral disminuyen en la medida que las asignaciones presupuestarias aumentan, lo cual sugiere que, si los recursos aumentan, la productividad judicial aumentará, lo que mejorará la eficiencia del sistema judicial.
Asimismo, las asignaciones presupuestarias inciden en los resultados de las audiencias realizadas, puesto que se podrá efectuar más audiencias si se cuenta con el presupuesto adecuado para incrementar la jornada laboral, el recurso humano cualificado, la tecnología y los insumos necesarios para que la gestión jurisdiccional se pueda llevar a cabo, generando una eficiencia operativa orientada a la máxima productividad y la optimización de los recursos disponibles.
No olvidemos que el Estado requiere de una planificación eficiente de los recursos, puesto que los mismos son escasos y el presupuesto no es infinito. Por lo tanto, la inversión en materia de justicia y los, gastos en funcionamiento son necesarios para la estabilidad económica y la gobernabilidad basada en un estado de derecho.
Evidentemente, hay factores externos que generan costos sociales y económicos que muchas veces no permiten alcanzar índices de eficiencia por un aumento del presupuesto, como la cultura de litigiosidad, las prácticas dilatorias, o las situaciones geopolíticas, que inciden y afectan el quehacer judicial. Por lo tanto, estos efectos negativos se pueden corregir en la medida que se observe que el presupuesto asignado no está influyendo como lo hace en la actualidad.
Los costos económicos generados por actos delictivos suelen tener impacto que puede medirse a través del PIB. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su anexo sobre La delincuencia y su incidencia macroeconómica en América Latina y el Caribe (ALC), explica que
Los índices de delincuencia en América Latina y el Caribe son mucho más altos que los de otras regiones y tienen un impacto macroeconómico porque merman el crecimiento del producto al reducir la acumulación de capital y la productividad. Cerrar las brechas de violencia que existen entre ALC y el promedio mundial podría generar un crecimiento sustancial en la región. (FMI,2023, P.12).
El FMI, en su estudio también exploró “el impacto macroeconómico de la delincuencia, centrando la atención en el impacto general sobre el PIB y en los principales canales, es decir, acumulación de capital, participación en la fuerza de trabajo y productividad total de los factores”, (p.18).
Este estudio tuvo resultados relevantes al concluir que el aumento del 1% en las tasas de homicidio contribuye a reducir la tasa de crecimiento del PIB en 0.3 puntos porcentuales porque disminuye la acumulación de capital (inversión de la empresa) y, por lo tanto, decrece la productividad total de los factores.
Evidentemente, hay diversas causas que contribuyen al incremento de los delitos y que promueven el aumento de la violencia y los actos delictivos, tales como la desigualdad social, la inequidad de la distribución de la riqueza y la falta de oportunidades.
Además, la falta de ingresos producto del desempleo y los bajos salarios pueden también inducir al delito para cubrir necesidades. Por lo tanto, los costes sociales desde el punto de vista público, y que puede percibir la sociedad en general, es que los actos delictivos elevan el nivel de riesgo país, lo que se traduce en una caída de la inversión nacional y extranjera, provocando un bajo crecimiento económico y un aumento del desempleo.
Si damos un vistazo a Centroamérica, en términos nominales con respecto al PIB, los mayores costos se encontraron en Guatemala y El Salvador (hasta hace poco), mientras que en Costa Rica fue menor. En términos relativos, considerando el porcentaje del PIB, los mayores costos fueron en Nicaragua y Honduras, y en menor medida en Guatemala. Es evidente que estos países tienen economías que crecen menos que la de Panamá. Sin embargo, Costa Rica invierte en su sistema judicial un 6% de su presupuesto, mientras que El Salvador no menos del 6%, Guatemala no menos del 2% y Honduras no menos del 3%. En Panamá, en cambio, apenas llega al 2% del presupuesto general del estado. Se entiende entonces, que El Salvador haya disminuido notablemente su alto índice de delitos, puesto que lleva años, desde el 2008, invirtiendo más del 6% de su presupuesto en su sistema judicial.
Es fundamental incrementar la asignación presupuestaria en materia judicial porque tenemos el potencial para convertirnos en una de las economías punteras de toda Latinoamérica, y debemos tener la capacidad de alcanzar el mismo nivel en nuestro sistema judicial, aunque el porcentaje de gasto público en justicia sea más bajo que los países de la región. Los avances obtenidos producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 23 de diciembre de 2021, que declaró la inconstitucionalidad del presupuesto de ese año, pero con efectos al futuro, permite que de conformidad con el artículo 214 de la Constitución Nacional, el Órgano Judicial obtenga su independencia funcional y financiera, elaborando su presupuesto de acuerdo al Plan Estratégico con un horizonte de 10 años, y que este presupuesto anual no este condicionado a recortes por parte del Órgano Ejecutivo y luego de enviarlo tal como lo establece la ley, sea incluido en el proyecto de presupuesto general del Estado, por lo que investigaciones como la presente, son una necesidad y un insumo fundamental para respaldar la propuesta de asignación que el propio Órgano Judicial remita.
Lo anterior, permite reducir la diferencia entre los niveles de delincuencia de ALC y el promedio mundial en un 20%, como un objetivo firme para los próximos diez años, y así contribuir al crecimiento de 0.05 puntos porcentuales del PIB, basado en un eficiente y productivo sistema de la administración de justicia.
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