Si realizamos un balance sobre los estudios de la memoria en los diferentes países de América Latina, a excepción de Argentina, Chile y Uruguay, donde los estudios de la memoria han alcanzado un gran desarrollo, veremos que México rara vez es considerado en ellos. Un ejercicio de reflexión sobre los trabajos en este campo durante los últimos años, por ejemplo, analizando las diferencias en las trayectorias políticas y sociales de los diferentes países de América Latina, nos puede ayudar a dilucidar esta ausencia. En este trabajo analizo el proceso peculiar que actualmente se está viviendo en el campo de los estudios de la memoria en México, señalando algunas de las similitudes y diferencias con los procesos de otros países de América Latina, como la importancia de los colectivos de víctimas en la construcción de memoria. Asimismo, a partir de la exposición y reflexión sobre las acciones de memoria que realizan colectivos de víctimas de distintos de tipos de violencia, como la violencia del Estado, la violencia contra las mujeres o la violencia contra los migrantes, analizaré los distintos procesos de construcción de memorias en México.[1]

De manera general, en todos los países latinoamericanos podemos identificar un interés por la construcción del sentido del pasado, particularmente sobre sucesos violentos que han marcado las experiencias de vida de distintas generaciones, detonando la construcción de memorias marcadas por la violencia y la injusticia[2]. Si bien es cierto que los estudios de la memoria también indagan sobre procesos mnémicos de otra índole -como la defensa de los derechos humanos o de los movimientos sociales-, no podemos negar que este tipo de experiencias han sido un objeto privilegiado en el campo. Por otra parte, un gran número de investigaciones de la región se ha interesado por las acciones de rememoración de hechos violentos de distinta índole, por lo que en muchos de estos países son nutridos los estudios sobre conmemoraciones, museos, monumentos, actos performativos y narrativas memoriales[3]. Dentro del ámbito memorial, los testimonios, tanto de primera mano como de familiares de víctimas, o relatos de terceros, y los discursos públicos que se han construido y transmitido sobre las violencias han generado disputas públicas que se manifiestan en los espacios de circulación de las memorias.[4]. Evidentemente, las batallas por la memoria de la violencia y la represión deben ser elucidadas dentro del contexto histórico de cada uno de los países[5], sin embargo, podemos reconocer ciertas acciones memoriales presentes de manera constante en todos ellos; por ejemplo, la denuncia de la desaparición forzada de personas -una problemática de dimensiones diversas en cada país- tiene manifestaciones memoriales en muchos de los países que la han vivido, pero no ha pasado lo mismo con otros tipos de violencias, como la sexual, la institucional, la de discriminación étnica o la laboral[6], en tanto que hay violencias estructurales normalizadas e interiorizadas. Como señala Azaola siguiendo a Scheper, Hughes y Bourgois: “hay una violencia que se considera “normal”, de todos los días, que a menudo es pasada por alto, mientras que hay otra violencia a la que se considera “extraordinaria, patológica, excesiva o gratuita…[pero] lejos de existir una ruptura entre ambos tipos de violencia, lo que existe es más bien una continuidad”[7]. Ciertamente, tanto en el medio académico como en el político parece no haber habido tanto interés en las memorias y expresiones de este tipo de violencias[8], si bien, esto se ha ido modificando en los últimos años.

En cuanto al caso mexicano, podemos observar que ha habido un clara tendencia -justificada, me parece, ya que durante décadas hubo una política de silencio y olvido que, de alguna manera, se busca resarcir- a estudiar ciertos movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, situación que de alguna manera reforzó la construcción alrededor de éstos como hitos históricos. Los cuales, si bien tuvieron una trascendencia histórica innegable, como el caso del movimiento estudiantil del 68 o la movilización ciudadana en torno a las elecciones de 1988, quizá han opacado el análisis de otros sucesos históricos que refieren a distintos y nuevos procesos de construcción de memoria en el país -como la defensa comunitaria del territorio, por ejemplo-. Al respecto, considero que la apuesta política y epistémica debería orientarse a trabajos híbridos multi y transdisciplinarios en los que se amplíe y converjan distintas miradas de la realidad social.

¿Quién estudia la memoria en México?

Cuando uno hace una búsqueda de trabajos académicos sobre la memoria de acontecimientos violentos y traumáticos en México encontramos que el tema ha sido trabajado, básicamente, desde una disciplina: la Historia. Sin embargo, en otros países no ha sido así, y se han involucrado disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, el derecho o la antropología, constituyendo así el campo de los Estudios de la memoria de manera multidisciplinar. Ciertamente, en México comienza a ser notoria la preocupación por la resignificación y dignificación del pasado, no sólo desde la academia, sino también en el ámbito de las políticas públicas. El principal interés se ha situado en la historiografía de ciertos sucesos violentos de la historia reciente del país, en específico en sucesos y procesos que abarcan desde la década de los setenta, cuando la presencia de distintos grupos guerrilleros y las prácticas de represión estatal -como la desaparición- se incrementaron. En ese sentido, la violencia del pasado reciente comenzó a ser un foco de interés, colocándose como un tema central en lo que podríamos identificar como los antecedentes de los estudios de la memoria en el país[9]. Sin embargo, a diferencia de lo que encontramos en buena parte de los casos de la región, en México el interés social, político y académico por la memoria no se dio en un contexto transicional, es decir, en un escenario en el que existe un acuerdo para llevar a cabo un proceso de tregua o paz en términos de violencia, sino que se dio en un contexto de exaltación la misma. Desde hace más de diez años, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró una ofensiva militar contra la delincuencia, la llamada “guerra contra el narco” o “guerra contra las drogas”, se incrementó la violencia en diferentes aspectos, y en concreto se desató una crisis brutal de desaparición de personas. Desde mi parecer, esto contribuyó a la división disciplinar tan notoria que existe en el país con relación a los estudios de la memoria, ya que ciencias como la antropología, la ciencia política o la sociología se han volcado a tratar de entender y explicar las manifestaciones de las violencias actuales; sin que necesariamente se tiendan puentes entre las violencias actuales y las pasadas, ni entre los procesos de memoria correspondientes, dejando el análisis de estas últimas a la Historia. Al respecto, quisiera detenerme en el desarrollo particular que ha tenido la antropología, una disciplina en la que la memoria (sus prácticas, y procesos de enunciación y representación) constituye el material empírico de análisis, que además se ha ocupado de analizar y reflexionar en torno a las violencias[10] y que, en el contexto actual, está teniendo un protagonismo diferente desde una de sus ramas en específico, la antropología forense.

En la antropología se explora la memoria (sus acciones, sus narrativas y sus luchas) dilucidando las significaciones que los sujetos y comunidades otorgan a eventos pasados desde el presente. En ese sentido, el trabajo primordial no es de archivo, aunque este sea necesario, sino que más bien se observa y se participa de las acciones, procurando y analizando los testimonios de las víctimas, no exclusivamente para reconstruir un hecho pasado, sino para entenderlo desde la percepción actual de los sujetos. Es así como, a partir de lo que conocemos como metodologías cualitativas, se exploran diversas acciones mnémicas que incluyen prácticas narrativas y rituales, así como nuevas performatividades. Ciertamente, en la antropología, los procesos de construcción de memoria han sido abordados a partir del análisis de la construcción identitaria y las prácticas de pertenencia cultural, en donde la relación de la memoria y el territorio resulta crucial. Los distintos tipos violencia estructural y simbólica presentes en ese ámbito son evidentes, sin embargo, no han sido conceptualizados en términos mnémicos, sino de resistencia, subalternidad, colonialidad, etc. (la violencia estructural a la que pueblos originarios han estado sometidos es un ejemplo de ello).

De igual manera, el proceso de patrimonialización[11] de la cultura de los pueblos y las naciones ha sido estructuralmente violento, pues “la construcción de los patrimonios nacionales se ha hecho desde actores e instituciones hegemónicas, y no siempre de forma democrática y justa para todos los sectores de la sociedad”.[12] Un ejemplo de ello son los usos y apropiación que se hacen del territorio, los paisajes y los recursos naturales de comunidades y pueblos originarios, así como todos los bienes materiales depositados en museos o las prácticas ancestrales reconocidas como patrimonio intangible, las cuales son parte innegable de un proceso de memorialización y de monumentalización impuestos. Sin embargo, se ha construido la idea de que el patrimonio cultural es el sustento de la memoria y de la historia del país y, por tanto, hay que salvaguardarlo.[13] Pese a ello, la construcción, transmisión y lucha por la memoria había sido abordada en esta disciplina como un componente importante, pero no como un tema de estudio. Hoy en día, esta situación ha cambiado, y la antropología se ha sumergido en el análisis y colaboración de prácticas mnémicas determinadas, básicamente, por la tragedia de la desaparición de personas que se vive en el país.

La memoria que se estudia en México: la memoria de la desaparición

Como señalé antes, la desaparición forzada en México se ha convertido en un tema de emergencia nacional. Hasta el día de hoy, la Comisión Nacional de Búsqueda registra más de 111 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país[14]. En este contexto, el papel de la antropología forense ha ido cobrando relevancia colocándose como una herramienta valiosa en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; a pesar de que esta labor es impulsada y realizada, la mayoría de las veces, por colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Ante este panorama, el estudio de la memoria podría parecer una tarea secundaria. Sin embargo, cada vez más se llevan a cabo trabajos académicos y artísticos colaborativos que retoman y exploran las memorias de los familiares de personas desaparecidas, básicamente en los últimos tres sexenios[15]. Estas colaboraciones son realizadas entre colectivos de familiares e instituciones que los acompañan, entre instituciones artísticas y académicas que proporcionan espacios de exposición y denuncia, y con solidarios que, mediante su plataforma de trabajo (por ejemplo, el periodismo o centros de defensa de los Derechos Humanos), acompañan el proceso de búsqueda.

En los últimos años, desde la academia, se ha ido documentado el trabajo de algunos colectivos, no sólo como una manera de registro y análisis de los hechos, sino también como un acto de reconocimiento de la enorme labor que realizan las buscadoras o rastreadoras, que ante el contexto de impunidad decidieron hablar de lo que estaba sucediendo y salir ellas mismas a realizar la labor que debía hacer el estado: la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Al respecto, los trabajos de Aída Hernández, Carolina Robledo y May-ek Querales, pioneros en la recuperación de las historias de vida de buscadoras (básicamente mujeres) desde el ámbito de la antropología, son de vital importancia para comprender, mediante estas historias, “cómo se habita un mundo devastado por la violencia”[16].

La necesidad de tener una mirada histórica no sólo del contexto de la desaparición, sino de la experiencia misma, responde a la urgencia por colaborar en estrategias que permitan “recordar y hacer presente a los ausentes”[17]. Esto ayuda a entender el proceso emocional y el trabajo memorial que comunidades de víctimas han realizado en la búsqueda y exigencia de verdad y justicia. En este mismo tenor, desde otros espacios de reflexión y acción han surgido múltiples iniciativas de memoria que ayudan a resignificar el dolor y el trauma vivido a través de proyectos colaborativos. Por cuestión de espacio, mencionaré sólo algunas:

1) Los Recetarios para la Memoria, publicados con las Rastreadoras de Guanajuato y las Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa, representan una iniciativa novedosa que expone la realidad de la desaparición a través de las recetas replicada de algunos de los guisos preferidos de sus familiares desaparecidos.[18]

2) La plataforma digital “A dónde van los desaparecidos”, creada por periodistas interesados en la cobertura de la desaparición y la lucha de los familiares en la búsqueda, realiza investigaciones colaborativas con perspectiva de memoria y derechos humanos.[19]

3) La serie de videos del colectivo “Uniendo Esperanzas” del Estado de México, realizados con apoyo de la Fundación Henrich Böll, que muestran el impacto de las desapariciones en las familias que buscan a sus seres queridos. [20]

4) Las exposiciones de bordados, fotografías y trabajos gráficos en espacios culturales universitarios, como el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM en donde se realizó la exposición “Hilando memoria, tejiendo justicia” con la participaron de colectivos y solidarios; o la exposición “Performatividades de la búsqueda” realizada en la Galería Metropolitana de la UAM en la que participaron familias, artistas y académicos interesados en visibilizar el trabajo de los buscadoras.

5) Y finalmente, el libro Nadie detiene el amor, coordinado por A. Hernández y C. Robledo al que hice referencia antes, que recupera veinte historias de vida de rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa.

A partir del escenario presentado, quisiera reflexionar sobre la temporalidad referida en las acciones de memoria que actualmente se llevan a cabo en México. Si bien es cierto que hay sectores de la sociedad mexicana que han sufrido distintos tipos de violencia de manera continua a lo largo de mucho tiempo (siglos en algunos casos, como el de los pueblos originarios), también es cierto que, en las narrativas históricas que se han construido y reproducido sobre estos sucesos, no siempre se les nombra ni se les reconoce.

No podemos obviar la distinción que se hace, a veces de forma explícita y otras implícitamente, entre los sucesos violentos ocurridos en un pasado lejano, en uno reciente y en uno inmediato [21]. Existe una suerte de corte temporal presente tanto en los discursos hegemónicos como en los imaginarios colectivos, que está relacionado con la percepción y la significación social que se tiene sobre las condiciones sociopolíticas y los actores de cada uno de estos pasados: los indígenas alzados, la construcción de la nación, los defensores de la patria, los traidores, la bola revolucionaria, los estudiantes reprimidos, la democracia, los encapuchados, etc.

Me parece que esos cortes temporales dificultan que las narrativas de las víctimas de violaciones ocurridas en décadas anteriores se toquen y entrelacen con las narrativas de las víctimas de sucesos violentos recientes o actuales. En ese sentido, no se crea un puente vivencial, conceptual, ni en la exigencia de justicia pasada y presente.

La búsqueda de verdad, justicia y memoria es una consigna que, desde mi parecer, ha sido leída de manera distinta desde la diversidad de colectivos y disciplinas. Al respecto, me parece que el tema de la desaparición política puede llegar a ser controversial en algunos aspectos, pues en el afán de reconocer las particularidades del contexto y de las condiciones de perpetración, podemos involuntariamente promover una jerarquización de víctimas en la que, al distinguir las víctimas del crimen organizado de las víctimas de persecución política, se les otorgue un mayor valor a unas sobre otras[22]. Sin embargo, es importante aclarar que esto no implica una jerarquización del dolor o del daño causado, como sucedió con víctimas de algunas dictaduras de Sudamérica[23].

Más bien, alude a un "valor" simbólico otorgado al tipo de víctima, de agravio o, incluso, de perpetrador, en donde la violencia política estatal sufrida tiene una mayor relevancia que la que se le otorga a la violencia experimentada por el crimen organizado. Por ello, es común que las víctimas, y sus familiares, sufran algún tipo de estigmatización producto de un imaginario social hegemónico que construye a la víctima como delincuente argumentando que seguramente “que estaría en malos pasos” o que “por algo se lo habrán llevado”, justificando de esa manera el horror[24]. De hecho, una de las estrategias estatales contra los movimientos armados durante décadas fue estigmatizar a sus integrantes señalándolos como delincuentes comunes, como un intento de deslegitimación y una forma de negar la dimensión política tanto del movimiento como de la represión.

En ese sentido, considero necesario deconstruir el imaginario sobre las víctimas que se ha ido construyendo en México, y para hacerlo me parece muy importante trabajar en la politización del recuerdo, es decir, analizar el contexto y entender las condiciones sociales, políticas y culturales que permitieron las desapariciones -las recientes y las lejanas-, las cuales tienen en común la atmósfera de impunidad. Por lo tanto, es importante reconocer que los actos de memoria además de recordar a las personas víctimas de violaciones, son actos de denuncia, que nos permiten nombrar y reconocer los contextos de violencia.

Los procesos de construcción de memoria en México.

El arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, en el 2018, inauguró el inicio de la gestación de una política de memoria explícita en el país. Son varias las iniciativas que pretenden estar encaminadas a la búsqueda de verdad, justicia y memoria que la han ido conformando, señalaré algunas de las más relevantes. Una acción contundente fue la conformación – en su tercer día de gobierno- de la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”. La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, representa un punto de inflexión que ha modificado las narrativas sobre la criminalidad y la impunidad en la sociedad mexicana, pero también transformó la organización y las acciones de denuncia y búsqueda que realizaban los familiares de personas desaparecidas en el resto del país. En un tenor semejante, a finales del 2021, se decretó la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, que es el organismo encargado de documentar las violencias practicadas en contra de los movimientos y organizaciones disidentes durante ese periodo.

La documentación de violaciones a los derechos humanos, la recolección de testimonios de víctimas y de familiares de personas desaparecidas durante ese periodo específico, es una de las labores primordiales de la comisión. Sin embargo, la necesidad de herramientas políticas, legales, de acción social y de producción de saberes sobre los tiempos violentos del presente, requiere que complejicemos el debate no sólo alrededor de la producción del conocimiento sobre pasados represivos, sino sobre las acciones de memoria y de búsqueda de justicia que los colectivos realizan hoy.[25]

Además de la creación de las comisiones, se han realizado otro tipo de acciones gubernamentales, como las disculpas públicas a víctimas de distintos tipos de agravios cometidos por el Estado[26]; la designación de una red de sitios de memoria que buscan dignificar la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado reciente[27]; y la presentación ante el senado, a inicios del 2023, de una propuesta de ley General de Memorias. Estas acciones han sido foco de críticas y cuestionamientos por diversos motivos, y sin duda, cada una podría ser analizada de manera particular. Sin embargo, quisiera señalar uno de los aspectos que parecen estar presentes en casi todas: la mayoría de las iniciativas, excepto el caso Ayotzinapa, se refiere a eventos de un evento violento pasado “acabado”.

Con esto no quiero decir que estén resueltos. De hecho, muchos de estos hechos no habían sido reconocidos siquiera como agravios de manera oficial, ni se había efectuado ningún tipo de medida restaurativa previa a esta administración. Por lo tanto, no se había llegado a un proceso de justicia. Me refiero a que son sucesos de un pasado reciente, producto de una violencia estructural y sistémica, que no han sido plenamente superados por la sociedad. Por ello, siguen siendo una fuente de dolor y sufrimiento para las víctimas, sus familias y la sociedad mexicana en general.

Al respecto, considero que la temporalidad de la demanda de verdad, justicia y memoria se ha complejizado. Por un lado, los eventos del pasado reciente siguen siendo una demanda urgente para la sociedad. Por otro lado, la violencia del presente es más visible y urgente, y requiere de una respuesta inmediata. En este contexto, es necesario que las acciones de memoria se centren tanto en el pasado reciente como en la violencia del presente. Esto implica abordar las causas estructurales de la violencia y promover la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Ciertamente, el trabajo de las Comisiones ha colocado un reflector en el valor del archivo y el testimonio que se tenía en el medio académico, pero no en el político. “La escucha entonces, como proceso de investigación y como posicionamiento político por parte de los comisionados, irrumpe en el presente para narrar el pasado y, de vuelta al presente, acompañar el dolor: verdad y memoria perenne de las víctimas”[28]. En ese sentido, me parece fundamental que la escucha y el acompañamiento se realice también con las víctimas del pasado inmediato y del presente, pues éstas han señalado en múltiples ocasiones la falta de empatía y sensibilidad por parte de las autoridades, en un contexto de impunidad, estigmatización y silencio social generalizado.

Ante esta situación, algunos colectivos han emprendido acciones, como la toma de espacios públicos en la que realizan distintos tipos de intervenciones con la intención de visibilizar los distintos tipos de violencia sufridas y exigir justicia. Estas acciones son concebidas y nombradas, por los propios participantes, como acciones de memoria.

Nos encontramos, entonces, ante un panorama en el que convergen distintos procesos de construcción de memoria, construidos desde lugares diferentes y que refieren distintas temporalidades. Ambos procesos, en teoría, promoverían la no repetición de hechos semejantes, la búsqueda de verdad y de justicia, pero uno construido desde las instituciones y otro desde la sociedad civil.

Tomar la calle. Los Actos de memoria en México

La toma del espacio público representa un acto de resistencia, en la medida que se ocupa no sólo el espacio físico, sino también el espacio simbólico y político[29] En los últimos años se ha dado un fenómeno de espacialización contramemorial en la ciudad de México que, sin duda, resulta interesante. En 2015 se colocó el primer antimonumento en una de las principales avenidas de la ciudad con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa meses antes, y desde entonces han sido instalados otros ocho antimonumentos[30] conformando lo que se conoce como “Ruta de la Memoria”[31]. Un antimonumento es una instalación que recuerda un acontecimiento trágico en el que los derechos humanos de las víctimas fueron violentados y al que el estado no ha dado respuesta; la instalación es colocada en el espacio público como un acto de demanda hacia el estado para que haga justicia[32]. Por lo tanto, los antimonumentos no sólo nos recuerdan algunas de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país (desapariciones forzadas, asesinatos de migrantes, feminicidios, violaciones a los derechos humanos, etc.), sino que son un mecanismo de denuncia y resistencia. En ese sentido, “las causas a las que hacen referencia no pretenden formar parte del pasado para su recuerdo o conmemoración, sino que se trata de acontecimientos que no dejan de suceder; por lo menos no, hasta que exista verdad y justicia para cada uno de los agravios” [33]. El tiempo y el sentido del antimonumento, como el de la memoria, se ubican en el presente.

La colocación de antimonumentos en Paseo de la Reforma -una avenida histórica que ha pasado por procesos de monumentalización desde hace más de un siglo- requiere de una organización colectiva peculiar, pues la instalación es trasladada y colocada de manera clandestina (ya que implica una toma inesperada del espacio público) para después sorprender al transeúnte -y a las autoridades- con su presencia. El resguardo del antimonumento pareciera residir en la legitimidad de su denuncia, pues el reconocimiento social y político de los hechos denunciados y el sentimiento de indignación colectivo justifican y, de alguna manera, sostienen la toma del espacio público. Además, de manera periódica se realizan alrededor de los antimonumentos acciones de distinta índole como la conmemoración de los sucesos trágicos, conversatorios, proyección de películas, presentaciones artísticas de danza y teatro, performances, actos ecuménicos y bordadas colectivas. “Su propósito es lograr interactuar con quien los mira […]Es decir, se establece y espera una reacción, una afectación sensible, de conocimiento frente a la problemática o, al menos, de cuestionamiento frente al discurso hegemónico”[34]. En ese sentido, la intervención de los antimonumentos es espacial, pero también moral y política, pues construyen un paisaje con un discurso memorial, de la mano de la demanda social de verdad y justicia.

Figura 1.
Antimonumento +65 dedicado a los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos
Fuente: Autora

Tomar la calle por unas horas, unos días o de manera permanente es un acto político al que han recurrido desde colectivos, sociedad civil en general o incluso políticos[35]. Salir a la calle a denunciar cualquier tipo de violencia, abuso o violación a los derechos humanos es una respuesta a la falta de voluntad y eficacia de las autoridades para llevar a cabo la tarea que les corresponde hacer. Precisamente, debido a esto, muchas de las intervenciones espaciales, políticas y artísticas que actualmente se llevan a cabo en México se enmarcan en un contexto de denuncia de dos de las grandes tragedias nacionales, los feminicidios y las desapariciones. Como señalan Falleti y Delgado, “la intervención convoca a una acción que pretende modificar las prácticas de los sujetos en lo público, pero no sólo se trata de trastocar las prácticas sino los propios sentidos de éstas”[36]. De manera general, podríamos decir que son dos los tipos de acciones o intervenciones que se llevan a cabo en el espacio público de la ciudad: la elaboración de memoriales y la ejecución de acciones performativas. Ambas acciones suelen ir acompañadas de otras actividades como la colocación de placas conmemorativas, la pega de fotografías de las personas desaparecidas, la instalación de tendederos de denuncia de violencia de género o, incluso, la elaboración de murales de víctimas de desaparición o feminicidio. Todas estas prácticas memoriales se reproducen en distintas localidades, producto de la organización y articulación de distintos colectivos, que van generando nuevas posibilidades de vinculación social.

Okupar los lugares.

Una de las acciones memoriales más contundentes que han realizado los colectivos, en los últimos años, es la toma y ocupación -total o parcial- de espacios públicos como plazas públicas y rotondas. Actualmente, la ciudad de México vive un conflicto en torno a la política memorial de la ciudad, pues dos glorietas -ubicadas en Paseo de la Reforma, el centro financiero y cultural de la ciudad- fueron tomadas, la primera por colectivas de mujeres y la segunda por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ambas ocupaciones surgieron de la rabia y la indignación frente a dos de los problemas más urgentes por resolver en el país: la violencia de género y la desaparición de personas. En ese sentido, la ocupación de las glorietas tiene una relevancia particular, no sólo porque completan o “redondean” la Ruta de la Memoria, también porque representan y expresan con claridad las disputas actuales en torno a las memorias de las violencias presentes en nuestro país.

Las glorietas fueron tomadas, apropiadas y renombradas por los colectivos en un momento de cambios y cuestionamientos a los espacios de monumentalización de la ciudad. Por un lado, había un cuestionamiento social sobre el discurso hegemónico colonial de los monumentos y, por otro, había una idea de “democratizar” por medio de la participación ciudadana la monumentalización en la ciudad. Sin embargo, este ejercicio se vería inmerso en una batalla legítima por las memorias del pasado colonial, del pasado reciente y, sobre todo, de las memorias del presente.

En este escenario, la estatua de Cristóbal Colón -que durante casi 150 años había estado en la rotonda- fue retirada unos días antes del 12 de octubre del 2020 argumentando su restauración. No obstante, fue fácil leerlo como una medida “preventiva” en un momento de polémica global en torno a las esculturas y monumentos de colonizadores que generó su derribo en muchas partes del mundo. Casi un año después, un 25 de septiembre de 2021, la Glorieta de Colón fue tomada por mujeres organizadas con la intención de denunciar las violencias cotidianas a las que se enfrentan día a día; la silueta de una mujer con el puño izquierdo en alto, hecha madera y de color morado, fue colocada en el sitio como símbolo de la lucha por la justicia de miles de mujeres en el país[37]. El lugar fue renombrado por las colectivas como La “Glorieta de las Mujeres que Luchan” y, desde entonces, la han intervenido de diversas maneras, por ejemplo, colocando nombres de mujeres víctimas de feminicidio, de desaparición y de luchadoras de distintas causas, realizando tendederos de denuncia y eventos culturales de distinto tipo. A lo largo de todo este tiempo, la disputa por el espacio entre colectivas y las autoridades tuvo momentos muy ríspidos, pero finalmente, después de casi dos años las autoridades aceptaron la permanencia de la glorieta.

Tan sólo unos meses después de la instalación de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el 8 de mayo del 2022, familiares de personas desaparecidas e integrantes de distintos colectivos del país tomaron lo que se conocía como “La Glorieta de La Palma” (una rotonda que albergaba una palma plantada a principios del siglo XX y que murió debido a una plaga) renombrándola como “La Glorieta de las y los Desaparecidos” e interviniéndola con fotografías de sus familiares desaparecidos. Ese mismo día, el gobierno de la ciudad anunció por la noche que, resultado de una consulta pública digital realizada para decidir qué tipo de árbol la sustituiría, colocaría un ahuehuete en su lugar.

Desde entonces se ha suscitado una clara confrontación por el uso del espacio público en la que, por un lado, las autoridades buscan monumentalizar el espacio público colocando un árbol en la rotonda tal como sucedió un siglo antes. Mientras que los colectivos han intentado construir un memorial para recordar a los más de 100mil desaparecidos, en el que se puedan colocar sus nombres y rostros. El gobierno de la ciudad ha ignorado las peticiones que colectivos, solidarios y sociedad civil en general han hecho para que la Glorieta sea reconocida como un espacio memorial de los familiares, argumentado que el espacio también pertenece al resto de la sociedad; la confrontación se ha incrementado porque las autoridades han retirado, en más de una ocasión, las fotografías de los familiares desaparecidos que los colectivos han colocado en el sitio. Las fotografías tienen una funcionalidad múltiple: rememoran, documentan y denuncian, en ese sentido representan un tipo de registro visual de la desaparición[38], además “nos comprometen a nosotros. Nos obligan a mirar y a un esfuerzo por imaginar más allá del “lugar común” de la irrepresentabilidad”[39]). Como ha señalado Ludmila Catela “tornan visible lo que la desaparición quiso borrar”[40], por eso que las autoridades retiren las fotos es un acto de doble invisibilización.

Figura 2.
Glorieta de las y los desaparecidos
Fuente: Autora

La glorieta es un espacio que representa y alberga a un movimiento nacional y no sólo una movilización local[41] que además unifica tanto la demanda de memoria como la de justicia. La toma y ocupación de estos espacios tuvieron antecedentes muy importantes en otras partes del país, quisiera señalar algunas de las iniciativas que me parecen más relevantes y que significaron una punta de lanza en los procesos de construcción de memoria en los últimos años. En primer lugar, me referiré a la instalación del Árbol de la Esperanza en la Alameda Zaragoza en Torreón, Coahuila; una de las primeras iniciativas memoriales que se realizaron, cuando integrantes de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec y Fundem) intervinieron uno de los árboles de la plaza colocando los rostros y nombres de sus desaparecidos. La acción se llevó a cabo el 30 de agosto de 2015, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y, desde entonces, la idea se ha replicado en diferentes estados y ciudades del país (Sinaloa, Oaxaca, Saltillo, Guadalajara).

Los Árboles de la Esperanza fueron pensados como lugares de memoria y de lucha contra la desaparición, considero que dichas características muestran que la batalla por la memoria en México es una batalla por el presente y por el futuro, y no sólo por la dignificación del pasado. En ese sentido, el árbol como símbolo advierte la dualidad emocional presente en la narrativa y la experiencia de la desaparición en México en donde, además del dolor, la rabia y la indignación, las buscadoras actúan desde la solidaridad, el amor y la esperanza de un futuro en el que haya justicia. Una manera de enunciarlo es a través de las consignas que repiten constantemente en las acciones que realizan: “¿Por qué les buscamos?, preguntan, “Porque les amamos”, responden; “¿Hasta cuándo?”, ¡Hasta encontrarles!”. Los actos de memoria detonan emociones y afectos diversos y contradictorios, y todos ellos pueden ser entendidos como motor de acción política. El amor, como la rabia, también es una herramienta de memoria, de resistencia y de lucha social.

Figura 3.
Mural en la Glorieta de las y los desaparecidos, CDMX.
Fuente: Autora

Otra de las iniciativas frecuentes es la elaboración de murales para recordar a víctimas de violencias de distinta índole, es decir, se recurre a la creación del mural como vehículo de memoria los cual favorece que ciertas “experiencias que pueden llegar a ser individuales y privadas se transforman en públicas y colectivas”[42]. Pero, además, el mural “es un evento discursivo situado en el espacio urbano con capacidad dialógica hacia los receptores de las piezas. Es, a la vez, una postura del autor, un manifiesto”[43] que cuenta con una función reflexiva, mnémica y reivindicativa. Un ejemplo de esto son las intervenciones artísticas que se han realizado, sobre los muros fronterizos en la ciudad de Tijuana y de Mexicali, para conmemorar y denunciar la muerte de migrantes que cruzan la frontera. Asimismo, se han elaborado murales de víctimas de masacres (como fue la masacre de Creel en el 2008), o de feminicidio (el Colectivo Hasta Encontrarles ha elaborado nueve murales en la Ciudad de México, algunos sobre feminicidio) y de desaparición (en Mexicali, 2016; en Lagos de Moreno 2017). Todos los murales mencionados aluden a situaciones de denuncia, de impunidad y desidia por parte del Estado y buscan sensibilizar a la población y de ser posible transformar el uso y significación de los espacios como memoriales.

Finalmente, quisiera mencionar un proyecto novedoso que es nombrado y concebido como una iniciativa de memoria, si bien cumple con distintos objetivos. Me refiero al “Bus-cador de la esperanza”, una iniciativa del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) que consiste en un pequeño autobús que, además de tener venta de alimentos (cuyas ganancias estarán destinadas para al apoyar las necesidades del colectivo), funciona como una suerte de lugar de memoria itinerante por medio de las fotos e imágenes que están plasmadas en su carrocería. Los miembros del colectivo mencionan que el bus-cador es memoria viva, lo cual considero un acierto, pues es -literalmente- un vehículo de memoria que se desplaza e interactúa con la gente. El bus-cador, al igual que las otras iniciativas busca interpelar a los otros por medio de los testimonios, de las imágenes y de las experiencias de las propias buscadoras.

Todas las acciones de memoria suelen estar ritualizadas. De modo que en los lugares de memoria se conforman nuevos rituales, configurando así una nueva estructura simbólica. En los actos de memoria realizados por familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, se acostumbra a hacer un pase de lista de los nombres de sus familiares desaparecidos y, después de cada nombre, se grita a manera de respuesta: “Presente, ahora y siempre”, o “Presentación con vida”. Un pase de lista que ha tenido un alcance mayor, pues ha sido apropiado por distintos sectores sociales y es replicado en muchas manifestaciones políticas, es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; en éste se nombran los números -del 1 al 43- y no los nombres, y se grita ¡Justicia! al final. Asimismo, en los actos de colectivos de familiares desaparecidos los familiares siempre portan una camiseta con la imagen del ser querido y alguna frase relacionada, por ejemplo: “¡te buscaré hasta encontrarte!” o “¿Dónde están?”. Además, dependiendo del tipo de acto o de intervención se realizan ciertas actividades específicas, por ejemplo, es común que en fechas conmemorativas se efectúen eventos ecuménicos.

De este modo, podemos observar que algunas acciones tienen una temporalidad especial, por ejemplo, en diciembre del 2015 colocaron esferas en El Árbol de la Esperanza en Coahuila, pues querían expresar lo difícil que es pasar la Navidad con un familiar desaparecido. Otro ejemplo es la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y buscando verdad y justicia” que se realiza el 10 de mayo - fecha en la que se celebra el día de las madres en México- desde el 2012.[44] Estas prácticas ponen en escena una forma de ritualidad social en la que los grupos hacen visibles sus memorias y las reafirman a partir de actos simbólicos que delimitan el sentido de lo que se recuerda[45]. Los símbolos son utilizados a partir del contexto de enunciación, pudiendo ser re-significados para suscitar cambios en las versiones del pasado[46].

A manera de conclusión

Responder quién construye la memoria en México no es una cuestión simple. Sin duda, hay diferentes estrategias para indagar en el pasado y construir un imaginario de éste en el presente: las políticas culturales, la construcción de conocimiento desde distintos saberes y las acciones mnémicas ciudadanas. En México, muchas de estas acciones refieren eventos pasados que, sistemáticamente habían tratado de ser sustraídos de la historia oficial y de la política mexicana. Los distintos trabajos académicos que abordan la memoria en México hoy, “nos hablan sobre múltiples pasados, unos más próximos que otros, y nos plantean también horizontes frente al futuro”[47]. La temporalización de la violencia requiere de un análisis historiográfico y político puntual que no sólo la describa, sino que explique su continuidad. Pero también, requerimos entender la experiencia y la significación que las personas experimentan sobre las violencias. La mayoría de estos trabajos realizan una cronología y cartografía de la violencia institucionalizada y la del crimen organizado, sin embargo, no han explorado las prácticas que se idearon como resistencia y respuesta a esa violencia. Considero que una mirada transdisciplinar aportaría al universo de estudios de las memorias y las violencias actuales.

Por su parte, los actores que construyen las políticas actuales de memoria intentan que sea un proceso de memoria que impulse la formación ciudadana, pero que no alcanza a observar la relación con el presente que afecta a individuos, colectivos y sociedad en general. Me parece, que mirar y escuchar a los colectivos puede ayudar a llenar algunos de los silencios que la historia oficial ha creado alrededor de ciertas violencias y solucionar algunos de los conflictos urgentes -como el de la desaparición forzada-. Sin duda, las múltiples exclusiones que marcan la vida social influyen en la reproducción del silencio cómplice por parte de la sociedad [48]. Las intervenciones y los actos de memoria que se expusieron en este trabajo son una muestra de cómo un sector de la sociedad ha decidido romper el pacto de la indiferencia.

La instalación de antimonumentos y la toma de espacios públicos muestra que hay una organización y una resistencia colectiva que construye su memoria. Cada antimonumento, cada intervención y cada acto de memoria simboliza un caso de violación a los derechos humanos y de impunidad en el que la justicia no se ha alcanzado, pero también representa una estrategia y acción de resistencia y denuncia. En muy poco tiempo, las glorietas ocupadas y renombradas han sido reconocidos por distintos sectores organizados de la sociedad como lugares de memoria viva.

No existe la distancia histórica necesaria para saber si algunas de las acciones e intervenciones que están sucediendo en lugares urbanos concretos modificaran nuestra forma de relacionarnos con el pasado. Mientras tanto, las necesidades del presente explican las intervenciones y las acciones que los colectivos realizan en la calle para visibilizar las demandas de justicia, verdad y memoria.

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Notas