Introducción

Entre los nudos estructurales de la desigualdad de género está la división sexual del trabajo producto de un esquema patriarcal histórico, económico y social de subordinación y dominación (Pateman, 1996; Pateman, 1995), que establece roles de género. Estas dinámicas contribuyen a determinar las oportunidades que tienen las personas de distinto sexo y género para acceder a recursos materiales, así como a espacios de toma de decisiones y a la participación política (Bravo, 1998). En el mercado laboral, esto se refleja en las altas barreras de entrada a trabajos remunerados que la mayoría de las mujeres de Panamá y América Latina enfrentan. Por su parte, las mujeres que entran al mercado laboral o que se insertan en trabajos remunerados, lo hacen en condiciones de desventaja con respecto a los hombres. En general, las mujeres tienden a ingresar a sectores de actividades de bajo valor agregado en términos monetarios, y en ocupaciones consideradas como extensiones de sus actividades de cuidados y quehaceres del hogar (Horbarth y Gracia, 2014). Esta división ocupacional sexo - genérica tiene impactos desfavorables sobre los niveles de ingreso y las posibilidades de movilidad social de las mujeres. En situaciones donde la mujer se identifica a ella misma como la jefa de su hogar (sola o con el apoyo de su pareja), estos impactos tienden a extenderse a todas y a todos los miembros de la familia. En este sentido, la segregación laboral sexo - genérica es vista en sí misma como una forma de exclusión social. (Olivera y Ariza, 2000; Olivera y Ariza, 1997).

Esta exclusión se agudiza cuando las mujeres pertenecen al mercado laboral informal remunerado. La informalidad se puede entender como "todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares" (Castells y Portes 1989, pág. 12). En general, esta informalidad laboral tiende a resultar tanto para hombres como mujeres en ingresos relativamente bajos y limitada capacidad para acceder a préstamos e instrumentos de ahorro -o bajas capacidades económicas para funcionar en la sociedad-, un limitado acceso a la seguridad social -capacidades institucionales- y alta dependencia de amigos y familiares e instituciones no gubernamentales -capacidades sociales- (Subinas y Stanziola, 2020; Nusbaum, 2011; Sen, 1980). Esto por su parte disminuye la capacidad recaudatoria del Estado que le permitiría implementar políticas para ayudar a regular más actividades generadoras de ingresos, garantizar igualdad de oportunidades, aumentar las capacidades de las personas, y procurar mejores procesos de administración pública.

Dadas sus limitadas capacidades y dependencias, las personas en el sector informal tienden a estar en desventaja frente a las que trabajan en el sector formal en el tipo y nivel de participación social y política. Esto por su parte, debilita la variedad e influencia de las organizaciones sociales, y supone un obstáculo a las capacidades de los

sectores más vulnerables para defender sus intereses y necesidades. En este contexto, las jefas de hogar del sector informal habitan una doble carga de gruesas y complejas barreras para desarrollar sus capacidades y lograr su funcionamiento pleno, lo que las convierte en el eslabón más frágil de la economía laboral remunerada.

En este estudio realizamos un análisis de las capacidades económicas, institucionales y sociales de jefas de hogar en informalidad laboral o remunerada en Panamá. Utilizando la base de datos de la EPM o Encuesta de Propósitos Múltiples (INEC, 2019), elaboramos una serie de clústeres de hogares viviendo en informalidad laboral. Este análisis nos permite explorar si existen diferencias entre 1) los capitales de hogares informales liderados por hombres (jefes de hogar) con aquellos liderados por mujeres (jefas de hogar); 2) el perfil educativo y ocupacional de los jefes y jefas de hogar; 3) el nivel de precariedad y exclusión de estos hogares. Con este estudio, realizamos un aporte académico singular, a la escasa literatura existente en el país vinculada, proponiendo para ello un análisis que integra tanto la informalidad, las encuestas de hogares y una mirada de género.

Las siguientes dos secciones presentan un breve recorrido conceptual sobre la informalidad laboral y género. Basados en este marco conceptual, la tercera sección describe la base de datos, operacionalización y tipo de análisis elaborado para el estudio. La cuarta sección presenta los resultados. La última sección presenta las conclusiones y reflexiones sobre las implicaciones de nuestro análisis para el diseño de políticas públicas laborales enfocadas en las mujeres.

1. Dimensiones de la informalidad laboral en Panamá

El término informalidad laboral es altamente resbaloso, lo que hace difícil realizar comparaciones internacionales y demanda que cada estudio especifique cómo operacionaliza este término. Por ejemplo, organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han analizado el fenómeno de la informalidad a través de distintos términos. En la década de los setenta se difundió el término “sector informal” para caracterizar a las empresas informales, es decir, las que no cumplen con regulaciones y prestaciones legales del mercado laboral. Luego se utilizó “economía informal” para nombrar las actividades económicas que existían en torno a la informalidad y que excedían a la situación de las empresas informales. Posteriormente se fue adoptando un nuevo término, presente en todo el mercado laboral, el del empleo informal entendido como un puesto de trabajo no regulado, sin protección social ni regulación laboral (Ruiz, Orpinel, Martínez y Benach 2014). Esta informalidad se puede entender desde un enfoque social que describe este tipo de actividades productivas remuneradas como precarizadas y relacionadas con la exclusión. Son actividades en las que están presentes múltiples riesgos sociales, incluyendo la inestabilidad laboral producto de la falta de contratos o contratos temporales, de corta duración y de incierta finalización, la inseguridad sobre el bienestar individual con una ausencia de cobertura en salud y previsión social, con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas y con una presencia destacada de la accidentabilidad laboral (Blanco y Julián, 2019).

En el caso de Panamá, para sus estimaciones del empleo informal el Instituto Nacional de Estadística y Censo incluye a la población ocupada mayor de 15 años en todos los sectores económicos, con excepción del agrícola. Esto toma en cuenta tanto el sector formal como el informal u hogares durante un período de referencia determinado, basados en el trabajo principal, no contabilizando actividades económicas complementarias. Estas estimaciones consideran todas las ocupaciones a excepción de las personas que ejercen trabajos de gerencia, administración y profesionales, siempre y cuando trabajen por cuenta propia o como patronos. Entre la complejidad de esta definición, el denominador común para identificar a una persona en la informalidad es la falta de acceso a la seguridad social.

Según esta operacionalización, en 2011, el porcentaje de personas consideradas como trabajadores y trabajadoras informales remuneradas era 36.9%. Para 2019, esta tasa había aumentado 8 puntos porcentuales, llegando al 44.9%, en una época caracterizada por una desaceleración económica producto principalmente de la culminación de varios proyectos de infraestructura pública. En 2019, un 13% de esta informalidad laboral estaba presente en empresas del sector formal, un 77.4% en empresas del sector informal, y un 9.6% en hogares. Según esta misma fuente, el 44.8% de las personas en la informalidad eran mujeres (INEC, 2019a). Dada la concentración de actividad económica en la zona de tránsito (provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste),

la informalidad se manifiesta más fuertemente en las provincias y las comarcas. El cuadro 1, muestra que mientras que la tasa de informalidad en la zona de tránsito es de 40.6%, en el resto de las provincias y comarcas esta tasa llega a 54.9%. Igualmente, la brecha de género es más grande en las otras provincias y comarcas que en la zona de tránsito.

Para el 2020, producto de la pandemia, la informalidad llegó al 52.8% (INEC, 2020).

Cuadro 1
Tasa de informalidad por Sexo y Territorio

Elaboración propia utilizando datos de INEC (2019a)

2. Participación de las mujeres en la economía informal

Los estudios sobre la economía informal de la década de los setenta (Tokman, 1978; Hart, 1973) y hasta mediados de los ochenta (De Soto, 1987) no incluían en sus agendas, consideraciones de género ni tampoco demográficas sobre la participación de las mujeres en la economía informal. Esto a pesar de que la informalidad se convertía en esta época en el nicho de trabajo remunerado para mujeres de todas las edades, junto con la mano de obra infantil y de la tercera edad. (Bueno, 2009).

A fines de los años ochenta, con el ánimo de cuestionar la existencia de mercados segmentados y sustentar la hipótesis de que las personas circulan indistintamente entre actividades informales y formales, se empieza a incorporar en el análisis las decisiones tomadas en el seno del ámbito doméstico. Bueno (2009) indica que esto pone en relevancia las diferencias por género y generacionales de las condiciones laborales de la informalidad. Este cambio amplía el marco de estudio e incluye una nueva dimensión analítica de la informalidad centrada en los estrechos vínculos entre el ámbito de la reproducción y la producción. Es así como la temática de género empieza a inquietar y a tener presencia, en tanto se atendía el papel que las mujeres desempeñaban en estos espacios imperceptibles, subvalorados y difusos, incluso negados por las propias mujeres. (Bueno, 2009).

Desde entonces se empezó a evidenciar, entre otras cosas que: 1) la incorporación de las mujeres al trabajo informal remunerado fungió como medio de generación de ingresos, que podían combinar con el trabajo no remunerado en el seno de sus hogares, y constituía una vía para aspirar a una autonomía en el plano económico;

2) en ciertos casos, mujeres trabajan en este sector por decisión propia, dado que para algunas, sobre todo de clase media, el sector informal representa una alternativa de obtener un ingreso fuera de las jerarquías, con frecuencia misóginas del empleo formal; 3) en otros casos, el empleo informal de las mujeres se da en condiciones de marginalidad y exclusión social, ante carencias de los mínimos vitales para su subsistencia y la de sus familias; 4) con independencia de la motivación que lleve a las mujeres a trabajar en este sector, hay condiciones de desigualdad subyacentes que constituyen incluso brechas de género más profundas que las del empleo formal tanto debido a la segregación vertical y horizontal en el empleo como a las constantes desigualdades de género asociadas al trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres, mostrándose inequidades en materia salarial, poca movilidad social, problemas propios de salud e inseguridad; 5) las

ocupaciones de las mujeres en el trabajo informal remunerado representan una extensión del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Así, empleos en el servicio doméstico, a destajo, a domicilio y la asistencia en pequeñas empresas familiares suelen ser ocupadas por mujeres. Estas ocupaciones tienden a ofrecer empleo precario, irregular, de poca o sin ningún tipo de remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad social y una limitada capacidad para organizarse y conseguir que se hagan efectivas las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos (Bueno, 2009; Abramo y Valenzuela, 2006; Fernández-Pacheco, 2003; Chant, 2007; Lund y Srinivas, 2000).

2.1 Detrás de las cifras de informalidad laboral femenina

En Panamá, del total de la población general económicamente activa (66.5%), se estima que la participación de los hombres en la economía es de un 78.8% y la de las mujeres de un 55.0% (INEC, 2019b). De la población no económicamente activa, el 3% manifestó que la razón por la cual no estaban buscando trabajo era porque no encontraba quien se ocupase de sus hijos e hijas y un 24% expresó, que el motivo era “otras responsabilidades familiares”. De ese grupo de personas, el 98% fueron mujeres. (INEC, 2019c). Esta barrera al mercado laboral se ha mantenido inamovible. En 2013, el 99% de las personas encuestadas que reportaron no estar buscando trabajo por tener responsabilidades de cuidado eran mujeres (INEC, 2013). De hecho, estos datos guardan relación con los resultados de la encuesta del uso del tiempo del INEC (2011), en la que se pudo determinar estadísticamente el desigual uso del tiempo respecto de los trabajos domésticos y de cuidados entre hombres y mujeres. Los datos refieren que de la ponderación del tipo de actividad más el tiempo que hombres y mujeres dedican a estos trabajos, las mujeres lo hacían en un 72.1 % versus un 37.1 % de sus pares hombres. “Esta situación de sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres representa un obstáculo para su plena participación en el mercado laboral” (Cepal, 2018, 2020), teniendo que trabajar remuneradamente en la informalidad o en trabajos que le permitan una flexibilidad de horarios, pero que con frecuencia no contienen los elementos de seguridad laboral y prestaciones sociales de los trabajos decentes (OIT, 2002), trabajos que, además, no suelen ser contabilizados en las encuestas. Como lo ilustra el Cuadro 1, la diferencia de la tasa de participación entre mujeres y hombres es relativamente pequeña. Sin embargo, al no incluirse actividades complementarias, estas estimaciones tienden a no incluir una variedad de trabajos feminizados que se dan en la informalidad, como trabajos a domicilio a destajo y el trabajo agrícola de subsistencia. A pesar de que preguntas sobre algunas de estas actividades se encuentran en las encuestas, las estimaciones oficiales invisibilizan complejas y fragmentadas identidades y experiencias laborales de las mujeres (OIT, 2002; Lund y Srinivas, 2000).

Por otra parte, y aunque esto está cambiando, hombres y mujeres suelen construir distintos tipos de redes o capital social. En este sentido, con base en los roles sociales de género existentes y a la menor disponibilidad del tiempo de las mujeres, para tener una mayor participación en lo público, las mujeres sostienen redes más ligadas a lo afectivo, generan vínculos fuertes (relaciones de parentesco y amistad cercana) y capital social de nexo. Los hombres, por su parte, construyen redes ligadas con lo público, y suelen construir vínculos débiles (de relación con grupos sociales con mayor poder, y/o por fuera de la comunidad) y capital social de puente, que les permite desarrollar más oportunidades (Peterlini, 2011). Como resultado, la división sexual del trabajo ubica a las mujeres en un trabajo devaluado y subvalorado para mantener su permanencia en las unidades domésticas que producen y reproducen una mano de obra barata (Horbarth y Gracia, 2014).

2.2 Repercusiones especiales de las mujeres en la economía informal

2.2.1. Salud y seguridad social

Estudios refieren las repercusiones que tienen los empleos feminizados del sector informal en la salud física y mental de las mujeres que los realizan (Fernández y Herrera, 2018; Vela, et al. 2018, Piñeiro et al., 2017; Aldrete, et al. 2005; Pulido et al, 2012; OIT, 2002, Tirado, 2014). En particular, estas trabajadoras son más propensas a riesgos de padecer quebrantos de salud, entre otras cosas por 1) la inseguridad en el empleo; 2) tener condiciones de trabajo riesgosas, sin infraestructura ni condiciones laborales adecuadas; 3) estar expuestas

a violencia de género en todas sus formas; 4) la sobrecarga de trabajo en el caso de las auxiliares familiares o cuidadoras informales (remuneradas y no remuneradas); 5) largas jornadas de trabajo y poco descanso; 6) y en el caso de las trabajadoras sexuales, por encontrarse en alto riesgo al contagio del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Esta situación es más crítica por la falta de seguridad social que permita cubrir las incapacidades médicas y la atención de salud por los riesgos laborales que se susciten con ocasión del trabajo. De manera particular, el hecho de que no haya una cobertura universal de la seguridad social para personas en el sector informal ubica también a las mujeres en un mayor riesgo al no contar con la posibilidad de gozar de beneficios como la licencia de maternidad que les permita el descanso necesario para tener un embarazo adecuado, sin riesgos para su salud y la de su producto mediante la cobertura de una pensión durante el tiempo de doce semanas que dura en Panamá, pero de la que puedan gozar solo las trabajadoras remuneradas del sector formal. Asimismo, el que no haya seguridad social para el sector informal, limita las posibilidades de que puedan acceder a una pensión de vejez, condenando a estas personas al trabajo perpetuo, a la extrema pobreza y a la dependencia absoluta en su adultez mayor.

2.2.2. Los subsidios sin fomento de la autonomía de las mujeres: políticas que contribuyen a la dependencia y pobreza de las mujeres

En Panamá, como ha ocurrido en otros países de la región, se ha generado una feminización de las políticas para reducir la pobreza en términos cortoplacistas y enfocados en ingresos. Entre sus tantos objetivos, estas políticas buscan generar cierto nivel de empoderamiento en las mujeres. Sin embargo, su implementación no ha significado una apuesta real por su autonomía económica, por el empleo ni por el aumento de competencias y mejora del perfil de las mujeres ante el empleo, como mecanismo que permita fortalecer su autonomía y la movilidad social de ellas y de sus familiares (Corrales-Herrero et al., 2021; Budlender, 2004; Elson, 1999). Por lo contrario, estas políticas se han enfocado al otorgamiento de transferencias monetarias condicionadas o subsidios por periodos determinados de tiempo que básicamente ayudan a las mujeres a continuar cuidando a personas dependientes, hijos, hijas, personas con discapacidad, adultas mayores, sin que ellas tengan opciones de empoderamiento o mejora de sus

2.2.3Jefaturas de mujeres del sector informal: sobrecarga, pobreza y dependencia

El último Censo de Población y Vivienda de Panamá del 2010 indica que, del total de hogares liderados por hombres, el 77% refirió tener una cónyuge en su hogar. Sin embargo, en el caso de las jefas de hogar, sólo el 15% indicó que cuenta con un cónyuge. De esto se puede inferir que en un 85% de los hogares liderados por mujeres, las responsabilidades de cuidados y quehaceres son asumidas por estas. En el caso de los hogares liderados por hombres, en el 23% de ellos las cargas de administración del hogar son llevadas a cabo por estos (INAMU, 2019). Esto tendría implicaciones en la vida de las mujeres y sus familias. (García-Calvente, 2004; Araúz, 2021). En el caso de las jefas de hogar, en términos generales ellas asumen la mayor parte de las actividades tanto productivas remuneradas como de cuidadoras y quehaceres del hogar no remuneradas. Lo que las ubica en desventaja para lograr aspirar a oportunidades laborales y económicas en el sector formal o mejor remuneradas. Para las jefas de hogar en el sector informal remunerado, es probable que estén recibiendo ingresos bajos, y al no contar con seguridad social y prestaciones laborales, la jefatura del hogar de este sector se ubica muy relacionada con la pobreza, situando a las mujeres y las personas en su hogar en una posición de menores oportunidades. Esto contribuye a la reproducción de la pobreza, de generación en generación, y una inamovilidad social de las personas que integran estos hogares. De hecho, esto aumenta su situación de dependencia, viéndose las mujeres compelidas a solicitar apoyos económicos de sus redes de amistades y familiares (Peterlini, 2011) o de los mecanismos estatales disponibles para poder así satisfacer las necesidades básicas propias y de sus familias.

competencias (educacionales, laborales, socioeconómicas, culturales, etc.) que les permita cambiar su realidad.

3. Marco conceptual, datos y tipo de análisis

Nuestra investigación tiene un enfoque materialista sobre la teoría de las especies de capital en las ciencias sociales. Partimos de la suposición de que existe una asimétrica distribución del poder económico y simbólico y esto genera diferentes posibilidades de tener acceso a diferentes formas de capitales (Bourdieu, 1988). Este planteamiento difiere de otros enfoques más idealistas que entienden que la participación en ciertas redes relacionales de confianza y reciprocidad puede constituir una forma de empoderamiento per se, generando más cohesión social e incluso más democracia, sin tener en cuenta el estatus social (Putnam, 2000).

En el estudio se operativizan tres especies de capital: social, institucional y económico: a) el capital social proviene de vínculos relacionales más fuertes, como son las redes de proximidad como amistades, familiares y vecinos/vecinas (Coleman, 1988). Estos capitales se operativizan como ayudas de personas que no viven en el hogar o de organizaciones no gubernamentales. Se materializan en regalos, dinero y otra serie de estimaciones de valor (alimentación, ropa, artículos escolares, etc.); b) el capital institucional es un capital híbrido entre los capitales sociales y los capitales económicos. Lo definimos como una ayuda económica gubernamental disponible a las personas en situación de vulnerabilidad, pero el disponer de una adecuada conectividad social supone un componente importante para disfrutar de ella. Esto parte de la suposición de que las personas deben mantener vínculos fuertes con gente con la que tiene débiles apegos relacionales (como autoridades y líderes sociales, políticos y religiosos) para solicitar su apoyo en la resolución de problemas económicos. Esto es una situación más evidente en países con débiles sistemas de administración pública, como Panamá, y que requieren de estos vínculos para incrementar la posibilidad de recibir fondos o apoyos que legalmente les corresponden.

Lo anterior supone que las personas encuestadas invierten tiempo u otros recursos para crear nexos lo suficientemente sólidos con estas instituciones, de modo que puedan brindarle retornos a largo plazo en forma de favores, apoyo económico o alguna forma de posicionamiento social. Este tipo de capital híbrido se operativiza en diferentes subsidios y pensiones alimenticias; (Subinas y Stanziola, 2020; Granovetter 1973); y, por último, c) el capital económico proviene de ingresos laborales, de propiedades financieras (ahorros, inversiones, préstamos, propiedades inmobiliarias) entre otros. Aunque este capital esté relacionado con el social, mantiene una lógica autónoma a las otras dos especies de capital (Uchiyama 2019 y Lustig 2001). En la investigación se operativiza como capitales económicos a los ingresos que provienen del trabajo, de alquileres, agropecuarios, y del autoconsumo.

Conforme a nuestra hipótesis inicial, como lo indicamos en las secciones anteriores, los hogares liderados por mujeres que habitan la informalidad tienden a poseer menor capital económico que otros tipos de hogares. Igualmente, estos hogares tienden a depender más del capital institucional y el capital social. Todo esto contribuye a limitar las capacidades que estas mujeres y las personas que viven con ellas necesitan para cubrir sus necesidades más básicas, asegurar su bienestar y crear oportunidades de movilidad social.

Para explorar si y cómo estas dinámicas se manifiestan en hogares de Panamá, utilizamos la base de datos de la EPM (INEC, 2019). Esta encuesta contiene información sobre más de 40,000 personas en 11,934 hogares. Por el tamaño de la muestra y con más de 80 preguntas, esta base de datos nos da una adecuada flexibilidad y profundidad de información para explorar los diferentes niveles de capital por tipo de hogar (liderado por una jefa de hogar versus un jefe de hogar) que habitan la informalidad laboral. En particular, exploramos si existen diferencias de uso de capitales entre hogares informales; 2) el perfil educativo y ocupacional de los jefes y jefas de hogar, y 3) el nivel de precariedad de estos hogares. Utilizando las preguntas de la EPM, operacionalizamos nuestros conceptos como se describe en el Cuadro 2.

Cuadro 2.
Descripción y operacionalización de variables

Cuadro 2a.
Descripción y operacionalización de variables

Cuadro 2b
Descripción y operacionalización de variables

El cuadro 2 muestra evidencia de las diferencias entre hogares formales e informales. Por ejemplo, los hogares formales poseen 107.5% más capital económico que los hogares informales. Por su parte, los hogares informales utilizan más el capital social e institucional (una diferencia entre informales y formales de 65% y 49%

respectivamente). Finalmente, nuestro indicador principal de vulnerabilidad es 63% menor para los hogares formales que los informales. Estas cifras indican que en general la situación para los hogares en la informalidad laboral es más precaria que para los formales. Nuestro análisis de ahora en adelante se concentra en entender cómo esta situación varía dentro de la informalidad y si el género de la persona que se identifica ejerce la jefatura del hogar afecta estas variaciones.

Para generar respuestas a nuestras preguntas, los datos fueron analizados realizando un análisis de clúster en dos pasos. Esta técnica hace posible encontrar patrones de agrupamiento, lo que a su vez permite descubrir la manera en que los hogares se aglomeran o diferencian entre sí. El análisis de clúster estima las similitudes entre hogares a través de la correlación (en términos de distancia o asociación) de las diferentes variables de interés. Una de las ventajas de este tipo de análisis es que no requiere la especificación de causalidades. En este sentido, no es necesario especificar variables dependientes o independientes, permitiendo un tratamiento exploratorio de estas. Esto nos da la capacidad de no suponer a priori que hay una diferencia entre los tipos de hogar de interés para este estudio. El análisis permite indicar el número de grupos que se buscan crear. Para nuestros propósitos exploratorios, no establecimos un número determinado de grupos.

3.1. Limitaciones del estudio

El tipo de análisis que realizamos permite enfocarnos en dinámicas muy específicas de estos hogares para entender mejor sus condiciones económicas y de bienestar. Sin embargo, este mismo enfoque nos impide realizar un estudio desde una mirada interseccional que permita llevarnos a reflexionar sobre la manera en que se produce la desigualdad de género en los hogares y cómo se desarrolla en la interacción con una serie de otras variables de diferenciación social, como la etnia, la edad, la clase, la ubicación, la orientación sexual, la identidad de género, la capacidad, entre otros. Esta complejidad es importante porque se comprende que las mujeres no son un grupo universalmente homogéneo y definido, sino que atraviesan diferentes dimensiones y opresiones. (Cabezas, 2017; Castellanos y Jubany, 2017).

Por otra parte, las reglas de protección social en Panamá son complejas y difíciles de interrogar tanto desde los datos administrativos de la Caja de Seguro Social como de la EPM. Por ejemplo, una mujer encuestada puede declarar no ser una asegurada y podría aparecer en la encuesta como si no estuviese cubierta por este sistema. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esta persona, como esposa o pareja de un asegurado directo sea beneficiaria del sistema. Por otro lado, un hombre no tendría esa opción. Una de las razones por las cuales este estudio se enfoca en hogares (en lugar de individuos) y utiliza la definición de informalidad escogida es para reducir los posibles sesgos que producen las reglas de este sistema. Esto nos presenta otra limitante. La encuesta de mercado laboral y la EPM de Panamá no incorporan una perspectiva de género en su diseño e implementación. En este proyecto de recolección de datos se posicionan los hogares con el imaginario estereotipado de la familia nuclear - patriarcal, en donde hay una persona que es jefe o jefa del hogar, sin considerar los cambios que las familias han tenido en el tiempo y que hoy día constituyen unidades más complejas, con diferentes formas de integración e interacción, en donde incluso, no se consideran los títulos de jefatura en sus dinámicas habituales (Geldstein, 2003). Igualmente, a lo interno de las familias hay relaciones de poder y de género que no son consideradas en la forma de aplicar las encuestas, sino que se suelen entender los hogares como un grupo homogéneo y armónico de personas, dirigidos por uno de sus miembros quien se presupone vela por los intereses de las familias, bajo el entendimiento de que si el desarrollo llega al jefe de la familia, llegará a las y los demás integrantes, por ende, en muchas ocasiones basta con preguntarles a estos jefes, invisibilizando el pensar y sentir de sus demás integrantes (Kabeer, 1996).

4. Resultados del análisis de clústeres

Basados en 1) capital económico, 2) capital institucional, 3) capital social, 4) categoría de jefatura de hogar; 5) ocupación; 6) educación; 7) nivel de precariedad, y 8) lugar de residencia, tres diferentes categorías o clústeres surgieron de 2,307 hogares en la EPM. Los resultados indican que 2 de las 8 variables (jefatura de hogar y lugar de residencia) tienen un alto y similar peso (1.0) en la elaboración de los clústeres. Por su parte, ocupación

(0.65) y nivel de educación (0.53) tienen un peso importante en la creación de los grupos. El resto de las variables tienen un nivel de importancia menor de 0.20, con el nivel de vulnerabilidad como la variable que menos contribuye a la creación de los clústeres.

Esto lleva a la creación automáticamente de tres clústeres de hogares en la informalidad laboral:

1) Jefas de hogar (n= 671 – 88.9% de los hogares en este grupo identifican a una mujer como la jefa de hogar y 67.8% residen en las provincias).

2) Jefes de hogar (Provincias y comarcas) (n=1,075 – 100% de los hogares de este grupo identifican a un hombre como el jefe de hogar, 100% residen en la Zona de Tránsito,)

3) Jefes de hogar (Zona de Tránsito) (n=561 –98% jefes de hogar, 97.3% residen en la Zona de Tránsito)

4.1. Características de los clústeres

El clúster Jefas de Hogar muestra, en promedio, el número más alto de mujeres y personas con discapacidades residiendo en el hogar (ver Figura 1). Sin embargo, es el grupo Jefes de Hogar (Provincias y comarcas) los que muestran, en promedio, el número más alto de personas menores de 15 años y de personas ocupadas en el hogar. Es importante anotar nuevamente que identificarse como Jefa de Hogar no significa que las mujeres que se identifiquen como tal no tengan cónyuges o estén solas, pero sí existen diferencias importantes entre los grupos.

En los dos grupos Jefes de Hogar el 90% reporta estar casado o unido. En el clúster Jefas de Hogar esta proporción es de solo del 51.9%. Esto nos ofrece una situación diferente a la presentada por el Censo 2010. Es poco probable que se hayan dados cambios significativos en este período y la diferencia se pueda explicar con la forma como esta variable es definida y aplicada. Los resultados del análisis de clúster donde automáticamente surge una categoría compuesta mayormente por jefas de hogar y las otras dos casi exclusivamente agrupa a jefes de hogar brindan validez y matices a la clasificación de estas personas como tales y a nuestra propuesta inicial de que las consideraciones de género crean diferencias de resultados entre los hogares informales.

Figura 1.
Características de los 3 clústeres

4.2. Diferencias en capitales

Como lo muestra la Figura 2, el clúster de Jefas de Hogar reporta el nivel de capital económico más bajo. Sin embargo, este mismo clúster indica ser el que más utiliza el capital institucional y social. Entre los 2 clústeres de Jefes de Hogar, el lugar de residencia juega un papel importante en su capital económico.

De los 3 grupos, el de Jefe de Hogar (Provincia y comarcas) depende más de la producción de autoconsumo y subsistencia. Para este grupo, esta forma de brindar recursos a los miembros de su hogar constituye en promedio el 19.71% de su capital económico. Para el grupo de Jefas de Hogar esta proporción es de 11.67%. Para el grupo de la Zona de Tránsito es solo el 6.0%.

Esta proporción cambia marcadamente para dos de estos grupos luego de incluir el capital social e institucional en sus ingresos totales. Mientras que para el clúster en la Zona de Tránsito este porcentaje solo se reduce en 1.7 puntos porcentuales, para el clúster de Jefas de Hogar la disminución es de 6.26 puntos porcentuales. Para el otro clúster de Jefes de Hogar, la mejora es de 8.56 puntos porcentuales. Esto apunta al valor del capital social e institucional en resolver problemas económicos y de fallas del mercado laboral, por lo menos a corto plazo.

Figura 2.
Capital económico, Institucional y Social por Clúster

Estas diferencias de capital se reflejan en el nivel de bancarización de estos hogares. El clúster de Jefes de Hogar (Zona de tránsito) reporta el promedio más alto del porcentaje de personas en el hogar con cuentas bancarias (11.9%). Esta proporción es de 6.1% y 5.5% para el clúster de Jefas de Hogar y Jefes de Hogar (Provincias y comarcas) respectivamente. Esto se traduce en barreras para el clúster de Jefas de Hogar para ingresar al mercado de préstamos. Mientras que en promedio el 9.7% de las personas en los hogares del clúster Jefes de Hogar (Zona de tránsito) tienen deudas con instituciones bancarias, financieras o cooperativas, esta proporción es de solo el 5.6% para el clúster de Jefas de Hogar.

La Figura 3 confirma la importancia del capital social para los hogares con jefas de hogar. El clúster Jefas de Hogar, que representa el 29.1% de la muestra, recibe 48% del capital social que reportan los hogares en la informalidad laboral. Sin embargo, el clúster Jefes de Hogar (Provincias y comarcas) es el que recibe la mayor

proporción de capital institucional. Como se anticipaba, la mayor proporción de capital económico es reportada por el clúster Jefes de Hogar (Zona de Tránsito).

Figura 3.
Distribución de capitales entre clústeres

4.3. Ocupación y educación

51.5% de los hogares en el clúster Jefas de Hogar reporta como ocupación principal 1) trabajos de servicios y venta de comercios y mercados, 2) trabajos no calificados y 3) artesanas y trabajadoras de la minería, la construcción, la manufactura, la mecánica y operaciones afines. Esto es un contraste profundo al clúster Jefe de Hogar (Provincia y Comarcas) donde el 53.2% reporta ser agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y caza. Finalmente, en el clúster de Jefe de Hogar (Zona de Tránsito), 51.2% reportan ocupaciones de 1) agricultores y 2) artesanos y trabajadores de la minería, construcción, manufactura, mecánica y ocupaciones afines.

Más relevante, en términos de actividad económica principal, el 9.1% del clúster de Jefas de Hogar reporta actividades de los hogares como empleadoras; actividades no diferenciadas de los hogares como productoras de bienes y servicios para uso propio. Este porcentaje es de 0.3% y 0.7% para los otros dos clústeres.

Los niveles de educación no varían significativamente por grupo, con la educación primaria completa apuntando como la proporción más alta en todos los grupos. Sin embargo, dentro de esta similitud, el clúster de Jefes de Hogar (Provincias y Comarcas) reporta el nivel de educación más bajo. 42.1% de los jefes de hogares de este clúster tienen la primaria completa como su nivel educativo. Este porcentaje es de 18.3% para el clúster de Jefas de Hogar y 28.3% para el clúster de jefes de hogar de la Zona de Tránsito.

4.4. Vulnerabilidad y exclusión

El índice de vulnerabilidad entre los tres clústeres no presenta grandes variaciones, pero sí aumenta en línea con nuestras presuposiciones. Este índice es de 2.8 para el clúster Jefas de Hogar, comparado a un 2.26 para el clúster Jefes de Hogar (Provincia y Comarcas) y 1.8 para Jefes de Hogar (Zona de Tránsito). Es decir, los hogares del clúster de Jefas de Hogar reportan más experiencias de no tener los recursos para poder comer que los otros dos clústeres. Sin embargo, esta condición de vulnerabilidad parece estar marcada por el lugar de residencia. Por ejemplo, solo el 15.9% de los hogares del clúster Jefes de Hogar (Zona de Tránsito) reportaron dejar de comer un día entero por falta de hambre. Esta proporción aumenta a 42.7% para el otro grupo de Jefes de Hogar y 41.5% para el de Jefas de Hogar. Otros indicadores de vulnerabilidad también apuntan a diferencias

territoriales. Los hogares en el clúster de la Zona de Tránsito están menos propensos a experimentar derrumbes, inundaciones, marejadas y vientos fuertes.

Un indicador de exclusión que nos brinda la EPM es el porcentaje de hogares con internet fija. Los resultados sugieren que esta brecha se explica mejor por el lugar de residencia y no por género. 22.3% del clúster Jefes de Hogar (Zona de Tránsito) reportan tener esta herramienta de comunicación. Esta proporción es de 6.8% para el otro clúster de Jefes de Hogar y 9.1% para el clúster de Jefas de Hogar. Esta situación también se refleja en el acceso a internet móvil. 62.3% de los hogares en el clúster de la Zona de Tránsito cuentan con esta herramienta. Solo el 34.9% y 43.5% de los clústeres de Jefes de Hogar (Provincia y Comarcas) y Jefas de Hogar respectivamente reportan tener internet móvil.

Discusión y conclusiones

En este estudio hemos podido cuantificar la posición de rezago de las jefas de hogar en la informalidad. Esto se manifiesta en su limitado acceso al capital económico y gran uso del capital social en comparación a hogares con jefatura masculina. Esta situación las deja en una situación de fragilidad que complica el acceso de estos hogares a bienes y servicios básicos.

Por otra parte, los capitales institucionales, como los subsidios que provienen del sector público, cumplen un importante rol asistencial garantizando un acceso a montos monetarios que posibilitan unos mínimos para la subsistencia. Pero este tipo de ayudas gubernamentales también deben cumplir otro rol: facilitar la autonomía y el desarrollo de capacidades para que la y el sujeto de esta ayuda no dependa permanentemente de esta, consiguiendo que los ingresos del hogar estén determinados en mayor medida por los capitales económicos. Y dentro de quienes trabajan en el sector informal, existen condiciones más precarias en cuanto al capital económico, ocupación, educación y condiciones de vulnerabilidad y exclusión por razones de territorialidad (jefes de hogares de provincias y comarcas). El 67% de los hogares en la informalidad laboral está ubicado fuera de la Zona de Tránsito y son las mujeres de las provincias y comarcas quienes experimentan la mayor tasa de informalidad en Panamá. Al mismo tiempo, este dato refleja el alto grado de vulnerabilidad de jefes y jefas de hogar fuera de la zona de tránsito, quienes, al no contar con seguridad social, tienen limitadas sus posibilidades de acceder a una pensión de vejez, llevando a estas personas al trabajo hasta edades avanzadas, a la extrema pobreza y a la dependencia en su adultez mayor.

A manera metodológica, la EPM aporta información insuficiente sobre la dimensión de género. El hecho de que la encuesta posea un 23% de ocupaciones de mujeres sin categorizar apunta a la necesidad de incluir la perspectiva de género al diseñar e implementar este tipo de encuestas. Esto implica deconstruir los paradigmas con los cuales se han hecho las encuestas históricamente e incluir otras categorías que permitan explorar, conocer y visibilizar las diferentes actividades económicas y trabajos que realizan las mujeres y las personas en sus diversas dimensiones demográficas. Al respecto nos referimos a la necesidad de: a) que haya una desagregación de la categoría 20 de la EPM del INEC (consistente en actividades de los hogares como empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio), donde el 89.7% de las personas ocupadas son mujeres. Intuimos que la amplitud de esta categoría combina e invisibiliza trabajos remunerados que realizan las mujeres y que no están contempladas en otras categorías de la encuesta, entre los que están, sin limitarse a ellas: trabajos a destajo, domicilio, trabajo doméstico, trabajos en negocios familiares, servicios domésticos y de limpieza, entre otros; b) que la EPM transite a formas de autoidentificación cónsonas con la realidad de las familias contemporáneas. Si bien es cierto, reconocemos que para efectos de esta investigación los resultados de la consulta sobre quién es el jefe o jefa de hogar fueron útiles porque nos permitió tener una compresión próxima de la vivencia de los hogares de la informalidad, esta pregunta de autoidentificación adolece de una perspectiva de género desde su formulación. En particular, parte de la suposición de que las familias son verticales y heteronormativas basadas en una familia nuclear en donde una persona es proveedora y las otras receptoras de esa provisión. Las organizaciones familiares o la experiencia en los hogares en la actualidad son diversas en su composición y también en la forma de distribuir sus roles y funciones, razón por la que se sugiere que se transite a preguntas que recojan las diversas dinámicas familiares modernas. Esto implica que la EPM pudiese diseñarse no ya desde el jefe o jefa, sino desde un análisis de los hogares complementados con las distintas funciones y aportes que realizan las personas que les integran, sin suponer que una persona desempeña la totalidad de estos en el hogar.

Finalmente, en términos de políticas públicas, se sugiere la necesidad de establecer políticas y programas de trabajo con enfoque de género en el sector informal que consideren entre otras cosas: a) el acceso universal a la protección social mediante mecanismos contributivos y no contributivos que generen condiciones favorables de acceso a las trabajadoras del sector informal; b) ampliar la cobertura de los cuidados de manera accesible tanto económica y territorialmente y con flexibilidad de horarios. Esto requiere tener políticas de cuidado incluyentes de las trabajadoras del sector informal para reducir las probabilidades que tengan que aceptar empleos de baja calidad, precarios y mal pagados; c) reforzar programas de desarrollo de las capacidades laborales de las trabajadoras informales remuneradas, financiado mediante un porcentaje fijo que se pueda extraer del seguro educativo que pagan las y los contribuyentes en el país. Al mismo tiempo, y dado que son las mujeres quienes tienden a depender más del capital institucional, se sugiere fortificar los mecanismos de mejoramiento de las capacidades que los programas sociales exigen, a través de programas más activos y mediante seguimiento y fiscalización de cumplimiento de estos; d) fomentar la organización de las mujeres del sector informal para fortalecerlas en las diversas actividades en que se desarrollan, exigir unos mínimos laborales, disminuir la explotación laboral, mejorar sus capacidades y procurar optimizar sus condiciones de trabajo y vida.

Referencias

Aldrete, M. et. al. (2005). Condiciones laborales y repercusiones en la salud de las mujeres que trabajan en la economía informal en Guadalajara. Investigación en Salud Volumen VII (2), 121-127. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=142/14270208

Araúz-Reyes, N. (2021). La brecha de género en materia de cuidados. Revista Lex. Panamá. Recuperado en https://panamacna.com/wp- content/uploads/2021/12/Revista_Lex_Edicio%CC%81n_Especial_Mujer_2021-1.pdf

Blanco, O., Dastén, J. (2019). “Una tipología de la precariedad laboral para Chile: la precariedad como fenómeno transclasista”. Revista de la CEPAL N° 129. p. 99-137, Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/45009-tipologia-precariedad-laboral-chile-la-precariedad- como-fenomeno-transclasista.

Bourdieu, P. (1988). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Santillana

Bravo, R. (1998). Pobreza por razones de género, precisando conceptos. Santiago de Chile: Ediciones de las Mujeres No. 26.

Budlender, D. (2004). Why Should We Care About Unpaid Care Work. Nueva York: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Bueno, C. (2009). El rol de las mujeres en los cambios y continuidades de la economía informal. Argumentos v. 22, n. 60, 211-239. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000200011

Cabezas, M. (2017). Políticas de Género, Colonialidad y Neoliberal: Una Mirada Crítica al “Proceso a Beijing” en Bolivia. En S. V. (comp), Feminismo y buen vivir: utopías decoloniales (págs. 54-67). Cuenca: PYDLOS Ediciones – Universidad de Cuenca.

Castellanos, R. y Jubany, O. (2017). Interseccionalidad del género y mercado del trabajo postfordista. La Ventana Núm. 46, 202-243.

Cepal (2018). Los cuidados en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2007-2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/44361-cuidados-america-latina-caribe-textos-seleccionados- 2007-2018

Cepal (2020). Panorama Social de América Latina 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama- social-america-latina-2020

Corrales-Herrero, H., Him Camaño, M., Miranda-Escolar, B. y Ogando Canabal, O. (2021). "Anti-poverty transfers and school attendance: Panama's Red de Oportunidades", International Journal of Social Economics, Vol. 48, No. 2, pp. 204-220. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2020-0336

Chant, S. (2007). The Informal Sector and Employment. En V. D. Potter, The Companion to Developmental Studies 2da edición (págs. 216-224). Londres: Hodder - Arnold.

Coleman, J (1988). Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, Nº 94, s95-s120. doi.org/10.1086/228943.

De Soto, H. (1987). El otro sendero, La revolución informal. México: Diana.

Elson, D. (1999). Labour Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues.

Abramo, L. y Valenzuela, M. (2006). Inserción Laboral y Brechas de Equidad de Género en América Latina. En L. Abramo, Trabajo Decente y Equidad de Género en América Latina (págs. 29-62). Santiago: Oficina Internacional del Trabajo.

Castells, M. y Portes, A. (1989). “World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy”, en A. Portes, M. Castells & Lauren A. Benton, The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Advanced Developed Countries, John Hopkins University Press, Baltimore.

Cepal (2018). Los cuidados en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2007-2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/44361-cuidados-america-latina-caribe-textos-seleccionados- 2007-2018

Cepal (2020). Panorama Social de América Latina 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama- social-america-latina-2020

Corrales-Herrero, H., Him Camaño, M., Miranda-Escolar, B. y Ogando Canabal, O. (2021). "Anti-poverty transfers and school attendance: Panama's Red de Oportunidades", International Journal of Social Economics, Vol. 48, No. 2, pp. 204-220. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2020-0336

Chant, S. (2007). The Informal Sector and Employment. En V. D. Potter, The Companion to Developmental Studies 2da edición (págs. 216-224). Londres: Hodder - Arnold.

Chen, M. (2012). “La economía informal: definiciones, teorías y políticas”. Documento de Trabajo de WIEGO No 1.

Coleman, J (1988). Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, Nº 94, s95-s120. doi.org/10.1086/228943.

De Soto, H. (1987). El otro sendero, La revolución informal. México: Diana.

Elson, D. (1999). Labour Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues. World Development.

Fernández-Pacheco, J. (2003). Género, Pobreza y Mercado de Trabajo para las mujeres en Honduras. En J. Fernández-Pacheco, Género, Pobreza y Mercado de Trabajo para las mujeres en Honduras y Nicaragua (págs. 43-153). San José: Organización Internacional del Trabajo.

Fernández, B. y Herrera, S. (2018). El efecto del cuidado informal en la salud de los cuidadores familiares de personas mayores dependientes en Chile. Revista médica de Chile vol.148 no.1, 30-36. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 98872020000100030&lng=es&nrm=iso

García-Calvente, M. et al. (2004). El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres. Gaceta Sanitaria, 18 (Supl. 2), 83-92. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213- 91112004000500011&lng=es&tlng=es.

Granovetter, M (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 7 (6), 1360-1380.

Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Modern Ghana. Journal of Modern African Studies, núm. 11.

Horbarth, J. y Gracia, A. (2014). Discriminación laboral y vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis mundial en México. Economía, sociedad y territorio vol XIV, num 45, 465-495.

INEC (2019a). Encuesta del mercado laboral, agosto 2018-2019. Recuperado de: https://www.inec.gob.pa/archivos/P053342420191127133143Cuadro%2039.pdf

INEC (2019b). Condición de actividad económica y características de sus componentes, agosto 2018-2019 Recuperado de: https://www.inec.gob.pa/archivos/P0705547520191127134453Cuadro%201.pdf

INEC (2019c). NEA que no piensa buscar trabajo en los próximos seis meses, agosto 2019. Recuperado de https://www.inec.gob.pa/archivos/P00140176420191127132548Cuadro%2032.pdf

INEC. (2011). Encuesta del uso del tiempo. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Panamá. 2011.

INEC (2020). Evolución de la informalidad. Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Recuperado de: https://www.inec.gob.pa/archivos/P0705547520201222123419Gr%C3%A1fica%202.pdf

INEC (2019). Base de datos de la encuesta de propósitos múltiples, marzo 2019.

INEC (2013). NEA que no piensa buscar trabajo en los próximos seis meses, agosto 2019. Recuperado de https://www.inec.gob.pa/archivos/P5571441-36.pdf

NAMU. (2019). VII Informe Nacional Clara González: Situación de la Mujer en Panamá, 2014-2016. Panamá: Instituto Nacional de la Mujer.

Kabeer, N. (1996). Género, desarrollo y capacitación: aumentar la capacitación en el proceso de planificación. En Desarrollo y Diversidad social (págs. 18-26). Barcelona: Icaria, CIP, Oxfam, Intermon.

Lund, F. y Srinivas, S. (2000). Learning from Experience: A Gendered Approach to Social Protection for Workers in the Informal Economy. Ginebra: Organización Internacional del trabajo.

Lusting, N. (2001). Shielding the poor: Social protection in the developing world. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/english/document/Shielding-the-Poor-Social-Protection-in- the-Developing-World.pdf

Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach (Harvard University Press).

Oliveira, O. y Ariza, M (2000). Trabajo femenino en América Latina: un recuento de los principales enfoques analíticos. En E. d. Toledo, Tratado latinoamericano de sociología del trabajo (págs. 644-663). México: El Colegio de México-Flacso-UAM-FCE.

Olivera, O. y Ariza, M. (1997). División sexual del trabajo y exclusión social. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 3, No. 5, 183-222.

OIT (2002). El trabajo decente y la economía informal, Informe VI. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo. Recuperado de www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf

Pateman, C. (1995). El Contrato Sexual. México: Anthropos - UAM México.

Pateman, C. (1996). Críticas feministas a la dicotomía público/privado. En C. Castells, Perspectivas feministas en teoría política. España: Paidós Ibérica.

Peterlini, C. (2011). El género y el capital social en las políticas sociales. Argentina (1990-2010). Buenos Aires: Flacso Argentina. Recuperado el 25 de enero de 2021, de https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/4583/TFLACSO- 2012CJP.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Piñeiro, I. et al. (2017). Sobrecarga y salud percibida en cuidadores informales de pacientes con enfermedad mental. European Journal of Health Research, Vol. 3, Nº 3, 185-196. Recuperado, de https://revistas.uautonoma.cl/index.php/ejhr/article/view/1200

Pulido, M. et al. (2012). Trabajo, estrés y salud: la costura a domicilio en Ciudad de México. Salud de los Trabajadores, 20(1), 33-48. Recuperado de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382012000100004&lng=es&tlng=es

Putnam, R. (2000). Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community. Nueva York: Simon & Schuster

Ruiz, M., Orpinell, G.; Martínez, P. y Benach, J. (2014). “¿Es posible comparar el empleo informal en los países de América del Sur? Análisis de su definición, clasificación y medición”. Gaceta Sanitaria Volumen 29: 65–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.07.015

Sen, A. (1980). The concept of development. En The Handbook of Development Economics, 1, 9-26.

Subinas, J y Stanziola, J. (2020). Provisión pública y privada de servicios públicos: dos modelos de país. En CIEPS, Encuesta de Ciudadanía y Derecho (págs. 24-31). Recuperado de: https://cieps.org.pa/wp- content/uploads/2020/04/EncuestaCIEPS2019-1.pdf

irado, M. (2014). El trabajo sexual desde una perspectiva de los derechos humanos: implicaciones del VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. Civilizar vol.14 No.27.

Tokman, V. (1978). An Exploration into the Nature of Informal-formal Sector Relationship. Elsevier, vol. 6 (9-10), 1065-1075.

Uchiyama, M. (2019). Do conditional cash transfers reduce household vulnerability? Evidence from PROGRESA-Oportunidades in the 2000s. EconomiA, 20 (2), 73-91 doi.org/10.1016/j.econ.2019.04.001

Vela, E. et. al (2018). Determinantes sociales en salud que influyen en la prevalencia de la infección por VIH en mujeres trabajadoras sexuales de la zona céntrica de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Saúde e Sociedade Volumen 27, número 3. doi.org/10.1590/S0104-12902018180066