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Democracia participativa como complemento de la democracia representativa
Participatory democracy as a complement to representative democracy
Ius Comitiãlis, vol. 2, núm. 4, pp. 168-185, 2019
Universidad Autónoma del Estado de México

Artículos

Ius Comitiãlis
Universidad Autónoma del Estado de México, México
ISSN: 2594-1356
Periodicidad: Semanal
vol. 2, núm. 4, 2019

Recepción: 10 Julio 2019

Aprobación: 11 Octubre 2019

Esta obra está bajo licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Resumen: El presente trabajo explica la distinción entre democracia participativa y democracia representativa y sugiere por qué dichos conceptos no se contraponen, sino que se complementan. Ello porque la democracia participativa pretende que los ciudadanos sean más activos en los asuntos públicos de su comunidad y con ello contribuyan a la consolidación de la democracia.

Palabras clave: democracia representativa, democracia participativa, ciudadanía, poder político, participación ciudadana.

Abstract: This paper explains the distinction between participatory democracy and representative democracy and questionable because these concepts do not contradict each other, but complement each other. This is because participatory democracy aims to make citizens more active in the public affairs of their community and thereby contributes to the consolidation of democracy.

Keywords: representative democracy, participatory democracy, citizenship, political power, citizen participation.

INTRODUCCIÓN

La democracia no es sólo un proceso electoral que está regulado por un sistema electoral, y garantizado por autoridades electorales que organizan y califican las elecciones cada determinado periodo en nuestro país. La democracia mexicana es representativa porque el poder que reside originalmente en el pueblo delega a algunos ciudadanos a través de las elecciones populares. La democracia en la región de América Latina y en el caso de México atraviesa por una crisis, porque el sistema no está funcionando, y eso repercute en la calidad de vida de los mexicanos.

Pero lejos de la idea de que el cambio está en el gobierno, y la responsabilidad recae en los políticos, lo ciudadanos tenemos un compromiso con México, por eso debemos buscar la forma de participar activamente en las decisiones públicas.

Para fortalecer la democracia no basta con el ejercicio de la representación política, sino que se requiere de la participación activa de la ciudadanía en ejercicio de la democracia participativa. En este trabajo se pretende definir a la democracia participativa y explicar por qué es un complemento de la representación.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA

La percepción que tienen los ciudadanos de la democracia representativa en la actualidad es que quienes gobiernan sólo atienden los intereses particulares de sus partidos o intereses privados, sufrimos diariamente con la situación de corrupción, violencia y pobreza que enfrenta México y tendemos a despreocuparnos por aportar algo en la transformación de la sociedad.

A pesar de que no es una opinión sui generis, el papel del ciudadano en la vida política se ve reducido sólo al del elector que tacha en la boleta el día de la jornada electoral para elegir a sus representantes de entre las distintas opciones partidistas o independientes y considera que con ello ha cumplido con su actividad en ejercicio de la ciudadanía. Bajo esta idea, una vez concluido el proceso electoral, se considera que los representantes populares son los encargados de resolver los asuntos públicos, bajo el escrutinio ciudadano. Entonces, no se analiza si la trascendencia de la democracia representativa consiste sólo en ejercer el voto o sí es una tarea constante de quienes tenemos la calidad de ciudadanos.

En este sentido, Norberto Bobbio (1996) describe que el representante político no es un delegado que representa intereses particulares de los ciudadanos en una circunscripción determinada, sino que más bien es un fiduciario que se sienta en el parlamento para discutir con otros representantes, a la vista de los intereses de la entera nación, y, por tanto, sin vinculo de mandato (Cuono, 2013, pp. 165-166).

Una de las premisas de la democracia, expresada en las constituciones, es la concesión de un poder limitado a quienes ejercen la representación política, porque quién gobierna, debe respetar la dignidad y los derechos de cada ciudadano. Un gobernante que es elegido por la mayoría no puede ejercer el poder arbitrariamente por que la Constitución establece límites, así se respeta a la mayoría y se protege a la minoría, por lo cual, como principio central, ninguna persona puede ejercer el poder concentrado (IIDH, TEPJF, 2017, pp.251-252).

Ahora bien, para abordar el concepto de democracia representativa se debe recordar la democracia directa, por ejemplo, la ateniense como un concepto opuesto. En la democracia antigua la relación entre los gobernantes y los gobernados era más estrecha, la diferencia con la democracia indirecta o representativa es que el pueblo participaba activamente en el ejercicio del poder público.

El velar por los intereses de sociedades que no son homogéneas es una tarea que resulta complicada, para la capacidad intelectual o experiencia en la administración pública de tal o cual representante, y porque muchas veces se piensa en la democracia representativa como una responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de una comunidad sólo de las personas electas por el voto popular.

La democracia además de la representación, también vela por los derechos de las personas, de hecho, los movimientos sociales que han repercutido en los caminos hacia la democratización exigieron el reconocimiento y estándares mínimos de derechos humanos. Robert Dahl introdujo el concepto de poliarquía para definir al sistema electoral como un mecanismo para obtención y ejercicio del poder, refirió en su trabajo el modelo del partido hegemónico de México, y en este sentido expuso razones para pensar que la transformación de un régimen con estas características en uno más competitivo o en una poliarquía producía consecuencias significativas: libertades de corte liberal clásico como libertad de oponerse al gobierno, para asociarse, libertad de expresión y libertad de sufragio, así como la participación abierta y la competencia política (Dahl, 1989, pp. 28-31).

Es importante referir la transición democrática del caso mexicano desde el sistema de un solo partido que tenía acceso efectivo hacia el poder, hacia la apertura a la competencia electoral y la pluralidad política, porque es durante este periodo en el cual las reformas electorales construyeron un sistema electoral que garantiza los derechos políticos de los ciudadanos y regula la competencia entre partidos políticos, incluso con la creación de un modelo de comunicación política. Puesto que es en este periodo en donde se cristalizan las reglas de la verdadera democracia representativa en México.

Dahl, equipara el término de poliarquía con la democracia moderna o democracia representativa, característica del siglo xx, para él existe poliarquía cuando:

1. Los funcionarios son electos.

2. Se realizan elecciones libres e imparciales.

3. Existe sufragio universal.

4. El derecho a ocupar cargos públicos es amplio.

5. Existe libertad de expresión.

6. Se cuenta con acceso a diversas fuentes de información.

7. Existe libertad y autonomía para asociarse (Dahl, 1991, p. 267).

Los anteriores elementos componen el sistema democrático actual, en el caso de la representación política en oposición a la democracia directa como los aproximadamente 130 millones de habitantes en México no pueden gobernar, delegan a través del ejercicio del poder mediante el voto popular a representantes e instituciones para que se hagan cargo de los temas de interés público. La representación política ejerce el poder delegado del pueblo coordinado por el Estado, pero siempre en atención a las necesidades del pueblo, esto se convierte en consecuencia en un deber ser de la democracia.

Ahora bien, en la tercera ola de la democracia que inició en el mundo a partir de los años noventa, varios países llevaron a cabo procesos de liberalización, con la idea de eliminar los gobiernos autoritarios y mejorar la calidad de vida de las personas, después de ello, a finales del siglo xx comenzaron las ideas en torno a la democracia como la obligación de rendir cuentas de quienes gobiernan y transparentar el ejercicio del poder en lo que se denomina accountability.

En la actualidad, la democracia representativa se enfrenta a retos como la corrupción de los funcionarios políticos y el cuestionamiento de la sociedad hacia estos, por ello en los últimos años se habla de una crisis o descontento con la democracia.

La democracia participativa busca ampliar las formas de decidir de los ciudadanos, creando mecanismos innovadores encaminados a incluir a la ciudadanía en la discusión de los asuntos públicos (IIDH, TEPJF, 2017, pp. 251-252).

Este concepto demanda una mayor participación política de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que atañen a su comunidad. En este tipo de democracia la ciudadanía no sólo se refiere exclusivamente al referéndum como único método de participación, sino a formas como el plebiscito o asambleas comunitarias.

Un problema que surge, es que puede confundirse el concepto de democracia directa con el de democracia participativa; sin embargo, mientras en la primera son los ciudadanos quienes directamente toman decisiones públicas como el caso de la democracia ateniense, la democracia participativa no se opone a que se delegue el poder del pueblo y exista representación, sino que surge como un complemento de esta última como se expondrá más adelante.

La distinción entre democracia directa y democracia participativa se explica de la siguiente forma:

La democracia participativa involucra la intervención de los ciudadanos, en forma individual u organizada, en los procesos de toma de decisión de la gestión pública. Implica deliberación y negociación, además de consulta y presupone un resultado abierto. Se le suele diferenciar de la democracia directa que comprende mecanismos que implican fundamentalmente la consulta a los individuos, mediante el voto, para aprobar o rechazar una propuesta que puede ser iniciada por los ciudadanos, pero una vez sometida a votación no admite soluciones intermedias (Lissidini, en Mariel y Reyna, 2014, p. 41).

Asimismo, resulta oportuno señalar que la democracia participativa se refiere a una ampliación de las decisiones ciudadanas a través de mecanismos participativos que unen a la ciudadanía con el gobierno, ya que, si bien estas formas amplían la participación política, al fin de cuentas serán ratificados por el sistema de gobierno representativo, ya que de otro modo no tendrían algún efecto (de la Garza, 2018, p. 47).

Algunos autores han entendido a la democracia participativa más allá de los mecanismos como el plebiscito y el referéndum, porque como lo señala de la Garza, busca someter a los representantes populares “a un mayor control por medio de mecanismos como la revocación de mandato y la rendición de cuentas, pero sobre todo colocando a la ética y a la política en un mismo plano” (2018, p. 82).

Un ejemplo de democracia participativa son los usos y costumbres que resultan importantes en el plano de la política por los valores participativos que han permanecido a lo largo de los años en nuestro país. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido a los usos y costumbres como una institución que se basa en la democracia participativa, pero que al mismo tiempo se adapta a los preceptos de la Constitución Política (de la Garza, 2018, p. 32).

El Tribunal Electoral ha señalado que es una obligación del Estado promover la democracia participativa indígena, para garantizar sus derechos entre los que destacan el derecho a la participación política, a la igualdad en el acceso de las funciones públicas, intervención en asuntos públicos y en la toma de decisiones (Tesis XLI/2015). Podemos aprender de la experiencia de los pueblos y comunidades que se rigen por usos y costumbres, de sus principios en los que se destaca su compromiso por participar activamente en los asuntos de su comunidad y para conservar su cultura y defender su cosmovisión del mundo.

El concepto de democracia participativa se ha usado también de forma similar con el de democracia deliberativa o democracia radical (IIDH, TEPJF, 2017, p. 282), todos ellos otorgan mayor centralidad a la ciudadanía, sin embargo, existen diferencias en sus conceptos.

La democracia deliberativa se centra en la deliberación en el proceso de formación de la opinión pública para incrementar el capital social y político y con relativa independencia de su incidencia directa en la definición de políticas. En esta democracia se promueve la deliberación de grupos pequeños de personas, la democracia participativa incluye estos mecanismos y otros (Fishkin en IIDH, TEPJF, 2017, p. 282) Por su parte, la democracia radical se propagó relacionada con la organización política de movimientos indígenas y trasciende las instituciones de participación para centrarse en los actores y procesos de lucha por la ampliación de la democracia (IIDH, TEPJF, 2017, p. 282).

La democracia participativa se manifiesta en distintas formas de participación con un mismo ideal que los ciudadanos deben ser más activos, informados y racionales no sólo para elegir a quienes los representarán, sino también para participar en la toma de decisiones, esto se logra a través de una mejor educación, cultura política e incluso en debates públicos que permitan discutir las distintas opciones (Rodríguez, 2015, p.53).

Touriane (en Rodríguez, 2015, p. 54) define la democracia participativa como “la penetración de un mayor número de actores que se inmiscuyen en problemas sociales, individuales y colectivos para una mejora en la toma de decisiones”. Para el sociólogo francés las condiciones básicas que deben darse son: “la libertad de los individuos para elegir a sus gobernantes e elecciones periódicas, y además complementarse con tres dimensiones, el respeto a los derechos fundamentales, que los individuos se sientan ciudadanos y la representatividad de los dirigentes” (Rodríguez, 2015, p. 54).

No basta la legitimación del poder político y el control de las decisiones de los gobernantes, porque la democracia es también una forma de transformar a la sociedad para lograr los objetivos propios de la democracia, y es más que un sistema político; ya lo establece nuestra Constitución y es apuntado por Mcpherson (1987, p.15), cuando afirma que esta forma de gobierno se ha entendido como una calidad que impregna toda la vida y todo el funcionamiento de una comunidad; todo el conjunto de relaciones recíprocas entre la gente que constituye la nación o la unidad de que se trate.

Son diversos los cuestionamientos hacia la democracia representativa en los cuales a través de medios de comunicación y el ánimo de los ciudadanos se da cuenta del descontento con el sistema político y en general con el gobierno. La consolidación de la democracia representativa debería acompañarse de otros mecanismos como la democracia participativa. Se debe ir más allá de las formas tradicionales de participación política a través del sufragio. No se trata de desconocer la fórmula institucional de los procesos de elección popular, sino complementar la democracia representativa, en la que son los ciudadanos quienes se apropian del espacio público y expresan sus necesidades.

En los países de América Latina la transición a la democracia es reciente, como se ha mencionado en el caso mexicano esta transformación aparece durante los años noventa, el proceso de liberalización en nuestro país comenzó con la creación de instituciones especializadas en materia electoral y con el fortalecimiento de un sistema que protege más los derechos políticos y reglas que propician la competencia pluralista por el poder público.

A pesar de estos cambios, en la región existe un profundo desencanto con los resultados de la democracia electoral en especial en términos sociales, funcionamiento del gobierno e inclusión en la política. La democracia representativa por sí misma no genera todas las condiciones que logren equidad, ni ha propiciado la disminución de la desigualdad social en términos de pobreza, y en el acceso de las personas a una calidad de vida digna.

Por ello, la democracia participativa surge como respuesta a las características elitistas y excluyentes de las democracias electorales y las teorías que fundan esta comprensión limitada y limitante de las mismas, según Dagnino, Olvera y Panchifi, además estos autores refieren que:

La democracia participativa se fundamenta en la ampliación del concepto de ciudadanía y de la liberación en espacios públicos, de lo que se deriva una noción de democracia como sistema articulado de instancias de intervención ciudadana en las decisiones que les conciernan y en la vigilancia del ejercicio del gobierno (en Peralta, 2014, p. 38).

En la puesta en marcha de la democracia participativa surgen diferentes tipos de espacios que dan cuenta de modalidades informativas, gestión pública, debates, toma conjunta de decisiones, y diversos modos de vigilancia o supervisión de acciones públicas y políticas de gobierno, en los cuales participan de forma activa y consiente los ciudadanos, sin que ello implique pérdida de autonomía (Peralta, 2014, p. 39).

En México existen esquemas de participación que están diseñados para legitimar el poder público de quienes ejercen la representación política, permiten o posibilitan la opinión, pero no existe obligación de que esta sea tomada en cuenta para definir o modificar una acción o política relevante, esta participación limitada sirve para refrendar a la vista de los ciudadanos las decisiones de quienes ejercen el poder.

Se puede entender que la finalidad de la democracia participativa es ayudar a eliminar los defectos de la democracia representativa y dar la oportunidad de decidir a los ciudadanos para que colaboren a mejorar la calidad de vida de la sociedad, lo que se busca no es dejar de lado la representación política sino reforzarla con la participación activa de la ciudadanía, por ello en el siguiente apartado se pretende sustentar porque la representación y participación van de la mano, a través del pensamiento del filósofo Enrique Dussel.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA NO SON CONCEPTOS ANTAGÓNICOS

Enrique Dussel afirma que la democracia participativa está articulada con la democracia representativa. Señala que por lo general se piensa que hay ciertos términos antagónicos, contradictorios como:

1. Democracia participativa versus Democracia representativa

2. Fortalecimiento del Estado versus Disolución del Estado

3. Democracia versus Liderazgo político (2012, p. 17).

Pero para desmentir las contradicciones anteriores, específicamente en la democracia participativa versus representativa, su tesis estriba en lo siguiente:

La representación se institucionaliza como delegación; la participación se ejerce en acto y puede institucionalizarse. Hay entonces también un potestas participativa. La función representativa es el gobierno, es decir, la realización de contenidos (momento material); la participación es propositiva (da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades o demandas), y, además, es fiscalizadora (vigila como un panóptico, castiga o reconoce y premia a los méritos) (momento formal de legitimación).

Los partidos políticos son mediaciones institucionales religadas a la representación; la participación se origina en el bien jurídico del sentido común ciudadano y no se identifica con los partidos (es anterior a ellos y mucho más que ellos).

La participación crítica institucionalizada, no necesita el partido (aunque no lo niega por principio), ya que es el movimiento la mediación para la crítica, la transformación y la fiscalización de las instituciones de la representación (y del Estado) (Dussel, 2012, pp. 18-19).

Dussel considera que la democracia participativa es anterior a la democracia representativa porque la participación es la esencia del ejercicio del poder, anterior a toda delegación que denomina potestas. Explica el por qué se ha entendido que la representación y la participación son conceptos que se contraponen, atendiendo a que la Modernidad propuso una democracia representativa, manipulada por la burguesía, pero se cuidó mucho de ir dando participación al pueblo mismo urbano, obrero o campesino, a la mujer, y a otros sectores de la sociedad civil dominados, y si le fue concediendo derechos de alguna participación lo hizo de tal manera que los mecanismos de la representación le permitiera ejercer un proyecto hegemónico, que siempre colocaba a su favor. Lo anterior originó que todos los movimientos que se oponían al régimen tuvieran tintes anarquistas, en tanto se entendió que el gobierno adecuado y justo del pueblo era la democracia participativa directa contra la representación de la clase burguesa, así nació la falsa antinomia entre ambos conceptos (2012, p.19).

Para Dussel, “ambos conceptos tomados como posiciones son insuficientes, siendo la aparente oposición una falsa contradicción, porque se trata de dos términos de una relación que se co-determinan y que por ello cada una exige a la otra” (2012, p. 20). En este sentido estima que no existe una contradicción entre participación y representación, sino que “se trata de dos momentos que se necesitan mutuamente para una definición mínima y suficiente de democracia” (2012, p. 20), exponiendo dos ideas centrales:

· La primera es que la democracia unilateral representativa liberal ha culminado con lo que él llama el fetichismo monopólico de los partidos políticos que corrompen el poder representativo delegado del Estado.

· Por otro lado, el ideal de una plena democracia participativa nunca ha llegado a institucionalizarse por las posiciones anarquistas extremas que tiene probada su imposibilidad fáctica, refiriendo a un gobierno que se basa sólo en una comunidad de democracia directa en asambleas permanentes (2012, p. 20).

El filósofo refiere que es necesario repensar la descripción misma del poder y encontrar en todos los niveles el camino que vitaliza su ejercicio: la participación y la representación. Asimismo, que los medios de comunicación pueden democratizarse por medio de la participación de las diversas instituciones de la sociedad civil y política, con la creación y uso de los medios electrónicos de comunicación, creando redes radiales, televisivas, electrónicas, de información, debate, estudio y de organismos de acción social, cultural, universitario, etc. (2012, p.34).

Dussel propone un ejercicio democrático, representativo y participativo con liderazgo político, considera que el ejercicio de la democracia en especial la participativa, “exige una cultura del pueblo” (2012, p. 49), distingue el caso de los pueblos originarios que están acostumbrados al ejercicio comunitario, en cambio cuando los oprimidos o excluidos no han tenido históricamente costumbres comunitarias, la democracia no alcanza inmediatamente sus objetivos.

Consideramos oportunas las ideas de Enrique Dussel, porque apuesta por una democracia participativa que complementa a la representación política, más no que la desconoce o la elimina.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: EL COMPLEMENTO DE LA REPRESENTACIÓN

En nuestro país, la limitada experiencia nacional en materia de democracia participativa ha conducido a que se confunda la noción de participación ciudadana con las formas de democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, estas formas de la democracia abren un espacio a la expresión de preferencias de los ciudadanos, pero dado su carácter excepcional, sólo pueden ser utilizadas en condiciones políticas muy específicas y rara vez pueden ser utilizadas realmente (Olvera, 2009, p. 3).

La existencia de la democracia representativa no impide la adopción de mecanismos de la democracia participativa, como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, entre otros, a fin de conocer la opinión directa de la ciudadanía a través de una votación general, porque una democracia integral requiere el complemento de los instrumentos de la democracia directa y representativa (Orozco y Silva, 2002, p. 600).

Estamos inmersos en la democracia representativa, sabemos de sus instituciones y sus efectos en el ejercicio del poder político, nos sentimos insatisfechos con todo que tiene que ver con la política, el poder y el gobierno, cuestionamos su efectividad en la construcción de la paz social y de una mejor calidad de vida para todos.

La democracia participativa implica la participación cotidiana del ciudadano en las decisiones y en la ejecución de estas que atañen su vida en sociedad, mientras que en la democracia representativa la ciudadanía deposita el poder de elección de gobernantes a través del sufragio cada tres o seis años, en la democracia participativa el ciudadano conserva y ejerce cotidianamente su capacidad de decisión.

En la llamada democracia electoral, el ciudadano reconoce al Estado y al gobierno como una entidad alejada de él, como una forma de organización política que existía con anterioridad a su nacimiento como persona y que existirá después de su muerte, por el contrario, en la democracia participativa el Estado en acción, respeta la soberanía popular, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia participativa convierte la diferencia entre Estado y sociedad en una identidad, en la medida en que la sociedad participa más, su identidad con el Estado es más intensa (Olmedo, 2003, en Suárez-Iñiguez, p.69).

La democracia participativa es un reclamo creciente de la sociedad en el proceso de toma de decisiones, en especial en lo que afecta la vida diaria del ciudadano dentro del ámbito local para mejorar las condiciones materiales y culturales de la familia y la comunidad (Olmedo en Suárez-Iñiguez, p. 69).

Este tipo de democracia implica no sólo la actitud individual del ciudadano sino la organización de la colectividad para alcanzar finalidades concretas: mayor seguridad, mejores servicios públicos, mayor producción y mejor nivel de vida. La experiencia ha demostrado que los ciudadanos organizados son capaces de resolver por sí mismos muchos de los problemas que atañen a su vida familiar y a su comunidad inmediata (Olmedo en Suárez-Iñiguez, pp. 69-70).

La democracia participativa es el poder del pueblo a través de la participación organizada de sus miembros, en la actualidad la democracia representativa y la democracia participativa no se excluyen, sino que se complementan, pero se rigen por principios distintos, la democracia participativa se expresa de varias formas; el referéndum y el plebiscito hasta el trabajo no remunerado de los miembros de la comunidad en distintas tareas (Olmedo en Suárez-Iñiguez, p.70).

EJERCICIOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Existen algunos instrumentos de la democracia participativa como el referéndum, el plebiscito, la asamblea popular, la iniciativa popular, revocación del mandato y el voto electrónico. A continuación, mencionaremos de forma muy breve en qué consisten cada uno de ellos.

Referéndum

Es un mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes, esta figura permite que el elector comparta de manera complementaria la facultad legislativa del Congreso, tradicionalmente esta figura no se encuentra en la tradición constitucional mexicana, pero la Ciudad de México sí lo regula en sus ordenamientos locales.

El referéndum puede clasificarse, según su tipo, de la siguiente forma: 1) por sus efectos puede ser constitutivo, modificativo o abrogativo, es decir, constituyente (para aprobar una constitución) o constitucional (para modificar la Carta magna); 2) por su naturaleza jurídica es obligatorio o facultativo; y, 3) por su origen es popular, gubernativo o presidencial, parlamentario, estatal y regional (segob, referéndum).

Plebiscito

El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana que sirve como instrumento de consulta directa a los votantes sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva que, por comprometer el destino nacional, requiere el expreso consentimiento de los ciudadanos, también puede considerarse como una votación general para conocer la opinión de la ciudadanía. Este se aplica a actos de gobierno-administrativos, no de carácter legislativo.

En nuestro país, está contemplado por algunas leyes locales, las materias de consulta se circunscriben al marco legal particular de cada entidad. Entre algunas de las materias no válidas de consulta se encuentran la exclusión explicita de actos y decisiones de titulares o representantes del gobierno; cuestiones fiscales, tributarias, del erario; materias reservadas a la federación, entre otras (SEGOB, referéndum).

Asamblea popular

Estas formas de participación se llevan a cabo en comunidades con una población pequeña. Zimmerman expone el siguiente concepto:

La asamblea popular abierta se lleva a cabo cuando se emite una circular con una agenda fija, en este caso la agenda es elaborada por la mesa directiva en turno en la asamblea, tomando las peticiones de la ciudadanía para elaborarla. Primero hay que decir que la mesa directiva es nombrada por una votación dentro de la comunidad y la duración relativa de esta mesa directiva no debe ser muy amplia, tal vez podría ser de un mes o tal vez dos (1992, p.32).

Las asambleas populares reúnen a ciudadanos en torno a cuestiones esenciales de su realidad social y política, por lo general son espacios auto organizados, instalados a nivel local, nacional o regional, tienen como particularidad la de permitir mecanismos de diálogo y de deliberación directa entre los participantes, basándose en una filosofía previa de consenso, igualdad de participación y expresión (Diccionario del poder Mundial, asamblea popular).

Iniciativa popular

Este mecanismo de participación en el cual los ciudadanos tienen el derecho para presentar propuestas de Ley ante los órganos legislativos. Pueden ser clasificadas en constitucionales y legislativas, ya sea porque modifican los textos de nuestra Carta Magna, o bien porque modifican, derogan o crean leyes secundarias. Se pueden clasificar en simples o formuladas. Las primeras son una petición ciudadana de legislación al Poder Legislativo sobre algún tema en particular; y las segundas se refieren a los proyectos de ley elaborados y promovidos directamente por la ciudadanía.

La iniciativa popular tiene su origen en Suiza y ha sido acogida por algunas constituciones europeas y latinoamericanas, con mayores o menores restricciones en cuanto a las materias sobre las que puede versar y al número de ciudadanos que deben respaldarla (Diccionario del poder Mundial, iniciativa ciudadana).

El caso de Suiza es emblemático de este tipo de participación ciudadana, y tiene una función importante en una democracia directa como la de ese país, en la cual los ciudadanos tienen la opción de someter a votación popular cualquier cuestión por revolucionaria que sea (Schmid, Gossenreiter et al., 2018) como aquella que pretendía animar a los ganaderos a mantener la cornamenta de las vacas (Vuillemier, 2018).

En nuestro país, la figura está contemplada en el artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política, es el proyecto de Ley presentado por el equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. También es conocida como Iniciativa Popular y se le considera como un mecanismo de la democracia directa a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo.

Revocación del mandato

En el ámbito constitucional, el mandato es un instrumento institucionalizado, cuya finalidad se orienta a la participación indirecta de los ciudadanos en los asuntos públicos, es un procedimiento a través del cual los electores de manera directa pueden destituir a un funcionario electo con anterioridad a la culminación de su mandato (IIDH, TEPJF, 2017, p. 984).

La revocatoria de mandato es una figura propia de la democracia directa, e incluye dos grandes fases: la activación en la que la ciudadanía mediante sus firmas solicita la puesta en marcha del procedimiento, y la aprobación, en la que se consulta al funcionario electo, esta revocatoria puede aplicarse a funcionarios que ocupan cargos en las ramas ejecutiva o legislativa, en los ámbitos nacional, regional, estatal, provincial o municipal (IIDH, TEPJF, 2017, p. 984). En México algunos estados de la República contemplan la figura como una facultad de los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, y en otros como una facultad del Congreso.

Voto electrónico

Sartori (1997, p. 155) ya hablaba de la posibilidad de implementar el voto electrónico en la Teoría de la Democracia, en donde cada ciudadano tendría una terminal de video en la que se presentarían los problemas, así como las propuestas de solución, con una periodicidad en la cual los electores con un botón elegirían el sí, el no, y la abstención.

En términos generales, se pretende con la implementación de este mecanismo agilizar el proceso de votación, dar seguridad a la recepción del voto de los electores, disminuir las posibilidades de fraude electoral en las urnas e incrementar la transparencia del proceso electoral (IIDH, TEPJF, 2017, p.1180).

En general se entiende por voto electrónico la capacidad de que un elector pueda votar desde su casa en su equipo de cómputo o cualquier otra opción tecnológica con un acceso a internet sin tener que desplazarse hasta una casilla.

Existen opiniones encontradas sobre la utilidad o conveniencia de la votación a través de medios electrónicos, Thompson y González (en IIDH, TEPJF, 2017, pp.1185-1186) las enlistan en relación el costo y los recursos financieros para implementar el voto, la posible vulnerabilidad del sistema debido a los hackers, la posible inadaptación del marco normativo y las dificultades de su implantación en tanto los electores deberían adaptarse a este sistema de elección.

En nuestro país la implementación de este tipo de participación ciudadana requiere de una infraestructura institucional y técnica que garantice que todos los electores tendrán acceso a un equipo electrónico para llevar a cabo la votación a través de estos medios.

En síntesis, estos mecanismos de la democracia participativa apuntan a una modernización de los sistemas políticos electorales, la realidad es que sí necesitamos de nuevos mecanismos de participación ciudadana que complementen a la representación política. Las nuevas tecnologías de la comunicación comienzan a ocupar un espacio en la vida privada y pública de los ciudadanos insuperables. En atención a ello y al descontento en general del pueblo con la democracia y sus instituciones, el gobierno debe garantizar que los ciudadanos además de tener el derecho al voto popular, tengan otros espacios de participación política activa y toma de decisiones.

No se trata de preferir los métodos alternativos de participación política a los procesos electorales de la democracia representativa, sino que la exigencia es la complementación de la representación, pero a través de vías democráticas y no de posturas anarquistas o extremistas, que desconozcan el sistema político.

LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

La idea central es que la participación de la ciudadanía es básica en la consolidación de un sistema democrático. A pesar de las fallas del sistema político, debemos preferir a la democracia por sobre otra forma de gobierno, como se planteó Dahl (1999, pp. 55-71), en comparación con cualquier otra alternativa factible, la democracia posee ventajas y resulta oportuno citar las que considera el politólogo:

Evita el gobierno autócrata y tirano. La historia nos ha demostrado que los gobiernos totalitarios han atentado contra la integridad de los ciudadanos, citando como ejemplo los gobiernos de Stalin y Hitler. Este autor plantea que, aunque los gobiernos democráticos algunas veces han sido injustos, hay otras razones para creer que las democracias tienden a ser más justas y respetuosas de los intereses humanos básicos de la mayoría.

La democracia garantiza a sus ciudadanos una cantidad de derechos fundamentales que los gobiernos no democráticos no garantizan ni pueden garantizar. La democracia es un sistema de derechos, por definición ningún sistema no democrático otorga a sus ciudadanos un abanico de derechos políticos, si lo hiciera por definición se convertiría en un sistema democrático. Para satisfacer las exigencias de la democracia, los derechos que le son inherentes deben estar efectivamente a disposición de los ciudadanos en la práctica, de lo contrario, el sistema político no es democrático, con independencia de lo que el gobernante pretenda.

La democracia asegura a sus ciudadanos un mayor ámbito de libertad personal que cualquier alternativa factible a la misma. Además de los derechos necesarios para un gobierno democrático, los ciudadanos de un sistema democrático tienen la seguridad de gozar con una colección de libertades aún más extensa, una cultura democrática destacará el valor de la libertad personal y así dotará de apoyo a derechos y libertades adicionales.

La democracia ayuda a las personas a proteger sus propios intereses fundamentales. La mayoría de las personas desean ejercitar algún control sobre los factores que condicionan, parcial o completamente, la satisfacción de sus deseos, libertad de elección, una oportunidad de organizar su vida de acuerdo a sus propios fines, preferencias, gustos, valores, compromisos o creencias, la democracia protege esta libertad mejor que ningún otro sistema político;

Sólo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse, en este sentido al elegir vivir libremente bajo una constitución democrática, está ejercitando su libertad de autodeterminación.

Solamente un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para ejercitar la responsabilidad moral, para el politólogo, ser moralmente responsable equivale a ser autónomo en el ámbito de las elecciones moralmente relevantes.

La democracia promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa factible, en este sentido, los ciudadanos protegen sus intereses, considerar los intereses de otros, asumir la responsabilidad por decisiones importantes, y comprometerse libremente con otros en la búsqueda de una mejor decisión.

Sólo un gobierno democrático puede fomentar un grado relativamente alto de igualdad política, la cual se deriva necesariamente de la aceptación de varios supuestos razonables en los que creemos casi todos.

Las democracias representativas modernas no se hacen la guerra entre sí. Los ciudadanos y líderes democráticos cuentan con compromiso, y practican las negociaciones, tratados, alianzas y defensa frente a enemigos no democráticos.

Los países con gobiernos democráticos tienden a ser más prósperos que los países con gobiernos no democráticos. Las democracias para el autor, poseen ventajas económicas en virtud que, promueven la educación entre sus pueblos, el respeto a la ley y su economía depende de la comunicación con otras economías del mundo.

Es por ello que el sistema democrático es superior a cualquier otra forma de gobierno, ya ha quedado claro con el proceso de liberalización de México para consolidar el sistema político electoral y acabar con el gobierno hegemónico. La combinación de la participación activa de los ciudadanos con el ejercicio de los representantes favorece la organización del gobierno y el Estado.

Las ideologías que desconocen las instituciones del Estado y apuestan sólo por una democracia participativa a través de los mecanismos que antes se han citado, se sitúan sólo en una aspiración política irrealizable, ya que solamente tomar en cuenta la acción participativa del pueblo lejos de la representación, es hablar de una democracia directa la cual es imposible en un país con millones de habitantes como Suiza. Entonces no sólo basta la crítica a la representación política sino también el involucramiento real y directo de los ciudadanos para mejorar las políticas del gobierno y cambiarlas.

En este orden, Conway (1986, p. 1125) define a la participación ciudadana como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o influir en la formación de la política estatal, en ella se contienen las acciones colectivas o individuales de apoyo o en su caso de presión mediante las cuales una o varias personas intentan transgredir en las decisiones sobre el tipo de gobierno que debe implementarse en una sociedad.

El ejercicio de la ciudadanía de forma participativa es la convicción de que la forma en que se puede mejorar la calidad de vida en la sociedad es mediante la participación de todos en los asuntos públicos, para ello que una persona decida o no ejercer sus derechos políticos tiene que ver con una formación individual, con base a procesos cognoscitivos, experiencias y una racionalidad, de esta forma es como la cultura, en especial la cultura cívica y política es fundamental para la construcción de la democracia.

Cuando se habla de cultura se debe tener en cuenta una realidad que rebasa la consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre las que estaría la función específicamente cultural, una dimensión del conjunto de todas ellas, a una dimensión de la existencia social, con todos sus aspectos y funciones, que aparece cuando se observa a la sociedad tal como es cuando se empeña en llevar a cabo su vida persiguiendo un conjunto de metas colectivas que la identifican o individualizan.

El concepto de cultura suele ser muy utilizado en distintas áreas del conocimiento humano, pero en política adquiere una connotación importante, en el espacio público se refiere a las formas de vida de los miembros de una sociedad o de sus grupos, los valores como elementos intangibles de la cultura, dan significado y orientación a los seres humanos cuando interactúan con el mundo social. Una cultura política democrática forma ciudadanos comprometidos con la igualdad entre los seres humanos.

Cuando se llevan a cabo investigaciones sobre los procesos democráticos de elecciones populares, se vincula a la cultura política, porque el efecto que los valores y creencias juegan en las preferencias de partidos es uno de los temas que se prefieren por los investigadores, al igual que con el estudio del comportamiento electoral. En el caso de América Latina los rasgos de cultura política han jugado papeles muy importantes en los procesos de democratización, como ejemplos de liderazgo político como el caudillismo, o de bases de legitimidad política como el populismo, o la revolución (capel, 1991, p.187).

Así la importancia de la cultura de la democracia estriba en el hecho de que los ciudadanos que cuentan con una cultura política democrática en términos generales están interesados en los procesos políticos, conocen su sistema político y cómo funciona, y participan activamente en los procesos de toma de decisiones. Estos ciudadanos valoran y respetan los derechos políticos de otras personas. Asimismo, son más propensos a mostrar niveles de tolerancia ante la pluralidad de ideologías, ya que, si bien pueden no estar de acuerdo con el gobierno y las autoridades o con algunas políticas que se implementan, valoran a la democracia y sus reglas. Mientras que los ciudadanos que tienen una cultura política autoritaria presentan falta de interés en los procesos políticos, tienen una débil identificación con el sistema democrático, muestran poca tolerancia hacia opiniones de otros y pueden aceptar las ideas que no son democráticas como la violencia social o ideas anarquistas (capel, 1991, p. 222).

Por ello, se habla de que una ciudadanía responsable e informada complementa las instituciones de la democracia representativa, y es posible que mejore el ejercicio del gobierno en la vigilancia de sus acciones. Pero no debe limitarse la responsabilidad de la democracia participativa a la vigilancia o la rendición de cuentas, sino al acercamiento de la ciudadanía con el gobierno a través del diálogo propositivo y la deliberación de los asuntos que atañen a la comunidad a la que pertenece.

Uno de los elementos de la democracia participativa es la exigencia de que se aperture el ejercicio del poder de la representación a través de mecanismos en los que los ciudadanos hagan del conocimiento de los gobernantes las necesidades propias y reales de cada comunidad, porque en la realidad sabemos que un representante no es capaz de conocer y entender los problemas de una comunidad, en el mejor de los casos hay representantes que se adscriben a una circunscripción determinada y tal vez se puede presumir que conocen a su comunidad, pero la representación política en los niveles federales aleja mucho a los políticos de entender la realidad, las diferencias y la desigualdad que existen en todas las regiones de México.

El ejercicio de la ciudadanía participativa no busca legitimar las decisiones de la representación, porque ello sería aceptar en sus deficiencias las políticas públicas que determina al gobierno, sino que debe entenderse como mecanismos para corregir estas decisiones y fortalecerlas.

Por ello, de implementarse a niveles mayores los mecanismos de participativos en México la expectativa es que sean los pobladores de una determinada localidad quienes puedan tomar decisiones sobre esa circunscripción, dentro de los márgenes legales del sistema democrático, tal es el caso de los pueblos originarios que se rigen por usos y costumbres, que hemos referido con anterioridad.

REFLEXIONES FINALES

A partir de lo que se expuso es dable finalizar con que el poder político reside en el pueblo, la atribución de soberanía no es del Estado, es el pueblo y por delegación les da a los representantes el ejercicio de un poder delegado. Entonces todas las organizaciones políticas de las comunidades tienen soberanía, así, consejos vecinales, asambleas en las comunidades indígenas deben ser respetadas por el gobierno, aunque se encuentren fuera de la institucionalización del Estado.

El problema real en México, es que a pesar de la máxima que el poder y la soberanía pertenecen al pueblo como se reconoce en el artículo 39 constitucional, la participación política no se institucionaliza a pesar que es un ejercicio directo de este poder originario, porque toda la responsabilidad se le atribuye a la representación. El Estado olvida que el poder que él ejerce es sólo un poder delegado. La participación política es deliberativa, crítica y además vigila o fiscaliza la actuación de los representantes políticos, y puede llegar a influir considerablemente en la toma de decisiones de los que ostentan el poder político.

Ahora bien, es difícil en la actualidad que quienes ejercen la representación se abran a las demandas de la ciudadanía porque pertenecen a una clase social de élite, aunque en ocasiones jueguen el papel de cercanía con el pueblo. Por ello, la interrogante es si la democracia puede implementarse satisfactoriamente ante los sesgos de tradición autoritaria del país.

De forma muy general se expusieron algunos mecanismos participativos como el referéndum y el plebiscito sin aspectos teóricos o técnicos, pues dada la complejidad tendríamos que intentar un análisis más extenso, sin embargo, esos procedimientos son posibles de implementar en nuestro país.

Una complejidad para la implementación de la democracia participativa es que los ciudadanos evitamos las responsabilidades sociales y políticas con el país. Somos incapaces de elegir las mejores opciones para nuestra comunidad. Participar informadamente es una exigencia de este tipo de democracia, por ello una de las principales herramientas de nuestro tiempo es el internet y las redes sociales, cuando se usan con sentido común.

Implementar la democracia participativa no es eliminar a la representativa, sino que se complementan. Una democracia en donde la ciudadanía exprese con libertad sus necesidades y que éstas se puedan institucionalizar favorecerá a elevar la calidad del gobierno en el que se garantice la igualdad y las diferencias de cada comunidad en favor de mejorar la calidad de vida de las personas y reducir en algún modo los malestares de la violencia y la pobreza que vivimos en México.

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