1. Introducción¹

En las últimas décadas, la inserción de las economías latinoamericanas en el mercado mundial con base en la primarización de la economía ha incentivado en la región un modelo de desarrollo basado en la extracción y sobreexplotación de bienes naturales y en la desposesión de territorios campesino-indígenas, antiguamente considerados improductivos (Svampa y Viale 2014; Svampa 2019; Gudynas 2019; Böhm 2020). Este modelo, escenario de graves violaciones a los derechos humanos y daños a los ecosistemas, tiene como principales beneficiarios a grandes empresas, mayormente de capital internacional, ante el accionar negligente, aquiescente e incluso represivo de los estados (Acosta y Brand 2017; Böhm 2017; Gudynas 2019). Todo ello ha implicado un incremento en la conflictividad socio-ambiental, consecuencia de una injusta apropiación y distribución de los bienes naturales y recursos ecológicos (Leff 2006; Merlinsky 2013; Svampa y Viale 2014; Svampa 2019).

Estos conflictos se manifiestan en el seno de una crisis civilizatoria y ecológica que se vincula con patrones de consumo de los sectores más ricos de la sociedad (Acosta y Brand 2017; Svampa 2019; Leff 2007). En el epicentro de cada uno de ellos se articulan de manera compleja valores divergentes, modos diversos de construir conocimiento, intereses económicos y resistencias sociales. La propuesta de este trabajo es reflexionar acerca de los conflictos socio-ambientales en Argentina como ventanas hacia diálogos necesarios y urgentes en torno a la actual crisis ambiental. Para tratar estas temáticas, el trabajo se divide en tres partes. En primer lugar, abordaremos la relación entre extractivismo, conflictividad socio-ambiental y movimientos eco-territoriales (2.). Luego, presentaremos la justicia restaurativa como un marco teórico posible para el abordaje participativo e intercultural de estos conflictos (3.). Por último, reflexionaremos acerca de estas conflictividades como oportunidades para pensar alternativas a los paradigmas dominantes (4.).

2. Extractivismo y conflictividad socio-ambiental y giro ecoterritorial

2.1. Las dinámicas del extractivismo

En América Latina, desarrollo y modernización, incluso en sus versiones redistributivas, continúan teniendo lugar a costa de una incesante degradación del mundo natural, desdeñando la tierra y los ecosistemas como fuente de vida y significación (Mies y Shiva 2014: 202; Svampa 2019). Este proceso de deterioro de la Naturaleza encuentra origen en la colonización iniciada en la región hace cinco siglos, la cual ha marcado, a través del tiempo, un modelo de desarrollo extractivista, caracterizado por tener sustento en la apropiación de las riquezas y bienes naturales del continente, modelo que ha contribuido a una sostenida desintegración de identidades étnicas, lazos de solidaridad social y elementos culturales de pueblos y comunidades (Leff 2007: 390; Acosta 2012; Gudynas 2019:21).

Con el fin del colonialismo político y el surgimiento de los estados-nación en Latinoamérica, las proyecciones del mundo colonial continuaron reproduciéndose en la cultura, en el conocimiento y en las subjetividades (Lander 2000; de Sousa Santos 2010: 8; Rivera Cusicanqui 2010: 53). Los ideales de desarrollo e industrialización espejados en modelos eurocéntricos han marcado históricamente el norte de las políticas públicas en la región (Svampa 2019). En la actualidad, el modelo de desarrollo imperante en la región propone una reedición del extractivismo colonial, sin cambios sustantivos en los patrones de apropiación y acumulación, conocido como neoextractivismo, basado en la sobreexplotación de bienes naturales –minerales, hidrocarburos, forestales, energía hidroeléctrica, productos agroindustriales – y en la expansión de las fronteras de producción agroindustriales hacia territorios campesino-indígenas antiguamente considerados improductivos (Acosta 2012; Svampa 2014; Gudynas 2019:18).

Las dinámicas del extractivismo generan procesos que atentan contra las funciones vitales de los ecosistemas y se oponen a la vida como continuo proceso de organización (Leff 2007: 395). La conflictividad es inherente a las dinámicas extractivistas, caracterizadas por una fragmentación social, desplazamientos de otras formas de economía y un fuerte impacto sobre los ecosistemas (Svampa 2019: 31). Estos conflictos dejan en evidencia cómo desde el derecho y la economía se legitima una visión mecanicista y cortoplacista de la realidad, que incentiva prácticas extractivas ecológicamente destructivas (Mattei 2017).

En Latinoamérica, la desestructuración del mundo natural implicada en los extractivismos ha impactado, principalmente, en las poblaciones más vulnerabilizadas (Svampa y Viale 2014). Las economías regionales han sufrido severos detrimentos, a la vez que ecosistemas biodiversos han sido devastados, acrecentándose la desigualdad en el acceso a la tierra como consecuencia de la apropiación de territorios campesino-indígenas (Svampa 2014). Todo ello se vincula con la reproducción de patrones de dominación colonial mediante una violencia de carácter estructural, entendida como aquellos obstáculos estructurales que imposibilitan la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos (Böhm 2017).

2.2. Giro ecoterritorial y buen vivir

El crecimiento de los conflictos socio-ambientales en la región, vinculados a disputas por el acceso y control de territorios y bienes naturales, ha dado lugar a nuevas formas de movilización, participación y resistencia ciudadana (Svampa y Viale 2014). Diversos actores se han organizado en torno a la defensa de la Naturaleza y sus ciclos vitales, bajo la convicción de que el medio ambiente debe ser considerado como un todo, y que, por ello, deben tenerse en cuenta también las dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas (Svampa 2019: 54). Así se ha ido consolidando un frente ecoterritorial que enlaza demandas de justicia ambiental y ecológica con luchas indígenas y otras militancias (Svampa 2011; Svampa 2019). Se trata de un espectro amplio de movimientos de justicia ecológica y ambiental marcado no sólo por demandas campesino-indígenas, sino también por la articulación con movimientos socio-ambientales urbanos, colectivos, académicos y organizaciones, es decir, un heterogéneo conjunto de actores que acompaña el accionar en los territorios (Svampa 2011; Svampa 2019: 46).

Estos sectores demandan nuevos canales de participación en la gestión del mundo natural, a la vez que proponen dejar de concebir a la Naturaleza como un objeto de dominación y comenzar a entenderla como un sistema, un organismo vivo. Desde la ecología política latinoamericana adquieren protagonismo las prácticas económicas basadas en las experiencias de cada lugar-espacio que reafirman procesos alternativos al dominio moderno del capital sobre la Naturaleza (Escobar 2000). Al entrar en contacto con concepciones de vida en las que la armonía entre el mundo material y espiritual tiene un lugar primordial, la clásica dicotomía antropocéntrica entre lo humano y lo no humano pierde centralidad (Berros 2013). Esta mirada propone extender los postulados de interconexión al vínculo de los seres humanos entre sí, con la Naturaleza como fuente de vida, con los demás seres vivos no humanos (de Sousa Santos 2012:28; Zaffaroni 2012; Mies y Shiva 2014; Huanacuni Mamami 2015).

Tal perspectiva se ha nutrido de las cosmovisiones ancestrales que entienden a la Naturaleza como algo sagrado, extendiendo vínculos de respeto hacia todo lo que existe, desde la reciprocidad, complementariedad, florecimiento colectivo y respeto que es debido a la Naturaleza (de Sousa Santos 2012:28). Desde las cosmovisiones indígenas emergen nombres diversos para una regla ética con origen en la relación de reciprocidad de los pueblos con la Madre Tierra: sumak kawsay (buen vivir en lengua quechua), suma qamaña (vivir bien en lengua aymara), ñandereko (vida armoniosa en lengua guaraní), kvme feleal (vivir bien en mapudungun) (Huanacuni Mamani 2015). La noción del buen vivir se enarbola no sólo como una regla ética, sino también como alternativa a las nociones de desarrollo imperantes, como un límite a las formas económicas que se apoyan netamente en la mercantilización de la Naturaleza, como un freno a la explotación de territorios y bienes naturales al servicio de patrones de consumo que están lejos de corresponderse con las necesidades vitales (Gudynas 2019; Zaffaroni 2011).

2.3. Naturaleza y conflictos socio-ambientales en Argentina

En Argentina, los procedimientos judiciales, tal y como existen hoy, muestran graves dificultades para la gestión y el abordaje de los conflictos socio-ambientales. En primer lugar, la normativa vigente en el ordenamiento jurídico argentino para la imputación penal empresarial resulta insuficiente para sancionar desde el derecho penal a grandes empresas extractivas (Alonso, Aguirre y Böhm 2020). Por otro lado, no existe en el derecho argentino una herramienta procesal específicamente destinada a brindar tutela y expedita a la Naturaleza, mientras que la acción de amparo es infrecuentemente complementada con las disposiciones del artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente nº 25.675 (Lobato 2020).

Por otro lado, los procesos judiciales disponibles no son aptos para integrar las voces de la multiplicidad de actores que se encuentran en el epicentro de un conflicto socio-ambiental: personas y comunidades víctimas, movimientos sociales, colectivos activistas, ecosistemas y sistemas vivos. La exaltación del orden de lo individual que permea el derecho moderno muestra enormes obstáculos para integrar la dimensión colectiva de los derechos, elemento clave en los conflictos socio-ambientales (Merlinsky 2013). Además, cuando la conflictividad deriva en una criminalización de los reclamos, los procedimientos adversariales pueden profundizar situaciones de separación y marginalidad (Greco 2016).

Es por todo ello que, al abordar estas intricadas problemáticas socio-ambientales, será necesario abrir espacios a partir de los cuales sea posible generar diálogos profundos, espacios que permitan una revisión del conocimiento a fin de desenhebrar las relaciones de poder que se esconden detrás de las nociones de Naturaleza, desarrollo y ambiente (Leff 2006: 32). Esta delicada tarea resulta indispensable si se pretende atender los daños denunciados por personas y comunidades víctimas, y, a su vez, poner en discusión los antagonismos existentes entre los actores del conflicto en relación a las diferentes miradas en juego acerca de la Naturaleza y el desarrollo (Merlinksy 2013).

3. Justicia y Naturaleza: una mirada restaurativa

3.1 Un enfoque de abordaje

La justicia restaurativa articula una serie de valores y prácticas para alcanzar la transformación de una situación injusta y para la construcción de paz, mediante espacios que permiten el establecimiento de diálogos profundos entre posiciones que aparentemente parecen irreconciliables. Es un enfoque de abordaje que, mediante procesos incluyentes y colaborativos, otorga a las personas víctimas y a la comunidad ampliada un lugar fundamental a los efectos de la determinación de la reparación de los daños, permitiendo asimismo hacer foco en la dimensión comunitaria (Wachtel 1999; Braithwaite 2003; Zehr 2007). Esta perspectiva no se limita al ámbito jurídico y penal, sino que integra las dimensiones culturales y educativas, a fin de prevenir violencias y generar espacios de diálogo (Domingo 2011).

Las raíces de este enfoque pueden encontrarse en diversas prácticas de pueblos originarios e indígenas del mundo, las cuales han nutrido profundamente este enfoque (Del Val 2019; Eiras Nordenstahl 2019). Para los pueblos indígenas, de tradición oral y con un fuerte anclaje en procedimientos dialógicos, las profundidades de los conflictos son explorados a través de la palabra.² Estas prácticas ancestrales han comenzado a ser recuperadas y revalorizadas a la luz de la mirada comunitaria que permea la justicia restaurativa (Zehr 2012; Eiras Nordenstahl 2019).

El corazón de este estilo de abordaje yace en restaurar y sanar los vínculos y lazos que se perciben dañados en cada conflicto, a nivel interpersonal y comunitario (Braithwaite y Strang 2001: 2). Por ello, el concepto de interdependencia es central a esta perspectiva: la idea de que todas y todos estamos entrelazadas y entrelazados, que somos parte de una red de relaciones que nos interconecta (Zehr 2007: 28). Así, se observa cómo que los daños en las relaciones son causa y efecto de los conflictos, en tanto la interconexión en el tejido social implica que un daño expande sus consecuencias a la comunidad (Greco 2016).

Este enfoque ha sido aplicado en relación a daños ambientales en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, aunque la mayoría de estas experiencias fueron la respuesta a daños relativamente menores y en relación a empresas y gobiernos locales con interés en reparar las relaciones dañadas (Preston 2011; Wijdekop 2019). En Argentina, la posibilidad de resolver un conflicto mediante mecanismos no-adversariales coexiste con los procedimientos penales tradicionales. Ciertas jurisdicciones provinciales han regulado mecanismos restaurativos en sus ordenamientos procesales, y si bien el ámbito procesal de la justicia federal no brinda un tratamiento específico a esta cuestión, nada debería excluir la aplicación de este enfoque de abordaje, con raíces en el derecho internacional de los derechos humanos (Greco 2016).

3.2. Procesos restaurativos

Como proceso, la justicia restaurativa involucra el desarrollo de prácticas participativas desde una perspectiva intercultural y transdisciplinaria, con potencial para un abordaje pragmático y contextual de los conflictos (Wachtel 1999; Braithwaite 2003; Zehr 2007). A fin de reparar los daños de la manera más acabada, un proceso restaurativo pretende reunir a todos los actores de un conflicto, de manera de identificar las responsabilidades y necesidades que se derivan de los daños infligidos (Zehr 2007). La participación en la restauración de los daños de las personas afectadas y la comunidad ampliada es medular en el continuo de los procesos restaurativos, porque les otorga una oportunidad para que sus voces sean tenidas en cuenta en la determinación de aquellas necesidades que se derivan de los daños padecidos (Zehr 2007: 15). Entidades no humanas de la Naturaleza han sido reconocidas como actores y representadas en procesos restaurativos como víctimas por derecho propio (Wijdekop y Van Hoek 2019). En ciertas jurisdicciones, como en Nueva Zelanda y Canadá, se ha considerado entre las víctimas a personas no-humanas, tales como ríos, valles, bosques, ecosistemas (Besthorn 2004; Preston 2011). También se ha reconocido un deber de cuidado hacia nuevas generaciones, habiéndose creado la figura de un ombudsman y comisiones parlamentarias para su representación en los ordenamientos jurídicos de Hungría, Finlandia, Alemania y Canadá (Wijdekop y Van Hoek 2019).

Por otro lado, los procesos restaurativos alientan a que los ofensores asuman su responsabilidad y se comprometan con la restauración de los daños, tanto de manera concreta como simbólica (Zehr 2007; Greco 2016). Reparación, restitución, perdón y servicio a la comunidad, cuando están dirigidos a atender necesidades de las víctimas y de la comunidad, son algunas de las posibles respuestas al daño que los ofensores podrían ofrecer en el curso de un proceso restaurativo (Greco 2016).

Ahora bien, los conflictos socio-ambientales expresan modos divergentes, y muchas veces antagónicos, de valorizar la Naturaleza, donde se entremezclan valores políticos y culturales, epistemológicos y éticos (Leff 2006: 23). Estas conflictividades se caracterizan por involucrar cuestiones donde los hechos son inciertos, los valores se ponen en cuestionamiento, hay altos intereses en juego y las decisiones que se precisan son urgentes (Funtowicz y Ravetz 1993: 22). A fin de dar cuenta de todas estas complejas aristas, la justicia restaurativa propone apartarse de la idea de un mecanismo único o preferible, a fin de evaluar la restauración de modo pragmático, con el objetivo de generar espacios que permitan la construcción de diálogos genuinos sobre el injusto e involucren a todas las partes, promoviendo una escucha respetuosa y una participación no coercitiva y respetuosa de las cosmovisiones de los actores (Braithwaite 2003; Zehr 2007).

3.3. Conflictividad socio-ambiental: valores en juego

Cuando nos posicionamos frente a un conflicto socio-ambiental, observamos que hay profundas divergencias entre los actores en relación a los valores que se ponen en juego. Tales conflictos revelan concepciones divergentes acerca de la Naturaleza y enuncian una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo (Svampa 2012:187). Si bien hoy existe un meta-relato que aparenta otorgar aceptación universal a los conceptos de desarrollo sostenible y medio ambiente, lo cierto es que ambos términos encierran, a menudo, interpretaciones diversas que no siempre son compatibles entre sí, en torno a la determinación de cuáles son necesidades básicas, no básicas, y deseos socialmente legítimos (Bocero y Natenzon 2007).

Existen fuertes tensiones, que se expresan contextos de asimetría de poder, entre aquellas concepciones que vinculan la Naturaleza con una escala de valor económico y las valoraciones ecoterritoriales (Svampa 2012: 187; Gudynas 2019: 38). Sostiene Leff que la economía neoclásica pretende sumir la Naturaleza en una medida monetaria homogénea en concepto de capital natural y humano, a fin de mediar para una toma «racional» de decisiones (2007: 396). Además, se observa que un número significativo de empresas con prácticas ecológicamente dañinas se esconden detrás de una imagen corporativa «verde» utilizada como estrategias de mercado (Carrasco y Fernández 2009: 90; Lobato 2021).

Un adecuado tratamiento de la conflictividad socio-ambiental precisa partir de la premisa que los valores y principios que definen a la Naturaleza no pueden ser reducidos a una escala monetaria. Por otro lado, si bien el concepto de restauración, en las ciencias naturales, se encuentra asociado con la recomposición de los sistemas ecológicos degradados, lo cierto es que los daños que se derivan de los conflictos socio-ambientales exceden lo meramente ecológico (Gudynas 2019: 137). Estas conflictividades combinan daños a la Naturaleza, sobreexplotación de bienes naturales con la violación de derechos humanos vinculados con necesidades de supervivencia, bienestar, identidad y libertad de personas y comunidades (Böhm 2019: 106).

Por todo ello, ante un injusto de estas características, la justicia restaurativa no es moralmente neutral ni puede aceptar un procedimiento que se posicione en un lenguaje de conflicto moralmente neutral (Braithwaite 2003: 38). Ello es esencial para poder arribar a un valor clave para este enfoque: la no-dominación, entendida como la ausencia de capacidad de interferencia arbitraria en las elecciones de un sujeto, actor o colectivo por parte de otros (Braithwaite y Pettit 2015).³

A su vez, estas conflictividades requieren dirigir especial atención al abordaje de las diferencias por fuera de las polaridades. La necesidad de integrar sin fisuras las diferentes dimensiones del ser humano y del mundo natural precisa avanzar en la desarticulación de las polaridades del mundo moderno, a fin de salir de las dicotomías que oponen Naturaleza y cultura, economía y cultura, mente y cuerpo, masculino y femenino, razón e intuición (Lander 2000; Escobar 2000; Mies y Shiva 2014). Se trata de reconocer «la diversidad y la interconexión entre las mujeres, entre hombres y mujeres, entre los seres humanos y las demás formas de vida» (Mies y Shiva 2014: 58). Tal es el primer paso hacia una participación extendida respetuosa de la diversidad, en todas sus formas (Funtowicz.y Ravetz 1993).

Esto permite comenzar a sacar a la luz ciertos modos de producción de conocimiento populares y campesino-indígenas que han sido invisibilizados, al no erigirse como conocimiento real, sino como creencias, magia, intuiciones, por considerarse que son inconmensurables, incomprensibles y que no obedecen a los métodos científicos de la verdad y el conocimiento (de Sousa Santos 2010). Sin embargo, no alcanza con reconocer la diversidad cultural y la pluralidad de saberes tradicionales. Es preciso garantizar una efectiva no-dominación, mediante intervenciones que puedan nutrirse de la diversidad que yace en la intersección de los sistemas de conocimiento sobre la justicia, la materia, la sociedad, la vida y el espíritu, a fin de abordar estos conflictos por fuera de la mera mercantilización de la Naturaleza (Leff 2006:27; de Sousa Santos 2010; de Sousa Santos 2012).

4. Ventanas de diálogo, semillas de esperanza

4.1. Procesos de diálogo: interculturalidad y no-dominación

El desarrollo de prácticas dialógicas con verdadero poder transformador necesita una voluntad política real que asegure un abordaje verdaderamente intercultural y transdisciplinario. No puede perderse de vista que las injusticias socio-ambientales están ligadas directamente a las formas de validación del conocimiento, por lo cual las herramientas para abordar estos conflictos deben tener potencial para trascender las tradiciones hegemónicas y monoculturales construidas mediante la invisibilización de otras formas de conocimiento sobre la vida y la Naturaleza (de Sousa Santos 2010: 37).

El modelo propuesto por la modernidad ha servido a fines de legitimar ciertos modos de construir conocimiento, donde el saber científico ha ocupado un lugar de incuestionable autoridad. Desde este lugar se ha propugnado la fe en el progreso y en la secular racionalidad tecno-económica occidental, cuantitativamente expresada (Hidalgo y Funtowitz 2008). Sin embargo, los problemas socio-ambientales no parecen encontrar una respuesta completa en la ciencia hegemónica. Será preciso, entonces, una ciencia con el potencial de integrarse a una pluralidad de saberes y perspectivas legítimas, a fin de dar lugar a nuevas formas de decisión política y gobernabilidad y generar espacios donde la construcción de conocimiento pueda brindar enfoques alternativos para el abordaje de conflictividades socio-ambientales (Funtowitz y Ravetz 1993; Hidalgo y Funtowitz 2008).

Esto constituye un enorme desafío. La resistencia de las comunidades del pueblo mapuche a los proyectos de megaminería en Neuquén es ejemplificadora en este sentido. Las comunidades, mediante bloqueos a yacimientos, corte de rutas y caminos, toma de torres y ocupación de los predios, han logrado en varias ocasiones que empresarios y gobiernos se sentaran a mesas de diálogo para encontrar una solución a los conflictos (Maraggi 2017). Estas mesas de diálogo son instancias prometedoras porque, para la cosmovisión mapuche, la palabra tiene un enorme valor en las relaciones interpersonales y el abordaje de sus conflictos privilegia la creación de condiciones apropiadas para la facilitación de espacios de reflexión y diálogo a fin de alcanzar una solución consensuada entre todas las partes (Eiras Nordenstahl 2019).⁴ Sin embargo, las comunidades aún no han encontrado en estos mecanismos respuestas satisfactorias a sus demandas.

Ello es resultado de prácticas dialógicas que carecen de verdadero contenido y aptitud para entrar en la profundidad del conflicto, al enfocarse en detener las resistencias sociales, que se perciben como violentas, pero sin espacio para discutir los conflictos políticos pendientes (Maraggi 2017).⁵

Estereotipos racistas han signado la invisibilización de los saberes ancestrales, dejando fuera de toda consideración la dimensión espiritual de pueblos indígenas, para quienes la Naturaleza es el lugar donde reside el espíritu de los ancestros, los espíritus y las fuerzas divinas, y determinan la base de sus proyectos políticos (Ramos 2019). Todo ello muestra que no es posible pretender una transformación de la violencia sin una comprensión real y respetuosa de las cosmovisiones indígenas y originarias.

4.2. Restaurando los lazos entre la Naturaleza y la sociedad

El abordaje de los conflictos socio-ambientales implica dirimir cuestiones relativas a la distribución ecológica, y, además, la oportunidad de echar luz a las relaciones implicadas entre las realidades cotidianas de las personas y el orden global, y a los modos de construcción de conocimiento (Leff 2006: 22). Un determinado conflicto puede, en su devenir, ofrecer una ventana excepcional para entrar a dirimir las profundidades y complejidades vinculadas al desarrollo, la Naturaleza y los ambientes (Svampa 2012; Merlinksy 2013). Al ponerse en discusión el potencial de los seres humanos para vivir en reciprocidad con la Naturaleza, estas instancias pueden contribuir a llevar conciencia sobre saberes y conocimiento ancestrales que se han ido perdiendo tras siglos de colonización y sobreadaptación a la vida urbanizada tecno-industrial (Naess 2018: 64).

Para lidiar con conflictos socio-ambientales en Argentina y en la región, un abordaje de estas características debe tener muy presente las relaciones de violencia estructural existentes en las dinámicas extractivistas, puesto que gran parte de los daños que se verifican en estos casos se encuentran vinculados a acciones u omisiones evitables que dependen de la voluntad de los estados (Böhm 2020). Tratándose de conflictos con hondas raíces en la historia colonial de la región, la voluntad política será indispensable e irremplazable para propiciar una paulatina reconfiguración de las relaciones sociales en el devenir del conflicto (Merlinsky 2013). Sólo de este modo será posible alcanzar una articulación de espacios que representen los diversos estratos en las relaciones de poder y que incorporen los conocimientos y aprendizajes de los colectivos y movimientos sociales.

La diversidad del mundo y de sus fuerzas transformadoras impide proponer una teoría general para las prácticas restaurativas en este contexto (de Sousa Santos 2010). Sin embargo, una lucha eficaz contra las injusticias socio-ambientales precisará una epistemología de la diversidad para el abordaje de la interculturalidad. En este punto resulta especialmente relevante la propuesta de Boaventura De Souza Santos para la construcción de una «ecología de saberes» mediante tres dimensiones de abordaje. En primer lugar, la identificación de saberes, de las perspectivas, de la diferenciación entre conocimiento científico y no científico, de los conocimientos híbridos. Segundo, la identificación de procedimientos que permitan relacionar los diferentes saberes, distinguir entre inconmensurabilidad, incompatibilidad, contradicción y complementariedad, y formar personas, «traductores», capaces de intervenir en la construcción de una verdadera traducción intercultural. En tercer lugar, la determinación de las características y evaluación de las intervenciones en el mundo real, de modo tal que posibiliten verdaderas alternativas a la opresión, y no alternativas dentro del sistema (de Sousa Santos 2010: 60-61).

Todos estos conflictos tienen el potencial de generar espacios de reflexión que permitan entrar en la discusión acerca de alternativas a los actuales modelos de producción, desarrollo insostenible y consumo desmedido. En sintonía con ello, se percibe una creciente demanda de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones e involucrarse de modo directo en la determinación de las condiciones de su existencia.⁶

Para garantizar la participación ciudadana en cuestiones vinculadas a la defensa de la Naturaleza, los ecosistemas y los ciclos vitales es imperante la consolidación efectiva de ordenamientos jurídicos que así lo permitan, y, además, el abordaje democrático, pacífico y creativo de los conflictos que se suscitan en torno a los intereses económicos (Leff 2007: 394). A estos fines, las estructuras y las dinámicas democráticas deben ser reforzadas y actualizadas, puesto que una planificación ecológica sólo puede efectuarse democráticamente si se lleva adelante con el apoyo de la mayoría de la población (Le Quang y Vercoutére 2013). Y esto es así porque, en la medida que los individuos puedan participar de manera cooperativa de la formación consciente de un conjunto normas que irán a obedecer, serán «los productores de su propio condicionamiento vital» (Habermas 1989).

Todo ello requiere, además, una campaña de alfabetización ecológica básica, a fin de expandir una verdadera comprensión de la Naturaleza, de sus ecosistemas y ciclos vitales (Mattei 2017). Un impulso educativo que debería dirigirse, en primer lugar, a individuos con poder de decisión política y a quienes se encuentran involucrados en la toma de decisiones corporativas en el mundo de las empresas (Carrasco y Fernández 2009). Mediante el desarrollo de actividades, talleres, capacitaciones, seminarios, estos espacios podrán ser de utilidad a efectos de llevar conciencia y, paulatinamente, sensibilizar a las personas tanto en relación a la crisis ecológica actual como a los diversos modos de entender la Naturaleza y el universo.

Una verdadera alfabetización ecológica tendrá el poder de generar sentimientos empáticos y de amor hacia la Naturaleza y personas no humanas, informar acerca de los roles de género que intervienen en la actual crisis civilizatoria, así como despegarse del dualismo razón/emoción propio de las ciencias (Puleo 2019: 95). Una educación ecológica de estas características será el germen para el florecimiento de un orden jurídico donde los derechos humanos se entiendan en su vínculo con las leyes que rigen la ecología de la Naturaleza (Mattei 2017).

Con el Acuerdo de Escazú entre los países de América Latina y el Caribe y la reciente ratificación por parte de Argentina, se reconoce el derecho de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y a la participación directa de la ciudadanía en las políticas públicas relacionadas a la Naturaleza.⁷ Este acuerdo propone la intervención de todos los ciudadanos interesados en la toma de decisiones públicas, la generación de diálogos constructivos y la planificación transparente y colaborativa del accionar público. Se abre, así, una ventana hacia un proceso de democratización ecológica y ambiental, una semilla que siembra esperanzas para la transformación de todas las violencias en tejidos de cooperación.

5. Conclusiones

Las actividades económicas vinculadas el desarrollo extractivista atentan contra los ciclos vitales de la Naturaleza y se encuentran en completa tensión con la vida entendida como un continuo proceso de organización. En las últimas décadas, la ecología política latinoamericana se ha ocupado de desenhebrar las relaciones de poder detrás de la construcción de los conceptos de Naturaleza y desarrollo. Paulatinamente se ha ido levantado el velo sobre un modelo de desarrollo que, con la promesa de un crecimiento infinito, desconoce las evidentes limitaciones de la materia en el planeta.

La dominación del mundo natural implicada en el aparato colonial y poscolonial continúa impactando severamente en las poblaciones más vulnerabilizadas, creando diversos tipos de violencias, dejando insatisfechas las necesidades más básicas y vulnerando los derechos de individuos, comunidades, ecosistemas y de la propia Naturaleza. Las complejidades inherentes a estas violencias ponen de manifiesto la existencia de valores divergentes en relación a la Naturaleza y al desarrollo sustentable. Ante estas conflictividades, la justicia restaurativa no es moralmente neutral y propone partir de la no-dominación como valor esencial, a fin de eliminar cualquier tipo de interferencia arbitraria en las elecciones de un actor por parte de otros.

Este enfoque de abordaje invita a percibir las diferencias por fuera de las polaridades y de los modos hegemónicos de valorizar la Naturaleza por vía del mercado, privilegiando el desarrollo de intervenciones verdaderamente interculturales que, nutriéndose de las tensiones existentes entre los enfoques en juego, permitan una efectiva valorización de los saberes populares, campesinos e indígenas como conocimiento válido. Todo ello resulta indispensable para pensar nuevas alternativas al desarrollo desmedido, para valorar a la Naturaleza como aquel espacio donde se reproduce la vida, para entender a la Naturaleza un todo vivo cuya salud es condición de existencia para el ser humano y demás seres vivientes, para iniciar un proceso de transición hacia una descolonización de la justicia y del conocimiento. Además, esta perspectiva tiene el potencial para ocuparse tanto de la restauración de la Naturaleza como de la restauración de los lazos y vínculos dañados, no sólo entre personas, empresas y comunidades involucradas, sino también entre los actores y la Naturaleza. A tales fines, resultan imprescindibles nuevos espacios de alfabetización ecológica general, que puedan brindar elementos para reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones en el todo.

Por último, el carácter sistémico y civilizatorio de la actual crisis global deja a la vista la interconexión entre las acciones del ser humano y las respuestas de la Naturaleza, y fecunda nuevos activismos día tras día. Nuevos y ampliados espacios para la participación ciudadana en la defensa de la Naturaleza, los ecosistemas y los ciclos vitales son precisos, nuevos canales que den lugar a una real consideración de las alternativas que existen a un presente crítico son necesarios. Estamos ante una crisis, pero también ante la oportunidad de construir alternativas al modelo de desarrollo imperante a partir de bases éticamente más íntegras.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Como citar este artículo:: Lobato, M.E. (2021) Naturaleza, sociedad y conflictividad socio-ambiental. Una mirada desde la justicia restaurativa. Papeles del Centro de Investigaciones, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL, publicación semestral, año 11, número 22, Santa Fe, República Argentina, pp. 118 - 137