Introducción

Administración Pública, aproximaciones

La administración pública es un constructo de amplia dimensión, el cual ha sido forjado a través del tiempo, los escenarios de interacción social y las percepciones sobre el manejo de lo que comúnmente se denomina “de todos”. Bajo este entendido, en este apartado se realizará una definición de administración pública, buscando separar el término, es decir, definir “administración” y luego “ público” , amén de generar una aproximación a este concepto, el cual pese a ser ampliamente utilizado, no posee una definición estandarizada.

En este orden de ideas, respecto al concepto de “administración”, Sanabria (2007), expone que esta es un fenómeno estrechamente relacionado con la organización social, el cual data desde las épocas primitivas de la sociedad, donde la agrupación y cooperación era una estrategia de supervivencia y de satisfacción de necesidades (Hurtado,2008). Este concepto, desde la perspectiva de Torres y Mejía (2006), obedece a una definición centrada en la coordinación de recursos, es decir, que en un primer momento, se puede afirmar que la administración surge como una respuesta de los colectivos humanos para resolver situaciones de su propio contexto.

Ahora bien, desde una perspectiva un poco más teórica y de gestión, Hitt, Black y Porter (2006, p.8) definen la “administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas de un entorno organizacional”, concepto que es compartido plenamente por Robbins y Coulter (2005), quienes además añaden que esta demanda el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades de la organización, contexto que, según Reyes ( 2004 , p. 2 ), la administración “refiere a una función que se desarrolla bajo el mano de otro”, dejando sobre la mesa la importancia de los procesos de liderazgo.

Así las cosas, es indiscutible que la administración exige entonces una sinergia entre el manejo de recursos, el alcance de objetivos, la interacción del personal y los propósitos organizacionales (Munch, 2006). Esta reexión es compartida por Robbins y Decenzo (2002, p.5), quienes afirman que la administración refiere a un “proceso para conseguir que se hagan las cosas con la eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas” y por Griffin (2011, p.5) al afirmar que la administración es el “conjunto de actividades (incluye planeación y toma de decisiones, organización, dirección y control) dirigidas a los recursos de una organización (humanos, financieros, físicos y de información) con el fin de alcanzar las metas organizaciones de manera eficiente y eficaz)”.

Por otro lado, respecto al término “público/a”, el diccionario de la RAE (2014), lo define como “accesible a todos”, concepto que es compartido por Godoy (2008), quien sostiene que desde la filosofía aristotélica, lo público tiene estrecha relación con la ciudad, los asuntos políticos y las normas relativas al ciudadano, es decir, que los publico está ligado al pueblo y las cosas comunes a este (Guerrero, 2003). Desde un espectro más amplio, Iazzetta (2008, p.50), propone que “Lo público entonces, no sólo evoca el ámbito en el que los ciudadanos formulan autónomamente los asuntos de interés general sino también, las capacidades colectivas que el Estado debe garantizar para conformar un espacio común y compartido”.

Para Coronel (2008), el concepto de lo público ha sufrido transformaciones a través de los tiempos, dada su estrecha relación con las dinámicas de la sociedad, afirmación que es corroborada por Hurtado (2013, p.1), al afirmar que “El proceso de construcción de lo público va acompasado con el desarrollo de la sociedad civil en cuanto proceso de responsabilidad y organización de los ciudadanos para articular públicamente sus intereses y para definir y promover intereses colectivos mediante la deliberación, la reexión y la participación”, es decir que “la asunción de lo publico en el ámbito contemporáneo conlleva una situación pragmática o procedimental, reejada principalmente en prácticas o políticas” (Garzón y Mogollón, 2009, p.5). Sobre el particular, Paredes et al (2012, p.1) expone que:

“Rastrear los diferentes sentidos de lo público en la historia de la humanidad, es entrar en un terreno marcado por la polémica. Sus raíces y huellas son posibles de encontrar en la polis griega como en la res pública romana. Su fisonomía moderna está marcada, sin duda, por el pensamiento de Inmanuel Kant, quien de alguna manera delimitará el debate, que continuará en las reexiones seminales de Jurgen Habermas sobre la esfera pública o en la crítica de Hannah Arendt a la distinción entre lo social y lo político. Trabajos que han dado la pauta a un conjunto amplio de reexiones y que a su vez han generado una serie de respuestas, derivados, revisiones, comentarios y críticas al concepto de lo público, al punto que el debate ha desbordado los márgenes de la teoría política para desplegarse en variadas disciplinas, desde la sociología, el urbanismo, la geografía, la antropología, los estudios culturales y comunicacionales.”

Con las ilustraciones conceptuales dadas, advirtiendo que esos conceptos son tan solo una pequeña aproximación a la cuestión, es posible afirmar que la administración gira alrededor de la triada necesidad- recursos-objetivos; por su parte, lo público hace relación aquello que es de todos y para todos, propendiendo siempre por generar niveles de bienestar y confort para la sociedad. Así las cosas, la “administración pública” hará referencia al manejo de los recursos de la sociedad, es decir, recursos públicos - los cuales se deben manejar de forma transparente y efectiva -, con el propósito de generar calidad de vida en los ciudadanos, así como niveles de confort y desarrollo para la sociedad. Este constructo es validado por Olivan et al (1843, p.6), quienes respecto a la administración pública expresan que:

“la administración pública o de la cosa pública tiene por objeto la satisfacción de las necesidades interiores de la sociedad, la vigilancia sobre sus intereses, y el ordenado manejo de sus negocios en la intención del mejor estar de los asociados, y con sujeción a reglas de un superior. Este superior es el poder supremo o la personificación de la misma sociedad, y sus reglas son las leyes.”

Por su parte, Parada (2012, p.15), expresa que “Conceptualmente podríamos decir que administraciones públicas son las organizaciones que se encuadran dentro del poder ejecutivo del Estado, más las estructuras orgánicas que sirven de soporte al poder legislativo y al poder judicial, en los términos que más adelante precisaremos”. Para Gómez et al (2016), la administración pública es el conjunto de instituciones y organizaciones que materializan los fines estatales, es decir, que esta constituye el esqueleto del aparato de lo público. Bajo este escenario, conviene retomar lo planteado por Guerrero (1997, p.25), quien sostiene que:

“La actividad del Estado entraña una gran variedad de expresiones, lo cual no ha facilitado que el Estado se defina por lo que hace. Max Weber, atento a esta dificultad, optó por conceptuar al Estado con base no en sus funciones o finalidades, sino con fundamento en su medio específico: la fuerza física territorialmente monopolizodo. Sin embargo, la administración pública desafía esa imposibilidad, y encuentra su definición agrupando las acciones primigenias y principales que el Estado realiza para perpetuar y desarrollar a la sociedad. Con base en las argumentaciones precedentes, podemos afirmar que la administración pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen”

En definitiva, luego de haber realizado una disertación de conceptos y autores, se ratifica la posición dada de la administración pública como el arte de manejar los recursos públicos, bajo principios de efectividad, ética y transparencia, amén de que estos cumplan cabalmente con los fines sociales del estado; además, esta, por su misma naturaleza, privilegia el bienestar común por encima del particular, razón por la cual, será contraria a cualquier tipo de interés de beneficio particular, excluyente o restrictivo, pues su génesis yace en lo público, aquello que es de todos y para todos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que, si bien el concepto de administración pública está ampliamente definido desde una plataforma histórica y académica; fruto de los constantes desdenes de sus líderes -quienes actúan en contra de la ética pública-, el imaginario social, lo ha mutado como un sinónimo del concepto de corrupción, fenómeno que posee una relación antagónica con la administración pública. Es por ello, que la presente investigación documental, tiene como propósito generar una reexión en torno a la Corrupción, como un fenómeno que agela la administración pública, los fines mismos del Estado y por ende a la sociedad en su más puro contexto.

El escrito presenta tres capítulos. El primero retoma la definición de corrupción, como un punto de encuentro para el análisis, contando con la posición de varios autores, lo cual permitió la identificación de patrones generales en los conceptos. Luego, como un segundo momento, se presenta una reexión entre el antagonismo de la administración pública y la corrupción, y por último, los retos sociales frente a la corrupción, apartado donde se enfatiza en rol protagónico que debe tener la sociedad para erradicar esta enfermedad social.

Metodología

El proceso metodológico del manuscrito estuvo orientado bajo un enfoque cualitativo, implementando un método documental y descriptivo (Gómez, Sánchez y Jiménez, 2016). La revisión hecha a tesis, investigaciones, consultorías, boletines, normativa y artículos científicos dan cuenta del componente documental; respecto a lo descriptivo, este yace en la obtención de información relevante sobre la definición de administración pública, corrupción y algunas reexiones en torno al papel de la sociedad en la erradicación de este fenómeno. Así las cosas, siguiendo a Gómez et al (2016), la investigación se desarrolló bajo el siguiente derrotero:

Fase exploratoria: se consultaron diversas fuentes relacionadas con el propósito de la investigación, escenario que permitió rastrear diferentes posiciones académicas y de percepción respecto a un mismo contexto.

Fase de organización y sistematización: los hallazgos realizados se organizaron en una rejilla de análisis plana, la cual permitió clasificar la información y ubicarla por componentes comunes, generando de esta manera tres categorías de discusión: el concepto de corrupción, la relación antagónica entre la administración y la corrupción, y por último, los retos de la ciudadanía para erradicar este fenómeno.

Fase de resultados y conclusiones: luego de la organización de las categorías de análisis, se construyó un hilo conductor, permitiendo generar una posición de la cuestión, la cual surgió como resultado de la triangulación de la información.

Así las cosas, el presente escrito se tipifica como un artículo de revisión, pues presenta un estudio detallado, selectivo y crítico del objeto de análisis (Vera, 2009), escenario que permitió consolidar una arista de reexión sobre la realidad analizada (Montenegro, 2013).

Resultados y discusión

El control de los recursos públicos es un asunto de grandes dimensiones, afirmación que se puede corroborar al consultar la Constitución Política de Colombia - CPC en los artículos del 267 al 274, donde se da vida a la Contraloría General de la República - CGR encomendándole la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación (CPC, 1991). Lo anterior, deja en evidencia la clara intención del pueblo, a través de su máxima expresión que es la Constitución, de salvaguardar los recursos públicos, a fin de que cumplan con su propósito, es decir, materializar los fines sociales del Estado, donde claramente los intereses particulares se desvanecen ante la imperiosa relevancia de los generales.

Sin embargo, los esfuerzos de la administración pública por combatir el fenómeno de la corrupción no se han limitado a al ejercicio de la CGR, pues han existido otro tipo de iniciativas que buscan erradicar el fenómeno de la corrupción, situación que revela la importancia dada por quienes direccionan la administración publica en tal propósito. Una de estas iniciativas se materializa en la Ley 1474 de 2011, la cual, entre otros escenarios, creó la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción –CNCLCC- entidad que según su propio informe en el 2014:

Es la instancia creada por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción con el propósito fundamental de contribuir desde la sociedad civil colombiana a hacer seguimiento a las políticas, los programas y las acciones formuladas e implementadas por el Estado y el Gobierno Nacional para la prevención, el control y la sanción de la corrupción. (p.2) .

Así las cosas, la corrupción aparece como un concepto antagónico a la naturaleza de la administración pública, pues rompe con el principio de generalidad, transparencia y bien común, los cuales son soportes básicos de un Estado Social de Derecho. Este fenómeno se convierte en un impedimento para el normal funcionamiento de la administración pública, tal y como lo expresa Melgar (2015, p.7):

Las sociedades siguen enfrentando en la corrupción un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, del pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y de niveles satisfactorios de gobernabilidad que permitan el desarrollo sostenible de los Estados. Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como asegurar la realización del bien común.

El concepto de Corrupción, una aproximación conceptual.

Habida cuenta de lo anterior, y dados los múltiples conceptos, reexiones y posiciones frente al fenómeno de la corrupción, en este primer apartado se realizará un recorrido por las diferentes definiciones que se han forjado sobre este asunto, a fin de establecer una línea base que permita realizar una disertación más profunda sobre el asunto en cuestión. Así las cosas, se presentan algunas de las definiciones encontradas durante el presente ejercicio de investigación (tabla 1).

Las definiciones expuestas, dada la diversidad de los autores consultados, poseen expresiones, contextos, formas y sentidos particulares, pues han sido construidas desde diferentes escenarios y por múltiples perfiles profesionales, sin embargo, al transponerlas se encontraron algunos rasgos en común, tales como: “utilización indebida”, “beneficios particulares” “abuso de confianza” y “pérdida del bien común”, lo que daría cuenta de que la corrupción, al menos en su forma básica, es una asunto contrario a la filosofía de la administración pública.

Tabla 1

Concepto de corrupción.

Los Autores

En tal sentido, como una aproximación al concepto de corrupción, para el presente ejercicio de investigación el cual está enfocado en el sector estatal, este fenómeno será entendido como el uso indebido de los recursos públicos, con el propósito de obtener beneficios particulares, tipificando un abuso de la confianza depositada por la administración pública, y por ende de los ciudadanos, a la vez que vulnera la filosofía del bien común, como principio fundamental del Estado. Esta definición está en sintonía con lo planteado por Alcaide y Larrú (2007, p.38), quienes afirman que “La corrupción suele estar asociada a una mala administración pública, a la malversación de recursos estatales que impiden la prestación de servicios públicos esenciales en la vida de los pobres”.

En línea con lo anterior, Maldonado (2011, p.2) expone que “la corrupción en el sector público se concreta en un conjunto de prácticas mediante las cuales diversos agentes -gobernantes, funcionarios y personas, empresas u organizaciones del sector privado o no gubernamental- aprovechan, para beneficio privado, económico o de otra índole, los recursos públicos.” Por su parte, las Naciones Unidas (2004, p.3), consideran la corrupción con impedimento para el desarrollo de la sociedad, por lo que afirman que:

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el orecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Martínez y Ramírez (2006, p. 149), plantean que “El fenómeno de la corrupción es un agelo que está presente en todos los países afectando la estabilidad de sus sistemas políticos y de sus instituciones, lesionando sus economías y la moral de sus sociedades”, además, añade Bautista (2005, p.9) que “la corrupción en el interior de las administraciones públicas genera un derroche de recursos, ineficacia en el cumplimiento de las metas, así como ineficiencia en la prestación de servicios”. Desde una posición humana, Bautista (2015, p.32) sostiene que “cuando los valores se debilitan o se ausentan, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato.”

Bajo este escenario, es indudable que, por ser la corrupción un fenómeno que afecta la administración publica – y con ella a todos los ciudadanos –, toda vez que la mala utilización de los recursos público amenaza los fines sociales del Estado, su erradicación debe ser un asunto de interés general, partiendo de una estructura de base, donde la sociedad castigue su práctica y se convierte en una defensora acérrima de estos, garantizando de esta manera que lo público cumpla cabalmente con su filosofía. Por lo anterior, se siguiente apartada presenta una reexión en torno al antagonismo existente entre corrupción y administración pública.

La corrupción como antagónica de la administración pública

Todo aquello que afecte el bienestar común, el desarrollo de la sociedad con propósitos generales y genere una tergiversación de la naturaleza de los recursos públicos formará una relación antagónica de la administración pública. De esta manera, la corrupción cumple con todos los elementos para convertirse en un fenómeno antagónico a los propósitos de la administración pública, esta afirmación es validada por Neira (s.f., p.1) al afirmar que:

La corrupción es un fenómeno opuesto al interés público y al bienestar común. Viola el ordenamiento jurídico y atenta contra tos valores fundamentales de la sociedad. Acentúa las desigualdades sociales y debilita los esfuerzos gubernamentales dirigidos a corregirlas. La corrupción deslegitima las instituciones públicas y alimenta la lucha violenta de los grupos que buscan su derrocamiento.

El manejo de lo público requiere de altos niveles de transparencia, honestidad, eficiencia, lealtad y ética, pues la administración pública debe estar al servicio de la sociedad (Álvarez y Chica, 2008), posición que dista extremamente de los intereses particulares, los monopolios o los beneficios exclusivos. Las conductas antiéticas en el manejo de los recursos públicos, como quieran que son hechos de corrupción, también tipifican un elemento antagónico a la administración pública. Respecto a estas actuaciones, Ramón (2014, p.62) afirma que:

Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas administrativas es importante para hacer frente a los problemas de ineficiencia, corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas del mundo a

fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que acompañe a los gobernantes y funcionarios. Cualquier gobierno estará legitimado en la medida en que defienda una verdadera ética pública en virtud de que ésta con lleva responsabilidad, espíritu de servicio y atención al ciudadano.

Seguidamente, Luna (2014, p.15) expresa que “desde la perspectiva de la ética y la moral, la corrupción es un desvío de los valores éticos en la conducta o comportamiento de algunos individuos y que genera una situación propicia para el ilícito”, lo que ratifica el hecho de que la corrupción se alimenta de todas aquellas actitudes que lesionan la administración pública. No obstante, posiciones González (1995, p.122), dejan una ventana de análisis mucho más amplia, pues se realizan varios cuestionamientos respecto a la crisis de la administración pública:

Es tal el nivel de degradación de los valores éticos en las Administraciones públicas, que parece que la cuestión se centra en la corrupción. Cuando ésta constituye tan sólo uno, aunque sea el más grave, de los atentados a la Ética en que puede incurrir un servidor público. Pero existen otros muchos que, ante la generalidad de aquélla, han quedado relegados al olvido o considerados leves pecados veniales, o hasta prácticas administrativas que no vale la pena desterrar.

En definitiva, la corrupción constituye un fenómeno que, sea cual sea su origen o motivación, desfigura el constructo de lo público, dando paso a la proliferación de intereses particulares que desvirtúan la naturaleza misma de la administración pública. Bajo este escenario, es posible afirmar que la corrupción es un elemento antagónico de la administración pública, pues sus filosofías, percepciones, intenciones y uso de los bienes y recursos públicos están ampliamente separados. Este antagonismo prevalecerá mientras la sociedad no se empodere de su rol en la administración publica, pues son tan culpables quienes ejecutan hechos de corrupción, como quienes conociéndolos no actúan en defensa de lo público.

Retos sociales frente a la corrupción.

Como se mencionó en el apartado anterior, la sociedad es la principal afectada con el fenómeno de la corrupción, pues el cumplimiento de los fines sociales del Estado se ve frustrado y disminuido por el accionar de esta. Por tanto, la sociedad como principal damnificada del fenómeno de corrupción está llamada a liderar procesos de inspección y vigilancia sobre los recursos públicos, convirtiéndose en una auditora permanente de la administración pública, asegurando de esta manera la prevalencia del interés general. Sobre el particular, Cano (2006, p.10) expone que:

La idea de involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción se encuentra inserta dentro de una lógica de acción pública que en años recientes asumió la denominación de governance, traducido al español como gobernanza, y que alude a las posibilidades de vincular el Estado y la sociedad en la conducción de los destinos públicos, proponiendo una reorientación del debate de sus roles.

En línea con lo anterior, Russián (2005, p.27) expone que “La participación ciudadana es una base para la lucha contra la corrupción. Mediante este mecanismo, la sociedad podrá vigilar el comportamiento de las entidades estatales en el cumplimiento de la misión para la cual fueron creadas, incluido el manejo de los recursos públicos destinados al desarrollo social”. Desde una ventana más legalista, Álvarez (1999, p.222), al referirse a la protección de lo público, expone que:

Velar por el Estado de Derecho por tanto, no es función exclusiva de la autoridad ya que de esta manera, no habría quien cuidara que las autoridades se rijan por la ley. De hecho, todos los actores políticos crean, protegen y consolidan un Estado de Derecho. Esto es lo que posibilita el castigo a quienes cometen arbitrariedades y ofrece certidumbre y orden en la vida política.

Con todo lo anterior, se ratifica el efecto corrosivo de la corrupción sobre la sociedad en general, y la importancia de que esta se empodere del manejo de los recursos públicos para su propio beneficio (Wolf y Gürgen, 2000), es imperioso que la ciudadanía se empodere de lo público, pues solo de esta manera, bajo una actividad de vigilancia constante se podrá erradicar este fenómeno. No obstante, las realidades para Colombia no son las mejores, tal y como lo expresa el documento Conpes No. 167 de 2013:

Los ejercicios de control ciudadano son débiles y en la mayoría de las veces no logran disminuir el riesgo de corrupción existente, esto se debe, entre otros, a problemas estructurales relacionados con el funcionamiento de los mecanismos de participación, el acceso a información pública, la poca voluntad política para apoyar estos procesos, la ausencia de seguimiento y supervisión de carácter social, la falta de credibilidad de los mecanismos por parte de la ciudadanía, o la insuficiente capacidad de las organizaciones ciudadanas para ejercer a través de ellos un control social efectivo sobre la gestión pública. (p.30).

Bajo este escenario, es indiscutible la necesidad de recurrir a la herramienta más poderosa para la trasformación de los escenarios sociales, la educación (Sánchez et al, 2016); pues solo a través de una sociedad formada, empoderada y competente para ejercer vigilancia y protección de los recursos públicos, se obtendrán resultados efectivos en los procesos de control social (Velásquez, 2008). Este es uno de los principales retos sociales en torno a la corrupción, posición que es compartida por Alanis y De la Paz (2003,p.8), al afirmar que:

La educación cívica, por lo tanto, es una herramienta útil para combatir la corrupción tanto desde la perspectiva cultural como desde la del diseño institucional. Para la primera, es evidente que sólo mediante la formación de una cultura de la transparencia, sustentada en la legalidad y rendición de cuentas, es posible socavar la cultura de la corrupción; para la segunda, se ha demostrado que instituciones que aseguren el respeto estricto de la ley sólo pueden prosperar y ser efectivas si cuentan con el apoyo de una ciudadanía informada, responsable y participativa.

Sin embargo, esta responsabilidad no es exclusiva de la ciudadanía, pues el Estado, como supremo benefactor de la sociedad, debe generar condiciones para empoderarla en los caminos de lucha contra la corrupción, yace entonces un segundo reto para la sociedad, y la exigencia de política públicas que fomenten el empoderamiento de la ciudadanía en la custodia de lo público. Esta realidad es refrendada Baragli et al (2015), al sostener que:

La creciente percepción de los daños que la corrupción produce sobre los derechos de las personas y sobre la legitimidad de los gobiernos, ha sido acompañada por un reclamo de la ciudadanía hacia el Estado para mejorar la efectividad de los controles y promover la mayor participación de la sociedad civil.

En definitiva, como una simple relación de reciprocidad, la Administración Pública debe crear espacios para la formación de la ciudadanía en la protección y defensa de lo público, y esta a su vez, deberá empoderarse de estos escenarios y de su rol protagónico en la custodia de los recursos públicos. Visto de una manera plana, al generar estos espacios de formación y empoderamiento, pese a que se demanden algunos recursos en su proceso, la administración pública contará con un sinnúmero de auditores sociales, que serán aliados estratégicos la prevalencia del interés general sobre el particular.

Esta es una tarea compleja, pues tal y como lo indica Morelli (2013), la corrupción se ha visto fortalecida por grandes capitales y fuerzas que desean permear y desajustar la razón de ser de la administración pública, sin embargo, debe ser una tarea constante y prioritaria para los responsables de la gestión pública, y muy especialmente para los ciudadanos, pues la corrupción es un cáncer que carcome la sociedad (Armienta y García, 2016), y definitivamente pone en riesgo su estabilidad, desarrollo, gobernabilidad, y por supuesto, el bien común. En palabras de Nizama (2008, p. 202):

La corrupción es un cáncer espiritual que corroe las entrañas más profundas de la humanidad, con grave impacto en el desarrollo humano y en desmedro del capital social en la “pequeña aldea global”. Afecta de manera devastadora al Estado, las instituciones, la célula familiar y al individuo, con secuelas degradantes y disruptivas. Sus elevados índices la han convertido en uno de los más grandes problemas de la posmodernidad, si no el mayor, por el daño económico, político, ético y moral que acarrea en la población mundial y nacional.

Conclusiones

La custodia y vigilancia de lo público es una tarea que demanda la intervención de la sociedad en general. Estos recursos, por su naturaleza y propósito, deben ser protegidos y utilizados para el bien común, lo que se traduce en desarrollo económico, educación, infraestructura y demás elementos necesarios para el confort de los ciudadanos. En tal sentido, la corrupción, entendida como una amenaza en el cumplimiento de los propósitos de los recursos públicos, debe ser un fenómeno atacado por todos, pues, desde el corazón mismo del Estado, la prevalencia de los intereses generales sobre los particulares, debe ser un axioma social.

La participación ciudadana como una estrategia para el empoderamiento de la sociedad, respecto a su rol en el control social de los recursos públicos, debe ser una prioridad del Estado. No es suficiente con fortalecer los organismos de control en el país, ni hacer exigible el proceso de rendición de cuentas, pues la ciudadanía, dueña y señora de todo, es, previa una formación rigurosa, la más poderosa herramienta para el control de lo público. Es así como la educación y empoderamiento social, se deben priorizar en las agendas de las administraciones públicas (Sánchez, Gómez y Ramón, 2016). Adicionalmente, se debe recomponer el concepto de ética, especialmente la pública, pues esta será el primer filtro para imposibilitar el ingreso de la corrupción a la administración pública.

Finalmente, el antagonismo encontrado entre la corrupción y la administración pública, solo será disuelto a través de una sociedad decidida a favorecer el bien común por encima de los intereses particulares, por lo que se hace imperioso que la transparencia, la ética, la eficiencia y la honestidad se conviertan en una bandera social. Esta tarea, aunque pareciera ser utópica, se tipifica como un derrotero seguro para la prevalencia del Estado, pues de otra manera, si se continúa alimentando la corrupción, este cáncer pronto será una enfermedad terminal para el imaginario de sociedad que se concibe.

Literatura citada

Alanis, M., De la Paz, G. (2003). La educación cívica contra la corrupción. Recuperado de: http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2003/AlanisFigueroa MariadelCarmen.pdf.

Alcaide, L., Larrú, J. (2007). Corrupción, ayuda al desarrollo, pobreza y desarrollo humano. Revista Boletín Económico de ICE Nº 2917, Madrid (España).