“Las instituciones jurídicas, el sistema educativo, las relaciones laborales, los discursos de la resistencia de las poblaciones marginales construyen formas originales e irreductibles de protesta social y, en tal medida, aportan toda la complejidad y riqueza discursiva sobre la cual el programa de una democracia radicalizada debe fundarse”. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la democracia.

Introducción

El ejercicio de la ciudadanía es un tema presente en la reflexión ética, política y educativa, el cual evidencia la importancia de esta práctica como fundamento en la consolidación de sociedades democráticas y pacíficas. Asistimos en la actualidad a sociedades que reclaman la participación y el compromiso ciudadano como baluarte para conservar la democracia, la paz, la defensa de los derechos fundamentales y la configuración de sociedades que permitan el despliegue de las capacidades de todas las personas sin excepción, recalcando la importancia de la educación en la consolidación de una ciudadanía que garantice este deseo a partir de una ejercicio político, activo y participativo.

La configuración de un ejercicio de ciudadanía implica una concepción de poder político que, en ocasiones, se desconoce lo que reduce a la ciudadanía a prácticas de urbanidad o acciones cívicas, confundiéndola con los mecanismos de participación, como es el caso del voto. La ausencia de claridad o la deformación en la concepción de poder político genera practicas equivocas o marcadas por la apatía y el desinterés por los asuntos políticos de los miembros de la comunidad, entregando toda responsabilidad a los que ejercen el poder delegado. Es por esta razón, que en esta reflexión se hace necesario presentar una idea de poder político que configure una práctica ciudadana activa, critica y participativa, que afirme que en la práctica ciudadana subyace una concepción de poder político, lo cual significa que esta visión de poder determina el ejercicio de ciudadanía.

El poder político que pretendo presentar como fundamento de un ejercicio de ciudadanía gesta en las comunidades una conciencia crítica de sus necesidades y de la capacidad que tienen de buscar los medios para su satisfacción o reivindicación a través de la configuración de un elemento vinculante, que une a todos en un proyecto comunitario. Es así como los movimientos sociales actuaran como bloque histórico, político y comunitario en la búsqueda de formas de vida en sociedad que promuevan la paz, la justicia y la solidaridad.

La pregunta que emerge entonces es, sabiendo que la educación y en especial la formación universitaria es fundamental en la configuración de una ciudadanía, ¿cómo la universidad responde al desafío a la consolidación de una ciudadanía comunitaria, participativa, democrática y pacífica? Para abordar la inquietud, esta reflexión transitará en tres momentos: primero, presentar una concepción de poder político como voluntad comunitaria; segundo, presentar una idea de ciudadanía desde el consenso, la participación como fuente de soberanía popular, tercero, identificar la importancia de los movimientos sociales como expresión de una ciudadanía activa y participativa para tratar de indagar como la educación responde a este desafío de una ciudadanía para la paz y la reconciliación.

1. El poder político como voluntad de vivir

La concepción de poder político es un tema de vital importancia en la configuración de la ciudadanía. Esta idea se ha presentado de diversas formas que se han legitimado desde modelos económicos o favoreciendo intereses de grupos hegemónico, lo que ha dificultado su comprensión, por lo que ha traído como consecuencia la corrupción, la pobreza y la violencia. Presentaré brevemente una visión de poder que ha predominado, para luego expresar la concepción de poder político que orientará esta reflexión.

El poder político entendido como dominación ha orientado las prácticas políticas propias de la modernidad. Esta visión parte de la idea de domino- señor como aquel quien manda, constituyendo en el señor de lo que tiene bajo su autoridad, que no es otra cosa que el dominio, desconociendo la voluntad de los otros y otras, otorgándose el derecho de imponer de forma violenta a través de la conquista, como aconteció con la llegada de los ibéricos a América latina (Galeano, 2010). Esta expresión propia del colonialismo europeo dificulta comprender el poder desde posibilidad de vida y participación comunitaria, porque es un poder asimétrico, elitista y violento, es una visión negativa del poder que se ha extendido desde la época de la conquista hasta nuestros días, suscitando la equivocada idea que la dominación es en esencia el poder político, tal como lo expresa Enrique Dussel (2009):

En este contexto de una experiencia existencial de no tener ya ningún señor sobre el ego eurocéntrico como se irá formulando una concepción del poder exclusivamente como dominación. El ego dominans pasa a ser la definición del que se “puede” hacer lo que se le plazca ya que no tienen límites en otra voluntad que le ofrezca tanta resistencia como para tener que aceptar un pacto con simetría (p. 22).

Las relaciones políticas que se han establecido en nuestras realidades nacionales han sido relaciones de dominación, bajo el eufemismo de democracias, identificándose equivocadamente el poder, suscitando un ejercicio desmedido de la fuerza, tornándose violenta sobre el dominado, desconociéndole su cultura. El poder entendido como dominación desconoce los límites de la voluntad de quienes son destinatarios de este ejercicio de poder, porque ejerce este poderío sobre aquellos que están en menor capacidad militar, económica o social.

Una práctica política fundada en el concepto del poder como dominación niega toda posibilidad de evitar la corrupción, la violencia y la muerte, lo cual se distancia de la posibilidad que esta práctica política se desarrolle como servicio, porque el poder como dominación es un desconocimiento del otro/a, por lo cual, ciertos valores sociales perderían vigencia. No hay conciencia de la necesidad de una práctica de la justicia, no hay interés altruista; no hay opción por un servicio comunitario, sino que ve en la comunidad sus servidores que tienen que rendir reverencia y tributo al dominador como si fuera un Dios, en este sentido:

Una descripción exclusivamente negativa del poder como dominación quita nuevamente la posibilidad de la honestidad, la justicia, de la necesidad de compromiso político ¿quién desearía comprometerse en una responsabilidad política si es intrínsecamente perversa corrupta, un verdadero pacto fáustico con el diablo? (Dussel E. 2009, p. 24)

Esta idea del poder político es una interpretación equivocada del noble ejercicio de la política, porque el poder como dominación solo busca la imposición del más fuerte sobre el más débil y arrasar con la identidad cultural, política y económica del otro/a para instaurar la del señor que manda mandando. Una situación que surge como consecuencia de lo anterior es la de caer en una visión pesimista del ciudadano común sobre el noble ejercicio de la política, evitando asumir un compromiso político, porque el poder como dominación roba toda esperanza de transformación social, lo que impide tomar iniciativas de renovación. Es por esta razón que el poder político como dominación ha provocado grandes y graves consecuencias en las comunidades, generando grandes niveles de violencia, corrupción y pobreza, porque han excluido e invisibilizado a comunidades, pueblos, culturas, que se han convertido en víctimas de este sistema hegemónico que se ha constituido como dominador.

producción

Si la Potentia es la comunidad política que posee una voluntad, un querer vivir, su poder está soportado en la voluntad de la comunidad, si se pierde la voluntad o renuncia a ella para entregarla a un soberano, quedaría frente a la amenaza de su desaparición, es un suicidio colectivo de la comunidad. En este sentido, todo totalitarismo o absolutismo del soberano es una amenaza a la vida política de la comunidad. El ejercicio de poder político es una defensa absoluta por la vida en todas sus manifestaciones en especial la humana (Boff , 2011). Ahora bien, en esta concepción de poder como Potentia el cual es el poder de la comunidad como máxima expresión de autoridad y mandato.

El poder político es una facultad de la comunidad política (potentia), de todos sus miembros, y como tal inalienable y permanente. Para el ejercicio delegado empírico de dicho poder (potestas) es necesario su diferenciación, que consiste en la escisión institucional de las diversas funciones requeridas para la sobrevivencia legítima de la comunidad, para su factibilidad empírica. Todo ciudadano sigue siendo comunitaria y perpetuamente el referente último del poder como potentia (Dussel, 2009, p. 201).

La comunidad política, al expresar su voluntad unida por consenso, se constituye en la fuente, el referente y la finalidad de lo político y de la política como poder que brota del ejercicio comunitario, de la unidad de la voluntad general. El poder como Potentia es contraria al poder como dominación, porque la potencia es ante todo reconocimiento de los miembros de la comunidad, organizando las voluntades a través del consenso, de la participación activa para buscar las mediaciones que permitan el cuidado y desarrollo de la vida, es decir que el poder político es ante todo afirmación de la vida.

2. La ciudadanía como expresión comunitaria del consenso y participación

Asumir el poder político como expresión de la voluntad comunitaria del deseo de vivir y de la búsqueda de los medios para que ésta sea posible, compromete automáticamente a cada ciudadano en una responsabilidad por la vida personal y comunitaria. Lo que está en juego en el ejercicio político de la ciudadanía no es quien gobierna, éste es tan solo una mediación propuesta por la comunidad, porque lo que realmente está en juego es el tipo de sociedad que consideramos necesaria para que la vida sea posible en el modo de realidad que consideramos valiosa.

El ejercicio de la ciudadanía no se puede reducir al mecanismo democrático de las elecciones, que al ser un elementos esencial y válido, se ve opacado debido a los altos niveles de corrupción, además, que este mecanismo no tendría sentido, si no está sostenido por un compromiso moral de cada ciudadano de asumir la responsabilidad comunitaria que le corresponde. La práctica de la ciudadanía debe orientarse por principios políticos que obliguen a los ciudadanos representados y ciudadanos representantes a actuar conforme a los criterios morales que la comunidad ha establecido a cada cual, sobre todo a mantener la comunicación directa de este ejercicio (Dussel, 2006).

La ciudadanía tiene su vida en la consolidación de una comunidad política crítica y participativa, siendo esta el fundamento del poder político y al que debe estar referido todo poder institucional. Por lo tanto, el poder político es un poder comunitario (Urquijo, 2007). Expresar que la ciudadanía es esencialmente comunitaria implica que este poder debe estar orientado por criterios que fundamenten su ejercicio, es así que esta responsabilidad de “mandar” no recae solamente sobre un individuo o una minoría, como ejercicio de garantías individuales propias de un modelo liberal, sino que es responsabilidad de todos/as y cada uno de los participantes de la comunidad política, según la institucionalidad u organización establecida. Reitero, entonces, que la ciudadanía no es individual, es un ejercicio esencialmente comunitario.

La ciudadanía es fruto de la ligación de intersubjetividades en la comunidad política. Ligación que se estructura en el ejercicio consensuado, donde se unifican las voluntades. En este sentido, en la ciudadanía se consolidad y hace vida la expresión: “el pueblo unido jamás será vencido” lo que manifiesta la fuerza que se da a través del ejercicio de un poder consensuado que unifica las voluntades en un proyecto político comunitario: la ciudadanía.

El ejercicio político requiere del consenso de la comunidad que se constituye en el elemento sustancial al permitir la participación y la unión de las voluntades, superando la visión individualista del poder, constituyéndolo como esencialmente un ejercicio comunitario, de modo que surge la ciudadanía como una práctica vinculante de la comunidad y una exigencia moral y política. Esta práctica vinculante de la ciudadanía compromete a cada uno/a asumir su responsabilidad por buscar las condiciones sociales donde la vida pueda desarrollarse con dignidad.

Una ciudadanía con conciencia moral crítica, comunitaria y participativa deber emprender el compromiso de superar la condición de víctima y eliminar las situaciones que generan la victimización de la comunidad, estableciendo los medios para la producción, reproducción y desarrollo de la vida (Dussel, 1998). Sólo hay un ejercicio de ciudadanía donde se ha constituido una comunidad política que se fundamenta en el consenso y la participación, donde la ciudadanía es una expresión del ejercicio democrático que se asume de manera crítica y que procura permanecer en la vida, superando toda posición de dominación, porque “Donde hay voluntad hay poder. Cada miembro de la comunidad política es una voluntad, por lo tanto es un momento del poder” (Dussel, 2009, p. 199). La ciudadanía, entonces, es la fuente del poder, si por el contrario este ejercicio comunitario y consensuado carece de agentes libres que expresan su voluntad, este poder se debilitaría, la comunidad perdería su determinación política y pondría en riesgo la vida.

El poder es una facultad intrínseca de la ciudadanía en su ejercicio soberano, que otorga legitimidad al poder institucionalizado. En el ejercicio ciudadano la soberanía constituye un elemento esencial para la permanencia de la vida política y ésta se consolida a través del consenso que es fruto de la participación y el reconocimiento que la comunidad le otorga al ciudadano. Este poder soberano se delega al representante para ejercerlo en el poder institucionalizado; la importancia de la representación radica en la legitimidad de su ejercicio del poder como obediencial como lo propone los zapatistas en la figura del Sub-Marcos (Aguirre Rojas, 2009).

La soberanía, según lo dicho, no es de un sujeto, es de un colectivo, en este caso de la comunidad política, por lo que la ciudadanía es el cuerpo político de la comunidad, son miembros constitutivos de ella, que se institucionaliza. La comunidad soberana establece leyes e instituciones legítimas que vinculan a la comunidad política como deber ciudadano. Se puede afirmar que la soberanía y la legitimidad están determinadas por un ejercicio de democracia radical que se comprende aquí como la participación activa de los agentes de la comunidad en busca de la reivindicación de las necesidades, lo que le constituye un bloque hegemónico que da solidez al ejercicio soberano y legitima el actuar político.

El poder ciudadano como institución es la presencia de la ciudadanía efectuando un poder en el tiempo y lugar, esto quiere decir que hay un deber en el ejercicio del poder como representado y representante, y siguiendo a Bobbio (2008) “la única manera de hacer posible el ejercicio de la soberanía popular es la atribución del mayor número de ciudadanos del derecho de participar directa e indirectamente en la toma de decisiones colectivas” (p. 46), esto es que el representado no puede desconocer su ejercicio como expresión de ciudadanía, porque esto debilitaría el poder de la comunidad política como Potentia, lo que sería renunciar a su soberanía. Por lo tanto, hay que empoderar a la comunidad de su responsabilidad en el ejercicio del poder soberano.

3. Ciudadanía y movimientos sociales para la paz

El ejercicio de la ciudadanía desde una perspectiva de poder político comunitario, participativo y consensual que se sustente en la vida otorgará a la comunidad política el empoderamiento necesario para ser ella misma la gestora de proyectos de vida comunitaria que reconozcan el lugar de todos/as. Una comunidad política donde cada ciudadano/a se reconoce en estrecha ligación social, reconocerá que no es viable una democracia en una sociedad que admita la violencia, miseria, la pobreza y la exclusión de cualquier persona independiente de su condición o situación. Es así que la injusticia, la exclusión y la dominación ponen en riesgo la vida.

Esta conciencia de negatividades es el caldo de cultivo de los movimientos sociales, donde existe una necesidad, surge allí un movimiento social o, por decirlo de otra forma, los movimientos sociales surgen como respuesta a necesidades que afectan a la comunidad, en palabras de Dussel (2006) “desde las víctimas, cuando el sufrimiento se hace inaceptable, intolerable, surgen movimientos sociales contestatarios en el campo empírico” (p. 85). Igualmente Laclau y Mouffe expresan que el valor y la importancia de los movimientos sociales radica en que cuestiona el ordenamiento social que legitima prácticas de injusticia y formas de subordinación, lo que nos lleva afirmar que la ciudadanía como expresión democrática se puede entender también como la resistencia a toda forma de poder político de dominación.

La ciudadanía se constituye en una praxis a través de la configuración de movimientos sociales que lucha por la reivindicación de las necesidades de las víctimas, lo que constituye un elemento esencial en la práctica política, como superación a toda forma de poder que no esté fundado en la comunidad. Son, entonces, las necesidades no resueltas o atendidas que viven los diversos grupos al interior de la comunidad, la que genera el surgimiento de movimientos sociales, estas negatividades se convierten en la que “amalgama una serie de luchas muy diversas: urbanas, ecológicas, antiautoritarias, anti-institucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales. El común denominador de todas ellas sería su diferenciación respecto de las luchas obreras, consideradas como luchas de clases” (Laclau y Mouffe, 2010, p. 202).

Al interior de la comunidad existen diferentes necesidades dando origen a diversos movimientos sociales, exigiendo esto como condición esencial del consenso, para el fortalecimiento de la ciudadanía y no su división. El ejercicio consensual permite la identificación de un elemento vinculante, en el cual se identifican y confluyen todos los movimientos sociales en un proyecto político y comunitario. En el pensamiento Dusseliano se habla del “Hegemón analógico” encontrando relación con lo que Laclau y Mouffe (2010) denominan “equivalencia democrática” la cual expresan como la articulación equivalencia de las necesidades de los grupos entre sí. En este sentido podemos comprender la ciudadanía como

La participación activa de los agentes políticos de la comunidad, a través del consenso legítimo, lo que permite la articulación de las necesidades de los diversos movimientos sociales en un bloque hegemónico configurando una praxis política, que procura la superación de la negatividades (necesidades), la exclusión y la dominación, permitiendo la producción, reproducción y desarrollo de la vida de la comunidad (Palta, 2013, p. 82).

La ciudadanía desde esta perspectiva, debe consistir en una praxis que articule la lucha de grupos o movimientos sociales por la satisfacción de sus necesidades y la reivindicación de su lugar político que impiden su participación en los procesos sociales y políticos. Se hace un llamado, entonces, para los nuevos movimientos políticos, en especial a la nueva izquierda para que se presente en el contexto actual con una propuesta democrática, renovada, actualizada, superando situaciones que la llevaron a la crisis de credibilidad, tal como lo señalan Laclau y Mouffe (2010), cuando afirman que:

Las luchas contra el sexismo, el racismo, la discriminación sexual, y en defensa del medio ambiente necesitan ser articuladas con la de los trabajadores en un nuevo proyecto hegemónico de la izquierda. Para ponerlo en una terminología que se ha tornado popular recientemente, en lo que insistimos es que la izquierda necesita encarar tanto las cuestiones ligadas a la “redistribución” como al “reconocimiento. Esto es lo que entendemos por “democracia radical y plural” (p. 19)

Los movimientos sociales constituyen una práctica de ciudadanía crítica, participativa y comunitaria que gesta procesos de liberación. Podríamos decir que el futuro político de las sociedades democráticas y participativas no está en los partidos políticos, sino en los movimientos sociales. El futuro democrático, la consolidación de paz de nuestras comunidades se halla en la fortaleza y resistencia de los movimientos sociales., Algunos ejemplos para cerrar este apartado que podemos referenciar son: los indignados, la Mesa ampliada Nacional estudiantil (MANE) en Colombia, las resistencias estudiantiles en Chile, las comunidades LGTBI, entre otros; estos grupos son expresiones de como los movimientos sociales gestan grandes transformaciones. Ahora la tarea es nuestra, de cómo asumir el desafío de la ciudadanía para la paz.

A manera de conclusión: desafíos de la universidad frente a la formación ciudadana

La reflexión seguida hasta aquí nos lleva a reconocer la importancia de los movimientos sociales en la consolidación de una ciudadanía crítica participativa y democrática. Es claro que la educación juega un papel en la consolidación de la justicia social en un mundo globalizado (Palta Velasco, 2015); sin embargo, al reconocer el papel de la educación en este ejercicio político, cabe preguntarse por qué las condiciones sociales parecen no mejorar, si cada día nuestras universidades siguen graduando profesionales en las diferentes áreas del conocimiento y hay un aumento significativo en los estudios de posgrado. Quisiera expresar aquí, que es curioso que durante los años juveniles en el paso en la universidad, muchos jóvenes manifiestan un sentido social, en ocasiones se desbocan en la lucha y reivindicación social, son líderes apasionados por transformar la sociedad, son jóvenes de mochila, jeans rotos que critican el sistema y el consumismo, pero son los mismo que al egresar de sus carreras entran a engrosar el alto porcentaje de ejecutivos, de traje formal y de buen vestir, con ritmos de vida marcados por el consumo y la necesidades de la cotidianidad, por eso pregunto: ¿La sensibilidad social como fruto de reflexión en las universidad tiene fecha de caducidad al recibir el título? ¿Mueren los ideales de cambiar la injustica al egresar de los pregrados?

La praxis pedagógica es fundamental en el desarrollo de la democracia, porque es la que permite generar transformaciones a partir de la formación de una conciencia crítica o en su defecto servir de instrumento de conservación de una cultura hegemónica, lo cual exige pensar el proceso educativo como una tarea de responsabilidad social, ética y política. En este sentido, debe existir la voluntad política para hacer de la educación un espacio de construcción de ciudadanía. Los discursos de los países y gobernantes expresan el interés y una preocupación por la educación, pero en la realidad se evidencia compromiso en las prácticas que respondan a la búsqueda de equidad y justicia social.

La realidad educativa está marcada por la promoción de reformas educativas promovidas desde los estados con la participación y apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Reformas que se sustentan en la descentralización, la promoción de la cobertura escolar, la mejora de las instalaciones físicas e intentan la promoción de la calidad educativa en un ejercicio de equidad. Las reformas educativas, sin embargo, tienen un signo coherente con el modelo de globalización y apertura de los mercados económicos. En todos los países el discurso político y social reitera la importancia de la educación como herramienta substantiva para el desarrollo económico de nuestras sociedades. Paradójicamente los recursos dedicados al sector educativo son escasos, mal distribuidos y con pobre eficiencia. (Fe y Alegría, 2008, p. 81).

Los estudios sobre Educación Superior muestran claramente la ausencia de política claras para evitar la desigualdad y la injustica, aunque es necesario indicar que la educación no es exclusiva de las instituciones educativas; sin embargo, las universidades son un espacio privilegiado que desde sus funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social piensen en criterios democráticos, es decir, desde el consenso, participación y el reconocimiento, para poder actuar con la pretensión pedagógica de humanidad. Si en estas instancias no existe una relación democrática, será muy difícil que las personas respondan democráticamente en la sociedad a la consolidación de escenarios de paz y convivencia, en este sentido se afirma que:

Es aquí donde se abre un capítulo nuevo de la política. La pedagogía política puede enseñar práctica y teóricamente el “Estado de democracia”, desde la infancia en el hogar (por padres que exijan razones a sus hijos y acuerden decisiones por consenso respetuoso), cuestión ya planteada por la primera generación de la Escuela de Frankfurt con sus estudios sobre La autoridad en la familia, hasta en la escuela (por métodos de participación, de elección de representantes, de respeto a la disidencia, por hábitos de discusión tolerante de las posiciones del otro, etc.). Una virtus democrática que se alcanza con siglos de práctica. Una voluntad que permite la disidencia desde una inteligencia discursiva que pueden educarse en los ciudadanos para crear el hábito democrático en la comunidad, virtud política por excelencia. (Dussel, 2009, p. 422).

El desafío de la universidad es la formación de la conciencia crítica y comunitaria como una dimensión política liberadora, que tiene la enorme responsabilidad de transformar un orden hegemónico basado en el capital, el consumo y la cosificación de la persona humana que amenaza la vida y, por lo tanto, debe propiciar la construcción de un nuevo orden donde se actúe bajo una lógica humana, sensible en favor de la vida, constituyéndose así en una educación liberadora.

La educación liberadora constituye no sólo una crítica del sistema social vigente, con sus pedagogías conservadoras y domesticadoras, sino también una práctica política. La educación transforma al individuo humanizándolo a través de la socialización, pero a la vez también transforma el orden social. (Mendieta, 2008, p. 342).

La pedagogía liberadora, entonces, aporta a la formación ciudadana en la medida que inspira la conciencia humana en la búsqueda de procesos de construcción comunitaria. Es la formación de comunidades activamente participantes donde cada persona al reconocerse ciudadano se constituye en un militante activo, permanente por la paz, la justicia y la reconciliación, y este aprendizaje se inicia desde el hogar, desde la repetición de modelos que se reafirma en las practicas escolares y se complementa en la práctica ciudadana (Freire, 2005). En este sentido, la pedagogía liberadora es asumir una postura crítica frente a la realidad que trasciende el campus universitario y la titulación profesional. La universidad como dinamizadora de procesos sociales convoca a trabajar activamente en una propuesta que desestime toda actitud de violencia, exclusión e injusticia; es un avanzar permanente por caminos de reconciliación y paz, por lo tanto la praxis pedagógica es esencialmente una práctica política en caminada a la consolidación de comunidades pacíficas y solidarias “la pedagogía debe ser una continua reflexión sobre la educación misma, y solo así se convierte en verdadera crítica socio-política. La pedagogía de la liberación, como praxis de liberación es parte integral de la política de la liberación” (Mendieta, 2008, p. 342).

La importancia para la ciudadanía de esta educación democrática que es a su vez una educación para la paz y la reconciliación radica en que es un acto profundamente comunitario, democrático y transformador, en el que no se propende por la búsqueda de líderes heroicos o caudillista, sino de comunidades unidas a partir del consenso, la participación y el reconocimiento de cada uno de los afectados, para los que se establece la universidad como espacio privilegiado para este propósito.

Nos educamos juntos, en comunidad, en y por medio de una cultura histórica que transforma y es transformada por un mundo cultural y social. La educación nos humaniza a través de la socialización, poniendo de manifiesto que somos criaturas esencialmente dialógicas y sociales (Mendieta, 2008, p. 345)

En últimas esta educación democrática liberadora es una apuesta por la vida que transforma las estructuras injustas y de muerte. En todo lugar que haya un ejercicio pedagógico desde elconsenso, la participación y reconocimiento sea en el momento erótico, pedagógico o político, hay allí un acto de humanidad que es en últimas es la tarea de la universidad.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Cómo citar: Palta Velasco, W. F. (2018). Ciudadanía, poder político y movimientos sociales en la universidad: un camino hacia la paz. Revista Científica Sabia, 4(1), pp. 9-19.

Nota del autor: Este artículo de Reflexión surge como resultados de la investigación realizada para el IX Curso de educación superior: Género, Juventud y ciudadanía” realizado en el Seminario de Educación superior (SES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 14 y el 27 de noviembre de 2015

Enlace alternativo

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