Introducción

La educación de calidad para todos es una cuestión ética y por lo tanto es una responsabilidad compartida para brindar las mejores condiciones de igualdad y oportunidad especialmente con los menos favorecidos de la sociedad. (Rawls, 1996). Ahora bien, “no hay que malinterpretar la igualdad con uniformidad ni la diversidad con la diferencia discriminadora” (Confederación de MRP, 2000). Es evidente que en América Latina, el fenómeno de desigualdad es visibilizado en los escenarios educativos toda vez que realidades como la permanencia y finalización de estudios va a depender de múltiples factores tales como la afectación de las zonas geográficas de difícil acceso, la aceptación de las políticas de género así como la inversión en lo público. Por otra parte, la inequidad en los logros de aprendizaje depende de múltiples aspectos tales como las políticas y lineamientos de estado que se establecen para todos por igual desconociendo situaciones particulares como la regionalización, la gestión de las instituciones públicas y privadas en cuanto a su manejo presupuestal para brindar mejor apoyo a los procesos de formación estudiantil así como a los docentes.

Las políticas y programas educativos para avanzar hacia la equidad en educación han de estar enmarcados dentro de una creciente conciencia respecto de los graves problemas de calidad y equidad de los sistemas educativos. En este orden, se deben tener en cuenta las diferencias socioeconómicas, las diferencias según las zonas geográficas, las diferencias de origen cultural y por consiguiente las circunstancias difíciles y precarias que viven muchos niños y niñas. Ahora bien, aun cuando existan estas realidades que afectan y generan desigualdades educativas en América Latina, también es cierto que hay escuelas que marcan la diferencia asegurando aprendizajes de calidad en contextos de pobreza logrando excelentes resultados con sus alumnas y alumnos a pesar de tener las condiciones más adversas porque se hace gestión a nivel de escuela y en procesos y prácticas pedagógicos a nivel del aula denotando la heterogeneidad de las escuelas con resultados destacables.

Es evidente que se trata de una alerta sobre el panorama en materia educativa de la forma como se encuentra la región con respecto al resto del mundo específicamente con América del Norte y Europa Occidental, a partir del tema sobre la inclusión social y educativa en América Latina, teniendo como referente los seis objetivos de la “Educación para todos” promovida por la UNESCO. Cabe resaltar las nuevas ideas educativas que se están manejando en la región, por un lado, lo que tiene que ver con inclusión en todos los grupos poblacionales y, por otro lado, lo referente a los avances que se han trabajado en cuanto a educación inicial, primaria y en la secundaria, considerando que la educación es un bien público. Igualmente se hace un análisis de los desafíos que tiene la educación en la actualidad, en cuanto a procesos de inclusión e identidad. La educación en América Latina ha tenido cambios significativos y esto ha permitido avanzar en políticas educativas particulares en cada país y región sin desconocer, claro está, que hay lugares donde el ausentismo y la atención del Estado son insuficientes.

El siglo XXI está marcado por diversas dinámicas contextualizadas desde la distribución de los ingresos y realidades de desigualdad que afectan fundamentalmente a los más desfavorecidos ya que ellos son quienes perciben la exclusión fruto de las políticas de equidad e inclusión que caracterizan a la educación superior específicamente en América Latina. Esta situación implica generar escenarios reflexivos desde dentro de las instituciones educativas sobre los fenómenos de discriminación a corto y largo plazo para que generen estrategias de desarrollo sustentable que superen desigualdades y exclusiones en medio de los procesos de globalización y de mundialización de las economías emergentes y las sociedades del conocimiento que conduzcan a sanas prácticas de convivencia y de bienestar humano.

Se trata de superar el fenómeno de igualdad latente aunando esfuerzos direccionados hacia la participación, la inclusión y la equidad en tanto que se cumplan con las expectativas liberadoras y de bienestar de los ciudadanos. Ahora bien, estas propuestas se enmarcan dentro del contexto de las políticas neoliberales de tendencia hacia la desigualdad en todos los escenarios políticos, económicos y sociales que excluyen a los marginados, a los pobres que especialmente tienen presencialidad en los grupos étnicos y raciales. Los países se han caracterizado por adolecer de políticas de participación e inclusión de los sectores marginados en tanto que otros sectores de minoría se caracterizan por la acumulación y distribución de la riqueza en pocas manos. Sí en cambio, son claras las figuras que se han dado a partir de la tributación inadecuada la cual se ha establecido para superar la crisis fiscal de los estados pero que afecta la liquidez de la gran mayoría que vive en función del pago de impuestos. En este escenario también emerge como opción viable ante el futuro, la capacidad competitiva de los países en la búsqueda de alianzas estratégicas y convenios en el sector productivo así como respecto a las dinámicas propias del mercado en el contexto de la sociedad.

Aun cuando algunos países hayan generado crecimiento y desarrollo económico acumulando riquezas, lo cierto es que la mayoría de la población vive la realidad de la pobreza como su cotidianidad y esta situación la experimentan en asuntos que suplan las necesidades humanas como el de la salud precaria, la vivienda social y por consiguiente la alimentación de baja calidad. Y en este sentido, están las oportunidades que brinda la educación, la participación en escenarios laborales y de productividad económica, cultural y política. Economías que surgen de las dinámicas de las fuerzas de mercado y su injerencia con lo social y cultural y su proyección a futuro (Holton, 1996).

Cuando ha habido crecimiento y desarrollo económico en los países, fundamentalmente se debe al incremento en los factores de productividad que en muchos casos se asocia a los niveles educativos que se han alcanzado, a los eventos laborales de participación y al desarrollo de las infraestructuras y el uso sistemático de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El crecimiento y el desarrollo de la economía en América Latina depende en gran medida de su capacidad productiva (Loayza et al, 2005) así como en este proceso debe asumir que el fenómeno de la desigualdad es uno de los temas y problemas fundamentales de la agenda nacional e internacional que cada vez más es analizada a partir de estudios estadísticos.

Para Bowles (2006), la desigualdad se relaciona intrínsecamente con la baja productividad, los bajos ingresos de los individuos y la precaria posibilidad de participar en los escenarios económicos y políticos. América Latina en comparación con otros sectores del planeta se caracteriza por tener los índices más bajos respecto a la distribución de los ingresos lo que da lugar a los niveles más altos en injusticia social. El fenómeno de la pobreza es continuo en la gran mayoría de sus habitantes lo que permite que la riqueza esté en reducidos grupos. Esta situación igualmente repercute en la masificación del desempleo y el subempleo. El reto está planteado, se trata de crecer hacia horizontes de equidad social y este reto debe ser asumido por el colectivo de los gobiernos a partir de la concreción de sus políticas de estado.

Desde la declaración de los Derechos Humanos y la de Educación para todos a lo largo de la vida (UNESCO, 2013) y las afirmaciones sobre el desarrollo en cuanto a cambio que plantea Fagerlind (1983), este proceso se direcciona hacia realidades deseables como la efectividad y la eficiencia de los sistemas de producción y distribución que tiene la sociedad así como al cumplimiento frente a la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos y su convivencia común. Por lo tanto, para McMahon (1982), se entiende el desarrollo y la sostenibilidad en términos de equidad a partir de la redistribución de los recursos según los principios éticos de la equidad en los que se comparte justamente los recursos entre quienes componen la comunidad. Se trata de la búsqueda constante para satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad que aun cuando no se logre plenamente si al menos sostenidamente (Gharajeraghi y Ackoff, 1986). En este sentido, hay diversidad cultural que se manifiesta en la biodiversidad humana en cuanto a sus sostenibilidad desde diversos escenarios como el intelectual, moral, emocional y espiritual (Ibidem, 2001).

Ahora bien, optimizar el desarrollo de los pueblos es parte esencial de las políticas de los gobiernos en aras de buscar la equidad y reducir la pobreza en el contexto de las economías crecientes (Seers, 1971). Sin embargo, no es conveniente que las políticas y modelos que se han trabajado en los países desarrollados, se apliquen en los países pobres porque no son las mismas condiciones sociales que viven estos pueblos desde los referentes económicos, políticos, ecológicos, culturales, sociales, gubernamentales e institucionales con inclusión y equidad (Aponte, 2006). En síntesis, se trata de un trabajo colectivo para reducir la desigualdad y en este sentido crecer en justicia social a partir de políticas claras sobre participación ciudadana, sustentabilidad, efectividad, eficiencia, eficacia y suficiencia social a mediano y largo plazo.

Equidad y calidad educativa en América Latina, una responsabilidad de todos.

La educación actual es un reto hacia el cambio para el docente del siglo XXI. Los análisis estadísticos sobre la evaluación de los aprendizajes y factores asociados desde los programas impulsados por los gobiernos en América Latina para reducir las desigualdades, observan un importante grado de inequidad, exclusión y discriminación, en cuanto a oportunidades educativas, con lo que se concluye que la educación no está logrando contribuir a la igualdad de oportunidades y se convierte en un instrumento de movilidad social.

Los estudios sobre logros de aprendizaje arrojan inequidad en la distribución del conocimiento entre las escuelas públicas y privadas y para contrarrestar este fenómeno se propone como necesario fortalecer la educación pública en aras de evitar la segregación y desigualdad. En este sentido se exponen como factores influyentes: la inadecuada infraestructura, la poca cualificación del personal docente, la desatención a necesidades de la población, el difícil acceso, la pobreza, la migración por la violencia o la falta de oportunidades, las dificultades en cobertura y falta calidad en la educación, la falta de política en el gasto público en educación y en programas orientados a brindar oportunidades educativas, en espacios y en modalidades de aprendizaje y los escasos recursos. Por otro lado, es evidente que la escuela si puede hacer la diferencia, y esto se observa en las llamadas “escuelas efectivas o exitosas”. Por lo tanto, se exhorta a las demás escuelas hacia el desafío de apostar en sistemas educativos más inclusivos y equitativos, donde el compromiso no es solo de políticas educativas, sociales y económicas acertadas, que atiendan al contexto educativo sino de la sociedad completa, comprometida con la educación y con las generaciones futuras de las naciones en América Latina.

Cada vez es más notable la brecha entre las necesidades reales que exige la educación de hoy y la realidad que se experiencia en las escuelas. En este abanico de posibilidades en las que se encuentra un niño latinoamericano se debe situar la escuela como la tabla de salvación, como el eslabón que le brinde la posibilidad de que la sociedad se reivindique ante las situaciones poco afortunadas de algunos de ellos. La repitencia, la deserción, la extra edad, los altos índices de pobreza se vuelven el “pan de cada día” como escenarios en la escuela.

La exclusión y la desigualdad social y educativa son fenómenos crecientes en todos los países del mundo y especialmente de manera crítica en América Latina, que se caracteriza por ser la región más desigual del mundo y por tener sociedades altamente segmentadas. Pese a los esfuerzos que están realizando los países, la educación reproduce las desigualdades y la segmentación presentes en la sociedad, aunque también hay escuelas que hacen la diferencia y son capaces de lograr que sus estudiantes aprendan en situaciones muy adversas.

Se debe atender el desafío de la inclusión y la desigualdad de América Latina, para lograr cambios en la educación y no se sigan reproduciendo estas condiciones sino al contrario, se promueva la inclusión más que la integración como la asunción de los principales retos que tiene América Latina (Gimeno, 2000).

Ha habido importantes progresos en los marcos normativos y en el desarrollo de planes integrales de largo plazo a favor de la educación, pero no son suficientes. Las políticas, la oferta de programas y los recursos humanos y financieros, los avances en cobertura no han ido de la mano por una mayor calidad y equidad educativa. Por lo tanto, para Rawls (1996), la igualdad de oportunidades debe ser una política que busca beneficiar a los menos favorecidos de la sociedad.

Existen grandes desigualdades en función del origen socioeconómico, lugar de residencia y pertenencia cultural, no sólo en el acceso sino también en la calidad de la atención y educación que se les ofrece. Los principales obstáculos para acceder a los programas y servicios son la pobreza, el bajo nivel de instrucción de los padres, la distancia de los centros o ausencia de oferta, los costos económicos y la falta de pertinencia cultural de los programas.

Los países han desarrollado, en mayor o menor medida, políticas de equidad focalizadas en los grupos más en situación de mayor vulnerabilidad pero éstas se han mostrado insuficientes en términos de generar mayor inclusión, afianzando, en muchos casos, la segmentación presente en la sociedad. Muñoz (1992). Dichas desigualdades se vinculan con factores como los siguientes: La educación que se ofrece a los estratos sociales de menores recursos está pauperizada, no es administrada de acuerdo con los intereses de esos sectores y, por ende, refuerza las desigualdades sociales preexistentes. Los currículos, habiendo sido diseñados de acuerdo con las características culturales y las necesidades sociales de los países dominantes, no son relevantes para los sectores sociales de los países dependientes, cuyas distintas culturas no son consideradas.

Esta tesis tiene claros correlatos en la forma como se elaboran los tradicionales currículos en América Latina. Los sectores sociales menos favorecidos reciben una educación por medio de procedimientos y a través de docentes que fueron preparados para responder a los requerimientos de otros sectores también integrantes de las sociedades de las que aquéllos forman parte. Solari, (1994), uno de los principales estudiosos de las relaciones entre educación, ocupación y pobreza, señalaba tres bases fundamentales de política para abordar la desigualdad educativa: En primer lugar, es necesario universalizar la educación primaria o básica: “una educación común para todos los ciudadanos es un requisito para la creación de un punto de partida igualitario en una de las dimensiones más importantes de la vida social” (p. 79). El segundo supuesto está vinculado al anterior: “para que la educación pueda tener el efecto de producir una mayor igualdad o una menor desigualdad, si se prefiere, ella misma debe ser igualmente distribuida o lo más igualmente posible (p. 79). La tercera base especifica que causas muy diversas “generarían un proceso de expansión constante de la cobertura educacional” (p. 79); este proceso haría realidad los dos anteriores.

Por otro lado, Sequeira (2015), director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe analiza la desigualdad no sólo en términos económicos, sino también como la falta de servicios sociales de calidad. Mientras estos servicios sociales no se den a la población, la desigualdad va a permanecer. Y de todos esos servicios sociales, el que contribuye más a mitigar la desigualdad es la educación: un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos. Para ello no solo se debe invertir más en educación, sino también, mejor. Es decir, invertir en los aspectos del sistema educativo de los que emergen las raíces de la desigualdad. Por ejemplo, en preescolar, en primaria, en la formación de los docentes, etc. Además expone que uno de los problemas principales de nuestra región son los cambios políticos, ya que se pierde la continuidad que la educación merece y que por lo tanto necesita tiempo para dar resultados. Por eso, es muy importante que los políticos entiendan que un plan educativo consensuado a largo plazo es esencial y que, cuando haya cambios políticos, afirma Sequeira (2015), las directrices principales deben permanecer. Es evidente que entre los factores de desigualdad latentes dados entre las zonas rurales y urbanas, en donde más confluye esta desigualdad es rural dado lo manifestativo de la pobreza, la escasez de oportunidades, la violencia, los migrantes, reconocidos en los derechos humanos pero desconocidos desde la práctica.

Frente a la baja calidad en los aprendizajes e inequidad de oportunidades educativas es necesario proponer políticas y programas para avanzar hacia la equidad en educación desde: la igualdad de oportunidades, acceso y calidad para poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad, adaptaciones del currículo, cambios en la forma de enseñar a aprender centrada en el estudiante, materiales didácticos, bibliotecas, laboratorios, elementos informáticos, internet, proyectos educativos, participación de la comunidad educativa centrada en las familias, así como la formación de docentes entre otros.

Las políticas de inclusión están adquiriendo creciente importancia en la región, pero con alguna excepción, los niños y niñas migrantes, indígenas, afro descendientes y con discapacidad están muy invisibilizados. Una de las apuestas de la Revolución Educativa es la transformación y fortalecimiento de las instituciones educativas para que sean más inclusivas y atiendan de forma pertinente a la diversidad del alumnado y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. También es destacable que la inclusión se conciba en sentido amplio y no solo referida a los niños y niñas con discapacidad.

En el caso específico de los niños y niñas con discapacidad es importante resaltar el hecho de que los padres y madres puedan inscribir a sus hijos en el proceso ordinario de matrícula establecido en la entidad territorial, lo cual facilita su inclusión en las escuelas regulares, pero brindándoles los recursos y apoyos que necesitan. Igualmente las escuelas deben identificar las barreras que los estudiantes enfrentan para participar y aprender y así ajustar las estrategias pedagógicas y de evaluación adecuada y pertinente a las necesidades de los estudiantes.

A pesar de los avances en materia legislativa, existen altos índices de desigualdad e inequidad de condiciones educativas en Latinoamérica, dejando por fuera a Cuba como único país con buenos resultados en la educación pública. La inclusión, calidad y equidad tienen un foco más amplio y de naturaleza distinta al de la integración. Mientras que esta última se preocupa por asegurar el derecho de las personas con discapacidad y otros grupos excluidos a educarse en las escuelas comunes, a la inclusión, a la calidad y equidad, aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad, asegurando el acceso y permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes causas, están excluidos o en riesgo de ser discriminados o marginados.

El foco de atención de la inclusión, calidad y equidad también es de naturaleza distinta al de la integración. En ésta última, los grupos excluidos que se incorporan a las escuelas regulares tienen que adaptarse o asimilarse a la oferta educativa disponible (curriculum, métodos, valores y normas), independientemente de su lengua materna, su cultura o sus capacidades. Los sistemas educativos permanecen inalterables, y las acciones se centran más en la atención individualizada de estos alumnos (programas individuales, estrategias y materiales diferenciados, profesores especializados, etc) que en modificar aquellos factores del contexto educativo y de la enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje de los estudiantes.

Es decir, se prepara a los estudiantes para que se adapten a la escuela. En la inclusión y equidad el foco de atención es la transformación de los sistemas educativos y de las escuelas para que sean capaces de acoger a todos y atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, sea cual sea su origen social y cultural, su lengua, sus capacidades o situaciones de vida. Desde esta perspectiva, ya no son los grupos admitidos quienes se tienen que adaptar a la escolarización y enseñanza disponibles, sino que éstas se adaptan a las necesidades de todos los estudiantes, porque todos son diferentes. Es decir, la escuela es la que se prepara para asegurar la participación y aprendizaje de todos.

En la inclusión, calidad y equidad, el elemento clave no es la individualización sino la diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de participación de todos los estudiantes, sin perder de vista las necesidades de cada uno. Esto significa avanzar hacia diseños universales, en los que el currículo y la enseñanza consideren de entrada la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, en lugar de planificar pensando en un alumno promedio (en cuanto a lugar de residencia, cultura, origen socioeconómico y capacidades) y luego realizar acciones individualizadas para dar respuesta a las necesidades de determinados estudiantes o grupos que no han tenido cabida en una propuesta educativa que se inscribe en una lógica de la homogeneidad y no de la diversidad.

Logros y desafíos de la equidad y calidad educativa en América Latina.

América Latina es una sociedad pluralista y debe estar abierta a los consensos pedagógicos y sociales implicados en las políticas en tanto que se buscan fines y formas en la consecución de nuevos retos y desafíos para las agendas educativas. Ahora bien, no solamente retos sino también deudas enmarcados en los problemas que se han generado a lo largo de la historia de los pueblos. Son problemáticas diferentes en situaciones y contextos diferentes.

La inclusión social y educativa en América Latina

La inclusión social y educativa en América Latina ha tenido cambios significativos en cuanto a la permeabilidad que se ha ido dando por la interculturalidad regional y la manera como las políticas educativas han tenido trascendencia debido más a la funcionalidad de cada una en su país y región donde fueron creadas. En este sentido, aparecen organismos internacionales como la UNESCO, OEI, UNICEF, OEA, entre otros.

La UNESCO ha enfatizado en el derecho a la educación como un bien público. Esta educación de carácter inclusivo debe ser de calidad favoreciendo el enriquecimiento de los educandos especialmente a los más vulnerables de la sociedad, a los marginados del sistema social. El derecho a la educación da lugar a trabajar por la equidad, la pertinencia y su relevancia. Esto implica que la relevancia se asume como transmisión de saberes en unión con las finalidades educativas contextualizadas según el proyecto político y social con sentido en las prácticas de la escuela. Igualmente la pertinencia genera la atención sobre las diversas necesidades de las personas y sus entornos dándole su matiz significativo a sabiendas que son personas que provienen de diferentes estratos sociales y culturales. En este orden, la equidad conlleva a trabajar por la igualdad de oportunidades y resultados para todos en la medida en que se pueda acceder a una educación de calidad con garantía de condiciones entendidas como recursos y ayudas.

Todo sujeto tiene las mismas oportunidades para desarrollar y mejorar sus habilidades y destrezas a lo largo de su existencia desde el escenario educativo sin ningún tipo de viso de exclusión respondiendo a los derechos sociales e individuales. Ahora bien, la educación no puede evitar que se den situaciones de desigualdad social pero puede convertirse en un medio para minimizar estas desigualdades sociales. No todo se da en la escuela pero desde este escenario se pueden visualizar las proyecciones de los individuos y la sociedad porque desde la escuela se desarrollan estrategias igualitarias para la inclusión efectiva.

Para Castel (2004), hay situaciones que adquieren relevancia en la medida en que se implican en procesos sean sistémicos o informales. Este mismo autor pone de relieve que la inclusión puede traer problemas porque puede desviar el sentido de la intervención sobre las razones que generan la exclusión. No solamente en educación la exclusión es debido al acceso, la permanencia y por consiguiente el egreso del sistema escolar; hay otros eventos de baja intensidad que son agentes de exclusión. En este sentido Terigi (2013) asume que la exclusión se da cuando se generan barreras de diferente índole y condición a partir de la tradición escolar de carácter limitante y que de alguna forma afectan los eventos de aprendizaje y de participación de grupos y sus condiciones de igualdad.

El aprendizaje es fundamental en la inclusión así como en la exclusión educativa. De esta realidad se derivan problemáticas asociadas a las exigencias que devienen de la inclusión y sus políticas y sistemas educativos. En este sentido se plantean dos situaciones:

Primero, la de insistir en la importancia de la posesión de ciertos conocimientos y habilidades para poder incluirse en los procesos propios de la sociedad actual. Segundo, que esos contenidos tienen que ser herramientas de pensamiento, lo cual plantea condiciones a los mismos y las formas de adquirirlos. Tercero, que es preciso reparar en el valor de las habilidades para aprender y comprender dentro y fuera de la escuela. Cuarto, que conviene no olvidar que la inclusión lo es para una cultura que es plural y en la que hay consensos y disensiones (Gimeno, 2000, p. 65).

Siguiendo a Ainscow (2009), el autor propone unas características para tener en cuenta en el abordaje de los sistemas educativos y las escuelas inclusivas. Refiriéndose a los sistemas educativos inclusivos alude a que hay que construir un marco de procesos proponiendo formas perfectibles para el abordaje de la diversidad. En este sentido, al referirse a la inclusión implica eliminar barreras que obstaculicen el proceso. Esta inclusión implica la participación de todos los estudiantes y sus logros en la escolarización. Ahora bien, la atención ha de centrarse en aquellos que tienen riesgo de marginalidad y exclusión.

La inclusión se enmarca en el ámbito de la justicia social y es más relevante en el escenario de la educación obligatoria y básica al ser un derecho ciudadano el cual da lugar a la vivencia y cumplimiento de otros derechos a los que se ve abocado en sus procesos de formación y aprendizaje.

Cada vez hay nuevos retos que se deben asumir desde paradigmas de pensamiento innovador para comprender mejor los problemas educativos. Esto implica analizar las estrategias empleadas, las categorías de análisis y la intervención de los problemas. Confluyen por lo tanto la relación recíproca y compleja entre educación, justicia y democracia en el ejercicio de la ciudadanía efectiva y la construcción de identidades colectivas.

Democratización de los sistemas educativos en América Latina.

Hay diversidad de tendencias que afectan lo educativo dadas a partir del fenómeno de urbanización, el desarrollo de los pueblos, el aumento de la tasa de escolarización y alfabetización, la paridad de género y los sistemas de financiación de educación. Comparativamente con América del Norte y Europa Occidental, que tienen sistemas educativos de vieja data, América Latina se encuentra en buena posición. No obstante, los desafíos nuevos son amplios y de diversas características para afrontar debido a los modernos paradigmas establecidos por la sociedad y sus consecuentes brechas que son cuantificables por la ampliación de acceso a la vida escolar obligatoria sobremanera para los niveles básicos y la cantidad de años de escolarización. Por lo tanto, para Dubet (2008),

Las filosofías de la justicia por un lado y, sobre todo, la resistencia de los hechos por el otro, deben conducirnos a no abandonar esta norma de justicia, sino a aceptar que el problema de la escuela justa es un poco más complicado… de lo que a menudo se piensa (p. 48).

Es claro que la ampliación de la oferta educativa y el manejo del presupuesto permite el acceso en educación implicando constatar si se presenta o no, según Merle (2004), “el debilitamiento del vínculo entre el origen social de los estudiantes y el destino escolar” (p.144). Esta realidad permite la masificación de los sistemas educativos desde una democratización que tiene en cuenta las brechas y desigualdades asociadas al acceso escolar sin descuidar la procedencia de los estudiantes y su correspondiente área geográfica de residencia, el nivel socio económico del entorno familiar y su pertenencia a grupos originarios culturales y afrodescendientes. Cabe anotar que las brechas de acceso se han reducido ostensiblemente entre el año 2000 y el año 2010 y esto favorece la mirada sobre América Latina y sus procesos educativos básicos.

En cuanto a los adolescentes y los jóvenes, en especial quienes provienen de condiciones de vulnerabilidad, es marcada la tendencia a participar y terminar la educación secundaria. Es claro que las políticas educativas se deben direccionar a reducir las brechas geográficas y sociales para dar más oportunidades de acceso y terminación de los ciclos educativos. Hay nuevos sistemas de selección para acceder a la escuela a partir del proceso de masificación porque antes era externo, ahora se hace en la escuela y por la escuela (Dubet, 2008). Puede generarse injusticia al acatar los procedimientos implícitos, la repetición, el reingreso, el abandono así como edades tardías para ingresar al sistema educativo.

En cuanto a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, se ha avanzado regionalmente como es el caso frente a la discriminación racial. En este sentido, para la UNESCO (2013):

La interculturalidad supone asumir la diversidad cultural, política, organizativa y de creencias específicas que los grupos han ido conformando y que influyen en los procesos identitarios individuales y colectivos. Desde una visión sociocultural y política, considera la valoración de sí mismo y del otro, en diálogo y recreación de nuevos entornos y relaciones entre grupos que detentan prácticas, cosmogonías y conocimientos heterogéneos. Evidentemente la construcción de interculturalidad (...) no está exenta de los conflictos y tensiones que suponen esa diversidad, debido a las situaciones de inequidad generalizadas que afectan a la población indígena, lo que implica actitudes de discriminación desde la sociedad mayoritaria y, desde la población indígena, procesos de desplazamiento lingüístico, deslealtad étnica y conflictos con los estados nación, en relación con demandas territoriales y políticas (pp. 154-155).

Respecto a las desigualdades de género, la región, en general, está más abierta a factores de vinculación de la población global. En primaria se ha progresado significativamente y las niñas han tenido más presencialidad en el ambiente escolar tanto que son quienes terminan los ciclos. En la educación secundaria y superior es menor la participación lo cual se confirma especialmente en el escenario rural porque las niñas cercanas a los 12 y 14 años dejan de asistir a la escuela. A esta situación se añade la maternidad temprana, las responsabilidades adquiridas frente a los oficios domésticos y el estigmatismo que se tiene frente a la educación formal en la que se excluye culturalmente a la mujer por el hecho de determinar culturalmente que ella está solamente para la procreación y para los oficios domésticos. Esto se presenta especialmente en comunidades campesinas e indígenas donde se evidencian patrones sociales y culturales estandarizados tanto de corte teórico como práctico para valorar las oportunidades de aprendizaje y participación (UNESCO, 2013).

Sobre la dimensión de los aprendizajes en la democratización, se presenta la segregación en igualdad de condiciones frente al acceso del conocimiento escolar deviniendo en desigualdades económicas y sociales. Uno de los más grandes resultados en el que se pueden evidenciar (SERCE, 2008; PREAL, 2009), se comprueba que el desempeño estudiantil en América Latina es bajo debido a la infraestructura de los servicios básicos, el equipamiento, las colecciones de material bibliográfico en las bibliotecas así como la segregación escolar según los estándares socioeconómicos y culturales.

América Latina se encuentra en un período en el que los sistemas educativos obligatorios se han ido democratizando en acceso, permanencia y egreso. Ahora bien, el problema se plantea desde lo cualitativo; en este sentido Merle (2004), distingue tres formas de democratización cualitativa:

una que denomina igualadora, en la que se reducen las distancias sociales entre grupos; una segunda, que denomina uniforme, en la que las distancias sociales se mantienen estables, y por último una tercera que denomina segregativa, en las que éstas aumentan (p. 145).

Duru-Bellat (2010) sugiere dos tipos de evolución en los aspectos relacionados con el nivel socioeducativo de la población:

por un lado, el mejoramiento del nivel de instrucción absoluto de los jóvenes que provienen de los sectores más bajos de la población y por el otro, el mantenimiento de la desventaja relativa comparada con los jóvenes provenientes de los sectores altos (p. 110).

América Latina crece demográficamente y por ende el acceso a la escolarización en esta situación, reduce la desigualdad en acceso sobretodo en poblaciones vulnerables. Sin embargo, así como se tiene acceso, es claro que los resultados sobre las evaluaciones de resultados académicos alertan por las desventajas que se dan en el escenario educativo debido a factores exógenos y endógenos al sistema. Entre estos factores está la gratuidad en el acceso y permanencia, las condiciones materiales, infraestructura, equipamiento escolar, dotación de material bibliográfico, condiciones para la enseñanza, mecanismos de selección, las formas de organización, las trayectorias de los estudiantes, la autonomía escolar, las prácticas institucionales y pedagógicas y el concurso de los agentes escolares como las directivas, los docentes, los estudiantes y la familia.

Las políticas de inclusión

Los programas educativos se han caracterizado por buscar minimizar la pobreza creciente y la afectación de los mercados laborales formales motivo de desigualdad social. Ha sido un trabajo direccionado hacia los efectos más que a modificar las causas. No han estado alejados los problemas de la gestión tradicional de políticas sociales en relación con sus prácticas y efectos no deseados (Feijoo, 2013), y en este orden, el clientelismo, la cooptación, la elitización de los cuerpos políticos y administración a cargo de ellos. Hay políticas de Estado que buscan disminuir la pobreza y desarrollar competencias para el desarrollo a futuro de las personas (Cecchini, 2013).

Estas políticas buscan, desde el marco del derecho, legitimar ciudadanos con derecho a la protección social para todos sin exclusión, cimentadas con efecto en las capacidades humanas lo cual prevé “la creación de marcos legales y espacios institucionales adecuados para su operación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la transparencia de los registros de destinatarios y la búsqueda de sinergias intersectoriales” (Cecchini y Madariaga, 2011).

Igualmente se busca atender las causas de situaciones de vulnerabilidad y en este sentido, el Estado debe primar la atención a la familia. Por consiguiente, una dimensión fundamental de la inclusión educativa son las políticas de mejora de los aprendizajes lo cual también permite identificar dificultades como la implementación de las evaluaciones estandarizadas (McCormick, 1996; Poggi, 2008). Es oportuno anotar que los estudios evaluativos se orientan más hacia la sobrevivencia organizacional que hacia el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje (Levin, 2012).

Las evaluaciones estandarizadas no siempre produce los efectos esperados y por consiguiente entre la figura de evaluación técnica y de mejoramiento de la calidad educativa no se puede establecer una línea recta porque la evaluación no es una condición suficiente para optimizar la educación (Ravela, 2008). Por lo tanto, la evaluación debe ser considerada como articuladora dentro del espectro amplio de acciones y políticas educativas (Tiana, 2009). De esta manera, se comprende la importancia de destacar la producción de propuestas pedagógicas y didácticas situadas en contextos concretos y reales de trabajo de los directivos y docentes en las escuelas (Poggi, 2011). Las estrategias de mejora deben fortalecer a las instituciones y a los actores escolares a partir del desarrollo profesional y la promoción de mecanismos de autoevaluación institucional y los consecuentes planes de mejoramiento escolar a partir de aproximaciones sistémicas universalistas unificando los fines y los propósitos del mejoramiento educativo y las estrategias promovidas.

Educación superior: desigualdad, crecimiento, pobreza, desarrollo, y políticas de inclusión en América Latina.

América Latina ha padecido el flagelo de la desigualdad social a partir del fenómeno de la pobreza que en muchos países es extrema a tal punto que buscando el crecimiento social, otros la han mantenido y acentuado. (CEPAL, 2006). Es preciso comentar que este fenómeno de la desigualdad social está matizado por una creciente y manifiesta ingobernabilidad a partir del establecimiento de políticas débiles y oportunistas frente al crecimiento económico, de marcadas líneas de corrupción en el sistema administrativo, de insuficiencia en el aparato fiscal, de problemas latentes y generalizados de cohesión social y la consiguiente incertidumbre en cuanto a la estabilidad social identificable especialmente en el ámbito de los limitantes ingresos familiares, el acceso precario a las oportunidades de participación laboral, la acumulación de capital en manos de pocos evitando que se redistribuya la riqueza y se siga abriendo la brecha entre estratos sociales en los países de la región.

En América Latina hay tendencias particulares que indican la marcada desigualdad entre quienes habitan sus pueblos pero al mismo tiempo se acentúa la necesidad de superar estos obstáculos generadores de nuevos retos y desafíos que respondan a las circunstancias y expectativas vivenciales de los pueblos, que en palabras de Rawls (2002), se trata de la reducción de la desigualdad, la exclusión y la injusticia y así lograr desarrollos sustentables teniendo como principios la equidad y la inclusión (Daly, 1996).

Lo inclusivo implica transformar la institución y la experiencia educativa para ser pertinente en los procesos de calidad y equidad teniendo presente las circunstancias diferenciales de las personas y los colectivos sociales. Para la UNESCO (1994), se trata de ponderar las oportunidades que generen condiciones de igualdad aun cuando haya diversidad de contextos e intereses según los grupos étnicos, raciales, culturales, de género y de lenguas. Aspectos como la fuerza laboral, la productividad y el empleo se vinculan directamente con la productividad económica en tiempos específicos (Becker, 1972). La igualdad implica condiciones de interacción entre todos los pueblos con oportunidades igualmente para todos en los sectores de mercados, de redistribución de la riqueza, la prestación de los servicios básicos y educativos así como profesionales (García, 1996).

En América Latina los niveles de pobreza y desequilibrio social son evidentes lo cual se refleja en los bajos ingresos salariales per cápita que percibe la gran mayoría de sus habitantes y que se relaciona con la creciente pobreza que en casos es extrema. En este sentido, hay una notable tendencia a la desigualdad y la inclusión con respecto a la educación. Es evidente que se quiere estudiar pero los ingresos no son suficientes para suplir estos gastos. La UNESCO en 1996 planteó la necesidad de brindar educación para todos a partir de nuevos horizontes transformadores del sistema educativo que emerge de las sociedades de la información para dar lugar a la sociedad del conocimiento. (Delors, 1996).

Siempre se ha presentado desigualdad en cuanto a las oportunidades y resultados educativos; las poblaciones pobres no rinden lo mismo que quienes tienen mejores alternativas sociales y este fenómeno se da porque no hay la suficiente infraestructura para suplir sus necesidades quedando rezagados los grupos poblacionales de menores ingresos. Por lo tanto, quienes tengan mejores ingresos tendrán mejores oportunidades de acceso a la educación de calidad y específicamente la educación superior. En este orden, la mujer ha tenido más representatividad en estos escenarios de participación educativa.

Se busca que la inclusión genere educación de alta calidad para el desarrollo de las sociedades del conocimiento que respondan competitivamente con la producción de bienes y servicios a los nuevos retos y contextos de la sociedad y sus épocas desde el liderazgo político empoderado y la participación ciudadana consciente a partir de una educación superior diversificada. Ahora bien, estos idearios se presentan en el estrado paralelo de las estructuras e intereses del poder político que riñe con la meritocracia y el acceso a la educación superior que brinda distinción, privilegio social y permite acceso al mundo laboral. Esta situación permite establecer brechas y desigualdades económicas entre las personas (Roemer, 2000).

Este privilegio institucional hace que tengan grandes y pertinentes responsabilidades sociales porque la misma sociedad deposita en ellas sus expectativas de calidad de vida y por eso buscan acceder a sus claustros y recibir educación superior que se contextualiza con los escenarios en que se circunscriben e interactúan (Vessuri, 1998).

Son muchos los talentos que se han cultivado en América Latina pero se ven en la necesidad de fugarse al exterior porque no hay apoyo de los países. Se entretejen intereses particulares y de grupos detrás de los Estados lo que no permite asegurar que las oportunidades de estudio sean pertinentes y respondan a la calidad y las competencias de quienes saldrán como egresados de las instituciones (García, 2003). A los gobiernos les preocupa invertir y subsidiar y no recibir nada a cambio dado que la educación no es un artículo de consumo y por lo tanto no es transferible. Cada individuo en particular vende su producto educativo y de conocimiento con autonomía relativa según su tiempo y contexto (Nowotny, 2005). Pero también se ha considerado en el mercado global que los conocimientos adquiridos se vuelven productos comerciales a partir de la figura de la propiedad privada intelectual. (Aponte, 2006) y esto hace ponderar a las instituciones educativas superiores en orden a niveles de calidad (Brunner, 2005).

La declaración de los Derechos Humanos es enfática en considerar la igualdad de condiciones respecto al acceso a la educación superior, sin embargo, es claro que no todos quienes comienzan un proceso de formación profesional lo terminan completamente. Estudiar responde a múltiples necesidades de los colectivos sociales y por ende de los sujetos particulares. Por lo tanto, la inclusión y la equidad reconocen las diferencias y el derecho a participar de manera igualitaria para todos. Si se habla de desigualdad también se debe hablar de flexibilización en las oportunidades educativas ya que estas deben responder a las necesidades de aprendizaje y contextos de las personas.

La educación ha tenido unas tendencias de equidad e inclusión manifiestas a partir de las tasas de participación que se reducen en la medida en que se avanza en los niveles educativos. Sin embargo, cabe resaltar el amplio acceso que ha tenido la mujer, discapacitados y las comunidades indígenas para garantizar la equidad que a futuro se dará en el mercado laboral, los salarios y el ascenso en los empleos (Papadopulos, 2005).

Una marcada tendencia que se da para acceder a la educación superior está en la desigualdad que se percibe en los ingresos puesto que esta realidad limita el acceder a ofertas educativas de más alta calidad y por lo tanto, cierto margen de la sociedad se ve abocado a ingresar a instituciones que no representan calidad. Tal es el caso de poblaciones indígenas que por sus contextos regionales y geográficos si quieren estudiar lo hacen donde mejor puedan y quedan rezagados frente a otros grupos sociales.

Las brechas ofertativas de programas de educación superior se han ido disminuyendo con el tiempo en la medida en que las instituciones educativas han abierto sedes regionales en diferentes puntos geográficos ya sean ciudades capitales como pequeñas poblaciones. En estos escenarios se ve mayor participación de la mujer mostrando que se reduce la desigualdad de género y que ellas demuestran altos estándares académicos. (IESALC, 2005). Respecto a poblaciones indígenas, hay exclusión dado que obtienen los más bajos niveles de escolaridad (Idem, 2005).

La educación superior se convierte en un privilegio más que en un derecho de los pueblos lo que hace excluir a las comunidades más vulnerables por sus condiciones de género, racial y de etnicidad y por lo tanto, los excluye a futuro de mejores mercados laborales para permanecer y desempeñarse con más idoneidad profesional.

Las políticas de inclusión y equidad han tenido gran impacto en la educación superior dado que no a todos se les ha abierto las puertas de las posibilidades educativas y en este sentido, a las poblaciones de menores ingresos cada vez más se les cierra las puertas por no tener los medios económicos para acceder a la educación superior.

El impacto de la desigualdad en las oportunidades de acceso a la educación superior se origina en la creciente ausencia, inoperancia e insuficiencia de las políticas de gobierno para dar cobertura que aun cuando se haya masificado la educación superior, hay grupos sociales que han sido excluidos y marginados propiciando desigualdad socioeconómica tanto por el estudio como por el acceso a las ofertas laborales y el aprovechamiento incluyente de los distintos segmentos de la sociedad (Vessuri, 1998).

Las oportunidades internacionales son mucho más evidentes puesto que han logrado superar los obstáculos relacionados con la raza, el idioma, las ideologías, las culturas, entre otros factores. La educación superior se abre como un horizonte de posibilidades y responsabilidades sociales a la construcción de dinámicas que impulsan cambios necesarios para los contextos humanos y los desafíos transformadores de los momentos históricos. (Didriksson, 2007). Se hace necesario un trabajo sinérgico entre los gobiernos y las instituciones educativas así como de los organismos internacionales para promover el desarrollo en las regiones (Aponte, 2006), lo que permite hablar de nuevos contextos para la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje y la creación de ambientes de conocimiento (Didriksson, 2007).

Las instituciones deben propender por la calidad en su oferta educativa toda vez que sus recursos sean los más adecuados respondiendo a su quehacer cotidiano de alta calidad y permitiendo el logro exitoso en cuanto a resultados de impacto significativo de los programas en la sociedad, en los individuos en particular así como en el entorno educativo considerando que las personas se transforman a partir de la interacción con los demás y no por meros procesos de adaptabilidad (Freire, 1997).

Hay tendencias emergentes de impacto hacia el futuro de la educación superior matizadas por la continua y creciente oferta educativa en relación con la demanda de programas de estudio; la participación de grupos con discapacidad dejando de lado las discriminaciones de género; la equidad y la inclusión educativa enfrentan nuevos retos, paradigmas y prioridades frente a los apoyos de subsidio de los gobiernos de turno; preocupación inminente frente a la calidad de los programas respecto a la masificación de la oferta de los mismos; los consecuentes efectos de la masificación y la pertinencia social evidenciados en la repitencia, en la deserción escolar y en la necesidad de postular a estudios posgraduales.

Conclusiones

En América Latina hay un alto índice de inequidad evidenciado en los precarios ingresos así como también en cuanto a oportunidades educativas de las cuales adolecen algunos sectores sociales marginados. Igualmente, los estudios realizados sobre logros de aprendizaje permiten mostrar la inequidad en la distribución del conocimiento en tanto que las instituciones de carácter particular que han invertido en infraestructura escolar, sus resultados son exitosos frente a las instituciones a las que no se ha invertido recursos para optimizar resultados de calidad.

Cada vez se amplía la brecha entre escuelas públicas y privadas acentuando las desigualdades que devienen de múltiples variables económicas, políticas, presupuestales entre otras. Por lo tanto, es fundamental fortalecer las políticas de apoyo a la escuela pública y generar criterios de planificación y evaluación que eviten la segregación y desigualdad entre escuelas. El fenómeno de la desigualdad está dado por realidades concretas tales como la localización geográfica de las instituciones escolares tanto de carácter rural como urbana y su integración social y educativa sin homogeneización sino respetando la pluridiversidad cultural, étnica y lingüística.

La pobreza en América Latina es real y está asociada a los niveles de escolarización de los grupos humanos quienes no han tenido oportunidades y acceso a la educación formal o informal y por lo tanto no han podido terminar sus estudios. Es bien cierto que hay países que han hecho grandes esfuerzos para reducir el margen de desigualdad, realidad que se refleja en el aumento sostenido del gasto público en educación y en el desarrollo e implementación de políticas y programas de discriminación positiva, focalizados en los colectivos y contextos de mayor desventaja. Estos esfuerzos y políticas se han direccionado a la erradicación de la pobreza y la desigualdad social, sin embargo, esto no es suficiente porque se sigue manteniendo la brecha creciente en los servicios educativos.

Otro factor relevante es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación toda vez que cada día se pertenece a la sociedad de la globalización pero que igualmente margina al no tener las mismas condiciones para acceder a sus servicios educativos. Aun cuando se presentan innumerables dificultades, es también cierto que las instituciones educativas hacen ingentes esfuerzos por responder a los retos que emergen a las nuevas generaciones estudiantiles independientemente de su etnia, clase social, o procedencia cultural y geográfica.

La equidad en educación es una responsabilidad e imperativo ético que le atañe a todos los agentes del proceso de enseñanza aprendizaje y para esto se necesita buena actitud y voluntad en la toma de decisiones en aras de obtener excelentes resultados sin exclusiones e incluyendo de manera asertiva políticas educativas basadas en la equidad y la reducción de la brecha social así como de la segregación y la fragmentación de la sociedad.

En América Latina, en cuanto a los procesos de escolarización de la población infantil y juvenil, ha habido avances en los procesos de democratización cuantitativa y cualitativa las cuales se han evidenciado a partir de las políticas de inclusión como aseguramiento de la educación. Pero así como hay avances significativos en esta materia, igualmente se deben reconocer las deudas que se tienen en estos escenarios y los matices de desigualdad social que devienen dependiendo de los contextos locativos tanto rurales como urbanos, de los grupos poblaciones implicados como los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y las desigualdades de género. Por otra parte, es válido replantear la necesidad de garantizar aprendizajes según los niveles educativos y las políticas de calidad evaluativas integrales contextualizadas desde la región.

Las agendas educativas deben propender por formar ciudadanos comprometidos y activos con la realidad social en la que están inmersos a partir de miradas universalistas, unificadoras y homogeneizadoras de la educación respetando la diversidad y rescatando la identidad y la pluralidad de pensamiento y el reconocimiento como sujetos de derecho a la educación con igualdad de condiciones en medio de contextos socioeconómicos diversos.

América Latina atraviesa por tendencias de cambios acelerados en las cartografías de los procesos educativos de calidad y equidad manifestados en el acceso a la educación superior y las oportunidades laborales según sus perfiles profesionales. Se forma para el servicio y para formar parte de los procesos de participación ciudadana y democrática de manera inclusiva, pertinente y responsable de quienes acceden a estos niveles educativos mejorando sus capacidades y habilidades direccionadas al éxito académico.

Para que las instituciones educativas de educación superior y las políticas de equidad e inclusión tengan un fuerte impacto en los escenarios económicos y sociales, los gobiernos y las directivas institucionales deberán aunar esfuerzos de buena voluntad sobre la disminución de las barreras que produce la desigualdad socio económica respecto a los grupos marginados y excluidos porque la educación debe ser un servicio universal apoyada en los recursos más necesarios y pertinentes según los contextos de las poblaciones que decidan acceder a los programas que ofertan las instituciones y que deben velar por el ingreso, permanencia y continuación de los estudios en todos sus niveles a sabiendas que la decisión de estudiar debe beneficiar a quien asume esta responsabilidad dado que forma parte de su proyecto de vida.

Es necesario que los gobiernos aumenten sus fondos públicos para apoyar los procesos de transformación de la educación tanto pública como privada hacia niveles superiores desde las políticas de equidad e inclusión las cuales se establecen a partir del acceso a las oportunidades educativas sin excluir sectores que siempre han sido marginados. Esta situación implica dar lugar a la aplicación de subsidios, financiamientos, préstamos, becas e incentivos para que quienes accedan a la educación superior, permanezcan estudiando y terminen sus ciclos de formación profesional.

Al incentivar la educación superior a partir de estas modalidades de apoyo, se promueve igualmente la producción y la divulgación del conocimiento así como la investigación en aras de la excelencia académica institucional. Para lograr estos cometidos, es fundamental determinar modelos educativos pertinentes de acuerdo a las necesidades y contextos de las regiones para ser más eficientes, eficaces y efectivos con el apoyo a las comunidades que han vivido en desventaja por su género, etnia, raza, idioma, religión entre otros aspectos. Para tal efecto se hace necesario fortalecer las redes de apoyo, las infraestructuras y los recursos educativos en aras de una educación democrática y participativa de calidad.

Referencias

Ainscow, Mel, (2008). Mejorar las escuelas urbanas. Liderazgo y colaboración. Narcea, Madrid.

Ainscow, Mel, (2009). Developing inclusive education systems: how can we move policies forward? University of Manchester, United Kingdom.

Aponte, Eduardo, (2006). Hacia la Universidad de Autogestión del Conocimiento. Universidad de PR. CUADERNOS de Investigación. No 18, San Juan.

Becker, Gary, (1990). Human Capital, fertility, and economic Growth. Journal of Political Economy. 98, No. 5.

Bowles, Samuel, (2006). Poverty Traps. Russell Foundation, Princeton.

Brunner, José Joaquín, (2002). Nuevas Demandas y sus Consecuencias para la Educación Superior en América Latina. CINDA, Santiago de Chile.

Castel, Robert, (2004). Encuadre de la inclusión. En Karsz, S. (coord.), La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices. Gedisa, Barcelona.

Cecchini, Simone, (2013). Educación, programas de transferencias condicionadas y protección social en América Latina. Ponencia en Seminario Internacional 2013: Educación y políticas sociales. Sinergias para la inclusión. IIPEUNESCO, Buenos Aires.

Cecchini, Simone, (2011). Programas de transferencias condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. Cuaderno de la CEPAL 95. Santiago: Naciones Unidas.

CEPAL (2006). Panorama Social de América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago de Chile.

CONFEDERACIÓN DE MRP (2000). Trabajar en la diversidad, superar la desigualdad: claves pedagógicas. XVIII Encuentro estatal de MRO. Gandia, España.Consultado el 10 de marzo de 2018. Disponible en www.confdeMRP.

Daly, Herman, (1996). Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Beacon Press, Boston.

Delors, Jacques, (1996). La Educación Encierra un Tesoro. UNESCO, París.

Didriksson, Axel, (2006). Tendencias de la Educación Superior en la ALyC. IESALC/UNESCO, Caracas.

Dubet, François, (2008). Faits d´école. Éditions de l´École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

Duru- Bellat, Marie, (2010). Las desigualdades educativas en Europa: una cuestión de actualidad. En Revista Española de Educación Comparada, 16 (2010), 105-130.

Fagerlind, Ingemar, (1987). Education and National Development. Pergamon Press, Oxford.

Feijoo, María del Carmen, (2014). ¿Quiénes son los jóvenes ni-ni? En La Educación en Debate, Le Monde Diplomatique, Suplemento, número 19, UNIPE, Buenos Aires.

Feijoo, M. del Carmen, (2013). Comentarios realizados en la Mesa 5: Desafíos Institucionales para los Pactos en América Latina, en el Seminario Internacional Pactos sociales para una sociedad más inclusiva. CEPAL, Santiago.

Freire, Paulo, (1997). A la sombra de este árbol. Editores El Roure, Barcelona.

Furtado, Celso, (1977). Development. International Social Science Journal, New York.

García-Guadilla, Carmen,(2003). El difícil equilibrio: La educación superior como bien público y comercio de servicios. Universidad central de Venezuela / Bid&co. Editor, Caracas.

García, Huidobro, Juan Eduardo, (1996). Las reformas de la educación básica en América Latina. Ponencia en: 25 años de educación comunitaria en México. Encuentro latinoamericano de innovaciones educativas en el medio rural. 10 de agosto al 1 de septiembre de 1996, México. D. F.

Gentili, Pablo, (2006). Exclusión y Desigualdad en el Acceso a la Educación Superior Brasilera: el Desafío de las Políticas de Acción Afirmativa. Seminario Internacional Estrategias de Inclusión en la Educación Superior, Chile.

Gharajedaghi, Jamsmid, & Ackoff, Russell, (1986). A Prologue to National Development Planning. Greenwwod Press, New York.

Gimeno Sacristán, J., (2000). La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Morata, Madrid.

Holton, Robert, (1992). Economy and Society. Routledge, London.

IESALC/UNESCO. (2005). Consultado el 16 de marzo de 2018. Disponible en: www.iesalc/unesco.org.ve

Levin, Ben, (2012). System-wide Improvement in Education. Paris: UNESCO IIEP & IAE. http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2012/EdPol_13.pdf Consultado el 25 de Abril de 2018. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218001E.pdf

Loayza, Norman, (2005). Economic Growth in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: The World Bank. Disponible en: www.worldbank.org Consultado el 25 de Abril de 2018. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7315/32180.pdf?sequence=1&isAllowed=y

McCormick, Robert, (1996). Evaluación del currículum en los centros escolares. Morata, Madrid.

McMahon, Walter, (1982). Efficiency and Equity Criteria for Educational Budgeting and Financ. En: W.W. MacMahon & T.G. Geske (eds). Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity. University of Illinois Press, Urbana Illinois.

Merle, Pierre, (2004). La démocratisation de l´école. En Le Télémaque, 2004/1 n.° 25, pp. 135-148.

Muñoz, Izquierdo, Carlos, (1992). Cuatro tesis sobre el origen de las desigualdades educativas. En: Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXII, 2º. Trimestre. CEE. México, D.F.

Nowotny, Helga, (2004). Re-Thinking Science: knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Blackwell Publishers,Malden,Mássachusetts.

Papadopulos, Jorge, (2005). Educación superior y género en AL y C. En: Informe sobre la Educación Superior en AL y C. IESALC/UNESCO, Caracas.

Poggi, Margarita, (2008). Evaluación y políticas de mejora educativa en América Latina, en G. Del Castillo y G. Valenti (coord.). Reforma educativa ¿Qué estamos transformando? Evaluación y política educativa. Flacso, México.

Poggi, Margarita, (2011). Innovaciones educativas y escuelas en contextos de pobreza. Evidencias para las políticas de algunas experiencias en América Latina. IIPEUNESCO, Buenos Aires. Consultado el 20 de abril de 2018. Disponible en: http://www.iipebuenosaires.org.ar/documentos

PREAL, (2009). ¿Cuánto están aprendiendo los niños en América Latina? Hallazgos claves del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). PREAL, EEUU.

Ravela, Pedro, (2008). Las evaluaciones educativas que América Latina necesita. Serie Documentos n.° 40. Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación. http://www.preal.org Bibliografía. PREAL, Santiago de Chile.

Rawls, John, (1996). La justicia como equidad: Política, no metafísica. Liberalismo, Comunitarismo y Democracia. En: Revista La Política. Ediciones Paidós, Barcelona. Consultado el 14 de abril de 2018. Disponible en: https://revistas.uam.es/index.php/riee/article/view/4680/5117

Rawls, John, (2002). La Justicia Como Equidad: Una Reformulación. Paidós, Madrid.

Seers, Dudley, (1971). The New Meaning of Development. International Development Review, London.

Sequeira, Jorge, (2015). (UNESCO). La educación reduce la desigualdad. Blog Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.

SERCE, (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Primer reporte de los resultados del SERCE. OREALC-UNESCO Santiago – LLECE, Santiago de Chile.

Solari, Aldo, (1994). La desigualdad educativa: problemas y políticas. CEPAL. Serie Políticas Sociales (Publicación en homenaje al quinquenio del fallecimiento del autor). Santiago, Chile.

Terigi, Flavia, (2013). La inclusión como problema de las políticas educativas. Ponencia en Seminario Internacional 2013: Educación y políticas sociales. Sinergias para la inclusión. IIPE-UNESCO, Buenos Aires.

Tiana, Ferrer, Alejandro, (2009). Evaluación y cambio educativo: Los debates actuales sobre las ventajas y los riesgos de la evaluación. En Martín, E. y Martínez Rizo, F. (coord.). Avances y desafíos en la evaluación educativa. Organización de Estados Iberoamericanos – Fundación Santillana, Madrid.

UNESCO, (1999). Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemáticas y Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado, UNESCO, Santiago de Chile.

UNESCO Santiago, (2013). Situación educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. UNESCO, Chile.