Artículos de investigación
Recepción: 01 Julio 2019
Revisado: 01 Agosto 2019
Aprobación: 01 Octubre 2019
Resumen: El desarrollo económico como meta mundial impuesta en el orden nacional, regional y local ha terminado convirtiendo se en un enemigo mismo del planeta, un desarrollo económico divorciado de la naturaleza y el hombre mismo, lo que derivara constantemente en una serie de afectaciones que transgrede derechos, formas de vida de las comunidades aplicándose un ejercicio de poder vertical, en una clara asimetría del poder. En el caso de la comunidad campesina de la vereda El Naranjal del municipio de Medellín (Antioquia-Colombia), donde se logró reconocer que las afectaciones a su diario vivir parten de la construcción de un megaproyecto vial de interés prioritario para la nación, el cual afectó la vida campesina y la permanecía en el territorio en condiciones dignas con garantía de los derechos fundamentales.
Palabras clave: Territorio, ruralidad, urbano, desarrollo, afectaciones, resistencias, defensa del territorio.
Abstract: Economic development as a global goal imposed in the national, regional, and local order has ended up becoming an enemy of the planet itself, an economic development divorced from nature and man itself, which will constantly lead to a series of affectations, which transgress rights, ways of life of communities, by applying an exercise of vertical power, in a clear asymmetry of power. In the case of the peasant community of the El Naranjal village of the municipality of Medellín, Antioquia, Colombia, where it was possible to recognize that the affectations to its daily life are based on the construction of a road megaproject of priority interest to the nation, which affected the peasant life and its permanence in the territory in decent conditions with guarantee of fundamental rights.
Keywords: Territory, Rurality, Urban, Development, Affectations, Resistance, Defense of the Territory.
El inicio de esta investigación implica comprender principalmente, cómo la implementación del llamado “desarrollo”, que favorece el crecimiento y ganancia de empresas globales, incidiendo en las agendas de decisión de los Estados, puede afectar de forma positiva o negativa los territorios de los grupos sociales asentados en ellos, sobre el entendido que poblaciones ubicadas en zonas donde se proyecta la implementación de una megaobra, han venido sufriendo una serie de afectaciones no previstas, o entendidas como colaterales de baja intensidad, en pro de lo que hasta el momento nadie ha podido definir con precisión como lo son los términos: interés general; utilidad pública e interés social.
Para lo anterior se propuso contribuir en identificar las tensiones generadas por las obras, megaobras e intervenciones focalizadas del Estado en el territorio versus las prácticas urbanas, campesinas y agrícolas reivindicadas por la comunidad como componente endógeno del territorio habitado y resignificado. Analizando el proceso de organización de las comunidades, sus estrategias de resistencia, confrontación desigual con el aparato empresarial y estatal, sus estrategias jurídicas de defensa del territorio y, además, buscando aportar en el fortalecimiento organizativo que permitiera fortalecer dicha estrategia en términos de justicia.
En el presente texto, presentaremos el caso de la Vereda El Naranjal, del corregimiento de San Cristobal, de la ciudad de Medellín (Colombia) una comunidad de 74 familias, campesinas, cultivadoras, afectada en distintos momentos, por la construcción del Túnel Juan Gómez Martínez y luego, en la misma zona, la construcción de un segundo Túnel de conexión hacia el Occidente Colombiano, la zona del Urabá antioqueño.
Para éste fin presentaremos un contexto rápido, de las obras y proyección de implementación de grandes obras, su objetivos, consecuencias, en el departamento de Antioquia (Colombia), su relación con la planeación de la ciudad de Medellín, para llegar a la experiencia de resistencia de estas 74 familias campesinas afectadas por las obras del llamado desarrollo, vale anotar que este caso se asume como recorte de una realidad más amplia, de mayores afectaciones en todo el municipio de Medellín, la región y el país.
Desarrollo e impactos: Antioquia, la mejor esquina
El desarrollo, visto no como un elemento no diferenciador sino como forma unívoca de hacer las cosas, también se ve definido en lo regional como una muestra de imposición política, económica y cultural del mercado global, aunque con pequeñas variaciones frente a los tipos de desarrollo, como se evidencia en esta columna de Mercado (2017) al decir:
Y Antioquia no quiere quedarse atrás de esa dinámica, por lo que desarrolla, actualmente, soluciones portuarias en la subregión de Urabá con los que espera mover el desarrollo de la región. “Han sido tantos los intentos que ha tenido Antioquia para tener su puerto que, a veces, creíamos que iba a ser una obra imposible”, dijo el gobernador de Antioquia Luis Pérez. Actualmente, a falta de uno, son tres los que se están llevando a cabo y que este año concretaron su construcción: Puerto Antioquia, Puerto Pisisí, en Turbo y Darién International Port, en Necoclí. No compiten. Los gestores de cada proyecto coincidieron en opinar que si otras zonas portuarias, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena o Barranquilla, tienen varios puertos, Urabá puede tener tres. “Si Cartagena tiene 18 muelles ¿Por qué Urabá no puede tener tres o hasta más? Esto ayuda a la dinámica económica” (Mercado, 2017).
Vías, puertos, reordenar productivamente el territorio, economía extractiva, hacen parte del desarrollo del proyecto “Antioquia la mejor esquina de América” que busca conectar la región con el mercado global, proceso que ya lleva varias décadas implementándose:
La salida al mar Caribe por Urabá se acerca cada vez más. Proyectos planteados hace más de medio siglo para la conectividad con el occidente antioqueño y mover la carga más rápidamente hacia Urabá y de allí hacia puertos en la costa Atlántica, el interior y sur de Colombia hoy avanzan por entre montañas, trochas y viejas carreteras. Con ese fin arrancaron proyectos viales de la cuarta generación de concesiones (4G) como los Pacíficos 1, 2 y 3, Vías del Nus, Conexión Norte, Magdalena 2 y autopistas de la Prosperidad Mar 1 y Mar 2. Las inversiones superan los 15 billones de pesos (El Tiempo, 2017).
“En el año 2020, Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la Naturaleza”. Esta visión nació en 1998, mediado por la Ordenanza 012, el Plan Estratégico de Antioquia (Planea), fruto de la articulación de empresarios, políticos y sector público con el fin de anclar la región al mercado global.
Es así que, Antioquia, se ha constituido en un laboratorio donde se han implementado estas directrices marcadas por los organismos multilaterales que dictan lo que se debe hacer para ser incluido en el mercado global, ocupando eso sí, el lugar que dichos organismos definan.
Este modelo ha sido implementado por fases, etapas y ha estado marcado por el incremento de los conflictos sociales, culturales, territoriales, por la expulsión de comunidades enteras, así mismo por la implementación de diversas estrategias de control militar legal e ilegal (paramilitar).
De esta última estrategia da cuenta Claudia López (2007) quien asegura que existió una ruta del avance del accionar paramilitar en cabeza de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] en su último periodo de consolidación, durante los años 1997 y 2007. (Cadavid, Insuasty Rodriguez, Restrepo, & Balbin, 2009; Borja Bedoya, y otros, 2016; Zuluaga Cometa & Insuasty Rodriguez, 2017)
En esta perspectiva de desarrollar a Antioquia como departamento insertándolo en la cuenca del Océano Pacífico, es necesario referenciar que Urabá es estratégica para el desarrollo de este proyecto por su ubicación Geoestratégica (Gobernación de Antioquia, 2012), su carga mineral (Molano, 2009), su riqueza productiva agrícola y ganadera (Borja Bedoya, y otros, 2016).
De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta apuesta impacta las regiones, el uso y destinación productiva de los territorios, así mismo, a sus comunidades campesinas, indígenas, negras que allí habitan y al medio ambiente. Esta apuesta en Antioquia contó con la participación de:
[…] la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Uniban, Banacol, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la Fundación para el progreso de Antioquia (Proantioquia). La planificación, los diseños, estudios y concesión de la obra, se calcula que dure tres años y está estimado en USD140 millones”. (Legiscomex, 2013)
Se aseguraba que:
La ubicación de un puerto de gran envergadura en Urabá es beneficiosa para Medellín y Antioquia, porque facilitaría el acceso de esta región a mercados globales, al impulsar la producción industrial y comercial del país. Además, el terminal marítimo se convertiría en la zona de mayor progreso económico y social del departamento, a través de su cercanía con el canal de Panamá y el fácil acceso a los mercados de EE UU y Sudamérica (Legiscomex, 2013)
Esta riqueza y las ventajas de su ubicación geográfica, han hecho de esta región una zona de constante disputa política, social, económica y armada. Allí confluyen intereses globales tanto de Corporaciones globales, grupos económicos regionales, élites políticas locales, y es en medio estos intereses que entra en escena actores armados, el paramilitarismo, el Ejército colombiano, y las guerrillas que hacen presencia desde los años sesenta, principalmente el Ejército Popular de Liberación Epl y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo - Farc- Ep. Por su parte, las Autodefensas intensificaron su accionar en la zona a partir de 1987 consolidándose a partir de 1994 cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño (Acnur, 2004). Hoy las autodefensas-paramilitarismo negociaron la dejación de armas con el Estado Colombiano en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2005) y las FARC-EP negociaron hacer política sin armas en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2016). Para hoy (2020) aún y los acuerdos firmados, debido al interés económico en esta región y su ubicación geográfica perviven los diversos conflictos, y se sostiene una confrontación armada de grupos legales e ilegales que intentan copar los espacios dejados por la insurgencia de las FARC-EP.
Así mismo se avanza en la implementación y reordenamiento territorial, según estos intereses globales donde las élites locales ganan una mejor posición por el manejo privilegiado de la información, la concentración de poder, riqueza y la captura de la administración pública departamental y municipal caso concreto el desarrollo del megaproyectos portuario en el que se resalta Puerto Antioquia en el Urabá, terrenos que hoy pertenecen a grandes empresarios y respetadas familias como la del gobernador Aníbal Gaviria (2020-2023), en un uso escandaloso de privilegios, uso de lo público para intereses privados, tráfico de influencias, tan comunes en Estados como el colombiano; un caso que incluso, exigió al gobierno central el nombramiento de un Gobernador Ad Hoc para la gerencia misma e implementación de éste megaproyecto (Montoya, 2020).
Se trata entonces, de una planeación que incluye de suyo y de base, el reordenamiento de Medellín, en tanto la ciudad se prevee como tránsito de mercancías, zonas de apalancamiento de negocios, centro de control del tráfico de dichas mercancías para lo cual se requieren inversión en tecnología, conexión rápida con los puertos terrestres y aéreos, etc. Una amplia gama de servicios y logística para garantizar estos intereses lo que implica pensar y proyectar la región a medina y largo plazo, como es el caso de la proyección presentada en público, de Medellín 2050, la mega ciudad (El Colombiano, 2020), en tanto estos empresarios van pensando según las necesidades del mercado global, su ventaja frente a éstos escenarios, aunque ello implique excluir de los beneficios a la población local, generando constantes expulsiones y mayor empobrecimiento.
Medellín
Capital del departamento de Antioquia; con más de 2.508.452 habitantes, según proyecciones del Departamento Administrativo de Estadísticas Colombia, Dane a 2018, constituyéndose como la segunda ciudad más poblada del país. Cuenta con 5 corregimientos de gran extensión con un porcentaje de población rural, siendo la mayoría urbana.
Es el segundo centro económico de Colombia en el cual se destaca su sector financiero, industrial, comercial y de servicios. Aún esta ventaja, la ciudad cuenta con alto porcentaje de pobreza multidimensional fue del 12,7% de la población (2018), la pobreza monetaria fue del 14,2% (2017) y la de pobreza extrema del 3,6%.(Dane, 2019), casi el 50% viven con menos de 2 dólares al día (Banco Mundial, 2019).
Se trata de una pobreza que se hace más evidente en las periferias de la ciudad.
A marzo de 2020, la tasa de ocupación en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de un 52,8%, la desocupación desempleo del 13,4%, pero, de la ocupación informal en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue del 47,9%, (Dane, 2020). Así, se cuenta no solo con alto índice de desocupación sino de un preocupante índice de informalidad o precarización laboral entre la población que se registrar como ocupada (empleada).
La problemática de la ciudad está trazada por el modelo de desarrollo que los gobiernos han implementado ya desde hace varios años: toda una apuesta que busca mercadear a Medellín como una Ciudad Región, y a Antioquia como la mejor esquina de América. Se acompaña este ejercicio de un relato que ha buscado posicionar a la ciudad como una urbe “moderna” con un desarrollo permanente, resaltando que en ella se pueden realizar eventos de talla mundial estando a la altura de las supuestas grandes ciudades del mundo occidental.
Se resalta como uno de los principales actores gestores de esa planeación y visión de ciudad al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), poder real detrás de cada gobernante de turno, quienes delimitan la real inversión y la dirección que le dan a la ciudad y la región. Otro actor que ha incidido en ésta lógica, es el aparato paramilitar como fue registrado por múltiples versiones libres de comandantes quienes afirmaron haber desarrollado un proyecto de la mano de sectores empresariales, gamonales, mafiosos, político y militares en Colombia (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2017).
El llamado “desarrollo” en Colombia ha generado una presión importante sobre la vida, dignidad, futuro y derechos de las personas vulnerables, la mayoría asentadas en los barrios periféricos de la ciudad, zonas de invasión, asentamientos, barrios no legalizados, la mayoría provenientes de manera directa o indirecta como hijos de las familias desplazadas por el conflicto armado. Antioquia puntea en dichos indicadores, según la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas (UARIV): de 6.534.857 habitantes del departamento, 1.645.840 se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado (Unidad de Víctimas, 2016).
La planeación de las ciudades se hace aún y a pesar del bienestar de las mismas comunidades, ya que se generan re-victimizaciones, procesos de reasentamientos sin garantías, se vulneran sus entornos, sus redes de apoyo, su cultura, e incluso es puesta en riesgo su vida debido a los altos índices de violencia que registran algunos barrios de Medellín. La cifra de asesinatos al 31 de diciembre de 2018 en la ciudad fue de 625 personas, representando el tercer año consecutivo en que aumentaron las muertes (Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, 2018). La ciudadanía hoy parece estar exclusivamente reservada para aquellos que tienen dinero para pagar por dichos derechos. Se construye una Medellín para unos pocos, amplios sectores poblacionales van quedando excluidos y marginados, sus derechos quedan vulnerados, no son escuchados, su participación se limita a “escuchar” lo que se ha planeado y se hará en sus territorios, es una ciudad que expulsa a su gente, a quienes desde sus bases la construyeron.
Poblaciones que se van configurando como víctimas del desarrollo, comunidades afectadas por una planeación impuesta desde lo global, a lo nacional, que baja a lo regional, y se concreta en lo territorial.
Son múltiples los casos de población afectada por el llamado desarrollo y que se han mencionado, situaciones que configurarían ser víctimas del mismo por los malos procedimientos (violación al debido proceso), las bajas indemnizaciones, no se protege como condición prioritaria los derechos de los habitantes, de los moradores, al punto que no se cuenta con una política clara para ello (Mesa, y otros, 2019). Esta realidad de orden nacional golpea con mayor crudeza a las poblaciones vulnerables, grupos étnicos, campesinos, víctimas del conflicto armado, pequeños propietarios, pequeñas y medianas iniciativas económicas, lo que ha ido generando la necesidad de organizarse para defender derechos y reclamar lo justo.
Así es como hoy, vienen creciendo en Colombia nuevas formas organizativas, redes que articulan acciones múltiples bajo acuerdos mínimos desde lo teórico, plataformas para luchar por la dignidad, procesos étnicos territoriales en articulación nacional por la defensa de la madre tierra, por la vida, la defensa del agua, el medio ambiente, la vida animal, todo lo que se vea afectado hoy y a futuro, por el llamado desarrollo: se trata de un asunto ético-político, gracias al que estos grupos diversifican sus luchas. Son diversos procesos de formación de una nueva generación consciente y comprometida eco-políticamente.
Ejes como el de la lucha política-jurídica y de movilización constante: dentro del eje de lucha política-jurídica ha sido muy significativo el movimiento de consultas populares en Colombia que ha puesto condiciones al extractivismo y le ha dado voz a las comunidades como sucedió en Cajamarca donde 6.165 votos dijeron no contra 76 por el sí (Redacción Digital Blu Radio, 2017). Estos movimientos lograron que la Corte Constitucional en uno de sus fallos –sentencia T-622 de 2016– reconociera la autonomía territorial consagrada en la constitución de 1991 y declarara al Rio Atrato como sujeto de derechos. En el eje de movilizaciones sociales, son numerosas las temáticas, grandes y contundentes las mismas cuando se convoca en defensa de la vida, del agua, de la diversidad biológica, del derecho a la educación, entre otros. Quienes han logrado mover sobre todo a la nueva generación de jóvenes.
Todos estos procesos que debe avanzar hacia la construcción de agendas sociales, capacidad organizativa local, regional, nacional, capacidad de incidir en las decisiones de los público y repensar el concepto de desarrollo, construyendo otros mundos posibles, repensando las maneras de ser sociedad y naturaleza. Por eso, los afectados por el desarrollo en Colombia se encuentran en cada rincón del territorio.
Metodología. Investigación, formación, movilización
No son pocos los casos de afectaciones por el llamado desarrollo. Hemos indagado previamenre sobre los casos en Medellín: la comuna 3: barrio Bello Oriente; la comuna 4: barrio Moravia; la comuna 5: la Paralela y el puente de la Madre Laura; la comuna 6: 12 de Octubre; la comuna 8: barrio Las Mirlas; comuna 9: La Pastoral, Miraflores y San Luis; la comuna 10: el centro; comuna 11: Laureles; comuna 16: la microcuenca La Picacha (Mesa, y otros, 2019). En otros municipios de Antioquia se han analizado los casos del Bajo Cauca, específicamente en Cáceres; Ituango; y en el occidente de Antioquia, el municipio de San Jerónimo, vereda Mestizal (Kavilando, 2017; Kavilando-Redipaz; 2017; 2018; 2018a) y en el Oriente Antioqueño el caso de las afectaciones ante el proyecto de potenciar la construcción de hidroeléctricas y microcentrales en el oriente cercano y lejano de Antioquia.
La investigación que da origen al presento texto, a modo de recorte de realidad, centra su mirada, en esta oportunidad, en el caso de la vereda El Naranjal del corregimiento de San Cristobal, en la ciudad de Medellín (Colombia), comunidad compuesta por 74 familias, campesinas, victimizadas por la construcción del túnel Juan Gómez Martínez y un segundo Túnel vía Occidente.
Para lo anterior, se construyó una metodología de investigación acción-colaborativa, la cual se funda en los parámetros de la IAP (Investigación Acción Participativa) como una construcción simultánea entre intelectuales estudiosos y agentes del cambio (la población afectada), dirigida a afrontar las inequidades del poder y potenciar la autonomía popular, defendiendo la vida en sus múltiples manifestaciones, adelantando la construcción de una ciencia útil y pertinente a través del acompañamiento y participación de la ciudadanía (Fals Borda, 1999, p. 88) manteniendo bajo la práctica la construcción de conocimiento para transformar la realidad (Fals Borda, 1979) Para ello se propuso, inicialmente, trabajar para contribuir en la cualificación de las acciones sociales y políticas de la comunidad de la vereda El Naranjal en el corregimiento San Cristóbal, orientadas a la defensa y reivindicación de su territorio, pero la misma investigación y propuesta nos llevó a extender el radio de acción a varios municipios del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín.
Para ello se identificaron las tensiones generadas por la construcción de la vía Mar 1, cómo se dieron las prácticas campesinas, agrícolas y la búsqueda de su reivindicación, desde la comunidad misma como componente endógeno del territorio habitado y resignificado. Adicionalmente se analizó el proceso de organización de la comunidad de la vereda El Naranjal, su capacidad de movilización y reivindicación de derechos en el marco del inicio de la construcción del túnel 2 de occidente del proyecto Mar 1, buscando como objetivo recuperar algunos insumos que dieran cuenta de las afectaciones, de sus luchas por la defensa del territorio, de las maneras de proceder de la institucionalidad Estado y del consorcio empresarial encargado de ejecutar la obra, trabajando adicionalmente la estrategia jurídica de defensa del territorio.
Este ejercicio de investigación surge en un momento en el que la comunidad de la vereda El Naranjal del corregimiento San Cristóbal (Medellín), ya venía consolidando un proceso de movilización y organización comunitaria que le permitiera hacerle frente a un nuevo proyecto:
Mar 1, que comprende mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en el tramo Medellín (Conexión Vial Aburrá - Cauca) - Santa Fe de Antioquia, construcción del segundo tubo del Túnel de Occidente, rehabilitación de la vía entre Santa Fe de Antioquia y el Corregimiento de Peñalisa (Municipio de Salgar) incluyendo el mejoramiento del puente de Peñalisa sobre el río San Juan y rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía entre Santa Fe de Antioquia a Cañasgordas (Devimar, 2019).
Ante los anuncios e inicio de ésta nueva obra en su territorio, la comunidad empezó a movilizarse y a fortalecer su capacidad organizativa en tanto, luego de más de 10 años, no se les han cumplido con las reparaciones de los daños y afectaciones causados por el primer Túnel Juan Gómez Martínez. Las comunidades saben que este nuevo proyecto, aumentará las afectaciones causadas en su territorio y que de igual forma, no les cumplirán ni responderán por los daños y afectaciones.
En tal sentido, los campesinos y campesinas habitantes de la vereda realizaron diversas actividades que en primera instancia se encaminan a visibilizar su situación y a buscar acompañamiento social, jurídico, académico y político de diversos sectores sociales, para con ello, fortalecer su capacidad organizativa, que servirá para la defensa de sus derechos y el territorio.
El proceso de investigación-acción-colaborativa, se realizó a través del acompañamiento y la participación en: socialización de la problemática a los viajeros del túnel de occidente, generación de eventos de ciudad como el Foro Afectados por el desarrollo realizado en la Universidad de San Buenaventura sede Medellín, la gestión de audiencias públicas, asambleas comunitarias de la vereda El Naranjal, espacios formativos y acompañamiento en las interlocuciones con la empresa Devimar y delegados de las instituciones del Gobierno Nacional. Se buscó, contribuir en la cualificación de las acciones sociales y políticas de la comunidad de la vereda el Naranjal orientadas a la defensa y reivindicación de su territorio, procurando identificar las tensiones generadas por la construcción de la vía Mar 1, megaproyecto vial y las prácticas campesinas y agrícolas que son reivindicadas por la comunidad como componente endógeno del territorio habitado y re-significado, y al mismo tiempo analizar el proceso de organización de la comunidad de la Vereda el Naranjal, su capacidad de movilización y reivindicación de derechos en el marco del inicio de la construcción del túnel 2 de occidente del proyecto Mar 1.
Resultados
Comunidad campesina de la Vereda el Naranjal, una lucha por la dignidad
La construcción del Túnel de Occidente, llamado Juan Gómez Martínez, en la ciudad de Medellín, generó para la comunidad impactos negativos no tratados, como el agrietamientos y caídas totales de casas, pérdida de la capacidad productiva agrícola y pecuaria, desaparición de afluentes de agua, altos niveles de contaminación del aire y auditiva, y daños en la infraestructura vial de la vereda y las veredas vecinas.
A 2019, 10 años de haberse construido el primer Túnel, se anunció que el megaproyecto vial denominado Mar 1, construirá una segunda boca-túnel y un sistema de viaductos paralelos a la carretera. Las comunidades serán afectadas nuevamente, aún sin haber sido reparadas de los daños causados por la construcción del primero túnel. Los hechos y las afectaciones se repiten. Aún existen deudas no resueltas, con las familias de la vereda El Naranjal en cuanto a obras de compensación, reparación, mitigación y hasta indemnización por daños a causa de las obras y funcionamiento del túnel Fernando Gómez Martínez.
Mar 1, un megaproyecto víal de orden nacional, busca conectar el llamado triángulo de oro: esto es, el centro de producción nacional constituido por el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Bogotá; hace parte del componente de integración vial nacional y pretende reducir el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá de 10 a 4 horas (ANI), ésta es la razón de su condición de obra estratégica y de interés nacional. De hecho, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, sostuvo que “este proyecto reviste especial importancia para Antioquia, pues permite la conexión de Medellín con el Puerto de Urabá mediante una autopista amplia, moderna y segura, que mejorará la competitividad y el comercio exterior del país” (El Colombiano, 2016) que junto a otras obras como el túnel del Toyo, que conectará a los Municipios de Santa Fé de Antioquia y Cañasgordas, facilitará el flujo de mercancías del interior del país hacia la Costa Atlántica y viceversa (Cano, 2012).
La comunidad campesina de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, quienes entienden la importancia del progreso del país, manifiestan que: “no estamos en contra de la construcción del proyecto Autopista al Mar 1, estamos en contra de que por medio de este, se nos vulneren nuestros derechos constitucionales” (Mejía Murillo, 2018).
No es posible que los recursos económicos, técnicos y profesionales que se asignan para que estos proyectos sean un éxito, se usen para vulnerar derechos de las comunidades campesinas. Esto ha derivado en que estos proyectos queden con muy mal nombre entre las poblaciones afectadas, y lo más grave, que, al día de hoy, nadie, ni el Estado colombiano, ni la empresa privada, le responden a las comunidades por los daños causados. Después de la construcción del primer túnel se aumentó la inconformidad entre los afectados y afectadas por los daños dejados, lo que generó un retraso de este proyecto de interés nacional e internacional con consecuencias para la economía del país. Ahora bien, la comunidad campesina de la Vereda El Naranjal, decidió organizarse para exigir sus derechos, ante este nuevo anuncio.
Relacionaremos aquí algunas reflexiones de este importante proceso de organización y lucha, algunas acciones emprendidas, las redes que lograron estructurar, el papel de la academia, de grupos y organizaciones sociales y populares, así mismo, sus limitantes. La comunidad de la vereda El Naranjal, ha logrado articularse y luchar para ser tenida en cuenta, buscando se restablezcan sus derechos, su lucha ha sido larga, compleja, dura. Un ejercicio de resistencia y aguante, pues el trato de la empresa Devimar, de la institucionalidad local y nacional ha estado cargado de mentiras, dilaciones y hasta de menosprecio.
Han logrado, como comunidad, ganar consciencia, darse cuenta de su historia, defender sus derechos, alzar su mirada y sus reclamos justos, ganar dignidad superando la desesperanza aprendida, el miedo y los factores tan desfavorables para reclamar derechos en Medellín y Colombia. Así mismo, han logrado tejer redes de apoyo con otros procesos en la ciudad buscando ganar voz, fuerza en sus justos reclamos.
Esta es una muestra, a modo de recorte de realidad, de lo que ocurre en la ciudad y en todo el país, efectos de un modelo económico impuesto.
A continuación, relacionamos el contexto de la zona afectada y de la comunidad: contexto Geográfico, histórico y social con el fin de ubicar al lector.
La Vereda El Naranjal está ubicada a 20 minutos de la cabecera de San Cristóbal, occidente de la ciudad de Medellín. El Naranjal limita con la vereda El Boquerón, El Llano y la Cuchilla; está integrada a los circuitos económicos de la ciudad de Medellín: allí se cultivan principalmente cebolla de rama, flores, cilantro, lechuga y coles.
Esta vereda recibió este nombre por los abundantes árboles de naranja que tenía una finca ubicada a la entrada del Túnel de Occidente; estos, con el paso del tiempo, fueron desapareciendo y quedó el nombre como recordatorio de estos cultivos. Se conformó inicialmente de 4 familias: Velásquez, Ortiz, Peña, Cano, quienes aún hacen presencia en el territorio, con sus descendencias. Devengaban su sustento de los productos que cultivaban como el maíz, plátano, yuca y algunas legumbres que eran llevadas a la ciudad para ser vendidas.
La Junta de Acción Comunal (JAC) nace de la mano del líder Gilberto Velásquez en 1975, y es gracias a ella que se logran mejoras en las vías, el primer puente para cruzar la cañada La Iguana, entre otras obras para el beneficio comunitario que se hacía gracias a los llamados “convites”, toda la comunidad aportando mano de obra e insumos para un mismo objetivo.
En ésta lógica, en 1980 se “abrió la trocha”, el camino que les llevaba hasta el casco urbano del corregimiento. Este se amplía permitiendo pasar mulas y arrieros cargados para abastecer el comercio y trasladar mercancías. En 1984, se construyó un mejor puente sobre la quebrada Iguana; en 1.985, entra el primer carro hasta el territorio de la vereda. En 1986 se fortalece el camino; en 1988, ubican el primer teléfono público en la vereda, en el 2000 se construye una nueva sede de la Junta de Acción Comunal JAC. En el 2003 se construyen senderos peatonales y caminos en cemento, para transitar entre vecinos. (Mejía Murillo, 2018).
La comunidad ha construido y adaptado su territorio, no se oponen al llamado desarrollo; de hecho, la comunidad campesina de San Cristóbal entiende la importancia del progreso del país, no está en contra de la construcción del proyecto “Mar 1”, está en contra de que, por medio de este, se vulneren sus derechos constitucionales.
Con la construcción del túnel Fernando Gómez Martínez, inaugurado en el 2006 en la zona, se presentaron agrietamientos en muchas viviendas y hubo pérdida total de otras, desaparecieron varios afluentes de agua y por la pérdida de la humedad del suelo disminuyó considerablemente la producción agrícola, los afluentes que no se secaron disminuyeron su caudal y se contaminó el medio ambiente. Ni el municipio, ni el departamento ni el gobierno central, se han apropiado de estos daños y estas reclamaciones; por el contrario, han dilatado respuestas concretas. La responsabilidad gira de institución en institución, pero nadie en sí, asume la responsabilidad. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dice que es el consorcio Devimar, el municipio dice que es una obra de interés nacional y es responsabilidad del gobierno central, y así, sin que nadie tenga una respuesta concreta. Así mismo, ante la construcción del segundo túnel, paralelo al primero y al interrogar a la empresa operadora del nuevo túnel sobre la reparación de los perjuicios causados por el primer túnel construido, manifiestan que la comunidad debe reclamar estos daños a los constructores del proyecto anterior, consorcio que ya no existe.
La vereda afectada, El Naranjal, está compuesta por 74 familias, un total de 226 habitantes. Se asumen en su mayoría como campesinos. Producen: cebolla, espinaca, col, cilantro, verduras, frutas, aromática de todo tipo y cultivo de flores, entre otros, además, cría de aves, cerdos, conejos. Sus productos, manifiestan, se comercializan en la plaza minorista de Medellín. Dicha producción se vio afectada, manifiesta la comunidad, luego de la construcción del túnel Juan Gómez Martínez (primer túnel), en tanto los suelos se fueron secando, perdiendo humedad y con ello la carga de producción acostumbrada, lo que impactó directamente en la economía familiar y su sustento.
La comunidad así mismo, manifestó, en un evento realizado el 25 de agosto de 2017, en la Universidad de San Buenaventura, que las principales afectaciones derivadas de la construcción del primer túnel, eran:
Agrietamiento de viviendas y pérdida total de otras. La producción agrícola de los campesinos de San Cristóbal y Palmitas está a punto de desaparecer, por tanto, se requiere incentivos a la producción como subsidios, asesoría técnica y cadenas de comercialización. Sistemas de riego y acueductos veredales con pagos justos; demás mecanismos y tecnologías que permitan darle solución al problema de pérdida de afluentes de agua o disminución de otros. Compensaciones por las diferentes contaminaciones generadas por el túnel como: del medio ambiente y de ruido. Daños en la infraestructura vial de las veredas. Falto cumplimiento de algunas obras de infraestructura como: compensación por afectaciones, tales como puentes peatonales, escuelas, placas deportivas (Afectados y afectadas por el Túnel de Occidente, 2017).
En éste mismo evento, programado entre la comunidad, Redipaz y Kavilando, manifestaron que lo que le solicitaban al Estado y a Devimar como consorcio constructor del segundo Túnel era:
Acompañamiento social y técnico a las comunidades por 20 años, con el fin de asegurar la estabilidad de las familias en el territorio y una reparación oportuna, por los problemas que surjan derivados de la construcción del nuevo túnel. Elaboración de un estudio Geo-técnico sobre el riesgo de remoción en masa de la vereda El Naranjal y la Cuchilla (San Cristóbal) Reubicar el peaje, en un sector donde no se afecte el derecho a la ciudad de las comunidades campesinas de Medellín. Tal y como lo presentaron ante el ministerio y la ANI, la JAL de Palmitas. Revisar la valorización de los predios, en relación con el proyecto. Garantizar unos precios justos y concertados con los campesinos y campesinas, con respecto a los precios ofrecidos para la compra de sus predios. La construcción de escenarios deportivos, educativos y culturales para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes del territorio. Reparación de los daños generados al medio ambiente: Reforestación dentro del territorio, privilegiando cuencas hídricas. Compra de terrenos para conservación. Recuperar y promover el patrimonio cultural de la zona como el famoso “Camino del Virrey”. Explorar otros métodos de excavación, que no contemplen explosivos. Y otros que surjan en el proceso de diagnóstico y concertación entre las comunidades, la empresa y el gobierno (Afectados y afectadas por el Túnel de Occidente, 2017).
Así mismo, manifestaron que no contaban en su territorio con infraestructura en: salud, internet, acueducto, recreación y educación. Insistieron en la necesidad de mejorar la economía de los campesinos y campesinas, empleo para las y los jóvenes, sistemas de riego y acueducto, espacios deportivos, espacios educativos e infraestructura de las viviendas.
En el programa Radio Kavilando (2017) relacionó en la voz de las comunidades éstas afectaciones y el temor de las familias que habitan la Vereda El Naranjal. Así mismo, de manera tajante exigieron además (al Estado), ponerse al día con todas las deudas ante los acuerdos asumidos del proyecto anterior:
Compensaciones ambientales. Obras de mitigación de daños. Indemnizaciones donde hubiere lugar. En cuanto a la nueva obra, le exigió la comunidad a Devimar y al Estado: Una negociación justa en la compra de predios. Que se paguen y cumplan los anteriores compromisos. Que se garanticen las obras de compensación y mitigación. Que el peaje sea llevado fuera de Medellín para que no perjudique más a los habitantes de estas veredas que ven vulnerado su derecho a la ciudad (Kavilando Radio, 2017).
Discusiones
Fueron múltiples las acciones de visibilización de ésta problemática, realizada por la comunidad, sus líderes y con el apoyo de organizaciones como Kavilando y Redipaz, todo sustentado en la capacidad organizativa de la misma comunidad que abanderó esta importante lucha por sus derechos. Así mismo, generaron estrategias de formación y cualificación: entre las acciones coordinadas de éste ejercicio de resistencia comunitaria se destacan:
Fortalecimiento organizativo
Comprendió la comunidad que era necesario fortalecerse como organización de campesinos y campesinas afectadas por las obras del desarrollo, para hacer frente a las acciones de la empresa y, consecuentemente, a los olvidos de la institucionalidad, escenario base para tomar decisiones colectivas, conocer mejor la problemática, diseñar agendas de acción común. Vale resaltar que estas acciones son desgastantes, en tanto la institucionalidad y la empresa actúan de manera articulada, generando para la defensa de los derechos una serie de trámites burocráticos que requiere tiempo y recursos económicos. Dedicarse a ello implica ir quitándole tiempo a las labores de la cuales se obtiene sustento, papeleos que gastan dinero que por su condición económica les resulta pesado y de manera colectiva; en sus discusiones van surgiendo ideas, claridades, lógicas de acción de esa unión empresas – institucionalidad, y también como grupo de apoyo ante la desesperanza.
Formación, cualificación e investigación
Formarse fue esencial, todo girando en torno a lo organizativo, entender conceptos, ganar en discurso y contraargumentación, pues fue evidente la dinámica de descalificación por parte de los funcionarios de la empresa y la institucionalidad, buscando desestimar las propuestas de los campesinos afectados, la dilación y la constante búsqueda de confundirlos para ganar su atención y decisión de entrega de sus bienes, o acceso a sus viviendas para generar, por ejemplo, los procedimientos iniciales para empezar la obra. En este proceso formativo y de investigación fue necesario aprender a identificar y con sustento quienes son, cuántas familias, sistematizar los daños, sustentar las propuestas.
Incidencia en Medios y redes de apoyo colaborativo con entidades como la Personería, la Defensoría, Universidades
Gracias al trabajo colectivo, se fue identificando en su agenda de acción, la necesidad de ganar visibilidad, articularse con otros procesos para ganar apoyos solidarios y políticos, para ser más fuertes a la hora de presentar sus problemáticas y buscar soluciones; así mismo, sumar fuerza en las acciones de visibilización y en sectores como el académico, medios alternativos, medios masivos de comunicación, entidades defensoras de derechos humanos, entre otras.
Eventos simbólicos y de incidencia pública
De manera colectiva y con la fuerza de las redes articuladas, se lograron diversas acciones de visibilización e incidencia que dieron buen resultado, al punto de generar crisis y tensiones tanto en la empresa y la institucionalidad, e incluso tensiones entre la empresa y la institucionalidad. Entre las acciones, eventos académicos en la Universidad de San Buenaventura, acompañamiento de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz), Universidad Autónoma Latinoamericana, diversos espacios académicos, foros, debates, espacios de radio y publicaciones web alternativas, medios regionales y nacionales. De resaltar, el día de la independencia de Colombia (2017), fue aprovechado por la comunidad de la vereda para salir a la vía al túnel, contarle a los viajeros y visitantes las afectaciones sufridas con la construcción y operación de esta importante vía (Junta de Acción Comunal Vereda El Naranjal, 2017); así mismo, la llamada “Cilantratón”, una acción directa realizada el domingo 21 de enero de 2018, que consistió en regalar a las personas que se movilizaban por a boca del Túnel, a cada vehículo que por allí transitan, su producido de Cilantro, llamando la atención sobre sus problemáticas: este evento tuvo cubrimiento de medios locales y alternativos. Varias acciones de resistencia frente al consorcio Devimar, evitando la entrada de funcionarios a la vereda, denunciando cualquier intento de ingreso sin autorización de sus propietarios, como efectivamente ocurrió (Movimiento Afectados y Afectadas Túnel de Occidente, 2017), jornadas de distribución de volantes, entre las múltiples acciones que fueron ganando apoyo social, respeto institucional y por las que se fue abriendo la puerta para una negociación por medio de una mesa de concertación.
Apoyo de incidencia y control político en el Concejo de Medellín
Se resalta la labor realizada por concejales como Luz Marina Múnera, con quien realizaron varias acciones públicas de visibilización y de gestión para garantizar sus derechos, un logro alcanzado y de resaltar como una articulación necesaria para ganar visibilidad y voz en espacios de toma de decisión pública y de presión política que se logra gracias a la acción, en éste caso, de una concejala ética y comprometida con las comunidades.
Contenido de uno de los volantes distribuidos en las acciones directas de vibililización:
Estas acciones coordinadas, llevó a Devimar y a las autoridades locales y regionales, incluyendo la ANI, a establecer una mesa de concertación y negociación que se realizó en la vereda, en la misma Junta de Acción comunal, un importante logro de esta comunidad organizada de la vereda El Naranjal.
Ante los justos y contundentes reclamos de la comunidad campesina afectada por la construcción del Túnel Juan Gomez Martinez en Medellin, se instalará este jueves 22 de febrero, la mesa de concertación con la Gerencia inter-administrativa creada para tal fin (Redipaz, 2018).
Sin embargo, a pesar de la ganancia que representó ésta mesa, terminó siendo un ejercicio poco equilibrado en pleno ejercicio desmedido de poder, pues, el desgaste de cada acción de resistencia, y de cada reunión convocada genera pérdida de ingresos para las comunidades, no así para los funcionarios tanto de Devimar como de las autoridades locales y nacionales que cuentan con todo el apoyo y gestión eficiente, no así las comunidades que terminan siendo estigmatizadas y señaladas como ignorantes, opositoras del desarrollo, entre otros apelativos.
Se debe seguir ahondando en este ejercicio de resistencia, de formación de sujetos conscientes, en lucha por sus derechos. Éste modelo económico expulsa, atropella y no reconoce sus propias reglas de juego, aumenta así la desigualdad, la inequidad; no por ello, la lucha y la esperanza se pierden. Es necesario, por el contrario, hacer encontrar los diversos y dispersos esfuerzos, luchas y resistencias urbano-rurales, para hacer valer los derechos básicos, para construir agenda común, ganar fuerza colectiva y constituirse en un actor real de poder desde abajo.
Son evidentes los logros con escasos o nulos recursos, la puja valiente y decidida de ésta comunidad digna de todo respeto, la Vereda El Naranjal, ejemplo de dignidad, así mismo, el llamado a la academia, a los sectores sociales, a ganar en sentido, en profundidad de las llamadas apuestas de cambio, a juntar fuerzas y no desfallecer en la construcción de otras formas posibles de sociedad.
Conclusiones
El desarrollo económico, como meta mundial, nacional, regional y local, ha terminado convirtiéndose en un enemigo mismo del planeta; el desarrollo económico está divorciado de la naturaleza y el hombre mismo, lo que derivará en la constante vulneración de derechos y del uso desmedido de un poder vertical que se vale de una amplia asimetría del poder sobre comunidades indefensas, empobrecidas y sin una institucionalidad que les proteja de manera real.
En el caso de la comunidad campesina de la vereda El Naranjal, se logró reconocer que las afectaciones a su diario vivir parten de la construcción de un megaproyecto vial de interés prioritario para la nación, que afectó la vida campesina y la permanecía en el territorio en condiciones dignas con garantía de los derechos fundamentales.
Lo anterior busca significar que el territorio rural o urbano, en términos de su planeación institucional y empresarial, no responde a los imaginarios y necesidades de sus habitantes: el desarrollo como proceso y realidad se construye en forma piramidal de arriba hacia abajo, esto es de lo global a lo local y con una estrecha o nula participación efectiva de ciudadanas y ciudadanos. La gestión social de estos megaproyectos, termina resquebrajando el tejido social y el arraigo de las comunidades: se acentúan las desconfianzas, se anula paulatinamente su tejido social, sus labores económicas, e incluso se afecta su mirada de futuro, pues todo se pone en riesgo, dejándolas en peores condiciones que las que ya tenían, en tanto el suelo se hace menos productivo para sus actividades agrícolas, deben poco a poco empezar a buscar nuevos lugares habitacionales que con los posibles pagos e indemnizaciones no alcanzaría para cubrir los costos actuales de vivienda en la ciudad de Medellín, ciudad a la que pertenecen.
Se evidencia que la participación de las comunidades es inocua e ineficaz, se les ha mentido a las comunidades, no se les ha cumplido con lo pactado dejando en vilo eso que llamamos democracia. El Estado no protegió y tampoco protege hoy, de manera efectiva, los derechos individuales y colectivos, no surte efecto una negociación real, lo que se evidenció en una lógica de imposición, trato vertical, autoritario de los funcionarios del consorcio Devimar, con el aval de las instituciones del Estado que parecían dándoles cuenta a los empresarios del consorcio. Se nota un constante señalamiento, muchas acciones de invasión y daño a propiedad, búsqueda de desarticulación de las comunidades. La estrategia que mejor les ha resultado a la empresa constructora es la imponer todo el peso de la institucionalidad, la dilación, el desgaste en múltiples trámites, esto en tanto las comunidades en clara desventaja, pues se afectan sus dinámicas de sustento.
La burocratización y lentitud juegan a favor de la empresa: las reuniones constantes, papeleos, mayor gasto de pasajes desgastan a una comunidad que debe laborar día a día para sobrevivir, generando un constante desgaste económico, emocional, sobre todo, al no ver resultados reales, resquebrajando poco a poco la cohesión colectiva, minando la esperanza; en contracara, se nota un trato preferencial del Estado hacia la empresa que cuenta con los medios, dineros, instrumentos jurídico-políticos, con todo el poder para cumplir sus objetivos comerciales.
Se evidenció, además, un trato ofensivo y humillante ante las comunidades, dueñas legitimas del territorio: se les ve como de incapaces, trato generado por profesionales jóvenes, que son contratados por la empresa y que no conocen su territorio, desconociendo el saber popular, sus proyectos y apuestas.
Urge hoy, fortalecer esa capacidad organizativa resquebrajada, y con ella, la necesidad de generar alternativas, puesto que en varias ocasiones las acciones políticas y jurídicas terminan “mutiladas”, pierden fuerza y capacidad de incidencia colectiva cuando el Estado le resuelve a cada persona su afectación por separado, ocasionando una desarticulación de la organización social.
Urge a la par la necesidad de articular los procesos de defensa de derechos ante los atropellos del llamado desarrollo.
Construir agenda colectiva, pública de incidencia, ganar en capacidad organizativa, formación propia, cualificación e incidencia política.
Importante comprender que no se trata de defender derechos individuales, sino que se trata de elevar la lucha hacia lo colectivo y así mismo entender que se trata de ganar fuerza como movimiento y actores de poder, para articular propuestas de ciudad otro modelo alterno al ya existente y ponerlo al debate.
Crear alternativas, otros mundos posibles, crear e implementar unas políticas públicas que garanticen y protejan de manera cierta y real, a las comunidades que están inmersas en estas problemáticas, que tengan derecho a una vivienda digna, a que se les reconozcan las compensaciones e indemnizaciones justas, que haya claridad con respecto a quién es un morador y que en efecto se garanticen sus condiciones de vida sin ningún tipo de detrimento.
Es importante que desde el ámbito académico se avance en el estudio de problemas que afectan los territorios y las comunidades allí asentadas, así mismo, interactuar con ellas, y aportar elementos teóricos- académicos y metodológicos para una solución a los diversos conflictos emanados de los proyectos urbano-rurales, del llamado desarrollo, en tanto como constante, éstos terminan afectando la vida, la propiedad, la cultura y la permanecía de las comunidades en sus territorios históricos.
Existe en Colombia una larga tradición respecto a la defensa del territorio, desde movilizaciones, mingas, marchas, constituyentes municipales, hasta las recientes consultas populares llevadas a cabo en diversos municipios para impedir la expropiación de los territorios por cuenta del extractivismo sobre los recursos naturales: es el caso de la digna lucha de las 74 familias de la vereda El Naranjal, quienes siguen haciendo frente a un atropello constante.
Así mismo, tejer en esta articulación la posibilidad de pensar la ciudad soñada, para incidir de manear real en el Plan de Ordenamiento Territorial, que por lo general es pensado e impuesto por el empresariado (GEA) con mayor poder en la región.
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Notas
