El extractivismo y su incidencia en la zona occidental de Panamá

El extractivismo ha convertido a la región latinoamericana en un punto de exportación de recursos naturales por excelencia. Esta situación se puede remontar históricamente al inicio del “sistema-mundo” hace 500 años,[2] cuando la extracción de metales preciosos hacia Europa facilitó latransformación del sistema económico feudalista hasta el capitalista. Tanto Lander (2014) como Bebbington (2007) explican que el extractivismo impactó a las sociedades de América Latina con la extracción de sus bienes naturales para la exportación y la posterior importación de bienes industriales. De esta manera, la mayor parte de la historia económica y social de Latinoamérica puede ser vista a través de su relación extractiva.

Aunque la región transistista de Panamá formó parte del sistema-mundo desde el inicio del periodo colonial, al ser la zona por donde se transportaban los metales preciosos extraídos de Sudamérica hacia Europa, su región occidental - ocupada en la actualidad por las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, y por la comarca Ngäbe-Buglé, creada en 1997 - no lo hizo hasta comienzos del siglo XX cuando por medio del extractivismo agroexportador, una compañía bananera transnacional, la United Fruit Company (UFCO), creó enclaves en nuestro territorio, primero en Bocas del Toro y luego en Chiriquí, para la exportación del producto hacia los mercados centrales [Caldentley Albert y Caldentley del Pozo (1993) y Bourgois (1994)].[3]

El extractivismo incorporó a la zona occidental en el sistema-mundo, a través de la agroexportación, siendo el banano uno de los recursos naturales producidos y exportados en dicha zona para ser transformados en capital, fortaleciendo al sistema capitalista. Además tuvo efectos en su población, siendo los ngäbes una parte representativa, al producir cambios significativos en su visión de grupo, que ha repercutido en su asimilación o diferencia en la búsqueda de la aceptación de su igualdad con diversidad dentro de la sociedad panameña en general. Esto se evidencia desde la mitad del siglo XX, al convertirse de una etnia panameña, al cual el grupo central nacional había prometido una comarca sin mayores garantías, previendo alguna acción contraria al sistema establecido - tal como había sucedido en la zona oriental con los Gunas - a batallar por la adquisición por la misma.

Esto es comprensible desde el momento en que salieron de su aislamiento voluntario, optado en tiempos coloniales como protección a la explotación foránea, y participación en la expansión de los enclaves transnacionales. Y a pesar de existir de hecho una discriminación debido a la diferenciación, aunque en la actualidad no exista algún sustento legal como antes, un “hibridismo” ha ocurrido en su cultura al cohabitar con sus “otros”.

El extractivismo y la gobernabilidad en la zona occidental de Panamá

Si dentro de las consecuencias de la conquista de nuestra región estuvo el extractivismo y el inicio del sistema-mundo, formando sistemas apartados, con naciones dominadoras centrales y dominadas periféricas, el tiempo de comunicación entre ambas y la organización impuesta por las primeras, ocasionó que en la sociedad de los nuevos territorios se reflejara esta estructura sistemática, cuando los españoles y criollos ocuparon en los virreinatos en América una posición central, mientras que los no-blancos los niveles periféricos. No obstante, la nación conquistadora se benefició al monopolizar el comercio con sus territorios dominados, lo cual a largo plazo, afectaría a los criollos, creando fricciones entre ambos grupos y su posterior ruptura.

Al sistema-mundo haber alcanzado en la actualidad una amplitud global, y la mayoría de los Estados formar parte de él, la visión en la gobernabilidad de los pueblos podría renovarse. La idea construida acerca del Estado nacional, como una organización mediante la cual el grupo en la sociedad que lo construyó obtuvo una mejor accesibilidad al poder, es debatible. A nivel global es posible percibir la existencia de grupos aliados como centrales, en los diferentes Estados, y grupos divididos en periféricos. En América Latina se ha buscado modificar la antigua idea en donde el descendiente del “Yo” europeo se encuentre en estado de “superioridad” frente al “Otro”, en donde se aglomeran el indígena, el afrodescendiente, los mestizos e incluso el asiático, y han implicado diferentes soluciones en el espacio y el tiempo.

Por otro lado, los tipos de extractivismos en la zona occidental también han participado en la evolución del desarrollo del concepto de “comarca”. Mientras que en un inicio, con el extractivismo agroexportador, se tuvo sobre todo una aceptación de que fuera una región en donde los grupos indígenas eran recluidos, hasta que su mano de obra era requerida o dejara de ser eficiente en las zonas agropecuarias manejadas por los grupos occidentales, el posterior descubrimiento en su territorio de recursos naturales a ser explotados movieron a todas las partes a negociaciones favorables. Estas decisiones de los gobiernos de turno fueron tomadas aún cuando la Constitución establece que los yacimientos del subsuelo pertenecen al Estado.[4]

Se hace entonces necesario un estudio de cómo el extractivismo en general ha moldeado las relaciones culturales que ocurren entre los grupos que forman la sociedad panameña, pero específicamente en la zona occidental del país, así como su repercusión en el sistema político y económico nacional y local, que además tiene su impacto en el medio ambiente de la región.

Inclusión del grupo ngäbe en el extractivismo bananero

A pesar de la mención del establecimiento de los enclaves bananeros a comienzos del siglo XX, los ngäbes no necesariamente se incorporaron a estos desde sus inicios. Young (1978) cita a Johnson y los señalamientos de sus investigaciones de 1931-32, por los cuales encontró muchos hombres “guaymíes” que no comprendían el uso del dinero,[5] y realiza una observación propia de que en la década de 1960 era raro encontrar a un hombre que careciera de esta comprensión, aunque sí pudiesen existir mujeres que aún lo ignoraran. Podría considerarse este periodo como uno de aprendizaje para el grupo Ngäbe para las décadas posteriores, al poseer una mejor comprensión del sistema occidental, que aunque no impediría su explotación laboral en los enclaves transnacionales o en las fincas agropecuarias nacionales, sería un factor determinante en sus luchas al existir en su imaginario un mejor conocimiento - y desconfianza - de la figura del “Otro”.

Esta fricción existente entre el grupo “guaymí” y los grupos centrales transnacional y nacional es posible encontrarla en el Congreso Indigenista Nacional realizado en 1956, al sentirse explotados por el primer grupo y no apoyados por el segundo como gobernantes. Ante el telegrama del alcalde de Tolé acusando la participación del delegado “guaymí” Toribio Venado al considerarlo como subversivo, el delegado Jorge Miranda lo defiende haciendo referencia a las injusticias cometidas contra aquellos indígenas que en las bananeras deseaban defender los derechos de sus hermanos de raza, mencionando el caso de Vicente Palacio, otro indígena quien necesitaba salvoconducto del gobernador de Chiriquí, al ser considerado peligroso por el Alcalde de Barú por protestar contra la compañía bananera transnacional y tener restringida la entrada al distrito.[6]

Estos sentimientos pudieron ser la causal del apoyo ngäbe a una huelga bananera ocurrida en 1960. A pesar de que sus acuerdos al finalizar no fueron respetados por el grupo central de la compañía transnacional, ni existió alguna manifestación por parte del grupo central gobernante a que se cumpliese plenamente, podría ser considerada no solo como un primer evento de enfrentamiento de los grupos centrales y los ngäbes, sino también entre el enclave transnacional agroexportador y el Estado Nacional, al acordarse que uno de los puntos para su finalización sería la aceptación por parte de la compañía a acatar algunas de las ordenanzas de instituciones estatales panameñas,[7] pudiendo representar un sutil comienzo de la finalización de los enclaves bananeros en esta zona y un éxito de los grupos periféricos en la participación del poder, utilizando medios anti-sistémicos.

En efecto, la huelga de este año fue diferente a las sucedidas en la década de 1950, tanto por la posición diferente del grupo central gobernante como por la participación activa del grupo Ngäbe.[8] En este último punto, los medios informaron cómo en esta ocasión tomaron una iniciativa y liderazgo inusual en este movimiento que buscaba una justicia social en la región.[9]

La postura del grupo central nacional - representados por el gobierno y la Guardia Nacional - causa mayor impacto. Mientras que en un inicio anunciaron que apoyarían la causa de los huelguistas mientras mantuvieran el orden, frente a las acciones tomadas por el grupo huelguista, comunicaron que intervendrían. Queda la interrogante si pensarían que no era necesario moverse a mayores acciones contra el grupo periférico, ya que sería sometido por el grupo central transnacional, como en la década de 1950 o si este era el movimiento esperado para demostrar a la compañía transnacional que su apoyo era necesario.[10]

Al parecer los trabajadores no hubiesen intervenido en las negociaciones a no ser por la preocupante transformación de la situación por los eventos ocurridos seguidamente en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Y es que mientras el gobierno negociaba un posible acuerdo con la compañía para solucionar la situación en Bocas del Toro, el movimiento huelguista de los trabajadores bananeros se extendía al pacífico en señal de apoyo.[13] Sin embargo, las situaciones de violencia en este lado complicarían y obligarían a nuevas formas de negociación.

Si el 18 de noviembre se anunciaba del viaje del presidente Chiari a Bocas del Toro para explicar a los trabajadores la fórmula acordada con la compañía, la aceptación por estos y la firma del acuerdo en la presidencia el 20 de noviembre, el 18 de noviembre también se publicaba la solicitud de los trabajadores de Puerto Armuelles para que el salario en las bananeras fuera igual al de las ciudades de Panamá y Colón. No obstante, no es hasta el 19 de noviembre que se se reporta la muerte de Dionisio Arrocha, trabajador de la bananera.[14] Además, del envío de emisarios presidenciales a Puerto Armuelles, se comunicaba que refuerzos de la Guardia Nacional fueron enviados, por vía aérea, desde Bocas del Toro y la ciudad de Panamá, ante el temor de nuevos desórdenes. Bajo el aura de que el gobierno deploraba los hechos ocurridos esa noche, se anuncia que los trabajadores de Puerto Armuelles, sabiendo la “feliz solución” de la huelga, alteraron el orden público y desobedecieron las órdenes impartidas, que buscaban evitar una situación caótica dentro de la comunidad. Solo los empleados administrativos trabajaban en Puerto Armuelles.

Entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 1960 transcurrirían las negociaciones de los huelguistas bananeros en Puerto Armuelles que en momentos no se veían progresar. A pesar del clima de vigilancia ejercido por la Guardia Nacional,[15] en muchos sentidos los trabajadores no se sintieron sometidos, como se constata con la elección de una nueva junta directiva el 22 de noviembre, debido a que consideraban que la anterior no representaba a la mayoría de los trabajadores ni apoyaba a los huelguistas, y rechazaron el 27 de noviembre la fórmula presidencial. Mientras, la administración esperaba que un 60% de los trabajadores la aceptara para consultarla con la casa matriz en Boston.[16] Sobresale, entonces, que el 30 de noviembre se anunciaba una nueva reunión de los comisionados, siendo la primera en la cual participarían los representantes de los obreros. ¿Podría significar esto una primera inclusión del grupo?

A pesar de que el 4 de diciembre se anunciaba el fracaso de las negociaciones, el 5 de diciembre se reportaba que el presidente Chiari había solucionado la huelga, se había firmado un acta y que los trabajadores regresarían a sus tareas ese mismo día. Dentro de lo acordado estuvieron un arreglo en el salario, mejor personal de salud y mejores viviendas.[17] También es posible percatarse que en el transcurso de la huelga existieron diferencias entre las figuras del gobierno central, ya que algunas se mostraron en desacuerdo con los huelguistas, como el Ministro de Gobierno y Justicia en su reporte a la Asamblea Nacional,[18] mientras que diputados de esta sí parecieron mostrar su apoyo a la huelga, a tal punto que llevaron al gerente de la compañía a expresar que si algún proyecto de ley fuera aprobado, sería demandado en la Corte Suprema, amenazando con retirar a la compañía de nuestro país.[19]

Bourgois hace la observación de que “la huelga dio a los guaymíes, (...) un sentido de autoestima y confianza, hasta el punto de alzarse y afirmar su dignidad y su poder sobre sus antiguos jefes” (211). Aunque la transnacional hubiese reaccionado con medidas que afectaron a los trabajadores, tales como despidos masivos, deportaciones de extranjeros y la introducción de innovaciones tecnológicas para reducir la dependencia a la mano de obra indígena, los mismos se mencionan como las causales del movimiento de Mama-chi entre los ngäbes. De Sinclair (1987) se puede extraer cómo el mismo brindó una revalorización del “Yo” ngäbe al tener como uno de los temas principales el alejamiento del “Otro” latino, enfatizando en estos a los terratenientes, los comerciantes y las autoridades panameñas.[20]

Efectos del replanteamiento de los enclaves bananeros en la población ngäbe

Para comienzos de la década de 1970, los ngäbes habían atravesado situaciones que les permitieron conocer mejor el sistema político y económico nacional. No obstante, estas experiencias aún no serían suficientes para concretizar sus demandas de autonomía territorial por parte de los grupos centrales nacional y transnacional, a pesar de ampararse en leyes promulgadas. Sin embargo, sí existió una superación del sentimiento de inferioridad mostrado en las décadas anteriores ante la cultura occidental que resultaba en una desestimación de la suya.

Estos movimientos en la década de 1960, que implicaban una visión más elevada de su propia cultura, también contenían un nivel de resentimiento hacia el grupo latino, evidencia del cambio entre los ngäbes, quienes al participar en mayor grado en la sociedad panameña, notaban las diferencias que antes podrían pasar por alto, al vivir ambos grupos aislados en un mismo territorio. Scheler (1938) explica cómo la formación de resentimientos ocurre en una sociedad cuando hay diferencias que permiten la comparación, más si se postulan como igualitarias - como la panameña, en donde por Constitución, todos los ciudadanos poseen los mismos derechos -, pero las diferencias existentes son notables.[21] Si por el contrario, la sociedad fuera realmente democrática, tanto en el plano político y social, no habría lugar a la necesidad de compararse y resentirse, el subsecuente rechazo y la formación de valores diferentes provenientes de la negación del “No-Yo” o del “Otro”.

Por otro lado, se ha visto que a pesar de que es a partir de la década de 1970 cuando ocurren los primeros pasos concretos para la eliminación de los enclaves extranjeros que Panamá mantenía en su territorio nacional, desde las dos décadas anteriores es posible encontrar sus antecedentes. No se debe olvidar que al estudiar el primer Congreso Indigenista de Panamá de 1956 ya existía un malestar social entre el grupo indígena y la compañía transnacional.

Entre 1974 y 1976, gobernando el país un grupo central con una orientación más estratégica que comercial, se buscó dar marcha a la liberación de nuestro territorio de los enclaves agroexportadores. La razón para luchar contra los mismos era la lucha contra el monopolio ejercido por la compañía transnacional sobre el principal producto de exportación, no solo de Panamá, sino de los países centroamericanos, que explotaba a la numerosa fuerza de trabajo panameña contratada, sin permitirle una mejor especialización. Con el ánimo de cambiar esta situación se aplicó un impuesto regional común en los países de Centroamérica y Panamá, o un pago adicional en Colombia y Ecuador, que motivó a que las mismas compañías bananeras bautizaran a este evento como “guerra fiscal del banano”, al crearse también la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB). El país central, o en este caso, una de sus compañías con la que controlaba el área, aplicaría su política divisionista de los países periféricos en este conflicto. Finalmente, se descubrirían casos de corrupción que involucraban a directivos de la compañía con altos funcionarios de uno de los países centroamericanos.

Si esto pudo interpretarse como una debilidad de la compañía en ese momento, también demostró las fortalezas de nuestros países - entre ellas la mano de obra agrícola, siendo el grupo ngäbe un buen representante, sobre todo, en la provincia de Bocas del Toro - que, dependiendo de los gobernantes, podría ser aprovechada para poder manejar esa riqueza que se extraía de nuestro país para su propio desarrollo. No obstante, no resultó ser así.

Al no cambiarse las estructuras de comercialización del banano, aunque el contrato tuviese fecha de culminación, y al Estado no tomar mejor control de las transacciones de la compañía, esta logró permanecer en nuestro territorio, aunque ya no en calidad de dueña de un “enclave colonialista bananero (...) [sino con] posición de inquilino y de empresario sin mayores privilegios que los incentivos ordinarios que tiene la inversión de capitales en Panamá” (Manfredo, 1976: 17). Al gobierno le quedaría la misión de hacer los cambios si quería asumir el negocio del banano en manos del Estado o sus ciudadanos.[22]

No obstante, la postura estratégica mostrada por el gobierno cedería nuevamente a la comercial en la década de 1980. Esto no significaría que la institución militar retrocedería al momento de interponer sus acciones en la toma de decisión en el gobierno y se limitaría a funciones de represión, sobre todo al recibir apoyo por parte del país central en ambas posiciones. La fortaleza que mostró tener la UPEB en la década anterior para eliminar los enclaves bananeros en la zona occidental, se perdería en la siguiente década.[23]

Si en esos momentos la unidad de bases fue alentada en el enclave bananero, apoyada en una ideología nacionalista y la construcción de un modelo más inclusivo, el nuevo gobierno también buscó el cambio de la percepción popular al distanciarse del grupo central con visión comercial, al que simplemente tildaban de “oligarquía”. En plena lucha contra la compañía bananera, el 2 de agosto de 1974 aparecía publicado en el diario El Matutino:[24]

• Explicaciones por los ministros de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias acerca de la explotación de la compañía bananera hacia los trabajadores independientes, al pagarles sus productos con precios de 1960 en 1974.

• El apoyo de los oficiales de Guardia Nacional a los trabajadores de la compañía bananera al donar un día de trabajo, medida imitada por otros trabajadores públicos, debido a la oposición de la compañía bananera a exportar el producto y pagar el impuesto.

• Las resoluciones de apoyo de los organismos populares, así como del mismo sindicato de trabajadores de la compañía bananera, en contra de la agresión de la compañía bananera.

Similar a lo sucedido durante la huelga de 1960, la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí y de la Asociación de Ganaderos de Chiriquí censuró las acciones cometidas por la United Fruit Company y en el caso de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí apoyó al gobierno,[25] haciendo una donación monetaria “del sector empresarial de Panamá para contribuir a aliviar las necesidades de la actual emergencia nacional” (Revista Lotería No 224-226, 165).

Manfredo declaró, el 1 de agosto de 1974 en David, Chiriquí, que la compañía había accedido a ceder el monopolio de la producción, pero no el de la venta bananera al manifestar su intención “(...) de vender las fincas al gobierno pero (...) este ofrecimiento no era consecuencia del impuesto sino de una política establecida por la empresa desde 1970 para dedicarse solamente a la venta de la fruta y no a su producción. La empresa, lo que pretende [pretendía], (...) es [era] fijar ella el precio de dichas fincas para elevarlo a cifras incalculables.” (Revista Lotería 224-226, 148).

Es importante señalar que el segundo contrato firmado en 1976 entre el Estado panameño y la compañía transnacional contribuyó a un mejor desenvolvimiento de los ngäbes frente al grupo central, que se visualizaría sobre todo en la presente década, al haber alcanzado una mejor independencia económica que les ha permitido competir frente a otra compañía bananera transnacional recientemente establecida en nuestro país. En la cesión de la producción bananera mencionada, también es posible encontrar los orígenes de las diferentes rutas tomadas por la compañía bananera transnacional en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Una revisión de las leyes muestra que:

• Por el tercer contrato, que empezó a regir el 1 de enero de 1976, la compañía convenía el suministro de embarques con el Estado, a través de la empresa estatal Corporación Bananera del Pacífico (COBAPA).

• Por la Ley 4, del 27 de enero de 1977, se creaba la empresa estatal COBAPA, que estaría “(...) sujeta a la política económica del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario” (Artículo 1).

• Por la Ley 49, del 2 de diciembre de 1977, se creaba otra empresa estatal, la Corporación Bananera del Atlántico (COBANA), también bajo la organización del Ministerio de8 Desarrollo Agropecuario, pero esta tendría como sede al Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro (Artículo 2).

El objetivo del Estado, al momento de la creación de estas corporaciones, pudo haber sido una mayor participación y experiencia del mercadeo del negocio bananero, que redundaría en una menor dependencia de la compañía transnacional. Sin embargo, el cambio de la política económica del Órgano Ejecutivo en la década de 1980, que tenía orígenes a nivel global, haría que el mantenimiento de fincas productoras a cargo del Estado beneficiara más a la compañía. No obstante, lo importante es que la trayectoria de ambas corporaciones ayuda a comprender las rutas diferentes de la compañía bananera en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Para evitar dejar a los trabajadores cesantes de COBAPA, al no haber alcanzado los resultados esperados y ocasionado pérdidas económicas cuantiosas al Estado, se decidió asociarlos “(...) en cooperativas para la producción de palma de aceite; (...)” (Capital Financiero, 16 de mayo de 2011). La falta de competitividad de la región de Puerto Armuelles se debió también a las enfermedades que afectó la producción bananera, las malas decisiones de los gobiernos, las huelgas, la competencia de otras regiones - Ecuador tomó el lugar ocupado anteriormente por Chiriquí de proveer el producto al mercado de la costa oeste de EEUU - y el encarecimiento de la producción local. Esto hizo que la compañía bananera dejara esta región a finales del 2002.[26]

Con respecto a COBANA, ante la premisa de la privatización de las empresas nacionales del momento, el abogado Basilio Chong junto a 74 cooperativistas, en su mayoría Ngäbes, consiguió la creación de la Cooperativa Bananera del Atlántico, Coobana, R.L., el 30 de octubre de 1991.[27] Sin embargo, al igual que sucedió con la corporación estatal y otros productores independientes durante las décadas de 1980 y 1990, la compañía transnacional continuaría con los contratos de compraventa con estas, además de mantener sus propias fincas. Incluso, desde su nacimiento, Coobana, R.L. siguió los contratos por 10 años con la compañía transnacional, consiguiendo un préstamo, del cual esta era garante y por lo cual colocó administradores suyos en la cooperativa. Aunque se pagó en ocho años la transnacional mantuvo el contrato hasta el 2010 y bastante control sobre la cooperativa.

El control de la compañía transnacional no dejaba opciones al crecimiento, por lo que en el 2010, Coobana, R.L. decide negociar con Agrofair, compañía holandesa. En el 2011, ante la venta del producto a un tercero, la compañía bananera transnacional informó a la cooperativa que no podría hacer uso del muelle para exportar su producto ni del aeropuerto de Changuinola. Este último es importante para el control de la sigatoka. Su decisión estaba respaldada por la concesión de ambos sitios por el Estado. Es así como a partir del 2012, la cooperativa le comienza a vender el producto de una finca a Fyffes, compañía irlandesa, y de las otras dos a Agrofair. Coobana, R.L. se independizó así totalmente de la United Fruit Co.[28]

Se debe agregar que en el 2016 esta cooperativa fue capaz de presentar una propuesta como alternativa cuando Banapiña, S.A. - filial de la Compañía Del Monte - negociaba con el Estado la adquisición de los terrenos baldíos de Puerto Armuelles. Esto pudo haber representado una mejor opción a largo plazo para los dueños de los terrenos, antiguos trabajadores de la compañía y luego cooperativistas. El Estado, no obstante, no la favoreció.

La emergencia del grupo ngäbe en la resolución de situaciones nacionales

En el 2014, la Bocas Fruit Co. (BFC) - filial de la United Fruit Co. - y Coobana, R.L. podrían ser las dos únicas organizaciones exportadoras de banano en Panamá, ambas desde Changuinola, pero no debe olvidarse la fortaleza de los obreros de la primera, organizados en el Sindicato de Trabajadores Industriales Bananeros y Afines (Sitraibana), siendo la mayoría de sus miembros de la etnia ngäbe. Su integración a los problemas nacionales ha sido bastante significativo como lo demuestran las protestas después de la aprobación de la Ley 30 del 16 de junio de 2010, conocida popularmente como la “Ley 3 en 1”, “Ley Chorizo” o “Ley Langosta”, al ser presentada como una ley de aviación comercial, pero reformar tres códigos y seis leyes, y cambiar los procedimientos en materia ambiental, laboral, social y policial.[29]

Si comparamos lo sucedido en la huelga de 1960, cuando los ngäbes - junto a otros periféricos - al oponerse a las acciones de la compañía transnacional afectaron solo a un nivel local la zona occidental del país, sus protestas en el 2010 afectaron a un nivel nacional, al nuevamente unirse a otros grupos afines del país en contra las acciones del nuevo gobierno central. En este sentido, es necesario mencionar que estos hechos sucedieron a un año de este haberse instalado, ser liderado por un grupo central con visión comercial altamente reaccionaria, y haber sido electo con una alta aprobación ciudadana. La importancia del Sitraibana se demostró cuando el gobierno no reaccionó hasta que una huelga convocada por ellos, en la provincia de Bocas del Toro, conllevó a conflictos con la fuerza armada, produciendo muertos, heridos y el sitio de Changuinola. Esto a pesar de que grupos ambientalistas y sindicales previamente habían iniciado las protestas en la ciudad de Panamá.

En este episodio también se puede encontrar divisiones dentro del mismo grupo central desde que la ley estaba en proceso de ser propuesta por el Ejecutivo. Por ejemplo, los grupos empresariales se mostrarían a favor o en contra del gobierno, posiblemente dependiendo de la región del país o la afinidad de sus miembros al gobierno, o por conocimiento que contradecía la buena gobernabilidad del Estado.[30] Además, la Iglesia Católica, una institución fundamental en la sociedad, tampoco se mostró a favor de la ley al no respetar sus tradiciones al violar el mantenimiento del domingo como día de descanso. Esta posición sería compartida por el Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria, de la Construcción y Similares (Suntracs) al argumentar que era un día familiar.[31]

Las acciones del Sitraibana demostraron que, a pesar de estar localizados en una provincia distante de la capital, detuvieron las acciones de la nueva alianza en el gobierno que se preparaba a asumir las riendas del Estado sin oposiciones de los grupos periféricos. Esto contradice la percepción de que la ciudad capital sea el único sitio importante al momento de tomar las decisiones nacionales - la mitad de la población está ubicada en el área metropolitana y el sector por excelencia mercantil se encuentra ahí. A pesar de las protestas, en la capital, entre el 11 y el 15 de junio, el proyecto de ley estaba aún en proceso de ser aprobado por la Asamblea Nacional, y lo realizó, al día siguiente, el 16 de ese mes. El 17 de junio el Presidente la sancionó, y fue promulgada en Gaceta Oficial.[32]

Las amenazas de recurrir a instancias internacionales tampoco fueron efectivas. Incluso los ministros de Trabajo, de Seguridad y de Gobierno, en referencia a los grupos opositores, manifestaron por separado que se había cumplido con los pasos establecidos, que la ley no se devolvería para su discusión a la Asamblea y que seguirían a otros temas, pues el proyecto había sido sancionado.[33]

La división de los grupos periféricos, representados por los sindicalistas y ambientalistas, que hasta ese momento trabajaron separados fue explotada por el grupo central gobernante. No obstante, tras el anuncio de la promulgación de la nueva ley, los ambientalistas anunciaron que trabajarían junto a los sindicatos. El 18 de junio comunicaron que si el Ejecutivo no retrocedía en la nueva Ley 30, a principios de julio realizarían una huelga nacional, marcharían los días que se realizaba la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana en Panamá, mientras se encontraban mandatarios internacionales en nuestro país, además de presentar una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 30 ante la Corte Suprema de Justicia.[34]

Ante estos hechos, al igual que sucedió en la huelga de 1960, la apartada comunidad de Changuinola brindaría una fogosidad a un movimiento que inició fuera de su localidad, pero que bien representaba el inicio de un levantamiento contra el sistema establecido, que se extendería a todo el país, sin limitarse solamente a su zona occidental. A continuación se expondrá una breve memoria de lo sucedido en el país durante estas fechas:[35]

• El viernes 2 de julio de 2010, el Sitraibana declaró un paro de 48 horas prorrogables como medida contra la Ley 30. Sin embargo, esta medida no fue considerada por las autoridades, quizás por su apartamiento.

• El lunes 5 de julio, el nivel de acción subió y se anunció la paralización de las labores como huelga indefinida en rechazo a la ley.

• El martes 6 de julio, los trabajadores realizaron una marcha y cerraron las calles, señalando su preocupación porque la BFC no había pagado los salarios devengados.

• El miércoles 7 de julio, la escala de violencia aumentó al ser Changuinola y sus alrededores sitiada por los trabajadores. La percepción en la población era que la policía sentía temor ante las acciones de los trabajadores que exigían la derogación de la Ley 30 y el pago de los salarios adeudados por la BFC, mientras que los comerciantes temían a su vez las acciones de los huelguistas.

• El jueves 8 de julio, los trabajadores anunciaron que exigían la presencia de la alta jerarquía del Ejecutivo para la resolución del problema y no de funcionarios que no pudiesen solucionar sus reclamos. La situación se convertía alarmante por el racionamiento de agua, la escasez de alimentos y del tanque de gas, además del bloqueo del acceso no solo a Changuinola, sino a las vías de acceso de la provincia, incluyendo los aeropuertos. El Sindicato de Industriales de Panamá - una organización representante del grupo central, pero no necesariamente del gobierno - publicaba que era deplorable lo sucedido en Bocas del Toro y frente al llamado a huelga general, hacía uno “(...) a la reflexión y al diálogo para mantener la actual economía.” (La Estrella de Panamá, 8 de julio de 2010).

• El viernes 9 de julio, el caos había estallado en Bocas del Toro, al ocurrir enfrentamientos entre la policía y los obreros de la bananera, se hablaba de hasta cuatro muertos, pero el Ministerio de Salud solo confirmó uno - Antonio Smith de 25 años y miembro del partido gobernante Cambio Democrático - y al menos 100 heridos, habiéndose trasladado a David o Panamá, por su gravedad, a 18 de estos. El ministro de Seguridad informó que cuatro policías estaban retenidos por los manifestantes y el ministro de la Presidencia viajaría en la noche de ese día para establecer un diálogo con los sindicalistas - el periódico reporta que con los “indígenas” -, indicando que el desorden se debía a la desinformación y mala interpretación de la ley por los opositores. A su llegada anunció que la policía retomaría el control de Bocas del Toro. Ante la gravedad de la situación con los trabajadores de la bananera, el gobierno no asumió su responsabilidad y culpó a la BFC por el conflicto.

• El sábado 10 de julio, Changuinola completaba 48 horas de enfrentamientos y nueve días de protestas en rechazo de la Ley 30. Los manifestantes del Sitraibana no solo tenían sitiada a la población, sino también a las altas autoridades del gobierno central y de la Policía Nacional. Uno de los dirigentes sindicales, contradiciendo lo señalado por el gobierno, indicó que no tenían problema con la compañía bananera, sino que protestaban por la derogación de la Ley 30 y por un pronunciamiento del presidente. La población tampoco creyó el anuncio del ministro de la Presidencia de que estaban restableciendo el orden, ya que los huelguistas los replegaron al mismo Cuartel Policial y al Aeropuerto de Changuinola, en donde el ministro de la Presidencia y otros quince funcionarios tuvieron que pasar la noche. Ante estos hechos de violencia - como el reporte por el gobierno del fallecimiento de otro hombre de 41 años, Virgilio Castillo -, la Cámara de Comercio de Panamá, hacía un llamado al diálogo.

• El domingo 11 de julio, mientras el gobierno completó su segundo día de conversaciones con pocos avances en Bocas del Toro, el clima estuvo parcialmente bajo la normalidad. No obstante, este día los sindicatos de todo el país se unieron en contra de la Ley 30 con una huelga nacional a partir del martes 13.[36] El gobierno intentó bajar la intensidad del conflicto y maniobrar la situación para evitar la huelga convocada, por lo que el vicepresidente Varela se trasladó a Changuinola y aseguró empezar diálogo el martes.

• El lunes 12 de julio el gobierno y los huelguistas negociaron un acuerdo en Changuinola. El aeropuerto y las líneas de comunicación de restablecieron y hubo una reunión. Once días de ingobernabilidad en la zona habían transcurrido desde el anuncio de la huelga y que el gobierno lograra restablecer el orden.

• El jueves 15 de julio se anunció, quizás como una medida de acercamiento hacia la población, que el Consejo de Gabinete iría a Bocas del Toro a presentar los proyectos que el gobierno tenía para la provincia.

• El sábado 17 de julio, no obstante, los trabajadores de la bananera le respondieron al presidente que así como a inicios del mes habían solicitado ser escuchados por el gobierno, en ese momento se encontraban de duelo por lo sucedido y no deseaban recibirlo.

i el centro de las protestas contra la Ley 30 se trasladaría nuevamente a la ciudad capital, la organización de la huelga, a comenzar el martes 13, impulsó al Consejo de Gabinete a aprobar al día siguiente “(...) un proyecto por el cual se postergaba por 90 días la vigencia de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30 de 2010 referentes al tema laboral” (La Estrella de Panamá, 14 de julio de 2010), a la vez que se anunciaba la conformación de la Comisión de Diálogo que los revisaría. Es importante resaltar que la Sitraibana estuvo representada desde sus inicios, al contrario de la huelga de 1960 cuando fueron excluidos de la negociación de sus intereses laborales, siendo incluidos solo al final.

Y es que las acciones del Sitraibana tuvieron tal afectación que fueron el fundamento para la negociación de la Ley 30 de 2010. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional anunció el 28 de julio que suspendería los artículos mencionados por tres meses. Esta acción, como lo declaró uno de los diputados oficialistas, se fundamentaba en el Acuerdo de Changuinola, por el cual se logró poner fin a los conflictos en este corregimiento.[37] Su importancia fue tal que, ante la exigencia de los grupos sindicales por la derogación de la Ley 30 o su desglosamiento por temas, el vicepresidente Varela se defendió recordando que por el Acuerdo de Changuinola solo se tratarían los asuntos laborales.[38]

Sin embargo, dos días después se anunció que el Consejo de Gabinete aceptaba revisar toda la Ley 30 de 2010.[39] No obstante, las posiciones entre las partes fueron conflictivas desde el inicio de las negociaciones.[40] Ante las amenazas de los sindicatos de retirarse de la mesa,[41] y la aproximación de la terminación del plazo fijado para negociar la Ley 30 de 2010,[42] el gobierno aceptó desglosar la ley y que cada tema fuera tratado por sus respectivas comisiones en la Asamblea Nacional.[43]

Por otra parte, el Consejo de Gabinete anunció, cuando viajó a Changuinola el fin de semana del 17 de julio, el establecimiento de otra comisión para investigar los hechos ocurridos en Bocas del Toro. Quizás esto pueda entenderse como una estrategia del grupo central gobernante para tranquilizar el malestar de la población que se manifestaba estar de luto.[44] Esta comisión se instalaría el 3 de agosto. Inicialmente, la opinión del gobierno pareció sobresalir al establecer en el informe preliminar - elaborado por fuentes oficiales - que lo sucedido fue planificado desde inicios de la aprobación de la Ley 30, que fue “una campaña de adiestramiento”, en la cual se difundieron informaciones falsas.[45]

Además, un posible funcionamiento del sistema-mundo puede encontrarse cuando el mismo día de presentación de este informe preliminar por el gobierno hubo un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenaba “(...) la forma represiva empleada por los agentes de la policía durante los enfrentamientos en Bocas del Toro” (La Estrella de Panamá, 4 de agosto de 2010). Además, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas opinaba que las investigaciones de lo sucedido debían realizarse pronto, sin que los miembros de las comisiones tuviesen relación con las partes involucradas y con compensación a los afectados.[46]

Partiendo también del nivel local del sistema, una vez instaladas ambas comisiones el 6 de agosto - la que buscaría soluciones a la Ley 30 de 2010 y la que investigaba el “caso Bocas”-, se informaba que los líderes indígenas solicitaban la intervención de la Organización de los Estados Americanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se debe recordar que estos líderes podrían sentir desconfianza hacia el gobierno, cuando el 24 de julio, el Ministerio Público había citado a declarar a los miembros del sindicato bananero, tildando al gobierno de “fascista” y “genocida”. No obstante, el mandatario defendía aún la nueva ley por reforzar “(...) la seguridad de los ciudadanos en las calles” (La Estrella de Panamá, 7 de agosto de 2010).

No obstante, la comisión siguió a un nivel nacional y entregó sus conclusiones el 26 de octubre de 2010, hallando culpable al gobierno. En resumen se presenta que se debió a:

• La forma de presentación, discusión y aprobación de la Ley 30 de 2010.

• La falta de información fidedigna y confiable de la situación delicada en Changuinola en julio del 2010.

• La falta de capacidad de la Policía Nacional para amortiguar los “disturbios de gran magnitud”.

• La actuación arrogante del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Sin embargo, el presidente Martinelli desestimó estos resultados, acusando a los comisionados de cobardes al temerles al opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) - a quien acusó como responsables de las muertes - y al Suntracs. El presidente de la comisión se defendió a estas acusaciones, afirmando que “(...) todo lo planteado en el informe fue de manera transparente y sin intereses” (La Estrella de Panamá, 26 de octubre de 2010).

La última de las causas mencionadas como ocasionantes del conflicto es significativa porque demuestra la continuación del distanciamiento conceptual del grupo gobernante central hacia los grupos periféricos, en nuestro caso de estudio, el ngäbe. Así, en la misma fecha en que aparece publicada la visita del Consejo de Gabinete a Bocas del Toro, la viceministra de la Presidencia pedía disculpas a los ngäbes y buglés por el tratamiento despectivo del Ministro de Seguridad durante los conflictos al tratarlos como “indios”, aunque también parece que fueron tratados de “borrachitos” y “analfabetas”.[47]

De igual manera, el abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, precisamente en contra de los ngäbes fue criticada por la sociedad civil, por considerarla que era producto de la discriminación racial, dejando la idea de que podía deberse a la falta de representatividad comunitaria, acción violatoria de acuerdos internacionales. Ante los atropellos ocurridos, quedó en el panorama la interrogante de si la falta de representatividad de los grupos indígenas en esta institución pudo ser su causal.[48]

Y es que el levantamiento del grupo periférico ngäbe en contra del orden establecido fue motivo de sorpresa para el grupo central gobernante, causado por el desconocimiento del grupo protestante, su historia y de lo que habían sido capaces tras su lenta integración a la vida nacional. El ministro de la Presidencia reconocía el 7 de agosto en la televisión “(...) que al Gabinete le faltó “un poquito de conocimiento de la cultura indígena”, lo que motivó a que la huelga en Bocas del Toro provocara una explosión social nunca antes vista en esta región” (La Estrella de Panamá, 8 de agosto de 2010). En efecto, el grupo central tuvo que reconocer los derechos violados de los grupos periféricos unidos y rectificar sus acciones, que representaron las muertes y aflicciones de miembros de la población ngäbe.

Conclusión

Aunque por la delimitación geográfica de Panamá, la zona bananera no ha quedado dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé, la mayoría de sus trabajadores, sobre todo en el área caribeña, son indígenas. No obstante, en ella ha ocurrido una interacción con otras culturas, que ha influenciado la creación de una nueva mentalidad de los habitantes de la zona.

Aunque en aparente contradicción a esta afirmación, en ella también han ocurrido historias de irrespeto hacia sus derechos, que en los casos tratados en las bananeras no se limitan necesariamente a los ngäbes, sino a todos los panameños, al estar gobernados los enclaves bananeros y el país por grupos centrales.

Desde la última mitad del siglo XX, se ha visto el despertar de la etnia ngäbe, partiendo su caminar de un desconocimiento del sistema occidental, a una integración manteniendo aún en lo posible sus diferencias, sobre todo culturales, que ha permitido un dominio de las normas que el sistema brinda a todos los panameños. Sus acciones afectaron primero en su nivel local, debido a la característica propia de los enclaves - colocándolos más cercanos en los planos socioculturales y económicos al país huésped que al anfitrión, añadiendo otra cultura con la cual polemizar - para impactar, en el presente, a un nivel nacional al haber desaparecidos los anteriores.

Sin embargo, la clausura de los enclaves no ha significado la finalización de un estilo de explotación, que solo se ha superado parcialmente. Contrario a lo sucedido en el lado pacífico, la iniciativa ngäbe ha logrado convertir a las corporaciones estatales bananeras en una cooperativa productiva en el sector caribeño. Un cuestionamiento de por qué no funcionó en el primer sector podría situarse en la preferencia de los gobiernos centrales, con visión mercantilista, de seguir el modelo extraccionista transnacional al promover su alianza con los países centrales y la desunión de los grupos periféricos en general, obstruyendo la formación del nuevo hombre panameño necesario para los retos del siglo XXI.

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Notas