INTRODUCCIÓN

En noviembre del 2020 deben producirse elecciones presidenciales, congresionales y estaduales en Estados Unidos. También se elegirán un sinnúmero de cargos federales y locales. El resultado de todo el proceso tendrá implicaciones para el futuro del país, pero también para la conducción de su política exterior y en particular en el plano bilateral con Cuba.

En ese contexto es estratégico para Cuba comprender cómo se gestaron y se desarrollaron los procesos paralelos que convergieron cronológicamente en los anuncios presidenciales realizados el mediodía del 17 de diciembre del 2014 por los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Hussein Obama.

La Revolución Cubana garantizó su supervivencia durante los 55 años previos a ese momento con la comprensión cabal de las amenazas que incidieron sobre ella, como resultado de la política hostil del gobierno (once diferentes) de Estados Unidos,² articulada desde antes del 1 de enero de 1959, convertida en política de Estado el 7 de febrero de 1962 con la aplicación de un régimen de sanciones contra Cuba y reforzada legalmente con las llamadas Ley Torricelli³ (1992) y Helms-Burton⁴ (1996).

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos el 20 de julio del 2015, el proceso negociador previo y posterior, la remoción de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo el 29 de mayo del 2015⁵ y la puesta en vigor de un grupo de regulaciones⁶ que estimularon cierto interés del sector empresarial estadounidense hacia la economía cubana, explicaron el inicio de una etapa en la historia de las relaciones bilaterales que se presentó como cualitativamente distinta. Estos pasos, sin embargo, coexistieron con la continua aplicación de las normas del bloqueo contra la Isla.

De la compresión científicamente precisa o no, de cómo se llegó a este punto en el tiempo, depende la interpretación que se haga sobre si fue este un cambio reversible, si se trata de un movimiento tendencial, o si es un nuevo ciclo a mediano o largo plazo en la relación bilateral. También deben evaluarse cuáles han sido las causas esenciales del proceso y de esas certidumbres cuáles son fundamentales y cuáles secundarias. La posesión de ese conocimiento es fundamental para construir y preservar un futuro en el que Cuba continuará viviendo bajo la pretensión de Estados Unidos de absorberla económica, política y culturalmente.

No se trata de ordenar cronológicamente los hechos precedentes al cambio, tarea importante y ya realizada por varios autores, por ejemplo, Kornbluh y Leogrande (2014) y Ramirez Cañedo y Morales Domínguez (2011).⁷ No se intenta tampoco la descripción detallada de los procesos negociadores inmediatamente anteriores al 17 de diciembre. Se debe lograr explicar qué transformaciones sucedieron desde el interior de la sociedad norteamericana, desde la sociedad cubana y en el contexto regional, las que en su interrelación abrieron la puerta a una época cualitativamente distinta en las relaciones bilaterales.

DESARROLLO

La decisión del más alto nivel del Poder Ejecutivo de Estados Unidos de introducir cambios en la manera de gestionar sus objetivos estratégicos respecto a Cuba se produjo a partir de la coincidencia en tiempo de al menos tres grupos de procesos, a saber:

• Para el inicio del segundo mandato del Presidente Barack Obama (2012-2016), resultaba evidente no solo el fracaso de la política de bloqueo contra Cuba, sino también que la falta de reconocimiento al gobierno revolucionario cubano y a su rol en el contexto latinoamericano y caribeño estaba enajenando a Estados Unidos del resto de los actores regionales. Cuba se confirmaba como un importante actor regional después de su recuperación económica en las condiciones del mundo postsoviético y, en contraste, Estados Unidos entraba en una irreversible caída como “líder del mundo occidental” a partir sobre de todo de las debacles político-militares en las guerras de Iraq y Afganistán con el consecuente costo económico.

• Al mismo tiempo, en el espacio doméstico electoral estadounidense negar la existencia de Cuba y tratar de destruir su proceso revolucionario, con toda la carga ideológica acompañante, dejó de garantizar per se una cantidad significativa de votos dentro de los cubanoamericanos. Muy por el contrario, se fue mostrando durante años la tendencia, entre la segunda y tercera generación de cubanos y los migrantes más tardíos, de mayores simpatías y alineación con los caucus locales demócratas y de apoyo más extendido a la normalización de relaciones con Cuba.

• Más aún, al comenzar en el 2010 el proceso de Actualización del Modelo Económico cubano, que reservaba un espacio importante a la inversión de capital extranjero, una parte significativa del empresariado estadounidense se percató de que, en caso de que no cambiara la política de su gobierno hacia la Isla, quedarían excluidos de un nuevo mercado que se abría al mundo a solo 90 millas de sus costas.

Como trasfondo a todo lo anterior, maduraba la percepción entre la burocracia y expertos de un grupo de áreas técnicas en Estados Unidos, de que la cooperación con Cuba era imprescindible para el interés nacional estadounidense. Este criterio era avalado cada vez más por años de intercambio directo o indirecto en temas que iban desde el seguimiento a huracanes, el combate al narcotráfico o el tratamiento a enfermedades tropicales. Se destaca en este acápite la Comunidad de Inteligencia estadounidense que descontinuó su apreciación sobre “amenazas” provenientes de Cuba.

Tanto la formulación de política al interior de Estados Unidos, como el manejo de sus relaciones exteriores, ocurren con la participación de sistemas políticos y administrativos sumamente sofisticados, con multiplicidad de actores y relaciones entre ellos más o menos estables, que se sostienen en unidades de tiempo variables,⁸ en dependencia del tema que se esté debatiendo o negociando.

Solo para describir el sujeto político Estados Unidos, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que se trata de una federación de 50 Estados, los cuales tienen capacidad de decidir sobre temas locales, al igual que los 3 144 condados y 19 354 ciudades o pueblos “incorporados” a la Unión. La rama legislativa Federal cuenta con un Parlamento bicameral compuesto por 100 senadores y 435 representantes. Cada Estado tiene su propia asamblea, bicameral o unicameral (Nebraska), según el caso, mientras que cada condado y ciudad elige su propio Concejo que decide a diario sobre diversos asuntos internos.

Dentro del Poder Ejecutivo existen entre 60 y 257⁹ agencias u organismos federales independientes, según la fuente que se consulte para obtener el dato, que emiten una diversidad de regulaciones sobre temas particulares o comunes, en los que con frecuencia se superponen áreas de responsabilidad. El Poder Judicial está igualmente organizado en tres niveles, encabezado por la Corte Suprema, 13 Cortes de Apelaciones y 94 oficinas de fiscales federales a nivel de distritos para los delitos de ese carácter (felonies).

El sistema político de Estados Unidos

Desde el punto de vista político, existen cinco partidos llamados tradicionales: Republicano, Demócrata, Independiente, Libertario y Verde, dos tienen representación en el Congreso federal y los otros tres cuentan con representación estadual importante (entre 23 y 37 Estados) y hay otros veintiocho partidos que están registrados y desarrollan algún nivel de activismo en al menos un Estado de la Unión.¹⁰

Además de las cifras mencionadas habría que estimar los miles de organizaciones no gubernamentales¹¹ que están debidamente legalizadas, las denominaciones religiosas, los medios de comunicación y las asociaciones empresariales,¹² entre otros, que de una manera más o menos organizada, con un presupuesto mayor o menor, tratan diariamente de que sus puntos de vista sean escuchados, tenidos en cuenta y que en algún momento constituyan política oficial del país o incidan en un cambio legislativo.

La definición clasista del Estado, como instrumento creado para garantizar y proteger los intereses de una clase sobre otras, explica por sí misma que varios de los actores del sistema político estadounidense establezcan alianzas por su naturaleza o por intereses de preservación. Pero aun así hay intereses encontrados entre ellos que varias veces incluso llegan a poner en peligro la existencia del convencionalismo llamado Estados Unidos, como un todo único.

Si bien todos los actores mencionados no tendrían que contar con un consenso específico para que una política particular se lleve a cabo, al menos la enumeración de aquellos vale para imaginar cuán complejo es el sistema de toma de decisiones estadounidense, más la magnitud y la estabilidad de las alianzas endógenas que se deben construir para que una iniciativa pueda llegar a ser ley o decisión ejecutiva.

Sin embargo, cuando el gobierno de Estados Unidos toma una decisión sobre un tema desde lo más alto del Poder Ejecutivo, cuando por su iniciativa o la de terceros se produce una acción legislativa, no se podrá decir en ningún caso que tal resultado representa un acuerdo monolítico o un equilibrio suficiente perdurable entre todos o la mayoría de los componentes de ese sistema complejo.

El valor de esta apreciación, en términos de política exterior, radica en comprender que siempre existen espacios para que otros entes exógenos oficiales o no gubernamentales puedan ejercer cierta influencia sobre alguno de los actores de ese sistema y tratar de inducir cambios en su comportamiento, que beneficien la relación bilateral o multilateral de que se trate.

Esta consideración también es válida para afirmar que, cuando una tendencia se hace sostenible en la actuación (interna o externa) de tal sistema, es extremadamente difícil que se produzca un retroceso en su comportamiento en términos históricos, un cambio drástico o un giro acentuado en su evolución. Esta idea lleva directamente al concepto de los ciclos políticos para el caso cubano.

La mayoría de los actores del sistema político estadounidense no cuenta con valores o principios compartidos, no existen disciplinas partidistas con apego a plataformas claramente establecidas, por lo que las alianzas que se establecen para apoyar o rechazar un curso de política determinado pueden tener una corta existencia e incluso tomar un signo totalmente inverso al original, según la coyuntura. Las únicas “reglas del juego” más o menos compartidas están en la generación de ganancias, en los códigos legales del país para proteger a los más acaudalados, en la interpretación de los mismos y en la praxis judicial influida de modo determinante desde el Poder Ejecutivo con la designación de jueces.

Esta realidad obliga a tener en cuenta también la ocurrencia de hechos inesperados o la actuación imprevisible de algunos actores. Es decir, a pesar de que el sistema político estadounidense observa ciertas reglas en su conducta regular, el cambio inesperado en el comportamiento de alguno de sus elementos secundarios puede alterar sustancialmente la actuación de todo el sistema en su conjunto.¹³ En la política doméstica de Estados Unidos, tanto como en su actuación exterior, en no pocas ocasiones un factor marginal, real o construido, ha contribuido a decidir la elección o la derrota de un candidato presidencial o ha jugado un papel en la decisión de atacar a una nación extranjera.

La existencia de tales factores secundarios y su utilización intencionada para afectar a todo el sistema de decisión también está relacionada con la generación de crisis reales o ficticias, que tienen la virtud de movilizar a la opinión pública local e internacional en un pequeño margen de tiempo y con un relativo bajo costo económico.

La articulación de decisiones en temas de política exterior en Estados Unidos ha guardado una relación asociativa con la ocurrencia de “crisis” o la reacción ante “amenazas” y con la utilización de estas como excusas para desarrollar cursos de acción que se habían concebido con anterioridad. Son suficientes los ejemplos que corroboran esta afirmación, desde las autoprovocaciones para inducir la guerra contra México (1846-1848) y ocupar parte de su territorio, hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial después del ataque japonés a Pearl Harbor (1941) y los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, que dieron paso al inicio de la llamada Guerra contra el Terrorismo en el 2001.

Se ha desarrollado durante años un extendido debate en Estados Unidos en relación con el concepto de crisis internacional y en su definición se han incluido variables tales como la falta de previsibilidad del hecho en sí, el riesgo o la amenaza a los intereses vitales de la potencia imperial, la inmediatez para la toma de decisiones de las agencias federales y otros componentes.¹⁴

No es el interés de este artículo aportar a una comprensión única de las crisis, pero sí señalar las coyunturas de la historia cubana más reciente en las que el gobierno de Estados Unidos tomó decisiones que afectaron de modo fundamental la realidad cubana, para dejar al menos planteada una comparación con el capítulo que se inició hacia finales del 2014.

Debe partirse, no obstante, de la premisa de que las intenciones del actor de política exterior que hoy conocemos como Estados Unidos de ejercer dominación sobre la isla de Cuba, son anteriores incluso a la formación del primero como Nación y se remonta a la época en que los territorios del norte de América eran gobernados por colonos británicos.¹⁵

Los dos momentos anteriores en la historia reciente en los que se realizaron definiciones estratégicas de política bilateral desde Estados Unidos hacia Cuba estuvieron acompañados de la supuesta ocurrencia de “crisis”, o la percepción de ellas desde el lado norteamericano. Estos momentos fueron la invasión a territorio cubano en 1898, decidida ya cuando era altamente probable la victoria mambisa sobre las tropas coloniales españolas y la ocurrencia misma del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, insertada en la visión geopolítica estadounidense de la confrontación global Este-Oeste.

En ambos casos cristalizó y se proyectó hacia el futuro en cada época posterior una Política de Estado respecto a Cuba, entendida esta como “las decisiones tomadas por el más alto nivel de dirección del Estado, contando con un amplio consenso de los sectores dominantes del país, que se convierten en normas para lograr en el transcurso del tiempo la consecución de sus objetos fundamentales, más allá de coyunturas o metas de largo plazo” (Sánchez-Parodi, 2017).

Ningún otro evento generó un proceso al interior de Estados Unidos que llevara a sus clases políticas a plantear una gradación de actuaciones probables, socializarlas y tomar decisiones respecto a Cuba, que se reflejaran en acciones ejecutivas y legislativas (más otros componentes) que tuvieran una vigencia en un rango de 50 a 60 años, es decir, que constituyeran ciclos de política.

En el momento de la imposición del régimen colonial sobre Cuba esa política de Estado se nucleó al menos alrededor de seis elementos: la intervención militar y la posibilidad de repetirla según la conveniencia, amparada en una enmienda constitucional; la imposición de condiciones onerosas desfavorables a los intereses comerciales y económicos cubanos; la permanente injerencia sobre los procesos decisorios de Cuba; la obtención de beneficios económicos ilimitados; la distorsión de la orientación del desarrollo económico y tecnológico del país; y la introducción de hábitos, costumbres y expresiones que desvirtuaban los fundamentos de las tradiciones culturales cubanas (Sánchez-Parodi, 2017).

Del mismo modo, el enfrentamiento a la Revolución Cubana se basó, desde sus inicios, en un grupo de premisas en las que ha habido consenso hasta el presente, sin que hayan surgido otras normas sustitutivas: el bloqueo comercial, económico, financiero y científico-técnico; el intento de aislamiento internacional, político y diplomático; la subversión política e ideológica internas; las acciones de sabotaje y terrorismo contra las actividades económicas y de defensa del país y el uso de la fuerza militar, o la amenaza de recurrir a la misma (Sánchez-Parodi, 2017).

Cabría preguntar en ambos casos si Estados Unidos reaccionó ante una “crisis”, en la interpretación más compartida de la Ciencia Política actual o si se trataba de procesos que se observaron desde Estados Unidos con mucha antelación y en su desenlace se instrumentaron acciones previamente diseñadas.

En lo referente a la ocupación militar de Cuba en 1898, existe suficiente evidencia histórica para indicar que el gobierno norteamericano monitoreó e influyó en los hechos que ocurrían en la Isla durante años y que se produjo un intenso debate hacia el interior de la sociedad norteamericana sobre el reconocimiento o no de la beligerancia de los libertadores cubanos, que se extendió desde la forma en que fue recibido en Washington el emisario insurgente José Morales Lemus en 1869,¹⁶ hasta el hostigamiento y la persecución¹⁷ a la que se enfrentó José Martí en suelo estadounidense a inicios de la última década del siglo xix.

La experiencia de Morales Lemus transitó entre la reacción a su pedido por parte del Secretario de Estado Hamilton Fish, quien favorecía una negociación con España para comprar la independencia de Cuba y concebía un reconocimiento de la beligerancia como última opción, y la posición del Secretario de Guerra John Rawlins, quien había logrado en agosto de 1869, en una reunión del gabinete federal, poner término a las negociaciones con España a favor del reconocimiento mambí. Rawlins falleció pocos días después del encuentro con Lemus. Fish, apoyado por los que querían evitar un enfrentamiento directo con España, logró dejar sin efecto la decisión del gabinete.¹⁸

Para finales del siglo xix, sin embargo, España como potencia colonial había desangrado su economía para mantener la posesión de Cuba, el ejército mambí se acercaba a la victoria y al interior de Estados Unidos se había producido un proceso de expansión económica y una acumulación de capitales que aspiraban a una mayor realización en el exterior. También tuvo lugar un fortalecimiento de la estructura militar del país que inclinó la balanza del debate político hacia el intervencionismo en detrimento del aislacionismo. A la vista del propio José Martí estaba “muerto acá (en Estados Unidos) en política el que ose decir que no debe cubrir el mundo la sombra del águila” (Martí, 1975).

Los años de interpretación política del conflicto cubano-español, el balance de poderes entre las potencias coloniales principales de la época, más la expansión económica de Estados Unidos como futura potencia, incluso dentro de Cuba, tenían como antecedente la argumentación de las tesis de la política de Fruta Madura (1823) o del Destino Manifiesto (1845), entre otras fundamentaciones elaboradas desde inicios del siglo xix para ejercer la hegemonía sobre Cuba, el Caribe y el resto de Norteamérica.

No obstante, la presión para determinar un curso de política definitivo respecto a Cuba se produjo en Washington cuando una de las partes en conflicto pareció dar un vuelco irreversible a la contienda. Los mambises cubanos vencían ya claramente al poder colonial español. En esas circunstancias fue que se pronunció la famosa frase de William R. Hearst (“Usted ponga los dibujos. Yo pondré la guerra”),¹⁹ quien a nombre de los partidarios de la intervención en Cuba buscaba desesperadamente imágenes que convencieran a la opinión pública estadounidense de que Estados Unidos debía actuar militarmente. En medio de la falta de tales argumentos gráficos para impactar a la opinión pública, tuvo lugar la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 y se sucedieron vertiginosamente el bloqueo a los puertos cubanos en el mes de abril y la invasión por el oriente del país en julio del propio año.

Comenzaron así cuatro años de ocupación militar estadounidense, los que unidos a la presencia económica que ya existía en la Isla desde mediados del siglo xix y la imposición de una Constitución que aceptaba límites a la soberanía del país, iniciaron un ciclo de continuidad de sesenta años en la vida política y social cubana, con la única alteración formal sucedida en 1933, cuando el levantamiento popular contra el gobierno de Gerardo Machado fue “resuelto” por medios pacíficos y se descartó por primera vez la intervención militar estadounidense, prevista en la Enmienda Platt para mantener el statu quo en la Isla. Se había producido un tránsito de un esquema de dominación plenamente colonial a otro, que a partir de 1933 sería apenas neocolonial.

Arroja bastante luz sobre la hipótesis que se plantea en este artículo el hecho de que haya sido el Poder Ejecutivo de Estados Unidos el que vació de contenido la Resolución Conjunta²⁰ aprobada en el Congreso Federal, que reconoció la soberanía que debía gozar el nuevo Estado que estaba surgiendo en la isla de Cuba.

El rompimiento revolucionario con ese pasado, sucedido en enero de 1959, se desencadenó de manera más acelerada en términos de tiempo que la “crisis” previa al año 1898, pero no por ello Estados Unidos estuvo menos preparado para enfrentar el resultado, después de apoyar materialmente a la tiranía de Fulgencio Batista (1952-1958), haber acercado agentes de inteligencia a los principales jefes rebeldes²¹ para intentar asesinarlos y haber tratado de inducir una solución negociada que mediatizara el triunfo revolucionario.²²

En abril de 1959 el Vicepresidente Richard Nixon, después de un encuentro personal con Fidel Castro en Washington, sentenció que a aquel habría que “guiarlo por el camino correcto”²³ y a partir de ese momento la Casa Blanca puso en práctica todo proyecto imaginable para acabar con la Revolución Cubana, desde la acción militar por Playa Girón²⁴ (1961), la creación de la mayor base operativa de la CIA en territorio americano (Miami), hasta el fomento de cualquier tipo de operación terrorista contra la Isla.²⁵

Partiendo de la lógica de que el joven poder revolucionario no soportaría la embestida por mucho tiempo, no fue hasta 1962 que, con el argumento de la penetración chino-soviética en el continente y el de la presencia de cohetes defensivos rusos en territorio cubano después, se aplicó un régimen integral de sanciones contra Cuba²⁶ y se invocó la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.

Comenzó así un ciclo de 52 años en los que los principios inamovibles de la política anticubana fueron construidos desde el Poder Ejecutivo y complementados desde el Legislativo.

Los resortes para fundamentar tales pasos estaban claramente establecidos en la lógica del enfrentamiento Este-Oeste y en la histeria anticomunista que se expandió por Estados Unidos desde la década de los años cincuenta del siglo xx. Respondían también al surgimiento de la República Popular China y al proceso de descolonización que se generara desde finales de la Segunda Guerra Mundial. No se necesitaba crear un consenso específico respecto a Cuba, si el enfrentamiento a este país podía inscribirse dentro de la ecuación capitalismo-socialismo, el Este y el Oeste.

Sin embargo, la sobrevivencia de Cuba a la desaparición de la Unión Soviética y del llamado campo socialista en 1991 sirvió para demostrar que este ciclo de política tenía raíces profundas en el otro iniciado en 1898 o que quizás ambos eran parte de un todo único aunque con diferencias cualitativas. Lo que justificaba en última instancia el enfrentamiento de Estados Unidos con el gobierno revolucionario cubano no era el marco asociativo de su política exterior, sino la voluntad de una nación pequeña de acceder a su soberanía y exigir un tratamiento de igualdad, en lugar de ser absorbida por la potencia del norte.

La clase política estadounidense tardó otros veinte años para percatarse de que contra Cuba se había intentado todo tipo de enfrentamiento sin el menor de los éxitos. La explicación de que el modelo cubano dependía del respaldo del llamado bloque soviético no resistió la prueba del tiempo. Cuando incluso se intentó reforzar el bloqueo con las legislaciones aprobadas en los años 1992 y 1996, aún Cuba resistió, aportando más pruebas sobre la ineficacia de la política estructurada desde inicios de la década de los años sesenta.

No obstante, esta mera conclusión no aportó por sí misma el consenso necesario en Washington para intentar lograr los mismos objetivos por otros medios. Estados Unidos imponía su agenda en un mundo casi unipolar y su gobierno no consideraba que era momento de hacer correcciones o ajustes en su política exterior.

CONCLUSIONES

Al cabo de un periodo de tiempo más prolongado (55 años) fue que se produjo un vacío de efectividad, una fatiga en la argumentación de la validez de rendir a Cuba por los métodos más extremos y, sobre todo, en la manera de explicar que el fracaso reiterado traería algún beneficio para Estados Unidos. No obstante, esta “crisis” por sí sola no explicaría la transformación que se había comenzado a producir. Las condiciones para el cambio habían sido creadas de conjunto por otros factores que fueron evolucionando de forma paralela durante años y que coincidieron en su maduración en un momento histórico hacia el final del segundo gobierno del Presidente Barack Obama.

Se trató de transformaciones al interior del voto cubanoamericano, en la visión desde la comunidad de negocios de los cambios en el modelo económico cubano, el rechazo unánime en la comunidad latinoamericana y caribeña a la política de bloqueo contra Cuba y, finalmente, la percepción desde el Ejecutivo estadounidense sobre el fracaso de esa política y la comprensión de que debía modificarse para alcanzar los objetivos estratégicos respecto a Cuba y a la región. La isla caribeña por su parte asumió el reto de avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas aún con temas de primer orden pendientes por resolver en la agenda bilateral.

Los cambios que generaron estos procesos y su interrelación no son totalmente reversibles en su esencia en el corto plazo, aunque las circunstancias de su ocurrencia son únicas e irrepetibles. Esto significa que al menos desde el lado cubano resulte trascendente contar con una interpretación cabal de estos procesos para articular políticas que permitan avanzar de forma gradual y, cuando corresponda, en el objetivo último de la normalización de las relaciones bilaterales.

Referencias

Sanchez-Parodi, R. (2017) Los diferentes tiempos de la política oficial de Estados Unidos hacia Cuba. Ponencia presentada a la Sesión Científica del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, La Habana.

Martí, J. (1975). Carta al Director de La Nación del 30 de octubre de 1889. En: Obras Completas. Tomo XII. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Kornbluh, P. and LeoGrande, W. (2014). Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana. The University of North Carolina Press Chapel Hill.

Ramirez Cañedo, E. y Morales Domínguez, E. (2011). De la confrontación a los intentos de “Normalización”. La Política de los Estados Unidos hacia Cuba. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Cantón Navarro, J. y Duarte Hurtado, M. (2006). Cuba 42 años de Revolución. Cronología histórica 1959-1982. Tomo I. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Notas

Enlace alternativo

http://rpi.isri.cu/sites/default/files/2020-08/RPIDNo.7_A07_dipl.pdf (pdf)