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EL ETNOCIDIO DEL OTRO TAMBIÉN ES NUESTRA PROPIA MUERTE
Trama. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol.. 9, núm. 1, 2020
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Editorial

Trama. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
ISSN: 1659-343X
Periodicidad: Semestral
vol. 9, núm. 1, 2020

El pasado 24 de febrero de 2020 fue asesinado en Costa Rica el líder indígena Bröran de Térraba Yeri Rivera Rivera en medio de la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio frente a usurpadores no indígenas y sus aliados. El hecho ocurrió unos días antes de cumplirse un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena Bribri que luchó por la recuperación de su territorio en Salitre en ese país centroamericano. Metodológicamente, para lograr un mayor acercamiento de lo expresado con anterioridad expongo el diálogo sostenido con Elides Rivera Navas, integrante del Concejo de Mayores Brörán y; Roberth Morales Villafuerte quien apoya al Concejo de Mayores Brörán-Térraba, es miembro de la finca recuperada Krün Shurín y es activista de la Coordinadora Sur-Sur. Algunas conclusiones preliminares son las siguientes. El modus operandi de ambos asesinatos cuenta con variados elementos en común: tienen una profunda raíz de racismo en Costa Rica y otros del Sur Global; tiene como blanco la desaparición forzada de líderes y lideresas indígenas y activistas sociales; forman parte del colonialismo interno; se comete con ello el etnocidio del Otro, que es también nuestra propia muerte y; como otros tantos asesinatos, siguen impunes.

Como parte de nuestro compromiso desde la universidad pública, Trama, la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Costa Rica, frente a estos hechos, se posiciona como un espacio para la comunicación de conocimiento derivado de distintos procesos de investigación, docencia, acción y extensión social que tienen un carácter liberador frente al racismo, la xenofobia, el patriarcado, el capitalismo, y el colonialismo en un contexto de opresión conjugada, asfixiante y absolutamente inhumana.

¿Quién fue Yerry Rivera Rivera?

Yery Rivera Rivera pertenecía al tronco familiar Rivera, uno de los 12 troncos familiares del pueblo Brörán. Él era hijo de Digna Rivera y Enrique Rivera y tenía 45 años. Además. era un reconocido activista de su pueblo, pues participó en el la lucha de tres pueblos indígenas como Térraba, Boruca y Curré por la defensa de la flora y fauna frente a una tala ilegal de árboles en esos territorios indígena en 1985. Por ese acto de defensa cerca de 41 indígenas fueron encarcelados. También Yeri participó en la defensa del territorio y de los derechos indígenas de los Bröran, y desde el año 2006 hasta el 2011, fue parte de la Comisión de defensa del territorio Térraba ante el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, impulsado por el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En síntesis, fue una persona luchadora por la defensa del pueblo Térraba.

Desde hacía algunos años Yeri participó en recuperaciones de la Finca Cataratas y acompañaba otras recuperaciones cuando fue asesinado.

¿Qué significado adquiere su asesinato?

Al igual que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, fue un golpe extremadamente duro para el movimiento indígena costarricense, sus compañeras y compañeros de lucha, así como los miembros del tronco familiar Rivera. Elides Rivera Navas se refirió al dolor, a la digna rabia y a la visibilidad que, con su asesinato, resignifica la indígena lucha ante la desatención del Estado:

El asesinato de Yeri sin duda es un momento doloroso, es un momento que como familia uno lo siente en el alma. Pero también es una cuestión que de alguna manera visibiliza la falta de atención que el Estado ha tenido para los territorios indígenas y en el caso, para las cuestiones de la defensa de nuestros territorios. Entonces, sabemos que lo que pasó y lo que sigue significando es esa desatención del Estado que ha venido desde hace más de 20 años; o sea, desde el momento en que se aprueba una Ley Indígena (No. 6172) y no se cumple. Eso significa ese asesinato: una desatención del Estado a los pueblos indígenas.

Roberth Morales Villafuerte explica desde un sentido profundo que el significado del asesinato de Yeri Rivera Rivera está asociado al asesinato etnocida de su pueblo:

Nos están matando por un derecho que nos dio el Gobierno de Costa Rica desde 1977 cuando se aprobó la Ley Indígena No. 6172 y donde decían los diputados que nosotros teníamos 9350 hectáreas aproximadamente como parte del territorio Térraba. Sin embargo, en los últimos años nosotros somos extranjeros en nuestra propia tierra. Con eso te quiero decir que en aquel momento tal vez había un 10% del territorio en manos de no indígenas. En los últimos años, desde 2014 el Concejo de Mayores, apoyado por un grupo de personas más jóvenes, hemos estado en la defensa de nuestro derecho, para que ellos, de buena fe, nos devolvieran las 17 fincas más grandes que están en manos de los usurpadores, de los ganaderos, que es la gente que más nos molesta y que más nos ataca.

Como parte de la violencia estructural, física y simbólica, al pueblo Brörán se le “reconoce” su territorio; no obstante, este espacio “no está liberado. Hay mucha gente no indígena dentro de ese territorio”.

Dicha violencia opera legitimada a través de diversos factores: la ley indígena exonera de impuestos territoriales a ese espacio. De ahí que sectores no indígenas dedicados a la ganadería extensiva estén interesados en la usurpación, el despojo y la apropiación de distintas fincas indígenas como Crün Shurín, que mide alrededor de 1000 hectáreas. Ello representa un nuevo proceso de colonialidad del capitalista para buscar la obtención de una mayor tasa de retorno a su “inversión” de capitales. “Por esos derechos es que nos están matando y lo que le pasó al hermano Yeri le puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos en recuperaciones", aseguró Roberth Morales Villafuerte.

El asesinato de Yeri no es una situación fortuita ni aislada; sino que es parte de la violencia estructural y la omisión histórica por parte del Estado costarricense y de sectores que han invadido ilegalmente el territorio; pese a que dicha Ley le reconoce a esos pueblos como un territorio inalienable, intransferible e imprescriptible.

Desde el punto de vista jurídico de Costa Rica, desde 1977 ya se establece como Ley, […] porque anteriormente había decretos de los territorios indígenas, en este momento como reserva, donde decía que los territorios tenían que ser devueltos a sus comunidades, a sus pueblos, de una forma que no tuvieran problemas de ninguna índole; y únicamente y exclusivo para pobladores. Pero aquí vemos que el Estado lo que hizo fue una omisión de interés y una omisión de obligación para atender esta situación, y lo que hizo fue crear una fuerte muerte-lenta para nuestros pueblos, y para las personas que dependemos del derecho indígena (Elides Rivera Navas).

Algunos acontecimientos previos al asesinato de Yeri dan cuenta del racismo, del desprecio, del colonialismo interno (González Casanova, 1999; 2006) y la inoperancia del estado costarricense frente a las voces indígenas que reclamaban la libertad, la autonomía y el derecho a la tierra:

El día anterior al que mataron a Yeri un grupo de energúmenos de 100 a 150 persas, indígenas y no indígenas y gente de fuera del territorio de Térraba nos violentaron y nos sacaron como perros, nos arriaron como vacas. Nos sacaron de una recuperación que tenían las hermanas Rivera, de una finca que llamamos Cancha Rayada en Térraba y que un grupo estábamos apoyándolas a ellas, con el derecho que tienen ellas, al ser una finca que estuvo ancestralmente en manos de los padres de ellas. De ahí nos sacaron arriados como ganado. Ahí se ve la inoperancia del Gobierno porque, desde ese día en la mañana, se dieron las voces de alerta de varias organizaciones sociales que apoyan el derecho a nuestra tierra, a nuestra libertad, a nuestra autonomía. Sin embargo, fue omitido por el jefe de seguridad del Gobierno de Costa Rica y desde ahí vino la escalada de violencia que culminó con el asesinato del hermano brörán (Roberth Morales Villafuerte).

La escalada de violencia después de los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Yeri Rivera Rivera enfrentó un momento de “estabilización” y “orden”, como la otrora llamada “paz blanca” de las políticas etnocidas (Jaulin, 1976) y coloniales de Europa en las américas, que llevó al Otro a una zona de no-ser, al decir de Fanon (2009) y la negación del Otro que nos lleva ineludiblemente a la negación y muerte de nosotros mismos:

"La negación y desaparición del Otro es la negación y desaparición de nosotros mismos […] la negación de sí es una muerte, suicidio, estupidez o criminalidad, no importa: la muerte huele a rancio, ¿qué gusto le tomaríamos? Así pues, el etnocidio no es la muerte del otro -otro, esos múltiples seres abstractos y encarnados; civilizaciones-, es también nuestra propia muerte” (Jaulin,1976: p. 11)

Frente a la acción directa y la judicialización del conflicto por parte del pueblo Bröran para recuperar sus tierras y la consecuente pérdida de credibilidad internacional de Costa Rica como país firmante de convenciones de derechos humanos, y obligado a respetar medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015, el gobierno de Costa Rica impulsó una política de “intervención” que significaría tan solo la resolución simbólica del confliicto.

Como Térraba es peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también somos beneficiaros de una medida cautelar emitida en el 2015 para salvaguardar a los térraba bröranes, pues hemos logrado una exhortación de distintos organismos internacionales al Estado de Costa Rica para brindar condiciones de seguridad para los Bröran. Pero también le están exigiendo al Estado cumplir con lo que es la justicia, el derecho a la justicia, y el derecho a la justicia significa que los asesinos de Yeri tengan que cumplir lo que la ley dice. Eso es lo que se está haciendo a nivel internacional y que nosotros estamos también exhortando a Costa Rica desde nuestra comunidad a que cumpla lo que establece la ley internacional y la ley nacional en materia del daño que le ha hecho el Estado a los Bröran a través de los finqueros que siguen usurpando nuestros territorios, a los finqueros que están acá, en el caso de Eduardo Varela que sigue libre, aunque sea bajo una fianza. Sentimos que eso no es justicia, y tiene que haber justicia pronta y cumplida y eficaz (Elides Rivera Navas).

A pesar del Plan de Recuperación Territorial Indígena (RTI), impulsado por el gobierno de Costa Rica desde 2014, los problemas de gobernanza, autonomía y territorio Bröran en Térraba para 2020 siguen vigentes. Además, el procedimiento y el presupuesto del RTI amenazan con neutralizar la movilización y lucha indígena al alargar la inacción del Estado y, sin que se despejen dudas del alcance de los fondos de un estado neoliberal que basa sus políticas sociales en el eufemismo de la austeridad, la racionalización del gasto, la seguridad jurídica para la inversión extranjera directa y de acumulación de capital, así como la legitimación del régimen de dominación de este proyecto civilizatorio etnocéntrico y etnocida.

La pandemia del Covid-19 en 2020 puede que esté reforzando la “estabilización”, la “paz social”, la impunidad y el incumplimiento de la justicia; al tiempo que los pueblos originarios ven esta situación como una posibilidad para que “se sigan matando indígenas y que a los asesinos no les va a pasar nada”.Esto ha sido una escalada de violencia que arremetió contra diferentes pueblos indígenas tales como Térraba, Cabagra, Palmira, Salitre, China Kichá, entre otros. Esta es una situación que se produce y reproduce en otros países, tales como Guatemala, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, entre otros.

¿Qué sigue para el pueblo Brörán en materia de lucha?

La respuesta es incierta y sólo ese pueblo establecerá sus tácticas y estrategias de lucha. Para algunos sectores contrarios al movimiento indígena, el Concejo de Mayores Brörán ha dado una tregua en las recuperaciones. No obstante, esta organización ha dado espacio al gobierno para que lleve a cabo acciones como el citado Plan RTI para la recuperación, desde 2014, de 17 fincas que son prioritarias para el pueblo brörán; la oficialización de 10 fincas recuperadas, tales como finca Crün Shurín, Catarata, Crün Dubön, Imperio Duro, Caña Rayada, entre otras; el acatamiento del artículo sexto de la Ley Indígena que prohíbe la venta de licor dentro de los territorios. Con todo, se le dice al gobierno que el pueblo Bröran se movilizará a través de la acción directa, no violenta, para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, movilizados por la identidad, con la aspiración a la gobernanza y la autonomía desde el Concejo de Mayores en el territorio Bröran:

Seguimos con la reivindicación, seguiremos luchando.Seguimos insistiendo al Estado que nos tenga que sanear el territorio. Actualmente tenemos el Concejo de Mayores, que es esa autoridad, que es la representatividad del pueblo; pero también exigimos que sea una gobernabilidad con visión y sentimiento de lo que es pertenecer al pueblo y también de lo que es cuidar al pueblo.La tierra es nuestra, por un decreto de hace muchos años. Entonces, estamos recuperando lo que es nuestro. Seguimos en la misma sintonía con pueblos hermanos porque ellos también han sido atacados. Seguimos una coordinación con pueblos hermanos, que no hemos parado las recuperaciones y cualquier cosa que nos pase es responsabilidad del Gobierno.



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