I. Introducción

La irrupción de la pandemia de Covid-19 ha generado importantes desafíos para las estructuras sanitarias, sociales y económicas de la mayoría de los países del mundo. En Argentina la respuesta a la crisis sanitaria, ha sido generar una medida de barrera a partir del 20 de marzo de 2020, mediante el decreto presidencial 297/20 que determinaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante ASPO). Esto implicó la restricción a la circulación de gran parte de la población, a excepción de trabajadores/as que formen parte de actividades esenciales (salud, seguridad, repartidores/as de comida, cuidados, etc.).

Sin embargo, las desigualdades laborales y habitacionales son una característica clave en Latinoamérica, incluyendo nuestro país y provincia, por lo que la aparición sorpresiva de la pandemia del Covid-19 y el ASPO ha visibilizado y profundizado las brechas sociales, generando una gran preocupación por las consecuencias en los sectores vulnerados. Para cumplir con la premisa de «quedarse en casa» es necesario, entre otras cosas, que se mantenga un salario acorde para cubrir las necesidades básicas, tener una casa y que la misma tenga determinadas condiciones que cumplan con los requisitos de la vivienda adecuada.

La provincia de Santiago del Estero, en el Noroeste argentino, ha sido y es considerada una de las más pobres del país. Atravesada e invadida por la carga de tendencias sociohistóricas, de conductas demográficas de largo plazo, de estrategias familiares concentradas en la subsistencia (Tasso, 2003; Tasso y Zurita, 2013) en donde, además, aún persisten elevados niveles de ruralidad, con una débil estructura productiva local en condiciones insuficientes de generar plazas de trabajo que puedan retener a la población en edades activas (Zurita, 1999a; Cajal, 2019).

La provincia ha sufrido profundas transformaciones socio-productivas y culturales a partir de su incorporación al proyecto nacional de modernización liberal capitalista de fines del siglo XIX^[1] y en los sucesivos modelos centrados en la agricultura de riego, obrajes madereros, o actualmente agronegocio y turismo. Sin embargo, esto no ha logrado traccionar un desarrollo económico integral y sostenible, ni una configuración social y política democrática en sentido sustancial (Dargoltz, 1983; Silveti, Gurmendi y Salvatierra, 2017). Así, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se produjo una acentuada y continua expulsión de la población lo cual reflejó que cuatro de cada diez personas nacidas en Santiago del Estero vivían en otras jurisdicciones del país (Zurita, 1999b; Tasso 2003) generando sostenidos y fuertes flujos migratorios de residentes hacia áreas metropolitanas y pampeanas del país. Actualmente, es la provincia con mayor porcentaje de población rural del país, con el 31% según datos del último Censo Nacional de Población (INDEC, 2010), mostrando una mayor tendencia al agrupamiento entre los períodos intercensales de 2001 y 2010^[2].

Ahora bien, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el total de aglomerados urbanos de nuestro país, en el segundo trimestre de 2020, en comparación con el primer trimestre, la tasa de actividad exhibe una disminución de 8,7 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 47,1% a 38,4%. La tasa de empleo presenta una caída de 8,8 p.p. entre ambos trimestres (42,2% al 33,4%), en tanto que la tasa de desocupación crece en 2,7 p.p. (10,4% al 13,1%).

Asimismo, en nuestra provincia, los datos son aún menos alentadores. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, mientras que la tasa de empleo se ha mantenido entre 2014 y 2019 alrededor del 50%, para el segundo trimestre de 2020, cayó hasta el 32% de las personas en edad de trabajar. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el 35% de esos/as trabajadores/as ocupados/as no están registrados o son trabajadores/as de la economía informal, se puede dimensionar la magnitud real del problema.

En este marco el presente trabajo busca caracterizar las condiciones sociolaborales, de vivienda e infraestructura comunitaria de poblaciones vulneradas de Santiago del Estero durante el ASPO. Se expondrán resultados de un relevamiento mediante entrevistas online en el mes de agosto de 2020, poniendo especial atención a las formas en que el aislamiento afecta sus actividades laborales e ingresos y las estrategias alternativas desplegadas, así como también dimensiones referidas a las viviendas en donde se lleva a cabo el aislamiento, los servicios con los que cuenta y la infraestructura comunitaria de los barrios de residencia.

1. Desprotegidos y desiguales

A partir de la década de 1990 se puede observar principalmente algunos cambios en la investigación de las desigualdades sociales: integralidad en su comprensión, ampliación en la unidad de análisis y el período considerado al tratar de entender los patrones actuales, observando la persistencia de las desigualdades históricas y el carácter global de las mismas y finalmente, la integración de múltiples categorizaciones en la configuración de las jerarquías contemporáneas como: nacionalidad y ciudadanía, lugar de residencia y origen, género, raza, etnia, edad, religión, idioma, etc. (Motta, Jelin y Costa, 2020).

Asimismo, «la desigualdad expresa las diferencias y contrastes en cuanto al acceso de recursos de todo tipo, tanto simbólicos como materiales y existenciales de carácter estructural que configura una sociedad y que tienen que ver con su protección, conservación, reproducción y desarrollo» (Paolasso y Longhi, 2019: 4). Desde una mirada radical y crítica, hay dos preguntas básicas a responder: ¿desigualdades de qué? ¿Y entre quiénes se genera? En este sentido, las mismas se basan en la desigualdad de poder con respecto a los mercados básicos –trabajo, capital, tierra y conocimiento– entre individuos, clases sociales y los diferentes pares categoriales planteados por la modernidad (Tilly, 2000; Pérez Sainz, 2016). En este sentido, las mismas son el «resultado del proceso de desarrollo temporal y geográfico desigual, mediante el cual se sostienen y reproducen las diferencias geográficas resultantes de legados históricos y geográficos» (Harvey, 2003:102).

Ahora bien, en torno a las dos grandes variables que nos competen, trabajo y hábitat, diferentes estudios han demostrado la persistencia de desigualdades estructurales hacia el interior de la provincia.

De acuerdo a estudios recientes (Silveti, Gurmendi y Salvatierra, 2017; Torres y Sayago Peralta, 2020; Torres, Sayago Peralta, Cajal y Giménez, 2020) existen dos características predominantes en el mercado de trabajo santiagueño: la informalidad y la precariedad laboral. Asimismo, la pandemia ha impactado de forma negativa y con mayor intensidad a trabajadores/as que se encuentran en esas situaciones (Torres et al., 2020).

La precariedad laboral se refiere a un concepto multidimensional que abarca aspectos relacionados, como la inestabilidad, la ausencia o insuficiencia de protección social, la inseguridad y la vulnerabilidad económica. Es decir, se hace referencia a la certidumbre sobre la continuidad en el trabajo (trabajos de corto plazo), el control sobre el trabajo (determinación de salarios, condiciones laborales), la protección legal (despidos injustos, seguridad social) y los bajos ingresos laborales (Rodgers, 1989, citado en Bertranou, Casanova, Jiménez y Jiménez, 2013).

Según Bertranou y Casanova (2014) la informalidad es un fenómeno heterogéneo y multidimensional. Para los autores, los trabajadores/as informales «generalmente no cuentan con la protección necesaria frente a los diversos riesgos sociales, como pueden ser los accidentes laborales, el desempleo, la pobreza en la vejez, entre otros» (Bertranou y Casanova, 2014: 17).

Por otro lado, si bien en las últimas décadas hubo una reducción en las desigualdades en el ingreso por la implementación de políticas de redistribución de la riqueza, no se modificaron los patrones de urbanización dominantes (Segura, 2020) ni del modelo productivo en las áreas rurales, lo que nos coloca en un escenario de perdurabilidad o de profundización de las desigualdades socio – territoriales (Kessler, 2014; Krapovickas y Garay, 2017; Paolasso, Longhi y Velázquez, 2019). El espacio urbano (que se amplía al rural y periurbano de acuerdo con los escenarios de este trabajo) no solo expresa las desigualdades en términos de vivienda y entorno, sino que también condiciona su (re) producción, lo que afecta diversos aspectos de la vida social como el trabajo, la educación, acceso a servicios y costos de movilidad y transporte, y el estatus simbólico de los habitantes (Segura, 2020), resultando ser uno de los factores de mayor incidencia en la determinación de la pobreza (Gargantini, 2020).

Si bien en los últimos años el acceso a la infraestructura y los servicios ha mejorado en la región, es evidente también que desde hace ya varias décadas, los indicadores habitacionales no han variado sustancialmente, y los problemas estructurales –de orden más cualitativo e integral– persisten dado que las soluciones habitacionales que se implementan desde el Estado, priorizan el sistema llave en mano, respondiendo a una lógica hegemónica (urbana-capitalista-heteropatriarcal), entendiendo la vivienda como producto, no como proceso social y excluyendo a los/as destinatarios/as de la toma de decisiones.

El derecho a la vivienda adecuada ha sido reconocido como requisito para tener un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en la observación 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), tomando en 1994 rango constitucional en Argentina. El mismo incluye los siguientes criterios (ONU HÁBITAT, 2019): a) La seguridad de la tenencia: protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; b) Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; c) Asequibilidad: se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda; d) Habitabilidad: seguridad física, espacio habitable suficiente, protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales; e) Accesibilidad: considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad; f) Ubicación: debe considerar el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, debe estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas y fortalecer los lazos de subsistencia de las familias involucradas; g) Adecuación cultural: se considera importante que se tenga en cuenta la expresión de identidad cultural del contexto.

II. Marco metodológico

Los datos presentados corresponden a un relevamiento realizado entre el 20 y 31 de agosto de 2020 durante el ASPO en varios puntos del territorio de Santiago del Estero. El mismo se realizó en el marco del proyecto: «Prevención, control y monitoreo multidimensional y multiescalar de los efectos sanitarios y socioterritoriales de la pandemia por Covid-19 y las medidas de ASPO en Argentina»^[3]. El equipo de trabajo de este eje presente en Santiago del Estero, está integrado por investigadores/as provenientes del INDES (CONICET/UNSE), INTA (EEA Santiago del Estero) y Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE^[4].

Este operativo se realizó de manera remota, mediante dispositivos tecnológicos o llamadas telefónicas y sus resultados parciales fueron enviados en septiembre para su evaluación (Garay, Torres y Urdampilleta, 2020). El mismo tiene un corte principalmente cualitativo y el carácter de la muestra es de tipo intencional (Scribano, 2008), determinándose en base a las organizaciones sociales y referentes/as comunitarios/as de la provincia con las que se venían trabajando en proyectos de investigación y de intervención previos, quienes trabajan con sectores populares o vulnerados y tienen la finalidad de promover diferentes actividades en pos de la efectivización de diferentes derechos.

Se procuró una distribución geográfica que garantice, de cierta forma, una cobertura extendida de los territorios provinciales, realizándose en total 20 entrevistas semiestructuradas telefónicas en las siguientes comunidades y barrios de zonas urbanas y rurales de acuerdo a una definición de escenarios basada en dimensiones demográficas (cantidad de habitantes) y de distancia geográfica (cercanía con grandes aglomerados urbanos), representando a 13.021 hogares: Villa Río Hondo, zonas del Alto y Bajo (ciudad de Termas de Río Hondo); barrios Belén, Bosco II, Católica, Siglo XXI sector 750 viviendas, Puestito San Antonio, Campo Contreras (ciudad Santiago del Estero); barrio Río Dulce (ciudad de La Banda), Pozo Hondo y Bobadal (departamento Jiménez); Los Núñez (departamento Río Hondo); Clodomira (Banda) y población dispersa de los departamentos Figueroa, Guasayán, Jiménez, Choya, Río Hondo.

Se elaboró una guía de entrevistas semi estructuradas, con preguntas abiertas y cerradas, a partir del cual, el equipo se propuso ahondar en las problemáticas surgidas antes y durante el ASPO. Las dimensiones de análisis que se tuvieron en cuenta fueron: datos sobre el/la referente/a barrial y/o comunitario/a, ubicación geográfica del barrio/comunidad, hábitat (vivienda, infraestructura, movilidad y transporte), conflictos, trabajo e ingresos, economía social y popular, alimentación, educación, organizaciones sociales, políticas públicas, otras problemáticas. Para los fines de este trabajo se expondrán datos cualitativos referidos al hábitat, trabajo e ingreso, y para el análisis de la infraestructura comunitaria se cuantificaron datos recabados en las entrevistas, generados a partir del total de zonas geográficas representadas por los referentes.

III. Resultados

1. Caracterización socio-laboral

Mediante el Decreto 520/20 de fecha 7/6/20 el Gobierno Nacional y las correspondientes resoluciones provinciales disponían que a partir del miércoles 10 de junio, Santiago del Estero ingresaba en la Fase 5 de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante, DISPO), ampliando el horario de circulación en la vía pública, permitiendo reuniones familiares de hasta 10 personas y habilitando la mayoría de las actividades comerciales y de servicios.

Sin embargo, el brote de contagios de coronavirus sucedido durante la primera semana de agosto implicó el retroceso en las fases de la cuarentena restringiendo, nuevamente el horario de circulación y las actividades habilitadas anteriormente.

En este contexto, y en el marco del proyecto de investigación mencionado anteriormente, es que en la segunda quincena de agosto, se lleva adelante el relevamiento mediante el cual, se accede a los datos que se describen a continuación.

a) Trabajo e ingresos

Para poder describir las principales actividades se debe hacer una diferenciación entre actividades laborales urbanas y rurales. La amplitud de la muestra permite dar un pantallazo general y agrupar actividades recurrentes de ambas zonas geográficas.

En primer lugar, vale mencionar que una característica transversal a las actividades laborales tanto rurales como urbanas, es la informalidad y precariedad laboral, es decir empleos con nula o baja registración, sin goce de derechos laborales y seguridad social, y con ingresos por debajo del mínimo, vital y móvil. Este panorama es un indicador histórico en el mercado de trabajo santiagueño, agudizándose en el contexto de pandemia.

Un destino mayoritario entre los/as trabajadores de la provincia de Santiago del Estero es el empleo en la administración pública, tanto provincial como municipal, que no es ajeno a muchos de los/as entrevistados/as, en contextos rurales y urbanos.

En los sectores periféricos urbanos (Santiago del Estero, La Banda y Las Termas de Río Hondo) predominan actividades asociadas a la construcción (albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, pintura), ventas (productos de almacén, carbón, ropa usada, comida, venta ambulante, bazar, por catálogo), servicio doméstico (de cuidado y/o de limpieza, jardinería), cartoneros/as, recolectores/as o «cirujas» y particularmente en el área urbana de Las Termas de Río Hondo, trabajos en el sector turístico (hotelería y gastronomía). Se puede decir que muchas de las actividades contempladas en la construcción y el servicio doméstico pueden incluirse, en tiempos de pandemia, como trabajos temporarios o «changas», es decir, que son trabajos eventuales, de baja remuneración y sin un empleador identificable.

En el caso de los sectores rurales, predominan actividades agrícolas y ganaderas de pequeños/as productores/as, para autoconsumo y/o comercialización. Para las actividades agrícolas se observan principalmente sembradíos de maíz, cucurbitáceas (zapallos, sandías, melón, entre otras) y algodón. En cuanto a las actividades ganaderas se mencionan la cría de cabritos, ovejas, vaca, lechón y gallinas. Por otro lado, se puede mencionar diferentes actividades ligadas a estas dos, que tienen que ver con una producción, ya sea para el autoconsumo o el intercambio entre pequeños/as productores/as, tales como huertas familiares o comunitarias, producción de dulces o quesos, elaboración de productos panificados, tabiques para la fabricación de ladrillos y la producción del carbón.

Otras de las actividades predominantes, relacionadas directamente con el sector agrícola y turístico (en la costa atlántica), es el trabajo migrante estacional o «golondrina» y el «nomadismo laboral» en relación a la gastronomía, hotelería y comercio.

Ahora bien, con respecto a las dificultades para el desempeño de las tareas laborales y las producciones, ambos sectores geográficos se han visto afectados a partir de las medidas y restricciones decretadas por el ASPO implementados desde el 20 de marzo del 2020. Para el caso de los sectores urbanos, todas las actividades arriba mencionadas se vieron afectadas principalmente por la restricción a la circulación, es decir, la paralización de la fuerza de trabajo de las actividades «no esenciales», es la principal causa de imposibilidad y condicionamiento en estas poblaciones. Por otro lado, en los sectores rurales, el cierre de fronteras y canales de comercialización, no paralizaron del mismo modo a la fuerza de trabajo, pero sí condicionó las ventas. En el caso de los pequeños/as productores/as, otras problemáticas emergentes fueron la falta de agua ya sea por cuestiones estacionales o por el cierre de la distribución de tanques de agua; así como la falta de forraje suplementario para la cría de animales, afectando fuertemente la producción ganadera. En este sentido, resulta importante destacar, además, la situación suscitada por la diferenciación de una «matriz lógica» del mercado que no considera los productos de huertas o de pequeños/as productores/as como productos esenciales, mientras que los productos de góndola (supermercados) continuaron su actividad y sus ventas sin dificultades.

Con respecto a las personas que estaban temporalmente trabajando fuera de la provincia, como los/as trabajadores/as nómades del sector turístico, y los/as trabajadores/as golondrinas de las cosechas, tuvieron dificultades para regresar a sus hogares una vez decretada la cuarentena a nivel nacional. Esto tiene que ver, por un lado, con la gestión y habilitación del permiso de circulación otorgado por las autoridades gubernamentales, y las disposiciones y medidas de aislamiento adoptadas por la provincia de Santiago del Estero. Por otro lado, estos/as trabajadores/as vieron afectados sus ingresos ante diversas situaciones: la demora en la habilitación de permisos de circulación y de ingreso a la provincia, condujo a que tuvieran que buscar alojamiento por sus medios, y la subsistencia diaria. En ese sentido, es importante mencionar otra de las dificultades vinculadas a los medios de transporte disponibles y habilitados sanitariamente para garantizar el regreso de los/as trabajadores/as a la provincia. Ante esta situación, muchos/as de ellos/as optaron por medios y caminos alternativos a las vías de circulación permitidas, creando conflictos judiciales vinculados a la violación de decretos y disposiciones nacionales y provinciales.

En relación al Ingreso Familiar de Emergencia (en adelante, IFE), se puede decir que la mayoría de trabajadores/as de contextos urbanos y rurales, gestionaron el subsidio, siendo posteriormente beneficiarios/as del mismo. De acuerdo a datos de ANSES (2020), el 72% de la PEA en nuestra provincia, resultó beneficiaria del IFE (luego de Formosa con el 80% y antes de Chaco con el 69%).

Las dificultades para acceder al cobro de ingresos (jubilaciones, sueldos, pensiones, Asignación Universal por Hijo -AUH-, IFE) se debieron en la mayoría de los casos a la falta de cajeros automáticos en sectores rurales y en la periferia urbana, es decir, en algunas localidades del Interior de la provincia que no cuentan con este servicio o se encontraban alejadas de las sucursales bancarias, y que se tornan inaccesibles debido a la restricción a la circulación.

b) Condiciones de vivienda e infraestructura comunitaria

En la provincia de Santiago del Estero había en el año 2010, 218.025 hogares en todo su territorio (INDEC, 2010). Los aportes del Estado para dar solución al déficit habitacional han sido considerables desde la creación del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), Ley 19921 de 1970 y Ley 21581, de 1977, alcanzando hasta agosto de 2005, el financiamiento de unas 57.000 unidades de vivienda en distintos estados de ejecución, distribuidas en todo el territorio provincial, de las cuales se encuentran terminadas aproximadamente 43.600 (Passeri, 2009).

A pesar de esto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2010 había 16.509 hogares en condiciones de hacinamiento, 14.409 viviendas con más de dos hogares en la misma y 25.482 hogares que no contaban con agua potable dentro del terreno ni la vivienda (INDEC, 2010). Esto se puede observar en los resultados de este trabajo a través de la voz de los/as referentes territoriales, y hay que tener en cuenta que, además, esto coexiste con la desigual distribución en el acceso a la educación, a la alimentación y a la salud, derechos humanos básicos.

b.1. Infraestructura comunitaria y servicios

En los escenarios relevados de la provincia, se destaca la falta de acceso a las redes de gas, cloacas y cajeros automáticos (Figura 1). Respecto al acceso a las dos primeras, se da mayoritariamente en los barrios construidos a través de políticas públicas habitacionales o de mejoramientos barriales en las áreas periféricas del departamento Capital (ampliación del siglo XXI 750 viviendas, Pacará y Belén) o en el Sector Alto de las Termas de Río Hondo.

Los/as referentes territoriales remarcaron el mal estado o irregularidades en el servicio de luz, de agua (ambos tienen mayor demanda en verano) y de internet (siendo este una necesidad básica a partir de la cuarentena). Respecto a la luz, si bien el 100% de los escenarios tienen este servicio, es necesario recalcar que hay muchas familias que no tienen acceso al mismo por falta de recursos o por encontrarse en hábitats dispersos alejados del tendido de media tensión y que hay algunas que realizan sus propias conexiones por falta de recursos.

Una problemática recurrente en los discursos de los/as referentes es la falta de acceso al agua en calidad y cantidad. Si bien el 74% de los/as entrevistados/as respondió que su barrio/comunidad tenía red de agua, muchas de las conexiones son «caseras», utilizando manguera negra para conectarse desde otras viviendas o desde el pozo más cercano. Es posible usar el agua en horarios precisos y en algunos casos del interior provincial, los/as vecinos/as tienen aljibes para recoger agua para consumo familiar o de los animales, así como también algunos de ellos/as compran agua para consumo o recogen en tachos. Esta realidad empeora en épocas de calor, lo cual es perjudicial para las condiciones de higiene necesarias para frenar los contagios por Covid-19, y otras enfermedades endémicas en la región como el Dengue, Zika o Chikungunya.

En general, las personas del barrio/comunidad tienen internet a través de wi fi o paquete de datos móviles, siendo un problema grave la señal en los escenarios de población dispersa de la provincia. El dispositivo mayormente utilizado por las familias para mantener contacto en el contexto de aislamiento es el teléfono celular y varios/as referentes mencionaron el uso de las notebooks distribuidas a través del programa nacional Conectar Igualdad. Dado el contexto de ASPO, donde la mayoría de las personas se encuentran navegando en sus redes o conectados de una u otra manera, los problemas de internet se profundizan y afectan principalmente a los/as estudiantes que no pueden realizar las tareas escolares y a quienes tienen organizaciones dado que no pueden realizar las reuniones virtuales.

Por otro lado, se menciona la falta de obras nuevas o de mantenimiento en calles (de tierra, ripio o pavimento) o alumbrado público y de equipamiento comunitario como los clubes deportivos.

Figura 1:
Infraestructura, servicios y equipamiento comunitario de barrios/ comunidades relevadas (Santiago del Estero, 2020) (%).
Fuente: Datos primarios de entrevistas a referentes. Elaboración propia.

Respecto a los cambios que se suscitaron en el contexto actual de pandemia y las respectivas medidas de ASPO, los/as mismos/as aseguran que permanecen en las mismas condiciones sin haber cambios en su estado. Sin embargo, se mencionan algunas obras que se paralizaron, siendo éstas necesarias para el mejoramiento del barrio/comunidad. Además, se menciona que a partir de la pandemia algunos centros comunitarios y de salud disminuyeron el personal y los insumos disponibles. Por lo cual la atención es escasa, afectando a las personas que asisten por sus alimentos y atención médica. Respecto a la salud, empeoró el acceso a los turnos para consultas médicas ya que únicamente se atienden casos de urgencia.

Los/as referentes consideran que sus barrios/comunidades se encuentran más aislados o que permanecen en la misma situación respecto a su entorno a partir de la cuarentena. Para mejorar estas condiciones afirman que las principales obras de infraestructura/servicios que se evidenciaron necesarias a partir de la cuarentena son: red de agua potable, de telefonía e internet, salud, calles, rutas, caminos y cajeros automáticos. Con respecto al equipamiento comunitario se hace una fuerte mención a la presencia de comedores y merenderos para mejorar la alimentación, dado que muchas personas no tienen un trabajo estable y en condiciones de ASPO se han visto afectados para poder alimentar a sus familias.

Respecto a las vías principales que se utilizan se puede observar que las malas o regulares condiciones de las mismas son mencionadas principalmente en los barrios periféricos de las ciudades (Bosco II, General Paz, Puestito de San Antonio y Belén), en los pueblos (Casilla del Medio, Invernada Sur, Clodomira) y en la población dispersa de los departamentos Figueroa, Copo, Guasayán y Río Hondo. Esta situación cobra gran importancia cuando su población debe trasladarse de su barrio/comunidad cotidianamente para realizar diversas actividades, entre las que se encuentran las compras (almacenes, garrafa de gas y farmacia), el trabajo, los trámites administrativos, la atención de la salud y el cobro en cajeros automáticos. A esto también se suman las complicaciones respecto al cuidado de familiares o la atención a compañeras en situaciones de violencia que son trasladas a otro barrio o institución y se les debe hacer un seguimiento.

Las distancias que deben recorrer los/as vecinos/as varían de acuerdo a los contextos, desde 110 km en la Invernada Sur, o 70 km desde Guasayán a las ciudades para acceder a una farmacia, hasta la existencia de la misma a unas pocas cuadras de los hogares. En el 47% de los casos, los/as referentes afirman que las distancias y los costos aumentaron ya que a la presencia de caminos intransitables, las desconexiones entre territorios, la disponibilidad de horarios de los transportes y el costo elevado de los mismos, se suma el corte de este servicio y la disposición de que los remises o autos de alquiler deben llevar una sola persona por viaje.

b.2. Condiciones de Vivienda

Respecto a las condiciones críticas en las viviendas se observa una situación generalizada de falta de acceso a la vivienda digna variando principalmente en la cantidad de hogares de acuerdo a cada una de las realidades mencionadas. Las mismas responden a dos tipos de déficit, los cuales precisan diferentes intervenciones a través de políticas públicas habitacionales. Por un lado, respecto al déficit cuantitativo se identifican dos situaciones críticas: a) la construcción de espacios para habitar con materiales inadecuados (nylon y cartón); b) la convivencia de múltiples familias en un mismo hogar (hacinamiento), por falta de acceso a un terreno y una vivienda digna.

Por el otro lado, el déficit cualitativo se observa en: a) la falta de baños en las viviendas; b) el hacinamiento dado por la presencia de familias numerosas o ensambladas que no tienen espacios de acuerdo a la cantidad de integrantes de la misma; c) falta de adecuación climática de las viviendas; d) acceso a servicios básicos (gas, luz y agua); y, e) las viviendas que por falta de recursos no realizan mejoras provocando su deterioro con el paso del tiempo.

En diversos escenarios se hace mención a que el modelo de vivienda social otorgadas por el gobierno provincial no responde a los parámetros de familia numerosa y ensamblada que abunda en nuestra provincia, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades y en el interior rural, por lo que a pesar de generar vivienda nueva no resuelve la problemática. Por otro lado, tampoco se adecúa a las condiciones climáticas del norte argentino ya que como dice una referente «cuando hace mucho calor esas viviendas queman al rayo del sol, al frío, las heladas se lo pasa con algún brasero, pero el calor es muy insoportable… no se puede respetar un aislamiento así, en esas condiciones» (entrevista 4, 25/08/2020).

IV. Conclusiones

Si bien las desigualdades socio laborales y habitacionales de nuestra provincia tienen características estructurales, tales como una endeble estructura productiva, un mercado de trabajo sesgado por la informalidad, la precariedad laboral y la expulsión de mano de obra, y un marcado déficit cuantitativo y cualitativo en torno la vivienda y la infraestructura comunitaria, la pandemia Covid-19 deja al descubierto y profundiza las ya históricas brechas sociales. En este contexto, es importante replantearse las condiciones laborales, la generación de trabajo digno, así como también el acceso a la tierra y a la vivienda, los cuales deben ser respetuosos de los modos de vida y de habitar de nuestras poblaciones.

Respecto a las políticas económicas implementadas destinadas a la población vulnerada, hay un consenso general sobre que el IFE y la AUH ayudaron a afrontar la pandemia. Sin embargo, las necesidades laborales identificadas son:

• Acceso al trabajo digno, relacionado a la registración de trabajadores/as a la seguridad social, salarios acordes (garantizando el acceso al mínimo vital y móvil), protección ante despidos injustificados, provisión de elementos de bioseguridad por parte de los/as empleadores/as, etc. También resulta primordial tener en cuenta las desigualdades de género en el acceso al trabajo, ya que son las mujeres (sobre todo de sectores populares), quienes por lo general acceden a trabajos informales y precarios.

• Cumplimiento efectivo de los derechos laborales, en este sentido, poner el foco en sectores específicos del mercado de trabajo, como la construcción y el servicio doméstico, cuyas tasas de informalidad en el último trimestre de 2019 fueron del 56% y del 94% respectivamente. También se vieron afectados sectores históricamente informales y precarios como los/as trabajadores/as rurales estacionales o golondrina y los/as trabajadores/as gastronómicos/as y hoteleros/as, ambos con innumerables inconvenientes para retornar a sus lugares de trabajo o para mantener un ingreso que pueda sustentar a las familias.

• Organización social del cuidado. Es imprescindible tener en cuenta esta dimensión que cumple una función esencial en las economías capitalistas: la reproducción de la fuerza de trabajo. La restricción a la circulación no sólo paralizó a la fuerza de trabajo, sino que, aumentó la carga de trabajos de cuidados que recae principalmente en las mujeres. Sin una organización social privada o pública de los servicios de cuidado, y sin una distribución equitativa de las tareas domésticas hacia dentro de los hogares, es imposible poder superar la brecha de género que separa a varones y mujeres.

Respecto a las necesidades habitacionales que se consideran prioritarias/urgentes para sobrellevar situaciones de aislamiento como la que estamos viviendo se identifican tres, las cuales responden a los dos déficits relevados previamente:

• Acceso a una vivienda nueva (déficit cuantitativo): producir mecanismos necesarios y modificar los requisitos para acceder a viviendas otorgadas por el Instituto Provincial Vivienda y Urbanismo para lo que se debe tener en cuenta la deconstrucción de la concepción de familia impuesta y la generación de posibilidades para aquellas que no tienen empleo registrado.

• Mejoramiento y ampliación de las viviendas (cualitativo): construcción de baños y diferentes espacios según las necesidades de cada familia y dotación de infraestructura/servicios (agua potable, luz de calidad, de telefonía e internet, salud, cajeros automáticos, calles, rutas y caminos);

• Acceso a la propiedad legal de la tierra (ambos déficits): regulación del uso del suelo urbano y rural, poniendo un freno a la especulación inmobiliaria y agropecuaria. Además de promover que las políticas públicas a implementar cumplan con los criterios de la vivienda adecuada (seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación; y adecuación cultural), las mismas deben apoyarse en la idea de que la vivienda es un proceso, siendo un punto de partida propicio para activar procesos de promoción y desarrollo local, educativos, culturales, de generación de empleo y modernización institucional.

Es una oportunidad de innovación política, basada en nuevos abordajes, nuevas formas de participación y nuevas relaciones institucionales y territoriales, lo que genera procesos más sustentables en el tiempo. Asimismo, se debe tener en cuenta la construcción de un conocimiento exhaustivo de la realidad local, la especial atención a sectores pobres de la población, la conformación de equipos interdisciplinarios y la articulación con los diferentes actores territoriales, la formación técnica, la concepción de las acciones habitacionales como procesos no solo técnicos sino socio políticos, y la diversificación de las opciones operativas (Gargantini, 2020).

Referencias

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CAJAL, JORGELINA (2019): Políticas turísticas y sus implicancias en el contexto social de las Termas de Río Hondo en el período 2008-2018. Tesis final de grado de la Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de Santiago del Estero.

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Notas

Información adicional

Sobre el artículo: Una versión de este trabajo ha sido presentada en el Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: Territorio e Innovación», los días 12 y 13 de noviembre de 2020 en La Banda, Santiago del Estero, Argentina. La misma no ha sido publicada previamente.