Desde hace algunos años, China ha incursionado en la inversión de mega proyectos de infraestructura y recursos naturales en América Latina, y en Argentina en particular. Estas inversiones comparten las características «norte–sur» que la Argentina, en tanto economía dependiente, ha tenido a lo largo de los años como receptora de inversiones extranjeras. Además de las múltiples consecuencias que este tipo de relaciones tiene en materia económica, juegan un rol fundamental en materia de la ecología política a nivel internacional (Faber 1992).

A lo largo del siglo XXI, la salida de capitales chinos hacia el exterior creció exponencialmente, lo que consolidó a China como segundo inversor del mundo (UNCTAD, 2016). La particularidad de esos flujos es que se concentraron en sectores de recursos naturales, en especial de países en desarrollo. Uno de los aspectos más novedosos de esta dinámica es el número significativo de inversiones que China dirigió a la adquisición del control de tierras agrícolas en otros Estados (Hofman & Ho, 2012). Esto determinó que la potencia asumiera un papel protagónico en el proceso global de toma de control de extensiones de tierras cultivable superiores a las 1000 hectáreas en otros Estados, denominado acaparamiento de tierras (Borras, Kay y Gómez, 2012).

En este contexto, desde el año 2010 se inicia un masivo ingreso de inversiones de China en Argentina que tuvo como principal destino los sectores primario–extractivos y la construcción de infraestructura vinculada a estos (Laufer, 2017). Dentro del último rubro es posible destacar tres casos que, además de estar entre las obras de infraestructura más ambiciosas de China en el país, se encuentran estrechamente ligadas al acaparamiento de tierras por parte de la potencia en Argentina, lo que dio lugar a la emergencia de resistencias en defensa de la tierra y el ambiente: el proyecto agroalimentario de la empresa Beidahuang Group en la provincia de Río Negro; la construcción del acueducto La Paz–Estacas y el riego en Mandisoví Chico, en Entre Ríos; y la construcción de las represas Kirchner–Cepernic en Santa Cruz.

La relación entre Argentina y China respecto a este tipo de inversiones puede ser analizada a la luz de los conceptos de la Ecología Política, que analiza el patrón de distribución, uso y explotación de recursos físicos de los países en función de la acumulación mundial de capitales. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las consecuencias en términos ambientales de las relaciones entre China y Argentina a partir de los casos de acaparamiento de tierras presentados.

I. La Ecología Política y el rol de los países del Sur

La Ecología Política estudia los «conflictos ecológicos distributivos». La distribución ecológica se refiere a los patrones (sociales, espaciales y temporales) de acceso a los beneficios de los recursos naturales, lo cual está determinado tanto por factores naturales, como sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos (Martínez Alier 2002).

Muchas de las ideas de las corrientes críticas dentro de la Ecología Política son herederas de las ideas económicas de la teoría de la dependencia, según la cual a medida que el capitalismo se desarrolla cada vez más en los países centrales, las características de la estructura productiva periférica, lejos de desaparecer, se acentúan y aumenta la brecha de productividad e ingresos con respecto al centro. Según esta teoría, es fundamental para este proceso el papel de los salarios y los sindicatos en los países periféricos (en contraste con el mayor poder sindical en los países del centro). El bajo poder de negociación de los sindicatos en estos países, debido a los altos niveles de desempleo, hace que los aumentos de productividad no se trasladen a los salarios sino a una ganancia extraordinaria que es apropiada por los capitalistas de los países centrales por medio del comercio internacional^[1].

Retomando estas ideas, James O’Connor (2001) sostiene que el desarrollo desigual no solo se refiere a la concentración espacial del capital industrial, sino que se extiende a la concentración de la agricultura y la extracción de materias primas en los países subdesarrollados. A partir de esta situación, se produce en estos países un círculo vicioso de agotamiento de los recursos naturales: (i) la agricultura de exportación concentra la tierra en manos del agronegocio y desplaza a la agricultura de subsistencia hacia tierras marginales; (ii) el deterioro en los términos de intercambio para estos países hace que se intensifique la exportación de materias primas para mantener determinados niveles de importación y pago de deuda; (iii) entonces las tierras son explotadas más intensivamente mediante el uso de cantidades mayores de fertilizantes, pesticidas y trabajo humanos^[2]; (iv) además, la mayor expansión de cultivos de exportación requiere también de mayor deforestación, así como de una mayor transferencia de tierra fértil de pobres a ricos^[3]. De esta forma, los efectos que este desarrollo desigual tiene en términos del agotamiento de los recursos naturales van desde la degradación de las condiciones del suelo, pasando por la deforestación hasta llegar a la rápida explotación de los combustibles fósiles.

En definitiva, esta perspectiva intenta mostrar cómo la condición de subdesarrollo no solo trae aparejadas consecuencias en términos económicos, sociales y políticos sino también en términos ambientales: contaminación en la zonas industriales de los países subdesarrollados con desarrollo combinado; y deterioro de los recursos naturales en los países exportadores de materias primas y alimentos (Faber 1992).

Al mismo tiempo, en los países del Sur global, se da lo que Martínez Alier llama el «intercambio ecológico desigual». Este intercambio incluye el daño ambiental causado en la producción de productos de exportación y los distintos tiempos de producción cuando los productos extraídos que solo se pueden reemplazar a largo plazo (si es que pueden) son intercambiados por bienes o servicios que se pueden producir rápidamente. La desigualdad esta ocasionada, según este autor, por la falta de incorporación de los costos ambientales a los precios de las exportaciones de los países periféricos. En este sentido, se genera una «deuda ecológica» en la cual los países pobres serían los acreedores. Al igual que O’Connor, este autor considera que la sobreexplotación de recursos naturales se intensifica cuando la relación de intercambio empeora para las economías extractivas (para pagar deuda externa o para financiar las importaciones). Martínez Alier hace una distinción entre «pobres» y «ricos» y se pregunta por qué el ecologismo es frecuentemente visto como un lujo de los ricos, en lugar de una necesidad de los pobres, dado que parte de la premisa de que no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente natural (Martínez Alier 2005).

II. La huella ecológica en la relación sino–argentina

Un indicador que permite dar cuenta del intercambio ecológico desigual es la relación entre la huella ecológica y la biocapacidad de un país. La huella ecológica es una medida (en hectáreas) del área de agua y tierra biológicamente productiva que una persona, población o actividad requiere para producir todos los recursos que consume, para acomodar su infraestructura urbana ocupada y para absorber los desechos que genera, utilizando la tecnología y las prácticas de gestión de recursos prevalecientes. Por su parte, la biocapacidad se refiere a la disponibilidad que tiene un país de hectáreas biológicamente productivas. La diferencia entre la biocapacidad y la huella ecológica determina las reservas (o déficits) ecológicas de un país. Si un país dispone de más hectáreas biológicamente productivas de las que necesita, entonces es un «acreedor ecológico» y si dispone de menos se trata de un «deudor ecológico».

En este último caso, las hectáreas que le faltan al país para producir todos los recursos que consumen tiene que «salir» de algún lado, y ese lugar es el comercio internacional. Un país deficitario de hectáreas productivas puede adquirir en otros países esos recursos faltantes a través de las importaciones o, como es el caso que analizamos en este trabajo, de la adquisición directa de tierras en el extranjero.

El siguiente gráfico muestra a los países del mundo de acuerdo a su situación respecto a la huella ecológica: los países pintados en verde son acreedores ecológicos y los países pintados en rojo son deudores ecológicos (requieren más hectáreas bioproductivas de las que disponen). A simple vista y sin hacer un análisis muy profundo, puede observarse que la mayor parte de los países son deudores ecológicos. De hecho, tal como afirma Global Footprint Network (2019), el 85% de la población del mundo vive en países con déficit ecológico.

Argentina, junto con la mayoría de los países de América del Sur, tienen reservas ecológicas y esto se debe al rol que cumplen en la acumulación mundial de capitales como proveedores de materias primas y recursos naturales.

Gráfico 1. Déficit/reservas ecológicas en el mundo, 2019
http://data.footprintnetwork.org/#/

En el siguiente gráfico pueden observarse las reservas ecológicas de Argentina desde 1961. Si bien la biodisponibilidad ha tendido a disminuir (por el deterioro de los recursos naturales, el aumento de la población, entre otros), la relación con la huella ecológica siempre ha sido positiva. Esto significa que estas reservas pueden ser exportadas por el país a través de los bienes vendidos a otros países o puestas a disposición para que directamente otros países produzcan sus bienes con estos recursos (acaparamiento de tierras y aguas). Éste es el caso, por ejemplo, de la relación con China.

Gráfico 2. Reservas ecológicas de Argentina, 1961–2016
http://data.footprintnetwork.org/#/

Desde fines de los setenta se inaugura un nuevo modo de desarrollo en Argentina, que replica con matices los mismos rasgos generales de toda América Latina. En el marco de las transformaciones mundiales que la crisis internacional de mediados de los setenta impulsó, desde los organismos multilaterales de créditos se exige en toda la región la aplicación de una serie de reformas estructurales como condición para el financiamiento y la entrada de capitales, contexto de reiteradas crisis de balanza de pagos que el proceso de sustitución de importaciones había implicado en Latinoamérica.

El resultado de la aplicación de estas reformas fue la integración al mercado mundial diluyendo las mediaciones nacionales. El interés del capital trasnacional (en América Latina en general, y en Argentina en particular) pasó a estar en el aprovechamiento de mano de obra barata y recursos naturales sin explotar con una orientación de la producción a las exportaciones (Osorio 2010). Es decir, en los eslabones de extracción y producción de las cadenas globales de valor, dejando en países centrales las etapas que captan mayor valor, como el diseño, marketing, seguro, financiamiento, logística, etc. A partir de esta explicación puede entenderse que el máximo nivel alcanzado por la huella ecológica en Argentina haya sido a mediados de los setenta (ver gráfico 2), últimos años de la etapa caracterizada por la sustitución de importaciones y cuando el entramado industrial de la estructura productiva era mucho mayor que el actual.

El gráfico 3 muestra el déficit ecológico de China, que es un deudor ecológico desde fines de los sesenta, pero cuyo déficit aumentó exponencialmente desde fines de los noventa. Lo cual coincide con el proceso industrializador y los cambios en los hábitos de consumo de aquel país. Como dijimos antes, esta diferencia deficitaria China la cubre a través del comercio internacional y la producción directa en el exterior. Buena parte de estas inversiones, las realizó en los últimos años en proyectos de infraestructura en Argentina.

Gráfico 3. Déficit ecológico de China, 1961–2016
http://data.footprintnetwork.org/#/

Analizaremos a continuación tres de estos proyectos y sus impactos ambientales.

III. Los proyectos de China ligados al control de la tierra

Dentro de las múltiples iniciativas de inversión de China en Argentina, es posible distinguir tres ambiciosos proyectos en el sector infraestructura que fueron intensamente disputados por la sociedad por sus consecuencias sobre el control de la tierra.

Uno de ellos es el proyecto agroalimentario resultante de los acuerdos de cooperación suscriptos entre el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, con las autoridades de Beidahuang Group, una empresa estatal de la provincia china de Heilongjiang^[4]. El objetivo de esos compromisos fue el financiamiento y la construcción, por parte de la empresa china, de sistemas de irrigación a partir del río Negro que permitieran incrementar la producción de granos sobre el Valle Medio y el Valle Inferior de la provincia. Además contemplaban la construcción de una terminal portuaria. Eso justificaba la magnitud de los capitales involucrados, que rondaban los 1500 millones de dólares^[5].

No obstante, esos acuerdos, en lugar de detallar los aspectos técnicos y las actividades que comprendería la obra de riego, contenían una transferencia explícita del dominio efectivo del acceso, uso y posesión de 257.505 hectáreas de valles irrigables a Beidahuang por un período de 20 años. Esto se debía a que en las cláusulas, Río Negro ofrecía 20.000 hectáreas sin explotación con obras de riego en el Valle Inferior en arrendamiento por 20 años a la empresa, que debía realizar las tareas para «asegurar la siembra de los cultivos que ella seleccione para la próxima inmediata cosecha anual» (Beidahuang Group y Gobierno de Río Negro, 2010a, art. 9). El gobierno además ponía a su disposición toda la información para una inversión futura en la explotación de 234.500 hectáreas en el Valle Medio^[6]. Asimismo, brindaría «sin cargo alguno» 3000 hectáreas para que Beidahuang Group realizara un campo experimental de cultivos de alto rendimiento, en el que promovería técnicas de alta tecnología agrícola (Beidahuang Group y Gobierno de Río Negro, 2010c, art. 4). Sumado a ello, para la construcción de la terminal portuaria, la provincia otorgaría a la empresa todos los estudios existentes y cedía 5 hectáreas por un período de 50 años con renovación automática (Beidahuang Group y Gobierno de Río Negro, 2010c, art.5).

En lo que respecta al proyecto de Acueducto La Paz–Estacas y de Sistematización y Distribución de Agua para riego–Mandisoví Chico, en el norte de Entre Ríos, fue uno de los acuerdos bilaterales suscriptos por los Jefes de Estado en 2014. Su objetivo es la construcción de dos obras que serán ejecutadas por la Corporación Estatal China de Construcción e Ingeniería (CSCEC) y financiadas por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) a través de un crédito de 430 millones de dólares. Por un lado, la implementación de un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, localizado en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación y fracciones de los departamentos Feliciano y Federal. Por el otro, la realización de un acueducto a cielo abierto en el departamento La Paz con el aporte de aguas del río Paraná para dotar de riego al área. Ambos funcionarán a partir de un canal principal desde donde será tomada el agua, estaciones de bombeo y canales secundarios de distribución hasta las parcelas a regar (Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos)^[7].

De todos modos, ese emprendimiento conlleva una reconcentración de la tierra por parte de CSCEC. La causa es que mediante la construcción de una obra fuera del escrutinio público y sin incluir la opinión de los productores de la zona, la empresa se reserva el dominio y la capacidad de decisión sobre 24.000 hectáreas en la Paz y 30.000 en Mandisoví Chico, con una influencia sobre sobre 90.000 y 150.000 hectáreas respectivamente (Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos)^[8].

Por su parte, las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz, en la homónima provincia, fueron impulsadas por el gobierno nacional, que en 2012 adjudicó su construcción, la operación y el mantenimiento a Represas Patagonia, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo y la estatal China Gezhouba Group Corporation (Decreto 1091, 2014). En 2014 la iniciativa fue efectivizada con la ratificación, por parte de los presidentes de Argentina y China, del Acuerdo por el financiamiento de las represas. Este se realizaría mediante el otorgamiento de un préstamo a través de tres bancos: el Banco de Desarrollo de China (CBD), el ICBC y el Bank of China Limited (BOC). Con un monto de 4714 millones de dólares, está consiste en la mayor inversión de china en el extranjero (Uriburu Quintana, 2017).

El complejo hidroeléctrico Kirchner–Cepernic alterará el control de la tierra por una doble vía. Primero, la provincia fue obligada a poner a disposición de Represas Patagonia las tierras necesarias para el emprendimiento. Ello confirió a la UTE el dominio de 49.783 hectáreas para la construcción de la infraestructura y la operación, así como la inundación. Segundo, a esa extensión fue anexada la expropiación de una franja de 200 metros a ambas márgenes a lo largo del río. Ello amplió el control de Represas Patagonia hasta una superficie estimada en 90.000 hectáreas (Aguilar, 2017).

IV. Los impactos ambientales del acaparamiento de tierras

Un aspecto compartido por las inversiones analizadas es la falta de transparencia que rodeo la negociación y la suscripción de los convenios. Estos fueron realizados en secreto, sin consultas con la población, y en los casos de los acuerdos por las iniciativas en Río Negro y Entre Ríos y el contrato de obra pública por las represas, no fueron difundidos públicamente tras su firma. Esas irregularidades se completan, en el primer caso, con la ratificación del proyecto agroalimentario mediante el Decreto Nº 1332 (2011) del Poder Ejecutivo provincial, sin intervención de la Legislatura. En el segundo caso, con la sanción sin debate y sobre tablas, es decir, sin que fuera enviada a las comisiones correspondientes para su análisis y carente de dictámenes previos, de la Ley provincial N°10.352 (2015), propuesta por el Poder Ejecutivo a fin de solicitar autorización para suscribir el contrato de obra pública y tomar el crédito del ICBC. La Ley 3389 que amplió la expropiación por las represas a las riberas también fue aprobada sorpresivamente, sin consultas, informes técnicos ni tratamiento en comisión ni debate.

Además de no haber contado con audiencias públicas, tampoco se realizaron estudios de impacto ambiental (EIA) previos a la contratación de esas mega obras de infraestructura. Ello era indispensable tanto por la escala de los proyectos así como comprometer áreas de alto valor ambiental. Cabe agregar que el control de la tierra que confieren esos emprendimientos tiene como finalidad la modificación del uso previo de la tierra hacia la producción alimentaria a gran escala para abastecer a China. Por lo tanto, al igual que el daño sobre el ecosistema resultante de las obras en sí, los costos ambientales del control de la tierra por parte de las empresas chinas también permanecieron ocultados.

1. Río Negro

El gobierno de Río Negro afirmaba que el proyecto agroalimentario se emplazaría sobre tierras áridas sin producción^[9]. Por el otro, afirmaba que eran tierras privadas, lo que impide negar la posibilidad de que allí se desarrollara algún tipo de producción a pequeña escala. Independientemente de ello, esas tierras se transformarían hacia la producción agrícola de los cultivos que la empresa seleccionara (Beidahuang Group y Gobierno de Río Negro, 2010a, art. 9). Como los convenios no detallan cuáles serían esos productos, se ha señalado que su finalidad era la producción de soja, aunque a nivel gubernamental se insistía en que involucraba además trigo y maíz^[10].

El destino de esas commodities sería la exportación a China, como lo demuestra la declaración del gobernador respecto a que la provincia no vendería tierras, sino que cada productor firmaría un contrato con la empresa por las obras de riego y la comercialización de la producción agrícola al gigante asiático por 20 años (Premici)^[11]. Esto es corroborado por el interés en la construcción de la terminal portuaria en San Antonio Este. Ese puerto de ultramar, que se distingue por condiciones geográficas y climáticas, se ubica a 250 Km del Valle Medio, por lo que es la salida natural de sus productos. En adición, allí se instalaría una fábrica de aceite.

La conciencia de que el proyecto implicaba la apertura de vastos territorios de la provincia a la explotación agroindustrial por una empresa extranjera provocó una reacción inmediata de vecinos y organizaciones sociales^[12]. Esta se originó en la oposición al avance del agronegocio en la provincia y la introducción de la producción intensiva de soja en la Patagonia. Dado que la sociedad percibió que el proyecto se enmarcaba en la expansión del modelo sojero, por lo que priorizaba los intereses económicos del agronegocio en desmedro de los intereses de la población (Central de los Trabajadores Argentinos et.al.)^[13], generalizaron la denominación de proyecto sojero para referirse a la iniciativa.

Entre las consecuencias ambientales del proyecto sojero se encuentra que la introducción del riego propiciaría el desplazamiento de la frontera agrícola, lo que conllevaría la destrucción del ambiente nativo que cubre la mayor parte de la superficie de los valles Medio e Inferior del río Negro y la invasión de áreas habitadas por pueblos originarios (FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, 2010). Asimismo, la sociedad llamó la atención en torno al deterioro del suelo a causa de los nutrientes que serían exportados junto a la soja y el uso de agroquímicos. Lo último resultaba altamente sensible en Río Negro debido a la combinación de la fragilidad de la tierra con los intensos vientos de la zona. Al volverse los suelos improductivos, ello daría lugar a tormentas de arena, que se unirían a la dispersión de los agrotóxicos por el aire.

Por el mismo motivo, la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM, 2010) declaró que «a nivel mundial China es el país más afectado por la extensión, intensidad e impacto económico de la degradación del suelo. Es difícil creer que en Río Negro no harán lo que estuvieron haciendo mal en su país»^[14]. Su advertencia se dirigía particularmente a las tormentas de polvo, recurrentes en China a causa de la erosión del suelo y las malas prácticas agrícolas. Asimismo, los grupos movilizados invocaron los estudios científicos que demostraban los efectos del glifosato y los agrotóxicos en la salud^[15].

La dimensión real del riesgo ambiental se comprende al considerar que el área cedida a Beidahuang poseía «una extensión mayor a quince veces la Ciudad de Buenos Aires»^[16] o bien, «casi el doble de la superficie que hasta hace pocos años se encontraba en producción en toda la cuenca del Río Negro»^[17]. Asociado a ello, se encuentra la preocupación por la presión sobre el caudal del río que supondría el riego de esa vasta extensión de tierras. Dado que el caudal natural ya se veía reducido por las represas sobre los ríos Limay y Neuquén, resultaría imposible regar tal superficie si se pretendía abastecer el consumo de las poblaciones aguas abajo^[18]. Ello hubiera sido agravado por el excesivo uso de agua que demandan los cultivos transgénicos.

Es de notar que la sociedad cuestionó asimismo que la soja conduzca al desarrollo regional, «porque no todos los suelos de la región son aptos para hacerlo, los costos del riego lo hacen muy poco competitivo o directamente inviable (según el tipo de riego a utilizarse), y el modelo de desarrollo implícito en el monocultivo no es sustentable, ni económica, ni ambiental, ni cultural ni socialmente» (Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior, 2011:5).

Independientemente del cuestionamiento ambiental, la iniciativa en Rio Negro permitía a China asegurar su abastecimiento directo de soja y otros granos, a modo de disminuir su dependencia del mercado mundial y eludir la volatilidad de los precios internacionales. Se debe tener presente que la soja ha sido una prioridad en las inversiones de China en el exterior, de la que se convirtió en el mayor importador mundial en el 2000. Desde entonces también descendió la superficie del país sembrada con la oleaginosa. China registró asimismo un aumento sostenido en las importaciones de trigo y maíz, del que se convirtió en un importador neto en 2010 (Odarda y Santa Cruz, 2011).

El intercambio ecológico desigual, implícito en el esquema pactado con China, queda sintetizado en un comunicado emitido por FUNAM, que denunció que «China pretende absorber la producción de las 320.000 hectáreas pero dejando en Argentina los suelos deteriorados, menos agua y residuos de plaguicidas que contaminarían los ríos Negro y Colorado. En esta denuncia queda en evidencia lo planteado en el apartado 2 respecto a la situación deficitaria de China en materia ecológica, y la situación superavitaria de Argentina por su disponibilidad de recursos, y cómo estos resultados se saldan a través del comercio internacional y, en este caso, la producción directa en el exterior por parte de los países deficitarios.

Por esa razón, la conclusión de los vecinos era que Río Negro nunca podría tener un plan alimentario propio con las tierras devastadas y las aguas contaminadas por la producción intensiva durante 20 años (Vecinos autoconvocados, organizaciones sociales, y alumnos y exalumnos de la ESFA, s.f.). Justamente, el mayor impacto de la iniciativa queda al descubierto al tener presente que comprometía a los valles, el único espacio productivo de la provincia.

Otro correlato del modelo de monocultivo industrial que pretendía instalarse en los valles sería el éxodo rural y la desaparición de los pequeños agricultores. Ello también sería consecuencia de que se había previsto la posibilidad de que los propietarios arrendaran sus tierras a Beidahuang Group para someterlas a la producción. Además, se había establecido que los productores debían devolver entre el 20% y el 30% de la inversión en riego en un período de 20 años, lo que podría ser pagado en efectivo o por la venta de las tierras a China (Premici)^[19].

2. Entre Ríos

Pese a que los componentes y aspectos técnicos del proyecto son desconocidos, ya que la Ley 10.352 se refiere exclusivamente a su financiamiento, los estudios de la Dirección de Hidráulica de la provincia confirman que la meta de la obra es permitir el acceso al agua para estabilizar la producción y aumentar la superficie cultivada de soja en La Paz y de arroz y cítricos en Federación (PROPSAP, 2011). Ello conllevará una transformación del monte nativo que cubre el área de influencia de la iniciativa en tierras para la producción de alimentos. Al mismo tiempo, es posible asociarla al reemplazo de la producción alimentaria para consumo doméstico por la producción de alimentos exportables.

Existen pruebas de que el destino de esos cultivos es el mercado chino, como el acuerdo subscripto por la provincia con CSCEC en 2015 para reactivar Puerto Ibicuy y convertirlo en multipropósito y multimodal. Ese es el puerto entrerriano de mayor calado natural, con condiciones para operar carga de gran volumen, pero se encuentra inactivo desde su derrumbe en 2011. El gobierno además acordó inversiones chinas en un predio de 200 hectáreas para consolidar un polo agroindustrial en cercanías del puerto[20].

Por lo tanto, el control de la tierra para la instalación del riego sería la antesala de un avance de la frontera agrícola. Ello exigiría el desmonte, lo que fue uno de los principales motivos de alerta en la sociedad, debido a que en la zona del proyecto La Paz se encuentran áreas de monte de categoría roja^[21] dispersas en forma de parche, que se alternan con una zona de chacras. Esas consisten en las últimas zonas de bosque nativo de la provincia, por lo que otro correlato de su desaparición sería la pérdida de biodiversidad. En adición, la incorporación del riego supone un deterioro de los suelos, que son muy susceptibles a la erosión, y así como un uso intensivo de energía eléctrica.

Igualmente delicado es que el proyecto afecta a las principales cuencas hidrográficas de la provincia. Dado la inexistencia de un EIA, no se evaluaron las consecuencias de la modificación de estas y en especial, el riesgo que representaría el trasvasamiento del agua de una hacia la otra. Esto se debe a que no se estudió el impacto que significaría que el agua para regar en Federación sea tomada del lago Salto Grande que recibe los agrotóxicos de la forestación, la citricultura, la soja y el arroz.

La paradoja de la inversión es que, como expresaron las organizaciones de la sociedad civil en un comunicado, «del texto del proyecto no surgen garantías ni indicios de los efectos favorables de esa obra, menos aún que sus eventuales beneficios puedan llegar a los pequeños productores entrerrianos ni mejorar las producciones agrícolas o incrementar la superficie cultivada» (Multisectorial en defensa del patrimonio de los Entrerrianos, 2015). Esto se articuló con la idea de los productores de que el acueducto La Paz no era prioritario dada la presencia de problemas básicos pendientes de resolución, entre ellos la tenencia de la tierra, el desarraigo, la erosión del suelo, el fomento de las economías regionales, el estado de los caminos y la falta de servicios básicos.

El cuestionamiento a la necesidad del acueducto en La Paz se nutrió de argumentos técnicos. La base de esto fue un escrito del geólogo Égidio Scotta (2015), investigador del INTA Paraná en Erosión Hídrica de Suelos. Este señala que los suelos poco permeables, la abundancia de precipitaciones y el relieve ondulado causan que el paisaje del norte provincial este modelado por la presencia de grandes volúmenes de agua. Por lo tanto, reconoce que el riego puede ser reemplazado por el aprovechamiento de los excedentes de agua de lluvia escurrida o evaporada en las planicies. Ese documento echó por tierra las ideas acerca de la utilidad para la provincia de las obras a ser construidas por China, mientras que dejó a la luz que estas responden a los intereses alimentarios de la potencia.

En los últimos 20 años, la población china duplicó su consumo de arroz, que alcanzó 50 kilos por persona. Desde el 2011, China, mayor consumidor mundial de arroz, está experimentando un acelerado crecimiento de las importaciones de ese grano. Ese ascenso causó que en 2013 China supere por primera vez a Nigeria como mayor importador mundial, lo que generó severas inquietudes a nivel gubernamental^[22]. Asimismo la población china incrementó su consumo de cítricos, que pasaron a formar parte de la dieta diaria. El precio y la demanda fuera de temporada favorecieron su importación (USDA Foreing Agricultural Service, 2015).

Vale añadir que el avance agrícola va aparejado a la amenaza de desplazamiento de los pequeños productores de sus tierras. Esta es producto de la imposibilidad de afrontar los costos del riego que, sumados a las cargas fiscales para el pago de la obra y otros gastos adicionales, como el mantenimiento, «podría generar un quiebre de las economías rurales de pequeña y mediana escala, con la previsible puesta en venta de tierras que pasarían a acumularse en manos de un puñado de grandes propietarios»^[23]. La pérdida de las tierras también podía ser correlato de las expropiaciones contempladas en la Ley 10.352. En particular por la posibilidad de que, al perder la unidad económica, los chacareros se vieran obligados a vender el resto de su parcela (Multisectorial en defensa del patrimonio de los Entrerrianos, 2015). De hecho, la ficha ambiental sobre del acueducto La Paz–Estacas (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, 2009) reconoce que las trazas de los canales fueron diseñadas para transcurrir por las banquinas de los caminos públicos, pero algunos tramos ocuparían tierras privadas. En adición, afirma que se deberían incorporar tierras de uso agrícola para la localización parcial de los canales. Aunque se desconocía cuáles serían las áreas sujetas a expropiación, los pequeños propietarios exhibían una mayor vulnerabilidad.

3. Santa Cruz

Una particularidad de las represas Kirchner–Cepernic es que modificarán el uso de una parte de las tierras acaparadas por Represas Patagonia hacia una finalidad no alimentaria, para la instalación de la infraestructura de la obra; mientras que una superficie mayor será inundada por el espejo de agua a formarse tras la construcción del muro de las represas. Con todo, dado que no fue demostrada la utilidad pública de la expropiación de las riberas, resulta más complejo explicar cuál será el uso de esa fracción.

Una opción factible es que, del mismo modo que fue señalada la posibilidad de instalar sistemas de riego a partir del embalse de las represas, estos sean incorporados a lo largo de la ribera. De hecho, el EIA realizado en 2017 reconoció que «se podrían desarrollar proyectos de riego en las costas de los campos lindantes, lo que podría beneficiar a la producción local y permitiría realizar otras actividades productivas en las Estancias» (Represas Patagonia, 2017). Esto transformaría el uso de las riberas desde la producción de lana hacia el cultivo de alimentos, principalmente forrajes, que podría ser exportados a China a través del puerto de Punta Quilla, que es la vía de ingreso de los materiales y maquinarias para la construcción de las hidroeléctricas.

La alteración del uso y control de la tierra en Santa Cruz tendrá severas consecuencias ambientales. Vale mencionar que las represas se emplazarán en una zona de alto valor ambiental, ya que el Santa Cruz es el «último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar» (Río Santa Cruz sin Represas, 2016). Este río, que se extiende a lo largo de 385 km en los que atraviesa la provincia, se encuentra en un ecosistema irremplazable, la cuenca del río Santa Cruz, la segunda más extensa de la Patagonia y el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2015). De ahí que vecinos y ONG hayan advertido que la instalación de las represas alterará el curso del río, transformará más del 50% de este en espejos de agua artificiales y modificará su caudal (Aves Argentinas, 2016). Ello tendría un impacto no estimado en el flujo de las aguas, que podría cambiar el vertido de los sedimentos característicos de un río glaciario, con impactos en las comunidades costero–marinas. A ello se agrega la inutilización del suelo a causa de la inundación de una superficie estimada en 47.000 hectáreas, lo que es equivalente a dos ciudades de Buenos Aires (Banco de Bosques, Fundación Vida Silvestre, 2016).

Uno de los pilares más sólidos del cuestionamiento a las represas reside en la amenaza que representa para los glaciares. Como alertó el Ingeniero Civil Gerardo Bartolomé (2014), la variación de los niveles del lago Argentino, afluente del río Santa Cruz, en función de la demanda energética del país afectaría negativamente los rompimientos del glaciar Perito Moreno. El Doctor en Ciencias Geológicas Pablo Milana, que aseveró que la obra también tendría un impacto irreversible en los glaciares Upsala y Spegazzini, ya que el aumento del nivel del lago provocará un efecto de flotación natural de estos (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2016).

Asimismo, el río Santa Cruz se destaca por la biodiversidad presente en su desembocadura, declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) porque alberga especies amenazadas, como el macá tobiano. Esta es un ave acuática endémica, registrada solo en Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial. Por añadidura, esos paisajes poseen riqueza cultural e histórica, ya que explorados por Charles Darwin, Robert Fitz Roy y el perito Francisco Pascasio Moreno. La iniciativa supone el peligro de pérdida de biodiversidad a causa de la modificación del estuario del río, donde tiene su sitio de invernada el macá tobiano, lo que aumenta el riesgo de extinción de la especie; así como de flora, información arqueológica y patrimonio paleontológico sagrado para las comunidades originarias (FARN, 2016). El agua dulce también captó la atención, a causa de que la cuenca del río se ubica en el campo de Hielo Patagónico Sur, la tercera reserva del mundo.

En lo que respecta a las riberas, conviene resaltar que uno de los fundamentos de la expropiación fue prevenir los daños sobre los terrenos que surgirían de «una superficie de cubrimiento de aguas mayor a partir de casos de oleajes ordinarios (nuevos cálculos de vientos incidiendo sobre el espejo de agua de la represa)»^[24]. Sin embargo, esa posibilidad debe ser desestimada ya que fue permitida la concesión de esos terrenos a terceros (Ley 3389,2014, art 5). Por lo tanto, antes que las consecuencias ambientales, la desposesión de las tierras de los propietarios ribereños es el efecto más visible de esa medida. En algunos casos, el avance sobre esa fracción equivale a la expropiación casi completa de la estancia, lo que claramente fuerza al abandono de la tierra. Sin embargo, el perjuicio más generalizado se asoció a la pérdida del acceso al río, ya que, dada la escasez de agua, las riberas son vitales para la ganadería ovina, la principal actividad económica. Su importancia es mayor en invierno, porque es la única fuente de agua disponible para el ganado. Por eso, los superficiarios coincidían en que la restricción en el acceso al agua equivalía a condenar a muerte a los productores rurales.

En suma, el dominio de la tierra que logra la UTE tanto en la zona de embalses como en las riberas, que a su vez es inseparable del control del río Santa Cruz, le permitiría a China asegurarse el abastecimiento de alfalfa para responder al incremento de las importaciones de ese cultivo, que se aceleraron desde 19.600 toneladas en 2008 a 798.417 en 2013 (Odarda y Viola, 2014). Esta resulta del aumento del número de grandes establecimientos productores de lácteos y las limitaciones en la producción doméstica debido a factores climáticos y suelos poco favorables. Ese crecimiento, que no fue registrado por ningún otro país, es previsible que continúe, ya que la alfalfa de alta calidad es indispensable para la mejora de la productividad de la industria lechera china.

Por el contrario, los efectos de las represas sobre el ecosistema se ven acompañados por los limitados beneficios que obtendrá Santa Cruz de la construcción de la obra. En primer lugar, la afectación de los glaciares comprometería al turismo, uno de los pilares de la economía provincial. A su vez, debido a su alta potencia, esa energía no puede ser consumida en Santa Cruz y será transportada a Buenos Aires, por lo que la obra tampoco permitirá la industrialización provincial. Por otra parte, la mayor proporción del crédito será invertido en China, donde se construyen los equipos y maquinarias (Bartolomé, 2015).

Cabe añadir que las ONG también discutieron la viabilidad de las represas para disminuir las importaciones de energía, a modo de solucionar la crisis energética del país. Esto se debe a que los tendidos eléctricos existentes solo permitían aprovechar el 43% de la energía generada (Río Santa Cruz sin represas, 2016). Para que el 100% de esa energía llegue a la interconexión con la red nacional se necesitaría una línea de alta tensión de 2000km.

V. Reflexiones finales

Intentamos, en este trabajo, analizar la problemática de la inserción internacional de los países en la acumulación de capital enfocándonos en los límites ecológicos que este tipo de inserción tiene. La perspectiva de la ecología política y la economía ecológica nos permiten realizar este análisis, poniendo de relieve que la relación desigual entre los países no se fundamenta ni expresa solo en términos económicos y políticos, sino también en términos ecológicos. Unos países ponen a disposición de capital trasnacional sus recursos naturales, y otros los explotan por encima de los límites que sus propios recursos físicos les imponen.

El análisis desde la Ecología Política del acaparamiento de tierras de China en Río Negro, Entre Ríos y Santa Cruz torna manifiesto que este proceso va más allá de la mera toma del control de la tierra por parte de la potencia. Antes bien, ello se sustenta en un desigual reparto de los beneficios del acceso y uso de la tierra por parte de las empresas y los costos ambientales derivados que recaen en la población.

Los tres casos estudiados demostraron que el acaparamiento de la tierra va ligado al avance de la frontera agrícola para la producción a gran escala de commodities. Esto supone la destrucción de ambiente nativo, la pérdida de biodiversidad, el deterioro irremediable de suelos poco aptos para esas actividades y la contaminación y el riesgo a la salud provocado por el uso de agrotóxicos. Además, esas mega obras presionan sobre el caudal y el curso de los principales ríos del país y pueden provocar un daño irremediable a los glaciares. Este panorama se completa con el riesgo de desplazamiento de pequeños y medianos productores de sus tierras.

Se debe destacar que esta situación es un producto y a la vez profundiza el desarrollo desigual entre Argentina y China, lo que se refleja en que las iniciativas estudiadas fueron un mecanismo que permitió a la potencia adquirir el control de la tierra para concentrar la producción agrícola en Argentina con la finalidad de abastecer a la población del país asiático. Sin embargo, la consecuente depredación y degradación irremediable de los recursos naturales compromete seriamente la productividad futura de esas tierras. Esto supone un segundo acaparamiento, en el que luego de que el inversor se instala en el lugar, este torna insustentable la producción futura en ese lugar.

Por consiguiente, estos proyectos agravan el intercambio ecológico desigual entre Argentina y China, ya que el daño ambiental irreversible al que son sometidos ecosistemas de un valor inconmensurable para producir los alimentos demandados por China es la contracara del ingreso de sus inversiones en infraestructura.

Por último, cabe agregar que, a pesar de que las inversiones en tierra reflejan la importancia crucial que Beijing otorga a la seguridad alimentaria, esas iniciativas se encontraron con serias dificultades en su ejecución. Estas se originan en el resentimiento que generaron entre pequeños y medianos productores y la decisión de las autoridades nacionales de restringir la compra de tierras por extranjeros mediante la sanción de la Ley Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (Ley 27.737). Como resultado, China modificó su estrategia para asegurarse alimentos hacia el control de segmentos clave de la cadena agroalimentaria. Entre ello se encuentra la comercialización y distribución, mediante de la compra de comercializadoras de granos Nidera y Noble por parte de COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation); la producción de semillas a través de la compra de Syngenta por Chemchina y sus inversiones en de frigoríficos (Stanley, 2019).

Referencias

AGUILAR, MARIANO (2017): Apelo sentencia–acuso de nulidad a causa–caso federal. Juzgado Contencioso Administrativo Federal, N° 12, Secretaria 24.

ARGHIRI, EMMANUEL (1971): «El Intercambio Desigual», en: Cuadernos Del Pasado y Presente, no. 24: 5–38.

AVES ARGENTINAS (2016). Posición institucional de Aves Argentinas respecto del proyecto de construcción del complejo hidroeléctrico Kirchner–Cepernic sobre el río Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Disponible en: https://www.avesargentinas.org.ar/noticia/posici%C3%B3n–institucional–sobre–el–complejo–hidroel%C3%A9ctrico–kirchner–cepernic–sobre–el–r%C3%ADo–santa

BANCO DE BOSQUES, FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE, AVES ARGENTINAS, FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA ARGENTINA, FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y FUNDACIÓN NATURALEZA PARA EL FUTURO (2016): ¡La Argentina no necesita represas sobre el río Santa Cruz! Alternativas energéticas. Disponible en: http://www.riosantacruzlibre.org/pdf/Represas–vs–Alternativas–Informe–Final.pdf

BARTOLOMÉ, GERARDO (2014): «El Perito Moreno en peligro», en: Argentina Ambiental, 2(56). Recuperado de http://argentinambiental.com/wp–content/uploads/pdf/RevArgAmb56.pdf (Error 7: El enlace externo http://argentinambiental.com/wp–content/uploads/pdf/RevArgAmb56.pdf debe ser una URL) (Error 8: La URL http://argentinambiental.com/wp–content/uploads/pdf/RevArgAmb56.pdf no esta bien escrita)

BARTOLOMÉ, GERARDO (2015): «Represas del Rio Santa Cruz. Destruyendo algunos mitos», en: Argentina Ambiental, 59(2). Recuperado de http://argentinambiental.com/wp–content/uploads/pdf/RevArgAmb56.pdf

BEIDAHUANG GROUP & GOBIERNO DE RÍO NEGRO (2010a): Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agro Alimenticio entre Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group CO., LTD y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro. Harbin, Heilongjiang, 15 de Octubre.

BEIDAHUANG GROUP, & GOBIERNO DE RÍO NEGRO (2010b): Convenio de Cooperación para la presentación de una propuesta de inversión para la instalación de una nueva terminal portuaria en el área del Puerto de San Antonio Este. Harbin, Heilongjiang, 15 de Octubre.

BEIDAHUANG GROUP, & GOBIERNO DE RÍO NEGRO (2010c): Anexo del convenio No 101016. Harbin, Heilongjiang, 16 de Octubre.

BORRAS, SATURNINO; KAY, CRISTÓBAL; GÓMEZ, SERGIO (2012): «Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America», en: Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d’études Du Developpement 33 (4): 402–16.

CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS; ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO; UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE RÍO NEGRO; CONSEJO ASESOR INDÍGENA; DEJEN DE DESMONTAR; SANIDARIOS DE LA CUENCIA NAHUEK HUAPI Y LOS RÍOS LIMAY, NEUQUÉN Y RÍO NEGRO; CURZA–UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE; ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO; APDH PATAGONES, COMISIÓN ATAHUALPA; GRUPO DE JÓVENES DE RADÍO ENCUENTRO; FORO PERMANENTE POR UNA VIDA DIGNA; PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES; MOVIMIENTO PERONISTA AUTENTICO; PROYECTO SUR; PARTIDO SOCIALISTA Y MOVIMIENTO HUMANISTA (10/09/2010): Ni soja ni China. Alimentos y soberanía. Recuperado de: http://rionegrocontaminada.blogspot.com/2010/11/ni–soja–ni–china–alimentos–y–soberania.html

CHINA ECONOMIC REVIEW (15/01/2014): Beijing has rice to go around, but that might not be enough. Recuperado de http://www.chinaeconomicreview.com/china–grain–policy–rice–imports–self–sufficiency

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA VALLE INFERIOR (2011): «El desarrollo de los valles irrigados», en: Documento institucional. Valle Inferior Informa, 6 (11).

FABER, DANIEL (1992): «The Ecological Crisis of Latin America A Theoretical Introduction», en: Latin American Perspectives 19 (1): 3–16.

FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (2015). Salvemos el Río Santa Cruz: no pongamos en riesgo al Glaciar Perito Moreno. Recuperado de https://farn.org.ar/salvemos–el–rio–santa–cruz–no–pongamos–en–riesgo–al–glaciar–perito–moreno/

FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (2016): Represas sobre el río Santa Cruz: una decisión que demanda un debate participativo, informado y estratégico. Disponible en http://www.riosantacruzlibre.org/pdf/FARN_Posicion_Represas–r%C3%ADo–Santa–Cruz–Enero–2016.pdf

FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE (2010): «Soja. China y Rio Negro hacen acuerdo ilegal». Gacetilla de Prensa. Disponible en: https://www.farmlandgrab.org/17299%2015–10–2010

GLOBAL FOOTPRINT NETWORK (2019): «National Footprint and Biocapacity Accounts».

HOFMAN, IRNA; HO, PETERS (2012). «China’s Developmental Outsourcing: A critical examination of Chinese global land grabs discourse», en: Journal of Peasant Studies, 39(1), 1–48.

LAUFER, RUBÉN (2017): «Argentina y su asociación estratégica con China en la era Kirchner», en: Análisis Y Pensamiento Iberoaméricano Sobre China. Observatorio de Política China, (22), pp. 4–24.

LEY 3389 DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, Ley modificatoria de ley 3192 declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el «Área Cóndor Cliff»– «Área Barrancosa». B.O. Río Gallegos, 30 de octubre de 2014.

M’BIGUÁ Y OTROS C/ ESTADO PROVINCIAL (09/06/2015). Demanda presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Promueven acción de inconstitucionalidad de la Ley 10.352 y su Anexo I.

MARTÍNEZ ALIER, JOAN (2002): The Environmentalism of the poor. A study of ecological conflicts and valuation. Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing Limited.

MARTÍNEZ ALIER, JOAN (2005): «Los conflictos ecológico–distributivos y los indicadores de sustentabilidad», en: Rebelión, 4 de noviembre de 2005.

O’CONNOR, JAMES (2001): Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico. México: Siglo XXI.

ODARDA, OMAR Y SANTA CRUZ, GUILLERMO (2011): Maíz. Consejería Agrícola. Embajada Argentina en la República Popular China.

ODARDA, OMAR Y VIOLA, HERNÁN (2014): República Popular China. Sector piensos. Consejería Agrícola. Embajada de Argentina en la República Popular China.

OSORIO, JAIME (2010): Patrones exportadores en América Latina. México: Universidad Autónoma de México

PREMICI, SEBASTIÁN (25/08/2011): China desembarca en Río Negro. Página 12. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2–175267–2011–08–25.html

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (2009): Formulario perfil del proyecto. Estudio de Acueducto del Norte Entrerriano–Acueducto La Paz–Estacas. Paraná.

REPRESAS PATAGONIA (2017): Actualización EIA Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz (Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner y Gdor. Jorge Cepernic), Prov. de Santa Cruz.

RÍO SANTA CRUZ SIN REPRESAS. (2016): Documento de posición. Recuperado de http://www.riosantacruzlibre.org/pdf/DocumentoPosicionRepresas_05_05_06.pdf

SCOTTA, EGIDIO (2015): Análisis técnico de las precipitaciones y el riego en Entre Ríos. Paraná, 12 de febrero de 2015.

STANLEY, LEONARDO (2019): «China’s OFDI in Argentina», en: DUSSEL PETERS, ENRIQUE (Ed.). China’s foreign direct investment in Latin America and the Caribbean. conditions and challenges, México, Universidad Autónoma de México–Fondo de Cultura Económica, pp.121–50.

SWESEY, SEAN, y FABER, DANIEL (1988): «Disarticulated accumulation, agroexport, and ecological crisis in Nicaragua: The case of cotton». en Capitalism Nature Socialism 1 (October), pp. 47–68.

URIBURU QUINTANA, JUAN (2017). «El déficit argentino en infraestructura y el rol de China. Grandes proyectos en revisión», en: OVIEDO, EDUARDO (comp). Inversiones de China, Corea y Japón en Argentina: análisis general y estudio de casos, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, pp.104–117.

USDA FOREING AGRICULTURAL SERVICE (2015). 2015 Citrus Annual Report. People’s Republic of China.

VECINOS AUTOCONVOCADOS ORGANIZACIONES SOCIALES, ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESFA. (s.f.). Sí a la soberanía territorial y alimentaria. Sí a la vida y sí a la biodiversidad. Recuperado de http://cronicasdeluchayresistenciaenrionegro.blogspot.com.ar/2011 /09/ comunicados–de–repudio–o–referencia–la.html (Error 3: El enlace externo http://cronicasdeluchayresistenciaenrionegro.blogspot.com.ar/2011 /09/ comunicados–de–repudio–o–referencia–la.html debe ser una URL) (Error 4: La URL http://cronicasdeluchayresistenciaenrionegro.blogspot.com.ar/2011 /09/ comunicados–de–repudio–o–referencia–la.html no esta bien escrita)

Notas

Notas de autor

solmora@live.com.ar