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La democracia y la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA) frente a las convulsiones sociales en los países de América Latina
Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval, vol.. 16, núm. 2, 2019
Escuela Superior De Guerra Naval

Editorial

Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval
Escuela Superior De Guerra Naval, Perú
ISSN: 2309-8937
ISSN-e: 2706-5928
Periodicidad: Semestral
vol. 16, núm. 2, 2019

Recepción: 22 Noviembre 2019

Aprobación: 04 Diciembre 2019

Resumen: Las convulsiones sociales en América Latina, las cuales han despertado una nueva primavera latinoamericana, ponen de manifiesto que el triángulo de la democracia, desigualdad y pobreza, es sin duda uno de los principales componentes sobre los cuales están girando las corrientes revolucionarias, cuyo fin es refundar la democracia Latinoamericana. En este ambiente cuyos escenarios giran en torno a una seguridad multidimensional donde las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen un rol polivalente que se adapte a las transformaciones políticas del continente, exige de cada uno de los gobiernos de América Latina un marco jurídico apropiado, que permita ejercer la autoridad de forma gradual, frente a graves acontecimientos de conmoción social, que de forma trasparente y sincera facilite la divulgación oficial de los hechos, apegado al estricto cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), en una era donde las redes sociales como abanderado de la libertad de expresión, sean un complemento y aliado de las fuerzas del orden.

Palabras clave: Primavera Latinoamericana, Seguridad Multidimensional, Rol Polivalente, Derechos Humanos.

Abstract: The social upheavals in Latin America, which have awakened a new Latin American spring, show that the triangle of democracy, inequality and poverty, is undoubtedly one of the main components on which the revolutionary currents are turning, whose ultimate goal It is to re-found Latin American democracy. In this environment whose scenarios revolve around multidimensional security and where the Armed Forces have a versatile role that adapts to the political transformations of the continent, it requires from each of the governments of Latin America an appropriate legal framework, which allows to exercise the authority gradually, in front of serious events of social commotion, and that in a transparent and sincere way facilitates the official dissemination of the facts, attached to the strict fulfillment of Human Rights, in an era where social networks as a guardian of freedom of expression, are a complement and ally of law enforcement.

Keywords: Latin American Spring, Multidimensional Security, Multipurpose Role, Human Rights.

INTRODUCCIÓN

El estancamiento económico, la desigualdad y la falta de garantías sociales son algunos de los problemas que enfrenta América Latina en la actualidad, considerado por muchos como un resurgimiento de la primavera latinoamericana, la que no es otra cosa que un fenómeno político que trasciende las fronteras.

Las violentas protestas que han surgido en países como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y desde hace algún tiempo en Venezuela, no solo se derivan de las nuevas corrientes revolucionarias que marcadas por el triángulo de la democracia, pobreza y desigualdad, buscan coatizar y anarquizar los gobiernos democráticamente constituidos en la región, sino también encontrar nuevos mecanismos constitucionales para establecer lo que según ellos es una refundación de las democracias.

Los Derechos Humanos (DD.HH) como grandes jueces dirimentes y el uso de las redes sociales como abanderado de la libertad de expresión, juegan un papel clave, tanto para protestantes como para las fuerzas del orden y es ahí donde aprovechando los antagonismos de la política, grupos ocultos utilizan las causas aparentes de la protesta para lograr sus verdaderos objetivos, cuyos intereses van más allá de lo realmente plausible y observable.

Frente a estos nuevos escenarios cuyas trasformaciones se derivan desde algunas décadas atrás en América Latina, las FF.AA juegan un rol preponderante frente a la seguridad multidimensional, cuyas misiones han derivado hacia roles polivalentes, los cuales se enfocan cada vez más en la cooperación de la seguridad interior y la estabilidad del gobierno. La definición jurídica que los países latinoamericanos, brinden a sus FF.AA, serán los esquemas finales de su accionar y estos deberán estar alineados con las normas internacionales que rigen los DD.HH y sobre todo con una política común sobre el uso gradual de la fuerza para la legitima defensa, en casos de grave conmoción social y/o resistencia agravada, dentro de un marco de transparencia y bajo reglas que limiten su control.

LA PRIMAVERA LATINOAMERICANA

En los últimos meses, el malestar político y social que ha estallado en América Latina, ha puesto en evidencia escenarios complejos con protestas masivas contra los gobiernos de turno. Esto ha significado un descontento generalizado en la región latinoamericana principalmente con el rol del estado en diversas áreas básicas como la educación, la infraestructura y la salud. Si bien es cierto los sucesos han tenido diferentes grados de consecuencias en cada país, es notorio observar una concentración de movilizaciones y crisis sociales y políticas en los países andinos denominada la “Primavera Latinoamericana” como se puede observar en la Figura 1:


Figura:1
Ola de protestas en América Latina "Primavera Latinoamericana"
Medios de Comunicación Statista (2019).

Esta primavera latinoamericana que para muchos analistas, a pesar de haber tenido décadas de gobiernos democráticos, se deriva de la incapacidad de los mandantes de turno para reducir los índices de profunda desigualdad, marcada por altos niveles de pobreza, deficiente crecimiento económico y elevada insatisfacción ciudadana, ha conllevado que la región vaya hacia una convulsión social, no solo desestabilizadora sino violenta y cruel. Según el coeficiente de GINI que mide la desigualdad en los ingresos y la desigualdad en la riqueza, de los 10 países de mayor desigualdad en el mundo apenas 2 no pertenecen a América Latina, tal como se puede observar en la Figura 2:


Figura 2:
Los 10 países más desiguales del mundo (índice Gini).
Banco Mundial año (2017).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe “La democracia en América Latina”, establece que la región Latinoamérica ha sufrido en los últimos 25 años una serie de novedosas transformaciones, pero con profundas desigualdades sociales bajo regímenes democráticos que han dado origen al triangulo entre la democracia, la pobreza y la desigualdad. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017).Según menciona este informe el primer vértice del triángulo, está compuesto por la difusión de la democracia electoral, la misma que es compartida por la mayoría de los países latinoamericanos. El segundo vértice, lo marca la pobreza, la misma que ofrece una singularidad entre la cohabitación de las libertades políticas con las severas privaciones materiales de los pueblos. El tercer y último vértice lo conforma la desigualdad, donde las sociedades latinoamericanas no solo son las de mayor desigualdad social en el mundo, sino también, las que han tenido mayor persistencia a lo largo del tiempo.

La relación de estos indicadores ha llevado a muchos países latinoamericanos a ignorar la necesidad de crear caminos de equidad social bajo una viabilidad económica democrática, que les permita construir economías sólidas para atacar principalmente la pobreza y la desigualdad. Una muestra de ello, es la comparación del triángulo Democracia-Pobreza-Desigualdad de América Latina con otras regiones del mundo como Europa- EE.UU, donde se observan que los índices y valores que marcan a Latinoamérica especialmente en desigualdad y pobreza, son casi el doble de los países previamente comparados tal como se observa en la Figura 3:


Figura 3
Relación Democracia, Pobreza y Desigualdad de América Latina con otras Regiones del Mundo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017).

Por otro lado, para la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), en su informe de octubre del 2019, define que la conflictividad social generalizada en los pueblos latinoamericanos, tiene su génesis en el endeudamiento externo al que recurren sus gobiernos democráticos para hacer frente a las brechas de pobreza y desigualdad, cuyas acciones derivan en una serie de recomendaciones de carácter político, económico y social impuestas en muchos casos por los Organismos Financieros Internacionales. (Asociación Latinoamericana de Sociología, 2019).

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la actividad económica en América Latina se desaceleró debido, fundamentalmente, a factores idiosincrásicos con una perspectiva de crecimiento de apenas el 0,6% para el año 2019, principalmente atribuida a las fuerzas cíclicas que han desacelerado la economía y la actividad económica de China y Estados Unidos, debido al envejecimiento poblacional y al lento crecimiento de la población.

Asimismo, establece que “La caída temporal de 1 punto porcentual en el crecimiento de China, reduciría el crecimiento de Chile y Perú, los dos países más expuestos a China en 0,2 y 0,3 puntos porcentuales”. (FMI , 2019).

Tras un crecimiento sólido en 2018, el FMI, destaca que la desaceleración económica en América Latina en la primera mitad del 2019, en cuanto a exportaciones, ha sido de manera abrupta, producto no solo de la caída de los precios de exportaciones, sino también a la desaceleración de los volúmenes de exportaciones tal como se muestra en la Figura 4:


Figura 4:
América Latina, precios y volúmenes de exportación de mercancías.
Fondo Monetario Internacional (2019).

Steeven Gustavo Romero Mier37Revista ESUP| 2019 / Vol. 16 / Nº. 2 | ISSN: 2706 - 5928 (Digital) Tras un crecimiento sólido en 2018, el FMI, destaca que la desaceleración económica en América Latina en la primera mitad del 2019, en cuanto a exportaciones, ha sido de manera abrupta, producto no solo de la caída de los precios de exportaciones, sino también a la desaceleración de los volúmenes de exportaciones tal como se muestra en la Figura 4: Por lo tanto para el FMI, los potenciales efectos que repercuten en América Latina, muestran la necesidad de establecer márgenes de política económica que consoliden posiciones fiscales para reducir principalmente la deuda pública, mitigar el impacto negativo del crecimiento, proteger la inversión y el gasto social bien enfocado, algo que actualmente son paradójicamente las principales fuentes de los reclamos a nivel social en países como Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela. (Fondo Monetario Internacional , 2019).

Por otra parte, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la extrema pobreza ha crecido en América Latina, según el nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona que durante el año 2017, el 30,2% de la población es decir alrededor de 184 millones de personas viven en condiciones de pobreza, mientras que el 10,2% que se estima sean 62 millones de personas, se encuentran en condiciones de pobreza extrema, cifras que superan a las más altas alcanzadas en el año 2008. (Comisión Económica para América y el Caribe, 2019).

Pero sin duda, uno de los mayores detonantes de la conflictividad social en la mayoría de países de América Latina, radica en la desigualdad, cual exige una trasformación en el estilo de desarrollo, a través del fortalecimiento de la democracia, la libertad, el multilateralismo, la igualdad, los DD.HH y la sostenibilidad.

Para muchos analistas, el problema que atraviesa la región no pasa únicamente por la pobreza, sino más bien por marcados estados de desigualdad, producto de una clase política atónita que no entiende que los modelos de desarrollo e índices de desigualdad son insostenibles.A pesar de que países como Chile, según la CEPAL, lograron entre el período 2012-2017, reducir la pobreza, producto del incremento de los salarios en los hogares con menos recursos, esto no garantizó que la inconformidad y convulsión social se manifieste, y a la fecha lleva más de un mes de protestas, donde la desigualdad es uno de los temas de mayor discusión entre el gobierno y los sectores sociales chilenos.

LA DESIGUALDAD SOCIAL UN FACTOR QUE ATENTA A LAS DEMOCRACIAS

Como hemos observado la desigualdad en América Latina, se puede decir que es uno de los principales fenómenos sociales que están convulsionando la región, sumados a otros elementos que se mencionaron anteriormente. Sin embargo, cabe preguntarnos cuál es la génesis de este fenómeno, de donde viene y porque es tan marcado en América Latina más que en el resto de mundo.

La respuesta a este fenómeno social, podría tener una serie de aristas de análisis, pero se considera que esta desigualdad se deriva de una serie de rezagos estructurales, muchos de ellos relacionados con los abusos, la corrupción, el tráfico de influencias entre el poder político y el económico y todo su espectro ideológico, que marcan los destinos democráticos de los estados de América Latina.

Pero las brechas actuales vienen de una larga historia de sociedades elitistas, con sistemas democráticos y modelos económicos excluyentes, cuyos índices, únicamente, son superados por una zona plagada de guerras y hambruna del África Subsahariana con un nivel de desigualdad de 56,5, seguido por América latina con un índice de 52,9 (Justo, 2014).

Está marcada desigualdad que se pone de manifiesto en América Latina, se debe en muchas ocasiones a factores exógenos como son los programas de gasto social focalizados en trasferencias monetarias condicionales. Un ejemplo de ello es los “incentivos sociales” que los gobiernos han desarrollado como el programa “Bolsa Familia” en Brasil, el “plan Familias” y el “plan Jefes y Jefas de Hogar” en Argentina, el “Bono Juancito Pinto” y el “Madre niño-niña” en Bolivia, el “Chile solidario” en Chile, “familias en acción” en Colombia, el “Bono de Desarrollo Humano” en Ecuador, entre otros.


Figura 5:
Percepciones sobre la justicia de la distribución del ingreso en América Latina.
Latinobarómetro Región América Latina y el Caribe.

Según la British Broadcasting Corporation (BBC) Mundo (en español: Corporación de Radiodifusión Británica), los pobres en América Latina, son siempre los mismos, con muy poca movilidad y dentro de sociedades muy estratificadas. En este sentido, los actuales niveles de desaprobación por la distribución del ingreso en la mayoría de los países latinoamericanos se manejan bajo la convicción de que es injusta, tal como lo demuestra la Figura 5:

Muchos estudios desarrollados determinan que la desigualdad en América Latina, se deriva de diferentes variables que relacionan el ingreso (consumo de bienes privados), el acentuado mejoramiento en el acceso a los servicios públicos (electricidad, agua y teléfono), e indicadores no monetarios como son; años de escolaridad, tasas de alfabetismo, esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil. Sin embrago, a pesar de que existieron ciertos indicadores de mejora en las últimas décadas, estas variables de la desigualdad étnica y racial que se denomina “nativa americana”, que hace referencia a los indígenas de américa, también llamados aborígenes americanos, amerindios, nativos americanos, indios americanos o indios mantienen aún las profundas raíces que vienen desde épocas coloniales, generan la opresión, desigualdad permanente y significativas diferencias de género.

Otro aspecto importante que es parte de los altos índices de desigualdad en América Latina, especialmente, en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, radica en el peso que tiene la población indígena con relación a su población total, y es donde ha existido mayor desigualdad, ya sea por las políticas gubernamentales y democráticas o por el impacto que estas han tenido en los programas redistributivos dictados por cada Estado, tal como se muestra en la Figura 6:


Figura 6

Población indígena en los países andinos.

CEPAL (2014).

Causas y consecuencias de la desestabilización social en los países latinoamericanos.

Las convulsiones sociales ocurridas en los últimos meses en países como Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia que según muchos expertos responden a una misma causa y que relaciona al bajo crecimiento económico en la región, cuyas exportaciones ubican a la región con los índices más bajos respecto a los últimos 15 años, evidencia lo frágiles que pueden ser los gobiernos para enfrentar conflictos con “tintes” de extrema violencia y que atentan no solo a la seguridad ciudadana, sino a la democracia en sí de los Estados.

En las últimas semanas, países como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia han sido a los ojos del mundo y de América Latina, el escenario de masivas protestas, como respuesta a una demanda de diversos grupos sociales, que claman por una mayor participación en las políticas de Estado, diálogo permanente y sobre todo en el fortalecimiento de los sistemas democráticos muy venido a menos en los últimos tiempos.

Causas de la desestabilización social.

El origen de la masificación y movilizaciones que se tradujeron en violentas protestas, son diferentes en cada uno de los países inmersos en las mismas. A pesar de ello, podríamos definir que la causa común pasa por la brecha que marca la desigualdad de clases sociales y el sectarismo que los gobiernos independientes han creado de su ideología. Sin embargo, es necesario enfocar el análisis en cuáles son las causas reales y aparentes que motivaron y aperturaron a estas movilizaciones en el continente Latinoamericano.

Causas aparentes de las movilizaciones sociales.

Dentro del contexto regional, la convulsión que viven muchos países latinoamericanos, son para muchos, producto de diversas medidas económicas, sociales e incluso electorales impuestas por los gobiernos de turno, siendo sus causas aparentes las siguientes:

De forma general, se podría decir que las movilizaciones en Chile que iniciaron el 14 de octubre del 2019, tuvieron como origen el incremento de 30 pesos (menos de un dólar), en el precio del pasaje del metro, condición que a su vez abrió paso a reclamos sobre diversos y variados temas sociales, reprimidos por más de 30 años y que según muchos chilenos se ha profundizado también en democracia.

Por su parte, Ecuador, sufrió un marcado descontento social por 12 días de violencia generalizada, debido a la eliminación de los subsidios de los combustibles los cuales tienen más de 40 años de vigencia y que según las cifras del gobierno ecuatoriano, generan millones de pérdidas para el Estado.

Tanto en Ecuador como en Chile, las protestas sociales y la magnitud de las mismas responden a un modelo neoliberal que comienza agotarse, que buscan dar paso a un nuevo momento de desarrollo, bajo la representación de movimientos auto convocados, motivados principalmente por el uso y masificación de diversas redes sociales.

El caso de Bolivia, no tiene su origen por la imposición de medidas económicas o sociales, sino más bien por una serie de denuncias de fraude electoral en los últimos comicios para elegir a la máxima autoridad del Estado. Esta situación desencadenó una crisis de gobernabilidad, pérdida de confianza electoral y sobre todo una fuerte lucha de clases sociales entre indígenas partidarios del actual presidente y grupos gremiales, políticos y de clase media que han formado un consejo de lucha permanente (Lucia, 2019).Por su parte, las protestas sociales en Colombia, sugieren una motivación relacionado con la imposición de nuevas medidas económicas, las cuales tienen un fuerte impacto económico en la población, entre las cuales están eliminar el Fondo Estatal de Pensiones denominado “Colpensiones”, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en un 75% del mínimo, entre otras medidas de carácter urgente.

Causas reales de las movilizaciones sociales.

Como se ha observado, el sentimiento generalizado que derivan en las causas del conflicto social en América Latina, no solo de las últimas semanas, sino más bien de las últimas décadas, pasan por los procesos de transformación entre las llamadas relaciones clásicas de la protesta social y movilización, por los actos violentos y nuevas formas de atentar a bienes y servicios públicos.

Pero estas prácticas realmente no se atribuyen a un solo líder, sino más bien a una serie de grupos violentos que vienen de la mano de un marco denominado “socialismo del siglo XXI”, y que dan paso a los denominados “renovados sujetos sociales”, los cuales son los verdaderos mentalizadores de estos conflictos y los incitadores de los numerosos procesos de movilización social que se encuentran activos en la mayoría de los países de América Latina. (Galafassi, 2014).

En este aparente escenario que se caracteriza por ser diverso y complejo en el cual se desenvuelve Latinoamérica, aparecen como motivaciones dominantes de las protestas, las necesidades defensivas de la población, dominadas por grupos minoritarios violentos, las cuales hacen frente a las consecuencias de los actos políticos, muchos de ellos neoliberales.

Pero las principales consecuencias giran en torno a otros intereses, y que son la forma, como están incidiendo en la política estas nuevas trasformaciones para hacer y generar violencia. En este sentido, el modelo aplicado como consecuencia de la convulsión social se enmarca en lo que se conoce como “revolución molecular disipada”, que es un modelo del construccionismo creado por Félix Guattari, destinado a conformar un sistema teórico práctico de carácter estratégico, orientado a superar el referente teórico del “socialismo real”, como una nueva política revolucionaria. Esta diseña un diagrama o plan de acción para la construcción del poder sistemático, como un proceso integral y permanente de territorialidad, desterritorialización, reterritorialización y nueva territorialización. (Guattari, s.f.).

Sin embargo, a pesar de existir una infinidad de actores sociales, su propósito es simple. Busca canalizar el descontento a través del uso de comunidades autónomas; tal como ha sucedido con el MTS (Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra) Brasil, el Movimiento Campesino de Paraguay, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), los Movimientos Katarismo Aymara y Quechua de los productores de coca de Chapare en Bolivia, entre otros.Estas causas que definen las actuales protestas, en síntesis no se fundamentan en la idiosincrasia de los viejos y tradicionales partidos políticos como eje de una lucha contra el neoliberalismo, sino por el contrario son movimientos populares que surgen de las crisis y modelos neoliberales. Es decir, son movimientos muy pluralistas donde coexisten componentes de la teología de la liberación, nacionalismo revolucionario, del marxismo, el indigenismo y del anarquismo. (Harnecker, 2010).

CONSECUENCIAS DE LA DESESTABILIZACION SOCIAL

Hablar de consecuencias frente a los eventos de la desestabilización social de los Estados latinoamericanos, es enfrentarnos de primera mano a problemas relacionados con crisis económicas, convocatorias a comicios anticipados, cambios radicales a las políticas democráticas y sociales entre otros, tal como está pasando en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia.

De acuerdo con Guattari, la revolución molecular disipada, como un proceso que busca la apropiación y expropiación de la subjetividad de los sujetos, como parte de la destructuración del sistema del poder dominante, traerá como consecuencias una nueva integridad ideológica, con la firme convicción de alcanzar una nueva reintegración, a través de un “poder social diferente”, principalmente anticapitalista y antimperialista.

Este efecto dará como respuesta nuevas máquinas de guerra revolucionaria, plasmada en una lucha de clases sociales, que actúan como fisuras y/o quiebres dentro del sistema de poder imperante. Este proceso se ejecuta a través de una violencia fundadora, que redefine los derechos del hombre y sobre todo el control y la dirección del inconsciente social.

Utilizando los múltiples espacios de libertad que el Estado imperante permite, actúan micro-políticamente, para descomponer la maquinaria totalitaria del Estado dominante, produciendo la acción de subversión, que desplaza al sistema de dominio y lo reemplaza por una democracia radical, la cual con el tiempo conducirá a una renovación de los mecanismos constitucionales y a una refundación de la democracia.

Un capítulo aparte representa el uso de las redes sociales durante las diferentes protestas de América Latina, cuyas consecuencias pueden sobredimensionar los reales efectos de las manifestaciones. Esta forma de masificar la comunicación que se rige a través de los derechos digitales, han empleado de forma metódica a través de los llamados fake news, cuyas consecuencias pasan por obtener un objetivo claro y adquirir una apariencia de noticia real. También, se les conoce como noticias falsas que constituyen en un tipo de bulo, que se distribuye a través de diferentes medios de difusión por medio de redes sociales.

Un ejemplo de ello se ha evidenciado en las protestas de Chile, Ecuador y Bolivia, poniendo en evidencia una compleja realidad comunicacional, entre las que se incluye la polarización de las redes sociales, verdades a medias y una diversidad de opiniones que informan diferentes lecturas de un mismo hecho, donde la seguridad digital toma mayor importancia y su flexibilidad puede ser el inicio de una conmoción más generalizada.

Como se observa, todas estas consecuencias se derivan como respuesta a la fusión de ideologías revolucionarias, las cuales por muchos años han buscado romper las políticas neoliberales de América Latina. Es así que, por un lado del continente se han evidenciado las políticas proteccionistas y antimperialistas como es el caso de Chile, Brasil y Uruguay; y por otro lado, aquellas reformas que tienen la intencionalidad y dirección estratégica, anticapitalista o revolucionarias como es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En síntesis, el Sistema Revolucionario Molecular (SRM) intenta llevar a cabo un nuevo modelo de acción revolucionaria horizontal, que traiga como consecuencia de manera gradual y cotidiana, disposiciones y conductas que puedan alterar el estado de normalidad social del sistema dominante, con el objetivo de ser derogado, sustituido y sobre todo sature al ciudadano común por la falta de servicios públicos, bajo el principio de “seguir la ley de no obedecer la ley”.

Finalmente, las consecuencias de las protestas irán siempre dirigidas hacia la población en su conjunto, por lo cual América Latina como tal, debe reprogramar sus políticas asistencialistas, fundamentar la meritocracia de sus gobiernos y transformar la sociedad a través de liderazgos constructivos y no destructivos.

Que rol deben tener las Fuerzas Armadas (FF.AA) frente a las convulsiones sociales.

El papel que juegan las FF.AA dentro de las últimas crisis políticas de América Latina, es un tema de permanente debate, principalmente porque compromete y pone en la mesa de discusiones el uso de Fuerza frente a la libertad de los DD.HH. En este sentido, la aparición de Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus últimos informes, reprueban el uso excesivo de las Fuerza, frente a las protestas especialmente en países como Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. (Gómez, 2019).

Pero la pregunta que surge ante estos eventos radica en ¿Cuál es el verdadero papel que deben cumplir las FFAA?. Dar respuesta a esta pregunta, bajo el régimen democrático y jurídico que cubre a los gobiernos latinoamericanos es complejo, si consideramos que a primera vista la movilización de las Fuerzas Militares y Policiales para proteger el orden y la institucionalidad pasa a ser una salida frente a una crisis política, cuyos impactos en la sociedad puede detonar en el agravamiento del conflicto social o en su neutralización.

Si analizamos que papel han cumplido las FF.AA en diferentes países de América Latina, se evidencia que su accionar podría pasar por una simple ecuación a primera vista, donde la suma de las protestas públicas más el apoyo militar parecería suficiente para derrocar a un gobierno (Palacios, 2019). Pero la realidad es distinta, donde intervienen otros factores; por ejemplo, Venezuela mantiene su gobierno a pesar de la grave crisis social por el apoyo que brinda su brazo militar armado, mientras que en Bolivia donde la mera “sugerencia” de sus FFAA, obligó la salida de su presidente y un nuevo proceso electoral con diferentes actores.

Como se puede observar el papel de las FF.AA en democracia, reviste una importancia total, ante su empleo por parte de los gobernantes en otros ámbitos como el de la seguridad interna. Sin embargo, la participación militar en diversos ámbitos de la vida pública no sigue una pauta única entre las naciones latinoamericanas, lo cual llama a redefinir su rol frente a las inquietantes señales que se han puesto de manifiesto en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile.

Marco jurídico de las FF.AA frente a movilizaciones sociales.

Jurídicamente la participación de las FFAA como parte de la Seguridad Interna del Estado, se suscribe a la promulgación de los Estados de Excepción que proclaman los gobiernos, cuando existe una grave conmoción social, tal como ha sucedido en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. A pesar de ello, esto no garantiza su accionar plenamente, cuando se trata de dar protección a la infraestructura crítica muy susceptible y apetecible a ser atacada por grupos organizados de manifestantes que han convulsionado a América Latina.

Gobiernos como Brasil, Chile y Ecuador, motivados por las últimas protestas han enviado diferentes proyectos de ley a sus respectivos congresos para blindar a los militares que actúen o intervengan en la Seguridad Pública como parte de la legítima defensa.

Brasil remitió a su congreso el llamado proyecto “excluyente de ilicitud” y tiene que ver con las garantías judiciales de ley y orden que protegen a sus FFAA. Por su parte Chile, el cual mantiene más de 40 días de violentas protestas, envió a su congreso un proyecto para que sus FFAA ayuden a proteger la “Infraestructura Crítica”, la cual permite que esta fuerza militar resguarde los servicios básicos, sin que ello exija decretar estados de excepción.

Mientras tanto, Ecuador después de las movilizaciones del mes de octubre, redefinió los escenarios en las cuales deben participar sus FFAA, orientando su misión hacia la identificación, aislamiento y neutralización de grupos violentos que atenten contra la seguridad pública y del Estado, para ser juzgados posteriormente por las autoridades competentes.

En tal sentido, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos últimamente afectados por las movilizaciones sociales, el marco jurídico, que enfrentan las FFAA latinoamericanas empleadas en labores de seguridad en conjunto con la policía, no tienen un amparo debidamente definido. Por un lado están los DDHH y el empleo del uso progresivo de la Fuerza contra la sociedad civil y por otro la defensa de la seguridad pública y el equilibrio democrático de la nación. Sin embargo, es evidente que la participación democrática de las FFAA constituye una herramienta que los gobiernos no pueden dejar de utilizar y durante las crisis sociales son el poder que permite equilibrar fuerzas y mantener el estado de derecho.

Diagnóstico de los roles que cumplen las FF.AA en América Latina como agente de seguridad de los estados.

En la actualidad, los roles que cumplen las FFAA de la mayoría de países de América del Sur es muy diversa y de diferente índole, llegando en muchos casos a cumplir misiones de responsabilidad de las entidades civiles que no son capaces de atender, ya sea por falta de recursos o capacidades materiales.

Esta permanente participación de las FFAA, ha obligado a redefinir el rol de las Fuerzas Militares de muchos países latinoamericanos, especialmente, por la reducida hipótesis de guerra que se manejan en la región, versus las nuevas amenazas transnacionales y complejos escenarios asimétricos que se han evidenciado en las últimas décadas,

La seguridad multidimensional no solo se restringe al ámbito militar, sino igualmente se aplica al ámbito civil, mientras que el rol polivalente engloba tareas no exclusivamente militares, sino que incluye aquellas que relacionan tareas de policía, medioambiente, desarrollo social, entre otras, tal como se ha evidenciado en muchos países latinoamericanos (Sampo & Alda, 2019).La tendencia general de la región, a partir de la interpretación del marco constitucional y su amplia multifuncionalidad, demuestra la diversidad de roles que se han creado para las FFAA, como parte de la Seguridad Interna de los Estados, en la que se ya se encuentra el mantenimiento del orden público, tal como se puede observar en la Tabla 1:


Tabla: 1
Roles polivalentes como agente de seguridad de las FF.AA Latinoamericanas.




Redal (2016).

Otro aspecto a considerar dentro de los roles participativos de las FF.AA como agentes de la seguridad pública de los Estados, es el abuso de la fuerza letal y uno de los principales aspectos tratados por los organismos de los DDHH, especialmente en los países donde se han presentado violentas manifestaciones.

De forma frecuente, el uso de la fuerza letal es considerado como un costo inevitable de la seguridad de Estado, pero esta condición no es compartida en los informes de los DD.HH, los cuales señalan de la existencia de abusos de la fuerza letal o ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, tal como acontece actualmente en Chile, Ecuador y Colombia.

De conformidad con la normativa internacional, el uso de la fuerza letal debe tener el carácter excepcional y desarrollarse dentro de un marco de respecto a los DD.HH, bajo los principios de legalidad, necesidad, moderación y proporcionalidad, según lo establece el Protocolo de Minnesota que es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios del Estado (Bergmann, Ruiz, Silva, Pérez , Marquez, Acero, Cano, Castillo, Ávila, Suárez, Bueno, & Husek, 2019).

Un Estudio Comparativo sobre el uso de la Fuerza Letal como agente de seguridad en países como Brasil, Colombia y Venezuela en la cual se incluyó a México y el Salvador, determinó que los indicadores de abuso de la fuerza tienen escenarios preocupantes en los países estudiados, la cual es principalmente atribuida a dos efectos de gran relevancia. El primero es definido por la limitada transparencia en cuanto al uso de la fuerza letal en América Latina y la necesidad de exigir la divulgación pública a través de datos relevantes que permitan monitorear la intervención de las fuerzas del orden. El segundo por los cambiantes escenarios que viven muchos países de América Latina, como es el caso de Venezuela, Colombia, Brasil, cuyas sociedades exceden los límites del control y obligan a los gobiernos a posiciones más drásticas entre los que se incluye en uso progresivo de la fuerza.

¿CUAL ES EL ROL QUE DEBERIA ASUMIR LAS FFAA LATINOMERICANAS FRENTE A LOS CAMBIOS SOCIALES?

Los actuales escenarios y las amenazas a la seguridad suscitados con la aparición de nuevos modos de violencia no Estatal, obligan a reorientar un cambio en las prioridades de las FF.AA, capacitándolas para intervenir en situaciones de seguridad pública interna y seguridad ciudadana, lo que lleva consigo una policialización militar bajo una mixtura de roles, tal como está pasando en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia e incluso Venezuela.

Tomando en cuenta los cambios jurídicos que algunos países de la región han propuesto, tal como se mencionó anteriormente, obligan a pensar que los roles que asumirán las FF.AA, continuaran bajo el esquema de roles polivalentes y deberán estar alineados con las normas internacionales que rigen los DD.HH, siempre y cuando exista una política común para el uso de la fuerza en casos de legítima defensa que incluya transparencia y límites de control para situaciones de resistencia agravada o grave conmoción social.

Por otro lado, los escenarios estratégicos, deberán focalizarse sobre espacios donde intervienen grupos moleculares disipados, que intentan afectar la infraestructura crítica de Estado, por lo cual será de vital importancia su custodia de forma permanente, sin que ello signifique que sea necesario la promulgación de estados de emergencia o excepción. Las reducidas hipótesis de guerra que maneja la región y tomando en cuenta la importancia que las FFAA representan en la seguridad multidimensional para cada uno de los países latinoamericanos, pone en evidencia, el interés de los gobiernos a través de sus órganos administrativos, en la promulgación de leyes que fomenten e incentiven el empleo inmediato de las FFAA, en tareas de estabilidad y cooperación con la Policía Nacional, como parte del estado de derecho.

La fuerza es monopolio del Estado, su mandato es imponerla y para tal efecto las FF.AA modernas y polivalentes, deberán estar en capacidad de garantizar la paz interior, integridad del territorio y la neutralización de las amenazas internas y externas, cuyo imperio de ley constituye la razón de ser del Estado. Sin esta forma de observar su empleo, el terror, el desorden, el abuso y el crimen no tendrían otro freno que el de la ley de la selva.

Por tal razón, la exigencia que tendrán las FF.AA y de sus gobiernos democráticos, será mantener el equilibrio de la paz social, a través de marcos jurídicos regulatorios que garanticen el accionar de las fuerzas militares, como un deber del Estado.

Estos marcos jurídicos deberán estar dirigidos hacia acciones que promuevan la defensa de la autoridad, el buen orden, equilibrio del Estado y que sean instrumentos de poder que eviten el debilitamiento de la democracia y la violencia generalizada. Esto no significa que las FF.AA pasen a ser órganos dirimentes del poder, más bien todo lo contrario, es decir representantes de la máxima autoridad del Estado bajo competencias jurídicas establecidas que garanticen la seguridad interna de los mismos Estados dentro de un marco de derecho y transparencia.

Los cambios jurídicos que promuevan la defensa de las FF.AA frente a situaciones de grave conmoción social ya está en camino en algunos países de América Latina, esto da la pauta que la tendencia regional va en esa dirección, con FF.AA con capacidad de ser agentes de seguridad interna de los Estados, con competencias específicas para enfrentar la violencia en escenarios convulsivos y que estén coordinadas en tiempo y espacio con otras fuerzas del orden.

CONCLUSIONES

La evidente desigualdad que enfrenta América Latina en su conjunto, producto de una dividida estructura política de sus gobiernos, constituye la brecha que impide el desarrollo social de la región y alimenta el triángulo democracia, pobreza, desigualdad, fuentes principales del descontento y alimento de grupos violentos que buscan la destructurización y anarquía del poder. Asimismo, la aparente masificación de las protestas por diversos factores como son la implementación de nuevas medidas económicas, el retiro de subsidios entre otros aspectos, son solo “el paraguas” de lo que en verdad se intenta obtener, permitiendo evidenciar en América Latina, la evolución de nuevas formas organizadas de violencia a través de revoluciones moleculares disipadas, orientadas a la desestabilización del poder, por medio de ataques coordinados a la infraestructura crítica y áreas sensibles de cada Estado.

Por otro lado, el limitado uso de redes sociales y digitales para la libertad de expresión, como el acceso al conocimiento a través de dispositivos radiales que llaman a violentas manifestaciones, así como el amparo legal que brindan los DDHH, ponen en juego la estabilidad de la democracia, permitiendo a los grupos ocultos detrás de las protestas, alcanzar sus verdaderos objetivos, los cuales están orientados hacia la renovación de los mecanismos constitucionales y la refundación de la democracia.

Finalmente, la diversidad de nuevos escenarios, en las últimas décadas, que enfrentan las FF.AA latinoamericanas como parte de la seguridad multidimensional, ha permitido que las fuerzas militares adquieran un rol polivalente, donde la mixtura de los roles asumidos en muchos países latinoamericanos, deberán estar alineados con las normas internacionales que rigen los DDHH, siempre y cuando exista una política común para el uso de la fuerza en casos de legítima defensa, en situaciones de resistencia agravada o grave conmoción social.

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