Introducción

Las primeras referencias y reflexiones sobre la revolución de independencia rioplatense fueron obra de los contemporáneos quienes, además de brindar un testimonio y de procurar dejar a salvo su buen nombre, aspiraban a dotar de sentido a los sucesos que habían protagonizado o presenciado. Es el caso del deán Gregorio Funes, cuyo ensayo histórico sobre la región, que publicó entre 1816 y 1817, concluía con un Bosquejo de nuestra Revolución en el que sistematizó algunas representaciones e ideas sobre la revolución que, al ser compartidas por otros testigos y protagonistas o al encontrar éstos una explicación o una descripción de lo que habían vivido, fueron reproducidas durante décadas^[3]. En general había consenso en considerar a la crisis de la monarquía española como la principal causa del proceso revolucionario que, además, no era concebido en términos nacionales sino americanos. Recién pasada la primera mitad del siglo XIX, con la publicación de la Historia de Belgrano de Bartolomé Mitre, comenzó a plantearse que se habría tratado de un proyecto protagonizado por un sujeto excluyente que subsumía a todos los actores y que se habría ido forjando durante el período colonial: la nación o la nacionalidad argentina^[4]. Esta interpretación, animada por el principio de las nacionalidades, se fue extendiendo de ahí en más hasta convertirse en una suerte de sentido común sobre el pasado argentino que sería compartido por las más diversas corrientes historiográficas e ideológicas a lo largo del siglo XX. Éstas divergían, a lo sumo, en la valoración que hacían de algunos hechos y personajes, pero coincidían en postular la existencia de esa nacionalidad o, al menos, la de sectores que la representaban en potencia^[5]. No se trataría de un rasgo particular de la historiografía argentina, pues así también se concibieron los procesos independentistas hispanoamericanos, incluso por parte de especialistas europeos y norteamericanos que no tendrían por qué tributar a tradiciones nacionalistas locales^[6].

Este enfoque recibió algunas impugnaciones, particularmente por parte de quienes sostenían que no se habría producido una verdadera revolución ya que sólo se habría tratado de un cambio en el grupo dirigente que casi no había afectado a la estructura socioeconómica. Sin embargo, fue recién a partir de las décadas de 1970 y 1980 que se planteó la necesidad de una revisión radical de esta interpretación centenaria. En ese sentido fue decisiva la obra que Tulio Halperín Donghi desarrolló en varios trabajos a lo largo de la década de 1960 y que le permitieron plasmar una interpretación densa del proceso revolucionario en Revolución y Guerra al comenzar la década de 1970^[7]. En lo que aquí interesa, su aporte más significativo fue la problematización de la vida política surgida con la revolución como una actividad novedosa y diferenciada, pero sin que esto implicara dejar de lado la trama social de la que formaba parte. Al mismo tiempo, como bien planteó en la introducción, Halperín retomaba en más de un punto algunos planteos de los fundadores de la historiografía nacional como Bartolomé Mitre y Vicente F. López. En esto último se diferenció José Carlos Chiaramonte, quien al comenzar la década de 1980 sostuvo la necesidad de dejar de lado la presunción sobre la existencia de una nacionalidad o una nación en ciernes representada por algunos actores^[8]. Este planteo inicial, centrado en el análisis de las relaciones socioeconómicas, fue profundizado durante los años siguientes al incorporar otras temáticas de análisis como las identidades, el vocabulario y el lenguaje político, y las formas de soberanía^[9].

Estas nuevas perspectivas de análisis, sumadas a una profunda renovación teórico-metodológica de la historia política, encontró un suelo fértil a partir de la década de 1980, cuando la constitución de un espacio académico y el diálogo creciente con otras historiografías de América y de Europa, favorecieron el planteo de nuevos temas y problemas así como también una renovación en los enfoques^[10]. Durante la década de 1990 este movimiento se consolidó y dio lugar a un prolífico campo de indagaciones en el que tomaron parte nuevas camadas de investigadores de todo el país^[11]. Las recientes conmemoraciones de los bicentenarios de las revoluciones hispanoamericanas favorecieron asimismo la celebración de encuentros y la publicación de numerosos trabajos en los que se puso en evidencia los cambios producidos en la disciplina y sus crecientes vínculos con el campo académico internacional^[12].

A grandes rasgos, la historiografía política reciente se destaca por procurar combatir los anacronismos y las visiones teleológicas. En ese sentido existe consenso en que se trató de un proceso abierto e indeterminado que afectó a toda la sociedad, aunque no del mismo modo ni en el mismo momento en todos los espacios, y cuya comprensión requiere reconstruir las condiciones en las que se desarrolló la vida política, las opciones que se les presentaban a los actores, y el carácter de laboratorio o de experimentación en el que se conjugaban fenómenos tradicionales y otros inéditos. Esta nueva historiografía política retoma la cuestión clásica del origen y la construcción del poder, pero a partir de nuevos interrogantes que abrieron novedosos campos de exploración histórica, como las formas de representación o las prácticas de los grupos subalternos, así como renovó los paradigmas interpretativos de temáticas clásicas como la cuestión de la soberanía, el debate sobre las formas de gobierno y el rol de la prensa. Asimismo se produjo un cambio de enfoque decisivo al dejar de concebirse a la nación argentina como el sujeto protagónico, por lo que se prestó atención a otras dimensiones territoriales, políticas e identitarias, ya sean de carácter local, o en un plano más general, en el marco de las revoluciones hispanoamericanas y las revoluciones atlánticas^[13].

Las siguientes líneas se proponen ofrecer un breve panorama de los avances producidos por la historiografía política del proceso revolucionario e independentista rioplatense. Cabe señalar dos decisiones en relación a este recorrido. La primera es que nos concentraremos en las líneas de investigación que tratan el período que abarca desde la crisis del orden colonial hasta la disolución del gobierno central en 1819-1820. La segunda es que, dada la gran cantidad de obras dedicadas a estas temáticas, sólo haremos mención de algunos estudios que fueron seleccionados por haber iniciado una línea de indagación o por su carácter representativo. Para ello hemos dividido la presentación en dos ejes o líneas de análisis: por un lado, actores, prácticas, instituciones y dinámica política; por el otro, discursos, conceptos, representaciones e identidades.

Actores, prácticas, instituciones y dinámica política

La problemática de los actores políticos de los procesos que se iniciaron con las invasiones inglesas, la crisis de 1808, la revolución y las guerras de independencia, constituye un tema central de la historiografía política argentina. A lo largo del tiempo, estos procesos fueron visitados y revisitados por las diferentes corrientes historiográficas con resultados desiguales. Hoy no caben dudas, como ya señalamos, que Revolución y Guerra de Halperín Donghi marcó un giro en la investigación de la historia política. Este estudio de la elite que transitó por la revolución y la guerra fue el punto de partida para una compleja indagación que puso en escena a un conjunto de nuevos actores y sus prácticas dentro de un cambiante entramado institucional: las milicias, las facciones, la plebe urbana, los ejércitos, los comerciantes, las elites provinciales, etc. Asimismo, esta obra se presentaba como un estudio sobre el nacimiento de una nueva actividad, la política y sus modos de ejercicio. Modalidades que se habían desarrollado en escenarios conflictivos, cambiantes e imprevisibles, así como en diversas escalas territoriales y político-administrativas: local, imperial e inter-imperial. Como bien señalara Marcela Ternavasio, el libro iba a dejar legados sustanciales para la exploración histórica de las generaciones posteriores, cuyo mayor impacto se dio en los últimos treinta años con el retorno a la democracia y el desarrollo profesional de la investigación histórica^[14].

En tal sentido, José C. Chiaramonte propuso una nueva interpretación sobre la naturaleza particular de los sujetos políticos que emergieron a partir de la crisis de 1808-1810, en base a la presunción, como ya mencionáramos, de la inexistencia de una nación en ciernes en los inicios del proceso de independencia. Dicho de otro modo, en las etapas previas a los procesos de independencia no estaba inscripto su desenlace final. Por el contrario, en Hispanoamérica la retroversión de la soberanía a los pueblos como una de las consecuencias de las abdicaciones de los reyes españoles en Bayona en 1808, puso en discusión la cuestión sustancial de la divisibilidad o indivisibilidad de la soberanía. Surgió entonces el interrogante acerca de cómo y en qué ámbitos (pueblos, provincias, Estados, naciones) dar forma a nuevas asociaciones políticas. Estas asociaciones pudieron indistintamente identificarse con “ciudades”, “repúblicas”, “provincias/Estados”, o “naciones” en base a concepciones contractualistas, es decir, al libre consentimiento de los pueblos o comunidades políticas y la utilización de un lenguaje común enmarcado en el derecho natural y de gentes^[15]. Y de allí también iba a surgir una mejor comprensión de la oposición entre las dos tendencias confederación/federación versus centralismo/unitarismo que marcaron fuertemente la conflictiva historia política de toda la primera mitad del siglo XIX.

En tal sentido la nación a comienzos del siglo XIX iba a ser más frecuentemente imaginada por sus protagonistas como “suma” de cuerpos políticos o sociedades de hombres bajo un mismo gobierno y no en sentido étnico, histórico o cultural. Por otra parte, la afirmación de una soberanía nacional identificaba a Estado como asociación política “independiente y soberana”, y no aún al concepto de Estado en tanto personificación jurídica de la Nación que vería la luz más adelante^[16]. El omnipresente sujeto “la nación” de la historiografía canónica, iba así a dar paso a otros sujetos colectivos para proveernos de mejores claves interpretativas con el fin de comprender, junto al faccionalismo y a la alta conflictividad de la(s) elite(s), las razones de la persistente indeterminación del sistema político durante la primera década revolucionaria. Además, es necesario tener en cuenta que esta indeterminación estuvo vinculada con un también cambiante contexto europeo y americano el cual les fue planteando a los actores distintas alternativas de organización política incluyendo los proyectos de coronación de un monarca formulados durante la década revolucionaria^[17].

Estos sustanciales aportes, junto a otros que se desarrollaron en el marco de la historiografía latinoamericana^[18], vienen siendo en los últimos años los puntos de partida de numerosas investigaciones sobre esos complejos procesos, los cuales plantean nuevos interrogantes al difícil tránsito hacia la creación de

estados-naciones tras el colapso del régimen español. En tal sentido una serie

de estudios realizados desde distintas perspectivas por autores como Carlos Segreti, Geveviève Verdo, Ana Frega, Fabián Herrero y Nora Souto, han retomado con innovadoras perspectivas analíticas el tema clásico del surgimiento de las dos grandes tendencias políticas que comenzaron a disputarse el poder desde 1810: la de unidad/centro/unitarismo y la de confederación/federación, vinculándolas ahora con el problema de la indefinición del sujeto de imputación de la soberanía^[19]. Es decir, no como expresiones de rígidos debates doctrinarios sobre las formas de gobierno, o manifestaciones de liderazgos personalistas, sino como tendencias en formación que traducían una cuestión de fondo irresuelta: la indefinición del sujeto de imputación de la soberanía, es decir, la ausencia del sujeto de la constitución, como lo había observado Chiaramonte en sus trabajos previamente mencionados.

Asimismo, la reciente historiografía política coloca en un lugar central el estudio de las prácticas representativas formales e informales, tras comprobar que estas constituyeron un factor no menor en la disputa por el acceso y la sucesión en el poder, aún en el marco de una creciente inestabilidad política dominada en parte importante por la indeterminación de la soberanía y por los avatares de la guerra de independencia. El principio representativo se plantea antes de la revolución en ocasión de la creación de la Junta Central, cuando los pueblos hispanoamericanos fueron invitados a enviar representantes a España para integrarse en esta. Pero fue el proceso iniciado en 1810 el que lo extendió con la convocatoria a elecciones para nombrar a diferentes autoridades y diputados de los pueblos. El presupuesto en el que se funda este principio es el del consentimiento de los gobernados que derivaba de la retroversión de la soberanía en los pueblos. Pero en un mundo social tejido por redes e intereses familiares, junto a la creciente militarización producida por la guerra en distintos frentes, la implementación de procedimientos electivos para hacer efectivo ese nuevo principio legitimador se constituyó en un foco de nuevas e imprevisibles disputas.

De manera que el estudio de los sujetos políticos colectivos e individuales emergentes de la crisis, sus diversas acciones y concepciones jurídico-políticas, así como las disputas constitucionales expresadas en los diferentes y contradictorios usos de los principales conceptos políticos de la época, se fue abriendo camino en la indagación historiográfica en función de nuevas dimensiones de análisis. El examen de las acciones políticas que nacieron con la revolución no se limitó entonces a las asonadas militares ni a los enfrentamientos entre hombres fuertes, caudillos o facciones, sino que también iba a considerar otras prácticas y dispositivos como las elecciones.

La representación política, que constituía toda una novedad para la época, se fundó en sus inicios tanto en la antigua vecindad hispánica como en los pueblos en tanto sujetos “naturales”, corporativos y jerárquicos, cuyos representantes quedaban vinculados a estos por la figura del mandato imperativo. Sin embargo, lo que parecía una simple traducción político-institucional de sujetos sociales existentes, fue motivo de debate y conflicto, generando a su vez la búsqueda de nuevos instrumentos de legitimación. Así, durante la primera década revolucionaria, asistimos a las disputas entre representación indirecta y asambleísmo, representación de pueblo y de nación, representación por cuerpos territoriales (la ciudad y su jurisdicción) y numérica. Todas estas comprobaciones plantearon entonces un doble desafío a las investigaciones, como lo demuestran, por ejemplo, los trabajos de José C. Chiaramonte, Marcela Ternavasio, Fabián Herrero, Gabriela Tío Vallejo y Geneviève Verdo^[20].

Por una parte, se hacía necesario dar cuenta de la reiteración en distintos momentos y coyunturas, tanto a nivel local como general, del recurso a algún tipo de elección para legitimar el acceso al poder de las autoridades y de los representantes a las asambleas constituyentes luego de 1810. Por otra parte, se requería de un cambio de enfoque metodológico que integrase diversas dimensiones y registros de análisis en una interacción entre normas y prácticas; esto es, entre lo institucional, lo social, lo político y lo cultural.

La intervención del “pueblo”, que incluía a la “plebe”, el “bajo pueblo” o al “populacho” durante la revolución y las guerras, es sin duda también un tema clásico de la historiografía argentina desde el siglo XIX. Sin embargo, su tratamiento dejó por mucho tiempo de lado el estudio de las formas concretas de su intervención política y de su vinculación con el mundo social. Muy frecuentemente, los sectores subalternos aparecieron en los relatos historiográficos como telón de fondo o manipulados por las elites, y con denominaciones tan genéricas como la “plebe”, el “bajo pueblo”, las “huestes” (del caudillo), las “milicias” o las “masas rurales”, que dejaban a oscuras tanto su composición social como sus acciones o su mundo simbólico^[21]. En los últimos años, una importante renovación de los estudios sobre estos sectores, sus intervenciones políticas, sus motivaciones y sus expectativas, se abrió paso en el marco de una nueva historia política de los grupos subalternos en Hispanoamérica en los siglos XVIII y XIX. Una buena muestra, síntesis y reflexión a la vez sobre el alcance de estos estudios lo constituye la compilación editada por Raúl Fradkin ¿Y el pueblo dónde está?^[22], que reúne un conjunto de contribuciones sobre la participación popular en la revolución rioplatense, las guerras de independencia y los procesos políticos de las diferentes provincias hasta 1829. En su estudio introductorio, Fradkin invita a recuperar, al filo de la lectura de los trabajos que integran la compilación, algunos de los fenómenos que permanecieron opacados a la observación histórica, como son “las culturas y las tradiciones políticas populares”^[23]. Al respecto, cabe señalar el interés especial que despertó en esta nueva historiografía la relación entre militarización y sectores subalternos en la revolución y en los distintos escenarios de las guerras de independencia. Las investigaciones de Sara Mata de López sobre la movilización dirigida por Martín Miguel Güemes en Salta^[24], y la de Ana Frega sobre la revolución artiguista en la Banda Oriental^[25], constituyen dos rigurosas y amplias aproximaciones que han modificado sustancialmente nuestros conocimientos sobre el fenómeno de lo popular y su liderazgo en esos procesos, tal como se puede apreciar en el artículo “Historias de las guerras de independencia” de Beatriz Bragoni, que también integra este dossier.

¿Cómo intervino la plebe urbana en las disputas entre las facciones políticas de la época? ¿Cuál fue su incidencia en el proceso de independencia? ¿Cómo surgieron los líderes populares? ¿Se puede hablar de una comprensión plebeya de la nueva legitimidad política? En ¡Viva el bajo pueblo!, Gabriel Di Meglio explora el decisivo papel que jugó la plebe urbana de Buenos Aires en la política entre 1810 y 1830^[26]. Esta investigación demuestra con solidez que lejos de ser una receptora pasiva de las acciones de la elite porteña, la plebe contribuyó a delinear el rumbo político de la ciudad por medio de su activa participación en diversos escenarios y circunstancias: las disputas por el poder entre las facciones revolucionarias, las festividades patrias, la circulación de rumores y canciones patrióticas en plazas, mercados, cuarteles, iglesias y pulperías. De manera que la política no queda aquí limitada a la intervención de la plebe en las disputas por el poder, sino que incorpora todos los ámbitos de lo público donde los efectos de la creciente politización se hicieron también sentir con fuerza. En Los talleres de la revolución, Lyman L. Johnson nos brinda por su parte un exhaustivo y completo cuadro de la ubicación de la plebe en la economía y la sociedad del período tardo colonial porteño entre 1806 y 1810^[27]. Allí sugiere que es en la “experiencia” previa de la plebe en la organización y funcionamiento del fracasado orden de los gremios (de zapateros y plateros), donde podemos hallar una posible clave explicativa del interés de aquella en permanecer activamente en las milicias voluntarias que se convirtieron en un nuevo y fundamental actor político en el marco de las transformaciones que se iniciaron con las invasiones inglesas.

En un contexto de vertiginosos cambios, donde el monopolio de la palabra legítima antes depositado en el rey y en las instituciones de la monarquía había desaparecido, surgieron también nuevos espacios políticos y formas de comunicar y concitar adhesión a la revolución, como la prensa, incipientes espacios de sociabilidad patriótica y el teatro. La prensa, en particular, jugó un rol fundamental. No sólo ésta estaba destinada a informar sobre las nuevas acciones de los gobiernos centrales y el contexto internacional, sino que fue asimismo concebida desde su inicio como nueva fuente de legitimidad política. La apelación a la “opinión pública” servía de guía a la acción política pero también de espacio de libre comunicación y discusión de los asuntos de interés común; espacio que fue a su vez foco de nuevas disputas por “fijar” esa opinión. Estudios como los de Pilar González, Noemí Goldman, Eugenia Molina, Roberto Di Stéfano, Alejandra Pasino han abordado estas nuevas dimensiones de análisis desde diversos ángulos^[28].

Nuevas y viejas dimensiones porque se sabe que las novedosas formas de participación y discusión política se nutrían en buena parte de concepciones y prácticas tradicionales, informadas por la cultura católica. La historia de la actuación política del clero, de las estructuras eclesiásticas y de la estrecha relación entre el cambio político y el religioso durante la revolución, han sido objeto de una profunda renovación historiográfica, destacándose en ese sentido los pioneros trabajos de Roberto Di Stéfano, Valentina Ayrolo, María Inés Barral, Nancy Calvo, Miranda Lida e Ignacio Martínez^[29].

De todo lo anterior se desprende que los nuevos estudios sobre los sujetos y las prácticas surgidas durante la revolución y las guerras plantearon nuevos interrogantes sobre la organización y la institucionalización del poder. Un aspecto sustancial en ese sentido fue el problema de la gobernabilidad. En un contexto de indeterminación de la soberanía y de imprevisibilidad de la representación, se instaló tempranamente el debate sobre la división del poder. Este último se encontraba asimismo imbricado con la pervivencia de los cuerpos tradicionales de gobierno y la continuidad bajo diferentes aspectos de una cultura jurídica hispano colonial. Aunque no es menos cierto que la misma experiencia revolucionaria iba a crear problemas que demandaban nuevas respuestas. En Gobernar la revolución, Marcela Ternavasio muestra cómo, en la construcción del nuevo orden político, la elite debió enfrentarse con el problema de la organización y distribución del poder dentro de cuerpos, instituciones y poderes de diversa naturaleza, donde si bien la legalidad hispánica siguió tejiendo los hilos subterráneos del universo cultural de los actores, el nuevo diálogo con el idioma constitucional moderno le planteaba a estos mismos actores dilemas desconocidos hasta entonces^[30]. De modo que dentro de las cambiantes disputas entre grupos y facciones, así como entre personalidades y tendencias ideológicas, no tenía un lugar menor lo que Ternavasio denomina la “lógica institucional” para explicar las disyuntivas vividas por los propios actores. Entre ellas el debate sobre cómo debía gobernarse el propio gobierno, es decir, cómo trazar los límites al poder entre la pluralidad de poderes existentes así como en la nueva relación entre los gobiernos centrales (el ejecutivo) y las asambleas constituyentes (el legislativo).

Se encuentra así en plena expansión y renovación el estudio de las instituciones en los nuevos contextos inaugurados en 1810. La nueva historia de la justicia como práctica, cultura y entramado social abrió un nuevo mirador desde donde observar la construcción del poder: la microhistoria política. Un conjunto de investigadores que provienen ya sea de la historia social, política o de la cultura, ya sea de la historia crítica del derecho, vienen dialogando en espacios cada vez más integrados en torno a interrogantes comunes sobre, por ejemplo, las relaciones entre los diferentes espacios locales de poder tanto urbanos como rurales con la justicia, la cultura jurídica que sustentaba prácticas y normativas, las prácticas de la justicia y los diversos grupos sociales. Una perspectiva general sobre estos importantes avances pueden verse en dos dossiers coordinados respectivamente por Magdalena Candioti y Gabriela Tío Vallejo; y por Eugenia Moreno y Melina Yangilevich^[31].

Discursos, conceptos, representaciones e identidades

Como ya ha sido señalado, uno de los mayores esfuerzos de la renovación historiográfica estuvo orientado a combatir los anacronismos que viciaban las interpretaciones sobre el proceso revolucionario, procurando para ello dar cuenta de la especificidad de los fenómenos característicos de un período signado por los cambios y las continuidades. En ese sentido se muestran productivos los estudios que se abocaron a indagar en las producciones simbólicas y discursivas, pues estos permiten aproximarse a los medios a través de los cuales los actores dieron cuenta de los sucesos y los procesos en los que estaban inmersos, así como también lo hicieron sobre su pasado y sus expectativas. Si bien estas cuestiones son tratadas con mayor profundidad en el artículo de Darío Roldán sobre historia intelectual y de las ideas de este dossier, creemos necesario considerar aquí algunos trabajos que enriquecieron la comprensión de la vida política.

Este recorrido puede iniciarse con un texto de Halperín Donghi publicado a inicios de la década de 1960: Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo^[32]. En ese trabajo, que fue pionero en más de un sentido, Halperín tomaba distancia crítica del debate entre quienes sostenían que la revolución había estado animada por las ideas de la neoescolástica española y quienes la atribuían al influjo de la ilustración francesa. Según advertía, se trataba de un problema mal planteado, ya que la filiación de las ideas no era una estrategia adecuada para poder explicar el proceso, dado que éstas podían tener múltiples procedencias y formar diversas amalgamas. En consecuencia proponía analizar el discurso de los actores en su contexto, considerando los problemas que debían enfrentar, los diferentes rumbos que podían escoger y las palabras que disponían para expresarlos. A esta prevención metodológica que llamaba la atención sobre la complejidad que tienen las relaciones entre las ideas, el discurso y los hechos sociales, le añadió otra que atañe al período revolucionario. En ese sentido advertía que la revolución, además de un proceso o de un acontecimiento, se constituyó en una fuente de legitimidad y en una categoría utilizada para interpretar la realidad y dar forma a los sucesos que, si bien habían sido desatados por la crisis de la monarquía, pronto fueron entendidos como un proceso de ruptura con el pasado.

En este libro, al igual que en algunos pasajes de Revolución y Guerra, Halperín hizo evidente la necesidad de replantear la forma de abordar el discurso político revolucionario. Sin embargo, debería pasar más de un cuarto de siglo para que se desarrollaran nuevos estudios que se hicieran cargo de esa necesidad. Al comenzar la década de 1990, Noemí Goldman publicó Historia y lenguaje. Los discursos de la Revolución de Mayo, centrado en el discurso de algunos líderes políticos revolucionarios cuya radicalidad les había valido el mote de jacobinos: Mariano Moreno, Juan J. Castelli y Bernardo de Monteagudo. La autora desestimaba la aproximación tradicional basada en las influencias, como si sólo se hubieran tratado de meros epígonos de la ilustración francesa, para dar cuenta de su producción discursiva. Apelando a un enfoque que combinaba el análisis semántico y el histórico, examinó los problemas es pecíficos que debieron enfrentar los revolucionarios rioplatenses y los recursos lingüísticos que disponían para dar cuenta de los mismos^[33].

Pocos años más tarde, José C. Chiaramonte publicó Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la Nación Argentina, un libro en el que presentaba los resultados de las indagaciones que había realizado a lo largo de una década en torno al pensamiento, el vocabulario y las identidades políticas durante la primera mitad del siglo XIX^[34]. Su interés por comprender las alternativas de organización política que se plantearon a partir de la revolución y que tuvieron a los pueblos como sus principales protagonistas, lo había llevado a examinar los significados de algunos términos centrales del discurso político como pueblo/s, nación, Estado, patria, ciudad, federalismo. De ese modo, además de contribuir a la comprensión del discurso político, también enriqueció el análisis de las estructuras y de los marcos en los que se habían desenvuelto los actores^[35]. En trabajos posteriores Chiaramonte se enfocó en el análisis del Derecho Natural y de Gentes al considerarlo como el fundamento de la vida pública del período revolucionario que, por lo tanto, informaba el discurso político^[36].

Durante las últimas dos décadas, las indagaciones sobre el discurso político se enriquecieron con nuevos aportes que se orientaron en diversas direcciones. En primer lugar se pueden mencionar los estudios centrados en las matrices culturales heredadas, tal como lo hizo Roberto di Stéfano en un sugerente análisis de los sermones de los clérigos en el que puso en evidencia la importancia que tenía la Biblia como matriz interpretativa para comprender los sucesos revolucionarios^[37]. José M. Mariluz Urquijo puso asimismo de relieve la vitalidad de la cultura clásica como fuente proveedora de argumentos para la acción política^[38]. En segundo lugar, se encuentran los estudios que si bien no tienen como objeto al discurso político, contribuyeron a su mejor comprensión al examinar a los productores, los consumidores, la circulación, los géneros y los soportes. En ese sentido, y sólo para mencionar algunas líneas de análisis, cabe consignar estudios sobre los letrados y sus posicionamientos como el realizado por Jorge Myers^[39]; trabajos referidos a la prensa, sobre la cual recientemente se ha publicado un dossier coordinado por Fabián Herrero y Alejandra Pasino que permite apreciar distintos temas y abordajes^[40]; indagaciones sobre la lectura y la cultura impresa como los trabajos de Alejandro Parada y William Acree^[41]. En tercer lugar, estudios como el de Víctor Goldgel que plantean problemas innovadores sobre las concepciones de lo “nuevo” tanto en su dimensión simbólica como material^[42]. En cuarto lugar se destacan los estudios que tratan el discurso político apelando a enfoques teórico-metodológicos novedosos como la historia conceptual y la historia de los lenguajes políticos.

La historia conceptual sostiene que los conceptos se caracterizan por su polisemia dado que condensan diversos contenidos significativos, ya sean referidos a experiencias, estados de cosas o expectativas. De ese modo, y a diferencia de las palabras que pueden tener significados diversos pero definibles, los conceptos sólo pueden aprehenderse a través de una interpretación histórica y lingüística que reconstruya esa diversidad en forma sincrónica y diacrónica. En Lenguaje y Revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, un equipo dirigido por Noemí Goldman se centró en el análisis de los usos y significados de una decena de conceptos como patria, revolución, pueblo/s, nación o república, considerando para ello su función referencial como indicador de estados de cosas, experiencias y expectativas, pero también como modelador de las mismas y factor del movimiento histórico que orienta cursos de acción posibles^[43]. El equipo integra, asimismo, un proyecto comparativo y trasnacional de alcance iberoamericano dirigido por Javier Fernández Sebastián, y cuyos resultados están expuestos en dos extensos tomos del Diccionario político y social del mundo iberoamericano, en el que también se examinaron otros conceptos fundamentales como democracia, independencia, soberanía y libertad^[44]. Por su parte, e inspirado entre otros enfoques como el análisis de los lenguajes políticos desarrollado por la escuela de Cambridge, Elías Palti publicó El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, en el que a partir de la articulación de series de categorías y conceptos como Historicismo-Organicismo-Poder Constituyente y Pueblo- Nación-Soberanía, analizó las condiciones de enunciación del discurso político hispanoamericano y sus mutaciones a lo largo del siglo XIX^[45].

El examen de las diversas modalidades con las que los actores del período daban cuenta de su pasado, su presente y su futuro, dio lugar también al análisis de otros objetos y dimensiones simbólicas como los emblemas, las representaciones visuales y las fiestas patrias. Un trabajo clave en ese sentido, en tanto sistematizaba el conocimiento existente y trazaba un esquema que sería utilizado por investigaciones posteriores, es un artículo publicado por José E. Burucúa y Fabián Campagne a comienzos de la década de 1990, en el que planteaban que, a grandes rasgos, entre 1810 y 1830 había predominado la producción de emblemas (escudos, banderas, himnos) y una poética neoclásica^[46]. Los autores advertían que en esas producciones se anudaron motivos provenientes de tradiciones europeas (ya sean antiguas o de matriz republicana revolucionaria como el gorro frigio), con otros de raíz americana que representaban la naturaleza local o aludían a los pueblos originarios como el sol incaico^[47].

Por su parte, investigadores provenientes de distintas disciplinas, ya sea de la historia como Juan Carlos Garavaglia y Ana Wilde, la historia del arte como María Lía Munilla Lacasa y la antropología como Pablo Ortemberg, desarrollaron estudios de las fiestas patrias, particularmente las fiestas mayas^[48]. Si bien las aproximaciones a esta temática son diversas, los autores coinciden en considerar que las fiestas constituyen un objeto privilegiado para dar cuenta de las concepciones, las representaciones y los valores que tenían los distintos actores que las organizaban y tomaban parte de las mismas. Si desde la dirigencia fueron concebidas como un mecanismo de pedagogía cívica constructor de legitimidad y de identidad, también fueron utilizadas por los sectores populares como un canal de expresión política^[49].

Otra de las dimensiones de análisis que es motivo de atención por la reciente renovación historiográfica es el de las identidades políticas, entendiendo como tales a las que definen la pertenencia a una comunidad política y no a un partido o a una facción como podrían ser unitarios o federales. Si desde fines del siglo XIX la historiografía daba por hecho que había una identidad primordial, la argentina, y que ésta era a su vez expresión de una nacionalidad existente o destinada a constituirse a partir del proceso revolucionario, este modelo fue puesto radicalmente en cuestión. En un artículo publicado en 1989, José C. Chiaramonte llamaba la atención sobre la coexistencia de tres formas de identidad política: las locales o provinciales, la americana y la rioplatense o argentina^[50]. Lo novedoso de su aporte estaba dado por el señalamiento de que no habría prevalecido la identidad argentina por sobre las otras, y que estas no habrían sido meros residuos coloniales, sino que expresaban alternativas de organización política. Esta línea de indagación fue profundizada y sistematizada en Ciudades, provincias… en el que articuló el problema de las identidades con las modalidades de organización política que se plantearon durante la primera mitad del siglo XIX y que habían tenido a los pueblos como sus principales protagonistas.

Como ya se señaló, el enfoque de Chiaramonte, que tomaría distancia del planteo tradicional animado por el principio de las nacionalidades, tuvo un fuerte impacto en el campo académico e, incluso, fuera de él. Sin embargo, también fue objeto de críticas por las consecuencias que el autor sacó en relación a la inexistencia de alguna forma de nación y de identidad nacional. Pilar González sostuvo, por ejemplo, que cabría considerar la existencia de una “nación identitaria” previa a la constitución del Estado nacional, a partir del examen de formas de identidad basadas en la sociabilidad y la civilidad^[51]. Jorge Myers, por su parte, realizó una reseña de Ciudades, provincias… criticando lo que percibía como un abordaje reduccionista centrado en documentos jurídicos e institucionales, a la vez que plantearía la necesidad de prestar mayor atención a la trama social y cultural de las identidades^[52].

Desde entonces se ensayaron otras aproximaciones a las identidades polí- ticas que apuntan tanto a precisar sus contornos y contenidos precisos como a dar cuenta de las experiencias que las forjaron. Es relación a esto último, Ge- neviève Verdo destacó la incidencia que tuvo el proceso de militarización en la conformación de una identidad política y un sentimiento de pertenencia que habría trascendido los localismos, coincidiendo en ese sentido con el estudio comparativo de lo sucedido en Salta y Cuyo que realizaron Beatriz Bragoni y Sara Mata^[53]. Otros autores plantearon, por su parte, la necesidad de utilizar otro tipo de fuentes como las líricas, tal como lo hizo Jaime Peire al examinar poemas populares y cultos, concluyendo que en el período colonial se habría desarrollado un sentimiento de pertenencia que excedía el ámbito local y se distinguía del más genérico americano^[54].

Más allá de las diversas posiciones y enfoques empleados, los estudios sobre las identidades evidencian que su conocimiento y comprensión requieren de una perspectiva temporal más amplia, así como la consideración de diversos planos de análisis. En el período colonial tardío se puede reconocer una identidad política que es la referida al reconocimiento de la población, o al menos de las elites, como españoles americanos y leales súbditos de la monarquía. Dicha pertenencia solía expresarse a través de una tríada de valores, principios o referentes que eran invocados para justificar o legitimar toda acción o discurso: Dios (o religión), Patria y Rey^[55]. Esta identidad era consistente con el concepto político de nación que hacía referencia a poblaciones regidas por un mismo gobierno o unas mismas leyes sin que esto implicara necesariamente que compartieran rasgos étnicos y culturales o un territorio. Es por eso que los nacidos en América podían considerarse miembros de la nación española que estaba integrada por la totalidad de los reinos, provincias y pueblos que le debían obediencia a la Corona^[56]. Por su parte, si consideramos cómo se reconocían en otros planos ligados a lo étnico, cultural o territorial, encontramos que las identidades podían ser muy diversas: españoles; españoles americanos; americanos; que expresaran la pertenencia a un virreinato como mexicanos o novohispanos y peruanos, a una región como altoperuanos o paraguayos, o a una ciudad como limeños y salteños. Estas identidades coexistían de modo superpuesto y permitían establecer diferencias frente a otros actores individuales o colectivos que también integraban la nación española. Así, un mismo sujeto podía considerarse como porteño o argentino (voz que designaba a los habitantes de Buenos Aires que no eran castas) en relación al peruano, potosino o cordobés, o como español americano o americano en relación al español europeo. Si bien la naturaleza de toda identidad es relacional pues sólo se puede constituir en oposición a otras, más claramente lo era aún en una sociedad como la hispanoamericana que se estructuraba a partir de las diferencias entre sus miembros expresadas en la posesión de distintos derechos y privilegios. Es por ello que esas identidades solían invocarse en el marco de disputas jurisdiccionales como la que podía tener una ciudad subalterna en relación a una ciudad capital, o por los rencores que provocaban las mayores posibilidades de acceso a cargos y posiciones relevantes que tenían los españoles europeos frente a los americanos. Pero lo que no se suponía en ningún caso es que fueran expresión de comunidades cuya existencia pudiera concebirse con total independencia de la monarquía católica española. En todo caso podían vehiculizar la búsqueda de privilegios o de una mayor autonomía dentro del orden monárquico.

Al iniciarse el siglo XIX primaban entonces las identidades que expresaban la pertenencia a la monarquía católica española, tal como lo permiten apreciar los discursos y representaciones realizados al calor de las invasiones inglesas en 1806/7 en las que las expresiones de identidad y de orgullo local no se contrapusieron a la monarquía ni a España. Claro que para ese entonces la crisis de la monarquía estaba empezando a corroer sus cimentos, dando paso en muy poco tiempo a la revolución. Fue durante ese breve lapso cuan- do comenzaron a producirse cambios sustantivos en las identidades de los americanos. Pero no tanto porque se forjaran otras nuevas, como por el hecho que éstas comenzaron a politizarse e ideologizarse, expresando tanto nuevos valores como la posibilidad de constituir comunidades políticas soberanas. En efecto, fue recién entonces cuando comenzó a plantearse públicamente que la nación entendida como cuerpo político soberano, podía ser la propia América, alguno de sus virreinatos, reinos, provincias, pueblos o la asociación de algunas de estas entidades. De ese modo, lo que antes era percibido como la pertenencia a la nación española dentro de la cual existían diferencias debidas al lugar de procedencia (españoles europeos y españoles americanos), comenzó a concebirse como identidades antagónicas (americanos y españoles, que en tanto enemigos eran calificados muchas veces con epítetos denigratorios como “godos” “sarracenos” o “maturrangos”) y que también expresaban valores e intereses encontrados (libertad vs. tiranía o despotismo)^[57]. Estos procesos se potenciaron con la extensión de los enfrentamientos armados, pues quienes combatían en nombre de la revolución y de los nuevos gobiernos, comenzaban a plantear cada vez con mayor claridad que se trataba de una guerra cuyo desenlace debía ser la declaración de la independencia y la constitución de comunidades políticas basadas en nuevos principios sociales y políticos, tal como se puede apreciar en el examen de la experiencia artiguista realizado por Ana Frega^[58].

El 9 de julio de 1816, un Congreso reunido en la ciudad de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sud América. No se trató de la declaración de la independencia argentina ni sus miembros se sentían identificados con esa nacionalidad. Si bien había un difuso sentimiento de identidad rioplatense, primaba la identidad americana y las identidades locales, vale decir, las referidas a las ciudades, pueblos o provincias representadas bajo el nombre de Provincias Unidas en Sud América. Esta denominación algo imprecisa en cuanto a su delimitación, incluía además a pueblos de la actual Bolivia (nación entonces inexistente e incluso inimaginable con ese nombre) mientras que no habían participado del Congreso los del litoral rioplatense que, como Corrientes y Santa Fe, integraban el sistema de pueblos libres liderado por Artigas, ni Paraguay que había iniciado un camino autónomo del que ya no se apartaría^[59]. Además de dejar abierta la posibilidad de incorporar a estos pueblos que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata, esa indefinición también expresaba la de integrar un mismo cuerpo político con Chile y Perú cuando fueran liberadas del dominio español.

Estas alternativas eran posibles precisamente por la primacía de la concepción política de la nación como una entidad cuya conformación obedecía a la voluntad de sus miembros, vale decir, de los pueblos americanos que en pocos años pasaron de ser súbditos de la monarquía a sujetos soberanos, y en cuyo seno se articuló una nueva vida política cuya riqueza y complejidad seguirá sin duda alentando la producción de nuevos estudios.

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Notas