Recepción: 11 Agosto 2019
Aprobación: 07 Noviembre 2019
Resumen: Este artículo expone cómo el crecimiento económico sobresaliente de Panamá está desacreditado por la pésima distribución de las riquezas. Panamá destaca en Latinoamérica por sus indicadores económicos, caracterizado con un crecimiento promedio del PIB de 6.3%, del 2007 al 2018. Sin embargo, cuando se plantea el desarrollo humano como objeto de análisis, el país resalta al poseer la mayor desigualdad de Centroamérica. La economía panameña se concentra en el sector terciario, el cual aporta cerca del 83% al PIB, los sectores industrial y agropecuario proporcionan el 14.3% y 2.7%, respectivamente. Al analizar el desarrollo desde un enfoque diferenciado urbano-rural, la desigualdad se manifiesta más marcada en las zonas rurales, donde viven 3 de cada 10 panameños, quienes se ocupan en un sector que está fragilizado desde hace décadas. La pobreza multidimensional y la subalimentación también se acentúan en las zonas rurales, ya que, 4 de cada 10 pobladores rurales son pobres; mientras que, en el caso de la población urbana es menor, 1 de cada 10.
Palabras clave: crecimiento económico, desarrollo humano, desarrollo sostenible, pobreza rural, políticas públicas, crecimiento económico, desarrollo humano, desarrollo sostenible, pobreza rural, políticas públicas.
Abstract: This article reports that Panama´s outstanding economic growth is discredited by the worst distribution of wealth. Panama has a prominent position in Latin America for its economic indicators, characterized by a 2007-2018 GDP average growth of 6.3%. However, when considering human development analysis, the country stands out for having the highest inequality in Central America. Panamanian economy is focused on the tertiary sector, which represents about 83% of GDP; the industrial and agricultural sectors represent 14.3% and 2.7% respectively. From an urban-rural approach, inequality is even more marked, which is an important concern, considering that 3 out of 10 inhabitants live in rural areas, working in a sector that is weakened for decades. Multidimensional poverty and malnutrition are intensified in rural areas, since 4 out of 10 people are poor, while it is 1 out of 10 in the urban population.
Keywords: economic growth, human development, sustainable development, rural poverty, public policies, economic growth, human development, sustainable development, rural poverty, public policies.
1. Introducción
Panamá destaca en Latinoamérica por sus indicadores económicos, pues según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), del 2007 al 2018, el Istmo de Panamá presentó un crecimiento económico promedio de 6.3%. Conoció su periodo más crítico durante la crisis financiera mundial (2008) con una cifra de 1.2%. En el año 2010, el país obtuvo un 11.3% con respecto al año anterior, logrando el mayor hito de crecimiento económico; no obstante, se evidencia una tendencia decreciente desde el 2011 hasta la fecha. Los datos macroeconómicos de Panamá se aprecian en la figura 1, en la que se detalla el comportamiento de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá del 2007 a 2017.
En 2008, el PIB fue de 23,394.8 millones de balboas a precios constantes. Diez años después, el PIB pasó a 41,693.4 millones de balboas, lo que equivale a un aumento del 78% de lo generado en 2008, pero cuando se plantea el desarrollo humano como objeto de análisis, la apreciación resulta distinta. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el concepto de desarrollo humano es una identidad social que va más allá del ingreso. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) considera una serie de aspectos (salud, educación e ingreso) para que una persona pueda desarrollar su potencial y llevar una vida productiva con base en el aprovechamiento de las oportunidades. El desarrollo humano de la población de los países constituye su potencial para el progreso, convirtiéndose en la verdadera riqueza de las naciones.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018), Panamá sobresale en las proyecciones de crecimiento para el 2019. Los países con las mayores tasas de crecimiento de la región son República Dominicana (5.3%), Panamá (5.3%), Paraguay (4.7%), Bolivia (4.4%), Perú (3.8%), Chile (3.3%), Costa Rica (3.1%) y Colombia (3.3%). No obstante, a medida que se abordan indicadores más profundos como el IDH, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el Índice de Gini, la apreciación varía. En otras palabras, cuando se reflexiona sobre “desarrollo humano” en lugar de “crecimiento económico” las consideraciones son más amplias. Por ello, en este artículo se plantean representaciones que usualmente no son expresadas en las valoraciones del país y, mucho menos, considerando la brecha urbano-rural.
2. Desarrollo de la temática
2.1. Panamá y su crecimiento económico sobresaliente
La economía, vista como un engranaje de funcionamiento social, es actualmente un sistema monetizado de actividades de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios en el marco de un país. La medida más expandida sobre la bonanza económica de un país y su población es el PIB per cápita, el cual consiste en el cociente entre el PIB y el número de habitantes. Según cifras del Banco Mundial en 2015, el PIB alcanzó los 52,132 millones de dólares americanos (a precios actuales). Es decir, un PIB per cápita de 13,268 dólares americanos, lo que posicionó a Panamá en el primer lugar de Centroamérica.
El sistema económico panameño define el balboa como moneda oficial, pero el dólar estadounidense fue admitido como moneda de curso legal en el territorio panameño. Este acuerdo se estableció un año después de la separación de Colombia, el tres de noviembre de 1903 mediante la firma del llamado Convenio Monetario de 1904 entre Panamá y EE. UU. A mediados del siglo XX, Beherendt (1944) explicaba que Panamá obtuvo ventajas del sistema monetario dependiente del estadounidense. El dólar está vinculado a una de las economías más desarrolladas, en la cual el nivel de vida es relativamente alto, en comparación con el de Panamá. Por lo tanto, el peso financiero del dólar trae ventajas y desventajas, que dependerán de la estrategia de desarrollo del país.
El uso del dólar deriva en un mayor poder de compra para la importación, pero en contraposición, la estrategia de competitividad de devaluación de moneda para el fomento de la exportación no es posible. Por supuesto que esto va en menoscabo del sector agropecuario e industrial y en beneficio del sector de los servicios. Considerando el peso económico de Panamá en la economía mundial, con un sistema monetario nacional las importaciones tenderían a ser más costosas, lo que conllevaría al Estado a fomentar la agricultura y la industria, como es el caso de la mayoría de los países centroamericanos. Antes bien, el sector de los servicios, incrustado, mayoritariamente, en las zonas urbanas, tendría que asumir un costo mayor para el desarrollo de infraestructura en la compra de materiales y tecnología.
El establecimiento del sistema bancario internacional en la década del 70 y la reversión del Canal de Panamá en 1999 recalcaron el rumbo hacia la terciarización económica de Panamá. Por otro lado, el descuido de los otros sectores económicos trascendió en la pérdida de su competitividad.
La decadente situación del sector agropecuario no es coyuntural, sino más bien estructural, porque sus raíces se remontan en la historia del entronque comercial que el mundo vio en Panamá por su geografía. Castillero-Calvo (1973) expone que la economía mercantil “transitista” resultó en la “hiper-especialización” en los servicios y en el entorpecimiento del autoabastecimiento, producto de la desatención de las otras actividades productivas.
Desde finales del siglo XX, las zonas rurales han tenido un débil auge económico, lo que ha dado paso al progresivo éxodo rural y al abandono de la producción agropecuaria. No obstante, en la última década la producción económica de las actividades agropecuarias se ha desacelerado, incluso se han manifestado desplomes del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) como en 2009 y 2014, tal como se muestra en la figura 2.
Al considerar los periodos del 2007 al 2017, se determinan los siguientes estadísticos descriptivos del PIBA en términos monetarios (balboas): valor mínimo de 682 millones (2009), valor máximo de 798.4 millones (2008), promedio de 745.7 millones y mediana de 753.7 millones.
Cisneros (2009) detalla que, de manera estructural, la concentración de la actividad económica y demográfica, así como la especialización en los servicios, el comercio y lo inmobiliario convierten al país en una economía sostenida por dos provincias: Panamá (67%) y Colón (15%) contribuyen en un 82% al PIB. Y luego les sigue Chiriquí, con un 8%, otras provincias y comarcas, que agrupan, aproximadamente, un tercio de la población y que producen aproximadamente el 10% del PIB.
El sector servicios se basa principalmente en las operaciones del Canal de Panamá, en el subsector logístico (puertos aéreos y marítimos), en el turismo, en la exportación de servicios, en la Zona Franca de Colón y en los mercados financieros. En 2016, según cifras del INEC, la actividad económica del sector de los servicios realizó un aporte de 83% al PIB. En cuanto al sector industrial y agrícola, los aportes fueron por el orden de 14.3% y 2.7%, respectivamente. Por otro lado, la tasa de participación de la población económicamente activa (1, 611,000 personas para el 2016) por sector económico es: agricultura 17%, industria: 18.6% y servicios: 64.4%.
Sin embargo, la actual desaceleración económica del país orienta la reflexión hacia la construcción de un modelo económico diversificado. Esto en un escenario de medidas en contra de los nichos para el blanqueo de capital y de problemas exógenos como el cambio climático.
2.2. Aspectos demográficos
En términos generales, la población de un país tiene una caracterización heterogénea por las diferencias de carácter étnico-cultural que conviven de manera agrupada o disgregada. Según el INEC, en 2017, la población de la República de Panamá se estimó en 4, 098,135 de habitantes, con un comportamiento creciente a una tasa anual de 1.84 por cada cien habitantes y una edad mediana cercana a los 29 años. La densidad poblacional es de 45.9 habitantes por km2 y la mayor concentración se da en la capital del país, ya que cuenta con 1, 713,070 habitantes, según el censo del 2010 abarcando, aproximadamente, al 50.3% de la población total. Montoya (2009) explica que la terciarización de la economía en varios países de América Latina ha generado una alta concentración de la población en las zonas urbanas. Esto se explica por las oportunidades que se crean con el auge económico, donde sobre todo los jóvenes procedentes de contextos rurales y urbanos son atraídos por el sector de los servicios y Panamá es un ejemplo de ello. El auge económico del principal centro urbano del país atrae a las personas en busca de oportunidades, provocando el desplazamiento desde las zonas periurbanas y rurales hacia los centros urbanos.
Un factor que se debe considerar, en el movimiento de la población rural hacia las urbes, es la inversión Estatal en proyectos que fomenten las actividades agrícolas y no agrícolas del medio rural. El impulso de políticas públicas para el desarrollo agrario tiene un impacto directo en la limitación del éxodo rural, porque se crean oportunidades de desarrollo en los campos o en los focos urbanos en construcción. Por ejemplo, durante la época dictatorial de Panamá (de 1968 hasta 1989), se desarrollaron grandes esfuerzos políticos para el desarrollo rural. En 1972, el General Omar Torrijos Herrera concretó su propuesta de reforma constitucional para asentar las nuevas instituciones del proceso revolucionario. En esa etapa se crearon instituciones de investigación, comercialización, crédito y seguro agropecuario y se inició también con un proceso de distribución de tierras según régimen común. Durante ese periodo (1970-1980) caracterizado de gran apoyo y fomento de las actividades agrarias, la variación absoluta (-2.8) y relativa (-5.3%) de la población rural fue la menor desde 1960 hasta 2010, tal como se muestra en la tabla 1.
En la actualidad se estima que Panamá tiene una población urbana de 68% y una población rural del 32%. El tamaño de la población y la proporción urbano-rural son dependientes de variables sociodemográficas como: inmigración, número de nacimientos, número de muertes, esperanza de vida, entrada y salida de migrantes, etc.
La esperanza de vida en Panamá para el 2016 fue de 78 años en promedio, cuando en 1990 era de 73 años y en 1980 era de 70 años. Los avances en términos de salud pública, con mayor cobertura en las zonas urbanas, son la causa principal del aumento de la esperanza de vida en los países, lo que prolonga la vida del panameño en el tiempo y, con ello, su coexistencia con los demás individuos durante un lapso mayor en comparación con las generaciones pasadas.
Con el desarrollo económico de los centros urbanos hacia las afueras, se incrementa la complejidad de la relación urbano-rural. Según Kay (2013), el desarrollo de la infraestructura de transporte y las transformaciones del mercado laboral, aumentan la intensidad del desplazamiento de personas del campo hacia la ciudad. La configuración urbano-rural reciente hace que el movimiento sea en ambas direcciones, lo que ha generado una dinámica de inversiones capitalistas de los pobladores urbanos en las zonas rurales.
El bono demográfico es un periodo en el que la configuración de la población se caracteriza por el aumento de la esperanza de vida y una disminución en la tasa de fertilidad (número de nacimientos por mujer en edad fértil). Este cambio estructural de la población se expresa en una relación de dependencia que se denota por la existencia de una población en edad laboralmente activa e inactiva que supera cuantitativamente a las personas económicas dependientes (adultos mayores y niños).
Saad, Miller y Martínez (2009), describen las tres fases del bono demográfico (bono 1, 2 y 3). La fase 1, se caracteriza por una relación de dependencia en disminución, pero aún se muestra relativamente por encima de dos personas dependientes para cada tres en edades activas. La fase 2, es más favorable ya que la relación se da por debajo de dos personas dependientes para cada tres en edades activas. Por último, es la fase 3, la relación de dependencia comienza a aumentar, principalmente, por el incremento proporcional de las personas mayores, pero manteniéndose aún en niveles favorables. Es decir, por debajo de dos dependientes por cada tres personas en edades activas.
Panamá se encuentra en la segunda fase del bono demográfico, lo que propicia un contexto favorable para el aumento del ahorro, para la inversión y para el mejor aprovechamiento de recursos públicos, sobre todo, en educación y salud infantil. Según Pinto (2015), el paso de la población joven hacia los siguientes grupos etarios causa un aumento de la población en edad para trabajar y con ello, crece la oferta en el mercado del trabajo, lo que a su vez acentúa la capacidad potencial de producir un mayor volumen de bienes y servicios, de ahorrar y, en consecuencia, de invertir.
El estudio de la condición demográfica actual de Panamá debe considerarse para la elaboración de políticas públicas de desarrollo sostenible. No obstante, el análisis debe ser seccional según las relaciones urbano-rurales y, en la medida de lo posible, atendiendo las particularidades étnicas. También, sería interesante tener en cuenta la distribución racial de la población de Panamá, que, aproximadamente, se reparte en: 70% mestizos, 12.6% indígenas y 9.2% afrodescendientes. Sin embargo, existe poca información sistematizada y georreferenciada sobre la distribución de las etnias en el plano geográfico. Esta información puede ser levantada en el próximo Censo de Población y Vivienda (2020), ya que las políticas deben sopesar las diferencias culturales para lograr con eficacia el cumplimiento de sus objetivos. Con esta diferenciación se pueden crear herramientas políticas para aprovechar los réditos del crecimiento económico y del bono demográfico, para atender la población más vulnerable que, definitivamente, en Panamá se presenta con la envestidura de ruralidad.
2.3. La pésima distribución de las riquezas en Panamá
El PIB per cápita de Panamá ha crecido de manera considerable en las últimas décadas, la evolución de este indicador se puede observar en la figura 3. Según cifras del Banco Mundial, al comparar el PIB per cápita en dólares estadounidenses, de los años 2000 (4,060 dólares) y 2018 (15,575 dólares), se puede estimar que el PIB per cápita tuvo una variación relativa de aproximadamente 380%. No obstante, a pesar de que Panamá destaca en la región centroamericana en términos de PIB per cápita, asimismo es el país que presenta el índice de GINI más alto de la región (ver tabla 2). El índice de GINI mide la igualdad de ingreso de una población definida. En 2015, el índice GINI de Panamá se determinó en 50.7 (ranking mundial: 141/159; la posición 159 indica la mayor desigualdad). Para ilustrar, un índice de GINI de 100 significa que un solo individuo posee toda la riqueza. Por el contrario, un índice de 0 significa que todos los individuos de una población tienen el mismo grado de riqueza.
La Organización de las Naciones Unidas (2019) reveló que en 2001, Panamá presentó un índice de Gini de 57.5 y un 28.4% de la población con ingresos inferiores a la mediana de ingresos. En 2008, el índice de Gini fue de 52.8 y el 24.9% de la población tuvo ingresos inferiores a la mediana. En 2017, el índice de Gini pasó a 50.8 y la población con ingresos inferiores de la mediana salarial fue de 24.7%. Estas cifras demuestran que las medidas adoptadas para contrarrestar la desigualdad han sido incipientes, principalmente al considerar la relación entre los bajos salarios y la alta producción de renta.
1 PIB total y per cápita a precios actuales.
Desde principios del siglo XXI hasta la actualidad, cada vez más, los salarios representan una menor parte del PIB, manifestando que los dueños del capital perciben, año tras año, una mayor parte de la renta producida. En 2002, los salarios como porcentaje del PIB representaron el 35.2%, pero en 2016 la cifra disminuyó a 24.8% (UN, 2019). América Latina se caracteriza por la desigualdad y por la débil calidad institucional de cara a los retos de gobernabilidad.
Según Oxhorn (2001), las políticas públicas para atender las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad tienen resultados en el largo plazo. Los gobiernos no han querido sacrificar la dinámica económica en el corto plazo, principalmente para mantener la generación de empleos. Este comportamiento pone en riesgo el logro de las metas para combatir la pobreza y la desigualdad, debido a que se implementan inversiones insuficientes para el desarrollo humano mediante pilares como: la educación, la salud y la infraestructura rural.
2.4. Desarrollo humano y desigualdad
Otro indicador que es interesante abordar es el IDH, el cual agrupa tres dimensiones: vida saludable y duradera (esperanza de vida al nacer), conocimiento (promedio de años de escolaridad y expectativa de años de escolaridad) y estándar de vida decente (renta nacional bruta per cápita). De acuerdo con el PNUD, en el 2015 Panamá obtuvo un IDH de 0.788, ubicándose en el primer lugar en Centroamérica y de número 60 a nivel mundial. No obstante, desde 2018 Costa Rica lidera el desarrollo humano en la región (ver tabla 3).
En 2018, las Naciones Unidas presentaron un informe sobre la actualización estadística del IDH. El trabajo hace una comparación entre el IDH tradicional y el IDH-D (ajustado por desigualdad). En 2017, Panamá tuvo un IDH de 0.789, pero al aplicarse el IDH-D la cifra pasa a 0.623, lo que equivale una pérdida total del 21.1% (PNUD, 2018).
Thomas Piketty (2014) en su obra El Capital de Siglo XXI intenta demostrar que hay que reformular el modelo actual. La regulación del capitalismo patrimonial no solo amerita la reformulación de los modelos fiscales y sociales del siglo pasado. La democracia debe tomar el control del capitalismo financiero global de este nuevo siglo, pero para ello hay que reinventar las herramientas democráticas considerando la justicia social y ambiental como objetivos de desarrollo. No se trata de interrumpir abruptamente el sistema económico dominante, sin embargo, es necesario reaccionar ante la brecha abismal entre los muchos que tienen poco y los pocos que tiene mucho.
Pese a los grandes esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según el cuarto informe del año 2014, la pobreza general disminuyó de un 42.1% en el año 1991 a 26.5% en el 2012. Con relación a la pobreza extrema, el decrecimiento pasó de 26.0% en 1991 a 11.1% en 2012; mientras que, la pobreza no extrema prácticamente no descendió al comparar las cifras de 1991 (16.2%) y 2012 (15.4%). Es importante resaltar que la reducción de la pobreza en Panamá (medida en otrora solo por el nivel de ingresos) fue recientemente contrarrestada mediante programas de transferencias monetarias como: 120 dólares a los ciudadanos no jubilados ni pensionados de 65 años o más, red de oportunidades (otorgamiento de capital fijo y/o variable para realizar alguna actividad artesanal), beca universal para realizar estudios de educación escolar, entre otros.
2.5. La pobreza en Panamá tiene envestidura de ruralidad
Según el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), lanzado oficialmente por el Estado panameño en 2017, se revela que 19.1% de la población panameña vive bajo el umbral de la pobreza (MEF, 2018). Se determinó que el 9.3% (258,535 personas) de la población urbana es multidimensionalmente pobre; mientras que, en el caso de la población rural, la cifra de pobreza alcanza el 39.8% (519,217 personas). Este nuevo indicador abarca más allá del ingreso, tomando en cuenta cinco dimensiones: educación; trabajo; ambiente, entorno y saneamiento; salud; y vivienda, servicios básicos y acceso a internet. El IPM es más razonable desde el enfoque de desarrollo humano, por lo que actualmente no solo bastarían las transferencias monetarias para combatir la pobreza, sino que se demandan estrategias holísticas para atender las cinco dimensiones.
En Panamá se ha diseñado un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SAN 2017-2021) a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y de la Secretaría Nacional para el Plan de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN). SENAPAN (2017) manifiesta que un 9.5% de la población panameña está en subalimentación (dieta alimentaria insuficiente), lo que equivale a aproximadamente 400,000 personas; pero la distribución no es uniforme, ya que la subalimentación no se concentra en el Panamá de los rascacielos, sino en el Panamá rural. Más del 50% (200,000 personas) de los subalimentados se ubican en las comarcas indígenas (población rural: 100%) y en las provincias de Bocas del Toro (60.2%) y Darién (91.7%).
Actualmente Panamá se ha comprometido a atender los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y, entre ellos, el ODS 2 que se centra en poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para el logro de este objetivo establecido para el 2030, se requiere una transformación significativa del sistema alimentario. Este compromiso debe atenderse con una estrategia sólida, de manera endógena y estable, para que gran parte de los alimentos se produzcan en el territorio nacional. Esto se debe a que la alta dependencia del aprovisionamiento alimentario del exterior (importaciones) causa riesgos para garantizar la estabilidad de la seguridad alimentaria y más aún en las zonas marginadas por el desarrollo. Además, la inclusión productiva y económica se convierte en un importante motor de desarrollo rural.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO (2018), para evitar las desproporcionales asimetrías del crecimiento económico, es necesario introducir los compromisos prioritarios como lo es la pobreza rural a la agenda política. No obstante, debe realizarse en el marco de las políticas multisectoriales que consideren los programas de protección social e inclusión productiva a través de un enfoque de diversificación. Reinecke y Faiguenbaum (2016) describen que además de la gran brecha salarial, entre lo que percibe un poblador urbano y uno rural, existen otros indicadores a considerar. El trabajo rural suele tener una connotación de vulnerabilidad en términos contractuales, de precariedad e informalidad. Estas condiciones hacen un sistema social caracterizado por la desmotivación para ocuparse en las labores agrarias, esencialmente desde la perspectiva de la juventud campesina, lo que resulta en una limitante para el desarrollo rural.
Cristobal Kay (2009) concibe que los nuevos ruralistas concuerdan en la pluriactividad y multifuncionalidad de los campesinos, basadas en actividades agrícolas y no agrícolas. Además, la nueva ruralidad del siglo XXI debe repensarse en términos institucionales y normativos para la solución de los problemas. La meta consiste en posicionar la pobreza rural, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, la descentralización, la agricultura familiar y las interrelaciones urbano-rurales en la agenda de desarrollo nacional.
3. Conclusiones
· La profundización en el análisis socioeconómico de Panamá permite afirmar que su crecimiento económico sobresaliente está desacreditado por la pésima distribución de las riquezas.
· La pobreza multidimensional y la subalimentación se acentúan en las zonas rurales porque 4 de cada 10 pobladores rurales son pobres, mientras que, en el caso de la población urbana, es 1 de cada 10.
· La urbanidad y la ruralidad tienen características de desarrollo disímiles que el Estado tiene que ponderar, porque las brechas pueden distanciarse aún más si no se considera el desarrollo rural como una prioridad.
· Los mayores problemas socioeconómicos dentro de la ruralidad se manifiestan en las comarcas, demostrando una desigualdad aún más profunda entre los pueblos originarios y el resto de la población panameña.
4. Recomendaciones
· La agenda pública debe preparar medidas políticas para la inclusión productiva y económica de los territorios rurales que, en lo que va del siglo, han sido atendidos mediante acciones atenuantes y no estructurales.
· Panamá debe construir un modelo económico diversificado que incluya y conecte a las poblaciones urbanas y rurales al desarrollo nacional. Para ello, es necesario la comprensión de la ruralidad y la urbanidad para el lanzamiento de un esquema descentralizado y enfocado en el ser humano como criterio de desarrollo.
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