Introducción

En las conformaciones del sistema internacional, los procesos de integración regional y de cooperación han tomado particular protagonismo en definir la agenda del desarrollo. La implementación que estados soberanos hacen eventualmente de esta agenda está influida en gran manera por ejercicios de prospectiva política por parte de organismos como las Naciones Unidas, a nivel global, o como la Unión Europea, a nivel regional. A final de cuentas, entre estos dos mecanismos (de cooperación y de integración, respectivamente) existe una retroalimentación constante en la que objetivos del desarrollo sustentable cada vez se arraigan más en los tratados y directivas de esas agendas (Aponte, 2013).

A partir de los relativamente recientes Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se ha enviado un mensaje muy claro a la comunidad internacional de que la sustentabilidad se ha posicionado cada vez más como uno de los ejes rectores de nuestro desarrollo (Organización de las Naciones Unidas, 2015). Entre los objetivos de las Naciones Unidas y la implementación de países, no obstante, prevalece el riesgo en las fallas y alcances. En esta línea de ideas, a nivel Naciones Unidas parece haberse definido ya una agenda de “sustentabilidad fuerte”, donde los recursos naturales son considerados insumos esenciales que no pueden ser substituidos por manufacturas o por el factor humano –es decir, donde el capital natural de un país se mantiene separado del capital manufacturero (Van der Bergh, 2007, p. 66). Ello se proyecta, en términos de las Naciones Unidas (2015), al recomendar “políticas y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una alineación integrada y coherente de todas las políticas públicas –normativa, fiscal, de financiamiento de la inversión, de planeación y de inversión pública, social y ambiental.” (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Por otra parte, según reluce en compromisos internacionales y sus agendas nacionales de desarrollo, los países aún esbozan proyectos de desarrollo más enfocados hacia una “sustentabilidad débil”, donde el énfasis en el crecimiento económico continúa combinando los capitales natural y manufacturero, dando pie posteriormente a consideraciones de resiliencia ambiental (Van den Bergh, 2007).

La prevalencia de esta discordancia entre los alcances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las agendas de política pública a nivel nacional genera, por tanto, interesantes retos a la llamada “gobernanza multinivel” en la temática ambiental. Según la definición de Marks (1993) la gobernanza multinivel es un “sistema de negociación continua entre gobiernos anidados en distintos niveles territoriales” junto con distintas redes de política pública que involucran a gobiernos supranacionales, nacionales, regionales y locales (p. 392). En consecuencia, uno de los obstáculos tradicionales para los distintos niveles de gobierno en una agenda de sustentabilidad como ésta es el grado de coordinación que lleguen a tener los distintos niveles de gobierno.

A su vez, Hooghe & Marks (2003) han resaltado como un organismo de integración tan ambicioso y experimental como la Unión Europea se ha apoyado en mecanismos flexibles y descentralizadores de gobierno a fin de adaptarse a las distintas necesidades y contextos que una política pública pudiera exigir a nivel nacional y local. De acuerdo con estos autores, “el gobierno centralizado no está preparado para acomodar intereses divergentes” (Hooghe & Marks, 2003, p. 6). Y a la fecha, un modelo gubernamental flexible como el de la Unión Europea pareciera ser el más apropiado para aterrizar las nuevas prerrogativas del desarrollo sustentable.

Desde sus precedentes más antiguos (la Comunidad Europea del Carbón y del Acero signada en el Tratado de París de 1951), la Unión Europea se ha caracterizado por su capacidad de asumir los variados intereses nacionales en busca de consolidar un frente regional más sólido hacia el mundo exterior. Gradualmente, los tratados firmados por los miembros de esta integración evolucionaron hasta el culminar en el Tratado de Maastricht de 1993, donde por primera vez en la edad moderna se firma un mecanismo de integración regional que incluía una moneda comunitaria (Cano, 2015; Poptcheva, 2014; Morilloc, 2006).

La política monetaria entonces fue uno de los primeros reflejos de la difusión de poderes y soberanía que se estaba llevando a cabo de los tradicionales Estados-nación al entre supranacional en que se convirtió la Unión Europea. En los albores de este siglo, sin embargo, el creciente impacto de la globalización ha generado problemas sustantivos en materia de rendición de cuentas. Ahora, consecuentemente, el reto al que se enfrente la Unión Europea no se refiere solamente a cuestiones de funcionalidad o eficiencia, sino también a cuestiones de proximidad y rendición de cuentas a nivel de suelo. Un reto que, a final de cuentas, contiene lecciones importantes para el reto multinivel de políticas públicas que los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible y las nuevas prioridades de sustentabilidad representan para cualquier país signatario.

La gobernanza de la sustentabilidad y los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Dos fenómenos son los que, en particular, han incrementado los retos del Estado contemporáneo: la globalización y la democratización. En primera instancia, la globalización, agudizada a partir de 1990 con las tecnologías de la información, ha desdibujado las fronteras nacionales que hacían eco en el Estado moderno desde que, en 1648, el Tratado de la Paz de Westfalia conjugó a las fronteras territoriales con la soberanía de un gobierno. Esto ha dado pie a una creciente integración en aspectos no sólo políticos, sino económicos, sociales y culturales también. Al mismo tiempo, en el ámbito democrático, la Tercera Ola de la Democratización (Huntington, 1993)creó nuevas oportunidades para niveles gubernamentales que estaban tradicionalmente supeditados al gobierno nacional, tanto en gobiernos federales como unitarios. Uno de los ejes impulsores para la democratización de los sistemas políticos desde finales del siglo pasado fue precisamente la rendición de cuentas y la proximidad entre el agente formulador de políticas públicas (el funcionario) y el agente receptor de ellas (el ciudadano).

Por estas mismas razones son por las cuales la gobernanza ha sido implementada gradualmente a nivel global. En palabras de Rosenau (1995) la gobernanza global “fue concebida para incluir los sistemas de gobierno de todos los niveles de la actividad humana” (p. 13) generando un impacto a nivel transnacional. Son entonces aquellos fenómenos globales y transfronterizos a los que la comunidad internacional ha pretendido dar respuesta mediante métodos de gobernanza, donde actores de la sociedad civil y organismos no gubernamentales se convierten en actores proactivos. Y éste ha sido el caso particularmente en la problemática del cambio climático, teniendo ejemplos como la Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático firmada en 1992, pasando después al Protocolo de Kioto en 1997: en palabras de Mette (Mette, 2004) estos ejemplos de “regímenes internacionales surgen porque los estados reconocen que la globalización exige la cooperación internacional” (pp. 86-7).

Las señales hasta ahora apuntan a que la gobernanza global ha surgido para quedarse cuando se trata de perseguir una agenda sustentable del desarrollo. En el siglo 21, los países se han visto afectados cada vez más por los impactos adversos del cambio climático. En consecuencia, los evolventes compromisos globales, ya sea mediante tratados internacionales u organismos internacionales, evidencian cómo el desarrollo sustentable se ha convertido en una de las agendas prioritarias de los gobiernos. Y es aquí donde las Naciones Unidas se han esforzado por continuar marcando la pauta al redactar, en 2015, los Objetivos del Desarrollo Sostenible como el esfuerzo de prospectiva política más reciente de la gobernanza global en temática ambiental (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Ahora bien, en estos objetivos, es el número 7 el cual aborda en específico el reto principal que la presente obra ha abordado: la transición energética. Para las Naciones Unidas, existen tres prerrogativas a la hora de contemplar los objetivos energéticos de las siguientes décadas. Primero, el acceso universal a los servicios modernos de energía; segundo, mejorar el rendimiento o eficiencia de dichos servicios; y, tercero, aumentar el uso de fuentes renovables, es decir, impulsar la transición energética de los Estados miembros (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Para el caso de la transición energética de los países hacia energías renovables y limpias, el objetivo 7.a establece que de aquí al año 2030 se debe:

(…) aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Así entonces, lo citado anteriormente es el objetivo marco que los Estados miembros de las Naciones Unidas deben seguir en torno a la transición energética. Paralelo a este esfuerzo de la gobernanza global por aterrizar de manera más tangible el desarrollo sustentable a lo largo y ancho del mundo, tenemos otro esfuerzo de gobernanza, aunque a nivel regional. En el caso de la Unión Europea, que bien pudiera ejemplificar lecciones de aplicación de políticas públicas para otros países, su gobernanza se ha denominado “multinivel”, considerando inercias evolutivas que van más allá de movimientos descentralizadores o federalistas.

El caso de la Unión Europea: Visión 2020

En el año 2008, la crisis financiera tuvo resonancia con aquella Gran Depresión de 1929 para conformar una de las mayores crisis económicas de la historia. La burbuja inmobiliaria, que creció con base créditos, hipotecas y endeudamiento insostenible por parte del sector financiero de Estados Unidos, tuvo implicaciones globales. En Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa se llegó a una recesión económica en que se perdieron porcentajes su bstanciales de empleos. Ya el reto que cada nación tenía para 2009 era, por tanto, estructurar su recuperación económica. Sin embargo, los esfuerzos acelerados por reactivar la economía de los distintos países representaron, a su vez, un auge en la emisión de contaminantes. De acuerdo con Peters et.al. (2012, p. 2), en el 2010 las emisiones de carbono por combustión de energías fósiles y producción cementera aumentaron en un 5.9% a nivel global, borrando la reducción de 1.4% que se había tenido en el 2009. ¿Se estaba cristalizando un borrón y cuenta nueva de tratados y protocolos internacionales contra el cambio climático a fin de dinamizar las economías de los países?

Ya para el año 2010, la Unión Europea reconoció que estos esfuerzos precipitados de recuperación estaban echando abajo cerca de medio siglo de cooperación internacional en pro del medio ambiente. ¿Cómo entonces regresar a esa senda sustentable del progreso económico? Para fortuna de los países miembros de la Unión Europea, el mecanismo gubernamental que hasta entonces los había integrado cada vez más sería, a su vez, una de las herramientas idóneas para implementar de nueva cuenta las prioridades del desarrollo sustentable en las distintas plataformas de gobierno: ya fuera a nivel supranacional (instituciones europeas), a nivel nacional o a nivel local (mediante gobiernos municipales o provinciales) (Poptcheva, 2014).

El primer impulso, no obstante, surgió claramente de la Unión Europea mediante el acuerdo de uno de sus pilares institucionales: la Comisión Europea. Dicha Comisión, que es una especie de gabinete gubernamental de la Unión, lanzó en 2010 la iniciativa “Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. Las tres prioridades que en su conjunto conformaron esta estrategia fueron:

i. Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

ii. Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

iii. Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.

En el eje rector del crecimiento sostenible, las metas puntuales fueron que se redujeran las emisiones de gas de efecto invernadero en un 20% en comparación con el año 1990, que se incrementaran hasta en un 20% las fuentes de energía renovable y que se aumentara en un 20% la eficiencia energética. De igual forma, con la finalidad de respaldar esta estrategia de Europa 2020 se formularon siete “iniciativas emblemáticas” con temáticas como la innovación, el impulso a la juventud, la digitalización de la economía, la eficiencia energética, el combate a la pobreza, la política industrial y el fomento a empleos de mayor valor agregado.

Como en los nuevos retos transfronterizos, el impulso al desarrollo sustentable a nivel regional ha significado una continua curva de aprendizaje que se ajusta particularmente a las cualidades adaptativas de la gobernanza multinivel. Al considerar esta interminable curva de aprendizaje en que las instituciones europeas continúan redefiniendo sus funciones, autores como Jessop (2016) han caracterizado a la Unión Europea como un “régimen político que funge como un laboratorio en tiempo-real para experimentos de gobierno y gobernanza con implicaciones para el rediseño de comunidades políticas, política y políticas públicas” (p. 8), donde los errores son señales no para borrar alguna agenda (como en este caso el desarrollo sustentable) del panorama europeo, sino para corregir el rumbo.

En el caso de la Unión Europea, la creciente integración supranacional de los países miembros implicó en su inicio una migración de capacidades y funciones estatales hacia arriba –es decir, hacia las instituciones pilares de la Unión Europea, como la propia Comisión. A finales del siglo pasado, no obstante, la dinámica migratoria de funciones estatales se fue modificando. Debido a criterios funcionales (Tranholm-Mikkelsen, 1991), las atribuciones estatales que se habían cedido a instituciones supranacionales fueron regresando gradualmente a gobiernos nacionales y subnacionales a fin de proveer mayores márgenes de eficiencia y respuesta gubernamental.

Ahora bien, a partir de la estrategia supranacional de Europa 2020, el Parlamento Europeo en conjunto con el Consejo Europeo lanzaron dos directivas claves como marcos legales para que los estados miembros siguieran profundizando en la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de carbono y aumento de eficiencia energética. Primero, la Directiva de Energías Renovables del año 2009 para impulsar la transición hacia energías renovables mediante estipulaciones vinculantes para los estados miembros; y, segundo, la Directiva de Eficiencia Energética del año 2012, con la cual se ha buscado cumplir con los objetivos de eficiencia energética para el año 2020 al establecer estándares de desempeño y mecanismos fiscales para incentivar políticas públicas y prácticas empresariales que contribuyan a dicha meta (Eurostat, 2016, p. 92).

Finalmente, y haciendo eco con los ejercicios de política pública desarrollados actualmente por países como México, las instituciones pilares de la Unión Europea desglosaron las metas de transición energética según los contextos y capacidades de sus estados miembros a fin de que cada uno de ellos pudiera desarrollar su propio Plan Nacional de Energías Renovables (Benavides, Santiago, & Ortiz, 2015). Estos planes nacionales se convirtieron en una obligación vinculante para cada estado miembro, a través de los cuales reportan avances provisionales a la propia Comisión Europea, ya sea englobando las economías nacionales o desglosador por sectores industriales (Eurostat, Op. Cit., p. 99).

A través de estos mecanismos de gobernanza es que las políticas públicas ambientales europeas se han convertido en uno de los ejemplos más progresivos a nivel global (Jordan, 2012). Y la oficina estadística de la Unión Europea, la Eurostat, es la encargada de brindar estos resultados a manera de seguimiento. En reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, se ha reducido del 90.3% de emisiones en el año 2008 a 77.1% en 2014, superando ya la meta de llegar a un 80% en comparación con los índices de 1990; asimismo, de 2008 a 2014 se ha aumentado el uso de energías renovables de un 11% a un 16%, en camino para llegar a la meta de 20% para el año 2020 (Eurostat, 2016, p. 9).

En palabras de la Eurostat (2016), “la transición hacia una economía baja en carbono no es sólo una estrategia para prevenir un cambio catastrófico del clima. Las políticas climáticas y energéticas contribuyen al objetivo central de la Estrategia Europa 2020 de permitir un crecimiento sostenible” (p. 88). Aquí es entonces donde podemos atisbar los comienzos de un reemplazo de iniciativas de sustentabilidad fuerte en sustitución de aquellas con sustentabilidad débil (Van den Bergh, 2007). Es decir, al menos a nivel supranacional, ya sea por parte de las Naciones Unidas o por parte de la propia Unión Europea, se ha posicionado cada vez más a las prerrogativas de los recursos naturales como eje rector de los planes de desarrollo.

Figura 1
Emisiones globales de carbono por combustión de energías fósiles (En millones de toneladas de CO2)
Eurostat (2016, p. 96) con datos de la Agencia Internacional de Energía

Estos son algunos indicios de cómo los ejercicios de gobernanza y de prospectiva de políticas públicas –es decir, de planeación estratégica a largo plazo–, han dado resultados positivos en la Unión Europea. En palabras de Loorbach (2010), lo que ha estado facilitando la gobernanza multinivel es una administración transicional (transitional management) del desarrollo sustentable en los países europeos, donde los procesos de formulación e implementación de políticas públicas en la materia son cada vez más difusos no sólo entre actores de gobierno, sino entre actores no gubernamentales y de la sociedad civil.

¿Habrá lecciones de la Unión Europea que se puedan tomar para la transición gubernamental y energética de México? De inicio, pareciera ser que sí. A partir de los compromisos de México ante el reciente Acuerdo de París, el gobierno federal y gobiernos estatales, como se verá en la siguiente sección, han sido cada vez más enfáticos en posicionar el desarrollo sustentable como una agenda prevalente a corto, mediano y largo plazo.

El desarrollo sustentable en México: nuevos ejercicios de gobernanza

En diciembre de 2016, México firmó el llamado “Acuerdo de París”, el cual se formuló dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho acuerdo representa un compromiso que pudiera dividirse en tres vertientes principales: mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2º C, incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y, por último, facilitar el financiamiento de una transición hacia modelos económicos con bajas emisiones de carbono. Incluso, en ámbitos internacionales, se llegó a resaltar que México fue de los pocos países en llegar a la Conferencia COP21 de París con un compromiso ya redactado para mitigar el cambio climático (IEA, 2016, p. 11). Pero, ¿qué pasos ha dado México para implementar esos compromisos desde dicha fecha?

Para darle frente a nuevos retos nacionales y transnacionales, el gobierno federal ha desplegado ya mecanismos de gobernanza tendientes a afrontar las complejidades particulares de la coordinación entre distintos niveles de gobierno y distintos sectores de la sociedad –destacando en este último caso a los sectores público, privado y académico. Bajo este orden de ideas, México implementó recientemente el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Empresas como un ejercicio de gobernanza multinivel donde se buscaba recabar las inquietudes y aportaciones de los principales actores relacionados a la materia, ya fueran públicos o privados.

Con ello, México se ha esforzado en dar respuesta a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas (Cantú, 2017), temática en donde, a su vez, se inserta el desarrollo sustentable y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales relacionados con el mismo. En este ejercicio a nivel nacional, se han realizado consultas públicas con otros niveles y dependencias de gobierno, con agentes empresariales y sindicales y con representantes de la comunidad académica para dar cabida a una gobernanza donde la propia ciudadanía forme parte en aportar

De igual forma, para dar respuesta a los compromisos adquiridos en el combate al cambio climático liderado por las propias Naciones Unidas, México desplegó una plataforma gubernamental parecida. En evidente asimilación de los variados retos que el compromiso sobre el cambio climático representaba, el gobierno federal se dio a la tarea de concebir un Sistema Nacional de Cambio Climático para “promover la aplicación transversal de la política nacional de cambio climático en el corto, mediano y largo plazos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno” (SNCC, 2014, I. a). El objetivo de este Sistema es proveer una plataforma conjunta para que todos los actores relevantes en la materia puedan crear sinergias de trabajo.

El Sistema, en consecuencia, está conformado por la Comisión Intersecretarial del Cambio Climática (consistente en 14 secretarías del gobierno federal), el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo de Cambio Climático (como órgano de consulta), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Congreso de la Unión, junto con las entidades federativas y municipios. El reto, claramente, está en coordinar los distintos niveles gubernamentales en consecución de los objetivos trazados por el Acuerdo de París.

A su vez, cabe resaltar que México, junto con el Reino Unido, fue de los primeros en contar con una ley nacional –en este caso, la Ley General de Cambio Climático— que abordara las estrategias e instituciones encargadas de mitigar los efectos adversos del cambio climático (SEMARNAT, 2015, p. 48). Para respaldar dicha Ley, se publicó por parte del gobierno federal la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40 como “eje rector y orientador de la política nacional” con el reto de reducir a nivel nacional las emisiones de carbono en un 30% para el 2020 y 50% en 2050, con relación a los niveles del año 2000 (SEMARNAT, 2015. p. 48).

A la fecha, sin embargo, el gran reto a nivel nacional parece ser no sólo la coordinación de los distintos niveles de gobierno involucrados en las estrategias del cambio climático, sino también el seguimiento puntual de los avances y compromisos adquiridos por México tanto a nivel global (con el Acuerdo de París) como a nivel nacional (con la Estrategia Nacional de Cambio Climático). En el primer apartado, las lecciones y continua curva de aprendizaje gubernamental de la experiencia de la Unión Europea pudieran servir como punto de partida para optimizar la coordinación en México entre niveles gubernamentales y entre sectores público y privado. Tras una lectura de los componentes del Sistema Nacional de Cambio Climático, se detectan mecanismos como “consultas sociales” que pudieran consolidarse aún más para fungir como un puente o vínculo más estrecho con actores de la sociedad civil, laboratorios de ideas (think tanks) y organizaciones no gubernamentales líderes en la materia.

Es aquí donde resalta el experimento gubernamental llevado a cabo por Nuevo León que bien pudiera trasladarse a nivel federal, principalmente para abatir el problema de la falta de continuidad de políticas públicas como las del desarrollo sustentable a largo plazo. Esta entidad se ha convertido en pionera al aterriza los objetivos 2030 de las Naciones Unidas mediante plataformas de gobernanza respaldadas en el modelo de “triple hélice”, con participación constante del gobierno, sector privado y academia (Consejo Nuevo León, 2015). A nivel nacional, se instaló en el 2017 el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con un modelo similar al del estado de Nuevo León; sin embargo, ha carecido de los mecanismos de seguimiento y evaluación que, hasta la fecha, sí se han cristalizado en la entidad del noreste.

Para el logro de esta agenda se hace necesario que se incluyan procesos de análisis de cambio climático, la economía circular, la inclusión (Núñez, Sánchez, Sotelo, Miranda-Medina, & Osorio, 2017; Alandete & Miranda-Medina, 2012), energías renovables, emisiones de co2, desarrollo sustentable, servicios ecosistémicos, gobernanza, la biomasa, la evaluación del ciclo de la vida y la educación para la paz.

Conclusiones

Los retos que el desarrollo sustentable genera en las agendas de políticas públicas siguen presentes, principalmente al considerar temas de coordinación, continuidad e implementación efectiva. No obstante, las nuevas prácticas de gobernanza a nivel global y regional están marcando una senda del desarrollo con mayores posibilidades de éxito. Es aquí donde se debe valorar la experiencia de mecanismos gubernamentales multinivel de un organismo como el de la Unión Europea, donde el énfasis está en la capacidad de coordinar agendas a largo plazo entre actores de distintos niveles gubernamentales y de distintos sectores –como el público, el privado y el académico.

En México, el Sistema Nacional de Cambio Climático involucra a todas las dependencias gubernamentales relevantes a nivel nacional y subnacional; sin embargo, tiene amplias áreas de oportunidad en cuanto al involucramiento del sector privado y al seguimiento puntual, mediante informes y resultados, de los progresos de la mencionada Estrategia Nacional de Cambio Climático. A la fecha, es el ejercicio de “triple hélice” del Consejo Nuevo León el que ha demostrado mayores alcances al momento de coordinar una agenda sustentable a largo plazo con mecanismos evaluativos de acompañamiento.

En especial, lo que ejercicios coordinados de “triple hélice” pudieran aportar en la agenda del desarrollo sustentable es abatir uno de los problemas principales del desarrollo de un país como México: la falta de continuidad en sus políticas públicas. Como han repasado distintos autores (ver Migdal, 2001), la ausencia de una meritocracia en México y las constantes alternancias de personal gubernamental en cada cambio de administración presidencial o de gobiernos subnacionales dificultan la implementación de ejercicios de prospectiva política. Una agenda compartida entre sectores públicos, privados y académicos, por tanto, se debe comenzar a impulsar cada vez como primer paso para remediar la discontinuidad de planes de desarrollo.

Referencias

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Notas de autor