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Organizaciones de la sociedad civil: una mirada sobre el hábitat
Organizations of the civil society: a look at habitat
Revista Conjeturas Sociológicas, núm. 19, 2019
Universidad de El Salvador

Presentación

Revista Conjeturas Sociológicas
Universidad de El Salvador, El Salvador
ISSN: 2313-013X
Periodicidad: Cuatrimestral
núm. 19, 2019

Recepción: 01 Mayo 2019

Aprobación: 01 Agosto 2019

Resumen: El hábitat es un concepto complejo que fue trabajado por diversos autores alrededor de la historia como Lefebvre, Harvey, Mercedes Di Virgilio, Ortiz Flores, Ozslak, entre otros. Este artículo pretende señalar los puntos más importantes del estudio del hábitat. Para ello, el recorrido comenzará desde el hábitat y vivienda digna hasta el hábitat y vivienda popular donde es clave el concepto de producción social del hábitat. Luego, se llevará a la experiencia práctica de dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el mejoramiento del hábitat como Madre Tierra y TECHO-Argentina en la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Se utilizará como estrategia metodológica desde un abordaje cualitativo la etnografía virtual de la página web de cada organización y la entrevista semiestructurada a algunos miembros de las organizaciones. 217 organizations of the civil society that work in the improvement of the habitat like Mother Earth and TECHO-Argentina in the zone west of the metropolitan area of Buenos Aires. The virtual ethnography of the web page of each organization and the semi-structured interview to some members of the organizations will be used as a methodological strategy from a qualitative approach.

Palabras clave: Hábitat – Producción social del hábitat – Organizaciones sociales.

Resumen: The habitat is a complex concept that was worked by various authors around history such as Lefebvre, Harvey, Mercedes Di Virgilio, Ortiz Flores, Ozslak, among others. This article aims to point out the most important points of the study of the habitat. For this, the journey will start from the habitat and decent housing to the habitat and popular housing where the concept of

social production of the habitat is key. Then, it will take to the practical experience of two

organizations of the civil society that work in the improvement of the habitat like Mother Earth and TECHO-Argentina in the zone west of the metropolitan area of Buenos Aires. The virtual ethnography of the web page of each organization and the semi-structured interview to some members of the organizations will be used as a methodological strategy from a qualitative

approach.

Palabras clave: Hábitat – Producción social del hábitat – Organizaciones sociales.

Keywords: Habitat - Social production of habitat - Social organizations

Acercamiento al hábitat

Hábitat y vivienda digna

Para ingresar al mundo del hábitat se debe tener en cuenta una gran cantidad de conceptos que lo integran tal como los estudiaron Harvey (2012), Lefebvre (1969), Di Virgilio (2007), Ortiz Flores (2010), Oszlak (1983), entre otros. A lo largo de la historia se habló sobre el derecho al techo, se definió qué es una vivienda adecuada y un hábitat adecuado, qué características lo integran, luego evolucionó a vivienda y hábitat digno para llegar a la actualidad donde se reconoce el “derecho a la ciudad”.

“El concepto de hábitat ha mutado desde el concepto de ‘techo’ en condiciones de salubridad (dentro del Derecho a la Salud, reivindicando la estructura, los servicios públicos, el equipamiento básico de la casa, y el espacio mínimo), a la afirmación de la “vivienda digna y adecuada” en la narrativa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, debatiéndose una vivienda digna en asentamientos sustentables (se tiene en cuenta, la localización y condiciones del entorno, la tenencia segura, infraestructura y servicios transporte y movilidad)”. (Peralta 2017: 3)

Según Peralta (2017) en la actualidad se habla cada vez más del derecho a la ciudad en el escenario de las reivindicaciones de la identidad y la institución pluralista del espacio físico y cultural, entendido como el usufructo de la ciudad dentro de los principios de sustentabilidad y

justicia social; en donde los temas más importantes son: el espacio público, el desarrollo urbano sustentable y equitativo, la convivencia y la seguridad, la asociación y participación ciudadana, la transparencia en la información y el acceso al trabajo y el respaldo económico.

La noción “derecho a la ciudad” suele atribuirse a la obra de Henri Lefebvre (1969) que utilizó el término como un derecho a la “vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y cambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos” (p.167).

A partir de Lefebvre se visibilizó el interés por esta noción, esencialmente por David Harvey, quien renovando la idea de Lefebvre reafirma el derecho a la ciudad que no se limita al acceso de equipamiento urbano, sino que comprende un derecho a la vivienda, al trabajo, al tiempo y a producir colectivamente ciudad, de forma tal que atienda las necesidades de la gente. Aunque el derecho a la ciudad no es una propuesta nueva, aún hoy sigue configurándose como un derecho “emergente”.

“El 20 de octubre de 2016 la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible —Hábitat III— adoptó en Quito la “Nueva Agenda Urbana”, un documento conciso, con visión de futuro y orientado a la acción, que establece objetivos globales para el desarrollo urbano sostenible, reconsiderando la manera de construir, gestionar y vivir las ciudades, con la colaboración de todos los agentes interesados, partes implicadas y actores urbanos, tanto a nivel gubernamental como del sector privado.” (Galiana Saura, 2017:132)

En el Proyecto de documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), describen a su “ideal común” como una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la

calidad de vida para todos.

“La Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III se centra en la conexión entre vivienda y desarrollo urbano sostenible y en la implementación de una nueva Agenda Urbana que haga hincapié en los efectos adversos del cambio climático para el goce efectivo de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado, además del derecho a la no discriminación en este contexto, pues la vivienda adecuada no es efectiva para millones de personas que siguen habitando en viviendas precarias y millones más sin hogar, con especial protección de colectivos de especial vulnerabilidad que pueden resultar discriminadas en el ejercicio del derecho (personas con discapacidad, ancianos, niños y mujeres)”.

En palabras de Galiana Saura (2017), se debe remarcar la necesidad de reclamar la consideración de la vivienda más allá de una necesidad básica del individuo, a través de su garantía como derecho subjetivo fundamental que tiene diversas dimensiones, políticas, sociales, económicas y ambientales. Estos cuatro ámbitos se deben tener en cuenta al momento de elaborar políticas de vivienda que hagan efectivo el derecho a la vivienda y este mismo se unifica en el contexto del derecho a la ciudad, que incorporaría además de los elementos de ordenación territorial, cuestiones de participación, inclusión, bienestar, entre otros, que también deben formar parte del contenido a proteger en el derecho a la vivienda.

Desde la perspectiva de la ciencia política, Oscar Oszlak (1983) se refirió al derecho al espacio urbano como capacidad de fijar el lugar de residencia o de localización de la actividad económica dentro del espacio, capacidad que puede extenderse a la disposición unilateral de los bienes que lo ocupan o a la participación en la decisión sobre obras en espacios públicos. Por ejemplo, la posibilidad de que residentes de una zona influyan sobre la decisión de cierre de un establecimiento industrial contaminante o de construcción de una obra pública cuya realización afecta sus residencias serían una forma de extensión de dicho derecho sobre el uso y destino del espacio. Este derecho conlleva diversas externalidades estrechamente ligadas a la localización de la vivienda o la infraestructura económica, como la educación, la recreación, la fuente de trabajo, la atención de la salud, el transporte o los servicios públicos. En la medida en

que estos bienes y servicios tengan una distribución geográfica desigual, las posibilidades de

acceso a los mismo van a variar según el lugar de residencia. Por lo tanto, el derecho al espacio se entiende como un derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda.

La importancia de la vivienda desde la dimensión social radica en que es un pilar indispensable para el desarrollo de la vida de la persona en sociedad. De hecho, según Cabrera (2005) se afirma que la vivienda delata y habla de las personas que la ocupan, teniendo en cuenta el valor intangible en términos de prestigio y desprestigio, según el lugar en que se ubique. Además, también se encuentra el problema de la falta de vivienda para grandes sectores de la población, lo que da lugar a la exclusión social y discriminación.

Esta dimensión social está contemplada dentro de las características que describen al derecho a la vivienda adecuada que están definidas en diferentes tratados internacionales de derechos humanos que lo reconocen. Además, en el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se subraya que no se lo debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Se lo debe considerar más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte, garantizando la transparencia en la información y adecuada participación en la toma de decisiones, sustentabilidad y justicia social. (Derecho a la ciudad, Foro Global Urbano 2004, Barcelona)

Según la Observación general Nº 4 del Comité de las Naciones Unidas (1991) para que una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes requisitos:

Seguridad jurídica de la tenencia: todas las personas tienen derecho a la protección contra el desalojo arbitrario o acoso. Los gobiernos deben aprobar legislación que proporcione esta protección legal a los inquilinos.

Gastos soportables: el precio de venta y alquiler de las viviendas debe ser adecuado en relación con el ingreso familiar. El gobierno debe ocuparse de asegurar que todas las personas que habitan en su territorio puedan pagar los costos de una vivienda adecuada. Se deben otorgar subsidios para quienes no puedan afrontar los gastos de una vivienda.

Habitabilidad: una vivienda adecuada debe proteger a sus habitantes del frío, el calor, las precipitaciones y demás elementos. Debe ser segura y proteger contra las amenazas para la salud y los riesgos estructurales.

Accesibilidad: todas las personas deben tener acceso a una vivienda adecuada. Se debe prestar particular atención a los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y los refugiados. La vivienda debe contar con infraestructura adecuada para las necesidades especiales de las personas discapacitadas.

Ubicación: la ubicación de la vivienda debe permitir el acceso fácil al lugar de trabajo, los centros de salud y educación, y demás servicios sociales. No se deben construir viviendas en lugares inseguros, alejados o sin transporte.

Adecuación cultural: la vivienda debe ser compatible con las tradiciones y prácticas de las personas que habitan en ella. Todos los esfuerzos por modernizar las viviendas deben tener en cuenta las necesidades y creencias de las personas que van a utilizarlas.

Además, sobre el derecho a una vivienda adecuada en la Observación general Nº 7 (1997) se explicita el tema de los desalojos forzosos. La protección contra los desalojos forzosos es clave en la protección y ejercicio del derecho a una vivienda adecuada y está vinculada estrechamente a la seguridad de la tenencia. Se define “el desalojo forzoso” como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.

Peralta (2017) aclara algunos mitos que generan confusión en el campo del debate acerca de las políticas habitacionales, el derecho a la tierra y la vivienda. Debe quedar claro que el derecho a una vivienda adecuada no es lo mismo que el derecho a la propiedad ni el derecho a la tierra. El derecho a la vivienda adecuada no significa solamente que la estructura de la casa debe ser adecuada, sino que debe haber un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Los derechos

humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, entonces la

violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar el disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos, y viceversa. Este derecho en particular afectar a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, a aquellos ubicados en los quintiles de mayor pobreza.

Ozslak (1983) remarca que en las megalópolis latinoamericanas es notorio que la ocupación del espacio no va acompañada por un correspondiente desarrollo de la infraestructura urbana, la extensión del equipamiento y los servicios crece a un ritmo muy inferior al de la suburbanización. A medida que se avanza desde el núcleo central hacia la periferia del área metropolitana de estas grandes urbes, el equipamiento y la infraestructura de servicios resultan más precarios o simplemente, no existen.

Es en estos sectores más marginados donde surgen nuevas lógicas en la manera de habitar un espacio para hacerle frente a la ausencia de políticas públicas que puedan cumplir con lo que señalan los derechos mencionados. Esto sería un hábitat y vivienda digna dentro de una ciudad que tenga acceso a todos los servicios públicos y promueva la participación social de cada ciudadano.

Hábitat y vivienda popular

n tanto, al vincular hábitat y vivienda popular se debe tener en cuenta la producción social del hábitat como diversas estrategias de autogestión individual o colectiva, emanadas de prácticas y saberes acumulados a lo largo de la historia. Con ellos, los sectores populares enfrentaron las restricciones del acceso a un hábitat digno.

Di Virgilio (2012) describe que, a mediados de 1990, en el área metropolitana de Buenos Aires un importante número de organizaciones sociales comenzaron a involucrarse en la producción social del hábitat a través de su participación en programas sociales orientados al hábitat popular. Estas experiencias se orientaron hacia la construcción de vivienda, al reordenamiento de villas, a la provisión de lotes con servicio, a la construcción de redes de agua y cloacas, a la capacitación y el asesoramiento constructivo, a la regularización dominial, etcétera.

El concepto de producción social del hábitat (PSH) según el CELS (2015), se define como las estrategias y capacidades adquiridas históricamente por la población, en forma individual, familiar o asociada, para generar partes, o la totalidad de los espacios habitacionales y servicios urbanos, con el objeto de satisfacer sus necesidades, realizadas a través de modalidades autogestionarias y sin fines de lucro. En forma colectiva la producción social del hábitat es un sistema de generación de bienes y servicios habitacionales, que incorpora la concertación de distintos actores (Estado, organizaciones de la comunidad, ONG, universidades, sector productivo, entre otros), y que permite el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, mediante la participación sustantiva de las organizaciones sociales en el proceso de planificación, gestión y ejecución de la totalidad de su hábitat, adaptado a su perfil sociocultural y adecuado a sus posibilidades.

En el documento del CELS (2015) se explica que la PSH no es un concepto que haya surgido de la producción académica, sino más bien, en un particular contexto de interacciones multiactorales: la Coalición Internacional del Hábitat-América Latina, donde confluyen organizaciones no gubernamentales, movimientos y organizaciones sociales de base, activistas de Derechos Humanos y grupos académicos de diversos países de esta región, en torno al hábitat popular y a la defensa de su derecho.

En esta misma línea, Ortiz Flores (2010) describe a la producción social del hábitat como todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro. Promueve las capacidades autogestivas y de decisión de los participantes y da prioridad al valor de uso por encima del valor mercantil de las construcciones y espacios que genera.

Al centrar las políticas de hábitat y los procesos de planeación, diseño y producción habitacional en la gente y no en el dinero, contiene el potencial de hacer de la vivienda y de los asentamientos rurales y barrios populares productos socio-culturales que reconocen tanto la diversidad y la riqueza creativa y de vida de las comunidades como el valor de respetar las trazas urbanas históricas, formas de vida, aspiraciones y sueños de los grupos sociales implicados.

Pero, siguiendo a Borja (2016) si bien en nuestra cultura se da por obvio que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, para muchos no lo es. El autor lo denomina, derecho programático, para que sea real depende de las políticas públicas y del mercado y sólo poseen acceso a materializar este derecho si tienen una demanda solvente o si forman parte de una clientela política. En realidad, es un privilegio, no un derecho. Este teórico derecho queda anulado por la legislación y la judicatura que protegen ante todo el derecho de la propiedad.

El suelo urbano es principalmente de propiedad privada; la promoción y la construcción de viviendas está en manos de las empresas privadas (excepto programas sociales destinados a algunos sectores de muy bajos ingresos) y el financiamiento, a cargo de los bancos. El suelo es objeto de especulación, las viviendas más o menos dignas son mercancías en vez de bienes accesibles a todos; los sectores bajos y medios deben endeudarse con los bancos y en períodos de crisis los desahucios son masivos. Los gobiernos anuncian o intentan promover políticas públicas que, en el mejor de los casos, se quedan a medio camino. Cuando se actúa en las áreas centrales o cualificadas, el mercado genera la gentrificación y cuando se desarrollan intervenciones públicas y masivas de vivienda social se crean zonas de exclusión.

Es en este contexto donde aparece la vivienda popular, que nace en los márgenes o en los intersticios del tejido urbano recuperando viviendas degradadas o incluso ruinosas. Son los mismos ocupantes los que producen su vivienda, con familiares y amigos. Algunas veces, encuentran apoyos en profesionales próximos o en pequeñas empresas de la zona. La vivienda popular más o menos autoconstruida, informal y precaria, genera diferentes sentimientos, comunidades, pero también inseguridad y desconfianza.

“Se desarrolla una memoria popular vinculada a hacerse la vivienda y su entorno inmediato genera un fuerte arraigo en el lugar. Se manifiesta la aspiración de tener algo propio, se refuerza al mejorar y adecuar la vivienda a sus posibilidades, pero también a sus necesidades y a sus gustos. Una vez la vivienda hecha, o al mismo tiempo, los habitantes intervienen en el entorno, acceden por sus medios a los servicios colectivos, se crean lazos de convivencia y con el tiempo mejoran viviendas y entornos y también lazos sentimentales, se crean comunidades.

Hay que tener en cuenta la adhesión al hábitat que han creado. Han construido una parte

importante de nuestras ciudades.” (Borja, 2016: 2)

El mismo autor (2016) describe que en estos casos hay una tenencia precaria de la tierra sin otro derecho formal que el de usucapión, una figura procedente del derecho romano en el que, básicamente, se adquiere la propiedad por el paso del tiempo que lleva la persona allí. Sin embargo, los códigos del derecho civil priorizan la propiedad formal por encima del derecho a la vivienda. La inseguridad también se representa en las amenazas físicas o sociales a causa del emplazamiento de la vivienda y de sus accesos: inundaciones, movimientos de tierra, agua no potable, contaminación del aire, infecciones por la insalubridad del lugar, entre otras cuestiones básicas. También se vive en un entorno inseguro a causa de la violencia ambiental; las amenazas por parte de los propietarios, las administraciones públicas, la policía, las mafias y las bandas; la distancia de los equipamientos, transportes y lugares de trabajo, etc. Las clases populares en hábitats precarios viven en la incertidumbre, con sus miedos y con escasa confianza en el Estado y en la ciudad formal. En resumen, la vivienda popular en el hábitat donde se arraigó da lugar a una relación ambivalente con su entorno.

En esta misma línea, la autora Torres (2018) analiza las modalidades mixtas de producción de hábitat por parte de sectores populares y toma el caso de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy en el que resalta el nivel de desarrollo alcanzado por la organización en la provincia tanto a nivel cuantitativo y cualitativo especialmente en la gestión y resolución de problemas como la vivienda propia. La organización cuenta con el financiamiento del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios de la nación y con intervención del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la creación de cooperativas con las que construyeron 8000 viviendas en toda la provincia.

Aquí, Torres (2018) también problematiza el sentido de ciudad, y citando a Lefebvre cuando sentenció “toda revolución será urbana o no será”, indica que una ciudad democratizada, donde los valores de la igualdad social puedan ser los predominantes, tenderá a construir mecanismos de apertura hacia otras formas posibles de habitar y construir la ciudad, vis a vis, otra sociedad. Y también problematiza el hábitat en tanto formulación particular del espacio social entendido

como producto de relaciones sociales que posibilita la multiplicidad en constante producción y transformación que nunca está cerrado. Entonces, el espacio habilita la pregunta política sobre la manera mediante la cual se puede vivir juntos, la modalidad para poder convivir, coexistir que se expresa en la forma, las tensiones, las decisiones y las perplejidades que se entraman en la ciudad.

Rodríguez, Di Virgilio, et al (2007) también ponen en discusión a la producción social del hábitat en un contexto de preocupaciones porque los procesos masivos de autoproducción de vivienda y ciudad por parte de sectores populares asumen diversas modalidades y dan cuenta de una problemática subyacente de carácter integral: sus condiciones de inserción social, económica, política, cultural y territorial, sus niveles de organización social y política, el papel jugado por el Estado y la traducción de esa interacción en políticas públicas y, en este caso, de hábitat. La autoproducción y la producción social del hábitat son, desde la perspectiva de las autoras, formas integrales de producción e inserción de los sectores populares en la ciudad. Pero, en este mismo contexto aparece la informalidad y segregación. El concepto de segregación socioespacial alude a la expresión territorial que adquieren los patrones de localización de diferentes segmentos sociales de población -y sus actividades- como parte del proceso de producción de la ciudad. Cuando prima la lógica del mercado, la capacidad adquisitiva de la población se convierte en pauta estructurante de sus condiciones de acceso a la ciudad. Los sectores excluidos del mercado obtienen las peores localizaciones urbanas y/o viven en las mayores condiciones de precariedad (físicas y socioculturales)

A partir de lo mencionado aquí se realizará una breve descripción de dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el mejoramiento del hábitat para poder analizar sus metodologías de trabajo y la visión que tienen sobre el hábitat y la vivienda.

Modalidades de trabajo de las organizaciones sociales del hábitat: Madre Tierra y TECHO- Argentina

Tanto Madre Tierra como Techo Argentina tienen su lugar de acción territorial en la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Cada una tiene diferentes metodologías y

concepciones acerca del hábitat donde se ponen en práctica llevar a cabo algunos de los señalamientos anteriormente nombrados, en especial los relacionados a la producción social del hábitat.

A partir de una investigación se realizó una indagación desde un abordaje cualitativo con técnicas combinadas como la entrevista semiestructurada y la etnografía virtual que permite el estudio de distintas plataformas virtuales, en este caso las página web de cada una de las organizaciones y se puede pensar como una interacción fluida dinámica y móvil donde los límites no son asunciones a priori sino que se exploran en el curso de la etnografía con particular énfasis en la frontera entre “lo virtual y lo real”. (De Sena y Lisdero, 2015: 84-85)

TECHO-Argentina

Techo es una organización que está presente en Latinoamérica y El Caribe y busca superar la situación de pobreza en la que viven las personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.

Según la página web de TECHO, la historia de la organización comienza en 1997 cuando un grupo de jóvenes comenzó con este objetivo de superar la situación de pobreza. El sentido de urgencia en los asentamientos los movilizó masivamente a construir viviendas de emergencia en conjunto con las familias que vivían en condiciones inaceptables. Esta iniciativa hoy se encuentra expandida en todo el continente. Desde sus inicios en Chile, seguido por El Salvador y Perú, la organización emprendió su expansión bajo el nombre “Un Techo para mi País”.

Luego de 15 años de trabajo, TECHO mantiene operación en 19 países de Latinoamérica y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además, cuenta con una oficina en Estados Unidos.

La visión de esta organización es lograr una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y puedan ejercer y gozar plenamente sus derechos. Por otra parte, su misión es trabajar sin descanso en los asentamientos precarios para superar la pobreza, a través de la formación y la acción conjunta

de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo comunitario, denunciando la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo junto a otros en política.

En primer lugar, el objetivo de la organización es el fomento del desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un proceso de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle liderazgos validados y representativos, y que impulse la organización y participación los pobladores de asentamientos para la generación de soluciones a sus problemáticas. El desarrollo comunitario es considerado como eje transversal del trabajo de TECHO en asentamientos precarios.

En segundo lugar, se encuentra la promoción de la conciencia y acción social, con especial énfasis en la masificación del voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno con los pobladores de los asentamientos e involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de soluciones concretas para erradicar la pobreza.

Por último, se intentará la incidencia en política, que promueva los cambios estructurales necesarios para que la pobreza disminuya rápidamente. Esto, se logrará a través de la denuncia de la exclusión y vulneración de derechos dentro de los asentamientos; de la generación y difusión de información relevante sobre estos, para que sus problemas sean reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública; y de la vinculación de los pobladores de asentamientos organizados con instituciones de gobierno.

La intervención comunitaria de TECHO-Argentina se focaliza en los asentamientos precarios más excluidos, siendo su motor esencial la acción conjunta de sus vecinos y voluntarios, quienes trabajan para generar soluciones concretas a la problemática de la pobreza. TECHO-Argentina impulsa un proceso continuo de fortalecimiento de la comunidad, considerando el desarrollo comunitario como eje transversal de la intervención.

Madre Tierra

La Asociación Civil Madre Tierra está compuesta por 22 integrantes, entre los que hay trabajadores sociales, arquitectos, contadores, abogados y otros profesionales que trabajan

divididos en diferentes áreas internas para cubrir las necesidades de personas que están en situación de irregularidad en el dominio de sus tierras y están luchando para lograr condiciones de hábitat confortable.

Madre Tierra brinda información y asesoramiento en barrios en desarrollo y asentamientos que comienzan a ordenarse. También participa activamente con la sociedad para inducir políticamente en acciones que lleven a la sanción de leyes referidas a la regularización dominial para que los ocupantes de la tierra sean sus legítimos dueños, el mejoramiento de la sustentabilidad ambiental y condiciones de habitabilidad dignas.

Según la página web de Madre Tierra, la creación de la Asociación comienza el 31 de Mayo de

1985 cuando Buenos Aires vivió uno de sus peores estragos climáticos: cayeron del cielo mucho más de 300 milímetros de agua. Como consecuencia hubo 19 muertos y más de 100 mil evacuados. Una de las ciudades más afectadas de la provincia fue Morón: la inundación evidenció una ciudad con muchísimas fallas, de equipamiento e infraestructuras de muchos barrios, los problemas de transporte, la dificultad de vecinos para encontrar un lugar decente donde vivir.

Por entonces el obispo de la Catedral de Morón Justo Oscar Laguna decidió que Cáritas debía trabajar durante tres años el tema de la tierra y los sectores populares. El obispado de Morón abarcaba los partidos de Moreno, Merlo y Morón. Y el partido de Morón abarcaba Hurlimgham e Ituzaingó. Muy poco tiempo después, antes que se cumplieran el plazo pactado se vio que el dilema absorbía mucha energía para la fundación católica. Entonces se decidió crear una Asociación Civil que se dedicara nada más que al hábitat ante la falta de un Estado interventor. De ese modo surgió Madre Tierra, fundada por Mariano West, Patricia Jorge, Silvia Dángelo y Aldo De Paula.

Gracias al contacto con el Monseñor Laguna, la organización logró contactarse con una agencia de cooperación internacional llamada “Misereor” que apoyaba exclusivamente a proyectos que tenían alguna vinculación con la iglesia católica. Ya que recibían todo el diezmo del Domingo de Ramos de Alemania, con lo que recaudaban el dinero necesario para solventar a diversas

instituciones. Actualmente Misereor se amplió a tal punto que empezó a trabajar con la Comunidad Económica Europea y reciben fondos del Estado alemán. De esta forma, Madre Tierra encuentra el sostén económico para iniciar su labor social. Desde ese momento, cada tres años la institución realiza un viaje a Europa con el objetivo de contactarse con diversas agencias de cooperación internacional.

Madre Tierra nace entonces, en los años 90 como una asociación civil en amplio desarrollo: consigue lotes con servicio para adjudicarlos y trabajar con la gente, así, muchos se acercaron a anotarse para cumplir el “sueño de la vivienda propia”, así llaman a su programa de construcción. Además de esto, la Asociación Civil, brinda asesoramiento a organizaciones sociales, movimientos, sindicatos y oficinas de gobiernos. Realizan convenios de capacitación y asesoría de acuerdo a las necesidades de cada interlocutor. De esta manera, su asesoría les permite adquirir herramientas para llevar adelante proyectos de Producción Social del Hábitat (mejoramiento de viviendas, producción de lotes urbanizados, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento comunitario), aplicación de la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, regularización de dominio, organización comunitaria, incorporación de la perspectiva de género, etc.

A continuación, se analizarán algunos fragmentos de las entrevistas realizadas para indagar sobre la concepción de hábitat que construye cada organización. En el caso de la Asociación civil Madre Tierra respecto al rol que ocupa su organización en la sociedad y su metodología de trabajo se remarcó en el sentido de acompañar y asesorar, además del trabajo de difusión sobre el trabajo que realizan.

“A mí me parece que son varios frentes, uno es acompañar a esas familias en la concreción de sus derechos y nótese que digo acompañar porque ni un trabajador social, ni una organización pueden solucionar. Por otro lado, creo que el rol de la organización es también frente a la sociedad, tiene que difundir, tiene que dar lo que algunos llaman

esta batalla cultural, esta batalla de los sentidos y Madre Tierra tiene la responsabilidad,

así como acompaña al barrio, a la familia en el territorio, frente a la sociedad toda, a la opinión pública, por ponerle un nombre, tiene que contribuir a dar esta batalla de sentidos.” (Entrevista organización social MT 2, p8, 2019)

En este fragmento de entrevista se pueden interpretar dos partes, en principio el rol de acompañante y guía que tiene que llevar a cabo una organización social como Madre Tierra y luego se describe la importancia de comunicar y difundir todo ese trabajo que realizan a la sociedad. Cuando nombra la batalla cultural y batalla de sentidos una interpretación válida puede ser que se refiere a la guerra de posiciones gramsciana en la cual se reinventa la multiplicidad de poderes que gravitan en la sociedad ya que los aparatos de difusión tienen capacidad ideológica de definir una cartografía del imaginario colectivo. Pero, existen puntos de resistencia a las formas y estructuras hegemónicas que abren espacios para la confrontación de mentalidades. (de Moraes, 2007)

La metodología de trabajo que desarrollamos con la familia en los barrios es de acompañar y es una metodología de trabajo participativa. Tenemos al inicio de un barrio un proceso que lo llamamos "el sueño de la casa propia" entonces nos juntamos con las primeras familias y les decimos que dibujen cómo se imaginan la casa y cada uno hace lo que puede (…) La metodología de trabajo tiene que ver con generar una organización barrial, nosotros no somos una inmobiliaria de venta de terrenos, somos una organización que lo que se propone es que las familias y las personas puedan tener herramientas para después desarrollarse autónomamente ese es el abordaje. (Entrevista organización social MT 1, p3, 2019)

En este sentido, según Rodríguez, Di Virgilio, et al (2007), Madre Tierra entraría dentro de la categoría de ONGs que acompañan bajo diversas formas de asociación y vinculación con organizaciones y/o familias, diversos procesos de autoproducción del hábitat (fondos de microcréditos, asesorías técnicas y acompañamiento a la gestión de proyectos ante organismos públicos).

Por otro lado, TECHO-Argentina, describe dentro de su metodología de trabajo la construcción de viviendas de emergencia en asentamientos, aunque no es el único programa que tienen, si es el que tiene más visibilidad.

“Bueno, nosotros utilizamos el programa comunitario de viviendas de emergencias, este es como el caballito de batalla de TECHO, la parte más visible.” (…) Desde TECHO, nuestro programa construcción de viviendas, yo no puedo dejar de decirlo, no sé si es una vivienda digna en el sentido de la palabra, es una casilla. Pero si, hemos medido el impacto que tiene esa casilla, que mejora el sueño que da más seguridad, más intimidad, esparcimiento. Es una casilla básica la de TECHO y genera ese impacto.” (Entrevista organización social T1, p6, 2019)

Aquí es más acertada la categoría que proponen Rodríguez, Di Virgilio, et al (2007), sobre ONGs productores de viviendas. Como en el caso de TECHO, hay OSC que han asumido el papel de promotoras habitacionales a partir de acumular y sistematizar sus procesos de asesoría a organizaciones y grupos populares. Asumen así el rol de la producción donde, en algunos casos, los beneficiarios pasan a ser contratantes, y en muchos casos disminuye, de este modo, el número de actividades que deben aprender, conducir o realizar.

Lo que debe resaltarse es que TECHO construye una vivienda de emergencia, la cual no cubre todas las necesidades básicas de una persona o grupo familiar. Pero, según el ingeniero industrial López Meyer (2011) en la primera etapa del modelo de intervención de la organización, se le construye a la familia con la que se está trabajando una vivienda de emergencia de madera del tipo modular pre-fabricada de 18 m2. En la gran mayoría de los casos esta vivienda de madera supera ampliamente las características y cualidades de las viviendas en las que habitan.

“Una vivienda de emergencia es justamente lo mínimo en lo que debería vivir una familia, es cuando contas con lo mínimo para que una persona pueda dormir esta noche, es eso. La vivienda de emergencia no reemplaza la vivienda tradicional o incluso a una vivienda progresiva, reemplaza a la chapa que a veces te da el municipio, reemplaza el

lugar que se va la familia cuando hay una emergencia climática o una catástrofe, o a esa familia que está viviendo hace cuatro años en un piso de tierra. En parte es una respuesta a esa convicción de que hay cosas que hoy en día no puede pasar más. Yo creo firmemente que hoy en día en 2019 en Argentina y en toda Latinoamérica no puede haber gente viviendo sobre la tierra”. (Entrevista organización social T2, p11, 2019)

Entonces, hay que reflexionar sobre cuál es la situación inicial en la que viven estos sectores de la población para que una vivienda de emergencia mejore ampliamente la calidad de vida en la que se encontraban. Como señala Ortiz Flores (2010) en la actualidad hay cuatro situaciones79 derivadas del proceso de globalización económica conducido por los grandes intereses transnacionales, el capital financiero y sus aliados en los gobiernos y los medios de comunicación. La primera de estas situaciones es el empobrecimiento creciente de grandes masas de la población mundial, acompañado del despojo y destrucción de sus recursos: económicos, naturales y culturales.

Según Ortiz Flores (2010) la desregulación que redujo los controles y el papel de los organismos públicos que intervienen en la planeación y en diversas tareas del desarrollo urbano; la privatización de todos los insumos y procesos productivos del hábitat; la consecuente subordinación de los derechos sociales a los intereses y derechos mercantiles del capital inmobiliario y del financiero internacional; la fragmentación de las políticas públicas y la focalización de los apoyos estatales; el deterioro planificado de los salarios y de su capacidad adquisitiva; la cancelación de apoyos estatales a los enormes esfuerzos de los sectores populares por acceder a un lugar adecuado donde vivir y autoproducir su vivienda; la individualización de los problemas y de las soluciones que frena la producción social organizada y no lucrativa del hábitat, son expresiones de este impacto y constituyen factores que han llevado a concebir la vivienda como mercancía y las ciudades como paraíso para la especulación

inmobiliaria.

BIBLIOGRAFIA

Borja, J. (2016). La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía. Geograficando, 12 (2), e009. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7664/pr.7664.pdf

Centro de Estudios Legales y Sociales (2015). Derecho a la tierra y a la vivienda, aportes al consenso nacional para un hábitat digno. Buenos Aires, Argentina.

De Moraes, D. (2007) Hegemonía cultural y comunicación en el imaginario social contemporáneo. Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero35/hegecult.html

Galiana Saura, A. (2017). La vivienda como objeto de estudio desde el derecho: la vivienda como derecho humano y la cátedra UNESCO sobre vivienda. Hábitat y Sociedad, 10, 129-144. http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2017.i10.08

Lopez Meyer. L (2011) “Fabricación de los paneles de madera para las viviendas de Un Techo para mi País en una penitenciaría”. Tesis de grado en ingeniería industrial, Instituto tecnológico de Buenos Aires.

Ortiz Flores (2010) Derecho a la ciudad, producción social y gestión participativa del hábitat. La promoción de iniciativas comunitarias incluyentes en la Ciudad de México. Hábitat y Sociedad, 1, p. 55-70. www.habitatysociedad.us.es

Notas

78 Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza
79 2. La Exclusión económica, social, política y cultural. 3. La expropiación de los haberes y saberes de los pueblos.

4. La destrucción de los colectivos mediante normas y practicas que individualizan los problemas.



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