INTRODUCCIÓN

Ningún analista nacional o extranjero se atrevería a afirmar que la primera salida del PRI con el triunfo de Vicente Fox significó el inicio de un nuevo periodo histórico en la democracia contemporánea de México, aunque ello no haya significado el cumplimiento de las altas expectativas que se tenían sobre la democratización del estado mexicano. Sin embargo, en los

dieciocho años que lleva recorrido México del presente siglo, quizás más que en ningún otro

periodo histórico, México ha experimentado dramáticos cambios sociopolíticos que ha tenido consecuencias irreversibles en su régimen democrático.

Por consiguiente, es imprescindible analizarlo como un periodo histórico singular de la democracia contemporánea de México dado que los cambios políticos-administrativos han sido tan profundos y complejos que han reconfigurado al estado mexicano al grado que lo hacen irreconocible frente a lo que fue durante la época de la hegemonía del PRI en el siglo XX. Basta con mencionar la concesión de autonomías de gestión y operación a consejos que presiden instituciones que en algunos casos antes estaban supeditadas a la Presidencia y Secretaría de Gobernación como la Auditoría de la Federación Superior, Instituto Federal Electoral (hoy INE), Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, entre otros; o bien, la creación de nuevas instituciones nacionales como la Secretaría de la Función Pública, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, hoy INAI), Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros. También, tengamos en cuenta las modificaciones constitucionales que se han promulgado para la modernización de empresas paraestatales estratégicas como lo son PEMEX y la CFE, la reforma laboral del 2012, la educativa en el 2013, la político-electoral del 2007 y la del 2014; y por último, las reformas sobre los mecanismos de distribución de los ingresos fiscales de la federación (1999) y parte de la renta petrolera (2004) hacia los estados y municipios con el objetivo de que aumentaran su independencia económica y pudieran ejercer el gasto gubernamental de acuerdo a sus necesidades regionales o locales.

Esta nueva fisonomía institucional democratizada del estado mexicano la asemeja a un estado auditor cuya meta ideológica hasta antes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era limitar su intervención económica, facilitar las inversiones extranjeras, establecer mecanismos interinstitucionales de rendición de cuentas, proteger el sistema multipartidista y absorber las demandas de la ciudadanía. Algunos autores llamaron la atención sobre el impacto que tuvieron algunos de estos cambios en el debilitamiento de la autoridad presidencial, la fragmentación del poder político en el Congreso de la Unión y aumento del poder de los

gobernadores, es decir, el impacto que tuvieron estos cambios en el déficit de liderazgo político gubernamental. Sin embargo, el bipartidismo compartido entre el PAN y el PRI logró marginar a líderes políticos que contaron con un amplio apoyo popular a diferencia de lo que ocurrió en Sudamérica durante el período conocido como la “marea rosa”, o sea, en el giro izquierdista de los regímenes democráticos del cono sur en la pasada década, a consecuencia, principalmente, del rechazo popular a la aplicación de las políticas neoliberales.

En Sudamérica, la entrada al nuevo milenio presenció el surgimiento de líderes de la izquierda con amplio apoyo popular, algo impensable tan solo unos cuantos años atrás. En parte, esto se debió a que las competencias electorales fueran organizadas imparcialmente y a que los partidos izquierdistas moderaran las posturas extremistas que habían sostenido en el pasado para poder atraer votos en las competencias electorales. No obstante, los dos factores que esencialmente determinaron el fervor de este nuevo caudillismo populista fue el desgaste del bipartidismo elitista que tradicionalmente se habían repartido el poder del estado y la consecuente insensibilidad gubernamental al aplicar drásticos planes de reestructuración económica que conllevaron a desastrosas consecuencias sociales. En México lo observamos con la erosión del PRI y el PAN con los casos de corrupción en los que se han visto envuelto, lo que ha permitido el fortalecimiento del liderazgo de AMLO, pero de manera similar, también fue el caso de Hugo Chávez en Venezuela, Tabaré Vázquez en Uruguay, Ignacio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, etc.

Todos los líderes mencionados fueron elegidos democráticamente mediante elecciones concurridas y con amplio trabajo militante en los partidos políticos; habiendo realizado profundos cambios políticos, económicos y sociales cuando ascendieron al poder. En los casos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, al comenzar sus mandatos recurrieron al referéndum para la aprobación de la formación de una asamblea constituyente para formular una nueva constitución política. En el gobierno presidencial de AMLO también realizará importantes cambios en la constitución que conlleven a quitarle el fuero al presidente de la república para que pueda ser juzgado por delitos electorales y de

corrupción, además de establecer la revocación del mandato presidencial cada dos años por

medio de consultas populares. A estos proyectos de reforma constitucional inéditos en la historia constitucional de México, los críticos de AMLO le señalan el carácter populista de su liderazgo que posiblemente podría llevarlo a ejercer el poder autoritariamente y tomar ventaja de su amplio respaldo popular para hacer uso del referéndum con el posible fin de asegurar su permanencia en el poder, y, así acrecentar sus facultades ejecutivas al gobernar por decreto -en el peor de los escenarios imaginados por sus críticos conservadores-.

Si bien tal especulación de los críticos de AMLO está aún por verse, no es menos cierto que esa ha sido la tendencia por algunos líderes considerados como populistas. En Turquía, por ejemplo, el referéndum de Erdogan realizado en abril del año 2017 permite la sustitución del sistema parlamentario de gobierno para instaurar un sistema presidencialista con amplios poderes en cuanto que el presidente podrá estatuir la mayor parte de las leyes del país y designar a los ministros del gabinete sin la aprobación del parlamento. En Bolivia, Evo Morales perdió el referéndum convocado para poder habilitar su candidatura presidencial por tercera ocasión, pese a que la constitución del estado plurinacional de Bolivia solo permite la reelección consecutiva de la presidencia por dos mandatos. Aquí, el Tribunal Constitucional del estado plurinacional de Bolivia frente a la apelación que hizo el partido Movimiento al Socialismo sobre los resultados negativos del referéndum, resolvió habilitar a Evo Morales para presentarse por un tercer mandato presidencial aduciendo que se deben de dar prioridad los derechos políticos del ciudadano presidente por encima de la norma establecida en la constitución, por cierto, una constitución que el mismo Evo impulsó a crear.

Tales casos de desviación patológica de los líderes populistas ampliamente respaldados por el pueblo, esto es, su tendencia dictatorial o autoritaria de ejercer el poder de la que incluso hace alarde de ejercer el actual presidente de EUA, Donald Trump -al declarar con soberbia guerras comerciales con los países con los que EUA cuenta acuerdos de libre comercio-, en parte se explica por la falta de liderazgo político independiente en las instituciones parlamentarias y en los partidos políticos que puedan fungir como contrapeso a las tendencias autoritarias de los líderes populistas. En México, a pesar de las tensiones y conflictos políticos desde que se diera la

alternancia a principios de este siglo, el bipartidismo compartido entre el PRI y PAN nunca

implementó medidas que hubieran puesto en peligro las instituciones esenciales de la democracia procedimental mexicana. Ciertamente, el gobierno federal ha optado por la represión violenta a movimientos sociales de oposición como a los globalifóbicos en el 2004, a la APPO y al de San Salvador de Atenco en el 2006 y al movimiento magisterial de la sección 22 disidente en el 2013, además de haber sido acusado de haber cometido graves delitos en contra de los derechos humanos por los incontables casos que se reportaron durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón, acoso a periodistas y de impunidad en lo relativo en los casos de Tlatlaya y Atyozinapa en el 2014. Pero a pesar de la más férrea y obstinada acción a la que ha recurrido la oposición política, ello no ha sido motivo para echar hacia abajo sus prerrogativas políticas ni mucho menos para extender el poder presidencial de manera análoga a los casos que mencionamos. No obstante, tampoco durante los sexenios del PAN y del PRI las élites políticas se caracterizaron por el ejercicio de un liderazgo político maduro y responsable, dando por resultado una erosión en la legitimidad del régimen político y al mismo tiempo, propiciar que las esperanzas del cambio sean depositadas en AMLO. Pero más allá de toda apreciación valorativa que cada uno de nosotros nos formemos sobre los indiscutibles liderazgos políticos de AMLO, Hugo Chávez, Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros: ¿cómo podemos comprender a un nivel teórico general tanto las características de su liderazgo político como de las condiciones de las que emergieron? Creo que la respuesta está en rescatar la teoría del liderazgo político de Max Weber, revivirla a la luz de la realidad contemporánea de los regímenes democráticos de América Latina.

a.- ¿Qué es el liderazgo político moderno?

El liderazgo político en las sociedades modernas posee características que no comparte con la clase dirigente de las empresas ni con los altos funcionarios gubernamentales. Las diferencias radican en la índole de la responsabilidad de la que se espera de un líder político que no pueden ser equiparables a las responsabilidades de un manager empresarial y de un burócrata del estado. Un líder político tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia con sus ideales políticos incluso cuando llega a ocupar puestos directivos en las instituciones del estado. Cuando eso llega a suceder, el político responde por la línea de acción política a la que públicamente se

ha comprometido de implementar en el estado y ante la cual responde personalmente. Si el político, convertido en un ministro del gabinete del estado, recibe una instrucción contraria a sus convicciones políticas, no tiene la obligación de cumplirlas sino más bien, debe de manifestar públicamente su desacuerdo y si es necesario, renunciar al cargo que ostenta para darle mayor alcance público a su discordia con las políticas públicas que el gobierno está determinado a impulsar en su conjunto. Por el contrario, un funcionario, provenga del ámbito público o de la iniciativa privada, aunque debe de manifestar su desacuerdo con las directrices recibidas por parte de su superior cuando piensa que son contraproducentes por alguna razón, en última instancia, debe de acallar sus opiniones en provecho del ideal del servicio público y acatar las órdenes recibidas cuando se le insiste en acatarlas. No significa esto que el funcionario sea un simple títere manipulable al antojo de sus superiores y que no posea ningún grado de autonomía en su desempeño laboral de tal modo que no le permita convertirse en un líder en su ámbito de trabajo. De hecho, los funcionarios, cotidianamente, tienen que tomar decisiones sensatas basadas en su propio juicio autónomo para trabajar eficientemente, aunque lo hagan dentro del esquema de reglamentos estipulados en el cargo que ocupan. Solamente esto significa que el funcionario no se hace responsable por las órdenes o directrices recibidas de sus superiores. En este sentido, los valores de la objetividad, imparcialidad, y, sobre todo de disciplina al cargo, deben de prevalecer por encima de las convicciones personales del funcionario1.

1 Cuando el funcionario no toma en cuenta dichos valores, no por incompetencia sino por una decisión resuelta, entonces, se puede decir que el funcionario no acata las órdenes porque ha tomado una postura política determinada sobre ellas, llevándolo a desafiar a sus superiores y poner en riesgo su puesto de trabajo.

Por el contrario, el líder político se ve impedido de adherirse a tales valores burocráticos puesto que tiene que ser consecuente por la pasión con la causa que defiende: la parcialidad política y su autonomía de juicio frente a los superiores son sus modos de proceder imprescindibles. No obstante, a un líder político no le es suficiente con expresar sus convicciones e ideales políticos para tener poder de mando sobre un grupo de seguidores. Para erigirse como líder político,

debe de adquirir destreza en interpretar el curso de los acontecimientos políticos y poder prevenir sus consecuencias con el objeto de sacarle el mayor provecho político posible para él y a su séquito. Debe de tener mesura en sus acciones políticas ya que como es figura pública está expuesto a la crítica de la opinión pública. Por lo tanto, tiene que saber practicar la prudencia, la quietud y el recogimiento ante las situaciones adversas que llegue a enfrentar -que bien y pueden ser frecuentes-. Además, el líder político tiene que saber controlar su ambición de poder para que ello no se convierta en un fin en sí mismo, y, en consecuencia, pierda toda moderación ante la vanidad personal, esto es, ante la arrogancia y engreimiento personal que lo lleva a buscar innecesariamente el protagonismo público.

La política moderna se caracteriza precisamente por su carácter de lucha que puede llegar a ser tan encarnizada al momento de competir por los puestos de elección popular, donde, cada líder político cauteloso tiene que guiarse bajo la máxima de “…ver un potencial enemigo en cada amigo”. Es por ello por lo que un líder político debe de poner a prueba su sagacidad política en las lides electorales para adquirir la necesaria madurez que le permita ganarse aliados, ya sea mediante su carisma personal o por compromisos específicos. En todo caso, el momento crucial en la trayectoria de un líder político, sobreviene cuando ha de sortear el escrutinio público centrado sobre el carácter de su personalidad y sobre los medios de los que se ha valido anteriormente para adquirir poder económico y político.

Todas estas cualidades personales que debe de cultivar el líder político moderno son comunes a todo género de líder político sin importar que defiendan a los intereses de la “burguesía” o del “proletariado” o sean polític@s que defiendan las causas ecologistas, feministas, indígenas, etc. Cualquiera que sea el contenido de los ideales y causas políticas, en resumen, los políticos profesionales que aspiren a convertirse en líderes para atraerse de seguidores y llevar a cabo su programa político deben de ser sagaces sin caer en la vanidad, moderar el contenido de sus discursos y acciones políticas, pero, sobre todo, superar la mordacidad de sus adversarios políticos -característica de la que no logró superar el excandidato presidencial del PAN, Ricardo

Anaya-.

B.- La democracia moderna, los políticos profesionales y el liderazgo político

El líder político moderno se desenvuelve en una sociedad que se rige bajo los fundamentos políticos de la dominación legal, en la cual, las posiciones de autoridad y los mandatos que emergen de ellas están legitimadas en virtud de un derecho o un cosmos de normas, leyes y regulaciones que están formalmente estatuidas. Por lo tanto, la implementación del programa de gobierno del líder político victorioso se traduce en disposiciones legales que correspondan a los compromisos adquiridos en la contienda electoral, a los valores que se dice abanderar o encarnar o a los intereses económicos de los poderes de facto; en todos los casos, el ámbito de extensión de cada disposición legal incluye a todos los miembros de la comunidad política o a todas aquellas personas externas que llegan a entablar relaciones con ella, sea de manera esporádica o prolongada. Lo importante aquí es señalar que se obedece conforme a un orden legal impersonalizado que tiene validez incluso para los líderes de una comunidad política; y lo mismo, se puede decir en relación con los dominados, quienes, en última instancia, obedecen no en función del carisma del líder político que emite la orden sino en función del ordenamiento legal que legitima las posiciones de autoridad.

Que el estado moderno gobierne sobre un cosmos de ordenaciones legales, significa que, el gobierno, sin importar que se rija bajo un régimen político democrático, autoritario o totalitario, apoya su dominación sobre sus ciudadanos pasivos mediante las instituciones burocratizadas del estado. Entonces, en las democracias representativas de un estado-nación de grandes dimensiones y gobernado burocráticamente, tiene un alcance democrático muy restringido que no se compara a la participación directa de los ciudadanos en la democracia de la antigua Atenas en los tiempos de Pericles y que todavía se sigue practicando en algunas comunidades rurales: en ellas, el conjunto de la comunidad vecinal es reunida para tomar las decisiones importantes y designar directamente a sus autoridades por sorteo o por principios de dominación gerontocrática. Este tipo de participación directa no puede ser posible en las democracias representativas de las sociedades modernas, simplemente, por el hecho de que no se puede

reunir en asambleas ni al conjunto de la población ni mucho menos a dos terceras partes de ella

si se quiere llegar a reproducir algo parecido al modelo de la democracia directa de la antigua

Atenas.

Por lo tanto, los ciudadanos se ven obligados a “delegar” su representación a los políticos profesionales para que integren un parlamento que sea representativo del conjunto de la población; una institución que, aunque se compone por delegados de una población que está siendo gobernada mediante instituciones burocratizadas, no equivale a que los ciudadanos tengan un control directo o efectivo sobre ellos. Por el contrario, los delegados legisladores del parlamento deliberan, enmiendan y aprueban iniciativas de leyes dando por entendido implícitamente que al menos contarán con un mínimo de consentimiento en la población representada: “…condición mínima en una democracia para hacer su cumplimiento obligatorio al resto de la sociedad” (Nacif, 2002: 41-42). Sin embargo, bajo la idea de hacer partícipes a los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, neutralizando las prerrogativas de las instituciones parlamentarias como máximos órganos legislativos, se ha recurrido al presupuesto participativo2, al referéndum para la aprobación de leyes, consultas ciudadanas para deliberar proyectos de leyes o a las elecciones frecuentes de los legisladores, etc.

Pero, pese al variable éxito que han tenido en diferentes contextos sociopolíticos, tales mecanismos alternativos de democracia directa no han podido sustituir a las instituciones parlamentarias puesto que no constituyen una estable intermediación entre el ciudadano y las autoridades en las sociedades modernas, sino al contrario, como en los casos de Bolivia, Venezuela y Turquía, frecuentemente han sido manipuladas por intereses facciosos que buscan desestabilizar a las instituciones representativas y acrecentar las facultades ejecutivas del presidente o primer ministro por encima del parlamento. Tal enlace entre la ciudadanía y las autoridades que le otorga estabilidad a las instituciones políticas en las sociedades modernas reside, como lo dijimos anteriormente, en los políticos profesionales: personas que se dedican a las actividades de la política por una gran parte de su vida productiva.

La política moderna se ha vuelto muy compleja por la cantidad de intereses creados y la diversidad de actores políticos involucrados que la hace entrar en constante transformación. Por

ello, todo aquel que tiene interés en participar continuamente en la política tiene que dedicarle tiempo completo y no practicarla como una profesión accesoria. En este sentido, las actividades políticas se asemejan a las actividades empresariales capitalistas cuyos “managers” corresponden a los políticos profesionales. Ellos pueden desempeñar las actividades políticas casi ininterrumpidamente más que nada porque para la mayoría de ellos, encuentran en la política su principal fuente de ingresos o sostén económico. Solo esto es posible cuando la mayoría de los cargos políticos que existen en las administraciones federales, estatales y locales, partidos políticos, sindicatos, cámaras patronales y mercantiles, etc., son cargos remunerativos en el sentido de que se les estipula un ingreso fijo.

De hecho, existe una correlación entre los grandes procesos de burocratización que afecta a las organizaciones formales de las asociaciones políticas y grupos de interés económico con la aparición de los políticos profesionales. En cualquier caso, los políticos profesionales se pueden dedicar a la política de dos modos: o viven de la política o viven para la política. Quienes viven de la política buscan que les proporcione seguridad laboral e ingresos seguros a través de algunos de los cargos

2 En el 2001, los gobiernos delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan de la Cd. de México fueron los primeros en apl icar programas de presupuesto participativo en nuestro país. Hoy en día, el gobierno de la Cd. de México cuenta con una Ley de Participación Ciudadana donde estatuye que el presupuesto participativo no debe de exceder al 3% del presupuesto anual de las delegaciones. Hasta el momento, la participación ciudadana en la votación de los proyectos no ha excedido más del 12% del padrón de las unidades territoriales (Pires, Valdemir y Pineda, Carmen: 2008).

políticos. En cambio, quienes viven para la política hacen de ella el contenido de su existencia, es decir, anteponen sus intereses materiales a los intereses ideales de sus causas políticas sin tener como primordial objetivo cualquier remuneración económica por medios políticos.

Esta distinción no es absoluta y excluyente dado que muchas veces -aunque no de manera exclusiva- en contextos de gran conmoción política como en la caída de un gobierno desgastado

e impopular, la expresión del mayor idealismo político desinteresado tiene lugar en individuos que carecen de propiedades o se encuentran marginados del sistema económico; y, frecuentemente, quienes ocupan un cargo político y que además provienen de las clases medias o adineradas, utilizan su autoridad para asegurar ventajas económicas que les ayuda acrecentar su posición social. Así pues, el curso del acontecer político posibilita las más variadas combinaciones en el equilibrio de los intereses ideales y materiales de los políticos profesionales, pero, no obstante, es común que el idealismo de las causas políticas sea impulsado con mayor consistencia por las personas que provienen de las clases económicamente posicionadas.

Para ellos les resulta más “barato” dedicarse a las causas políticas porque pueden, por ejemplo, darse el lujo de persistir en la lucha ante fuertes descalabros como puede ocurrir cuando el partido político por el que militan obtiene pésimos resultados electorales, permanece al margen de la ley o enfrenta serios obstáculos legales para posicionarse como partido de oposición; o bien, pueden prescindir del salario del cargo político obtenido o mantener su monto al mínimo, puesto que, su posición económica está afianzada por otros medios. Pero de aquí no se deduce que todos los individuos provenientes de las clases medias y adineradas sean proclives a dedicarse a la política de manera exclusiva ya que para ello tiene que darse el siguiente supuesto social: deben de ser económicamente prescindibles en el sentido de que la búsqueda del ingreso regular no les demande consagrarse a “…obtenerlos todo o una parte importante de su trabajo personal y sus pensamientos” (Weber, 2008: 226).

En la vida moderna, la gran mayoría de las profesiones, más aún aquellas que pueden llegar a obtener un prestigio social y éxito económico importante, no liberan a los individuos para que puedan dedicarse a las actividades políticas. Los empresarios industriales, agrícolas, hoteleros, inmobiliarios, armadores, comerciantes, etc., se encuentran tan ligados a sus empresas, al menos durante las etapas de ascenso y consolidación, que les es prácticamente imposible desatenderse de ellas sin poner en riesgo las inversiones hechas. De este modo, tales empresarios enfrentan el siguiente dilema: poseen los recursos que les permite vivir para la

política, pero no del tiempo libre necesario, además de que sus actividades por sí mismas no los

familiariza con las cuestiones políticas por lo que no tienen interés inmediato en participar en ellas. Y lo mismo sucede con las clases de los trabajadores asalariados y con profesionistas del sector servicios como los médicos, arquitectos o ingenieros, quienes entre más reconocimiento adquieren por sus habilidades profesionales y más ocupados se encuentran, menos tiempo libre poseen para la dedicación a las actividades políticas de tiempo completo.

Por consiguiente, en un sentido estricto, solo la clase de los rentistas quienes viven de los ingresos de sus posesiones (sea que provengan de las tierras, propiedades inmobiliarias, flotas de autotransportes público o de valores bursátiles) y de cuya obtención de ingresos solo reclama ocasionalmente su atención personalizada, poseen el tiempo libre y la holgura económica necesaria para dedicarse a la política de tiempo completo. Por ejemplo, Yeidckol Polevnsky, actual presidenta de Morena, admitió en una entrevista a Nación 321 que tuvo que vender sus empresas y colocar el dinero en el banco con la finalidad de sostenerse de sus ahorros y de sus rendimientos bancarios para así dedicarse de tiempo completo a la causa política de AMLO.

Aunados a la clase de los rentistas están los estratos sociales que por sus propias características laborales -diferentes de otras ocupaciones regulares- hacen que sus miembros sean propensos de convertirse en políticos profesionales: politólogos, sociólogos, abogados, maestros, filósofos políticos, periodistas, trabajadores sociales, economistas, analistas de políticas públicas, etc. Sin embargo, por encima de todas las profesiones mencionadas y por la peculiaridad de su oficio, la profesión del abogado suele ser la más idónea para convertirse en político profesional y líder político al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, un abogado exitoso puede llegar a un acuerdo con sus socios y abandonar su profesión para dedicarse a la política por un periodo de tiempo y después volver a retomar de modo seguro su profesión lucrativa. En este sentido, pueden dedicarse para la política sin ningún contratiempo, pero, además, la práctica de su profesión los instruye para convertirse en buenos líderes políticos. Esto es, el abogado posee de conocimientos jurídicos que pueden resultar indispensables para la articulación legal de un

determinado programa político o para los debates parlamentarios.

Su bufete jurídico representa una asociación que le puede ser de vital apoyo durante las campañas electorales, las cuales, frente a sus adversarios políticos, el abogado está mejor preparado puesto que ya tiene una experiencia que le puede servir para afrontar mejor las contiendas electorales. Tal experiencia reside en la pericia que los abogados han desarrollado en las pugnas de los tribunales para sopesar el impacto de las palabras dichas en los juicios mediante la expresión adecuada de sus argumentos tanto de forma hablada como escritas: justo las aptitudes que más necesita un líder político durante las campañas electorales. Es por estas características que los abogados, por lo general, han participado en los eventos históricos de gran trascendencia. Fueron mayoría en la convención de los estados generales durante la revolución francesa en 1789 así como también fueron mayoría en la convención de Querétaro para la elaboración de la Constitución de 1917. De hecho, no se puede entender los grandes avances de la democratización moderna sin comprender el papel que han tenido los abogados y sus innovadoras corrientes de pensamientos jurídicos que impulsan que terminan por proporcionar nuevas perspectivas para abordar las cuestiones políticas. En México, por ejemplo, los abogados fueron mayoría en la integración de los primeros consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral cuando se adquirió su autonomía en el año de 1996 así como también las primeras generaciones de los integrantes de los consejos de las instituciones autónomas tienen como profesión la licenciatura en leyes.

C.- El proceso de selección del liderazgo político en una democracia activa

Que la democracia representativa moderna tenga muchas imperfecciones no se debe al régimen democrático en sí mismo, sino más bien, al proceso de selección de los líderes políticos que tiene lugar en los partidos políticos organizados y en las competencias electorales bajo un sufragio electoral universalizado. El sufragio universal significa la extensión del derecho a votar y a ser votado sin tener en cuenta el número de propiedades, ingresos, estatus social y la vejez de los individuos, así como la no discriminación del género. En casi la mayoría de los países con régimen democrático en el mundo, la transición del sufragio censitario al universal no fue abrupta sino gradual, sujeta siempre a las condiciones sociopolíticas y tradiciones culturales de

cada nación. En México, por ejemplo, los grandes cambios en la extensión del derecho electoral

censitario al universal comenzaron con la revolución mexicana: la ley electoral de 1911 y su reforma en 1912, eliminaron la elección indirecta de los diputados y senadores, además de reconocer la personalidad jurídica de los partidos políticos; la ley electoral de Venustiano Carranza promulgada en 1917 extiende la elección directa al cargo del presidente de la república y ratifica el reconocimiento legal de los partidos como actores legítimos para acceder al poder. Pero el derecho de la mujer a votar y a ser votada se haría realidad hasta 1953 y los arreglos institucionales para que los partidos políticos pudieran competir en competencias electorales equitativas habrían de recorrer un largo camino de leyes y reformas electorales durante todo el siglo XX (Medina: 2001).

El punto es que, para poder tener cobertura en los nuevos distritos electorales sensiblemente aumentados durante las campañas electorales, los partidos políticos tienden a depender más de una organización formal extraparlamentaria permanente. Es decir, los partidos se burocratizan en el sentido de que su organización se estatuye en ordenamientos legales fijos de acuerdo con su doctrina política, estimulando que su estructura organizacional se rija bajo los principios de división de trabajo, jerarquía de obediencia, delimitación de las competencias de los cargos, tramitación formal de los casos, etc. Esta tendencia de los partidos hacia la burocratización con el fin de hacer un trabajo más continuo e intenso en la captación de los votos tiene consecuencias importantísimas en la sustitución de las redes de clubes políticos locales y regionales que son gestionadas intermitentemente por los caciques locales, notables y los políticos parlamentarios. En la sucesión presidencial de 1910, por ejemplo, el Partido Liberal Mexicano se apoyó mucho en los clubes políticos que surgieron en las ciudades del país pudiendo darle la victoria a Fco. I. Madero. Pero el partido como tal nunca pasó de ser un partido de notables y ser controlado por las redes de los parlamentarios del Congreso de la Unión sin poder constituirse en una organización burocrática que pudiera haber sobrevivido a la muerte de Madero y organizar la resistencia al régimen de Huerta -de ahí quizás, el surgimiento de los caudillos revolucionarios.

De todas las orientaciones ideológicas de los partidos, los partidos socialistas fueron los primeros en desarrollar una organización partidista permanente. Esto es así porque los partidos

socialistas, al contrario que los partidos burgueses, contaban con muy pocos mecenas y la mayor parte de los recursos financieros provenían de las contribuciones de la militancia obrera y simpatizantes a la causa socialista. De este modo, la primera organización partidista importante de los obreros fue el Partido de la Socialdemocracia en Alemania; años después se fundaría el Partido Laborista Británico en 1900, pero en Norteamérica los partidos socialistas no prosperaron, a pesar de haber habido un importante movimiento sindical de orientación socialista y anarquista durante el último tercio del siglo XIX.

En México, los primeros partidos socialistas que operaron con una organización burocratizada al mismo tiempo que tenían una amplia presencia social surgieron a lo largo del litoral del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) poco después de haber concluido la etapa armada de la revolución mexicana en 1920: el Partido Socialista Fronterizo de Tamaulipas, la Liga de Comunidades Agrarias del edo. de Veracruz y el Partido Socialista del Sureste. Enclavados en las zonas más importantes de actividad económica del país en aquella época3, tales partidos regionales surgieron, en parte, por el fracaso del Partido Comunista Mexicano en constituirse en una organización que pudiera tener cobertura nacional y también por la sumisión de la Confederación Regional Obrera de México (CROM) al gobierno federal durante el trienio presidencial de Venustiano Carranza (1917-1920). No obstante, al igual que los demás partidos que surgieron en los estados, los partidos del Golfo de México desaparecerían al ser absorbidos por el Partido Nacional Revolucionario (PNR) entre los años de 1929 y 1934 (Aguilar Camín/Lorenzo Meyer, 2012:134).

3 La región petrolera del ébano en Tamaulipas, las haciendas cafetaleras e industria textil en

Veracruz y las haciendas henequeleras de Yuatán.

Aunque los partidos políticos desarrollan distintas formas de operar políticamente sin que lo hagan bajo una burocracia rígida, apoyándose incluso en los notables o caciques locales4, lo cierto es que, cobra importancia crucial incluso para el partido medianamente burocratizado, la figura del funcionario político. Son esas figuras que hacen de la ocupación de la política una ocupación de la que dependen económicamente, es decir, viven de la política5 y su importancia

en la organización partidista aumenta en la medida que en ellos se concentra la toma de decisiones importantes del partido, si bien formalmente dichas decisiones se deben de tomar por voto en asambleas de los militantes de los partidos. Además de ello, los funcionarios del partido se encargan de gestionar racionalmente los recursos financieros del partido sin los cuales no sería posible movilizar a los candidatos para que recorran los distritos y sus lugares recónditos; coordinan a los militantes activos, simpatizantes o cualquier otro colaborador que durante las campañas electorales prestan diferentes tipos de servicios al partido; difunden la propaganda del partido ya sea a través de sus propias empresas editoriales o contratando cualquier otro medio de comunicación de masas; intentan atraer a la juventud mediante ligas juveniles del partido que fomentan actividades orientadas a ellos como son los deportes.

Los altos funcionarios y los jefes del partido6 procuran establecer conexiones con personalidades prominentes del mundo empresarial, científico, deportivo, artístico y gubernamental, o bien, refuerzan los vínculos importantes del partido con asociaciones como los sindicatos de los trabajadores, ligas campesinas, agrupaciones juveniles, cámaras patronales o cualquier otra asociación de interés económico y ciudadano. Lo hacen motivados por una variedad de razones: sea para reunir a gente acaudalada que tenga voluntad de donar grandes cantidades de dinero a las arcas del partido; para fomentar relaciones clientelares con las masas trabajadoras y desempleados; apoyar las causas de los movimientos sociales reivindicadores de derechos civiles o movimientos sindicales; sacar provecho de sus posiciones en el parlamento y en el gobierno para satisfacer ciertos intereses económicos a cambio de favores personales. Por supuesto, la extensión de este universo de relaciones sociales y de intereses creados entorno a los partidos políticos depende de muchos factores como la atracción que tenga la orientación ideológica del partido y de su consecuente forma de visualizar su programa de:

4 El papel de los notables o de los caciques en el partido adquiere relevancia en las actividades locales puesto que a menudo la llevan a cabo ellos como profesión secundaria. Solamente en las grandes ciudades, adquiere plena significación, el trabajo de los funcionarios de partido por encima de los notables.

5 Puesto que es enorme la cantidad de trabajo de los partidos políticos bien establecidos, las actividades propias del partido no se pueden cubrir con personas que viven para la política -en el sentido que lo vimos más arriba- sino recurriendo a los funcionarios políticos asalariados.

6 Los jefes de partido son aquellos políticos del partido que han tenido una amplia trayectoria en los puestos de elección popular o que han formado parte del gobierno en algunos de sus puestos administrativos, y que, a pesar de que ya no tienen ningún puesto dirigente en el partido que militan, siguen teniendo una influencia considerable en las decisiones del partido o en la colocación de in dividuos allegados a su círculo en los puestos dirigentes del partido de gobierno, pero más que nada, depende de su éxito en las campañas electorales. Y un partido medianamente exitoso y que tenga una arraigada presencia social, tiende a volverse una organización rígida en el sentido de que se estereotipan sus ideas, programas políticos, eslóganes o lemas y discursos electorales, así como caen en rutina sus formas de operar políticamente en cada contienda electoral.

Entre las tareas más importantes que tienen los altos funcionarios políticos está la designación de los aspirantes a un puesto de elección popular a través de la integración de las listas de los candidatos políticos que van a competir en las contiendas electorales, aunque una porción de ellos lo tengan que hacer a través del sorteo. De esta lista se espera que sean elegidos mediante procedimientos democráticos que tienen por base el voto de los militantes del partido, auténticos líderes políticos maduros y fogueados en la lucha política, pero, a menudo, esto no es así cuando los funcionarios del partido buscan una captación asegurada de los votos. Para ello no solamente recurren a la ilegal coacción y compra de votos, prácticas que manchan la honorabilidad del partido político; suele ser más seguro que los altos funcionarios y jefes de los partidos opten por recurrir a las organizaciones corporativizadas de los trabajadores o cámaras patronales para que les proporcionen el llamado “voto duro” a cambio de otorgarles candidaturas a sus líderes y a su séquito de colaboradores -entre otros favores. Se podría considerar que éste es el lado negativo de las conexiones de los funcionarios de partido, porque les dan acceso a las candidaturas a gente que nunca ha tenido que encarar las dificultades de la

lucha por el poder que sufre un determinado político para afianzar su liderazgo, buscando

aliados mediante el proselitismo sobre la utilidad de su programa político y de la solidez de su carácter político, tanto frente a la cúpula del partido como frente a la militancia y simpatizantes del partido. En lugar de ello, gracias a las conexiones con los funcionarios del partido, tal tipo de personas que provienen de las corporaciones obtienen la nominación para una candidatura a un puesto de elección popular por asignación directa.

En el régimen político del México actual, las nominaciones por asignación directa se hacen principalmente en las listas de los diputados y senadores plurinominales, y es, precisamente, en estas listas, donde es frecuente encontrar a legisladores que provienen de corporaciones sindicales o patronales o bien, ligados a intereses económicos como el famoso grupo parlamentario de la telebancada. Las asignaciones directas de los candidatos al Congreso de la Unión por la vía plurinominal, a menudo son cedidas a los jefes del partido que ya cuentan con una larga trayectoria legislativa, puesto que, se les considera como un recurso indispensable para los partidos debido a que así se aseguran de que en nombre del partido se haga un buen desempeño legislativo, en contraste con los legisladores que hayan sido elegidos por su indiscutible liderazgo popular en sus distritos, pero, vistos como neófitos en las cuestiones legislativas. O muchas veces ocurre lo contrario, es decir, legisladores que se han destacado por su liderazgo político durante las campañas electorales y que están resueltos a impulsar una determinada agenda legislativa, terminan por ser opacados en el Congreso de la Unión por los jefes de partido que han llegado al Congreso mediante el sistema mixto de representación proporcional.

De cualquier manera, en los casos que los altos funcionarios de los partidos toman en consideración a auténticos líderes políticos para nominarlos como candidatos a puestos de elección popular, lo hacen esperando haber escogido a un líder político con la suficiente popularidad entre la ciudadanía que les garantice votos, y, por consiguiente, escaños parlamentarios o puestos administrativos en el gobierno. Pero aunado a estas ventajas materiales para el partido de las que resultan por adherirse a un líder con un indiscutible magnetismo carismático popular, existe el riesgo que los líderes políticos se independicen de los

altos funcionarios del partido de tal modo que lleguen a entrar en conflictos con ellos puesto

que aprovechan de su ascendencia sobre las masas para presionar al partido para que tome una dirección política determinada. Tal fue el caso de la ruptura de AMLO con el PRD después de las elecciones presidenciales del 2012 al fracasar su intento de influir en la cúpula del partido para que no se comprometiera a firmar el Pacto por México lo cual derivaría en la aprobación de las inminentes reformas estructurales poco después de la toma del poder por el expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Por consiguiente, en contraste con la función dirigente de las empresas, la toma de decisiones de un líder político no se puede estandarizar por más que abunden cursos de mercadotecnia política orientadas a ello. Ahí, lo que se busca es adiestrar a los políticos en cuidar su imagen pública mediante una cuidada retórica que sepa encontrar el balance perfecto en cuanto lo que se va a decir y en cómo decirlo en los medios de comunicación de masas y ante audiencias determinadas de acuerdo con las circunstancias políticas que prevalezcan en el momento. Si bien tal conocimiento puede resultar de mucha utilidad para un político inexperto que busca obtener el respaldo popular, en última instancia, el auténtico liderazgo político es engendrado en las creencias profundas que por parte de los seguidores sostienen sobre las capacidades y los méritos extraordinarios que posee su líder. Pero esto no significa que en cada competencia electoral sean elegidos líderes políticos excepcionales sino más bien ocurre por término medio lo contrario: en promedio, son elegidos los políticos con menos dotes extraordinarias puesto que un político de gran envergadura surge en intervalos muy dilatados de tiempo. Por lo tanto, la mayoría de los líderes políticos electos son líderes que poseen -sobre todo los que van al Congreso de la Unión-, en el mejor de los casos, un modesto caudal de conocimientos políticos o de plano son líderes políticos mediocres. Por ello, los ciudadanos que basan la elección de sus representantes en una decisión que ha cotejado los pros y los contras de cada candidato, frecuentemente, se dan cuenta que, entre las opciones disponibles, tienen que escoger al mal menor, al líder político que presenta un programa de gobierno, que, si bien no se caracteriza por su “brillantez política”, por lo menos, juzgan que no representa un peligro para la estabilidad

política y económica.

En resumen, la democracia “en movimiento” supone la elección de líderes políticos capacitados para ejercer con responsabilidad los puestos de gobierno o parlamentarios, pero, como hemos visto, muchos factores pueden incidir para impedirlo. La lucha política que tiene lugar durante las contiendas electorales puede prestarse a muchos abusos que a menudo desembocan en escándalos políticos. Que la lucha desencarnada entre los candidatos durante las campañas electorales sea el sello distintivo de la democracia moderna, adquiere mayor relevancia con el uso de las redes sociales en internet debido a la instantánea difusión masiva de las noticias políticas o de los denominados fake news. Y, de hecho, en la actualidad ningún político profesional que aspire a convertirse en líder puede prescindir de tener una vívida presencia en las redes sociales. De cualquier modo, aún y a pesar del grado de digitalización de la democracia moderna, el proceso de selección de líderes políticos en las contiendas electorales enfrenta el dilema de que sean encumbrados al poder simples oradores políticos que no posean ningún carácter o capacidad política; o bien, que los intereses de los poderes de facto que respaldan y estén a disposición de un político profesional inepto “inclinen” la balanza a su favor; o bien, que los discursos demagógicos del político que apelen al sentimentalismo popular y se autoproclamen en abanderar lo que consideran como “intereses verdaderos del pueblo”

encumbren a líderes políticos irresponsables.

CONCLUSIONES

l tipo-ideal del líder político responsable que esbozamos más arriba puede contener cualidades contradictorias. Recordemos algunos elementos. Debe de tener fuerza de atracción popular basado en su carisma para ganar las elecciones dentro de un sistema electoral equitativo y universal. Aunque como consecuencia del carisma del líder se propicia la concentración del poder en sus manos, esto no es contraproducente, porque, en cierto modo, ofrece dos ventajas. Primero, los líderes frecuentemente adoptan las decisiones políticas importantes y, debido a su autoridad popular sobre la ciudadanía, en segundo lugar, pueden mantener a margen las

tendencias de la burocratización en los partidos políticos y en las instituciones gubernamentales.

Pero el líder muchas veces cae en la demagogia basada en las emociones de la ciudadanía y esto mismo puede resultar peligroso puesto que artificialmente, el líder se empodera asimismo para ejercer el poder autoritariamente como sucedió en los casos de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Por estas razones resulta importante que el Congreso de la Unión trabaje con independencia respecto a los partidos políticos y de instituciones gubernamentales para poder ponerle un freno a las tendencias dictatoriales del líder político. Además, se necesita de un parlamento activo para transparentar la administración pública y mantener el imperio del derecho por encima de intereses facciosos. Así pues, el parlamento proporciona un ambiente de orden para que los líderes políticos que previamente han ganado las elecciones para convertirse en legisladores puedan “probar” su responsabilidad y madurez política en el parlamento. Con ello, se espera que complemente su liderazgo nacido de la lucha por el poder en las contiendas electorales con un trabajo intenso en las comisiones parlamentarias. Solo así las victorias en las urnas electorales se podrán traducir en un trabajo legislativo eficaz y en una continua supervisión parlamentaria de la burocracia gubernamental y del poder ejecutivo.

Sin embargo, hay que admitir que la mayoría de los legisladores que llegan al Congreso son líderes políticos de poca monta -levanta dedos- con un escaso interés en salirse de los márgenes de acción impuestos por los partidos en el Congreso. Más aún cuando las cúpulas partidistas han contraído previos compromisos a la aprobación de importantes iniciativas presidenciales como lo ejemplifica el rescate bancario del Fobaproa o las reformas estructurales consideradas en el Pacto por México. Se podría decir incluso, que aparentemente, la ausencia de conflictos parlamentarios durante la administración de Peña Nieto se debe a los efectos positivos de la disciplina partidista de los legisladores, porque sin ella, el Congreso no hubiera podido adjudicarse los éxitos legislativos que implicaban modificaciones de importantes artículos de la constitución mexicana como la reforma energética, educativa, laboral, entre otras; a pesar de las movilizaciones populares en contra de su aprobación.

En ese sentido, para el gobierno federal y los políticos que firmaron el Pacto por México, el hecho que hayan disminuido ostensiblemente los conflictos en el Congreso es una muestra de las ventajas indudables de la concertación política entre las distintas facciones partidistas y un

camino esencial para la madurez política de los legisladores. No obstante, las reformas estructurales y las legislaciones aprobadas carecen de aceptación popular y los escándalos de corrupción federal como la estafa maestra en Sedesol han develado la complaciente ignorancia de los partidos en el Congreso de la Unión sobre la marcha de los asuntos gubernamentales de la federación. Por consiguiente, la ausencia de los conflictos parlamentarios más que ser una muestra de las capacidades políticas de los legisladores es ante todo un indicador de la rigidez de los partidos políticos en el Congreso, orientados, como se aprecia con los escándalos de los moches, en salvaguardar sus prebendas oficiales. Sin embargo, la formación de líderes políticos con acrecentadas capacidades políticas, independientes, en el Congreso, no se resolvería con la derogación del principio de la no reelección inmediata de los legisladores mientras ellos no se sumerjan a fondo en la administración federal por medio de una intensa actividad en las comisiones parlamentarias. Esto es porque las comisiones son las instancias donde los legisladores se pueden permitir informarse y exhibir públicamente el desenvolvimiento de la implementación de las políticas públicas por la burocracia gubernamental, así como son las instancias facultadas en llamar a los altos funcionarios a rendir cuentas sobre la realidad de su administración. De llegar a prevalecer estas prácticas de inspección mediante las comisiones parlamentarias en los legisladores de todos los partidos políticos, aumentarían su madurez política independiente en el sentido de que los legisladores estarían lo suficientemente informados sobre la conducción real de las políticas generales asumidas en cada institución del estado mexicano para evitar que la burocracia tienda a usurpar las decisiones políticas que se

vayan a necesitar tomar y convertirlas en simple problemas administrativos.

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