Introducción

El feminismo académico anglosajón, afirma Marta Lamas, impulsa el uso de la categoría género (gender) en los años setenta, con la intención de diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología. En este sentido, su objetivo se convierte en político: “distinguir que las características humanas consideradas ‘femeninas’ eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse ‘naturalmente’ de su sexo” (Lamas, 2003, p. 327). El ingreso de este debate teórico en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer -creada en 1947- de las Naciones Unidas conlleva para 1967 la elaboración de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer que ratifica la Convención de 1979. En los años setenta, este organismo internacional inaugura las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, crea el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). La búsqueda de la igualdad de género y del empoderamiento femenino en el plano internacional impulsa la creación de un espacio propio, ONU MUJERES, en 2010.

El enfoque a través del concepto de género propone indagar cerca de los procesos de legitimación que indican a mujeres y varones tanto por qué deben realizar ciertas acciones -es decir, cumplir ciertos roles, ocupar determinados espacios y no otros- como también comprender los argumentos que, fundados en universos simbólicos, les señalan por qué las cosas son de esta manera en un tiempo y espacio determinados (Scott, 2011). De esta forma, se establece que:

La importancia del concepto de género queda señalada por el hecho de que la visión del mundo se organiza según las diferencias biológicas en relación con la reproducción y la producción. El sexo se esgrime como un elemento legitimador de relaciones sociales; relaciones entre los géneros en el ámbito político y económico. Masculino y femenino son, en suma, conceptos relacionados con las normas del orden social, del ejercicio del poder, de la distribución de la riqueza (Ramos Escandón, 1997, pp. 22-23).

En los últimos años, los análisis de la realidad agraria argentina se han enriquecido mediante la inclusión de una perspectiva de género. Los resultados de distintos programas dependientes de agencias nacionales y provinciales responsables del sector revelan las diversas situaciones que atraviesan las mujeres rurales en las distintas regiones del país. Algunas de estas políticas intentan revertir la invisibilidad de las mujeres ligada a una tradición, a un discurso de género que posiciona a los varones como jefes de la unidad de producción, al mismo tiempo que reproduce la división sexual del trabajo, subordinando el trabajo femenino. Esta histórica asignación de tareas provoca, entre otras cosas, la responsabilidad exclusiva del cuidado, la diferencia en el acceso a los recursos naturales y económicos y excluye a las mujeres del acceso a la renta monetaria, de la gestión de las actividades productivas y de los espacios públicos de decisión. Traza una frontera invisible –y muchas veces infranqueable- entre los géneros.

En este marco, la propuesta de este artículo es describir y analizar históricamente las formas en que se expresa la desigualdad de género en la formulación de las políticas públicas; especialmente aquellas que tienen como principales destinatarias a las mujeres rurales. Se realizará una revisión crítica de las diversas iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura de la Nación (1915-1946: Hogar agrícola), por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956-1980: Hogar Rural) y finalmente, las desarrolladas por la Unidad para el Cambio Rural (2009-2014: Programa Regional Género-Mercosur). La discontinuidad del período en cuestión está signada por el interés del propio Estado Nacional de intervenir sobre la situación de las mujeres rurales. Realizar un balance comparativo de las propuestas estatales y su conjugación con los modelos de género y desarrollo vigentes en las políticas agrarias durante cien años es objetivo principal de este estudio.

Género, desigualdades y políticas públicas

El género es un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores e identidades que las sociedades construyen en torno a la diferencia biológica entre hombres y mujeres (De Barbieri, 1993; Lamas, 2003; Ramos Escandón, 1997; Scott, 2011, entre otras). Organiza las relaciones entre lo femenino y lo masculino y lo hace -por lo general- de manera jerárquica y desigual. Su finalidad es asegurar la reproducción social y la reproducción de la especie, objetivo que implica la subordinación de las mujeres (Meillasoux, 2009). Como construcción social, el género constituye tanto una realidad objetiva como subjetiva, es un orden social que se impone a los individuos, hombres y mujeres. A su vez, esos hombres y mujeres como actores sociales, recrean esos significados que les proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura a través de sus experiencias, su reflexividad, sus intercambios intersubjetivos y su participación institucional y social (Valle Rodríguez y Bueno Sánchez, 2006, p.9).

De acuerdo a Cabral (1999), las desigualdades fundadas en la diferenciación sexual se construyen, se mantienen y reproducen social, cultural e históricamente. Bajo su apariencia de hechos naturales, universales, absolutos, se constituyen (y perduran) como un destino ligado a la “condición” de ser mujer u hombre. De esta manera, se comprenden las formas en que el género afecta transversalmente los hechos sociales -especialmente la articulación entre población y desarrollo- y estructura la desigualdad. Su institucionalización y legitimación se expresa particularmente en la formulación de políticas públicas.[1]

Comprendida como una cuestión socialmente problematizada, en los últimos años puede apreciarse el:

(…) esfuerzo sostenido y creciente por incorporar la perspectiva de género en todo lo concerniente a las políticas públicas y sociales (…) implica que los responsables de su definición, diseño, implementación y seguimiento asuman el compromiso de superar las desigualdades de género y tomar en cuenta de manera sistemática los efectos diferenciados que ejercen las acciones de cada sector en mujeres y hombres (Valle Rodríguez y Bueno Sánchez, 2006, p.2).

Estas preocupaciones –por la adopción de medidas concretas que construyan equidad- no están presentes a mediados del siglo XX (ni son reconocidas) en las formulaciones históricas de políticas públicas en Argentina.[2]

Pensar que la estructuración de género atraviesa las políticas agrarias (especialmente aquellas dirigidas a las mujeres) exige recordar los enfoques o modelos de desarrollo a los que corresponden. En este trabajo se analizan tres iniciativas del Estado Nacional cuyas principales destinatarias son las mujeres: los cursos del Hogar agrícola (Ministerio de Agricultura de la Nación, 1915-1946), Clubes del Hogar Rural (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 1956-1980) y las actividades impulsadas por el Programa Regional Género-Mercosur (Unidad para el Cambio Rural, 2009-2014). En cada caso, la formulación de la política se resuelve en la Capital nacional[3] y se asume desde la misma universalización determinados presupuestos de género que van desde la denominada Neutralidad de Género(León, 2006) a los enfoques conocidos como Mujer en el Desarrollo (MED) y Género y Desarrollo (GyD) (Rahgerber, 1990). En este sentido puede pensarse estas políticas enlazadas históricamente con la promoción del crecimiento económico argentino y en una interrelación entre la brecha de género –que proponen, sostienen o cuestionan- y la brecha rural-urbana a lo largo del siglo XX e inicios del XXI.

Sintéticamente, la idea de neutralidad se sostiene en la idea de familia nuclear. En este esquema, “una unidad familiar vive separada de sus familias de origen, se compone del matrimonio… y de los hijos/as, todos formando una unidad cohesionada por lazos primarios emocionales de amor y cariño” (León, 2006, p. 46). Este esquema adopta al hogar como una unidad no diferenciada de producción y consumo y presupone que el altruismo supera las formas de desigualdad, especialmente la de la distribución de los ingresos. Su traspaso al mundo rural se da sin contemplar la heterogeneidad de la realidad social del agro nacional y se sostiene sobre la teoría de los roles: “aceptan el orden social que establece quién hace qué y cómo se organizan las jerarquías de los actores con roles supuestamente complementarios” (León, 2006, p.46).

El paradigma MED surge ligado a las teorías de modernización de los años de 1950-70 y desarrollo como lento proceso de progreso, que enfatizan en la expansión de los sistemas de educación para mejorar la calidad de vida (salarios, salud). La MED no cuestiona las estructuras sociales vigentes sino que se enfoca en “integrar” a las mujeres en las iniciativas de desarrollo (con soluciones de mejoramiento tecnológico para “reducir el trabajo recargado de la mujer”). Así, se dirige a “apuntalar” los aspectos productivos del trabajo de las mujeres, ignorando el lado reproductivo de sus vidas, mientras se presupone que el acceso a recursos monetarios es el incentivo suficiente para sumarlas a la actividad (Rahgerber, 1990).

La perspectiva de GyD surge en los años 80 como una alternativa a la de MED. Como enfoque holístico se interesa en la construcción social del género y la asignación de roles, responsabilidades y expectativas específicas para varones y mujeres. Analiza la contribución femenina al trabajo dentro y fuera del hogar, rechaza la división público-privado y responsabiliza al Estado de la promoción de la participación política de las mujeres. Esta perspectiva concibe a las mujeres como agentes de cambio.

Desde estos presupuestos teóricos y a partir del análisis de fuentes diversas (documentos y publicaciones de las reparticiones) se abordan las propuestas para las mujeres rurales argentinas en los últimos cien años.

Las mujeres rurales y el Ministerio de Agricultura de la Nación (1915-1946)

La Dirección de Enseñanza Agrícola del MAN comienza su labor educativa a principios del siglo XX. A partir de 1914 el abogado e Ing. Agr. Tomás Amadeo será uno de los inspiradores de la creación de los cursosdel Hogar Agrícola dirigidos a las pobladoras de la campaña (Gutiérrez, 2007). Desde esta misma agencia estatal, iniciará una encuesta en todo el país, a través de las oficinas regionales, para conocer las características de los hogares rurales en cada ambiente. Coinciden las respuestas en apuntar la necesidad y urgencia de establecer esta forma especial de educación e instrucción elemental para las mujeres e hijas de los agricultores, por razones de orden social, económico y moral. Advierten, además que las categorías de los hogares son tan variadas como las nacionalidades de las familias que las componen, de acuerdo al tipo de actividad agraria y la forma de locación de la tierra. Con raras excepciones, todos adolecen de deficientes condiciones de construcción y dotación (Echavarría, 1919).

La fundación en 1915 de la Escuela Hogar Agrícola Ramón Santamarina en Tandil, institución que formará maestras rurales para difundir prácticas relacionadas “con la granja” (arboricultura, horticultura, lechería, cría e industria del cerdo, avicultura, agricultura general y especial, higiene rural y economía doméstica) es también fruto de la iniciativa de Amadeo. Quince docentes del interior del país son becadas para obtener el título de “Maestras del Hogar Agrícola”, egresando en 1917.[4]

También en 1915, el agrónomo regional platense Sebastián Godoy, señala la necesidad de subdividir los latifundios para crear “el bien raíz”, el dominio o la propiedad de la tierra que se cultiva. El objetivo es que la granja se constituya en una industria extractiva y transformadora y se conseguirá “una vez que se haya incrustado en el cerebro, de hombres y mujeres, la verdad axiomática: es posible que una familia halle los recursos, las fuentes de su bienestar, en una extensión de 50, 20, 10, 5, hasta en una hectárea, según la zona, región donde se ubique, cómo la cultive…” (Godoy, 1915, p. 16)[5].

El cooperativismo y el crédito serían fundamentales para apoyar la difusión granjera mientras se “forma al agricultor”, es decir, a la familia que trabaja íntegramente en la explotación. Es importante también la delimitación de las tareas para hombres, mujeres, jóvenes y niños desde las labores constructivas hasta la venta de los productos adecuados a las estaciones y mercados que se abastecen. El gobierno y administración de las granjas “descansan por igual sobre las dos cabezas principales, la del granjero y la de su esposa; donde cada acto de comercio, trabajo interno o externo, se anota prolija y diariamente” con el objeto de enseñar a los hijos y registrar las experiencias acumuladas en vistas de consultas futuras (Godoy, 1915, p.17. cursivas añadidas). Es necesario entonces, “plasmar un agricultor y una mujer que lo acompañe en todos los instantes de su vida; que comparta con él todas las horas de bonanza, todas las incertidumbres, dulcificadas con las sonrisas de los hijitos; ambos con suficiente fuerza para afrontar todas las adversidades y en persecución de una fortuna…” (Godoy, 1915, p. 27). En el ideal de producción granjera, la división de la chacra como un sistema de género es esencial y el énfasis está puesto en la definición pormenorizada de las expectativas centradas en las mujeres: en ellas se concentran virtudes (estoicismo, sacrificio, abnegación, cuidado altruista) asociadas a cierta “esencia femenina” y la maternidad, como misión central. La familia “se gobierna”, en una tensión entre igualdad y subordinación.[6]

En 1916, la Sección de Enseñanza Extensiva, a cargo de los agrónomos regionales, continúa la labor de difusión de conocimientos agrícolas, “…en beneficio de los adultos, las mujeres y los niños que por diversas circunstancias, no pueden aprovechar los cursos regulares de las escuelas agrícolas” (Marotta, 1916, p. 3). A través de cursos temporarios, cátedras ambulantes, servicios de informaciones y consultas, experiencias cooperativas, concursos y exposiciones y otros estímulos a las asociaciones y sindicatos agrícolas destinados a fomentar los intereses rurales, el Ministerio apoya la divulgación científica de temas que interesen a las diversas regiones del país. Las estaciones experimentales (creadas en 1908) sostienen este rol en la transferencia y acumulación de saberes técnicos y tecnológicos en una negociación constante con los agricultores y sus formas de trabajo arraigadas. Veinte agrónomos se encargan de atender las múltiples tareas de extensión; su distribución destaca la diversidad de intereses del MAN en relación a los desarrollos regionales: nueve se encuentran afincados en la región pampeana (cinco en la provincia de Buenos Aires), tres en el Noroeste (ninguno en Tucumán que ya cuenta con su propia Estación Experimental y Escuela de Agricultura)[7] y tres en el Nordeste.

Entre 1916 y 1929 se dictarían 64 cursos temporarios del Hogar agrícola, con un número de inscriptas que varía entre 26 y 35 alumnas por localidad. La distribución nacional de los cursos evidencia una singular –pero no sorprendente- concentración en la región pampeana, ligada a su importancia productiva y a la cercanía con la Capital que disminuía los costos totales para el Ministerio. Al mismo tiempo, puede observarse la labor de las egresadas-becarias de la Ex Escuela Santamarina en sus lugares de origen; así, una veintena de cursos temporarios son dictados en el Noroeste. Los seminarios se interrumpen entre 1932 y 1938, por motivos presupuestarios (MAN, 1947, p.3; Gutiérrez, 2007, p.116).

Estos discursos persisten y son revalorizados por el Estado intervencionista que, desde 1930, busca alternativas frente a las dificultades del modelo agroexportador, en tiempos de crisis socioeconómica. Al mismo tiempo, se intenta frenar el éxodo y el despoblamiento rural, apelando nuevamente al papel esencial de las mujeres en la radicación de las familias y la diversificación de la producción. Se busca contrarrestar el menosprecio de la educación femenina en el entorno familiar que se traduce, en una desvalorización de sus capacidades y en una sobrecarga de tareas, especialmente en el campo.

Desde las páginas de El agrónomo argentino, revista técnica de la FAA, la Sra. Guillermina U. de Bellomo afirma que “la mujer en nuestras chacras no sólo es la cocinera, lavandera, planchadora, costurera y enfermera, sino que también las [ha] visto manejando el arado tanto… en la llana campiña santafesina como en la calurosa y dura región chaqueña en los extensos cultivos algodoneros”. Asimismo, señala que “aquellos por quienes vela son los que menos agradecidos por su diario sacrificio se muestran, tratadas en “peores condiciones que bestias de carga, a quienes cuidan y engordan para que resistan mejor el rudo trabajo cotidiano” (FAA, 1930, p.30).

En 1939, a través del ciclo de audiciones radiales “La voz del Hogar Agrícola”, que difunde L.R. 6 Radio Mitre, el Ministro de Agricultura, Dr. Padilla, asevera que: “Las enseñanzas del hogar agrícola… le permitirán [a la mujer] desarrollar en la chacra la acción moral y material que a ella corresponde” (MAN, 1939, p. 95). Como en tiempos anteriores, se piensa la instrucción de las mujeres en función de otorgarles recursos para su “actuación como compañera y auxiliar del hombre en el hogar campesino” (Amadeo y Videla, 1940, p.99). En estos seminarios se acentúan los distintos trabajos que deben desarrollar las mujeres en los hogares rurales. Los programas construyen representaciones de esposas-amas de casa- madres que, a partir de las enseñanzas del MAN, contribuyen a “colaborar al éxito de las tareas de una explotación rural, a velar por el buen mantenimiento del hogar y la buena educación de los niños, en otros términos, a formar en el medio rural jóvenes vigorosas y fuertes de espíritu, verdaderas mujeres de campo” (MAN, 1939, p. 90)[8].

Al trabajo doméstico se le suman micro-emprendimientos productivos, que por ser realizados en las cercanías de los hogares –y por los miembros femeninos de éstos- son comprendidos como “deberes”, “ayuda”, “colaboración” pero rara vez como trabajo (en la acepción “productiva y remunerada” de este término). Aún así, el significado y el alcance del trabajo femenino en el campo es señalado por el Director de Enseñanza Agrícola, Ing. Aubone: “Esta campaña [la difusión práctica y radial del Hogar Agrícola] tiende en su esencia a dar una mayor capacidad a las hijas y a las mujeres de nuestros agricultores, frente a su tarea múltiple, compleja y fundamental en la dirección del Hogar campesino, donde no sólo debe ser esposa, madre y educadora de sus hijos, sino que debe encargarse también de la alimentación, la vestimenta, el cuidado del mobiliario, la crianza de aves, la atención de la huerta y demás menesteres de la granja. Esa misión tan pesada como necesaria, es digna de todo estímulo y de toda ayuda por parte del Ministerio de Agricultura, pues en el hogar campesino está la grandeza de la economía nacional” (MAN, 1939, p. 15).[9]

Entre 1929 y 1946 se dictan 27 cursos temporarios y nuevamente, la mayoría se realizan en localidades de la región pampeana (56,4%). Doce corresponden a la provincia de Buenos Aires. En los años ‘40, la División del Hogar Agrícola se desempeña como espacio dependiente de la Dirección de Enseñanza extensiva. Amelia Ponce de León, ingeniera agrónoma, dirige esta sección. Desde 1944, la acción iniciada por los cursos temporarios es complementada por la fundación de un Club organizado sobre la base social y mutualista, apoyado y/o financiado por el vecindario o municipalidad (MAN, 1947, p.16).

A diferencia de años anteriores, sólo tres cursos extensivos del hogar agrícola se ofrecen en el NOA: dos en Salta (Rosario de la Frontera, 1944; Cafayate, 1945) y uno en Lules, Tucumán. Este último, comienza en el mes de agosto de 1946 y cuenta con 70 alumnas inscriptas, funcionando en un local cedido gratuitamente por el asesor de Enseñanza agrícola, Ing. Agr. Roberto Posse (MAN, 1946, pp. 59-60). En 1947, se dictan tres cursos en provincias pampeanas: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires dejando establecidos clubes del hogar agrícola en cada localidad de recepción (Gutiérrez, 2007, pp. 226-227).[10]

La Revista M.A.N, publicación oficial del Ministerio, reforzaría estos postulados durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Con motivo de la creación del Instituto Superior de Profesoras Agrícolas de Bolívar (Bs. As.) –luego llamado “Ing. Agr. Doctor Tomás Amadeo”- se señalarán idénticos objetivos respecto de la educación femenina rural. Entonces, estos cursos de formación docente complementan la labor puramente científica y de fomento de la producción de esta agencia estatal, consolidando la elevación del nivel cultural, económico y social de la vida campesina (MAN, 1945). Las profesoras del Hogar Agrícola recibirán como misión enseñar a las mujeres del campo para que “…pueda[n] adquirir el bagaje de conocimientos necesarios para que se constituya[n] en un nuevo factor de progreso y estabilidad en el agro.” (Revista MAN, 1948, s/p).[11] Las egresadas se convertirán en profesoras y visitadoras, combinando demostraciones prácticas de industrias granjeras, higiene, cultura general, etc. en los hogares chacareros y asistencia social.

La Ing. Agr. Haydeé Bidigorri dirige el establecimiento por varios años. Las alumnas inscriptas en 1948 -28 en total- proceden en su mayoría de la misma provincia de Buenos Aires (15 más 2 de la Capital Federal). Entre las provenientes del interior del país, en general, becadas por sus provincias, Santa Fe y Córdoba completan el elenco pampeano con una profesora en formación por provincia. Es significativo señalar que se suman a este emprendimiento educativo siete aspirantes nordestinas (tres chaqueñas y cuatro correntinas), cuando en los proyectos anteriores habían estado ausentes.

En las Colonias dependientes del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense (desde su creación en 1949) también funcionan Cursos temporarios del Hogar Agrícola. Por ejemplo, en la Colonia Justicialista Eva Perón (partido de General Belgrano, Buenos Aires) son dictados maestras y técnicos del Ministerio en los chalets que pertenecieran al casco de la antigua Estancia Santa Narcisa, expropiada por decreto del gobernador Domingo Mercante. Muchas de las mujeres de esta Colonia aprenden allí cocina, bordado, corte y confección, tejido, telares, curtido de pieles, industrias de granja, entre otras materias. Al finalizar los mismos, se realiza una exposición y ágape para las asistentes, docentes y familiares (Gutiérrez, 2007, pp. 166-167).[12]

Los cursos del Hogar Agrícola seguirán siendo difundidos por La Chacra en 1956, así como su labor educativa con mujeres rurales que “…llevan a la familia, la célula viva del progreso de la patria, conocimientos útiles para el feliz desempeño de las tareas diarias. Mejoran las exigencias y los esfuerzos de la gente de campo, que tanto representan a la riqueza nacional” (La Chacra, 1956, p.190).

En consonancia con la tendencia internacional anterior a la década de los setenta y con los planteos acerca de la neutralidad de género, el programa de Hogar agrícola –pensado como política agraria- considera entre 1915 y 1946 las necesidades, demandas o intereses de las mujeres rurales destacando su función reproductora, es decir, ciñéndolas a las labores de madres y amas de casa, no cuestionando su posición desigual en los hogares. En este sentido, concibe a sus destinatarias como receptoras necesitadas y pasivas; el auxilio estatal les brindará la instrucción necesaria para el mejoramiento de sus hogares, del que son consideradas sustento moral (y material, aunque no valorado). Si apuntamos a las prácticas que fomenta, anticipa el enfoque MED, otorgándoles a las mujeres habilidades para obtener ingresos “extra”, reafirmando su rol “colaborador” en la economía doméstica. Desde el punto de vista institucional, el programa instituye la división sexual del trabajo en la Enseñanza Extensiva en tanto las encargadas de este tipo de educación serán ingenieras agrónomas (de Arce, 2017).

Las mujeres rurales y el INTA (1956-1980)

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria creado en 1956 (Decreto Ley 21.680) tiene como objetivos “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con el beneficio de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”, acorde con las ideas de tecnificación, mecanización y aumento de la productividad cepalinas (INTA, 1959, p.25; 1996, p.29, 34).[13] Su puesta en marcha se hace efectiva con la transferencia de numerosos servicios (y sus bienes) pertenecieran a la órbita del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Entre ellos: la Dirección General de Investigaciones Agrícolas, Dirección General de Investigaciones Ganaderas, Dirección General de Fomento Agrícola, Dirección de Agronomías Regionales, Dirección de Cultivos especiales, Dirección de producción de granos y forrajes (INTA, 1959).

El Ministerio retiene las funciones de inscripción, certificación y fiscalización con la idea de evitar la desconfianza de los agricultores para con los extensionistas. El trabajo de extensión agropecuaria, central en las políticas del Instituto, pretende acortar la distancia entre los productores y el Estado y se realiza “a través de la asistencia educacional técnica y cultural de los productores rurales y de sus familias, lo que repercutiría en el desarrollo de sus comunidades” (INTA, 1959, s/p.). Estas labores continuarán en manos de los y las ingenieras agrónomas, que deberán especializarse para cumplirlas.

La investigación y extensión agropecuaria se convierten en pilares del accionar del Instituto. Norberto A. Reichart tiene a su cargo la organización del Sistema de Extensión (Reichart, 1971, 1982). Este se basaría en un sistema de principios (“Filosofía de Extensión”) que avanzan sobre las deficiencias las AR. Este sistema implica:

1. Desarrollar a las personas antes que a las cosas.

2. Instruir o enseñar a la gente más que materias o cosas.

3. Cultivar la mente haciéndola receptiva al cambio.

4. Ayudar a ayudarse a sí mismo y brindar oportunidades de participación.

5. Mejorar el nivel de vida de la familia rural y fomentar el bienestar de la comunidad rural.

6. Tener como fin al hombre y a la tecnología como instrumento.

Comprende, en este sentido, a la Extensión como “una función educativa que responde a un método de enseñanza y aprendizaje (y)… los extensionistas deben organizar a la comunidad en que les toca actuar para promover un cambio de actitud a favor de la adopción del progreso tecnológico” (INTA, 1996, p. 92-93). Las metodologías aplicadas a la Extensión sostienen que los técnicos deben establecer contactos individuales, grupales, realizar comunicaciones masivas (publicidad, informes con medios gráficos, radiales) e informarse- informar a través de productores referentes o líderes locales. De esta manera, las acciones de extensión agropecuaria del INTA deberían integrar y complementar la función técnica con la acción social.

Como en tiempos anteriores, la percepción del hogar rural como una unidad de carácter agrícologanadera y a la comunidad rural como un agrupamiento social, natural y político, lleva la Extensión a trabajar con las familias y las mujeres rurales, esposas e hijos de los productores apuntando a su formación en el manejo y administración ahorro, higiene, salubridad y alimentación del hogar; y educación agraria de la juventud (INTA, 1996, p. 97).

Entre los cambios propuestos para el Sistema de Extensión, Reichart –Director Nacional Asistente de Extensión y Fomento Agrícola del INTA- destaca la importancia fundamental de complementar los aspectos técnico-agropecuarios con aquellos dirigidos a incidir directamente en el desarrollo integral del productor y su familia (INTA, 1996, pp.102-103, 120-121). En este sentido, presta especial atención al trabajo con las mujeres y los jóvenes rurales. Bajo su auspicio, “se establecen las primeras agronomías piloto que comprenden la economía del hogar, alimentación y primeros auxilios, y se designan las primeras agrónomas, o sea funciones regionales a cargo de mujeres; se crea la División de Clubes Femeninos y del Hogar Rural” (Scoppa, 2014, s/p).

En la división por género del Extensionismo del INTA, serán las asesoras del Hogar Rural las que se ocupen de la asistencia social y cultural de las mujeres y de los jóvenes. Su objetivo es formar en la campaña Clubes del Hogar Rural: “grupos voluntarios de mujeres de 18 años o más, que se reúnen mensualmente para tratar de mejorar su hogar campesino, mediante un plan de trabajo que desarrollan en su propia casa” (INTA, 1958, 1959, pp. 50-51). Las asesoras juegan un rol muy importante en la movilización y asociación femenina que precede a la creación de los Clubes del Hogar rural; su participación está estrictamente pautada para que la comunidad se convierta en protagonista de la gestión (INTA, 1962). En 1959, funcionan 40 clubes, con 677 socias en todo el país. Hacia 1972, el número de clubes asciende a 622 y cuentan con 10.600 asociadas (Mecozzi, 2019). Como en los años treinta, el arraigo y bienestar de las familias es responsabilidad de las mujeres, quienes deben ser instruidas para lograr que desarrollen “orgullo por vivir en el campo” propendiendo al desarrollo del espíritu de comunidad. Para Reichart (1962), “la unidad familiar representa la fuerza más significativa para la estabilidad y el arraigo del hombre de campo, y única capaz de hacer el trabajo de la tierra una tradición y un culto, en oposición a la agricultura como negocio” (s/p).

La invitación a formar parte de los Clubes se basa en las aptitudes domésticas de las mujeres. Así, en los folletos se invita a “amas de casa con inquietudes por el hogar y a jóvenes que tengan interés por ser buenas amas de casa” (en el futuro) (INTA, 1966). En sus Estatutos establece la necesidad de integrar a las mujeres al desarrollo del país a través de su capacitación en actividades comunitarias y para la familia (INTA, 1970). Así, se confirma la vigencia de la construcción de roles propuesta por la mirada del enfoque MED: las reuniones con las técnicas del INTA y las vecinas proponen ayuda para mejorar el hogar (ahorro de tiempo, dinero y energía, modernizándolo), un espacio de socialización y diálogo y de conocimiento de los problemas de las zonas rurales. La divulgación de las actividades a través de folletos ilustrativos es una constante del programa. Intentan explicar – con lenguaje sencillo- la tecnificación del agro argentino, el lugar del organismo en su promoción y también la responsabilidad que considera les concierne a las mujeres en la “sociedad moderna”. Ser parte del desarrollo requiere capacitarse técnicamente en un Club Hogar Rural: “adquirir nuevos conocimientos para producir, consumir y conservar en la propia chacra, introducir mejoras en el hogar, favorecer el estrechamiento de vínculos espirituales y amistosos con otras familias, colaborar con la comunidad, ampliar los conocimientos sobre labores, electrificación, decoración del hogar, mejoramiento sanitario de la vivienda, etc. y conocer la importancia del trabajo cooperativo” (INTA, 1970, s/p). Su misión en el desarrollo es, entonces, “integrar hogares arraigados y felices, HOGARES de los hombres de campo… HOGARES como sostén y célula de la nación” (INTA, 1970, s/p). De esta manera, estas prácticas se insertan en la perspectiva de Desarrollo de la comunidad que se arraiga en esta agencia local en base a propuestas de organismos internacionales (de Arce y Salomón, 2018). Al mismo tiempo remiten a la tradicional –y desigual- distribución y valoración del trabajo rural femenino como apoyo, colaboración altruista para con sus esposos (hermanos, padres) y familia.

La UCAR y el empoderamiento de las mujeres (2009-2014)

En las últimas tres décadas, las transformaciones productivas generan tensiones entre la gestión del territorio y la estructura social agraria. Conviven formas de agricultura y ganadería contrastantes: por un lado, un sector altamente financiado, con procesos productivos estandarizados, a gran escala, con alto nivel de equipamiento e insumos, que contrata mano de obra asalariada directa o indirectamente. Por otro, las agriculturas familiares, con cada vez menos presencia en el territorio, con mano de obra mayoritariamente familiar, con producción diversificada y de pequeña escala, comercializada local o regionalmente o para auto-consumo, bajo nivel de equipamiento y escasa utilización de insumos (semillas, agroquímicos). En estas condiciones, se afirma que las familias rurales ensayan múltiples estrategias de adaptación frente a la complejidad e incertidumbre (Gasselin, Cloquell y Mosciaro, 2013).[14] La organización de la producción, la toma de decisiones en las explotaciones, los cambios residenciales evidencian -ya en la década de 1990- las formas en que las transformaciones del modelo productivo atraviesan la agricultura familiar y la división por género del trabajo rural. En este sentido, la persistencia de estas unidades enfrentará la circulación del capital financiero en el área agrícola, la disminución de las asociaciones que defienden la pequeña producción y la pérdida de las políticas destinadas al sector (Cloquell, 2013).

En 2008, la creación de la Subsecretaría de Desarrollo y Agricultura Familiar[15] responde tanto a la demanda de las organizaciones de productores nucleados en el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF) como a los postulados del Desarrollo Territorial Rural presente en las propuestas de los organismos internacionales.[16] Es recién en este contexto, que el desafío de incluir la perspectiva de género en las políticas públicas atraviesa todo el proceso de la gestión gubernamental.

La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) ejerce, desde el 2009, la coordinación de todos los programas y proyectos cofinanciados con recursos externos ejecutados en la jurisdicción del Ministerio de Agroindustria.[17] Cubren amplios perfiles de la inversión pública para el desarrollo, desde la infraestructura y los servicios necesarios para la producción a la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales de ambos sexos, pasando por el fortalecimiento de las instituciones rurales públicas o privadas y el incremento de la competitividad del sector agroindustrial.

Hasta 2014, el Área de Inclusión y Equidad Rural es responsable de la elaboración de las estrategias ambientales, socioculturales y de género. Son sus especialistas los encargados de supervisar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos ambientales y sociales acordados con los Organismos de Financiamiento Externo en la ejecución de los Programas y Proyectos de la UCAR.

Si bien la Subsecretaría de Desarrollo y Agricultura Familiar es el organismo nacional responsable de la coordinación de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF), la representación argentina en el GT de Género recae en la UCAR. Para coordinar los encuentros nacionales y regionales de discusión, negociación y actuación, que prevé el Programa Regional Género- MERCOSUR se designa a María del Carmen Quiroga como punto focal. Tanto la REAF como el Programa sostienen que las brechas de género en el acceso, uso y control de los recursos, como así también la participación en los espacios de decisión, permanecen aún en desventaja de las mujeres rurales ¿Cuáles son, entonces, los principales aspectos que dificultan o limitan el acceso de las mujeres rurales a la tierra, al crédito, a la asistencia técnica y a la comercialización?

Desde la formulación iniciada en 2006, se considera importante el acercamiento con: actores gubernamentales con competencias en el diseño, gestión e implementación de políticas, representantes de las organizaciones de la agricultura familiar y agricultoras familiares y trabajadoras rurales. Especialmente, el Programa considera relevante la participación de representantes de la Reunión de Ministras y Altas autoridades de la Mujer del Mercosur (RMAAM), en las reuniones nacionales y regionales.

El objetivo primordial de esta iniciativa es la coordinación y la planificación regional de políticas de igualdad de género, con el propósito de incentivar su incorporación efectiva en la agenda de la agricultura familiar de los países de la región. Un indicador del éxito del Programa sería la consolidación de la institucionalidad de género en los Ministerios de Agricultura o Desarrollo Agrario de la región.

En el marco del Programa y de acuerdo a los objetivos planteados, las siguientes actividades se realizan en Argentina organizadas por la UCAR:

Tabla 1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ARGENTINA
Fuente: elaboración propia en base a UCAR (2014b).

¿Qué indicadores demuestran el compromiso con la construcción de relaciones de género más igualitarias en los organismos y programas estatales de extensión rural? Las investigaciones que se presentan como base en este Programa de la UCAR reseñan las formas en que INTA y la Subsecretaría de Agricultura Familiar incorporan en principio el “trabajo con mujeres” (Clubes Hogar Rural, ya mencionados) para luego integrarse en el enfoque MED (Cowan Ros, 2011; UCAR, 2013). En los años noventa, la renovación del enfoque hacia los problemas de Género y Desarrollo busca mejorar la autoestima femenina y trabajar sobre la conciencia de ciudadanía y derechos. Intenta revertir la situación de subordinación de las mujeres y ampliar las oportunidades de acceso al control de recursos y toma de decisiones.

El interés del equipo ejecutor del Programa por la creación de un discurso “sensible” al género que tenga repercusión efectiva en las prácticas de los agentes estatales responsables de la extensión rural se manifiesta en la mayor cantidad de capacitaciones destinadas a los/as técnicos/as (Tabla 1) y en la elaboración de documentos destinados a tal fin. La guía práctica El desarrollo rural desde el enfoque de género se presenta como un instrumento orientador para el desempeño en el territorio, elaborado por los mismos equipos de trabajo (UCAR, 2014).

La articulación que se logra con otros dos programas de la UCAR que incorporan en su diseño la perspectiva de género, el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) y Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA)[18] potencia el despliegue de los objetivos del Programa Regional Género MERCOSUR. El financiamiento aportado por estos programas y el compromiso personal de sus coordinadores nacionales garantizan la realización de las actividades proyectadas. Aún así, se apunta el lento avance en la incorporación de la perspectiva de género tanto como la necesidad de seguir trabajando con los equipos técnicos provinciales. En este sentido, las técnicas responsables aseveran que el Programa logra “sentar bases”, proponer el tema como parte de la deliberación y prácticas cotidianas, tanto en las instituciones como en las interacciones que se entablan con las familias agricultoras.

Al mismo tiempo, las capacitaciones dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil (FoNAF, SACRA, Organización de Ferias Francas) consiguen instalar en las estructuras de estas asociaciones la importancia de la construcción de relaciones de género más igualitarias. A propósito es destacable la alta participación femenina en estas actividades que promueven el acceso más equitativo a los espacios de toma de decisiones y a las deliberaciones respecto los criterios diferenciales de distribución del crédito, comercialización y capacitaciones técnicas. Si bien en algunas reuniones participan varones, su ausencia es llamativa. Es similar la experiencia cuando se evalúan las formaciones dirigidas a las familias agricultoras, que se enfocan en producciones “feminizadas” en el mundo agrario, por ejemplo la producción de leche de cabra y derivados (Monzón, 2013).

Reflexiones finales

Teresita De Barbieri (1993) afirma que “el género es una forma de la desigualdad social, de las distancias y jerarquías que si bien tiene una dinámica propia, está articulado con otras formas de la desigualdad, distancias y jerarquías sociales” (p. 161). Así, la inclusión del enfoque de género en la agenda estatal demanda también un profundo cambio de mentalidad de los decidores de políticas y en los agentes implicados. Más difícil cuando se trata de reconocer y visibilizar las desiguales relaciones que, sustentadas en presupuestos de género, se entraman en las prácticas de la población rural. Este análisis procuró examinar las formas históricas en que lo concebido femenino y masculino fundamentaron la formulación de políticas públicas, especialmente aquellas dirigidas a las mujeres del agro nacional.

Señala Aguilar Villanueva que “el problema que una política quiere resolver implica y exige reconocer el entorno socioeconómico y cultural del que forma parte, por el que existe y está determinado, así como el proceso histórico del que es efecto y momento de su tendencia” (Aguilar Villanueva, 1992, p. 49). En este sentido, el papel central que se otorgó al crecimiento poblacional a inicios del siglo XX –cuando Alejandro Bunge denuncia la denatalidad como problema- recae en la exaltación de la capacidad dar vida de las mujeres. Son tiempos de maternalismo político (Nari, 2004) y de propiciar condiciones sanitarias adecuadas para esta reproducción y el cuidado de los hijos. Educar a las mujeres, mejorar sus condiciones de vida es comprometerlas con el bienestar comunitario (Tepichin Valle, 2010, p. 25). En este esquema de control social, las iniciativas destinadas a la elevación cultural de las mujeres rurales aseguran el arraigo familiar tanto como pretenden evitar el aumento de la conflictividad rural, cuando la expansión agraria se detiene y se avisora la crisis mundial.

Así, los programas de educación extensiva y de extensión agropecuaria constituyen una forma de acercamiento del Estado a las familias productoras. A inicios del siglo XX, en las agronomías regionales del MAN, los técnicos y técnicas se ocuparán de transmitir métodos y conocimientos tecnológicos para orientar el desarrollo rural. La labor de la Dirección de Extensión del MAN distingue, sin embargo, por género las políticas dirigidas a los pobladores del campo. Por lado, los agrónomos asesoran tecnológicamente a los varones, los forma en los establecimientos experimentales y en las escuelas agrarias. Negocian constantemente los saberes que trasmiten a los agricultores, adaptándose mediante estudios territoriales y gestión local de los problemas productivos y sociales. Los cursos temporarios y Clubes del Hogar Agrícola tendrán como beneficiarias a las mujeres: las agrónomas y docentes encontrarán aquí su lugar en esta repartición estatal. Su objetivo principal será elevar, a través de su instrucción práctica, la cultura y el bienestar de las familias. Desde un enfoque analítico, sus concepciones reproducen la subordinación de las mujeres, en tanto madres, esposas y amas de casa, impidiéndoles la reflexión y apropiación del producto de su trabajo.

Los cambios que anuncia la creación del INTA en la relación entre los agrónomos y los agricultores están vinculados con las nuevas perspectivas acerca de la extensión y la función social de las agronomías regionales. La capacitación –nacional, regional, internacional- de los agentes evidencia esta transformación de objetivos. Sin embargo, la supuesta modernización –urbana- de las relaciones de género no se traslada con tanto ímpetu a los espacios rurales. La división por género del Extensionismo pervive en el INTA y en la formulación, los Clubes Hogar Rural responden al enfoque MED cuya propuesta promueve el ingreso de las mujeres en diversas actividades productivas, sin problematizar las relaciones de poder que sustentan la división sexual del trabajo rural. En este sentido, reproducen la subordinación y sobrecargan su jornada laboral. Al tiempo que insisten en la exclusiva responsabilidad femenina sobre el cuidado, brindan la oportunidad de renovar los espacios de sociabilidad femeninos en las áreas rurales y potencian nuevos liderazgos.

Más de una década después de la suspensión del Asesoramiento técnico de Hogar Rural, la UCAR emprende el compromiso –derivado nuevamente de directivas internacionales- de proponer, monitorear, institucionalizar la perspectiva de género en las políticas agrarias. El Programa Género-Mercosur cuestiona las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres rurales e intenta modificar prácticas arraigadas en los organismos que trabajan con familias productoras. Destaca, desde el enfoque GyD, el trabajo de las mujeres como protagonistas del cambio rural, como articuladoras en sus territorios de múltiples necesidades y como responsables económicas de sus hogares. Más allá de su formulación enfrenta –muchas veces- el férreo arraigo de la estructuración de género tradicional (por roles atribuidos y asumidos) en los/as destinatarios/as y en los/as agentes estatales.

En el largo plazo, puede destacarse la situación relegada de las mujeres rurales a nivel nacional. La pervivencia de situaciones de desigualdad, la feminización de la pobreza rural y la intensidad creciente de las migraciones internas durante el siglo XX evidencia que pocas veces el Estado las interpela como responsables de las producciones agropecuarias que sustentan la economía nacional.

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Notas