Introducción

El término “agricultura familiar” (AF) se construyó en Argentina en el marco de la promoción de políticas públicas de desarrollo rural y procesos relacionados con demandas y acciones de productores. Se compone de una gran heterogeneidad social, por lo que atraviesa distintos intereses y definiciones, pero tiene como rasgo característico la mano de obra familiar en el proceso productivo. En este marco, tanto desde el ámbito académico como desde las organizaciones de AF y desde el Estado, se le adjudica un rol como sujeto de desarrollo rural, otorgándole mayor peso institucional.

Es así que en la última década se registran diversas formas de intervención y reformas estatales vinculadas al desarrollo rural y la AF. En este proceso emergieron y se consolidaron organizaciones de pequeños productores en torno a problemáticas estructurales como el acceso a la vivienda, la tierra y los recursos y reivindicaciones inmediatas, con sus respectivas modalidades de intervención.

En este marco analizaremos las estrategias socioespaciales de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones de la AF, que ha tomado gran visibilidad y crecimiento a nivel nacional y local en los últimos años. Nos enfocamos en el período 2015-2019 donde se observa una modificación en el rol que se le otorga a la AF y su definición en la política pública y nos centramos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) donde la organización ha tomado gran visibilidad y se destaca la agricultura periurbana que aporta a la producción de alimentos para consumo interno.

Partimos de la hipótesis de que los procesos organizativos de la UTT tienen injerencia en la producción del territorio, y que sus prácticas representan una respuesta a contextos considerados como adversos, cuestionando el modelo agroalimentario, y colocando a la organización como referente del sector.

Teniendo en cuenta eso, planteamos como objetivo identificar y analizar las estrategias socioespaciales de la UTT en la RMBA, y para ello nos focalizamos en el análisis de la refuncionalización y resignifación de espacios, las formas de protesta como apropiación del espacio, y la apertura de circuitos económicos alternativos de comercialización para disputar la escala de distribución de alimentos. Entendemos que en estas prácticas la espacialidad es un componente destacado en la lucha por alcanzar los objetivos de la organización, y que en ellas se ponen en juego sus experiencias y la relación con las estructuras de poder institucional. Utilizamos para nuestro análisis una metodología basada en fuentes primarias, a través de entrevistas a referentes y productores de la organización durante el 2019,[1] y también fuentes secundarias del tipo bibliográfica y cualitativa.

En el primer apartado acercamos algunas características de la AF en la RMBA, con particularidades relacionadas a los espacios periurbanos y las zonas de influencia de la organización seleccionada. Luego abordamos las políticas públicas destinadas a la AF y las transformaciones del período seleccionado. Avanzamos en antecedentes bibliográficos sobre movimientos sociales y acción colectiva con el objetivo de comprender y problematizar los procesos organizativos de la AF, así como el aporte del concepto de territorio en el análisis. A partir de esto, presentamos la UTT como organización de la AF y damos lugar al desarrollo de sus estrategias socioespaciales en la región. Por último, acercamos reflexiones en torno las estrategias de la organización, con el objetivo de contribuir al análisis de la acción colectiva de la AF en la producción del territorio y en su vínculo con la política pública.

Características de la AF en la RMBA

La RMBA está conformada por todo el AMBA y su zona de influencia, y se emplaza en el territorio periurbano [Figura 1]. Constituye en la actualidad una extensa conurbación polinuclear, cuyos espacios intermedios y periféricos se han ido urbanizando a gran veloci­dad debido a la intensidad de las comunicaciones (Barsky, 2010, p. 17).[2]

FIGURA 1
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) con territorios periurbanos de la CABA
INTA, 2018.

Como parte del periurbano, posee características vinculadas a la heterogeneidad de usos de suelo y la interacción entre dinámicas rurales y urbanas. En ese sentido, se define como un complejo territorial que contiene elementos de ambos sistemas, rural y urbano, donde, par­tiendo de los bordes de la ciudad, se registra una secuencia de intensividades decrecientes en el uso del suelo: de un periurbano denso “de contacto” a un periurbano cada vez más difuso y distante (Barsky, 2010, p. 16).

Esta particularidad da lugar a disputas por la apropiación de la tierra y conflictos por los usos del suelo, ya que confluyen quienes utilizan las tierras para la expansión urbana y quienes la consumen con fines productivos.

En la RMBA se identifica una consolidación de la AF, con un aumento de las unidades productivas (Cieza et. al, 2015) que tomó gran relevancia en los últimos años por ser foco de políticas públicas dirigidas a fortalecer su rol en la producción de alimentos.

En lo que refiere a las actividades agropecuarias hay una predominancia de explotaciones primario-intensivas con gran presencia de producciones familiares dedicadas a la actividad hortícola y con algunas particularidades de acuerdo con la zona del periurbano donde se localizan[3].

En la zona sur de la región se encuentra el Cinturón Hortícola Platense (CHP), el más importante del país, donde se concentra el grueso de la producción de alimentos que abastece no solo a sectores cercanos, como la Ciudad de Buenos Aires, sino también a parte de Rosario, Córdoba y sur del país. Se trata de una zona que posee una serie de ventajas comparativas y competitivas respecto de las zonas hortícolas extra pampeanas (como mejores condiciones ecológicas y climáticas) que permitieron incrementar la productividad (García, 2016) y posicionarla como la más capitalizada y “referente tecnológico” (Simonatto, 2000, en Fingermann, 2018). Concentra comercios, empresas dedicadas a la construcción de invernaderos, mercados concentradores mayoristas, organismos de transferencia tecnológica y distintas formas de mano de obra (Ferraris y Seibane, 2016).

De este modo, en la zona sur se emplea el manejo tecnológico basado en invernáculos, a diferencia del periurbano noroeste donde la mayor parte de los horticultores realiza manejo convencional con utilización de tecnología de diversa escala (máquinas y herramientas, sistemas de riego, etc.) y aplicación de agroquímicos, registrándose solo algunos casos la utilización de invernáculos (González Maraschio, Kindernecht, Marcos y Castro, 2018).[4] La tendencia a la producción bajo invernáculos se explica por la intensificación en la actividad productiva relacionada a las características del modelo productivo, con elevados costos de inversión inicial, una fuerte demanda de insumos externos, incertidumbre en las ganancias debido a las fluctuaciones de los precios en los mercados concentradores y los altos precios de arrendamiento de la tierra (Baldini, Marasas, Drozd, 2019).

Las problemáticas de los productores son comunes a toda la región, pero se diferencian del resto de la provincia por sus condiciones de producción. Según los datos del CHFBA del 2005, en el caso del periurbano sur más del 60 % de los productores son arrendatarios, sufriendo las consecuencias de la especulación inmobiliaria, y desarrollan su actividad en condiciones precarias. Este punto es común a la horticultura de periurbano noroeste, particularmente Luján, que se caracteriza por desarrollar la actividad en lotes chicos, con tenencia precaria, como consecuencia del avance inmobiliario, generando en este caso condiciones de pluriactividad en el sector (Feito, 2014).

En ambos casos se trata de agricultores familiares que son en su mayoría de origen boliviano, no capitalizados, que producen grandes volúmenes que demandan altos costos en insumos y tecnologías (con bajo acceso al crédito) sobre la base de un vínculo inestable con la tierra (bajo formas de mediería, aparcería o arrendamiento), comercializando en mercados muy concentrados (Fingermann, 2018). Relacionado con esto, otra de las dificultades que atraviesa a la AF de la región está relacionada a la comercialización de sus producciones que, en gran parte de los casos, como en la zona sur, implica a intermediarios, reduciendo su capacidad de apropiación de un mayor margen de comercialización.

Modificaciones en la institucionalidad de la AF

Las organizaciones de la AF, como la que aquí analizamos, toman posición en torno a sus demandas, ejerciendo acciones en el territorio y desplegando estrategias de distinto tipo frente a procesos económicos y políticos específicos, ya sea en la búsqueda del acceso a bienes y servicios y su inclusión económica y política, o en pos de transformar el sistema político. Asimismo, el Estado interviene a través de la ejecución de políticas públicas para el sector, entendidas como el conjunto de tomas de posición tácitas o explícitas, de diferentes agencias e instancias del aparato estatal (Oszlak y O'Donnell, 1995).

En lo que refiere a la relación de las organizaciones y la política pública podemos mencionar dos períodos diferenciados: el primero caracterizado por un incremento de la institucionalidad de la AF -de 2008 a 2014-; y el segundo -desde fines de 2015 a 2019- marcado por una modificación de la institucionalidad y caracterización de la AF, en el contexto del cambio de gobierno.

En el primer caso se producen distintos acontecimientos que se vinculan con la irrupción de la AF en nuestro país y la inclusión a la agenda gubernamental de muchas de las demandas del sector, impulsando espacios de participación para la AF y su reconocimiento desde el Estado.[5] De esta manera, la incorporación de la categoría AF implicó la apertura de oportunidades políticas con la ampliación de la base social a quienes se dirigirían las políticas de desarrollo rural (Bertoni y Soverna, 2015, p. 5) y la organización de la representación política nacional de los AF, dando lugar a mayor protagonismo y al planteo de sus formas de hacer política.

Entre las transformaciones en los dispositivos de desarrollo rural para la AF se destaca la creación de la Secretaría de la AF en el Ministerio de Agricultura (MAGyP), el Registro Nacional de Agricultores Familiares y la creación del Monotributo Social Agropecuario.

Se avanzó en un proceso que implicó la integralidad de las políticas públicas junto con su acceso y acercamiento de los productores familiares, con mayor inserción institucional e instancias de participación en mesas regionales y provinciales del sector.

Al mismo tiempo se profundizó la intervención en los territorios periurbanos, particularmente en la RMBA con programas específicos, priorizando las demandas de las organizaciones (Seibane y Ferraris, 2017).

Como corolario de esta etapa y en un intento de integración de todas las acciones, se sancionó en 2014 la Ley N° 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” que implica una modalidad de intervención del Estado que define al sector como sujeto de política pública.[6] No obstante, en concordancia con Hocsman (2014):

no se alteró la conformación conservadora y capitalista en la que se asienta el desarrollo agrario en Argentina (…) no se presentó un espacio de discusión sobre una política rural que contemple una política de tierras que pudiera tomar la forma de algún tipo de Reforma Agraria, que permitiera desvincular a los sectores más desposeídos del paradigma del Desarrollo Rural de tipo capitalista establecido (...) ni tampoco hay instalado un espacio de debate en torno a las implicancias (políticas y económicas) de la AF (2014, p. 286).

Sintetizando, la noción de AF ha ganado terreno en la medida en que fue apropiada por las instituciones públicas y también por las organizaciones del sector. Al mismo tiempo, las distintas variables que intervienen en su definición dan cuenta del carácter híbrido de la categoría, omitiendo las diferencias existentes entre los sujetos, como es el hecho de homologar al campesino con un pequeño productor, reduciendo su identidad específica, poniendo en peligro el reconocimiento de estos como sujetos sociales y políticos con plenos derechos y proyectos de vida propios (Herrera-Jaramillo, Méndez, Tobón, Sierra, 2016).

Aun así, la categoría AF puede ejercer un rol dinamizante en el sentido de visibilizar la existencia de formas productivas no hegemónicas y contribuir a la puesta en marcha de acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida del sector (Hocsman, 2014). En este sentido, las organizaciones disputan su significado y destacan el rol político de la AF, su perduración y resistencia ante la modernización del agro y su defensa como alternativa a la agricultura de tipo empresarial.

El período que inicia en 2015, por su parte, no sólo inaugura una nueva coyuntura política, sino que introduce, necesariamente, efectos en los estilos de gestión a nivel global y en cuanto a la forma de comprender las problemáticas del desarrollo rural y la AF específicamente (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2017).

El gobierno de encabezado por Mauricio Macri avanzó en un conjunto de iniciativas que llevaron a agudizar los problemas de concentración de la producción agropecuaria y acentuaron aún más la debilidad de la agricultura familiar (León, 2017). Asistimos a una modificación en la institucionalidad, reflejada en cambios en los presupuestos y su direccionalidad, la eliminación de tareas y personal de la Secretaría de AF y políticas contrarias a las demandas del sector. En este contexto, se desarrollaron iniciativas de enajenación de la tierra pública existente y con potencial valor agrícola, y reiterados intentos de desalojos de campesinos de sus tierras en distintas provincias, por parte de grandes propietarios, impidiendo concretar la creación del “Banco de Tierras” para la Agricultura Familiar (León, 2017).

Se suma a esto el cierre de la Delegación del Área Metropolitana de Buenos Aires de la Secretaría de AF, que representaba un acercamiento directo del Estado con políticas públicas para los pequeños productores.

La modificación de la ley de ministerios con el reemplazo del MAGyP por el Ministerio de Agroindustria destaca la eliminación de las ramas primarias de la economía y la única existencia de la agroindustria en su reemplazo (Lattuada et al., 2017). En términos concretos se tradujo en una importante reducción del personal de esta cartera, afectando a los actores territoriales de las políticas. Junto con ello, se eliminaron programas focalizados para la AF y el desfinanciamiento de las áreas que trabajaban con el sector. Algo que se profundizó con la reducción en la jerarquía de la Secretaría de AF y con la modificación a la Ley de Ministerios en 2018 que creó un nuevo Ministerio de Producción, reduciendo la influencia del de Agroindustria al convertirlo en Secretaría. En este período, además, se eliminó el monotributo social agropecuario, dando de baja la obra social de los productores.

Lo que subyace en esto es una redefinición de la AF y del mercado interno en el marco del proyecto político e institucional del gobierno, asociada a la incentivación de las producciones de mayor rentabilidad, es decir aquellas ligadas a las exportaciones, relegando a las de menor capacidad de productividad y competencia, como la AF.

Coincidimos Lattuada et al (2017) al hablar de una “institucionalidad aparente” respecto al período anterior:

Se transitó hacia un perfil que destaca las cualidades “emprendendoras” y de innovación de los sujetos en términos grupales o individuales, no necesariamente vinculado con la economía popular o con las organizaciones campesinas, y al componente “aspiracional” de los pequeños productores en términos de crecimiento económico y reconocimiento social. (p. 14-17).

La nueva coyuntura política y los alineamientos gubernamentales, junto con el proyecto político propuesto, sentaron las bases para el desarrollo de diversas formas de acción colectiva, donde las organizaciones, lejos de disolverse en este contexto, se reconfiguraron, tomando un papel protagónico en la producción del territorio.

La AF y la acción colectiva

Siguiendo a McAdam, McCarthy y Zald (1999) los sujetos se agrupan a medida que hacen consciente la vulnerabilidad del sistema y ven el proceso organizativo como un vehículo para canalizar sus demandas.[7] En lo que respecta a la AF la tendencia a organizarse es motivada por una multiplicidad de situaciones y/o conflictos como la lucha por la tierra y la vivienda, mejoras en las condiciones de vida, la producción y/o comercialización. Ya sea a través de iniciativas autogestionadas, o a través de la promoción de políticas públicas, las organizaciones persiguen la “reinserción social y económica con el objetivo de acceder a oportunidades, bienes y servicios” (Neiman y Berger, 2010, p. 72) y en algunos casos la disputa más estratégica por la transformación del modelo agroalimentario.

Con mayor o menor grado de formalización y distintos modos de participación, los espacios organizativos se configuran como una alternativa de lucha para la AF en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Según Lattuada, Nogueira y Urcola (2015) han contribuido al desarrollo de los pequeños y medianos productores agropecuarios, especialmente de aquellos que tienen menor acceso o disponibilidad de recursos económicos y productivos. Desde el punto de vista analítico son denominadas asociaciones “reivindicativas” aquellos agrupamientos que “defienden y promocionan los intereses generales de sus asociados, pero con beneficios al conjunto del colectivo que reúne similares condiciones, y tienen una fuerte impronta ideológica que condiciona sus discursos y estrategias de acción colectiva” (Lattuada et al., 2015, p. 212).

Teniendo en cuenta esto, entendemos a la UTT como una organización reivindicativa, referente de la AF, que ha desarrollado estrategias que le permitieron visibilizar sus demandas, interpelar al Estado y al mismo tiempo generar una alianza notable con otros actores sociales como los consumidores urbanos. Además de confrontar con el Estado por reivindicaciones inmediatas o sectoriales, desenvuelven acciones instalando demandas políticas y sociales de carácter más universal que apuntan a cuestionar y transformar el orden social.

Particularmente para el sur de la RMBA, Ferraris y Seibane (2016) destacan que, como actor social en el ámbito político, las organizaciones de la AF “han realizado un trabajo de visibilización y reconocimiento de su aporte socioeconómico e importancia regional y de expresión de sus demandas ante diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales” (, p. 10). En este sentido, conciben a la AF como movimiento social ya que “son un conjunto de actores sociales (representan a un colectivo) que coordinan sus acciones alrededor de demandas comunes, entre ellas el acceso a la tierra y el acceso a los mercados, y en diferentes instancias disputan temas con elites oponentes” (Ferraris y Seibane, 2016, p. 16).

Agregamos que para alcanzar sus objetivos construyen espacios políticos, se espacializan y promueven otro tipo de territorio, constituyéndose como movimientos socioterritoriales, como refiere Mançano Fernandes (2005). Por lo que “es fundamental pensar las dimensiones geográficas de las acciones y relaciones construidas por los movimientos sociales” (Mançano Fernandes, 2005, p. 7).

El aporte del territorio en los estudios de acción colectiva y la AF

Los estudios tradicionales de acción colectiva, si bien atienden a diversas cuestiones como las formas de organización y participación, las condiciones de movilización, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimidad, se ocupan parcialmente de la comprensión de los espacios y territorios producidos por los movimientos sociales.

Siguiendo a McAdam et al. (1999), podemos mencionar tres grandes enfoques que guían el análisis de las características de la acción colectiva: la estructura de oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores.

La estructura de oportunidades políticas coloca el énfasis en los cambios en los repertorios de contienda de acuerdo a la interacción entre movimientos sociales y la política institucionalizada (McAdam et al., 1999). De esta manera el surgimiento y el éxito de los procesos organizativos depende, en gran medida, de las oportunidades alcanzadas por los contestatarios generadas por cambios en la estructura institucional y la disposición ideológica de los grupos en el poder (McAdam et al., 1999). Estas oportunidades que impulsan la acción colectiva aumentan en determinados contextos, a partir de la apertura y acceso institucional, de crisis y conflictos al interior de las autoridades estatales, la generación de agravios, o mediante alianzas entre las organizaciones y actores influyentes.

Las estructuras de movilización, por su parte, hacen referencia a los canales formales e informales por los cuales los sujetos se movilizan e implican en la acción colectiva y las formas organizativas que derivan (movilizaciones, manifestaciones, redes asociativas).

Aunque las oportunidades políticas y estructuras de movilización proporcionan a los sujetos estímulos para involucrarse y movilizarse, resultan insuficientes para explicar el fenómeno de la acción colectiva y el desarrollo de los movimientos sociales, por lo que existe un elemento mediador entre oportunidad, organización y acción: “los significados compartidos y conceptos por los cuales los sujetos tiende a definir su situación” (McAdam et al., 1999, p. 26). Esto significa que las formas en las que se llevan a cabo las acciones y movilizaciones por parte de un grupo se encuentran estrechamente ligadas a las percepciones de los actores del contexto en el que están insertos. En este sentido, los procesos enmarcadores remiten a las formas compartidas de considerar el mundo, que legitiman estrategias y mueven a la acción colectiva (McAdam et al., 1999), algo que se vincula estrechamente con factores psicológicos y culturales.[8]

Entendemos que estos enfoques aportan herramientas para el estudio de los movimientos sociales, pero identificamos una tendencia a la influencia del sistema político sobre las posibilidades de acción colectiva -y del rol de los actores que disputan e intervienen en las prácticas institucionales-, recortando la política fundamentalmente a la estructura institucional. Algo que obstruye la posibilidad de analizar la relación de los movimientos y organizaciones sociales con el régimen político como un proceso estratégico abierto a la experimentación de reglas alternativas (Natalucci et. al. 2013).

Aportamos a esta reflexión el concepto de territorio para el análisis de la acción colectiva en tanto “es un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” (Lopes de Souza, 1995, p. 78) que se efectiviza mediante el ejercicio de la territorialidad (Sack, 1986). Los movimientos construyen el territorio con la intención de transformar su realidad, luchan por su apropiación y despliegan allí estrategias en función de sus intereses. Asimismo, sus comportamientos, acciones y normas de conducta conforman lo que Nascimento dos Santos (2006) denomina “experiencias espaciales” (p. 23) que se reflejan en la construcción del espacio organizativo y la consolidación de su identidad colectiva, así como en la manifestación de sus demandas y las formas de intervención e interpelación a las instituciones en función de sus objetivos planteados.

A partir de o desarrollado, profundizaremos la dinámica que adquiere la acción colectiva de la UTT a través de las estrategias socioespaciales de la organización, en el marco de cambios institucionales. Veremos que asume características de los movimientos sociales más tradicionales con demandas y reivindicaciones con un fuerte componente económico y político, a la vez que desarrollan nuevos repertorios de acción colectiva, generan lazos de solidaridad e involucran aspectos simbólicos que sostienen su implicación, tomando características de los nuevos movimientos sociales.

La UTT como referente de la AF

La UTT nació en 2010 en el cinturón hortícola platense como una cooperativa productiva planteando como ejes transversales la comercialización propia, el acceso a la tierra y la producción agroecológica. Allí tiene su principal desarrollo, con más de 6mil productores que en su mayoría alquilan la tierra para producir alimentos y construyen canales directos de comercialización. A nivel nacional representan alrededor de 20mil familias agrícolas en 15 provincias del país, muchas de ellas de la colectividad boliviana, constituyéndose como el gremio de agricultores más grande del país. Poseen una estructura organizativa de grupos de base conformada por cada uno de los territorios donde se encuentran, con delegados locales y regionales, y espacios asamblearios donde discuten líneas de trabajo y acuerdan precios de comercialización cada seis meses. “Donde no hay grupo de base y asamblea estricta mensual no hay UTT”, destaca un referente de la organización (Entrevista a un integrante de UTT realizada en mayo de 2019).

En 2016 tomaron mayor visibilidad a partir del primer “verdurazo”, una histórica protesta el 14 de septiembre, con más de 2 mil familias productoras donando 20.000 kg de verduras en Plaza de Mayo, en el marco de la presentación de un proyecto de ley de acceso a la tierra para la creación de un fondo fiduciario que otorgue créditos a los pequeños y medianos productores. La acción fue repudiada por el ministro de agroindustria de ese entonces, Ricardo Buryaile, quien declaró a los medios que “en vez de regalar en Plaza de Mayo, que vayan a vender a la feria” (Infobae, 14/09/16). Se trató de una de las primeras protestas del sector al gobierno de Mauricio Macri, junto con otra en el mes de agosto de características similares de productores de fruta de Neuquén y Río Negro que aglutinó productores donando peras y manzanas (La Nación, 14/09/16).

Desde esa época se identifica un gran crecimiento de la UTT, así como su consolidación gremial y nacional. Según sus referentes esto se vincula a sus métodos de protesta y a las condiciones políticas que modificaron la relación entre la AF y la política institucionalizada. De esta manera uno de ellos destaca:

nosotros entendemos que fuimos a construir algo y que la crisis estructural del sector tan agravada nos hizo crecer rápidamente, sumado a los tarifazos, la devaluación del dólar, las políticas decididas a desarmar todo lo que había de la AF, a reprimirnos, a quitar las retenciones a los sojeros y a nosotros sacarnos lo poquito que teníamos, nos puso en un estado no solo de crisis estructural sino de alerta (…) La UTT en lo que ganó fue en meterse con la agroecología y el tema de alimentos y profundizar ahí siempre con la lucha por la tierra, tomando tierras, creando colonias, siempre en avance. Ese avance se modificó en gente, porque la gente veía avance en un lado y en el resto en nada (Entrevista a un integrante de UTT, realizada en septiembre de 2019).

La coyuntura política generada con el gobierno de Cambiemos, al tiempo que afectó directamente las condiciones de vida de la AF implicó un mayor desarrollo y fortalecimiento de la organización. Sus modalidades de protesta y la construcción de un vínculo directo con los consumidores permitieron instalar sus demandas y a la AF como el sujeto político abastecedor de alimentos de consumo interno. Al respecto una productora y referente de la organización de Olmos, La Plata, explica:

con las compañeras empezamos así, a organizar entre todas, armamos una reunión y dijimos “vos qué tenés?”. Yo tengo acelga, vos espinaca, vos perejil, vos repollo, listo, hagamos como 5 o 10 cajones de cada cosa. Teníamos un compañero con una camioneta y fuimos a vender a Plaza San Martín por 100 pesos 8 variedades, y con volantes que repartíamos y decíamos qué es agroecológico qué es convencional. La gente se paraba y preguntaba y les explicábamos, les dábamos una charlita. Eso eran nuestras primeras experiencias y ahí dijimos: ¿qué sería si nos fuéramos a constitución a vender bolsones? (Entrevista a una integrante de UTT, realizada en septiembre de 2019).

Las estrategias desarrolladas por la organización, en un contexto de crisis económica, permitieron visibilizar además las consecuencias de la concentración en la cadena productiva, así como el rol del Estado en la comercialización y distribución de alimentos, y plantear la posibilidad de un consumo saludable y a precio justo, en el marco de un sistema productivo que se encuentra ligado a la concentración de producciones para la exportación.

La tensión entre el perfil económico y productivo promovido por la gestión de gobierno y las reivindicaciones de la AF, llevaron a la organización a colocarse en en una posición más defensiva y contestataria. Algo que se refleja en sus formas de protesta e interpelación a la población y el Estado. Sobre esto la productora agrega:

el gobierno nunca nos convocó. No nos querían ni ver. Nos decían que no podíamos hacer feriazos y es muy triste ver cuando ellos ponen ahí gente con sus carros ambulantes y nadie les molesta. De hecho, ya hacíamos verdurazos y salíamos a Plaza de Mayo, pero el Estado nunca está para nosotros, por eso desde un principio decimos que la organización no es planes y mercadería sino lucha y compañerismo (Entrevista a una integrante de UTT, realizada en septiembre de 2019).

Las políticas de desarrollo rural implementadas desde el Estado, en el marco del gobierno encabezado por Mauricio Macri, implicaron una modificación en la institucionalidad y en la atención a la AF que derivaron en nuevas formas de acción colectiva. De esta manera, identificamos en la UTT la combinación de un conjunto de prácticas espaciales en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la AF y promover una transformación social más amplia en un contexto de desigualdades del sistema político. Nos referimos a prácticas sociales donde la espacialidad (la organización espacial, la territorialidad, la “lugaridad”) es un componente nítido y destacado de la forma de organización, del medio de expresión y/o de los objetivos a ser alcanzados (Lopes de Souza, 2013[1963], p. 241).

Las prácticas que identificamos para el período 2015-2019 son: i) la refuncionalización y resignificación del espacio, a través de la ocupación de un predio en el Partido de Luján, que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo social. Una acción que, si bien es anterior al período de gobierno de Cambiemos, implicó un punto de inflexión para la organización y la apropiación derivó en la creación de la primera colonia integral de abastecimiento urbano, “20 de abril”, la mayor unidad agroecológica de la región; ii) el desarrollo de “verdurazos” como forma particular de protesta, donando alimentos o vendiéndolos a precios accesibles para los consumidores en espacios públicos; y iii) la apertura de almacenes autogestionados como circuitos económicos alternativos de comercialización, para disputar la escala de distribución de alimentos (vinculada a la apropiación diferencial del valor en la cadena hortícola).

Siguiendo a Lopes de Souza (2013 [1963], p. 250) entendemos que todas ellas son “prácticas espaciales insurgentes” que remiten a la idea de una acción que apunta a la transformación de la realidad, para influenciar o transformar las relaciones de poder, y se combinan entre sí dando lugar a estrategias socioespaciales. Asimismo, estas prácticas inciden en la consolidación de la organización y en su posicionamiento como referente del sector.

Estrategias socioespaciales de la UTT en la RMBA

La colonia agroecológica de Jáuregui- Luján.

La colonia agroecología de Jáuregui es parte del proyecto de Colonias Agroecológicas de Abastecimiento Urbano de la organización, vinculado a sus ejes principales de trabajo como la agroecología, la comercialización y el acceso a la tierra. Apunta a dos aspectos centrales: la provisión de alimentos para la población -mediante el acceso colectivo de la tierra para la producción-, y la transición hacia la agroecología, es decir la producción de alimentos sin agroquímicos que además de mejorar la calidad y diversidad de alimentos, libera a los productores de la dependencia del “paquete tecnológico”. La propuesta, entonces, es la producción local y diversificada y la comercialización a través de canales directos como ferias, almacenes y mercados populares, eliminando intermediarios y disminuyendo el precio para los consumidores.

Esto está directamente relacionado con la reivindicación y lucha por el acceso a la tierra, uno de los elementos más significativos de la exclusión a la agricultura familiar. Según lo expresado por referentes de la UTT, prácticamente todos los agricultores familiares de la RMBA deben alquilar la tierra en la que producen y a valores muy altos, por tratarse de una zona con gran incidencia de empresas inmobiliarias destinadas a la realización de grandes emprendimientos como countries y barrios cerrados (algo que condice con los datos expresados en el CFHBA). Además, viven en casillas muy precarias, empujados a la autoexplotación para poder pagar los alquileres que aumentan indiscriminadamente y, en muchos casos, bajo presiones de los dueños que no quieren que vivan en sus establecimientos. Sobre esto una referente de la organización describe:

Lamentablemente no tenemos tierra propia, tenemos un contrato de 2 o 3 años donde si el dueño no quiere renovar tenés que sacar todo e irte de ese lugar a una tierra pelada donde no hay escuelas públicas, no hay caminos, no existe nada (…) Tenemos que pagar un alquiler de 9mil a 18mil pesos. Por ejemplo, yo estoy pagando 10mil pesos mensuales y hay otros compañeros pagando más, depende la zona. Y la luz viene entre 21 a 44 mil pesos mensuales (Entrevista a una integrante de UTT, realizada en septiembre 2019).

El caso de Jáuregui fue la primera experiencia de colonia agroecológica la UTT y surgió como resultado de una toma de tierras en 2015 ante la falta del acceso a la tierra, la necesidad de vivienda y retrasos en promesas del gobierno de ceder un predio en comodato que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. La falta de respuestas motivó la expropiación colectiva del predio del Instituto Ramayón López Valdivieso, de una extensión de 80 hectáreas, reflejando una particularidad en la interacción de la AF y las instituciones estatales.

Si bien la etapa del kirchnerismo fue progresiva en términos de elaboración de políticas públicas para el sector, la demanda fundamental del acceso a la tierra siguió siendo un punto de conflicto. Tras constantes negociaciones con el gobierno nacional de entonces, propuestas de ley para el acceso a la tierra, manifestaciones y una toma del Ministerio de Desarrollo Social, finalmente lograron conseguir en 2015 un comodato de uso a 50 años.

La toma de tierras representó una solución inmediata ante el problema de la vivienda y del trabajo de las familias, en tanto los liberó de la presión del arrendamiento. Se trasladaron allí productores oriundos de La Plata y pasados 7 años de la ocupación los productores señalan que “hay compañeres trabajando ahí, con tierras producidas, acceso a una vivienda digna y trabajando por su cuenta, hay una hectárea por familia con compañeres de La Plata. Entregan bolsones, llevan verdura a almacenes” (Entrevista a un(a) integrante UTT, realizada en septiembre 2019).

Desarrollaron además una escuela primaria y secundaria y realizan talleres de mecánica y cocina, forjaron vínculos con actores importantes de la zona como la Universidad de Luján y el INTA en la capacitación en agroecología, participan de ferias de comercialización directa, y también venden productos desde la colonia a consumidores cercanos.

De esta manera, las condiciones políticas abrieron la oportunidad para el desarrollo de una forma de acción colectiva y sentaron las bases para el fortalecimiento de la UTT como organización de la AF. Mediante el método de la ocupación, a partir de lecturas y significados compartidos de los agricultores sobre su situación, y teniendo como telón de fondo su objetivo estratégico de generar un sistema de producción distinto, lograron la obtención de un espacio propio y reconocido institucionalmente y lo refuncionalizaron para la creación de una colonia de abastecimiento de alimentos.

Los “verdurazos” como forma de protesta.

Los cambios en los estilos de gestión y en la forma de comprender las problemáticas del desarrollo rural y la agricultura familiar (Lattuada et. al, 2017) produjeron una redefinición en la relación de las organizaciones del sector con el Estado, abriendo paso a una serie de protestas sociales que se prolongaron durante todo el período del gobierno de Cambiemos, y donde la UTT desenvolvió los verdurazos como una forma particular de acción directa para instalar sus demandas y reivindicaciones:

cuando empezamos a donar verduras, constitución, plaza de mayo y ferias barriales o empezar a llevar a los barrios más pobres nos tomábamos el tiempo de explicar todo y la gente tomaba conciencia. También nos permitió mucha visibilidad. No por hacer popularidad, pero pensando quiénes son esos productores (Entrevista a un(a) integrante de la UTT, realizada en septiembre 2019).

Los "verdurazos" se generalizaron en distintos puntos del país durante el período 2016-2019 con modalidades similares como “feriazos”, “alimentazos” y “tractorazos”, alcanzando su máximo en 2019 con acciones todos los meses en distintas localidades:

TABLA 1
Verdurazos de la UTT en el 2019

elaboración propia en base a redes sociales y entrevistas a referentes de la organización.

Fecha	Lugar
24 de enero	Plaza Independencia, Mendoza
15 de febrero	Plaza Constitución, CABA
25 de febrero	Nacional
29 de marzo	Plaza 9 de Julio, Misiones
17 de abril	Plaza Independencia, Mendoza
13 y 15 de junio	Posadas, Misiones
31 de julio	Plaza 25 de Mayo, Corrientes
24 de julio	Plaza de Mayo, CABA
15 de agosto	Plaza Constitución, CABA
27 de agosto	Orán, Salta
9 de octubre	Zárate, Buenos Aires
10 de octubre	General Rodríguez, Buenos Aires
11 de octubre	Plaza San Martín, La Plata
17 de octubre	Plaza Independencia, Tucumán
23 de noviembre	Mar del Plata, Buenos Aires
13 de diciembre	Plaza Guemes, Santiago del Estero
23 de diciembre	CABA; Mendoza; Misiones

Esta modalidad de manifestarse, que tiene como lugares estratégicos las principales plazas de los grandes centros urbanos, implicó una irrupción en la dinámica de la protesta social y permitió abrir la discusión acerca de la AF como proveedora de alimentos y sus condiciones de trabajo: extensas jornadas con el agravante del arrendamiento de la tierra que implica enormes esfuerzos para pagar el alquiler junto con los insumos necesarios de producción con tarifas dolarizadas.

La donación de frutas y verduras y su venta directa por parte de los productores a precios populares, permitió forjar una alianza y relación de reciprocidad con los consumidores. Al mismo tiempo, instalar el debate acerca de la alimentación sana y del funcionamiento del sistema de comercialización y consumo en un contexto de profundización de la crisis económica, empeoramiento de las condiciones de vida y de encarecimiento de los alimentos.

Un episodio crucial en la modalidad de protesta fue la violenta represión al verdurazo de en Plaza Constitución el 15 de febrero, ante la instalación de una feria de alimentos a precios populares para paliar la crisis y en reclamo de medidas que fortalecieran al sector:

en Constitución hacíamos feria los lunes y los jueves. Llevamos un camión entero todo por 10 pesos acelga, lechuga, espinaca, pero nos reprimieron por regalar verdura. Vendíamos bien, tampoco es que sacábamos una ganancia porque un flete nos cobra 8 mil, 10 mil pesos también. Entre todos teníamos que afrontar eso (Entrevista a un(a) integrante de la UTT, realizada en septiembre 2019).

Funcionarios del Ministerio de Espacio Público respaldados por efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron mediante la fuerza y gases lacrimógenos, reprimiendo a productores y consumidores y afectando directamente la manera en que se desenvolvía la protesta. Esto se difundió masivamente en los medios de comunicación, que funcionaron como espacio clave de visibilización y denuncia de la organización. Al mismo tiempo, las imágenes del secuestro de mercadería, de consumidores recogiendo frutas y verduras de la calle y el rol de las fuerzas policiales instalaron un precedente grave para el gobierno de Cambiemos, en un cuadro de crisis y descontento generalizado con su política económica.

Particularmente los verdurazos ilustran al espacio público como escenario de confrontación e interacción entre quienes dominan y resisten, y como condicionante de la protesta social; implican, en este sentido, la producción colectiva del espacio a través de la lucha política. Se trata de una apropiación simbólica y concreta, con demarcación, intencionalidad e interferencia con su presencia en el espacio, que se constituye como el territorio de actuación de la organización (Saquet, 2015: p. 101). Al igual que en la ocupación del predio de Luján, los manifestantes, a través de su acción directa, ponen en juego sus experiencias, apropiándose y resignificando el espacio como lugar de lucha y construcción de fuerza política de la organización.

Los circuitos alternativos de comercialización.

La comercialización de la producción hortícola de la UTT se realiza por dos circuitos: el circuito directo, de productor a consumidor, a través de ferias, mercados, almacenes populares o nodos[9] y colonias de abastecimiento, como el caso de Luján; y el circuito indirecto, a través de intermediarios que llegan a los distintos mercados concentradores.

Particularmente en el periurbano sur, más del 95 % de la producción hortícola se comercializa por el circuito indirecto, en una modalidad que se denomina vulgarmente como “culata de camión”, donde el “camionero” (intermediario) encarga la mercadería y la retira en el plazo acordado para llevarla a los mercados concentradores, dejando previamente los cajones “vacíos” en la quinta en la que realizó el pedido (Seibane y Ferraris, 2017, p. 10).

Esta es una diferencia respecto de lo que sucede en el noroeste del periurbano, donde la AF tiene gran presencia en mercados cooperativos para la comercialización de sus productos y una mayor participación en ferias y venta directa a verdulerías (González Maraschio et. al, 2018).

Los circuitos de comercialización directa planteados por la organización constituyen una estrategia que apunta a disputar la escala de producción y distribución alimentos, eliminando intermediarios, en el marco de una cadena de comercialización que se encuentra privatizada y tienen protagonismo los grandes mercados de concentración, las empresas de logística y las principales cadenas de supermercados que aumentan los precios y controlan los stocks de alimentos.

Además de tener como resultado un encarecimiento de los alimentos para los consumidores, la cadena tradicional no redunda en ningún beneficio para los productores, quienes a su vez están sujetos a los tiempos de los intermediarios para recibir el pago y muchas veces no cobran:

los intermediarios te dicen “haceme 100 cajones de verdura”, entonces vos estás contenta porque te va a sacar mucha cantidad y tener por lo menos para zafar, para comer, pero viene te deja los vacíos y te dice “no traje la plata, te voy a pagar el sábado al contado”. ¿Qué vas a decir? Ya estaba cargado, tampoco te vas a morfar 100 cajones de verdura, tenés que confiar en su palabra y decir que está bien que te lo traigan el sábado. Y lo llamas y no te responde el teléfono y así. Pasaban días y al final le decís “mirá voy a ir al mercado, conozco tu puesto, voy a ir y cobrar. Y te decían “vení si querés, no la vendí tu lechuga, la tiré”. Y así constantemente (Entrevista a un(a) integrante de la UTT, realizada en septiembre 2019).

Fundamentalmente la propuesta de comercialización directa se basa en la creación de almacenes autogestionados de atención al público en las ciudades, la venta de bolsones de verdura agroecológica en nodos y cooperativas, y la participación en ferias populares y de acceso urbano, como la de la Universidad de Luján. La organización posee almacenes agroecológicos en Almagro, Devoto, La Plata, Monte Grande, un mercado y un mayorista en Avellaneda y cuatro almacenes de campo zonas quinteras. También alcanza una red de 200 nodos en Ciudad de Buenos Aires, en Zona Norte, Oeste y Sur (UTT, 2019).

Sin embargo, los productores destacan que “aun así no nos abastecemos. Queremos vender a precio justo y tratamos de ser solidarios entre todos, pero somos más de 6mil productores en La Plata y no alcanza la comercialización” (Entrevista a un(a) integrante de la UTT, realizada en septiembre 2019). Una situación que lleva a muchos a la dependencia de agroquímicos, exponiendo su salud, para tener mayor producción: “necesito la inmediatez para pagar el alquiler del 1 al 10 como sea sino te vas, lamentablemente tenés que apurar la verdura para sacar” (Entrevista a un(a) integrante de la UTT, realizada en septiembre 2019).

La lucha por el acceso a la tierra se vuelve un pilar fundamental de la organización, de ahí que siguen reclamando la Ley de Acceso a la Tierra, junto con “colonias agrícolas” en tierras del Estado para mejorar las condiciones de vida de los productores. Esto además se liga a demandas de la organización vinculadas con la democratización de la cadena de comercialización, a través de la participación de la AF, y la compra de sus productos por parte del Estado, para vender a precios “populares”, abasteciendo escuelas, comedores y hospitales, en clave de mejorar la condición de la AF mediante una mayor inclusión productiva.

La comercialización en circuitos directos tiene como objetivo fortalecer el rol de la AF como proveedora de alimentos y es parte de una iniciativa de muchas de las organizaciones englobadas en la “economía social y popular” que, si bien alcanza a una parte importante de la población urbana -fundamentalmente a los sectores medios-, estas experiencias muestran en muchos casos un ‘esfuerzo militante’ que no se traduce en volúmenes que cambien sustancialmente la situación de comercialización de los productores, los cuales terminan vendiendo la mayor parte de su producción a través de las modalidades tradicionales (Mosca, 2020).

Sucede que la capacidad requerida para comercializar implica un alto incremento de la eficiencia productiva y alcanzar un alto nivel de la actividad logística que hoy se encuentra bajo control de empresas capitalistas que intervienen bloqueando cualquier otra relación comercial, y que al mismo tiempo poseen mayor exclusividad de la provisión de alimentos al Estado e intermediarios. Aspectos que nos invitan a debatir en torno a la viabilidad de la AF y las condiciones de posibilidad del desarrollo de circuitos alternativos de comercialización, a la vez que, a problematizar sobre las estructuras productivas del sector, y sobre el proceso de distribución y comercialización de los alimentos que consumimos.

Al mismo tiempo, la efectividad alcanzada en las formas directas “de productor a consumidor” planteadas por la organización, aún con sus limitaciones objetivas, componen una práctica espacial cuyo sentido es confrontar con quienes hegemonizan la cadena de comercialización, y funcionan como un ejercicio de territorialidad colectiva, forjando su lugar como referentes del sector. En ese sentido, invita a reflexionar sobre la disputa que desenvuelve la AF con los actores que dominan la cadena de comercialización en el marco de la participación desigual vigente y la condición de la AF.

El rol del territorio en la acción colectiva de la UTT

El abordaje de la UTT a partir de sus estrategias socioespaciales nos permite analizar el lugar que ocupa el territorio en la forma en que se implican y participan en la contienda política los actores involucrados. Es decir, a ir más allá de las formas de organización y los factores que producen el alza o reflujo de los procesos organizativos de la AF, y reconocer las tensiones y articulaciones que surgen de las territorialidades de la UTT y de las instituciones que elaboran la política pública, entendiendo esta relación en clave de un proceso abierto y complejo donde se ponen en juego intereses y se consolidan identidades.

Los episodios de contienda no se basan en los mismos mecanismos ni describen las mismas trayectorias, por lo que es importante identificar los procesos constituyentes que conforman las diferentes dinámicas de la contienda política (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005). Teniendo en cuenta esto, en nuestro trabajo identificamos procesos que conformaron determinadas dinámicas de la contienda política, donde emergieron conflictos entre la AF y el Estado. Observamos que el período 2008-2015 se caracterizó por una apertura para plantear las demandas de la AF al interior de las estructuras institucionales y al mismo tiempo sentó las bases para desarrollar acciones territoriales como resultado de problemas estructurales del sector, como el acceso a la tierra.

La toma de tierras de Jáuregui, desencadenada ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno, desafió directamente la autoridad territorial estatal. Resultó además en un saldo positivo para la organización, que, haciendo una lectura del momento político y tomando una medida extrema como la ocupación colectiva de tierras, logró la obtención del predio para la creación de una colonia agroecológica. La refuncionalización de ese espacio para la producción de alimentos y como vivienda de los productores permitió a la organización consolidar su legitimidad gremial y política como parte de la AF, y la reafirmación entre los propios miembros de la UTT.

El período iniciado en 2016, por su parte, se caracteriza por un cambio en la interpelación del gobierno a la AF y sus organizaciones, abriéndose canales de protesta y cuestionamientos al calor de los cambios institucionales que implicaron un retroceso en la atención a las demandas del sector. La coyuntura política condicionó las formas de la acción colectiva de la AF, y significó para la UTT un crecimiento exponencial y mayor fortalecimiento en la estructura organizativa.

El desarrollo de verdurazos como modalidad de protesta en un contexto de políticas que atentaban directamente a las condiciones materiales de la AF, pero también desfavorable para el conjunto de la población, derivaron en conflictos sociales por la apropiación de recursos territoriales. El reparto y venta de alimentos “a precios populares” en espacios públicos permitió además una articulación fuerte con los consumidores, la visibilización de la organización, y consolidar la posición de la AF como proveedora de alimentos sanos, a la vez que poner en discusión el acceso diferencial que existe en la comercialización y distribución de alimentos. De esta manera, el territorio funcionó como lugar de estructuración de la protesta.

Los verdurazos, al igual que la colonia agroecológica (entendida como el territorio de la UTT para producir alimentos) se complementan con el objetivo de comercialización planteado por la organización, que en los últimos logró abrir varios almacenes autogestionados en distintos lugares y aumentar su participación en ferias locales. Estos espacios intentan desarrollar alternativas a las tradicionales en un contexto de concentración creciente de la producción, distribución y comercialización de alimentos. Funcionan al mismo tiempo como espacios materiales y simbólicos que refuerzan la construcción política de la UTT, dan lugar a nuevas significaciones, desafiando el control y la influencia de los actores que dominan el mercado. Asimismo, allí se ponen en juego experiencias y representaciones de los sujetos refrendando su implicación en la organización.

Tanto los circuitos alternativos de comercialización, como las demás prácticas que desenvuelve la UTT plantean al territorio como lugar clave de interpelación de la organización a las instituciones estatales y donde los sujetos se organizan, repiensan, legitiman sus acciones y disputan con los sectores hegemónicos. En ese sentido, el territorio además de ser el lugar donde se materializa la política pública y donde los AF desenvuelven prácticas acordes a sus reivindicaciones, es el lugar de transformación de las relaciones sociales y, por lo tanto, elemento fundamental para la realización de la UTT como organización.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo buscamos reflexionar sobre los procesos organizativos de la UTT en el marco de las instituciones estatales que elaboran la política pública. Para ello abordamos algunas de sus prácticas donde la espacialidad es una dimensión destacada para alcanzar sus objetivos. Nos enfocamos particularmente en la refuncionalización del predio de Jáurequi- Luján, los verdurazos como forma de protesta y apropiación del espacio, y la construcción de circuitos alternativos de comercialización. Vimos que ellas surgen bajo determinadas condiciones políticas que son leídas por la organización como una oportunidad para plantear sus demandas y enfrentar un contexto considerado como adverso. Se configuraron elementos que fueron canalizados colectivamente para el despliegue de acciones, se tejieron redes asociativas y formas organizativas que constituyen los marcos de la acción colectiva. Esto fue posible, asimismo, gracias al desarrollo de una infraestructura organizativa que permitió sostener las diversas acciones planteadas. De esta manera, las prácticas espaciales que exploramos se complementan entre sí, conformando las estrategias socioespaciales de la organización.

En ese proceso, al mismo tiempo, los actores organizados establecieron una relación social a través del espacio, donde se reconocieron colectivamente en la construcción de formas de intervención e interpelación a las instituciones en función de sus objetivos planteados. En esta experiencia, entonces, la espacialidad ha sido una dimensión central de la organización.

El territorio funcionó como un espacio político de lucha y resistencia de la organización, donde su territorialidad se expresó a través de sus formas de intervención, la creación de circuitos alternativos de comercialización y la apropiación física y simbólica del territorio.

Las propuestas vinculadas a la generación de colonias agroecológicas de abastecimiento y la comercialización, tal como mencionamos, encuentran posibilidades de alcance a un importante sector de la población y frente a las presiones de integración al mercado. Pero, asimismo, encuentran límites muy concretos producto de ser actividades que se desarrollan bajo un modelo agroalimentario en el contexto general de la acumulación capitalista. Esto significa que los circuitos alternativos compiten de manera marginal al no poder reemplazar la estructura de comercialización de alimentos del régimen actual. Igualmente, conservan una importante influencia política, así como recursos materiales y simbólicos tan aptos para su acción colectiva como para la consecución de un respetuoso reconocimiento por gran parte del resto de la sociedad (Azcuy Ameghino, 2011).

Aunque en los tres casos aparecen planteos de corte reivindicativo y puntuales como el acceso a la tierra, mejoras en las condiciones del sector y medidas que fortalezcan sus formas de comercialización, las estrategias socioespaciales de la UTT ponen de manifiesto la discusión más profunda sobre los sistemas agroalimentarios, el dominio del capital concentrado sobre el comercio y la producción, así como el rol del Estado. En este sentido, en línea con lo planteado por Ferraris y Seibane (2016) entendemos que comparten características de los movimientos sociales o partidos más tradicionales, pero al mismo tiempo toman características de los nuevos movimientos sociales, presentando modificaciones en los modos de compromiso y liderazgo y con nuevos repertorios de acción colectiva y formas de participación.

De tal manera, las estrategias socioespaciales expuestas invitan a reflexionar sobre la condición y viabilidad de la AF y los distintos espacios que nuclean al sector, a la vez que a pensar en la necesidad de desarrollar procesos organizativos que disputen las lógicas de reproducción del orden hegemónico. Es por ello que destacamos la necesidad de unir las diversas problemáticas semejantes en las distintas regiones, tomando al territorio como herramienta política colectiva y de articulación estratégica con el conjunto de las demandas de los sectores trabajadores, en pos de avanzar en la transformación de las condiciones históricas de concentración de la tierra y de la producción.

Agradecimientos

Este artículo se inserta en el proyecto PICT 2015-0653 y UBACyT 2015 “Política y Territorio. Interrelación y articulación en el contexto de las políticas públicas para la agricultura familiar. Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Misiones, desde el 2003”.

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Notas