Introducción

En los últimos años el rol de la agricultura familiar (AF) como abastecedora de alimentos para el mercado interno es objeto de diversas políticas públicas. En ese marco las nociones de sustentabilidad, desarrollo territorial y agroecología asociadas tanto al cuidado de la salud y del ambiente como a la producción de alimentos “sanos” forman parte de los debates centrales tanto en el ámbito gubernamental como de diversos movimientos ambientales, políticos y organizaciones sociales. Consideramos que la cuestión social de fondo, es por cuál es el rol y aporte de la AF en la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país. Las consecuencias que trae la intensificación del modelo de agricultura industrial instaurado en nuestro país y la región en los últimos 30 años, enmarcan estos debates. Diversas investigaciones dieron cuenta de cómo éste proceso profundizó la producción y exportación de commodities agrícolas en detrimento de otras producciones y que este modelo condujo a: un aumento de la mecanización productiva y la utilización creciente de agroquímicos, los cuales aumentaron tanto los costos sociales de producción, las problemáticas sanitarias así como la degradación del suelo y los ambientes (Teubal, 2003; Teubal y Giaracca, 2006; Manzanal, 2017).

En relación a la relevancia social que adquirió dicha temática[1] reflexionamos en torno a la implementación de una política pública, en el área periurbana de la ciudad de Rosario (Santa Fe), desde la cual se promociona a la agroecología vinculada al desarrollo territorial y local. La visión de la agroecología constituye tanto un campo de estudio desde diversas disciplinas como una dimensión reivindicativa de parte de movimientos ambientales, sociales y políticos. Algunas conceptualizaciones sobre dicha noción la emparentan con los modos campesinos de uso de la naturaleza (Sevilla Guzmán, 2006). Otras enfatizan en el carácter de cambio social que comprende el enfoque agroecológico, el cual deriva del conocimiento tradicional de los agricultores incluyendo elementos de la ciencia biológica y agronómica moderna y estableciendo un diálogo de saberes para el estudio del agroecosistema. En esta línea es considerada como base científica, metodológica y técnica, para una “nueva revolución agraria” a escala mundial (Altieri y Toledo, 2010).

Estudios recientes plantean que la misma multidimensionalidad que subyace al concepto y su amplitud en términos de prácticas, es interpelada por los intentos de incorporarla al giro eco-eficientista que se está dando en el paradigma de la agricultura industrial; en el marco más amplio del ascenso de la cuestión ambiental como “arte neoliberal de gobierno” en las escalas nacional y global (Seoane, 2017). A propósito Domínguez (2017) señala que diferentes movimientos sociales confluyen en otorgar a la agroecología un carácter disruptivo, nucleando diversas experiencias de la AF, economía popular, pueblos indígenas y campesinos. Señala que a pesar de esta confluencia en términos políticos, la agroecología se instaló en el marco de procesos diversos en cada una de las regiones, vinculándose a la capacidad de producción alimentaria que tienen los sectores que van siendo expulsados de las cadenas de valor regionales o agroexportadora.

Feito (2013) señala que desde el estado, a la vez que se apoya explícitamente el despliegue de los “agronegocios”, han existido políticas sectoriales y focalizadas orientadas a desarrollar iniciativas locales y alternativas al modo de producción agroindustrial. La autora plantea que tanto la AF como la agroecología son fundamentales para hacer frente a la desigualdad generada por la mercantilización generalizada de los alimentos. Y en ese marco las zonas periurbanas de las grandes ciudades adquieren importancia para la planificación de planes gubernamentales (Barsky, 2013). De este modo la producción en los cinturones hortícolas argentinos constituyen el núcleo central, aunque no exclusivo, de la producción agraria regional (Benencia, 2017), aunque en la actualidad se encuentran con grandes dificultades para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Diversos estudios en el sur de la provincia de Santa Fe (Propersi, 2006; Díaz y Spiaggi, 2011; Albanesi et al, 2018; Propersi, Albanesi y Perozzi, 2019), relevan procesos socio-productivos que han profundizado situaciones de desigualdad social, problemas de acceso a la tierra, problemáticas socio- ambientales y que han desencadenado la desaparición paulatina del sector de la producción familiar y en particular en el cinturón productivo que rodea el depto. Rosario. Cabe destacar que, en áreas metropolitanas de la ciudad, se llevan adelante políticas municipales focalizadas que promocionan la agroecología y el desarrollo de huertas urbanas (Lattuca, Terrile y Sadagorsky, 2014).

Con el propósito de contribuir a este campo de estudio analizamos, desde un enfoque socio-antropológico, la implementación del Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos (PSAP); una política orientada al desarrollo territorial en el área periurbana de la ciudad de Rosario (sur santafecino), en el periodo 2017-2019. Nuestro interrogante central es por ¿cómo viven y experimentan la transición a la agroecología los productores, destinatarios de dicha política? En un primer apartado, describimos el contexto en el que surge el Programa, atendiendo a la relación con la política nacional orientada a la agricultura familiar y a conflictos socio- ambientales de escala local. Procesos que muestran la configuración de un campo de disputa en torno al modelo agroalimentario en el área bajo estudio. En segundo lugar, nos centraremos en los modos en que se “territorializa” la política, en relación a la experiencia cotidiana de un grupo de pequeños productores hortícolas en dos localidades del periurbano de la ciudad de Rosario.

Consideraciones teórico-metodológicas

Nuestras reflexiones se inscriben en una investigación socio-antropológica más amplia, en fase exploratoria, en la que indagamos sobre experiencias organizativas de pequeños productores hortícolas, en el área periurbana de la ciudad de Rosario en contextos de desigualdad social. Como punto de partida consideramos el estudio de la cotidianeidad social de los sujetos, sus prácticas, significaciones y construcciones de sentidos en relación a los contextos socio-históricos más amplios. El carácter relacional dialéctico en la construcción de conocimiento, implica relacionar distintas dimensiones de una problemática, analizando los procesos que se generan en sus interdependencias y relaciones históricas contextuales. Consecuentemente lo “cotidiano” se va construyendo como categoría analítica, la cual permite captar los nexos de condicionamientos recíprocos (Achilli, 2005).

Para el análisis recuperamos registros etnográficos que combinan diferentes estrategias metodológicas: 10 entrevistas en profundidad y múltiples entrevistas etnográficas así como observaciones participantes (Guber, 2001) en los espacios productivos y actividades vinculadas al Programa (ferias estatales y eventos públicos) en el marco del trabajo de campo realizado entre julio 2017 y diciembre 2019. El universo poblacional está conformado por pequeños productores hortícolas que habitan y producen en el área periurbana considerando ciertas características: familias migrantes del sur de Bolivia y que son destinatarios del Programa estatal. Por último, reponemos fuentes secundarias como parte del relevamiento realizado, lo cual nos permitió triangular la información proveniente de entrevistas y observaciones.

En tanto orientación teórica, consideramos a las políticas públicas como un conjunto de acciones y omisiones que visibilizan una determinada modalidad de intervención de parte de un tipo de estado (determinadas relaciones de fuerza). Éstas presentan una “cuestión social” y ponen en escena problemas sociales que son a la vez, expresión hegemónica del modo en que se interroga, interpreta y resuelve la misma en una determinada época (Grassi, 2006). En diálogo con esta perspectiva recuperamos un enfoque que explora las políticas como objeto de demanda, distanciándonos de modelos sistémicos y racionales que representan a la política como una secuencia lineal de: identificación de problemas, formulación de soluciones, implementación y evaluación. Nos proponemos dar cuenta tanto de los modos de gubernamentalidad como de una cierta lógica situada, atendiendo a cómo en nuestro país se vuelve difícil reflexionar sobre las políticas estatales por fuera de procesos de lucha y construcción de demandas de diversos actores sociales (Manzano, 2011). Para ello se vuelve necesario interpretar a las políticas públicas en cuanto a sus efectos sociales, las relaciones de poder que crean con otras instituciones, y con los sistemas de pensamiento más amplios en medio de los cuales están inmersos en una sociedad en particular. Dando cuenta así de los intersticios y las tramas que se configuran por detrás de la formulación y luego, implementación de una política (Shore, 2010). Nos interrogamos por: ¿cómo son recibidas y experimentadas las acciones estatales por las personas afectadas a ellas? ¿qué intereses promueven? Y por último ¿de qué manera inciden en la construcción de nuevas categorías de la subjetividad?. Por lo tanto la lógica implementada por la política estatal es re significada y reelaborada en la interacción entre destinatarios y mediadores (trabajadores estatales). Dicha interacción puede pensarse como parte de una serie de relaciones activas, dado que los destinatarios, aún desde lugares subalternizados, son sujetos que se apropian/ rechazan /reescriben las propuestas formuladas desde ámbitos de mayor poder o de posiciones de autoridad (Grimberg, 2009).

El concepto de lugar de Massey (2012), nos permite abordar la “territorialización” de las políticas desde una visión del espacio -geográfico- que enfatiza tanto la construcción social como su naturaleza, ambas necesariamente dinámicas. De este modo lo espacial contiene la yuxtaposición de distintas narrativas, es el producto de relaciones sociales dinámicas. Considerando así estos “lugares” en tanto espacios abiertos, porosos, híbridos como punto de encuentro. Entendemos que esos “encuentros” se producen en el marco de procesos hegemónicos, mostrando así que lo que construye hegemonía no es una ideología compartida, sino un marco material y significativo común para vivir, hablar y actuar en órdenes sociales atravesados por la dominación (Roseberry, 2007).

Procesos contextuales en la configuración del Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos

"No queremos que haya un conflicto entre el campo y la ciudad sino un complemento", con estas palabras un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social de la pcia. de Santa Fe, presentaba el Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos (PSAP), a mediados del año 2017. Evento dirigido a un auditorio integrado por académicos e investigadores, representantes de organizaciones sociales, productores familiares y funcionarios de las localidades más importantes del departamento Rosario.[2] Ese año el Ministerio de Producción lanzó el PSAP con el objetivo de “promover y fortalecer alternativas a la producción convencional, considerando aspectos ambientales, sociales y económicos de los procesos productivos”. Para una comprensión de las concepciones y lógicas que se construyen en la formulación e implementación del Programa, es preciso dar cuenta de cómo en los ámbitos cotidianos se imbrican (éstos) procesos institucionales y estructurales con los que interactúan en una dialéctica relacional.

A nivel nacional, en los últimos años, se vuelve central el rol de la AF como abastecedora de alimentos para el mercado interno en tanto es objeto de diversas políticas públicas orientadas al desarrollo rural. En ese marco las nociones de sustentabilidad, desarrollo territorial y agroecología asociadas tanto al cuidado de la salud y del ambiente como a la producción de alimentos “sanos”, forman parte de construcción de discursos y prácticas tanto en el ámbito gubernamental como de diversos movimientos sociales, políticos y ambientales.[3] El estudio de dichos procesos nos interpela por el aporte que la AF y los actores que intervienen en ella, tienen en la construcción de la seguridad y soberanía alimentaria,[4] la cual se presenta como una cuestión socialmente problematizada. Por ello cabe preguntarse por ¿cómo se insertan este tipo de políticas públicas en el marco de un modo de producción basado en la acumulación flexible? (Harvey, 2005) ¿de qué modo convive otro modelo de desarrollo, que apueste a garantizar la alimentación con base en la pequeña producción? El modelo hegemónico instaurado en nuestro país y la región se caracteriza por los modos en que el capital financiero, bajo distintas formas de organización, legitima socialmente la apropiación del espacio en función de los intereses económicos de los grupos relacionados al capital local-global. La intensificación de este modo productivo en agricultura industrial, introdujo cambios tecnológicos, productivos y de mercado vinculados con la agricultura. Procesos que profundizaron la producción y exportación de commodities agrícolas, particularmente la soja, así como la expansión del monocultivo, la minería a cielo abierto, la intensificación de actividades industriales y agroindustriales contaminantes (Manzanal, 2014). Múltiples estudios (Manzanal, 2017; Teubal, 2003; Teubal y Giaracca, 2006) han demostrado características como la competencia en el uso de la tierra entre la produccion de commodities y de alimentos; las transformaciones espaciales dependientes del proceso de acumulación del capital global, financiero y especulativo; las cuales condujeron tanto al aumento de la mecanización (generando así la exclusión de pequeños y medianos productores agropecuarios) como a la utilización creciente de agroquímicos, los cuales aumentaron los costos sociales de producción, las problemáticas sanitarias así como la degradación del suelo y los ambientes. Considerando dicho contexto estructural es que se hace necesario dar cuenta de tensiones, contradicciones, resistencias y múltiples representaciones en torno a las condiciones de posibilidad del rol de la AF y sus consecuencias en los territorios.

En Argentina las políticas públicas orientadas al sector agropecuario que propugnan el enfoque territorial, en vinculación al desarrollo, aparecen durante la década neoliberal hasta principio del nuevo siglo. El enfoque del Desarrollo Territorial Rural incorporó al espacio como variable jerarquizada en la formulación de las políticas, el cual se proponía superar las históricas dicotomías campo-ciudad. El eje central fue la inserción del concepto de territorio argumentando que permitía viabilizar la promoción de políticas de “abajo hacia arriba”. En ese marco los Programas de Desarrollo Rural se expanden y construyen legitimidad social y política en torno a la existencia de la pobreza rural en el país. La década neoliberal inaugura, a través de dichas políticas, un reconocimiento a este sector productivo colocando en agenda al “desarrollo rural”, posibilitando el financiamiento de parte de instituciones internacionales que promovieran planes y programas que apunten a ese objetivo (Lattuada, 2014; Manzanal, 2017).

Hacia comienzos del nuevo siglo se difunde a nivel mundial, la utilización de la denominación de agricultura familiar, comprendiendo en su interior a un amplio conjunto de actores identificados como campesinos, minifundistas, pequeños productores, productores agropecuarios pobres, pueblos originarios. De ese modo, la política pública categoriza a sus destinatarios por sus formas de vida, estrategias de sobrevivencia, inserción productiva y grados de capitalización. Diferentes investigaciones (Manzanal et all, 2014; Manzanal y González, 2010; Nogueira y Urcola, 2013) señalan que a partir de esos primeros años, se crean múltiples instituciones gubernamentales para atender a ese sector, a nivel regional, nacional, provincial y local. En Argentina estas acciones se iniciaron en 2003 aunque es a partir del año 2008 cuando determinadas políticas lograron mayor énfasis, entre ellas: la creación de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur y los Foros Nacionales de la Agricultura Familiar (FoNAF) entre 2004 y 2006, hasta la sanción de la Ley Nº 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar en 2014. En este contexto es que desde la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación se promueve explícitamente la soberanía alimentaria local y regional, a partir de la producción de la AF. Sin embargo a partir de la gestión del gobierno de Cambiemos, en el año 2015, se incorporan en el aparato estatal reformas sustanciales las cuáles modifican la estructura y organización general de los ministerios y ponen en tensión la continuidad de las acciones de desarrollo rural y agricultura familiar planteadas años anteriores (Nogueira, Urcola y Lattuada, 2017). En ese marco se genera un escenario de gran conflictividad social que involucra a diversas organizaciones políticas y gremiales de la AF, quienes reclaman por la reincorporación de trabajadores estatales despedidos, financiamiento para programas de asistencia técnica y acompañamiento a la producción familiar. Colocando así en el centro del debate que, a pesar de los avances en la visibilización y fortalecimiento del sector agrario de los pequeños productores a través de las políticas de los periodos previos, restan aún por atender problemáticas que reviertan la exclusión, marginalidad y pobreza de diferentes grupos. La importancia social y política que adquirió la realización del Foro Agrario Soberano y Popular, en el mes de mayo de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, justifica nuestra premisa. Evento en el que se reunieron más de 3000 asistentes entre representantes de organizaciones campesinos, agricultores, gremios, sindicatos y universitarios, para la elaboración de propuestas por un Programa Agrario en vísperas del nuevo mandato presidencial.

Diferentes investigaciones en la provincia de Santa Fe (Albanesi et al., 2018; Diaz y Spiaggi, 2011; Propersi, 2006; Propersi et al., 2019), señalan una serie de transformaciones socio-productivas de los últimos 30 años, las cuales presentan una nueva agriculturización. Es en los pueblos rurales de la región pampeana, en dónde se profundiza el posicionamiento del capital global, expresando las condiciones estructurales propias del modelo agroindustrial (Cloquell et. al, 2014). Dichos estudios han caracterizado esta zona por un aumento de la concentración de la tierra, desplazamiento de actividades de carácter intensivas tales como la horticultura, fruticultura y porcina, mostrando asimetrías diferenciadas por regiones a lo largo de la provincia. El sur provincial, área en la que se localiza el periurbano de la ciudad de Rosario, constituye una zona central de la producción agrícola y del agro-negocio pampeano, conformando una de las regiones agropecuarias e industriales más pobladas del país. A su vez la cercanía al puerto de Rosario es estratégico en este modelo productivo, garantizando la exportación de esa producción a nivel mundial. La provincia se convierte en la tercera con mayor implantación de la oleaginosa y específicamente la región sur como la primer zona que se adecua al modelo de agricultura industrial, sustentado en la triada profundizada en la década del 90: siembra directa, soja transgénica y glifosato. Las consecuencias de estos cambios, tal como señala Propersi (2018) evidencian un proceso ininterrumpido de desaparición de explotaciones y un constante aumento de la superficie operada. Asimismo el aumento de la producción es concomitante con la disminución de explotaciones agropecuarias, provocando la desaparición de productores familiares capitalizados, el empobrecimiento crónico de productores de subsistencia y el creciente deterioro de los bienes naturales.

En este contexto se visibilizan procesos de demanda de parte de organizaciones ambientales, que ponen en cuestión dicho modelo agroalimentario en la provincia. Aumentando así las denuncias públicas por las consecuencias del incremento en el uso de agroquímicos y que tensionan los costos socio-ambientales a los que las comunidades están expuestas. Las reivindicaciones de estos colectivos se nuclean alrededor de diversas aristas: el aumento en la contaminación ambiental, las problemáticas sanitarias como patologías y enfermedades terminales causadas por agroquímicos y el cuidado del suelo como recurso y bien común a través de la promoción de la agroecología.[5] Fue a fines del año 2017 que se produjo un conflicto de gran envergadura pública a partir de la propuesta de reglamentación de una Ordenanza (nº 9.789) que prohibía en todo el municipio de Rosario la aplicación aérea de cualquier fitosanitarios y en el 82% del territorio (área urbana) cualquier clase de fumigación. Los actores enfrentados eran representantes del sector sojero y por otro lado organizaciones ambientales, generando que varios de los ediles vuelvan atrás con la Ordenanza por el poder del lobby sojero, tal como denunciaron ambientalistas y militantes sociales. Luego de una semana de debate público desde el gobierno local se propone superar la discusión por los metros a través de la ampliación del Proyecto de Cinturón Verde. Tal Proyecto había sido inaugurado unos años atrás e impulsaba la creación de huertas agroecológicas en áreas metropolitanas y en suelos en desuso del ejido urbano. De ese modo el gobierno local, en convenio con el provincial, difunde públicamente el lanzamiento del Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos (PSAP).[6]

Recuperamos un fragmento de la publicación de un diario de la ciudad que muestra el escándalo y visibilidad que adquirió la problemática:

La intendenta no vetó ni promulgó la ordenanza, sino que presentó un nuevo proyecto donde proponía la implementación paulatina y obligatoria de prácticas agroecológicas en los campos de toda la ciudad como sucede con el proyecto municipal Cinturón Verde (...) Se creó un clima social en Rosario favorable a lo que había votado el Concejo y eso hizo muy difícil que prosperara el proyecto alternativo o el veto, más allá del trabajo que hicimos desde el Concejo, quienes tienen el mérito de esto son fundamentalmente las organizaciones ambientales (Fuente: Entrevista a un concejal. Diario La Capital, 12 de diciembre, 2017)

De este modo, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial Provincial se sostenía que la iniciativa era una propuesta superadora a modo de resolver esos conflictos por los metros de exclusión de las fumigaciones, remarcando el abordaje a través de dos aristas: la transición agroecológica de la producción de alimentos en los periurbanos y el ordenamiento territorial. Destacamos que éstas iniciativas estatales en torno a la agroecología, recuperan experiencias productivas y trayectorias asociativas en torno a huertas comunitarias de sectores subalternos, que se remontan a fines de la década del `80 en la ciudad de Rosario. Referimos a los modos en que determinadas estrategias de subsistencia, en áreas con altos índices de pobreza en el contexto de crisis hiperinflacionaria en el año `89, son luego incorporadas bajo otros lenguajes y prácticas en la relación con el estado, en el marco de procesos hegemónicos (Lilli, 2015). En el año 2002 se crea el Programa de Agricultura Urbana (PAU), a partir del cual se articula la producción agroecológica con políticas orientadas a la inclusión social y al trabajo local. A partir del año 2003 estas acciones se enmarcaron en la Secretaría de Economía Solidaria (Municipalidad de Rosario). En ese contexto, el PAU ha sido objeto de reconocimiento en distintos niveles gubernamentales, destacando la producción agroecológica como aporte a la seguridad alimentaria y estrategia de lucha contra la pobreza. Asimismo, en un informe de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas), se declara a la ciudad de Rosario como una de las “10 ciudades más verdes de América Latina y el Caribe”, en tanto es una de las pocas grandes ciudades de América del Sur, que han incorporado la agricultura en su planificación del uso del suelo y en las estrategias de desarrollo urbano.

Consideramos que el recorrido expuesto, sitúa el surgimiento del PSAP en el marco de nexos y relaciones a diversas escalas y nos invita a reflexionar sobre la configuración misma de las políticas estatales en una coyuntura de campos simbólicos de disputa. Planteamos, a modo de construcción hipotética,[7] que en el periodo analizado se constituye un espacio político -de disputa- (Manzano, 2011) en torno al modelo agroalimentario y sus consecuencias, en el sur de la provincia. En ese espacio se encuentran intereses divergentes y contrapuestos que apuntalan el debate social, ambiental y espacial en torno a la soberanía alimentaria.

El “lugar” de la política estatal

A continuación describimos tanto los objetivos y lineamientos del Programa como los modos en que es territorializada la política en dos localidades del periurbano de la ciudad de Rosario. El lanzamiento del Programa se sustenta en un discurso en el que el rol de la producción de alimentos en periurbanos, es central para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en las grandes urbes y favorecer la inclusión social, en el marco de la propia estructura socio-productiva de la provincia. Desde la documentación institucional el objetivo del PPSP se dirige a:

Queremos abastecer a los mercados más exigentes del mundo, y por supuesto a nuestra gente, garantizando la seguridad alimentaria de nuestros pueblos y ciudades, con alimentos de primera calidad, y saludables para el consumo popular, no solo para los sectores de altos ingresos (...) Santa Fe es una provincia alimentaria por excelencia. Estamos construyendo un sistema alternativo en la producción y comercialización de alimentos, sustentable, y con inclusión social y trabajo local (...) Se busca potenciar los procesos de desarrollo territorial y es rever de una forma propositiva los conflictos que muchas veces se depositan en los territorios y nos permita avanzar en un desarrollo rural en serio con arraigo y con inclusión (Cartilla documento de la Pcia. Santa Fe).

En tal sentido, se postula la importancia de la articulación con comunas y municipios de los distritos que conforman el área del periurbano del Gran Rosario, propiciando que los principales receptores sean los niveles del estado local, quienes deberán llevar adelante el plan de trabajo en función de sus “capacidades internas”. Ese plan se pondrá en funcionamiento a través de: a) la promoción de mecanismos de financiamiento para la reconversión productiva y el agregado de valor; b) la construcción y circulación de conocimientos, con el que se pretende generar acciones de formación junto a la asistencia técnica, capacitación e intercambio de experiencias; c) el fortalecimiento de la comercialización, mercados de proximidad y certificaciones participativas, apoyando la diferenciación de las producciones sustentables; y d) la adaptación y mejora de la normativa local vinculada al ordenamiento territorial de los periurbanos, mediante asistencia permanentemente a los gobiernos locales. En función de ese esquema propuesto, la construcción de entramados se convierte en uno de los pilares fundamentales para llevar adelante este tipo de acciones:

(...) es necesario construir espacios y apoyarse en capacidades de otros actores ,esto que tanto se habla de “gestionar en red”, ¿no? tratar de generar y de tomar capacidades de otros actores para poder llevar adelante un programa como este (...) sin la conjunción de organizaciones y municipios nosotros no podemos avanzar con el territorio, nosotros no podemos decir: acá no se fumiga o se produce agroecológicamente, porque no tiene efectividad no es conducente, si no más bien profundiza algunos conflictos y se generan más procesos errantes, lo hemos visto en varias localidades que han prohibido y restringido el uso de agroquímicos lo que ha generado más presión inmobiliaria sobre esos terrenos, entonces hay que ser inteligente en los planteos para ver como eh… se abordan estas problemáticas en profundidad y no como una cuestión de moda o demagógica. (Funcionario estatal, observación participante, 21/11/19)

Consideramos que la lógica implicada en la “gestión en red” y el apoyo con otras instituciones y actores presentes en el territorio, forma parte de orientaciones internacionales en torno a la intervención a través de la planificación multinivel (acciones en diversas escalas) vinculadas al territorio (CEPAL, 2017). La descentralización focalizada da cuenta de la intención de generar grados de consenso y negociación en torno a los conflictos socio-ambientales mencionados

Otro de los ejes centrales lo constituye el ordenamiento territorial, ubicando al área periurbana como potencial para un “reordenamiento en base a una propuesta de desarrollo rural, que integre la ciudad con el campo, lo urbano con lo rural”. Asimismo se destaca que es una zona fundamental no sólo productivamente sino en cuanto a la comercialización y que posee la capacidad de abastecer a más de 2 millones de habitantes de la región. Como señalan los estudios regionales (Spiaggi et al. 2011; Porpersi, 2018; Cloquell et. al, 2014) el cinturón hortícola rosarino conformaba, históricamente, un espacio entre el área rural y la urbana y actualmente con el crecimiento poblacional y la presión inmobiliaria desapareció, dando lugar a grandes conflictos ambientales y de contaminación así como de acceso desigual a la tierra. Recuperamos los aportes de Ringuelet (2008), quien define ese complejo entramado social como “territorios de contraste” en los que se observan situaciones de desigualdad-diferencialidad, en la medida en que sus procesos rural-urbanos se manifiestan fragmentados. El autor señala que el ámbito social periurbano conforma una frontera móvil, un espacio de marginación y al mismo tiempo de encuentro y reorganización. Los cuales constituyen una frontera territorial y simbólica en los que, históricamente, fueron los primeros ámbitos de recepción, ayuda y redistribución para los diversos grupos de migrantes. Entonces ¿quiénes son los sujetos productores de alimentos que residen en el periurbano de Rosario y de qué modo construyen “lugar”? desde la gestión del Programa se mencionan las transformaciones socio-históricas en el sujeto agrario en estas zonas, planteando que:

Necesitamos saber si sigue en manos de los gringos como decimos nosotros para poder identificarlo o de sus descendientes. O sea se ha reconfigurado el sujeto y creo que es un paso que tenemos que dar, todo lo que son políticas de acceso a la tierra, que creo que es el gran desafío del estado principalmente para lo que son las áreas periurbanas de producción de alimentos. (Funcionario estatal, observación participante, 25/9/18)

Analizamos que en tanto uno de los objetivos del Programa está orientado a crear trabajo local e inclusión social, los destinatarios forman parte de ese sector que se ha visto desplazado y marginado de las áreas de producción así como sin acceso a la propiedad de la tierra y hoy conforman los “grupos vulnerables” o considerados necesitados de asistencia. En el último censo local realizado en el área, se informa que existen un 36 % menos de productores que hace 25 años y que la mano de obra procedente de Bolivia pasó de un 18 % a un 43 %. (Censo Hortícola Rosarino, 2012). A partir de las entrevistas realizadas, podemos inferir que actualmente estos datos se siguen sosteniendo.

La concepción en torno a la reconversión al modelo productivo agroecológico, se encuentra asociada a la sustentabilidad, al cuidado de la salud y a la producción de alimentos sanos. El concepto de “reconversión” es acuñado por el Programa para denominar a la transformación en el plano de la producción. Ahora bien, ¿cómo aparece la agroecología en el discurso del Programa en tanto herramienta de intervención social que administra y regula recursos? En los documentos oficiales, el acompañamiento se centra estrictamente al ámbito de la producción y comercialización, es decir a nivel campo, a nivel lote: a través de la recuperación del suelo, la preparación de bioinsumos, el manejo del agua, las cuestión de la mecanización, las buenas prácticas en la cosecha, la pos-cosecha y abordando la problemática de la comercialización. Asimismo se ofrecen capacitaciones y asesoramiento desde una visión de colaboración con los productores y no de transferencia de conocimientos.

Identificamos algunos aspectos relevantes en torno a la lógica implícita en el funcionamiento e implementación. En primer lugar se plantea con énfasis la necesidad de “invitar a los agricultores” a que reconviertan su modo de producción, por tanto se ubica a la transición a la agroecología como parte de una elección individual (y voluntaria) por parte de cada productor posiblemente interesado. Asociado a esta representación, observamos que en las conferencias y eventos públicos se valora el éxito o no del “sistema” en función de los logros esperables de la reconversión: la producción de alimentos sanos y el convencimiento del productor de haber dejado atrás el modo convencional. La evidencia en la que se basan éstas construcciones de sentido, se da a través de análisis bioquímicos a los que se somete tanto al suelo y a los alimentos, para determinar la presencia o no de elementos agroquímicos. En función del resultado se tensiona la participación de los productores y su credibilidad frente al Programa (estado) y a los consumidores.

Desde las políticas se prescribe un modo de poner en práctica la “reconversión” agroecologica asociada a significaciones en torno a la salud y al cuidado del ambiente. De esa forma se “incentiva” a los productores a realizar un cambio de hábito. Observamos que la asistencia técnica está orientada sólo a los productores que deciden “y tienen la voluntad” de iniciar la reconversión.

La agroecología en la experiencia cotidiana

La indagación en el nivel de lo cotidiano nos permite problematizar la “reconversión productiva”, explorando qué otras dimensiones se ponen en juego en la transición. A partir del trabajo de campo realizado identificamos que, casi en su totalidad, los productores son migrantes de origen boliviano (particularmente de la región de Tarija). Esta es una característica de los enclaves hortícolas,[8] ya que en las últimas décadas nos encontramos con productores migrantes de países limítrofes, a diferencia de los primeros inmigrantes de principios de siglo pasado, que provenían de países europeos (Italia especialmente) y se asentaban en estas zonas rurales. Algunos poseen tradiciones de trabajo en la agricultura y otros llegan a nuestro país, a través de redes familiares en busca de trabajo. Actualmente las modalidades laborales varían entre: trabajo por tanto (peones), mediería o arrendamiento. Asimismo habitan en las quintas en condiciones precarias en áreas no urbanizables, que en la mayoría de los casos carece de agua corriente, servicio de cloacas y acceso a transporte público. Estas formas que adquiere el trabajo hortícola muestran la predominancia de la informalidad y precariedad de las formas productivas y comerciales así como deja expuesta la desprotección en términos de derechos laborales.

En general sus tradiciones incorporan en el proceso de producción el uso de agroquímicos denominados por ellos mismos como remedios, ya que por décadas este ha sido el modelo hegemónico direccionado tanto desde el sector privado-encargado de proveer los paquetes tecnológicos- como por especialistas/asesores en agronomía con los que este sector se ha relacionado. A partir de los relatos que reconstruimos, ese uso y esa forma de producir se heredó por varias generaciones, generando un saber-hacer en el trabajo, en palabras de una de las productoras más jóvenes del grupo: "es difícil cambiar ahora porque uno fue aprendiendo de sus padres y abuelos". Ese saber-hacer se articula a la modalidad organizativa de las unidades productivas, éstas coinciden con la unidad doméstica en tanto la fuerza de trabajo es familiar, salvo algunos casos en que se contrata mano de obra –peones- de manera temporal. Ésta composición de la fuerza de trabajo define a los espacios productivos como unidades productivas domésticas. Mediante el establecimiento de vínculos de amistad, parentesco y vecindad, los sujetos elaboran estrategias que garantizan producción y reproducción del grupo doméstico (Balazote y Radovich, 1992).

Recuperamos parte de la trayectoria de Alberto, uno de los productores que participa del Programa: "¿lo agroecológico? Yo siempre hice igual, todo crece nomás. Vienen las técnicas y me hicieron la prueba del suelo pero estaba todo bien". Alberto vive en la zona rural de una de las comunas y es el único informante que es propietario de su tierra- 2 hectáreas- adquirido gracias a la época de oro del tomate en la zona hace 20 años, allí produce junto a sus dos hijos. Migró desde Bolivia a fines de los años `60 junto a su familia de origen, con quienes se asentó en esa localidad del periurbano y siempre se dedicaron a la producción de tomate y otras hortalizas. Actualmente está jubilado, sus hijos son los que lo ayudan en la producción, aunque cuando consiguen una changa o algún trabajo temporal priorizan estos últimos y se trasladan a otras localidades. Actualmente participa del Programa y accede a los espacios de ferias. Tanto Alberto como las demás familias productoras se diferencian de los “productores convencionales”, reconociéndose a sí mismos como “productores en transición”. En diferentes instancias grupales, sobre todo en los espacios de ferias, presenciamos tensiones entre estos grupos de productores en torno a valorizar “lo agroecológico” por sobre “lo convencional”. Este último modo de producir para quienes ya han recibido la certificación de la provincia y lograron acceder a los espacios de comercialización propuestos por el estado, significa estar atrasado o no tener la voluntad de cambiar, de emprender, de mejorar. Los productores agroecológicos son convocados por el gobierno provincial a participar en charlas en escuelas, universidad y jornadas educativas relativas a problemáticas agroambientales para mostrar los logros obtenidos en el sistema de producción. Pudimos observar cómo estas acciones habilitaron para los productores una valorización social y legitimada de su trabajo, así como el acceso a lugares y vínculos, en algunos casos impensados para este sector subalterno. A modo de una racionalidad de gobierno (Shore, 2010), entendemos que la agroecología se construye como un enfoque que legitima ciertas prácticas y saber-hacer asociadas a la “salud” y estigmatiza otras. De ese modo, entre el grupo de productores agroecológicos, que en otros ámbitos comercializaban juntos a “los convencionales”, se fue generando un consenso en torno a cómo debía producirse y luego comercializar:

Necesitamos diferenciar nuestra producción (agroecológica) de la de los demás, ya tuvimos paciencia y teníamos que esperar a que termine el proyecto de la Provincia para poder vender en otros lugares, pero ahora nosotros hacemos solo agroecológico”. (Marta, productora, observación participante, abril de 2018).

En referencia al proceso de producción, la utilización de agroquímicos es reemplazada por los biopreparados (insumos a base de plantas aromáticas y otros elementos naturales). Pudimos reconstruir que en general los productores desconocen el uso de éstos, por lo que requieren de una capacitación y un proceso basado en el ensayo-error de esos nuevos métodos para combatir plagas, yuyos así como hacer frente a eventos climáticos extremos. Esta metodología les demanda un tiempo agregado a sus horas de trabajo habituales: "y…le dijimos a las técnicas que no siempre tenemos tiempo de preparar la ortiga o de armar lo que ellas nos enseñan…deberían darnos ya listos…con los matayuyos es más rápido y fácil". En otras palabras, este método depende de la fuerza de trabajo con la que cuente la unidad productiva doméstica para una re-organización de las tareas.

Por otro lado la participación en el PSAP vehiculiza la posibilidad de acceder a proyectos y créditos que implican diferentes gestiones y modos de participar en relación con el estado:

Nosotras cuando cumplamos los dos años en el proyecto nos vienen a hacer las pruebas en la tierra, en las verduras y nos dan la certificación, la marca. Con eso podemos salir a vender las producciones. Si no pasamos por eso no podemos vender como agroecológico. Así podemos entrar en otros proyectos de la provincia. (Marta, productora, observación participante, noviembre de 2018)

La transición en términos agronómicos conlleva un proceso de larga duración en el tiempo, en el cual es necesario dejar pasar algunos ciclos de rotación y cosecha. Ese “tiempo de espera” es un riesgo difícil de afrontar para este tipo de economías. En general los productores son arrendatarios y no cuentan con una tenencia segura sobre los terrenos ya que están condicionados por las presiones inmobiliarias y/o contratos temporales e ilegales:

¿Cómo hago a iniciar la transición si no se cuánto tiempo voy a estar acá? En un año se termina el contrato y no sé si me lo renuevan. No puedo perder tiempo, tengo que cosechar y salir a vender. Me aumentaron el alquiler no puedo seguir pagando así que me tuve que ir (Marta y Juana, productoras, entrevistas, octubre de 2018)

Asociada a esta problemática por la tierra, la inversión inicial que implica la agroecología produce temor en algunos casos. Una de las preocupaciones que expresan es no saber cómo serán los volúmenes de cosecha en los primeros tiempos de la transición, por ejemplo. En cada situación la propuesta de la agroecología debe necesariamente adaptarse y "flexibilizarse...vos querés hacer una cortina forestal y lleva muchos años, es una inversión que quien la asume tiene que invertir...pero en cambio si podes pensar en mejorar la calidad del suelo, sabiendo que tal familia va a estar tres o seis años" (Técnico estatal, entrevista, 9/3/19). Por lo contrario, observamos que el uso de productos industriales (químicos), los cuales requieren una gran inversión inicial monetaria genera una “seguridad económica” ya que les garantiza el nivel de cosecha habitual. Por lo expuesto consideramos que el acceso a la tierra se constituye como la principal limitante que influye en la decisión de “iniciar la transición”.

En relación a la comercialización de las producciones agroecológicas, ésta es diferenciada y posee un valor final más alto que el convencional. Por ello se genera una competencia en los precios, en tanto el nicho de mercado (consumidores) aún no supera el consumo –por el bajo precio- en los espacios de venta convencionales: mercados centrales, verdulerías, supermercados entre otros. Quienes alcanzan una transición “exitosa”, acceden a la certificación que les otorga el Programa y al registro en la marca provincial. A partir de allí se encuentran habilitados a participar de las ferias estatales y de los espacios de venta exclusivos gestionados por el gobierno provincial y local en diferentes puntos céntricos de la ciudad de Rosario. Sin embargo esas cadenas cortas de comercialización en palabras de los productores, no alcanza para todos. Esta dificultad se genera tanto por el aumento en sus volúmenes de producción como por nuevos productores que se suman a la cadena. Otra limitante es la logística, las condiciones de informalidad obstruyen la posibilidad de acceder a una movilidad, por ejemplo.

Por último recuperamos la experiencia de transición de parte de los trabajadores estatales en terreno: los técnicos, quienes son los responsables de acompañar los procesos de reconversión de los productores. Destacamos que se ubican como mediadores, es decir en otra posición en la estructura del estado diferente a la de los funcionarios de gobierno, quienes constituyen los expertos del campo político, en la medida que son los que gestionan la cuestión social (Grassi, 2006). Desde la construcción de sus prácticas podemos observar la trama del plan de trabajo formulado por el Programa:

Inicialmente el técnico lo debía contratar la comuna. ese era el acuerdo cuando se firmaba el convenio con el programa. lo cierto es que eso a veces, muchas veces, las comunas no tienen los recursos suficientes, otras no contaban con personal capacitado para que pudiera acompañar los procesos de transición, y verdaderamente no sé en qué queda esta cuestión de la persistencia del técnico acompañando los procesos. (Técnico estatal, entrevista, 9/3/19)

Los diferentes registros de entrevistas con trabajadores del estado mostraron cómo la diversidad de cada territorio incide en la acción cotidiana:

Porque para mí tienen características diferentes, no es lo mismo lo que pasa en la Comuna que en el Municipio, si bien son todos la mayoría de la comunidad boliviana, y se dedican a la horticultura, hay situaciones distintas que tienen que ver con los territorios. La Comuna es un territorio ordenado viste? que se yo, ponele con….de se..digo con la intervención del Estado. ahí pudimos conformar una Mesa Interinstitucional con todos los niveles del estado que estábamos participando en el territorio y articular el plan de trabajo en conjunto. (Técnica estatal, entrevista, 25/6/18)

Las dificultades y resistencias con las que se enfrenta a diario se vinculan, desde su perspectiva, a dos grandes problemáticas: la tenencia de la tierra y la comercialización:

Y el primer inconveniente es la tenencia de la tierra...eso implica una dificultad económica de sostener los altos volúmenes, para poder sostener los alquileres, por otro lado, pensar a largo plazo un espacio donde la agroecología implica la instalación de algunas especies perennes... y eso, al no tener la tenencia segura de la tierra, siempre es una limitante. Además que se especula con la renta en relación a lo que compite. Es más caro aun que los alquileres que se cobran en quintales fijos de soja, digamos.. Entonces eso es una gran dificultad. y por el otro lado lo que veo que se convierte en una dificultad es la comercialización. (Técnica estatal, entrevista, 9/3/19)

Asimismo plantea que actualmente el Programa no puede garantizar canales de comercialización acordes al perfil de estos pequeños productores, quienes no les alcanzan los nichos de mercado diferenciados "para los volúmenes que generan en las quintas los productores... es un gran cuello de botella no tener los canales de comercialización aceitados" (Técnica estatal, entrevista, 9/3/19). Cuando la interrogué sobre qué pensaba de los productores que no querían participar del Programa o que se mostraban con más resistencia, desde su perspectiva, concluye que lo económico es el motor del cambio:

Yo no sé si es tan… bueno, resistencia a los cambios es como… si, bueno, puede haber cierta resistencia. Pero como que a medida que... se va logrando de a poquito algunos procesos, que vayan probando con algunas cosas y eso… creo que los hombres, sobre todo… por lo menos en mi experiencia, las mujeres fueron las que traccionaron más, a veces, la propuesta hacia la agroecología, y fueron convenciendo a sus maridos a partir, también de que empezaron a comercializar, a ir la feria. Entonces la comercialización tracciona mucho. Es el motor del cambio, la comercialización a partir de generar un excedente diferente del que genera la venta en el mercado. Eso es lo que tracciona.Yo creo que si. si....prima más el mercado, que lo ambiental, la salud. (Técnico estatal, entrevista, 9/3/19)

En ese sentido, los técnicos entrevistados señalan que a medida que los productores convencionales identifican que hay un crecimiento de quienes ya iniciaron la “transición” son ellos mismos quienes se acercan y muestran un interés, priorizando en última instancia la venta diferenciada. Resulta interesante la mirada de la técnica en torno a otro tipo de condiciones que, tal como describimos anteriormente, inciden en el proceso de transición:

Pero hay otros productores que tienen otras dificultades, a nivel de salud, económicas, de mano de obra… otras realidades que hacen que no puedan sostener esos volúmenes ni esa diversidad, entonces tienen dos o tres… las cosas que les son más fáciles… que los insumos de semillas que tienen que comprar son más baratos, como la acelga, la rúcula, esas cositas más sencillas. pero, claro, tienen a lo mejor 20 surcos de acelga y a lo mejor a una feria lo único que pueden llevar es acelga y puerro. (Técnica estatal, entrevista, 9/3/19)

Según esta visión el carácter de la fuerza de trabajo –mano de obra familiar- también es una limitante en fortalecer estas experiencias de las unidades domésticas, debido a las múltiples tareas que deben afrontar: la producción sumada a la preparación de insumos y herramientas específicas, y la comercialización en espacios particulares y aptos para la venta agroecológica

Observamos que la experiencia cotidiana de “reconversión” a la agroecología, muestra dimensiones tanto materiales, económicas como socio-culturales y simbólicas que complejizan el objetivo (propuesto desde la política pública) de producir más saludable. Es decir, para el grupo de productores iniciar la transición significa –además- enfrentar condicionamientos y limitaciones en el marco de procesos estructurales, vinculados al modo de producción hegemónico. Asimismo posibilita acceder a asistencia técnica, créditos, proyectos y agregar un valor mayor a sus producciones (que se traduce en mayores ganancias). Por último este tipo de experiencias inciden en la construcción de nuevas categorías de la subjetividad, en tanto “convertirse en productor agroecológico” habilita a un reconocimiento social y legítimo a su trabajo cotidiano: “Nosotros nunca fuimos bien vistos acá en el pueblo, ni siquiera como productores, ahora sabemos más que los técnicos que nos vienen a visitar y le terminamos explicando nosotros a ellos.” (Marta, productora, observación participante, noviembre de 2018). La transición crea la esperanza de poder aumentar sus ingresos pero también de ser reconocidos por su empeño y emprendedurismo.

Consideraciones Finales

Nos propusimos reflexionar en torno a una problemática que entendemos se inscribe en debates más amplios sobre el alcance del modelo agroalimentario en nuestro país y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales en el territorio.

Consideramos que el análisis socio-antropológico nos permitió aproximarnos a la trama y efectos de una política estatal en relación a una experiencia cotidiana en el sur santafecino. El breve recorrido por los procesos contextuales relacionados con la creación del Programa, mostró que en el sur santafecino la agroecología asociada a la salud y al cuidado del ambiente –en tanto cuestión social- abrió un lugar para la negociación y el consenso entre diversos sectores en pugna. Visibilizando así las consecuencias sociales, sanitarias y ambientales del modelo agroindustrial, particularmente en esta zona de la región pampeana. Por otro lado la ejecución del Programa se inscribe en los antecedentes en materia de políticas públicas orientadas al desarrollo rural y a la agricultura familiar, que en las últimas décadas, plantean modos de abordar el abastecimiento de alimentos y la inclusión social en los territorios, desde una perspectiva del desarrollo.A través del análisis etnográfico indagamos en ¿cómo viven y experimentan la transición a la agroecología, los productores hortícolas que son destinatarios de la política estatal? En este sentido los aportes de Shore (2010) nos iluminan para resaltar la complejidad y lo desordenado de los procesos de formulación de políticas, en particular las maneras ambiguas y a menudo disputadas en que las políticas son promulgadas y recibidas por la gente, en el espacio. Las políticas reflejan modos de pensar sobre el mundo y de cómo actuar en él, incluyendo así modelos implícitos de una sociedad y de cómo las personas deben relacionarse y responder. Analizamos que el proceso de transición es dificultoso, su desarrollo está condicionado (y condiciona a la vez) por diversas dimensiones estructurales y materiales que, como intentamos mostrar, exceden la voluntad o la motivación individual -de orden moral- en torno a (o solamente por) producir más sano. Las trayectorias de vida que restituimos muestran algunas situaciones de resistencia al “cambio” en el modo de producir y que estarían traccionadas por la posibilidad de generar mayores ingresos económicos y por lo tanto de acceder a otras condiciones de trabajo y vida. Los modos en que cada familia productora lleva adelante la transición son diferentes y se contraponen significados y prácticas, que en el marco del contexto cultural y simbólico obligan a adaptar y reelaborar la metodología de la propuesta. Identificamos la construcción de “nuevas categorías del individuo y de la subjetividad”, en tanto los productores en transición se contraponen a los “convencionales”. En ese sentido, la participación en el Programa generó una revalorización social de su trabajo que al mismo tiempo genera tensiones.

Para concluir, desde una perspectiva que ubica a la territorialización como resultado de luchas políticas y expresión de decisiones económicas y políticas estructurales, dejamos planteado que este tipo de iniciativas desde el estado son necesarias y, que deben atender dimensiones tanto productivas y materiales así como socio- culturales y simbólicas que nos inviten a reflexionar por las condiciones de posibilidad para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria en nuestros territorios.

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Notas