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Recepción: 14 Agosto 2019
Aprobación: 01 Mayo 2020
Resumen: La historiografía que se ha ocupado del problema de la propiedad de la tierra en Jujuy no es demasiado amplia. La misma reconoce trabajos pioneros para la región de la Puna, y un clásico sobre el desarrollo de los ingenios azucareros. Solamente desde hace algunos años ha cobrado relieve a partir de las investigaciones realizadas sobre los procesos de desamortización y tierras comunales indígenas en Puna y Quebrada, y la vinculación de las mercedes de tierras y el desarrollo de los ingenios en los Valles Orientales. En ese marco, los Valles Centrales de la provincia han quedado prácticamente sin estudiar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. A ese vacío historiográfico pretende contribuir este artículo.
Palabras clave: Propiedad de la tierra, Sistema de riego, Clases propietarias, Valles Centrales de Jujuy.
Abstract: The historiography that has dealt with the problem of land ownership in Jujuy is not too broad. It recognizes pioneering works for the Puna region, and a classic about the development of sugar mills. Only a few years ago it has gained prominence from the investigations carried out on the processes of confiscation and indigenous communal lands in Puna and Quebrada, and the linking of land grants and the development of mills in the Eastern Valleys. Within that framework, the Central Valleys of the province have remained practically unexplored, especially in the second half of the 19th century. To this historiographic vacuum this article intends to contribute.
Keywords: Land ownership, Irrigation system, Proprietary clases, Central valleys of Jujuy.
Planteo y presentación del problema
Los estudios sobre la propiedad de la tierra son clásicos dentro de la historiografía argentina, y cuentan con un notable desarrollo para las regiones pampeanas. A pesar de la gran cantidad de artículos, comunicaciones y libros que se han escrito sobre la temática del mundo rural, algunas regiones han quedado escasamente estudiadas. La gran polémica del año 1987 sobre el carácter de la fuerza de trabajo en la campaña rioplatense, que tuvo entre sus protagonistas a Carlos Mayo, Juan Carlos Garavaglia, Jorge Gelman y Samuel Amaral, marcó un punto importante del desarrollo de la historiografía rural. Siguiendo el análisis de Teruel, esto implicó una revisión en el mundo académico norteño. Temas como los flujos mercantiles entre las colonias y la metrópoli en el interior del mismo espacio colonial, la autosuficiencia de las haciendas y el peonaje por deudas, a la vez que ponían nuevos ejes de discusión que reconocían diversos sistemas de tenencia de la tierra, la composición regional de la producción, entre otros puntos de agenda de investigación; fueron los que dieron origen a la obra de Guillermo Madrazzo (1982) sobre la hacienda y la encomienda del antiguo Marquesado de Tojo hasta el siglo XIX. Por otro lado, comenzaban a germinar los estudios sobre la agroindustria azucarera, con el libro de Ian Rutledge (1987) basado en la teoría de la modernización y algunos aspectos propios del dependentismo marxista (Teruel, 2017, p. 46).
Aun así, no sería hasta la década del 2000 que la historia agraria alcanzaría un nuevo ímpetu con una nueva generación formada en la década del ’90. La “frontera” fue una de las nuevas temáticas que se impuso como convergencia de los estudios agrarios, rurales, antropológicos y etnográficos. En ese marco, destacan la tesis doctoral de Teruel (1999) sobre la frontera chaqueña. La otra región que suscitó un gran interés fueron las llamadas “tierras altas”de Jujuy (Puna y Quebrada de Humahuaca). Allí los estudios de Albeck y Palomeque (2009) documentaron el conjunto de mercedes de tierras entregadas en las jurisdicciones coloniales de Charcas y del Tucumán. Otro tema que cobró ímpetu es el proceso de desamortización de las tierras comunales indígenas, bajo una mirada crítica de los derechos de propiedad. Estudios que renovaban la mirada de Madrazzo se hicieron eco en Fandos y Teruel (2012) al tratar el problema de la enfiteusis en el siglo XIX.
En lo que hace a los estudios puntuales sobre la propiedad de la tierra, menciona Teruel, destaca el esfuerzo por brindar panoramas más integrales de las diferentes microrregiones de la provincia prestando atención a los cambios, tanto en las concepciones como en las prácticas, entre la colonia y finales del siglo XIX (Teruel y Bovi, 2010). Un punto importante, es el desplazamiento de la mirada sobre los propietarios hacia los arrendatarios. Fandos (2013, 2016) explora las múltiples facetas de esta figura, comparando indicadores de las condiciones materiales de vida (Teruel, 2017, p. 55).
Dentro de esta apretada síntesis, los valles centrales de la provincia aparecen escasamente estudiados. Los mismos se encuentran ubicados hacia la zona sur-central de Jujuy, conformados por tres unidades departamentales (Gral. Belgrano, Perico del Carmen y Perico de San Antonio) pero que para el siglo XIX se encontraban estructuradas a partir de las antiguas circunscripciones de curatos, Rectoral y de Perico, hasta 1866 en que la reforma constitucional de ese año señaló la división de Perico en dos. Dada la vacancia historiográfica sobre esa temática, en este artículo proponemos abordar el problema de la propiedad de la tierra a través de sus propietarios, su vinculación con el uso y control del agua como factor productivo, y las transformaciones en la tenencia de la tierra en una mirada de larga duración desde la tercer década del siglo XIX hasta las llamadas reformas liberales de los años 1880, que marcaron un puno de inflexión entre el antiguo y el nuevo orden, siendo la consolidación de la propiedad privada un punto vital sobre el cual se apoyaría el programa de modernización que pretendía llevar adelante el gobierno (Teruel y Bovi, 2010, p. 226).
Para 1850, señala Gustavo Paz, Jujuy era una sociedad que estaba lentamente recuperándose de las pérdidas de vidas y bienes que habían traído aparejadas la guerra y luego las luchas facciosas. A partir de 1840 la vida política comenzaba a verse normalizada, exceptuando las convulsiones derivadas de la caída del rosismo provincial entre 1851 y 1853. Su reemplazo por la antigua “elite” brindó a la provincia la “tranquilidad política necesaria para continuar su modesta pero efectiva recuperación económica” (Paz, 2004, p. 422).
La mayoría de los habitantes seguía viviendo en las áreas rurales, siendo un tercio de la población total la que habitaba en la ciudad y sus áreas circundantes, el Curato Rectoral y el Curato de Perico (Paz, 2004, p. 422). Esta región de Jujuy presentaba un paisaje geográfico particular. Es ambientalmente una de las mejores que se presenta en la provincia para la producción de alimentos de origen vegetal y/o animal, pero para el período era necesario también una infraestructura de riego más compleja que las logradas en la colonia y la temprana república (hasta entonces sólo un sistema de acequias). Esa modernización sólo fue posible a comienzos del siglo XX, cuando el Estado Nacional dispuso leyes y dinero para la construcción de un sistema de diques y la provincia acompañó con inversiones públicas propias (Hernández Aparicio, 2019, p. 68-69). Dada esta carencia de un sistema de irrigación compacto, que posibilitara un mayor despegue productivo, y, centralmente, garantizara el acceso al agua para todos los propietarios, convirtió al líquido elemento en un factor de poder y de conflictos que era necesario regular.
Breve estado del arte sobre la propiedad de la tierra en los Valles Centrales
Los estudios sobre la propiedad de la tierra en los Valles Centrales de Jujuy han coincidido en una serie de puntos de una manera general, ya que su análisis en detalle está todavía por hacerse. Como un trabajo pionero podemos señalar el de Ana Teruel, que apunta que los Departamentos Capital, Perico del Carmen y San Antonio, para 1872 presentaban una gran cantidad de fincas, aunque “ninguna llega a ocupar dimensiones semejantes a las de los Valles Subtropicales” (Teruel, 1994, p. 166-167). En ese sentido la autora destaca dos grandes unidades productivas, El Pongo en la Capital, y las unidades Perico de San Juan y Pampa Blanca en El Carmen, aunque con una valuación menor en comparación con las del oriente de la provincia.
El catastro de 1872, que es sobre lo cual trabaja la autora, muestra que los Valles Centrales tenían la mayor cantidad de propiedades:
El predominio de las propiedades medianas en Valles Centrales, confirmado por un equilibrio entre los porcentajes que representan la cantidad de esas unidades (42.6%) y el que representa el valor de las propiedades medianas en la zona (57.1%) es característico de esa región, cuyas unidades de producción abastecen el mercado urbano de San Salvador de Jujuy (Teruel, 1994, p. 171).
Siguiendo el análisis, Teruel argumenta que la llegada del ferrocarril en 1891 valorizó las tierras de los Valles, produciendo la introducción de nuevos cultivos. Para principios del siglo XX, la existencia de una población con menor ascendencia indígena y menos vínculos con la tierra, muestra que la mayoría declaraba vivir como peón jornalero. En ésta región no tenían peso las pequeñas propiedades, características de la Quebrada y Puna, predominando las medianas (Teruel, 1994, p. 177).
Específicamente sobre la región de los Valles, podemos señalar la tesis de Fanny Delgado (1995), quien estudió el desenvolvimiento de las principales familias propietarias desde comienzos del siglo XVIII. Examinando algunas de las grandes propiedades pertenecientes a familias de la élite del siglo XVII, constata la desestructuración y parcelamiento de esas propiedades, mientras que aparecían nuevas familias procedentes de la migración borbónica, que realizaron su capital en relación al comercio con Buenos Aires o como militares de frontera contra las comunidades del Chaco, sumado a una mentalidad de diversificación. Esto produjo un fenómeno de movilidad de la tierra y transferencias hacia sectores sociales de características militares. Las familias que a su vez poseían tierras en los Valles Orientales, donde la contienda independentista no fue teatro de acciones, pudieron conservar el ritmo de producción en el siglo XIX y adquirir tierras en los Valles Centrales, principalmente los López Villar. En contraposición, los Martínez de Iriarte sufrieron procesos de subdivisión por herencias, y las menores relaciones comerciales con los distintos circuitos mercantiles, y sin propiedades en los Valles Orientales, marcaron su desequilibrio como familia propietaria con el fin de las guerras por la independencia (Delgado, 1995).
Con trabajos como el anterior poseemos un análisis en detalle de los procesos de compra-venta de tierras durante la primera mitad del siglo XIX, lo cual se encuentra totalmente ausente desde 1850 en adelante. Podemos mencionar los trabajos de Gustavo Paz, quien aborda el tema desde el primer catastro territorial de 1855. En base al mismo afirma que en los distritos de Perico y El Carmen la propiedad de la tierra exhibía un patrón “ligeramente menos concentrado”, siendo los principales propietarios Mariano Iriarte, heredero de la vieja familia colonial y futuro gobernador en 1870, quien poseía la hacienda de San Juan; Roque Castillo propietario de una hacienda y Alejo Belaunde con tierras de gran valuación (Paz, 2004, p. 428). Lo que diferenciaba, según Paz, a esta región del oriente azucarero, era la presencia de medianos y pequeños propietarios inexistentes en la última. Estos propietarios practicaban una agricultura ligada al abastecimiento de verduras y granos a San Salvador, y también sacaban alguna ventaja del mercado de ganado vacuno y mular en la llamada feria de abril (Paz, 2004, p. 429).
En otro trabajo, Gustavo Paz también nos dice que en “la cúspide de esta sociedad agraria se encontraba un pequeño grupo compuesto por grandes propietarios rurales (…) El resto lo constituían medianos y pequeños propietarios y una gran masa de arrendatarios y peones sin propiedad” (Paz, 2003, p. 17). En ellas poseían tierras prominentes políticos de la vida jujeña como Pedro Portal, gobernador en tres ocasiones (1861-63, 1865-67, 1871-73) y el diputado Manuel Padilla, con fincas en Molinos, Guerreo y Juan Galán (distritos rurales de la Capital).
No sabemos mucho más sobre la propiedad de la tierra en la segunda mitad del siglo XIX. La tesis de López Rita ha abordado las transformaciones agrarias desde 1895 con la llegada del ferrocarril y la posterior expansión del sistema de riego regulado con la obra del Dique La Ciénaga, iniciada en 1911 y finalizada en 1925, que con la imposición del riego regulado y el pago de un canon orientó un proceso de subdivisión de antiguas fincas. Sin embargo, no ahonda en el sistema de tenencia de la tierra (López Rita, 1995).
Estos vacíos son los que intentaremos llenar.
Fuentes, metodología y enfoque teórico
Los pocos trabajos que se han ocupado del problema de la tierra tomaron como fuente primaria los catastros territoriales de la provincia, contando para el siglo XIX con el de 1855, 1872, 1878 y 1895. Estos tienen la ventaja de proporcionar el avalúo como indicador impositivo para el cobro de la llamada “contribución territorial” (impuesto directo sobre la propiedad inmueble), pero no son suficientes para el objeto de nuestro trabajo (Teruel, 1994, p. 162).
Para poder acercarnos a la existencia del riego como elemento dinamizador de los cultivos dentro de las unidades productivas, fue necesario recurrir a los boletos de compra-venta, ubicados en el repositorio denominado “Cajas de Documentos”, situados en el Archivo Histórico de Jujuy (en adelante AHJ). A partir de la revisión de cada una de estas cajas, las cuales no se encuentran catalogadas, fuimos extrayendo los boletos allí encontrados, y confeccionado un cuadro indicativo que apuntara el vendedor, comprador, distrito geográfico, precio de venta y si menciona o no la existencia de acequias u otro tipo de aprovechamiento del agua comprendida en la transacción (ver anexo n°1).
Ahora bien, las compra-ventas nos presentan el problema del tipo de cambio. Como ha analizado Conti, la circulación monetaria fue manejada dentro del propio espacio mercantil que conectaba a Jujuy con el antiguo espacio peruano. La emisión de moneda feble boliviana desde 1832 para atender la demanda y facilitar las transacciones del comercio interno, además de su aceptación por su valor nominal, brindó liquidez al mercado interno, al punto de que aún después de su abolición en 1871, siguió circulando en la periferia (Conti, 1993, p. 73). Esto se refleja en que poseemos transferencias de propiedad en reales (como se conocía el peso boliviano) y otras en pesos nacionales. Para salvar esta dificultad, hemos recurrido al cuadro de conversión del año 1882. 1 Peso boliviano equivalía a 8 Reales, la misma relación existía para los pesos plata, es decir una relación de 1bx8r. Los Pesos Nacionales recién comenzarían a circular en plenitud para la década de 1880 (Cuadro de reducción del Boliviano a Moneda Nacional, Córdoba, Noviembre 6 de 1882, AHJ).
Dado que se trata de una comparación diacrónica, introducimos, en la medida que las fuentes nos lo permiten, consideraciones sobre la extensión de la propiedad, que no siempre se encuentra mencionado.
Aclarados estos aspectos metodológicos, brevemente desarrollaremos algunas consideraciones teóricas para el abordaje. La llamada crisis epistemológica de los años ’70 y ’80 puso en cuestión los enfoques macrosociales, sobre todo derivados de una mirada estructural-funcionalista, cobrando impulso las teorías de la acción que de alguna manera buscaban rescatar el papel del individuo en la historia. Esto derivo en que la historiografía abandonara el lenguaje de clases, y tomara partida por las nociones de “elite” y “sectores populares” para referirse a una cuestión clásica de las ciencias sociales, quienes dominan y quienes son dominados.
Al decir de Perry Anderson, en Marx encontramos divergencias sobre el motor de cambio histórico, lo cual lo entrelaza de manera directa con el rol del sujeto. Por una lado la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción (tal como fuera definido en el “Prólogo” a laCrítica de la economía política de 1859), y por otro la lucha de clases (como lo expusiera en 1848 en el Manifiesto Comunista). Dice Anderson:
La primera se refiere esencialmente a una realidad estructural o, más propiamente, interestructural: el orden de lo que la sociología contemporánea llamaría integración al sistema (…) La segunda refiere a las fuerzas subjetivas que se enfrentan y luchan por el control de las formas sociales y el proceso histórico (Anderson, 2007, p. 36).
¿Cómo se resuelve esta cuestión? El marxismo clásico no logró clarificarlo. Cabría preguntarse entonces si Marx pensaba en fuerzas ciegas del cambio social. Esto podría verse desmentido por largas páginas que el autor dedicó a personajes concretos como Luis Bonaparte (El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte de 1852), Karl Vogt (Herr Vogt de 1860) o Lord Palmerston (La historia de la vida de Lord Palmreston de 1853). Aun así, no dedicó un trabajo específico que resolviera de manera concreta la problemática.
En el marxismo francés fue donde esta cuestión terminó de verse enredada. Jean Paul Sartre, con su Crítica de la razón dialéctica ([1957], 1963), intentó exponer filosóficamente los principios de lo que daba en llamar una “antropología estructural”, es decir una teoría de los mecanismos generales de construcción y subversión de todos los grupos sociales. Sin embargo, Levi-Strauss, con su obra El pensamiento salvaje ([1962], 1964) atacó directamente lo que llamaba “el historicismo de Sartre” en nombre de las propiedades invariables de todas las mentes y sociedades humanas. La diacronía histórica sartreana era así cuestionada. Lo sorprendente de esto, sostiene Anderson, fue la réplica marxista, proveniente de Louis Althusser. Lejos de atacar el sistema cerrado de Levi-Strauss, lo incorporó en una versión del marxismo en donde los sujetos fueron abolidos, a no ser como efectos ilusorios de unas estructuras ideológicas (Anderson, 2007, p. 42).
A toda esta cuestión se sumó la crítica sobre las construcciones sociales dicotómicas. Anthony Giddens afirma que mientras algunos enfoques sostienen la existencia de un número limitado de clases, otros destacan su pluralidad. Como sostiene el autor, una de las formas de resolver ese planteo ha sido la introducción del término “fracciones de clase”. Por otro lado, Max Weber propuso la “posesión de cualificaciones” como principal factor que se utiliza para adquirir posiciones diferenciales en la sociedad, más allá de la posesión o no de los medios de producción (Giddens, 1996, p. 117). Sería faltar a la verdad decir que esto no estaba presente en la distinción que hace Marx entre “trabajo productivo” y “trabajo improductivo” en Teorías de la plusvalía ([1862], 1974). Mientras el primero es aquel que produce directamente plusvalía , es decir no solo reproduce la parte variable del capital (la destinada a la compra de capacidad de trabajo) y la parte constante (medios de producción), sino que agrega un nuevo valor; existe una franja de trabajadores improductivos que se encaran en valores de uso materiales que igualmente podrían ser mercancías y servicios que no adoptan una forma objetiva (es decir no existen de forma separada de quien los ejecuta), pero que pueden ser subsumidos por el capital para la reproducción de la fuerza de trabajo (artistas, maestros, etc.) (Marx ([1862), 1974, p. 41).
En síntesis, tomaremos la categoría de clase por implicar una relación social entre sujetos antagónicos, lo cual se deriva de un conjunto de factores. Descartamos definirla desde una posición en torno a la propiedad o no de los medios de producción, ya que eso ignoraría la existencia de fracciones disímiles hacia el interior de las clases. Con esto queremos decir que distinguir entre una amplia gama de propietarios (a través de sus cualificaciones en sentido weberiano), que ocupan posiciones diferenciales dentro del sistema social, llama a la constitución de una categoría que conjugue la capacidad de agencia de los individuos con su pertenencia a un colectivo social. Esto implica salir de una dicotomía clase dominante/clase dominada, y reconocer la amplia gama de sujetos inmersos que constituyen fracciones hacia el interior de las mismas.
Estructura productiva y sistema de riego de los Valles Centrales de Jujuy
Para que los lectores tengan un cabal conocimiento de la importancia dada al riego en esta región provincial, es necesario conocer sus aspectos productivos y el sistema de riego montado para el siglo XIX. La reconstrucción de esto fue posible gracias al Censo de Ganadería y cultivos del año 1892 y 1895. A esto agregaremos los análisis que hemos logrado desarrollar sobre las acequias construidas en esta etapa, pero que no desarrollaremos ampliamente por no ser objeto de este artículo (al respecto Hernández Aparicio, tesis doctoral en curso inédita).
Durante la etapa colonial al producirse la fundación de San Salvador de Jujuy por Francisco de Argañaraz en 1593, se diseñó un plan de irrigación (Hernández Aparicio, 2020). La primera parte con un canal que arrancaba del Río Chico, límite sur de la ciudad, y que era llevado por Altos de la Quintana (al norte citadino), hasta caer en el campo de la Buena Vista (actualmente La Tablada). Esa acequia fue concedida en merced a la ciudad para su abastecimiento, estableciendo turnos de agua (Vergara, 1934, p. 155-156).
Producida la independencia y la posterior conformación del Estado provincial a partir de 1834 cuando se separó de la provincia de Salta, los impulsos por desarrollar una infraestructura de riego se hicieron presentes. Así, a partir de 1843 se buscó diseñar una acequia que tomara agua del Río Guerreros, distante a 18 kilómetros de la ciudad hacia el norte. A pesar de la puesta en marcha del proyecto, y su posterior concreción, presentó diversas dificultades que hacían imperiosa la construcción de otra vertiente que subsanara las deficiencias de la primera. Para ello, en 1849 se presentó un segundo plan para ampliar y poner en condiciones la vieja acequia de Los Molinos, mediante un contrato en el Ejecutivo provincial y un particular, Apolinario Ortiz, quien se comprometió a tenerla lista para 1852. Finalizada en 1854, fue administrada por este hasta 1856, en que pasó a manos del recientemente constituido nivel municipal. Para asegurar el funcionamiento de la acequia, se dictó el reglamento de aguas del año 1858, que declaró su propiedad pública y la administración a través de turnos de riego (Hernández Aparicio, 2018).
Esto sucedía dentro del Curato Rectoral. La situación se presentaba diferente en el Curato de Perico, en donde la única acequia de orden “público” que se poseía era la de Monterrico. No sabemos a ciencia cierta su origen en el tiempo, ya que no hemos hallado referencia en la documentación, pero a partir de un pedido de un propietario en el año 1852 para que el gobierno la reparara y así “los propietarios poder continuar disfrutando de ella” (Caja de Documentos n° 1, año 1852, Correspondencia de la Provincia, Enero 9 de 1852, AHJ), sumado al uso de particulares que hemos reconstruido a partir del cuadro n° 1 (ver anexo), podemos deducir que se trataba de una vertiente que era aprovechada mediante un sistema de turnos para usos rurales por fracciones de días y horas, que variaban acorde a la extensión de tierras de cada propietario, pero que a la vez influía en el precio de venta de las tierras, como podremos ver en el siguiente apartado (Hernández Aparicio, 2020).
Por otro lado, existía una gran cantidad de acequias privadas que eran explotadas de manera exclusiva por sus propietarios. Esto lo podemos corroborar a través del análisis del censo agrícola de 1895, y de las mismas compra-ventas que hemos tomado:
El censo brinda información dispar en cuanto a los distritos rurales que componían los departamentos de El Carmen y Capital. Para algunos informa de la cantidad de hectáreas con riego, mientas que en otros no registró ese dato. De un total de 40.199 hectáreas cultivadas, registra que 1019 poseían acceso al riego y 799 no. Ahora para acercarnos a un porcentaje representativo, hemos calculado solamente aquellas sobre las cuales poseemos el dato de irrigación. Esto nos muestra que sobre un total de 1818 hectáreas, un 56,77% poseía el acceso al riego y un 43,32% se encontraba privado del mismo.
Para tener un panorama productivo, veamos la orientación de estos cultivos:
Como podemos observar en el cuadro, el departamento capital contaba con un 15,31% de tierras cultivadas, en donde predominaban aquellas destinadas al maíz, seguidas por la papa y luego el trigo. Esto muestra una producción agrícola de verduras y granos, que se orientaba al abastecimiento del propio San Salvador de Jujuy, con lo cual el acceso al riego era una cuestión vital. De todos los distritos rurales que lo componían, destacaba la gran producción maicera en Guerreros, al norte de la ciudad, y desde donde se intentó la primera obra pública mediante una larga acequia distribuidora como hemos mencionado. Por otro lado, la producción de papa era fuerte en el distrito de Molinos, donde se realizó la boca-toma para la primera acequia pública de los valles centrales. Por último, dentro de los cultivos de importancia, el trigo ocupaba un puesto relevante en el casi exclusivo distrito rural de León.
Si vemos los datos sobre riego que nos brinda el censo para la capital (únicamente para el distrito Los Alisos), la cantidad de hectáreas sin riego eran enorme. Una situación aún más profunda presentaban los distritos del Departamento El Carmen, y los datos nos permiten confeccionar otro tipo de tabla más completa sobre el riego:
Si observamos los datos la situación en El Carmen era aún más heterogénea. Coincidía con la capital en el predominio de la producción maicera, pero seguida por el trigo, la papa no se presentaba mucho entre los cultivos de estos distritos. Si una gran presencial frutal con el cultivo del melón. Ahora lo interesante del censo es que detalla el acceso al riego por distrito rural. La abrumadora mayoría de tierras carente de riego se ubicaba en el tercer grupo de distritos (La Isla, Chamical, Catamontaña, Santo Domingo y San Vicente) y que fue de una de las zonas de mayor conflictividad rural por el reparto del agua. Lo mismo sucedía en el distrito de Perico de San Juan, donde se encontraba ubicada la única propiedad rural computada del distrito según la avaluación de la propiedad raíz del año 1886, propiedad de Corina de Campero, esposa de Fernando Campero, propietario de la Puna y descendiente del antiguo Marqués de Tojo del siglo XVII-XVIII (López Rita, 1995, p. 79).
Vistos estos aspectos, pasaremos a analizar las compra-ventas de tierras en sí mismas, para lograr una caracterización de la clase propietaria, sus diferencias en el acceso al riego, y sus vinculaciones sociales y políticas durante el período decimonónico.
Riego y propiedad en los valles centrales jujeños: un acercamiento desde los boletos de compra-ventas, 1830-1884
De los boletos de compra-ventas recopilados, registramos 154 transferencias entre 1830 y 1884, 32 de las cuales poseían algún tipo de usufructo o propiedad sobre el agua. Veamos esto reflejado en un gráfico:
Como podemos ver, menos de la mitad de las transacciones incluían algún tipo de riego incorporado a la propiedad. Del total que accedía, 14 de ellas lo hacían de manera compartida a través de la acequia de Monterrico, es decir un 43,75 %. El restante 56,25% poseía acequias propias hacia el interior de las fincas. ¿Cómo se vinculaba esto con el valor de venta y la extensión de las propiedades? Esa cuestión pasaremos a analizar.
Una situación diferente se presentaba con las siguientes acequias: Yala, Cuyaya, Los Molinos, Palpalá, La Tablada, Remate, León, Finca de Salas, Estancia de Zapla y Finca de la Torre (en el Curato Rectoral, Departamento Capital a partir de 1866) y con la acequia de Pampa Blanca, la de la Estancia Pelichoque y la de Quebrada del Pingollar (Curato de El Carmen, Departamento de Perico del Carmen desde 1866). Todas estas se encontraban bajo de la propiedad de particulares. Lo que intentaremos mostrar ahora es si existía algún tipo de vínculo entre las propiedades con mayor valor de venta y la posesión de riego, como así también con los principales terratenientes y/o miembros de la “elite política”, siguiendo los planteos de Paz (2003,2004).
Entre las propiedades de mayor precio de venta podemos situar a Perico de San Juan, mencionada por Teruel como la más importante dentro de los valles decimonónicos, ubicada en el Departamento El Carmen. Según nos informa el boleto, la misma fue vendida por Estefanía Zegarra, viuda de Mariano Iriarte, a José María Álvarez Prado, en $28.587 bolivianos. ¿Qué elementos hacían a esa valorización? En primer lugar, nos menciona $500 y 4 reales por el cercado, $9970 y 4 reales por el valor del ganado, $4325 por los edificios que poseía la finca, y $14.000 por el valor del casco. Lamentablemente el boleto no brinda información sobre las medidas de la propiedad, solamente indica los lindes. Aun así, nos detalla que la extensión de El Tipal había sido vendida antes a Avelino Royo en 1875, y la las tierras de El Pingollar, vendidas en 1864 a Lucas Martínez. Como podemos inferir se trataba de una gran extensión territorial que se fue fraccionando, y para la fecha en que registramos esta venta, ya se trataba de una unidad parcelada, aunque conservando vastas extensiones por los elementos que la componían. Para igualar el precio de venta a fines comparativos, la transformación en moneda nacional del año 1882 aproximadamente sería de $20.000 m/n (Caja de Documentos n° 4. Año 1876, “9 de Mayo de 1876”, AHJ). Lo que podemos ver, es que a pesar de su amplia valorización, la misma no poseía acceso al riego.
Dentro de lo que identificamos como grandes propiedades, podemos mencionar también la Finca La Torre, en San Salvador de Jujuy, vendida por Corte Salmoral a Segundo Linares en $10.000 bolivianos, en el año 1881 ($7200 m/n). La finca contaba con 200 cabezas de ganado vacuno y 25 caballos (entre caballos, potros y yeguas). La extensión era de 150 varas de ancho, por 150 varas de largo, es decir 259,8 m2. El valor de la finca se dividía de la siguiente forma: $10 bol. cada cabeza de ganado vacuno (en total $2000 bol.), $9 bol. cada caballar ($ bol.225). Es decir un 22,5% del valor estaba compuesto por el stock ganadero. No nos brinda más detalles al respecto. Por otro lado, menciona que la unidad contaba “con servidumbres, derechos y usos de agua que constan en los títulos”, lo cual nos da cuenta de que poseía riego propio (Caja de Documentos n°1, Año 1881, “Mayo 6 de 1881”, AHJ).
La siguiente importante unidad productiva de la zona era la llamada Estancia de Pampa Blanca, ubicada en el distrito del mismo nombre, vendida en $7000 bol. por Roque Castillo a Benito Cornejo en 1869 ($5040 m/n). La misma se hacía incluyendo casas, plantíos “y con el agua que se halla demarcada”. Ese riego provenía de la llamada “antigua acequia de Pampa Blanca”, cuyo margen derecho pertenecía a la expresada estancia. El boleto no nos brinda detalles sobre la extensión de la propiedad (Caja de Documentos n°2, Año 1869, “Abril 9 de 1869”, AHJ).
Por último, dentro del grupo que podemos denominar de grandes propietarios, registramos la Chacra de Palpalá, vendida en 1849 por José Guerrico a Pedro Portal. La operación se realizó en $5000 bol. ($3600 m/n). La misma se componía de cuatro suertes de tierras, casa, huertas, herramientas de labranzas y muebles. No nos brinda detalles sobre las medidas de la propiedad (Caja de Documentos n°1, Año 1849, “Mayo 30 de 1849”, AHJ). Gustavo Paz (2003) identifica a Pedro Portal entre el grupo de grandes propietarios según el catastro de 1855, aunque que con valor de $4000 bol. ($2880 m/n). Podría tratarse de un caso de subvaluación entre los años transcurridos entre la compra y el levantamiento del catastro, dato que no conocemos.
De este análisis se desprende entonces que no había una ligazón directa entre las propiedades más valuadas en su precio de venta y el control del riego. De los cuatro propietarios más poderosos de los Valles Centrales entre 1830 y 1884, solamente dos poseían un control sobre acequias. Ellos eran Carmen Corte de Salmoral, y luego Segundo Linares cuando se produjo la venta en 1881; y Roque Castillo, hasta 1869 en que vendió la Estancia de Pampa Blanca a Benito Cornejo.
¿Cómo podemos clasificar al resto de las propiedades que poseían riego? Dividiremos a estas por curato/departamento y en un orden cronológico, para que la comparación diacrónica de sus precios de venta pueda ser puesta en consideración. Por un lado, dentro del curato Rectoral, destacaba la llamada Chacra de Cuyaya. Esta fue vendida en el año 1848 por Agustín Ramos a Faustina Belaunde, por $200 pesos bolivianos ($144 m/n). En una mirada de larga duración, hay una gran diferencia en relación a las propiedades de mayor precio de venta que analizamos anteriormente, pero otros elementos como las características de los precios, situaciones inflacionarias, escasez de metálico, etc.; deberían ser tenidas en cuenta para una consideración más precisa. Por ahora, al tratarse de un primer estudio sobre la propiedad de los valles centrales, nuestra aproximación dista de tanta especificidad. La extensión de las tierras era de 3300 varas (2758 m2). Si nos guiamos por la extensión, era mucho mayor que la segunda propiedad más cara transferida, Finca La Torre, y además contaba con “el arroyo que baja del camino de Salta”. Muy probablemente hacía referencia al arroyo de Huaico Hondo, situado entre los Ríos Reyes y Chico, pero como nos informa Saravia, ese tipo de vertientes “tienen algún caudal solamente en las épocas lluviosas” (Saravia, 1960, p. 36).
La nueva propietaria estaba vinculada con uno de los actores rurales más importantes de la capital, Alejo Belaunde, aunque no podemos considerar que su parentesco la colocara dentro del grupo selecto de propietarios (Caja de Documentos, Julio a Diciembre, Año 1848, “Agosto 3 de 1848”, AHJ).
En segundo lugar encontramos la Estancia de Los Molinos, vendida por Manuel Padilla a Gregorio Cornejo en 1850 por $4000 bolivianos ($2880 m/n). La misma incluía edificio y casa con una habitación, un molino, herramientas de labranza, campos, aguadas y montes. Entre los elementos que hacían a la valorización de la unidad, el ganado se computó en 20 reales por cabeza, y las ovejas a 3 ½ reales por cabeza. No brinda detalles sobre la extensión de las tierras, ni sobre la cantidad de animales que poseía (Caja de Documentos n°2, Julio a Diciembre, Año 1850, “Julio 31 de 1850”, AHJ). Lo interesante de esta propiedad, es que en ese mismo año la provincia acordó con Apolinario Ortiz la construcción de una acequia que sirviera a la provisión de San Salvador de Jujuy, para lo cual se le entregaron tierras en la zona de La Tablada, colindante con Los Molinos. No podemos detenernos aquí a analizar ese importante hecho, y que constituiría la primera acequia pública administrada por la municipalidad de la capital, y sobre la cual se establecería el reglamento de aguas del año 1858.
También dentro del llamado Curato Rectoral destacaba la llamada Estancia de Zapla. Fue vendida por José de la Quintana a José Portal en 1854 por $500 bolivianos ($360 m/n). La extensión de la propiedad era 162 varas (541 m2 aproximadamente), y era beneficiada por el Río Grande que la atravesaba. En este caso, el derecho al riego que poseía la unidad era una cuestión problemática que no poseía claridad legislativa en la provincia, a excepción de un decreto del año 1857 que prohibía los trabajos sobre los ríos. No sería hasta 1893 con el código rural cuando este tipo de aprovechamientos pasarían a estar mejor administrados por la provincia, prestándose hasta ese entonces a las prácticas (Caja de Documentos n°2, Año 1854, “21 de Septiembre de 1854”, AHJ).
La finca de La Tablada fue un caso especial que se conecta con “Los Molinos”. Situada al pie de Altos de la Quintana, donde se encontraban las boca-tomas construidas para la acequia pública de la ciudad en 1856, fue vendida en el año 1866 a una familia salteña, de apellido Patrón. La misma se realizó en 850 pesos bolivianos ($600 m/n aproximadamente). Estas tierras habían sido cedidas por el gobierno provincial a Apolinario Ortiz, en recompensa de sus servicios en el trabajo de la acequia, muerto este, sus herederos decidieron venderla. A la extensión de 150 varas (125, 38 m2) se le sumaba la presencia de dos casas “algo destruidas”, dos molinos corrientes, “con su acequia misma y derecho de agua para moverlos” (Caja de Documentos n°2, Año 1866, “Abril 9 de 1866”, AHJ). Este caso especial para considerar a los propietarios en posesión del riego. En el año 1871 fueron revendidas a Pedro Portal, quien para 1875 volvió a venderlas a Federico Alicedo, quien instaló una curtiembre. A raíz de la falta de solidez del aparato fiscal del municipio capital, se originó una querella acerca de si correspondía o no que estas tierras abonaran derecho de irrigación, establecido por la ley de impuestos municipales del año 1872. Alicedo pretendió ampararse en la concesión original otorgada a Ortiz, aunque la intervención del juzgado civil y del mismo gobernador José María Álvarez Prado determinó la obligación del pago del canon de agua (Caja de Documentos n°2, Año 1887, “4 de Junio de 1887”, AHJ).
Hasta aquí hemos considerado a importantes propietarios dentro de las relaciones sociales de los valles centrales de Jujuy en el siglo XIX. Ahora, lo que la documentación ha contribuido a demostrar, es que en esta región el riego no fue una potestad exclusiva de una clase terrateniente, como ha sido tan discutido en la historiografía agraria pampeana de las últimas décadas en relación al control social que se ejercía en la campaña. En ese marco interpretativo, hallamos que Juan Sosa vendió a Cecilio Alfaro tierras en El Remate (distrito de la Capital) por 176 varas cada una (es decir 147 m2x2= 294 m2), por $500 pesos bolivianos ($360 m/n), mucho más amplia que las propiedades que venimos considerando. Esto nos habla de relativizar la extensión de las tierras como sinónimo de grandes propiedades. Por otro lado, también nos llama a considerar que aunque se presentaba una desigualdad entre los propietarios por el acceso al riego, este distaba de ser un monopolio sencillo para esa fracción social. Este caso nos presenta que “este terreno se encuentra en la actualidad sin agua por negar la servidumbre antigua, por lo que costearemos lo que se precise para tenerla de nuevo”. Aunque las propiedades alegaban el uso privado del agua, esta muchas veces se presentó como una generadora de conflictos entre una diversidad de actores que alegaban el mismo derecho, situación en la cual los jueces de agua se convirtieron en elementos centrales de estas disputas (Caja de Documentos n°2, Año 1870, “Comprobantes del mes de Mayo”, AHJ).
Entre las propiedades que poseían riego propio podemos mencionar a dos unidades más. Una era la Finca de Salas, ubicada en la Capital, y vendida en el año 1874 por Julián y Juan Aramayo a Dalmacio Salmoral por $800 bolivianos ($576 m/n). El boleto no nos brinda información sobre la extensión, solo que poseía el “arroyo de Salas”, que bajaba del cerro de Zapla y regaba la finca (Caja de Documentos n°1, Año 1874, “Marzo 17 de 1874”, AHJ). La última que logramos registrar es una venta que Mariano Iriarte, propietario de Perico de San Juan, realizó en el año 1875 a Lucas Martínez en la llamada Quebrada del Pingollar, límite entre los Departamentos de El Carmen y San Antonio, la cual estaba beneficiada por la llamada “toma de Iriarte”, que extendía el agua sobre esas tierras. La transacción quedó sellada en $100 plata ($72 m/n), y no nos brinda detalles sobre la extensión de las tierras (Caja de Documentos n°2, Año 1875, “Comprobantes de Abril, Abril 7 de 1875”, AHJ). Iriarte era propietario de la Finca de Perico de San Juan, vendida a su fallecimiento en 1876 por su esposa, y ocupó el cargo gobernador de la Provincia en 1870 luego de la muerte prematura de Restituto Zenarruza, lo cual desató una rebelión armada que ocasionaría la caída del gobierno provincial (al respecto Paz, 2003).
Del 43,75% de los propietarios restantes, sólo tenía acceso al riego un 14,14% (de 112 explotaciones, solo registramos 14 que compartían mediante fracciones horarias el uso de la acequia de Monterrico). Los 99 casos restantes no poseían ningún tipo de riego dentro de sus propiedades. Siguiendo a López Rita (1995) muy probablemente se trataría de un campesinado parcelario, y que según la revisión que hemos podido hacer accedieron a la tierra a partir de los fraccionamientos de antiguas estancias, tema que no podemos abordar aquí.
Posteriores estudios que aborden las transformaciones de las dos últimas décadas del siglo XIX, y sobre todo la expansión del arriendo como forma de tenencia de la tierra en la década de 1890 en los valles centrales, podrá arrojar más claridad sobre la relación tierra y agua en esta región provincial.
Algunas consideraciones finales y agenda de investigación
Este artículo ha tratado de poner en consideración aspectos de los actores propietarios de los valles centrales de Jujuy totalmente desconocidos por la historiografía provincial. Como hemos desarrollado, la década del 2000 fue prolífica en el desarrollo de la historia agraria, destacando los trabajos sobre Quebrada y Puna, pero con un notable desequilibrio en cuanto a las producciones que se ocuparon de los valles bajos de la provincia. La considerable diferencia de las estructuras agrarias hacia el interior de Jujuy, llevó a que nos preguntáramos sobre la especificidad de estas tierras, y cuál había sido su desenvolvimiento a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Producidos los desequilibrios de la caída del rosismo, y, como señala Paz (2003), teniendo en cuenta las reestructuraciones económicas desde la década de 1850, nos propusimos analizar qué había sucedido con los propietarios de tierras en estos puntos de la provincia.
A partir del trabajo con los boletos de compra-venta de tierras, pudimos reconstruir un entramado de relaciones agrarias que vinculaba la tierra y el agua, y que no había podido ser visualizada mediante el análisis de los catastros provinciales. En ese sentido, este primer acercamiento a la cuestión partió de una pregunta central y que de alguna manera había sido clásica dentro de la historiografía rural pampeana, el control de los terratenientes sobre las relaciones sociales en las campañas. El análisis empírico a través de los censos agrícolas nos permitió comprobar que una gran cantidad de hectáreas de cultivo se encontraban privadas del acceso al riego, en una región en donde la producción agrícola de verduras era importante para la vinculación de los pueblos y curatos que la conformaban.
Al tratarse de un primer acercamiento a la cuestión, este artículo trabajó con precios de propiedades de manera diacrónica, entre los años 1830 y 1880. La diversidad de monedas, sumada a las características inflacionarias de cada etapa, es una problemática que aquí queda pendiente de resolución. Si bien los precios de venta nos permitieron mostrar que no existió una vinculación lineal entre la clase de grandes propietarios y el control del agua, esta situación fue analizada a partir de las características hacia el interior de las unidades productivas, la presencia de herramientas de labranza, ganado y vertientes de agua que colaboraban en la valorización de esas tierras. El resultado fue que de los cinco grandes propietarios que formaban parte de lo que podríamos llamar una clase terrateniente, solo dos poseían control sobre acequias hacia el interior de sus tierras, Benito Cornejo de la Estancia de Pampa Blanca en el Departamento El Carmen, y Carmen Salmoral de Finca La Torre en San Salvador de Jujuy.
Esto nos permite retomar la noción weberiana de “posesión de cualificaciones”, para mostrar que incluso dentro de lo que podríamos denominar clásicamente “una clase que controlaba un medio de producción”, la tierra, se presentaban diferenciaciones que las posicionaban de otra manera dentro del aparato productivo. Por otro lado, esta noción de clase implica no observarla de una manera homogénea, y tampoco reduccionista. La existencia de fracciones sociales que no necesariamente tienen que ver con el acceso a un factor productivo, queda demostrada en los casos en que a pesar de la mayor extensión de tierras que poseían los propietarios, no estaban ubicados dentro del sector preponderante de grandes terratenientes.
Queda analizar en detalle ese gran porcentaje que se encontraba privado del acceso al agua, y como era su vinculación con la tierra. Otras comunicaciones podrán ocuparse de esa materia. De la misma manera, el estudio de los arrendatarios como sujetos agrarios, es otra de las deudas de la historiografía jujeña que aún espera por ser descubierta.
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Anexo
Notas
