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Recepción: 06 mayo 2025
Aprobación: 02 enero 2026
Resumen: El presente artículo analiza las protestas de octubre de 2019 en Ecuador desde la perspectiva de los marcos de acción colectiva que configuraron el Movimiento Indígena como actor principal protagónico. A través de un enfoque cualitativo sustentado en el análisis de contenido digital —principalmente videos y declaraciones públicas y fuentes secundarias— se identifican los marcos de diagnóstico, pronóstico y motivación que definieron el curso del levantamiento popular. Se evidencian las causas estructurales que propiciaron el estallido social, tales como el Decreto Ejecutivo No. 883 y las medidas económicas de corte neoliberal promovidas por el Gobierno de turno sumado a los elementos de violencia por parte del Estado, así como la identificación de responsables, la propuesta de soluciones concretas y la generación de apoyo ciudadano. El estudio argumenta que el Movimiento Indígena logró transformar una protesta sectorial en una movilización nacional, generando una narrativa inclusiva que articuló demandas históricas y coyunturales. La investigación concluye que el análisis de marcos permite comprender de manera más profunda cómo los actores sociales construyen sentido, legitimidad y adhesión frente a contextos de crisis política y económica.
Palabras clave: Derogatoria, Marco de Diagnóstico, Marcos de acción colectiva, Movimiento indígena, Violencia.
Abstract: The present article analyzes the October 2019 protests in Ecuador from the perspective of the collective action frames that positioned the Indigenous Movement as a leading actor. Through a qualitative approach based on digital content analysis—primarily videos, public statements, and secondary sources—the study identifies the diagnostic, prognostic, and motivational frames that shaped the trajectory of the popular uprising. The findings reveal the structural causes that triggered the social unrest, such as Executive Decree No. 883 and the neoliberal economic measures promoted by the government in power, along with elements of State violence, as well as the identification of those responsible, the proposal of concrete solutions, and the generation of public support. The study argues that the Indigenous Movement succeeded in transforming a sectoral protest into a national mobilization, generating an inclusive narrative that articulated both historical and contemporary demands. The research concludes that frame analysis allows for a deeper understanding of how social actors construct meaning, legitimacy, and support in contexts of political and economic crisis.
Keywords: Repeal, Diagnostic Frame, Collective Action Frames, Indigenous Movement, Violence.
Introducción
Las investigaciones desde diversas perspectivas, tanto desde la sociología como desde la ciencia política, en torno a los movimientos sociales latinoamericanos han colocado sus esfuerzos en comprender la reconfiguración de los actores contenciosos. Varios de estos estudios han centrado su visión en los marcos de acción colectiva (MAC) como eje de sus herramientas explicativas, ampliando el uso de conceptos como la clase social para incorporar elementos como la identidad, el territorio y hasta cuestiones identitarias.
Es así que, desde el análisis histórico del campo, se pueden vislumbrar una significativa variedad de actores que desde las transiciones democráticas en los países Latinoaméricanos, se han integrado a las dinámicas de movilización, con perspectivas diversas, demandas y discursos variados a la palestra pública, pasando desde los movimientos indígenas, mujeres, movimientos urbanos que van cooptando espacios.
Esta amalgama de nuevos protagonistas supone, en si una constante revisión de las teorías que explican la comprensión de los movimientos sociales latinoamericanos, producto de una realidad sociopolítica dinámica y cambios estructurales en los gobiernos de la región. Esto plantea nuevos cuestionamientos sobre las teorías de los movimientos sociales, para dar cuenta de otras explicaciones que buscan combinar elementos como la identidad, la etnicidad, la clase en conjunto con las transformaciones económicas, políticas y culturales (Fry, 2020) en torno a la articulación, sostenimiento y éxito de las protestas en los países latinoamericanos.
Los MAC, se presentan como una herramienta explicativa para analizar los movimientos sociales, la construcción de sentidos, identificación de agravios y por lo tanto la propuesta de soluciones, pero sobre todo dentro de la lógica de comprender la coherencia interna de las movilizaciones. Las diversas investigaciones que se han realizado en este ámbito han entendido la función cultural y cívica que estos esquemas representan dentro de la esfera pública.
Lo anterior nos llevaría a reconocer que la eficacia simbólica de los movimientos sociales y su relación con los procesos de cambio social están íntimamente ligadas a su capacidad para transformar las definiciones colectivas de las situaciones y los problemas que motivan el accionar colectivo tanto en la dimensión cultural como en la construcción de sentidos. Esto ha llevado a discutir la relevancia del concepto de MAC dentro del espectro de la comprensión de los “nuevos movimientos sociales”. El abordaje de estos, supone que no solo son una simple lista de demandas, sino una construcción de sentido compartido para su acción, lo que legitima la lucha en la toma del espacio público; la generación de sentido, transforma la protesta en una renovada expresión de la ciudadanía, tal que “la eficacia simbólica de los movimientos sociales y su relación con los procesos de cambio social, están íntimamente ligadas a su capacidad para transformar las definiciones colectivas de las situaciones problema que motivan su acción, tanto en la dimensión cultural como en la institucional”(Delgado Salazar, 2007, p.47).
El desarrollo de investigaciones que han dado cuenta de la centralidad en torno al uso del MAC como herramienta de sentido dentro de la comprensión de los conflictos sociales en las arenas públicas es amplio dentro de la literatura especializada.
Uno de los usos centrales, es justamente en los conflictos extractivistas en la región. Estos examinan directamente los repertorios de acción colectiva frente a las intervenciones mineras en Latinoamérica. El análisis concentra sus esfuerzos en cómo, las comunidades y organizaciones locales desarrollan marcos de resistencia, que van mucho más allá de la oposición económica, sino que también plantean cuestiones como los valores por la defensa ambiental, la protección de los bienes comunes y la crítica hacia los modelos económicos impuestos. La perspectiva se centra en el éxito de la movilización en la habilidad de estos movimientos en el diagnóstico del problema – el extractivismo como un modelo profundamente destructivo para las comunidades y sus recursos adyacentes- y proponer un pronóstico -modelos enfocados en alternativas de vida (Martínez Espinoza, 2018). Siguiendo la línea Seoenoa (2006) realiza trabajos enfocados en los movimientos sociales que defienden los recursos naturales como elementos cruciales en la configuración de alternativas a las propuestas neoliberales que, adquieren -de nueva cuenta, gran relevancia en los programas políticos en la región- demostrando que sus marcos ideológicos desafían este consenso de carácter hegemónico en concordancia con las commodities y articulan una resistencia que se vuelve concreta en el cambio social.
Si bien los conflictos territoriales son un eje importante, las investigaciones han abordado dimensiones de carácter más cognitivo de la protesta, llevados así también a entornos de carácter digital, Trabajos como el de Torrel (2020) dan cuenta del empleo de estrategias de encuadre (framing) utilizadas en las comunidades virtuales dentro de la protesta, este análisis señala la importancia de examinar la adaptabilidad de los movimientos para colocar sus marcos de acción a la lógica de las plataformas digitales, las cuales, por su velocidad de difusión y la capacidad de viralizar la información, analiza la efectividad del encuadre de los movimientos sociales en torno al movimiento feminista “ni una menos”. Con ello, se muestra que la efectividad del framing en lo virtual depende de la construcción de una resonancia cultural, la capacidad de generación de narrativas concretas que movilicen a las audiencias- no necesariamente organizadas bajo las lógicas tradicionales de la movilización. Lo cual se complementa con el panorama de situar la dimensión psicológica y la construcción de una identidad colectiva como precondición para que los marcos de acción sean efectivos y logren consolidar la movilización de recursos.
Ahora, el impacto de los movimientos sociales y sus marcos de acción no solo se concentra en la esfera de la protesta, también adquieren relevancia en la política y el ciclo de políticas públicas. López Leyva (2012) coloca acento en la importancia de estudiar las consecuencias de la movilización social, sobre todo en como estos actores influyentes con capacidad de promoción de nuevos temas en las agendas gubernamentales, o en su defecto el ejercicio del poder de veto, sobre las iniciativas estatales que se diagnostican como nocivas para el conglomerado social. El análisis de la incidencia de estos movimientos es crucial para medir la contribución dentro de la ampliación de instrumentos democráticos y representativos. Con ello la relación entre Estado y acción colectiva se enmarca en las tensiones intrínsecas, es así como Fair (2021) examina que, incluso bajo gobiernos de tendencias ideológicas afines, los movimientos sociales navegan dentro de los marcos de contradicciones, lógicas burocráticas y gubernamentales, las cuales condicionan o erosionan la radicalidad de las demandas y la capacidad de sostener un framing crítico a largo plazo.
En este sentido, el presente artículo, busca comprender la concreción de un framing alrededor de las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Quito en el año 2019, cuáles fueron sus marcos de acción colectiva, construcción de sentidos y diagnósticos que permitieron el apoyo, duración y desenlace de estas.
El estallido de octubre, así se le llama coloquialmente a los doce días de manifestaciones encabezadas por el Movimiento Indígena en 2019. Jornadas que representaron varios hitos en la historia de las movilizaciones sociales en Ecuador (Bonilla & Mancero, 2020). Los ciclos dejaron marcas indelebles en los imaginarios colectivos, varios eventos inéditos en torno a las movilizaciones sociales del país sucedieron durante dicha movilización. Un país acostumbrado a la convulsión social, derrocamiento de presidentes y jornadas extendidas de paro nacional, vivió una de las movilizaciones marcadas por la excesiva violencia estatal, como ataque a hospitales y universidades.
Las protestas marcadas por el Decreto Ejecutivo No. 883 que liberalizaba los precios de los combustibles y eliminaba los subsidios a los mismos, fueron la chispa que encendió las movilizaciones por parte de los transportistas por la medida adoptada. Por su lado, el Gobierno, sostuvo que los subsidios beneficiaban de manera exclusiva a contrabandistas, sectores económicamente privilegiados y redes vinculadas al narcotráfico. Dichas medidas, junto con otras de orientación neoliberal, constituyeron un componente central del malestar social que propició la amplia movilización de múltiples sectores de la sociedad civil.
Los miembros de los transportistas iniciarían una paralización nacional aduciendo que, con el alza de los pasajes se encarecería de manera estrepitosa el costo de la vida. Tras negociaciones con el Ejecutivo, dirigentes del gremio de trasporte darían por finiquitado el paro nacional. Momento en el cual el Movimiento Indígena tomó relevancia como actor principal de las movilizaciones de octubre, convirtiéndose en el figurante fundamental de la movilización y generando marcos de comprensión y de apoyo (Paz y Miño Cepeda, 2020). El movimiento transformó la protesta de corte sectorial a una lucha general, posicionando marcos que se reflejaron en varios eventos y formas en las que los manifestantes fueron apoyados.
El escenario principal del conflicto fue la ciudad de Quito, lugar en donde sucedieron gran parte de los eventos que marcaron la manifestación, como ya se ha señalado, el Movimiento Indígena fue el más importante actor, por lo que para el presente trabajo nos concentraremos en los marcos de interpretación que se construyeron desde el Movimiento Indígena.
La propuesta de comprensión que se plantea parte del análisis de marcos de acción colectiva, centrado en las formas de interpretación, el diagnostico, pronóstico y motivos para la acción colectiva. Para ello se plantea la pregunta: ¿Cuáles fueron los marcos de acción colectiva que generó el Movimiento Indígena en las protestas de octubre de 2019?
Siguiendo esta línea, la metodología que se utilizó fue delimitar el acontecimiento, centrándonos en un actor social, contexto y escenario político para posteriormente analizar los marcos producidos por ese actor durante el acontecimiento. Como evidencia empírica que respalde la información hemos revisado el material audiovisual, disponible en internet sobre las protestas.
La estructura general del artículo, en principio muestra la propuesta teórica para el estudio del caso, para posteriormente discutir los marcos de pronóstico, diagnóstico y motivos que se manejaron en los doce días de protestas en octubre del año 2019.
En base a lo expuesto, proponemos la observación de estos tres marcos de la construcción de la acción colectiva en torno a las protestas realizadas por el Movimiento Indígena y otros actores en los once días de octubre del año 2019, para entender el sentido y disputas de las movilizaciones sociales suscitadas en aquellos días.
Sentidos, identidad y acción colectiva: Un marco interpretativo para las protestas de octubre de 2019
Los enfoques actuales del estudio de la acción colectiva, en especial en países con alta volatibilidad y complejidad como son los países latinoamericanos, han dado cuenta de la necesidad de una nueva perspectiva que amplíe únicamente cuestiones de estructura o materialidad de la movilización. La sociología de los movimientos sociales tradicionalmente estuvo ligada ampliamente a la búsqueda revolucionaria y la identificación de clase (Melucci & Massolo, 1991). Enfoques como la teoría de la movilización de recursos o la estructura de oportunidades, han sido base fundamental para los movimientos sociales y su análisis de disponibilidad de recursos, redes de apoyo o hasta las aperturas institucionales (Almeida, 2020).
No obstante, las movilizaciones de corte más contemporáneas con demandas más plurales, identitarias y culturales han dado pie a la necesidad de examinar las dimensiones simbólicas y hasta cierto punto cognitivas. Es ahí, donde toma especial relevancia la corriente del análisis de los marcos de acción colectiva (Framming). Aparece como una corriente que permite comprender cómo los actores no solo reaccionan a las condiciones objetivas, sino también cómo interpretan y le dan sentido a la acción colectiva. Los debates contemporáneos sobre los sentidos de las manifestaciones han ido proliferando en las distintas producciones académicas, colocando el foco de atención en la construcción de redes de apoyo y discursivas alrededor de los conflictos. En este sentido se plantea la complementariedad de la comprensión del enfoque del framing en conjunto con la teoría de los nuevos movimientos sociales.
La transición de la estructura a las identidades: aportes de los nuevos movimientos sociales y Framing de la movilización
El aparecimiento de la teoría de los nuevos movimientos sociales —trabajada principalmente por Melucci— supuso una reorganización de análisis al contemplar la variable de la identidad colectiva como centro del escenario de las movilizaciones en contraposición a los elementos clásicos ligados principalmente a cuestiones obreras o de clase, los NMS presentan una arena diferente de acción, concentrando sus esfuerzos en la lucha por la reproducción social y cultural.
Para Melucci (1995) los movimientos sociales son sistemas de acción capaces de mantener el conflicto frente a un adversario definido, actuando como signos que revelan la existencia de conflictos profundos en la sociedad. La identidad colectiva, por otro lado, se define de manera interactiva, por el cual se da la construcción de sentido y se orientan las acciones de los actores de la movilización. Esta identidad se forja en torno a una triada; las creencias compartidas —por los actores respecto a los fines—, los medios y el campo de acción denominada convicción, así mismo, la capacidad del movimiento de establecer redes de solidaridad y reconocimiento mutuo definida como lazos interpersonales y por último las fronteras, que son las habilidades para distinguirse del adversario.
En torno al movimiento indígena ecuatoriano, la identidad no aparece como una variable simple de comprender, sino que es un fundamento ontológico que permite al grupo la interpretación de las crisis económicas como parte de un proyecto que afecta el proyecto de vida, lo cual genera una mayor cohesión para la movilización (Herrera, 2003). El conflicto, en este marco de comprensión es la lucha por el control de la historicidad, es decir, la capacidad de generar definiciones y orientaciones en la sociedad, la identidad por su parte se transforma en el principal recurso de movilización.
Como se ha señalado en retrospectiva los NMS dan cuenta de la explicación de las afiliaciones identitarias de la lucha. En complemento con ello, el enfoque del framing explica el cómo el movimiento logra traducir la identidad en acción política eficaz y persuasiva. Esta propuesta teórica pone sus esfuerzos en comprender las interpretaciones de las acciones colectivas de los actores, sus motivaciones, diagnósticos y pronósticos de la movilización.
El concepto de marco (frame) nace desde las interpretaciones del interaccionismo simbólico de Goffman (2006), éste, define los marcos como los esquemas de interpretación que permiten a los individuos; localizar, percibir, identificar y etiquetar los eventos o las situaciones. Fundamentalmente los significados no se traducen automáticamente de los objetos, experiencias o los eventos en sí, sino que nacen de la interpretación interpelados por la cultura y la interacción.
Centrados en la acción colectiva, Benford y Snow (2000) adaptaron el concepto de marcos para definir la acción colectiva; entendiéndolas como un conjunto de creencias, significados orientados a la acción, los cuales inspiran y legitiman las actividades y las campañas de un movimiento social. De este modo, mediante los marcos de acción colectiva, los MS tratan de construir un discurso coherente que ayude a la definición de problemas, las causas que los originan y las posibles soluciones o estrategias adecuadas para enfrentarlos.
Por lo cual, la movilización no aparece desde un vació, sino, que los marcos de acción colectiva entran en conflicto con un marco establecido (Chihu Amparán, 2012), en tanto los actores de la movilización buscan enfrentar la definición establecida del problema, proponiendo una redefinición de la realidad social o del conflicto en disputa.
Es necesario tomar en cuenta el funcionamiento estratégico que conlleva el enmarcamiento. Las operaciones que cumplen son dobles en la acción pública; la definición de la situación, en ella, el enmarcamiento tiene la función inicial de definir una situación o inarticulación como un problema social o político que tenga las suficientes características para ser escalado hacia una movilización, esto conlleva que se proponga una resolución del mismo, dado que el marco debe proponer los medios y estrategias para resolver el conflicto, dejando en claro la posición a los actores de la movilización frente al adversario que también se identifica y se nombra (Cefaï, 2008). Los actores deben considerar interpretaciones de la situación, principios, causas y señalar a los afectados y culpables, además proponer soluciones al problema y evaluar los recursos con los que el movimiento cuenta para proyectar los objetivos, solo a partir de estos elementos, es que las dinámicas de enmarcamiento pueden emerger en escena (Cefaï, 2008).
Ahora, es necesario plantear una triada para el análisis metodológico de los problemas políticos o sociales de una movilización; siguiendo la propuesta de Snow y Benford (1992) iniciamos desde el marco de diagnóstico. Estos comprenden las creencias mediante la cual se identifica la fuente del descontento y sus responsables, por tanto, se plantea la necesidad de modificar un evento o condición que genera problemas en el tejido social o económico. De este modo, el marco involucra necesariamente dos pasos a tomar en cuenta; la identificación del problema y la designación de culpables. El actor en el que recae la culpa permite generar adherentes, centra la indignación y el agravio en un objetivo en concreto. En el contexto de movilizaciones como las de 2019, de carácter económico, el marco de diagnóstico debe expandir la queja inicial (subsidios) hacia una crítica estructural (el modelo económico neoliberal del gobierno en turno) lo cual permite una alineación de marcos con otros sectores de la sociedad.
Un segundo paso, es el marco de pronóstico, el cual anticipa la solución del problema, identifica objetivos y las tácticas del movimiento. No es meramente una sugerencia, sino un plan de acción estructurado que se concentra en la solución a la problemática. El marco es afín al diagnóstico; las tácticas, objetivos y las estrategias deben ser consecuentes. Estas definen las acciones que se deben llevar a cabo, quien las ejecuta y establecer los adversarios directos de la acción colectiva (Chihu Amparán, 2016).
Finalmente, los marcos de motivación se encargan de imprimir quien es el encargado de realizar las acciones y por qué. Este marco plantea las razones para que los actores se comprometan en la participación de la acción colectiva. Para que se consolide la movilización social es necesaria la construcción de los motivos que alimenten la participación, esto se realiza mediante un vocabulario de motivos, que contienen las razones por las cuales, más individuos deben sumarse a la movilización social, apelando a los valores que la movilización señale como parte de su diagnóstico. El marco de motivación debe convencer a los actores de que la acción no solo es necesaria (diagnostico) y posible (pronostico), sino también moralmente correcta y significativa. Es el enlace emocional que garantiza la permanencia y la intensidad de la protesta (Chihu Amparán, 2016).
Propuesta de abordaje metodológico para la comprensión de la movilización de octubre de 2019
La investigación se articula en una lógica interpretativa, se plantea la comprensión de la dimensión simbólica y cognitiva de la movilización social de octubre de 2019 encabezada por el movimiento indígena ecuatoriano como foco principal de análisis. Cabe señalar que ante la imposibilidad de recolección de datos mediante trabajo de campo directo, se emplea una estrategia de netnografía y se prioriza el análisis del marco de acción colectiva. El análisis parte de la relevancia discursiva de las fuentes centrándonos en los datos audiovisuales disponibles en plataformas digitales, considerando registros directos de la manifestación de distinta índole. Mediante los cuales se puede observar la enunciación práctica de los marcos y los elementos que la constituyen.
Un segundo aspecto para resaltar es el análisis de fuentes secundarias textuales, para la contextualización y triangulación. Mediante la cual se observa la coherencia entre el discurso formado por los antagonistas, protagonistas y la narrativa generada en la movilización, así como identificar el marco hegemónico al que se enfrenta el marco de acción colectiva y la disputa del sentido. Guiados por la triada antes expuesta, se busca identificar marcos de diagnóstico (identificación del problema y designación de culpables), marcos de pronóstico (soluciones, objetivos y tácticas) y por último marcos de motivación (Motivos de la acción colectiva y sustento de esta).
Desarrollo del marco de diagnóstico de octubre de 2019 para la conformación de la movilización
El giro del Gobierno de Lenin Moreno hacia una vertiente más neoliberal, con su clara confirmación, a través de la firma de la Carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, produjo una serie de medidas como el recorte de recursos al sector de la educación superior, despido de funcionarios públicos y la puesta en venta de varios activos del Estado (Ortiz, 2020). Esto comenzó a gestar una serie de malestares en la población, que fue agravándose conforme las decisiones gubernamentales iban adquiriendo mayor
En este contexto, el 1 de octubre de 2019 se promulga el Decreto Ejecutivo No. 883 por el cual se eliminaba el subsidio de los combustibles y se liberaba el precio de la gasolina extra y el diésel, se eliminaron los impuestos a salidas de divisas de maquinarias, materias primas y devoluciones de tributos a los exportadores, sumado a esto se buscaba eliminar el anticipo al impuesto a la renta, entre otras medidas como la eliminación de los impuestos a ciertos aparatos electrónicos (Chiriboga-Tejada & Arias, 2020).
En materia laboral, se promulgó una nueva forma de calcular las jubilaciones patronales y reformas para los aportes jubilatorios, el sector público también tuvo una reducción en sus días de vacaciones, disminución de contratos ocasionales y la donación de un día de salario por parte de los servidores públicos (Le Quang et al., 2020).
Para el 02 de octubre de 2019 la CONAIE (Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador) y el FUT (Frente Unitario de Trabajadores) anunció en rueda de prensa movilizaciones permanentes a nivel nacional, por las medidas tomadas por el Gobierno, pero quienes dieron el primer paso fueron los miembros de la FENACOTIP (Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador), mediante su presidente Abel Gómez, los cuales iniciaron el paro nacional por 48 horas.
La FENACOTIP es quien tiene mayor relevancia en el principio de las movilizaciones, debido a las paralizaciones en varios puntos del país. Situados de manera cronológica:
El 3 de octubre el panorama por la mañana en varias ciudades del Ecuador era el mismo: calles bloqueadas, dificultades en la movilización, falta de servicios de trasporte, escasa circulación de vehículos y actividades escolares suspendidas. Así comenzó el primer día de paro anunciado por los trasportistas, quienes, después de 48 horas de suspender sus actividades, informaron que estarían a la espera de la respuesta del ejecutivo ante su pedido de derogatoria del Decreto 883 y manifestaron que volverían a sus actividades cotidianas (Izurieta, 2020)
El diagnostico que se pronunciaba en torno al decreto 883, giraba principalmente alrededor de los problemas a ese sector de la sociedad - transportistas - que causa la subida de combustibles y el encarecimiento de los costos de la vida en general con el lema “sube la gasolina sube todo” además de que eleva y paraliza la operación de los transportes, este fue su estandarte hasta el 4 de octubre (Bonilla & Mancero, 2020). Así lo señalaban el presidente de la FENACOTIP Abel Gómez:
Como ustedes saben, el día de ayer se envió un oficio —ya recibido en la Presidencia de la República— en el cual se solicita, en primer lugar, la derogatoria del Decreto 883. Para quienes no conocen su contenido, este decreto elimina el subsidio a los combustibles, lo que provoca un incremento inmediato en su precio. Es decir, al derogarlo, los combustibles volverían a su valor anterior y todo regresaría a su estado normal. A partir de ello, entendemos que el subsidio debe ser focalizado, porque no puede aplicarse de manera generalizada, ya que el impacto recaería en los sectores más vulnerables.
Para organizaciones como la nuestra, que operamos con tarifas reguladas, este incremento impacta de manera directa y genera un encadenamiento de alzas que termina afectando al conjunto de la población. Por ello, hay situaciones que deben ser revisadas. Todos los gremios se encuentran adheridos a estas paralizaciones y, hasta el momento, tenemos reportes de que en todas las ciudades existe una reducción sustancial de la movilidad (Mora Ibarra, 2019).
Hasta este momento se debe tomar en cuenta que durante una movilización algunos de los protagonistas tienden a ser más relevantes en la palestra pública, durante estos días existieron una pluralidad de actores[1], sin embargo fueron los transportistas quienes llevaron los focos de la movilización, el antagonista claro fue el gobierno como ente principal de la protesta (en conjunto a otros actores que también formaron parte de la generación de su propio discurso de la protesta[2]) durante todo el conflicto, además de las cámaras empresariales y ciertos partidos políticos que apoyaron la medida, por ejemplo, el entonces banquero Guillermo Lasso afirmó que:
El Ecuador atraviesa momentos de tensión generados por grupos anarquistas que se aprovechan del malestar existente en diversos sectores de la población, malestar que surge como consecuencia de las tardías medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a la protesta, siempre que esta se ejerza de manera pacífica, respetuosa y dentro de los márgenes establecidos por la ley. Por ello, no podemos caer en la trampa de quienes, mediante actitudes violentas, pretenden crear un estado de caos que podría devolvernos a los años de inestabilidad política.
En un sistema democrático, las diferencias no pueden resolverse apelando a métodos de presión o prácticas anárquicas que solo conducen a la violencia. En democracia, las discrepancias se solucionan dentro del marco institucional y respetando el orden constitucional. Este es un momento para asumir responsabilidades, no para recurrir al populismo ni a liderazgos demagógicos. No se trata de complacer a unos pocos, sino de pensar en el futuro de todos, especialmente en el de nuestros jóvenes.
Desde el inicio he sido opositor de este gobierno, que no supo asumir su principal desafío: el reto económico. En lugar de ello, optó por recurrir al único método que conocía, vinculado a prácticas políticas del pasado, las cuales no han servido para generar soluciones reales a los problemas reales de los ecuatorianos. La anarquía no genera empleo, no impulsa emprendimientos, no fomenta la innovación; por el contrario, representa barbarie y un retorno a un pasado violento.
La polarización no aporta nada al país y los enfrentamientos políticos no contribuyen a resolver nuestras necesidades más urgentes. Hoy, más que nunca, debemos preocuparnos por el futuro de nuestros jóvenes, un futuro que se encuentra en riesgo. Por ello, hago un llamado a la cordura y a la construcción de soluciones basadas en el consenso (Lasso, 2019).
Mientras esto se desarrollaba el país se convertía en un espectador de la incipiente disputa de discursos que se fueron configurando a nivel de medios digitales y canales de televisión. Hasta el 4 de octubre los actores relevantes de la movilización fueron los transportistas, sin embargo, tras conversaciones con el Gobierno acompañado de la solicitud de derogatoria del decreto, dieron por finalizado el paro nacional y acordaron con el Gobierno prebendas (Le Quang et al., 2020). Durante estos días, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas anunciaba una movilización nacional e indefinida. Es a partir de este momento que las configuraciones de los actores y los marcos interpretativos tomaron ciertos matices de cómo fueron en un principio y agregaron elementos al repertorio de acción colectiva, estos han sido elementos fundamentales a lo largo de las diversas manifestaciones del Movimiento Indígena a lo largo de su historia. Tilly (2010), los entiende como un conjunto limitado de rutinas, compartidas, aprendidas y utilizadas por las personas para el planteamiento de reivindicaciones colectivas a otros, típicamente a las autoridades.
Lejos de parecer acciones espontáneas el repertorio funciona a modo de “menú” culturalmente disponible de formas de protesta[3], el significado de estas es socialmente inteligible, tanto para los protagonistas, como para los antagonistas de la movilización. La selección del repertorio es resultado, en tanto de estrategias que buscan movilizar recursos y comunicar un desafío en un lenguaje de acción reconocido. El autor, pone énfasis en la naturaleza histórica y evolutiva de los repertorios, señala así, sin transición de formas locales y particulares—muy ligadas a agravios y lugares específicos— a formas nacionales y modulares a partir del siglo XIX. La modularidad por tanto resulta clave dentro del desarrollo de los repertorios como el cacerolazo o la marcha masiva, las cuales, pueden ser empleadas por diferentes grupos con demandas en distintos lugares, lo que permite la difusión y alcance de la protesta (Tarrow, 1998). En este sentido, la conexión de los repertorios permite vincular lo cognitivo de los movimientos sociales, lo que se cree, con la práctica efectiva, lo que hacen. Así, en torno a las movilizaciones de octubre:
(…) Un rasgo característico de los repertorios desplegados a lo largo del país fue la combinación de una trama de apoyo en redes sociales con estrategias de divulgación a través de Internet y el accionar de influencers, personajes culturalmente influyentes o figuras del mundo del espectáculo. A su vez, los autores afirman que la creatividad de las protestas generó impactos de orden global, incorporando música, vestimenta, colores y arte en las irrupciones del espacio público. Desde nuestra óptica, la consolidación y persistencia de este conjunto heterogéneo de actores, así como su permanente combinación de repertorios, se basó en un proceso de construcción de equivalencias entre demandas particulares, pero igualmente insatisfechas (Calderón Castillo en Quiroga & Pagliarone, 2022, p.82).
La relación entre los conceptos es de interdependencia estratégica; el marco de acción legitima el repertorio, y a su vez, el repertorio genera una credibilidad al marco. Dado que la identidad colectiva, enmarcada por el MAC, define qué repertorios son apropiados o efectivos para el grupo (Chihu Amparán & López Gallegos, 2007). Por ejemplo, en el marco de las movilizaciones de octubre, el repertorio de protesta empleado inicialmente consistió en los bloqueos viales. Esta acción fue respondida de manera contundente por el principal antagonista de la movilización, lo que resultó en la detención de aproximadamente 350 personas, entre ellas varios líderes del sector transportista (Quiroga & Pagliarone, 2022).
Siguiendo con la tónica, la puesta en escena de un repertorio exitoso (los cierres viales), permite que el marco del movimiento se difunda y resuene, alineando el significado (framign) con la acción visible, y obligando al antagonista a negociar o confrontar. De este modo, esta hibridación conceptual entre repertorios y framing permiten entender como los actores se adaptan para la acción en concordancia para mejorar el alcance de la resonancia de su mensaje dentro de la contienda política.
Aunque varios actores fueron plenamente relevantes en el proceso de movilización, los protagonistas de las jornadas y quienes lideraron en varios sentidos la movilización, sin lugar a duda fue el movimiento más importante y poderoso de Latinoamérica, el Movimiento Indígena (Quijano, 2012). El Gobierno a partir de este momento, se mantuvo como principal antagonista y fue sumando aliados, mientras tanto el Movimiento Indígena fue cooptando mayores espacios de visibilidad dentro de las protestas, el escenario central de la movilización - que si bien era nacional y mantuvo episodios de protesta en varios espacios del país[4]- pasó a ser la ciudad de Quito, y sus habitantes espectadores y actores de la movilización, pues en gran parte fueron quienes la mantuvieron viva[5].
Aunque no eran los únicos, pues
Al siguiente día del anuncio, buena parte de la sociedad expresó un contundente rechazo a través de distintos repertorios de acción, desde plantones, piquetes, cacerolazos, tomas de edificios públicos, entre otros. Estudiantes, mujeres, feministas, colectivos políticos, indígenas, campesinos y sindicatos exigieron al Gobierno nacional la derogación del Decreto que elevaría los costos de vida de la población (Stoessel & Iturriza, 2020, p.249).
Los actores de las diversidades que componen a los indígenas ecuatorianos toman directamente la batuta del desarrollo de los sentidos de la protesta. Manteniendo el marco en torno al decreto Ejecutivo 883 y sobre la crisis que la subida de combustibles podría generar, agregaron elementos que el gremio de trasportistas no incluía, entre ellas el retorno del neoliberalismo “El Decreto 883 condensó ambas cuestiones: el absoluto predominio de los grandes intereses sobre las mayorías y la implosión del momento consensual del giro neoliberal” (Ramírez Gallegos, 2020, p.35)., los discursos se mantuvieron en que la medida afectaba principalmente a las personas más pobres, además de la liberalización de los combustibles encarecía el precio de la vida de las personas, las crisis históricas de los tratados multilaterales con el FMI, también fueron parte de los marcos de diagnóstico generados alrededor de la movilización y los principales motivos por los que se encontraban movilizados (Revista Plan V, 2019). Debido a que:
Con un día de retraso en el calendario impuesto por el FMI, Moreno se presentó el 1 de octubre de 2019 en cadena de radio y televisión para anunciar las reformas comprometidas con Washington y otras medidas en el ámbito de la seguridad social, privatización y flexibilización laboral. El presidente anunció, particularmente, la eliminación inmediata de los subsidios a los combustibles de mayor uso para el transporte. En su mensaje, Moreno explicó que había suscrito ya el Decreto Presidencial número 883 que eliminaba el subsidio al diésel y la gasolina extra. De tal forma, el diésel pasó de costar US$ 1,03 a US$ 2,27 por galón y la gasolina extra pasó de US$ 1,85 a US$ 2,30. Esta eliminación de subsidios era uno de los compromisos generales de optimización fiscal del acuerdo con el FMI que prácticamente da por hecho en su texto. Asimismo, el recorte de subsidios ha sido justificado por la urgencia fiscal que, como se ha explicado en el transcurso de este texto, ha sido en buena parte alimentada por las reformas puestas en marcha desde fines de 2017 (Chiriboga-Tejada, & Arias, 2020, p.179)
La consolidación discursiva, de la concreción de los antagonistas de las protestas de 2019, si bien se colocó como principal al Gobierno Nacional, encabezado por Lenin Moreno, también adquiere relevancia el Fondo Monetario Internacional- mismo que presiona al régimen mediante cartas de intención-, pero también se comenzó a agregar a los grupos económicos como parte del marco de interpretación. Cuestión que:
Las brújulas del antagonismo se redireccionan hacia los hacedores del ajuste (“el Gobierno”, “el FMI”, “las elites”, “Moreno”). A la vez, al introducir en el cuerpo social la idea de que se comparte cierta situación con quienes marchan cerca, la aparición de la multitud escenifica una forma plural de coexistencia que se presenta a sí misma, de modo perentorio y provisional, como alternativa ético-política al presente y como expresión de la soberanía democrática (Ramírez Gallegos, 2020, p. 29)
Existen dos líneas fuertemente marcadas alrededor de los marcos de acción colectiva desarrollados por la movilización social de los actores de 2019 encabezados por el movimiento indígena.
El más inmediato y palpable fue justamente el marco económico. La movilización detonó debido a la eliminación del subsidio a los combustibles, lo cual, fue diagnosticado por la CONAIE y el FUT. El problema no giraba únicamente alrededor del aumento de los costos del diésel y la gasolina, sino en la incorporación de estrategias de corte neoliberal que reaparecían en el país con las decisiones del entonces presidente Lenin Moreno. Este marco atribuye directamente la culpa a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, presentadas como una agenda de ajuste fiscal que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana. El antagonista no giraba únicamente alrededor del entonces presidente Lenin Moreno y su Gobierno, sino a la lógica de endeudamiento externo y a la dependencia económica, lo cual, en principio, movilizó a los transportistas y posterior a los actores de la movilización social de octubre.
Un segundo marco, que, aunque no se vuelve tan explicito como el primero, pero que adquiere relevancia conforme se va desentrañando los acontecimientos del desarrollo de la movilización, reforzado en la respuesta gubernamental a las protestas, este diagnóstico sobre el uso legítimo de la fuerza (CONAIE Ecuador, 2022). El problema central se diagnosticó como la represión y la violencia estatal desmedida en contra de movilizaciones en principio pacificas, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas (antagonistas estatales en su faceta coercitiva) fue ampliamente documentado y difundido por redes sociales y activistas[6]. Dado que:
La respuesta del Gobierno fue diversa. Primero, se deben notar los niveles de violencia institucional inéditos en la historia reciente del país, expresados en la brutal represión por parte de las fuerzas del orden (por ejemplo, los 11 muertos contabilizados por la Defensoría del Pueblo) y en la criminalización de la protesta. Paralelamente a esta violencia, presente desde el inicio con la proclamación del estado de excepción, el Gobierno intentó dividir a los actores mediante la creación de un enemigo interno (los dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana) y la identificación de actores “legítimos" con los cuales se podía dialogar, como los transportistas y el movimiento indígena, frente a quienes la estrategia fue sectorializar las demandas (Le Quang et al., 2020, p.78).
Este marco, moralizó la protesta, diagnosticando al gobierno como “autoritario” e “ilegítimo” por la fuerza de sus acciones en contra de los manifestantes, esto, de alguna manera, generó un marco solidarizarte que aglutinó a otros actores de la sociedad civil para la unificación de la movilización en rechazo del abuso de la autoridad, brindando un marco de legitimidad al accionar de la movilización social y sus repertorios de acción colectiva[7]. Esto se comprende plenamente cuando se plantea desde la perspectiva del "efecto bumerán" o backfire effect, (Hess & Martin, 2006) dado que este fue, en principio esencial para el éxito de las protestas de octubre de 2019, tomando en cuenta que la violencia estatal aglutinó a los diferentes actores de la movilización, reforzando el marco de diagnóstico alrededor de la represión, si bien el marco inicial fue económico, la represión desmedida por parte de las fuerzas del orden, activaron un mecanismo de choque moral (moral Shock) en la sociedad civil urbana de Quito, quienes se mantuvieron neutrales en los primeros días de la movilización. Este shock desplazó el debate de la discusión técnica sobre el subsidio a una discusión sobre la ilegitimidad del Estado y su disposición hacia la violencia, argumento base para el sostenimiento de la movilización.
Dinámicas de resolución del estallido de Octubre: Un análisis desde los marcos pronósticos
Los pronósticos de la movilización constituyen un componente fundamental en la construcción de los marcos de acción colectiva. Estos permiten anticipar las posibles soluciones a los problemas identificados en el diagnóstico, así como definir los objetivos, tácticas, acciones y estrategias necesarias para enfrentar los dilemas de la contienda (Chihu Amparán, 2016). Durante la movilización, y especialmente en las declaraciones de los líderes del Movimiento Indígena y en la negociación sostenida con el Gobierno Nacional, los marcos de pronóstico fueron emergiendo y ajustándose conforme avanzaba el conflicto a lo largo de sus diecinueve días.
En esta etapa, los marcos interpretativos fueron elaborados tanto por el Gobierno como por los representantes del Movimiento Indígena, cada uno desde narrativas y perspectivas distintas. En la cobertura de la televisión nacional, estas interpretaciones —propuestas por protagonistas y antagonistas— se volvieron particularmente visibles y contrastantes. Examinar estos puntos de oposición resulta clave para comprender la configuración de los marcos de pronóstico. Además, es importante señalar que este proceso constituyó la fase final de una construcción más amplia de marcos que se fue consolidando paralelamente en ambos lados: el Gobierno Nacional, por un lado, y los actores de la movilización, específicamente el Movimiento Indígena, por otro.
Se debe considerar que, en el campo de las identidades políticas, se configuran tres marcos de interpretación: el del protagonista, el del antagonista y el de la audiencia. A lo largo del proceso de enmarcado, estos actores participan en la construcción de identidades que pueden generar marcos contrapuestos entre protagonistas y antagonistas (Chihu Amparán, 2016).
Como se ha señalado, el Movimiento Indígena identificó al Gobierno Nacional, al FMI y a los poderes económicos como los principales antagonistas, además de incluir a los medios de comunicación en esta categoría. En este contexto, el Gobierno intentó posicionar un relato según el cual las manifestaciones respondían a la acción de detractores políticos, buscando influir en la percepción del público —tanto a nivel nacional como en la ciudad de Quito—. Para ello recurrió a diversos epítetos como “zánganos, agitadores a sueldo, influenciables, sátrapas, desestabilizadores y golpistas”. Con este recurso discursivo, el Gobierno y sus voceros procuraron situar las movilizaciones fuera del ámbito de las decisiones económicas, trasladándolas al terreno de la desestabilización política y enmarcándolas como un intento de golpe de Estado, en vez de una reacción a las medidas adoptadas.
En su cadena nacional del 9 de octubre, el Gobierno justificó la paralización alegando que el expresidente Rafael Correa era el supuesto autor intelectual de las protestas, junto con el régimen venezolano. Su discurso insistió en la idea de un intento de ruptura del orden constitucional, con el propósito de minimizar el impacto del Decreto 883 y desplazar la atención pública hacia una narrativa de golpe de Estado y no hacia el rechazo social a sus medidas económicas. Así lo señalaba Moreno en cadena televisiva
Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y, desde aquí, a la sede del Gobierno en esta querida ciudad. De acuerdo con las atribuciones constitucionales que me competen, siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos por encima de mi propio bienestar.
Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no corresponde a una manifestación social de descontento ni a una protesta frente a una decisión gubernamental. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que existe una intención política organizada para desestabilizar al Gobierno y romper el orden constituido, quebrantando así el orden democrático.
En las imágenes es evidente que los grupos más violentos —aquellos que actúan con la única intención de agredir y causar daño— son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño y Pavón hayan viajado a Venezuela, al mismo tiempo y hace pocas semanas? El sátrapa de Maduro ha activado, junto con Correa, un plan de desestabilización. Los corruptos, que sienten los pasos de la justicia acercándose para que respondan, son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado. Están utilizando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas y aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Con los recursos que se robaron están financiando estas agresiones y saqueos.
Son ellos quienes no quieren que la institucionalidad democrática se mantenga firme. Como demócrata, rechazo con absoluta contundencia este atentado contra la democracia.
Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes, con absoluta lealtad, han defendido —en el marco del Estado de derecho y de las libertades civiles— la democracia y las instituciones (Ecuador TV, 2019).
Sin embargo, el Movimiento Indígena logró construir un marco mucho más sólido en relación con el diagnóstico y el pronóstico de la movilización. Estos dos elementos deben articularse para situar en el espacio público tanto los objetivos del cambio como la identificación de los antagonistas (Chihu Amparán, 2016). En este proceso, también incorporaron la denuncia del uso excesivo de la violencia estatal, lo que reforzó su narrativa sobre la legitimidad de la protesta y la desproporcionalidad de la respuesta gubernamental. Así lo señalaba Leónidas Iza (uno de los principales voceros de la manifestación):
El Gobierno ha cambiado de sede. Desde esta nueva sede, tengo la posibilidad de dialogar con el presidente Moreno. En este momento, el Gobierno Nacional está en sus manos; sin embargo, considero que, en lugar de responder al pueblo ecuatoriano, el cambio de sede no constituye una solución. Lo que se está dejando es una casa abandonada, y, si eso ocurre, el pueblo tendrá que llegar, tomar esa casa vacía y dirigir al país. Eso es lo que debemos hacer si el Gobierno Nacional no da respuestas.
Por ello, no intenten posicionar ideas que no hemos planteado. Nosotros hemos venido a exigir la eliminación del paquete económico; no hemos venido a pedir la renuncia del Presidente. Si, por su propio peso, él toma esa decisión, entonces deberá asumir la responsabilidad ante la agenda de esta gente. Queremos dejar clara nuestra agenda como pueblos y nacionalidades, así como la de los sectores transportistas, iglesias evangélicas, campesinos, estudiantes, amas de casa, jubilados y profesores.
Nuestra agenda no ha sido política, mucho menos electoral. No hemos venido a respaldar ninguna tesis de quienes, durante diez años, provocaron esta crisis. No permitiremos que se utilice una jornada de lucha cuando lo que intentamos es remediar el hueco que ellos mismos generaron en su momento.
Por ello, hemos dicho a las autoridades que hoy se dirigen al país: recuperen lo que ustedes mismos señalaron. En una rueda de prensa afirmaron haber identificado 70 mil millones de dólares; con solo recuperar el 50 % de esos valores, podríamos mantener los subsidios durante veinte años.
Y decimos al pueblo ecuatoriano: no respaldamos ninguna tesis política de quienes han dañado a este país. No permitiremos que ni Lasso, ni Correa, ni Moreno, ni ningún otro utilice estas luchas del pueblo. Estas luchas son del pueblo y seguiremos caminando junto al pueblo (Timbiano, 2020).
El Movimiento Indígena consolidó su marco de pronóstico alrededor de la derogatoria del Decreto 883 como la única solución viable para la movilización, pese a los intentos constantes del Gobierno por deslegitimar la protesta a través de discursos estigmatizantes y por el despliegue de fuerzas policiales y militares que ejercieron un control del orden marcado por la represión. La denuncia de esta violencia estatal se convirtió en un recurso adicional que fortaleció su discurso ante la opinión pública. Tal es así que:
10 de octubre: La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) anuncia que continuará con las protestas ante las cifras de los altercados, que registran 5 muertos, 554 heridos y más de 1.000 detenidos, además de 133 policías heridos, así como 100 militares y 30 policías retenidos en las comunidades de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Calderón y el norte de Quito.
11 y 12 de octubre: El día 11 se produce un repunte de la violencia entre manifestantes indígenas y miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. La CONAIE solicita la renuncia de la ministra del Interior y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por el uso excesivo de la fuerza y por violaciones a los derechos humanos. El 12 de octubre, el presidente Moreno ordena la militarización de Quito. La CONAIE acepta dialogar únicamente si se deroga el Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles. Se cierran centros comerciales y comienza a evidenciarse un desabastecimiento de alimentos en la ciudad. (Vivares, 2020, p. 114)
Aunque los marcos de pronóstico del Movimiento Indígena y del Gobierno Nacional resultaban claramente divergentes, su momento de mayor confrontación y visibilidad ocurrió el 13 de octubre de 2019 durante el diálogo mediado por ONU-Ecuador y transmitido a nivel nacional. En ese escenario se evidenciaron las posiciones principales de los actores protagonistas y antagonistas respecto a sus interpretaciones sobre la movilización, incluidos los señalamientos hacia el Estado por el uso excesivo de la fuerza durante las jornadas de protesta.
El Gobierno sostuvo que la eliminación del subsidio afectaba principalmente al tráfico de combustibles, a personas de altos recursos y a narcotraficantes, argumentando además que la medida buscaba proteger la dolarización frente a la fuga de combustibles. Carlos Celi, señalaba dentro del dialogo lo siguiente;
Tenemos, por lo tanto, en la mesa a los dos actores que están en plena capacidad de resolver la problemática que el país enfrenta, con la expectativa de encontrar soluciones que permitan un reencuentro nacional y que garanticen condiciones económicas y políticas propias de una democracia con derechos sociales.
Por ello, quiero partir del planteamiento realizado por el mediador de las Naciones Unidas al concluir tanto la primera exposición del señor Presidente como la primera intervención del Presidente de la CONAIE. Considero que debemos reconocer dos aspectos muy importantes que el país necesita escuchar.
En primer lugar, ambas partes sentadas en esta mesa reconocen que este diálogo constituye el espacio legítimo para la resolución del conflicto. Este punto es fundamental para el país. En segundo lugar, dentro de este espacio de resolución —que es este diálogo y no otro— se ha planteado avanzar, tal como lo señaló el señor Presidente de la República en su exposición inicial, hacia la formulación de un nuevo decreto.
Planteados estos dos puntos de acuerdo —el reconocimiento del diálogo como el mecanismo para resolver el conflicto y la necesidad de construir un nuevo decreto—, corresponde ahora trabajar en los mecanismos para implementarlos. Esto supone un trabajo técnico y, por supuesto, también jurídico. Para ello, pueden establecerse mecanismos como comisiones, equipos de análisis o mesas especializadas.
Sin embargo, lo que el país necesita escuchar son las decisiones políticas fundamentales: primero, la ratificación de este diálogo como un espacio resolutivo; y segundo, el compromiso de avanzar hacia un nuevo acuerdo que recoja el sentido de responsabilidad del Estado frente a las organizaciones sociales. (Proaño Vargas, 2019)
Su marco de pronóstico planteó como solución la focalización de subsidios para los sectores indígenas mediante una comisión encargada de revisar la medida, acompañada de proyectos destinados al sector rural. Paralelamente, justificó el despliegue de fuerza pública como un mecanismo de control, aun cuando diversos sectores denunciaban la represión y las acciones desproporcionadas ejercidas contra los manifestantes.
El pronóstico del gobierno giraba alrededor del desplazamiento y la instrumentalización de la medida. Los funcionarios y propio mandatario mantenían un discurso enfocado en la eficiencia fiscal, por tanto, el gobierno enfocó sus esfuerzos en una “revisión técnica del Decreto 883” y de un ajuste del decreto sin derogatoria, con lo cual se buscaba una limitación de conflicto a una mesa de expertos (Fry, 2020), con ello, negando la dimensión política y territorial que el movimiento indígena y demás actores de la movilización había consolidado. Este enfoque intentó imponer un marco que giraba alrededor de la realidad económica por encima del de derechos colectivos y afectaciones de vida en el que la CONAIE había apalancado gran parte de su frame.
La mayoría de las estrategias desarrolladas por el gobierno, parten de la premisa de los pronósticos de justificación para mantener la medida central (la eliminación del subsidio a los combustibles) mientras se ofrecían paliativos para sanear la medida (Vallejo, 2020). La “focalización del subsidio y los “proyectos para el desarrollo rural” fueron marcos de pronóstico que buscaron el reencuadre del efecto negativo (aumento de precios) como un futuro beneficio dirigido hacia el sector agropecuario. El objetivo era claro, contrarrestar la crítica indígena y diagnosticar al gobierno no como un opresor, sino como un solucionador responsable que, al corregir la focalización, defendía al agro de los “ricos y contrabandistas” (Vallejo, 2020). Claramente se buscaba colocar como elemento central este mecanismo de aislar la demanda económica y despojar de otros encuadres impulsados por el movimiento indígena.
Por su parte las organizaciones indígenas arremeterían estas afirmaciones con el marco de pronóstico que fue construyendo a lo largo de su participación en las protestas, esta tenía varios componentes, como la trasparencia de los acuerdos con el FMI, el cobro de impuestos a grandes grupos económicos, y la revisión de la constitucionalidad de las medidas tomadas por el Ejecutivo.
Sin embargo, el principal marco de pronóstico que se mantuvo a lo largo de la construcción de la movilización y por el cual el Movimiento Indígena y los demás colectivos que participaron en las movilizaciones de octubre fue la derogatoria del decreto 883, esta exigencia de sirvió como un marco de ultimátum y no negociable. Desde una postura teórica el diagnostico de injusticia (Jiménez & Ramírez, 2018), el cual posicionaba al Gobierno nacional como el único obstáculo para la paz y al movimiento como el garante de los derechos de los sectores empobrecidos y al agro. Este pronóstico fue altamente resonante y aglutinador (Fry, 2020). En este sentido, el marco transforma una meta compleja (reforma estructural) en una acción binaria e inmediata (derogara o no derogar) lo cual ayudo a la movilización y sostenimiento de esta.
La auditoría a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, el cambio de ministros como ejes principales del diagnóstico del problema como déficit de transparencia y soberanía en la gestión pública. El pronóstico de control constitucional y ministerial demostró que el movimiento buscó incidir directamente en el ciclo de las políticas públicas (López Leyva, 2012), exigiendo que el estado garantizara que el ajuste económico no recaiga en poblaciones económicamente vulnerables.
Por último, la exigencia de la renuncia de los ministros de Defensa e Interior representó la respuesta directa al marco de diagnóstico de antagonismo. El pronóstico de responsabilidad estatal por la violencia, buscó reestablecer la legitimidad del dialogo al obligar al antagonista a reconocer las violaciones a los derechos humanos, aplicado el efecto bumerán (Hess & Martin, 2006) de la represión para lograr concesiones concretas más allá de las acciones económicas.
Motivos de la movilización: el apoyo nacional al paro de 2019
El marco de motivación colectiva se convirtió en el principal catalizador de las protestas de octubre de 2019 en Ecuador, trascendiendo las bases organizativas tradicionales y logrando movilizar masivamente a sectores de la sociedad civil en Quito. Este marco, conforme a la teoría de los marcos de acción colectiva (Snow y Benford, 1992), se construyó sobre un vocabulario de motivos (Mills, 1940) que superó los límites de las organizaciones preexistentes y resonó ampliamente entre la población urbana. Dicho marco se articuló en torno a la acusación central de traición política contra el presidente Lenin Moreno, acusado de “traidor” y “mentiroso” por abandonar el programa con el que había sido electo y adoptar un giro neoliberal, particularmente mediante la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este viraje fue interpretado como una violación del contrato democrático y una ruptura de la confianza ciudadana (Gamson, 1992). La indignación se intensificó de manera decisiva con la represión estatal. El asesinato de Inocencio Tucumbi durante las manifestaciones (Kapari Comunicación, 2020) funcionó como detonante simbólico y emocional, transformando la naturaleza del conflicto: de una controversia primordialmente económica pasó a ser una lucha contra la impunidad de las fuerzas represivas del Estado. Este giro obligó a los espectadores pasivos a adoptar una posición activa en la contienda de movilización. La capacidad del movimiento indígena, liderado por la CONAIE, para realizar una amplificación del marco (frame extension) resultó determinante en la agregación de actores urbanos de la sociedad civil. Aunque la demanda inicial se centraba en la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883 y la ruptura del acuerdo con el FMI (Le Quang et al., 2020), el marco se extendió rápidamente para incorporar denuncias estructurales de racismo, represión policial sistemática y la defensa del derecho legítimo a la protesta. Esta ampliación permitió atraer a sectores profesionales, académicos, estudiantiles y artísticos que, hasta ese momento, habían permanecido al margen. En Quito, la solidaridad se materializó en formas concretas de apoyo logístico: instituciones educativas como la Universidad Politécnica Salesiana se transformaron en centros de acopio y refugio, garantizando el sostenimiento material de la protesta (Melucci, 1995). Este proceso consolidó una identidad colectiva interclasista e interétnica entre población rural y urbana, fenómeno poco frecuente en la historia reciente del país. El punto de inflexión en la transición de espectadores a actores se produjo durante el cacerolazo masivo del 12 de octubre de 2019, realizado en abierta desobediencia al toque de queda impuesto por el gobierno. Esta acción colectiva evidenció que la resonancia de los agravios (Tilly, 2010) había alcanzado una escala masiva y había superado el umbral del miedo a la represión. La participación ciudadana generalizada, expresada en consignas como “el pueblo unido jamás será vencido”, otorgó al movimiento indígena una legitimidad incontestable y lo posicionó como interlocutor ineludible.
La consolidación de este marco de motivación popular impuso un desplazamiento del marco oficial gubernamental, basado en la narrativa del orden público y la desestabilización. Ante la imposibilidad de sostener dicha interpretación, el Ejecutivo se vio obligado a abrir el diálogo, que culminó con la derogatoria del Decreto 883. En síntesis, el éxito de las protestas de octubre de 2019 radicó en la capacidad del movimiento indígena de articular un marco diagnóstico y pronóstico que trascendió sus demandas sectoriales originarias y se conectó con agravios ampliamente compartidos en la sociedad ecuatoriana, logrando una alianza histórica entre el campo y la ciudad que redefinió temporalmente las dinámicas de poder político.
A modo de cierre
Las manifestaciones de octubre fueron un hito en la historia nacional, dados los eventos que en ella ocurrieron y que han dado pie a varias investigaciones alrededor de los eventos de esos doce días de activación social, el escenario fue la ciudad de Quito y su principal actor, el Movimiento Indígena.
Los marcos que produjo la movilización fueron importantes para entender los sentidos de la protesta y como se fueron articulando en relación con las medidas tomadas por el Gobierno con el decreto 883 que fue la gota que derramó el vaso de la indignación nacional.
El diagnóstico del Movimiento Indígena fue claro y pertinente, las medidas producirían un incremento en los costos de la vida, por lo que esto generaría una crisis mucho más grande que la que el Gobierno buscaba combatir, además de que afectaba directamente a las personas más pobres del país y no a los grupos que el Gobierno señalaba.
Los pronósticos eran claros y fue un marco que se mantuvo a lo largo de la movilización como estandarte principal de ella, la derogatoria del decreto 883. Esta disputa de pronóstico entre el Ejecutivo y el Movimiento Indígena se vio más claro en el debate organizado por la ONU en donde el Movimiento Indígena saldría vencedor.
Por último las motivaciones que mantuvieron la manifestación y que fueron expresados en el cacerolazo realizado en la ciudad de Quito, el Movimiento Indígena supo articular la lucha de un problema sectorial a una lucha popular y haciendo ver que las afectaciones de las medidas llegarían a gran parte de la población.
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Notas
