Dossier

El Animal Irracional: Homo Economicus y la Paradoja del Etiquetado Nutricional en el Ecuador

The Irrational Animal: Homo Economicus and the Paradox of Nutritional Labeling in Ecuador

Robalino Gonzaga, Manuel Roberto

Manuel Roberto Robalino Gonzaga

roberto.robalinog@gmail.com

Investigador independiente Ecuador

Revista Ciencias Sociales

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

ISSN: 0252-8681

ISSN-e: 2960-8163

Periodicidad: Anual

núm. 48, 2026

fcsh.revista@uce.edu.ec

Recepción: 08 junio 2025

Aprobación: 11 noviembre 2025

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/971/97155509715550009/

DOI: https://doi.org/10.29166/csociales.v1i48.8400

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Resumen: Este artículo realiza una crítica ontológica y epistémica del concepto de «Homo Economicus», abordando su vigencia como figura normativa en el diseño de políticas públicas de salud en Ecuador. A través del caso del etiquetado nutricional frontal, se problematiza la persistente suposición de racionalidad plena, autonomía decisional y comportamiento optimizador en el consumidor. Desde un enfoque teórico-empírico que articula la economía del comportamiento, la psicología cognitiva y la antropología del Estado, se demuestra cómo los marcos regulatorios anclados en esta ficción teórica fracasan al enfrentar las complejidades afectivas, cognitivas y estructurales del consumo alimentario. El estudio sostiene que el etiquetado, lejos de empoderar racionalmente al sujeto-consumidor, opera dentro de un régimen de «gubernamentalidad» que produce subjetividades ambiguas y, a menudo, ineficaces frente al precepto saludable. Se argumenta asimismo que la eficacia limitada del etiquetado no puede explicarse por fallas individuales, sino por condiciones materiales y simbólicas que restringen la capacidad real de elección. Se plantea así la necesidad de transitar hacia modelos de intervención que reconozcan la vulnerabilidad estructural del sujeto y promuevan decisiones saludables sin recaer en la exigencia moral de la autodeterminación perfecta.

Palabras clave: Economía del comportamiento, Etiquetado nutricional, Homo Economicus, Políticas públicas, Gubernamentalidad, Determinantes sociales del consumo.

Abstract: This article offers an ontological and epistemic critique of the concept of Homo Economicus, examining its continued use as a normative figure in the design of public health policies in Ecuador. Using the case of front-of-package nutritional labeling, it problematizes the persistent assumption of full rationality, decisional autonomy, and utility-maximizing behavior attributed to consumers. Drawing on a theoretical-empirical approach that integrates behavioral economics, cognitive psychology, and the anthropology of the state, the study demonstrates how regulatory frameworks anchored in this theoretical fiction fail to address the affective, cognitive, and structural complexities of food consumption. The analysis shows that labeling, far from rationally empowering the consumer-subject, operates within a regime of governmentality that produces ambiguous and often ineffective subjectivities in relation to the “healthy” imperative. It further argues that the limited effectiveness of labeling cannot be explained by individual shortcomings, but rather by material and symbolic conditions that restrict real decision-making capacity. The article thus calls for a shift toward intervention models that recognize the subject’s structural vulnerability and promote healthier decisions without falling back on the moral requirement of perfect self-determination.

Keywords: Behavioral economics, Nutritional labeling, Homo Economicus, Public policy, Governmentality, Social determinants of consumption.

Introducción

Desde sus orígenes, el proyecto moderno de racionalización del mundo social ha descansado en una figura antropológica específica llamada «Homo Economicus». Esta construcción teórica, heredera del utilitarismo clásico y consolidada en el pensamiento neoclásico, concibe al ser humano como un agente autónomo, coherente, informado y maximizador de utilidad (Simon, 1955; Kahneman & Tversky, 1979). Esta figura, aunque útil en modelos abstractos, ha demostrado ser epistemológicamente reduccionista y ontológicamente empobrecedora cuando se extrapola a la complejidad de la vida social. La crítica contemporánea ha señalado que esta visión tiende a omitir la influencia de factores emocionales, culturales y estructurales en las decisiones humanas (Ariely, 2008; Loewenstein, 1996; Damasio, 1994), reemplazando la pluralidad del sujeto por una ilusión de coherencia racional.

Aunque esta representación ha sido objeto de múltiples críticas desde disciplinas como la psicología, la antropología y la sociología del consumo (Callon, 1998; Douglas & Isherwood, 1996), continúa siendo un requisito en el diseño de políticas públicas, especialmente en los ámbitos de salud y nutrición. En efecto, su presencia no se limita al plano teórico; se manifiesta en la estructura normativa de políticas públicas que atribuyen responsabilidad individual a los problemas colectivos, construyendo una narrativa en la que la salud se convierte en una elección personal, más que en una consecuencia de condiciones materiales y simbólicas compartidas (Rose, 1999; Brown, 2015).

En Ecuador, la implementación del sistema de etiquetado frontal de advertencia en productos alimenticios mediante el uso de semáforos nutricionales desde 2014 respondió a una estrategia estatal para reducir el impacto de las enfermedades no transmisibles, apelando a una supuesta capacidad del consumidor de tomar decisiones informadas y racionales sobre su dieta (Ministerio de Salud Pública del Ecuador & ARCSA, 2014; Organización Panamericana de la Salud, 2020). Sin embargo, esta política fue diseñada desde una lógica tecnocrática, sin considerar seriamente las condiciones de acceso, alfabetización nutricional y factores socioculturales que condicionan la relación cotidiana con la alimentación (Freire et al., 2017; Pereira et al., 2023).

Una creciente evidencia empírica sugiere que los efectos de estas medidas son limitados, desiguales y altamente mediados por factores socioeconómicos, emocionales y culturales. Estudios en América Latina han documentado que el etiquetado, aunque mejora el acto de reconocer productos no saludables, tiene escaso impacto en el cambio de patrones de consumo, especialmente entre poblaciones de bajos ingresos (Freire et al., 2017). Este contraste abre la necesidad de interrogar no solo la eficacia técnica del etiquetado, sino también los supuestos epistemológicos que orientan su diseño.

Este artículo se escribe bajo una corriente crítica que no solo cuestiona la eficacia de estas políticas desde un punto de vista técnico, sino que problematiza sus fundamentos ontológicos y epistémicos. En lugar de asumir la existencia de un consumidor racional y autodeterminado, se propone examinar cómo las prácticas estatales, en tanto dispositivos de «gubernamentalidad», configuran determinadas subjetividades de consumo (Foucault, 2008; Rose & Miller, 1992). El etiquetado nutricional, leído como tecnología de gobierno, no solo informa, sino que prescribe formas de vida saludables, disciplina comportamientos y legitima una moral pública de la responsabilidad individual (Monteiro et al., 2019; Gracia-Arnaiz, 2021). Tal como ha señalado Han (2017), el neoliberalismo no opera únicamente desde lo económico, sino desde la producción de subjetividades que internalizan su propia autogestión como norma moral.

Desde un enfoque teórico-empírico que articula la economía del comportamiento, la psicología cognitiva, y la antropología del Estado, se argumenta que el etiquetado nutricional en Ecuador revela las tensiones entre el ideal de autonomía racional y la realidad de una población vulnerable, emocionalmente influenciada y estructuralmente condicionada. El propósito de este trabajo no es únicamente evaluar el impacto del etiquetado, sino cuestionar las bases desde las cuales se define la intervención estatal en materia de salud y consumo. En esa línea, se propone una alternativa ética y política al reduccionismo conductual, orientada hacia un paradigma que reconozca la pluralidad de racionalidades prácticas y los determinantes sociales que configuran la elección de consumo.

Metodológicamente, este trabajo adopta un enfoque teórico-crítico basado en una revisión documental interdisciplinaria. Se han seleccionado y analizado fuentes académicas recientes provenientes de la economía del comportamiento, la neurociencia, la antropología del Estado y los estudios en salud pública latinoamericana. A través del análisis crítico de políticas, se busca confrontar la distancia entre el diseño normativo de las intervenciones y el real comportamiento del consumidor en contextos de vulnerabilidad estructural.

Se utilizan como insumo principal datos secundarios de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), además de, literatura científica relevante publicada en los últimos diez años. El objetivo no es establecer una causalidad cuantitativa, sino explorar las implicaciones sociales y epistémicas de una política pública articulada con una racionalidad neoliberal. Esta aproximación permite situar el caso ecuatoriano como un ejemplo representativo de dinámicas más amplias en la región latinoamericana.

Marco teórico-conceptual

La figura del «Homo Economicus» no es simplemente un modelo analítico, sino una ontología normativa que ha guiado la racionalidad política y económica moderna. Se lo representa como un sujeto autosuficiente, optimizador, guiado por intereses propios, capaz de calcular racionalmente costos y beneficios en cualquier situación (Sen, 1977). Esta concepción ha sido cuestionada desde varias disciplinas, desde la filosofía política, se ha señalado que este agente ignora las condiciones materiales, históricas y simbólicas que moldean la agencia humana (Sandel, 2012). La sociología y la antropología económica han evidenciado cómo los intercambios están enmarcados por relaciones sociales, afectivas y culturales, no reducibles al interés individual (Granovetter, 1985; Polanyi, 1944).

En América Latina, esta crítica adquiere un matiz adicional, el sujeto económico ha sido construido a partir de matrices coloniales, patriarcales y urbanocéntricas que excluyen formas diversas de racionalidad y producción de valor (Quijano, 2000; Gudynas, 2011). Así, no solo se trata de cuestionar la veracidad empírica del «Homo Economicus», sino de evidenciar su carga ideológica y su rol en la legitimación de políticas neoliberales que responsabilizan al individuo de su bienestar en contextos de profunda desigualdad (Fraser, 2009; Lavinas, 2017).

La necesidad de políticas públicas basadas en esta figura, como incentivos fiscales, subsidios condicionales o campañas de sensibilización individual configuran una «racionalidad gubernamental» que opera mediante la responsabilización moral del sujeto (Foucault, 2008; Rose, 1999). En este marco, el etiquetado nutricional se constituye como un dispositivo técnico-científico que refuerza esta lógica, bajo la premisa de que basta con «informar» al consumidor para que este actúe de forma saludable y racional.

Frente a la crítica al modelo neoclásico, la economía del comportamiento ha emergido como una disciplina de frontera que evidencia cómo las decisiones humanas están fuertemente influenciadas por heurísticas, sesgos cognitivos, emociones y contexto (Kahneman, 2011; Ariely, 2008). Los estudios sobre el efecto de encuadre, la aversión a la pérdida, el sesgo de presente o la sobrecarga cognitiva han mostrado que los individuos no optimizan, sino que «satisfacen» en condiciones de racionalidad limitada (Simon, 1955; Kahneman & Tversky, 1979).

Este giro conductual ha tenido implicaciones en las políticas públicas, promoviendo intervenciones conocidas como «nudges», que buscan reconfigurar los entornos de decisión sin restringir la libertad de elección (Sunstein, 2014). En el caso de la alimentación, estos «nudges» incluyen desde el rediseño de etiquetas hasta la reorganización de anaqueles. Sin embargo, estas intervenciones deben comprenderse como herramientas auxiliares y de impacto limitado, cuya efectividad depende de transformaciones estructurales más amplias en los entornos alimentarios (Marteau et al., 2011; Loewenstein et al., 2017). Por ello, el análisis aquí desarrollado no busca descartar los «nudges», sino más bien, generar crítica dentro de políticas que prioricen los determinantes estructurales.

Las neurociencias, por su parte, han contribuido a desestabilizar la idea del consumidor racional al demostrar que las decisiones de compra activan circuitos emocionales primarios, vinculados al placer, la recompensa y la aversión, antes que a la deliberación lógica (Bechara & Damasio, 2005; Shiv & Fedorikhin, 1999). Estos aportes no deben interpretarse de forma biologicista ni como déficits individuales, sino como evidencia de cómo ciertas condiciones estructurales como inseguridad alimentaria, estrés económico o precariedad material, inciden en los mecanismos cognitivos y afectivos que median la toma de decisiones. Así, el consumo no puede desligarse de su dimensión afectiva, sensorial y simbólica. En este contexto, el etiquetado nutricional enfrenta un doble límite; por un lado, la sobrecarga informativa y, por otro, la desconexión emocional entre la advertencia y la experiencia de consumo.

Desde la antropología del Estado, se ha argumentado que las políticas públicas no son simples expresiones de voluntad racional, sino tecnologías de poder que generan subjetividades, categorías y afectos (Sharma & Gupta, 2006; Fassin, 2012). El etiquetado nutricional no solo representa una estrategia informativa, sino un arte de gobierno que codifica jerarquías de riesgo define aquello que es «saludable» y delimita el margen de acción del consumidor responsable (Coveney, 2006; Scrinis & Parker, 2016).

Estas prácticas escriben una biopolítica de la alimentación donde el cuerpo del ciudadano se vuelve objeto de intervención estatal en nombre de la salud colectiva (Castro, 2023). En sociedades marcadas por la informalidad, la precariedad laboral y la inseguridad alimentaria, esta racionalidad técnica puede reproducir desigualdades y estigmatizar patrones populares de alimentación (Gracia-Arnaiz, 2011). En el caso ecuatoriano, el etiquetado ha sido desplegado sin una equivalencia estructural que garantice el acceso equitativo a opciones saludables, sin pedagogías alimentarias culturalmente sensibles (Freire et al., 2017).

La «gubernamentalidad» neoliberal se manifiesta aquí como una economía moral de la responsabilidad individual, donde el Estado se limita a «advertir», transfiriendo al ciudadano la carga de elegir de manera correcta. Esta lógica invisibiliza las determinantes estructurales del consumo de alimentos y refuerza el imaginario de un consumidor libre, racional e informado, aunque los datos contradigan esa suposición. El etiquetado, lejos de empoderar, puede devenir en una forma de desposesión simbólica y de desplazamiento de la culpa.

Este tipo de decisiones no se toman en un vacío racional ni individualizado, sino en el contexto emocional, social y estructural en que vive cada sujeto. Varias investigaciones desde la neurociencia y la psicología del comportamiento han demostrado que las emociones tienen un rol hegemónico, en la toma de decisiones que antes se atribuían exclusivamente al cálculo racional (Bechara, 2005; Damasio, 1994)

La hipótesis del marcador somático de Damasio (1994) indica que las emociones funcionan como atajos heurísticos que guían nuestras decisiones cuando el cálculo racional es limitado por la incertidumbre o el exceso de información. En el contexto de consumo de alimentos, esto se traduce en elecciones impulsadas más por asociaciones afectivas, deseos inmediatos o experiencias previas de gratificación que por el análisis racional del contenido nutricional (Kahneman, 2011).

Bechara (2005), al estudiar pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, observó cómo la incapacidad para procesar adecuadamente emociones les impedía tomar decisiones prudentes, incluso cuando tenían toda la información racional a su disposición. Esta evidencia ha sido importante para la economía del comportamiento, que cuestiona el supuesto de agentes racionales y muestra que la toma de decisiones está sujeta a sesgos, como la aversión a la pérdida, el sesgo del presente o el efecto halo (Loewenstein, 1996; Ariely, 2008).

En poblaciones expuestas a estrés crónico, pobreza alimentaria o precariedad laboral, estas dinámicas se intensifican. Estudios han revelado que el estrés modula los procesos cognitivos, condicionado por factores estructurales más que por rasgos individuales, lo cual favorece decisiones inmediatas, como consumir alimentos altos en azúcar, en detrimento de beneficios futuros como la salud (Mullainathan & Shafir, 2013). Además, el hambre y la desnutrición afectan directamente la función ejecutiva del cerebro, alterando la capacidad de planificar o inhibir impulsos (Mani et al., 2013). Esto evidencia restricciones estructurales más que fallas personales.

Esto pone en cuestión la efectividad del etiquetado nutricional como estrategia aislada, ya que su eficacia depende de una capacidad de procesamiento racional que no está uniformemente distribuida entre la población. Como han demostrado Marteau et al. (2011), las intervenciones conductuales son más eficaces cuando modifican el entorno físico y simbólico del consumidor, reduciendo la dependencia de la voluntad individual para cambios de comportamientos. Así, cualquier recomendación basada en «nudges», o en mejoras de etiquetado solo puede entenderse como complemento dentro de un conjunto de políticas estructurales que transformen el sistema de consumo de alimentos.

Análisis del caso ecuatoriano: El etiquetado nutricional como dispositivo de «gubernamentalidad»

Este En 2014, Ecuador implementó uno de los primeros sistemas de etiquetado frontal de advertencia en América Latina mediante el uso de un sistema gráfico tipo semáforo en productos procesados y ultraprocesados. Esta política fue promovida por el Ministerio de Salud Pública como una estrategia clave en la prevención de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la hipertensión y la diabetes (Ministerio de Salud Pública del Ecuador & ARCSA, 2014). El objetivo declarado fue empoderar a los consumidores mediante información clara y visible, facilitando decisiones alimentarias más saludables.

Desde una perspectiva normativa, esta intervención representa un caso paradigmático de política pública orientada por el modelo conductual-informacional. El Estado, bajo la premisa de que los individuos actúan racionalmente cuando tienen información suficiente, colocó la responsabilidad del cambio de hábitos en los consumidores. Sin embargo, esta medida también respondió a presiones internacionales por parte de organismos multilaterales, como la Organización Panamericana de la Salud y la FAO, que promovieron sistemas de etiquetado como parte de las recomendaciones en políticas de salud pública (Organización Panamericana de la Salud, 2020, 2021).

Diversos estudios empíricos han evaluado la eficacia de este sistema en el contexto ecuatoriano. Un análisis realizado por Freire et al. (2017) identificó que, si bien los consumidores reconocen el etiquetado y comprenden su significado, su impacto real en las decisiones de compra es limitado. La mayoría de los participantes declararon que continuaban adquiriendo productos con etiquetas rojas debido a factores como la preferencia de sabor, el precio, la costumbre familiar o la falta de alternativas saludables accesibles. Esta evidencia muestra que la «elección», no depende únicamente de la voluntad individual, sino de un conjunto de restricciones estructurales que limitan las posibilidades reales de decisión.

Otros estudios, como el de Taillie et al. (2020), han demostrado que el etiquetado influye más en sectores urbanos de ingresos medios y altos, mientras que en poblaciones rurales o empobrecidas su efecto es marginal. Esta disparidad revela la presencia de un sesgo de clase en la capacidad de «elección informada», lo que cuestiona el supuesto universal del consumidor racional. Como señalan Gracia-Arnaiz (2021) y Scrinis (2013), el acceso a alimentos saludables no depende solo de la voluntad individual, sino de condiciones estructurales como el ingreso, la infraestructura alimentaria, la educación nutricional y la cultura alimentaria.

Desde una perspectiva crítica, el etiquetado ecuatoriano también puede interpretarse como un dispositivo de «gubernamentalidad». Siguiendo a Foucault (2008), se trata de una tecnología de poder que busca regular poblaciones no por medio de la coerción directa, sino a través de la producción de subjetividades responsables. En este caso, se instituye una subjetividad del consumo deseable, entendido como aquella persona que lee, entiende y actúa racionalmente ante la señal de advertencia. Esta construcción subjetiva se tensiona con realidades donde las decisiones están determinadas por factores afectivos, materiales y comunitarios, más que por un cálculo racional individual.

Asimismo, el sistema de etiquetado no ha sido acompañado de medidas estructurales que modifiquen el entorno alimentario. Según datos del INEC (2021), el precio de las frutas, verduras y proteínas saludables ha aumentado sostenidamente, mientras que los productos ultraprocesados mantienen precios bajos y disponibilidad. En este contexto, el etiquetado opera como un instrumento limitado, pues exhorta al consumidor a «elegir bien» en un entorno que no facilita tales elecciones. Como lo advierte Monteiro et al. (2019), las políticas informativas deben ir acompañadas de regulaciones sobre la oferta, incentivos fiscales para la adquisición de alimentos saludables y restricciones publicitarias para lograr impacto a largo plazo.

Por otro lado, los mensajes implícitos en el etiquetado tienden a moralizar el acto de comer. Consumir productos con etiquetas rojas es visto como una «mala elección», lo que puede producir estigmatización y culpabilización, especialmente en niños y madres de sectores populares (Khandpur et al., 2018). Esta pedagogía del riesgo se articula con discursos neoliberales que trasladan la responsabilidad de la salud del Estado al individuo, obviando el papel de la industria alimentaria, la publicidad, y las políticas económicas en la configuración del consumo (Lavinas, 2017; Moodie et al., 2013). En estas condiciones, el etiquetado puede reforzar desigualdades simbólicas más que resolver desigualdades materiales.

En el Ecuador, no existen aún estudios longitudinales serios que vinculen el etiquetado con mejoras significativas en los indicadores nutricionales poblacionales. Esto sugiere que, aunque la medida puede tener valor simbólico y pedagógico, su eficacia como instrumento de transformación estructural es muy limitada. Además, la ausencia de campañas educativas sistemáticas, la débil fiscalización y el escaso involucramiento comunitario han reducido su potencial transformador (Freire et al., 2017).

Finalmente, cabe destacar que el etiquetado tampoco ha sido plenamente adaptado a los imaginarios alimentarios locales. Productos procesados tradicionales, como jugos naturales empacados, panes artesanales o snacks regionales, pueden estar exentos del etiquetado por estar fuera de la regulación técnica, mientras que productos industrializados con edulcorantes artificiales son considerados «saludables» por no activar señales rojas. Esto revela que la clasificación técnica puede entrar en tensión con prácticas culturales, limitando su legitimidad social.

América Latina ha sido pionera en la adopción de sistemas de etiquetado frontal como instrumento de salud pública para enfrentar la epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT). Sin embargo, la eficacia real de estas intervenciones ha sido desigual, y su evaluación ofrece valiosas lecciones para el caso ecuatoriano.

Chile implementó en 2016 un modelo de etiquetado de advertencia en octágonos negros, acompañado de restricciones publicitarias y políticas de reformulación de productos (Ministerio de Salud de Chile, 2017). Estudios han mostrado una reducción en la compra de bebidas azucaradas y una mejora en la comprensión del contenido nutricional, aunque los cambios de comportamiento fueron más significativos en estratos socioeconómicos altos (Taillie et al., 2020). La población más vulnerable tendió a mantener sus patrones de consumo, lo que sugiere que la disponibilidad y acceso de alimentos saludables desempeña un rol más determinante que la simple presencia de advertencias gráficas.

México adoptó un sistema similar en 2020, también basado en octágonos negros y acompañado de advertencias sobre cafeína y edulcorantes. Un año más tarde de su adopción, los resultados mostraron una alta aceptación ciudadana y cierta mejora en las decisiones de compra, pero también una fuerte resistencia por parte de la industria, que ha desplegado estrategias de evasión como rediseños de empaques o campañas de desinformación (Villaverde et al., 2023). Esta resistencia empresarial evidencia que los cambios estructurales requieren una fuerte regulación estatal y no dependen únicamente del comportamiento individual.

Colombia, por su parte, aprobó en 2022 una legislación inspirada en estos modelos, pero su implementación ha sido más lenta y fragmentada. Las tensiones entre el poder legislativo, el sector industrial y el sistema de salud han revelado la dificultad de consolidar políticas públicas cuando no hay un consenso social fuerte sobre el rol del Estado en la regulación del mercado alimentario (República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Comparado con estos casos, Ecuador destaca por haber sido uno de los primeros países en implementar un sistema de etiquetado tipo semáforo, introducido en 2014. Sin embargo, a diferencia de Chile o México, la política ecuatoriana no fue acompañada de restricciones publicitarias ni incentivos para modificar la oferta alimentaria (Freire et al., 2017). Esto ha limitado su efectividad, reduciendo su alcance a un gesto informativo que reproduce la lógica del «Homo Economicus», entregar información para que el consumidor decida racionalmente, sin alterar las condiciones materiales de elección.

Estos casos permiten verificar que el etiquetado nutricional, por sí solo, tiene un alcance limitado si no se integra a una política pública multisectorial que incluya educación alimentaria, regulación de mercados, subsidios a productos saludables y una transformación del entorno de consumo (Monteiro et al., 2019). En todos los países mencionados, las políticas más exitosas son aquellas que combinan información con intervenciones profundas, donde se reconoce al consumidor como un sujeto situado emocional, social y materialmente.

La implementación del etiquetado nutricional tipo semáforo en Ecuador en 2014 fue una de las primeras experiencias de este tipo en América Latina. Sin embargo, su efectividad ha sido limitada. A continuación, (Ver Gráfico 1) se presenta la evolución de la prevalencia de obesidad y diabetes desde el año 2010 hasta 2023.

Gráfico 1
Evolución aproximada de la prevalencia de obesidad y diabetes en Ecuador (2010–2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de ENSANUT 2011–2013 y ENSANUT 2018 (INEC/MSP); Health in the Americas (PAHO); Panorama de la Diabetes en las Américas (PAHO); IDF Diabetes Atlas (Ecuador).

A pesar de la implementación del etiquetado nutricional, los indicadores muestran un aumento en la prevalencia de obesidad como en diabetes. Estas tendencias demuestran que el etiquetado, como herramienta aislada, no logra modificar comportamientos de consumo en la población. Lejos de atribuir estos resultados a supuestas fallas individuales, la persistencia de estas cifras señala la influencia decisiva de factores estructurales del sistema, como el precio de los alimentos saludables, la oferta desigual por estrato socioeconómico y la presión publicitaria de la industria.

Estos patrones coinciden con las críticas de la economía del comportamiento, que enfatizan que la información nutricional, por sí sola, no se traduce en elecciones saludables cuando los entornos físicos, sociales y emocionales siguen promoviendo opciones de alto riesgo (Marteau et al., 2011; Mullainathan & Shafir, 2013; Loewenstein, 1996). La evidencia disponible confirma la necesidad de superar el supuesto del consumidor racional y avanzar hacia políticas integrales que articulen regulación, incentivos estructurales y transformaciones del entorno alimentario.

Hacia una política alimentaria post-Homo Economicus: propuestas para una salud pública comportamental y estructuralmente sensible

El caso ecuatoriano del etiquetado nutricional evidencia una discrepancia entre el diseño tecnocrático de las políticas públicas de salud y las formas concretas en que las personas se relacionan con los alimentos. La limitada eficacia del sistema de semáforos, su sesgo de clase y su carga moralizante muestran la urgencia de superar el paradigma del «Homo Economicus» en la formulación de estrategia nutricionales. Resulta insuficiente seguir asumiendo que los consumidores deciden de manera autónoma y racional en contextos de desigualdad y presiones emocionales cotidianas. Esta distancia entre los supuestos del modelo económico y la realidad, generan intervenciones que no modifican patrones de consumo y, en ocasiones, refuerzan desigualdades al responsabilizar al individuo por sus elecciones condicionadas.

La economía del comportamiento aporta elementos para comprender la complejidad de estas decisiones. Conceptos como la aversión a la pérdida, el sesgo del presente o agotamiento del autocontrol explican por qué las personas, aun conociendo los riesgos del consumo de ultraprocesados, continúan eligiéndolos (Kahneman, 2011; Thaler & Sunstein, 2008). La neuroeconomía y la psicología del consumidor también muestran que las recompensas inmediatas y los procesos heurísticos influyen en mayor medida que la evaluación racional de riesgos (Bickel et al., 2012; Hall et al., 2019). Sin embargo, limitar la acción pública a intervenciones de tipo «nudge» mantiene intactas las condiciones estructurales que producen entornos obesogénicos y, en la práctica, desplaza la responsabilidad hacia los individuos (Loewenstein et al., 2017; Marteau et al., 2011). Cuando estas estrategias no se articulan con políticas redistributivas, pueden reforzar desigualdades ya existentes y consolidar un enfoque individualizante de la salud.

Una política alimentaria post- «Homo Economicus» requiere articular tres dimensiones complementarias: (1) el reconocimiento de sesgos y emociones que intervienen en la elección de alimentos, sin reducir el problema a procesos psicológicos; (2) el cambio de los entornos físicos, económicos y simbólicos que orientan el consumo; y (3) la integración de una perspectiva que reconozca las desigualdades en la capacidad real de elección.

En primer lugar, las estrategias de intervención deben considerar cómo las personas procesan la información en situaciones de sobrecarga, estrés o incertidumbre. Esto no implica reforzar la lógica de «corregir» al consumidor, sino facilitar decisiones que no dependan exclusivamente de recursos cognitivos individuales. Esto se traduce en el rediseño de espacios de venta, mejorar la navegabilidad informativa de los productos y promover mensajes que faciliten decisiones saludables sin responsabilizar moralmente al consumidor. La evidencia muestra que advertencias visuales de fuerte impacto emocional pueden ser más memorables que los códigos cromáticos, siempre que formen parte de estrategias integrales y no deriven en estigmatización (Taillie et al., 2020). Este enfoque reconoce la dimensión afectiva de la alimentación sin reducir el comportamiento a procesos emocionales individuales desconectados del contexto social.

En segundo lugar, modificar el entorno estructural del consumo es indispensable. Las políticas informativas resultan insuficientes cuando los alimentos saludables no son accesibles ni asequibles. La evidencia sugiere que la combinación de incentivos económicos del Estado para la adquisición de productos frescos, impuestos a bebidas azucaradas, restricciones a la publicidad y programas de educación nutricional escolar produce resultados más consistentes en la prevención de enfermedades no transmisibles (Moodie et al., 2013; Monteiro et al., 2019). El etiquetado debe insertarse en un ecosistema de medidas que incluya infraestructura alimentaria, apoyo a mercados locales y mecanismos de protección social. Sin estas condiciones materiales, la política reproduce la ficción de la «elección libre» y profundiza diferencias entre grupos sociales.

En tercer lugar, es necesario incorporar una dimensión ética y política del consumo. El etiquetado nutricional, como dispositivo de «gubernamentalidad», clasifica cuerpos, define prácticas alimentarias legítimas y delimita responsabilidades (Foucault, 2008; Rose & Miller, 1992). Este dispositivo puede generar formas sutiles de estigmatización hacia mujeres de sectores populares, quienes suelen asumir la responsabilidad alimentaria del hogar sin contar con los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias nutricionales. Una política de consumo crítica debe reconocer la diversidad de saberes y costumbres, evitando la moralización del consumo (Scrinis, 2013; Lavinas, 2017).

La evaluación de políticas de alimentarias requiere de indicadores que incluyan dimensiones cualitativas. Medir impacto únicamente a partir del índice de masa corporal o del cambio en las compras invisibiliza procesos sociales, culturales y afectivos esenciales para comprender el real consumo de alimentos. Es necesario definir variables como el empoderamiento, la apropiación cultural, la percepción de equidad y la experiencia emocional del consumo (UNICEF Ecuador, 2023; Taillie et al., 2020). Esto exige metodologías transdisciplinarias que integren análisis socioeconómicos, estudios cualitativos y mecanismos participativos de evaluación. Solo así se podrá construir políticas de consumo válidas, que reconocen la complejidad del sujeto consumidor y el ecosistema estructural que condiciona sus decisiones.

Conclusiones y limitaciones

La persistencia y el agravamiento de los problemas de salud pública vinculados a la obesidad y la diabetes tipo 2 en Ecuador, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes, a pesar de la implementación de políticas como el etiquetado nutricional tipo semáforo, evidencian los límites de las estrategias basadas exclusivamente en la información racional del consumidor. En lugar de una disminución sostenida en la incidencia de ENT, se ha observado un estancamiento, cuando no un retroceso, en indicadores de salud metabólica (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018; Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023a, 2023b). Esta situación sugiere que las herramientas basadas en la premisa de un consumidor informado, autónomo y optimizador, el arquetipo del «Homo Economicus», resulta insuficiente y en muchos casos inadecuada, para enfrentar fenómenos profundamente arraigados en prácticas culturales, determinantes sociales y estructuras de mercado.

El presente análisis teórico-empírico ha buscado cuestionar la premisa de que los individuos actúan como agentes plenamente racionales al momento de tomar decisiones sobre el consumo. Lejos de responder a una maximización de utilidad basada en información objetiva, el comportamiento del consumidor se halla exageradamente determinado por sesgos cognitivos, emociones, presiones sociales, condiciones materiales, contextos históricos y sistemas de valores que configuran entornos de decisión no neutrales. En lugar de atribuir estos patrones a procesos neurobiológicos aislados, la evidencia revisada muestra que la dimensión emocional opera siempre en interacción con factores estructurales, culturales y económicos. Por esta razón, los mecanismos de recompensa y habituación vinculados al consumo de ultraprocesados deben entenderse como parte de un entramado sociotécnico más amplio, y no como causas biológicas en sí mismas.

A partir de esta revisión, las políticas públicas sustentadas únicamente en mecanismos informativos requieren ser replanteadas. El etiquetado puede ser una herramienta útil, pero su eficacia depende de su integración en un ecosistema de políticas mucho más amplias, como la regulación de la publicidad dirigida a niños, incentivos fiscales para alimentos saludables, programas de alimentación escolar, rediseño arquitectónico de espacios de compra y estrategias de apoyo conductual que faciliten decisiones saludables sin «trasferir» responsabilidades individualizantes (Thaler & Sunstein, 2008; Loewenstein et al., 2017; Marteau et al., 2011). Cualquier recurso conductual, incluyendo los «nudges», resulta insuficiente si no se acompaña de cambios estructurales que modifiquen la oferta, accesibilidad y aceptabilidad cultural de los alimentos saludables.

Este trabajo también deja en evidencia la necesidad de superar una epistemología centrada exclusivamente en la voluntad y la responsabilidad individual para abordar las enfermedades no transmisibles. Las políticas públicas deben moverse hacia un enfoque estructural, multisectorial e interseccional, que considere no solo la libertad de elección, sino también la libertad de vivir en entornos que hagan posible elegir mejor. Esto implica reconocer que las desigualdades sociales no solo limitan el ingreso o el acceso material, sino que producen entornos de consumo desiguales, desinformación y condiciones emocionales que favorecen la elección de ultraprocesados.

Una primera limitación en este análisis nace del uso de datos secundarios y tendencias agregadas, lo cual impide establecer relaciones causales directas entre la implementación del etiquetado nutricional y los cambios en la prevalencia de obesidad o diabetes. Aunque se presenta un gráfico ilustrativo con datos oficiales (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023a, 2023b; Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018), no se ha realizado un modelo estadístico con control de variables confusoras como ingreso, nivel educativo, zona de residencia o acceso a servicios de salud, lo cual representa una oportunidad para futuras investigaciones empíricas. Esta limitación marca la importancia de desarrollar estudios que integren análisis sociodemográficos detallados y permitan diferenciar efectos por grupos poblacionales.

Una segunda limitación es de tipo metodológico y epistemológico. El estudio adopta un enfoque teórico-empírico crítico que privilegia la integración de literatura especializada, análisis contextual y datos descriptivos para cuestionar supuestos normativos del diseño de políticas. Sin embargo, no se incluyen herramientas de levantamiento de información de campo, lo que podría enriquecer y contrastar las conclusiones aquí propuestas. En particular, la incorporación de datos cualitativos de los consumidores, profesionales de salud, diseñadores de política pública y representantes del sector productos de alimentos, permitiría comprender mejor las tensiones entre la intención normativa y la realidad práctica del etiquetado. Esto contribuiría a identificar con mayor precisión los efectos subjetivos, simbólicos y cotidianos del etiquetado, más allá de los indicadores cuantitativos tradicionales.

Finalmente, el enfoque en el caso de Ecuador impone restricciones al alcance de los hallazgos. Sin embargo, se ha incluido una revisión comparativa con experiencias de países vecinos como Chile, México y Colombia, para ofrecer un marco regional que permita extrapolar aprendizajes relevantes. Estos países, al igual que Ecuador, han implementado políticas de advertencia nutricional con resultados mixtos, lo cual refuerza la tesis de que la efectividad de estas medidas depende de su articulación con sistemas más justos, inclusivos y emocionalmente sostenibles. En suma, esta comparación sugiere que los dispositivos informativos son más efectivos cuando se integran en marcos políticos que reconocen la complejidad social del comer y la desigual distribución de las capacidades reales de elección.

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