1. Introducción

El Estado ecuatoriano ejecuta en la actualidad las labores de monitoreo y protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento denominados Tagaeri y Taromenane a través de la Dirección de Monitoreo, Protección y Seguimiento de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario del Ministerio de Gobierno, institucionalidad que existe como resultado de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 10 de mayo del año 2006, otorgara medidas cautelares a favor de estos grupos humanos mediante la resolución MC-91-06. Por medio de esta resolución, este organismo del sistema internacional de Naciones Unidas dispuso como responsabilidad del Estado ecuatoriano la de precautelar los derechos fundamentales (vida y territorio) de estos grupos humanos, quienes han sido sistemáticamente eliminados por medio de los procesos de contacto violentos a los que han resistido desde los años 50 del siglo XX. La sentencia determinó la implementación de un sistema de monitoreo con acciones destinadas a la protección de los grupos en situación de aislamiento. Es importante señalar que, la resolución fue el resultado de la solicitud desarrollada por organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que, en vista de las continuas matanzas registradas, elevaron su petición hasta aquella instancia.

Las medidas cautelares se otorgaron en función de las amenazas a la vida que existen sobre el territorio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, derivadas del avance progresivo de actividades extractivas hidrocarburíferas, la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento demográfico de poblaciones indígenas y campesinas, así como el desarrollo de actividades ilegales como la extracción de fauna, flora y minería ilegal. Todo ello, provoca una irreversible reducción territorial de los espacios de ocupación y movilidad de estos grupos humanos. Estas problemáticas sociales además tienen por marco histórico los conflictos interclánicos que sostienen hasta la actualidad con grupos poblacionales Waorani que se visibilizaron en los años ochenta del siglo XX, cuando la mayoría de comuneros de la nacionalidad Waorani^[1] (con quienes comparten la lengua y relaciones de parentesco) iniciaron su retorno a los territorios ancestrales de ocupación de los que habían sido removidos hacia el protectorado en Tiweno^[2], creado durante el proceso de contacto forzado que modificó estructuralmente su modo de producción y reproducción de la vida.

Es larga la cadena de violencias producidas en los territorios que ocupan en la actualidad los Pueblos Indígenas en Aislamiento en Ecuador; entre los hechos que más sobresalen están las matanzas perpetradas contra ellos por comuneros Waorani en los años 2003, 2006 y 2013, que han sido documentadas en trabajos históricos como los de Miguel Ángel Cabodevilla (2010, 2016), periodísticos como los de Milagros Aguirre (2013), o antropologías como los de Alexandra Almeida y José Proaño (2008) o Kati Álvarez (2017). En función de detener la sistemática violación de los derechos humanos fundamentales de estos grupos (vida, autodeterminación y territorios), el Estado, por medio de la instancia institucional creada para tal efecto, tiene como misión institucional la de proteger y precautelar los derechos humanos de estas poblaciones a través de la formulación, difusión e implementación de políticas de protección a nivel nacional, así como en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) y su área de influencia. A nivel territorial la protección y monitoreo debería desarrollarse a través del establecimiento de un sistema de monitoreo que comprende entre otras cosas la identificación de zonas de conflicto, el desarrollo de acuerdos de paz, actividades conjuntas de control con otras instituciones estatales como el Ministerio del Ambiente y las Fuerzas Armadas fundamentalmente. Funciones que son imposibles de desarrollar debido a la distribución desigual de poder político y económico de los actores en territorio y a la ausencia de una estrategia de protección y monitoreo territorial que supere la simple contingencia cotidiana.

Es largo el debate sobre la mejor forma de denominar a estos grupos humanos; muchos los consideran pueblos ocultos u ocultados, refugiados ecológicos o poblaciones trashumantes, debido a la movilidad constate de sus espacios de ocupación desarrollada de manera cíclica y amplia (Cabodevilla y Aguirre, 2013; Almeida y Proaño, 2008), la cual es la única manera de garantizar la reproducción de la vida colectiva de estos grupos ubicados en zonas interfluviales, que poseen una economía de reparto basada en la autarquía productiva y autonomía personal de sus miembros (Rival, 1996; Álvarez, 2018), en concordancia con un modo de producción doméstico, el cual comprende el sub aprovechamiento de la fuerza laboral, el sub aprovechamiento de los recursos disponibles en el bosque amazónico y la insuficiencia de las unidades domésticas (Sahlins, 1974). Sin embargo, la categoría más utilizada y la más ampliamente reconocida de forma secular y legal es la de Pueblos Indígenas en Aislamiento, categoría que los define como:

Pueblos o segmentos de pueblos que rechazan el establecimiento de relaciones de interacción sostenida con los miembros de la sociedad envolvente, repeliendo el ingreso de agentes externos a sus territorios u ocultándose de éstos como un mecanismo para garantizar su integridad física y socio cultural, debido a la larga historia de despojos, agresiones, reducciones territoriales, invisibilización y exterminios poblacionales de las que han sido y siguen siendo objeto desde la época colonial hasta nuestros días. Presentan condiciones de extrema vulnerabilidad en los aspectos inmunológico, demográfico y territorial, principalmente (Huertas, 2010).

La vida de estos grupos humanos y las labores de monitoreo que se ejecutan en su favor implican una serie de áreas de protección reconocidas legalmente –tan solo en el papel– y un puñado de acciones administrativas desarrolladas por el Estado ecuatoriano en la zona de análisis, que se pueden resumir de la siguiente manera:

En el año 1999, el Ecuador reconoció un área de protección especial para los Pueblos en Aislamiento denominados Tagaeri–Taromenane, pero no fue sino hasta el año 2007 que fue delimitada por medio de Decreto Presidencial Nro.- 2187, denominada como Zona Intangible. Esta zona además posee un área de amortiguamiento de 10 kilómetros. Esta área se encuentra ubicada entre las provincias de Orellana y Pastaza, cuenta con una extensión de 801.010 hectáreas (decreto presidencial Nro. 751). La ZITT no fue técnicamente determinada debido a que no se tomaron en cuenta las áreas de ocupación y tránsito de los Pueblos en Aislamiento, por el contrario, se la desplegó sobre los espacios donde no se habían logrado consolidar las actividades extractivas, es decir donde no se habían concesionado bloques petroleros o en su defecto las empresas extractivas habían revertido áreas de los mismos hacia el Estado. La ZITT interseca directamente con áreas de los bloques petroleros 31 y 43, la Reserva Étnica Waorani y el Parque Nacional Yasuní, en este sentido se debe señalar que no es un territorio legalmente reconocido para los grupos en aislamiento, debido a que es tan solo un área de protección superpuesta a las territorialidades legalmente constituidas en la zona de análisis (Patiño 2019, 39)

Este bosquejo territorial se completa con la necesaria mención de las áreas de influencia directa de la ZITT, que engloban las siguientes áreas: la Franja de Diversidad y Vida (antigua Zona Roja); los Territorios del Pueblo Kichua Kawsak Sacha (ubicados en las riberas del río Curaray) y los bloques petroleros 14, 16, 17, 31, 43, 55, 66, 78, 83, 84 y 87 que rodean toda la Zona Intangible. Ver la Figura 1.

Figura 1
Mapa de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, áreas de influencia directa y bloques e infraestructuras petroleras.
Secretaría de Derechos Humanos (Actual Ministerio de Gobierno), 2019.

Nota: La presente cartografía muestra de manera espacial, la forma práctica en la que se materializa el discurso del desarrollo extractivo, mediante la superposición gráfica de las áreas distribuidas por el Estado ecuatoriano para el desarrollo de actividades de explotación petrolera y los territorios indígenas y áreas protegidas en los que tienen lugar.

Los territorios habitados por los Pueblos Indígenas en Aislamiento están conformados por sus núcleos territoriales de habitación, las áreas de subsistencia marcadas por el deambular en el bosque e incluyen diversas zonas de frontera en las que ocurren la mayoría de los encuentros con otros agentes territoriales (Villaverde y Proaño 2019). En este sentido, los territorios operan bajo dos dinámicas puntuales: la primera hacia adentro, marcada por la cotidianidad de habitar y marcar por medio de las caminatas el bosque amazónico y la segunda, hacia afuera, vinculada al vivir en una territorialidad compartida con agentes eternos que ocupan y aprovechan el bosque. Es decir, poblaciones de las nacionalidades indígenas Kichua, Shuar y campesinos colonos, actores estatales, empresas extractivas, agentes dedicados a actividades ilegales (extracción ilegal de madera y fauna silvestre; minería) y organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas y de la sociedad civil (Almeida y Proaño 2008; Álvarez, 2017).

En este trabajo, lo político es entendido como una serie de procesos originados por la elección y realización de objetivos públicos, así como por el uso diferencial del poder por parte de los miembros de los grupos sociales que afectan y son afectados por dichos objetivos. De este modo, se interrelaciona el poder de regulación y administración de poblaciones, la determinación y ejecución de objetivos colectivos y la existencia de una esfera de acción política en la que el aspecto territorial es central (Abéles, 1997). Por otra parte, la política se conceptualiza como una lectura de la estructura de poder formal y de los procesos integrados en las relaciones sociales, culturales y espirituales. La política atraviesa todas las esferas de la vida social, y se expresa en formas de liderazgo y resolución de conflictos dentro de marcos normativos que no siempre coinciden con las categorías occidentales de Estado, nación o gobierno. Estas perspectivas permiten abordar las relaciones sociales existentes, el poder difuso y la autoridad ejercida a través de las estructuras institucionales en los márgenes territoriales que reproducen lo cotidiano (Fortes y Evans- Pritchard, 2010).

El proceso político, se entiende, en este sentido, como un análisis del poder, del modo de acceder a él y de ejercerlo, donde sobresale el interés por el territorio, las identidades que en él se afirman, los espacios que se delimitan, las representaciones y las prácticas que conforman la esfera de lo público, lo cual permite desarrollar una reflexión específica de la concepción de justicia que opera a nivel institucional como base de lo legítimo (Abéles, 1997). En este marco, las relaciones políticas se conciben como una red de relaciones que existen dentro de los límites de un sistema territorial definido, en el que conviven grupos humanos e identidades establecidas. La organización política que opera en estos territorios tiene como fondo de poder^[3]al ejercicio de una permanente violencia simbólica, estructural y directa de carácter sistemático, que refuerza tanto las agendas extractivas como los proyectos internacionales de erradicación de la pobreza.

Finalmente, es importante señalar que el análisis antropológico propuesto en las siguientes páginas se construye desde una perspectiva analítica retrospectiva sobre las labores de monitoreo ejecutadas por el Estado ecuatoriano, a partir de los marcos conceptuales de la antropología política, con base en mi labor de investigador y funcionario en la “protección y monitoreo” estatal de Pueblos Indígenas en Aislamiento, función que desempeñé durante seis años, tanto a nivel del gobierno central como en los territorios de monitoreo concretos. El método de análisis principal es autoetnográfico y se conjuga en las siguientes líneas con una revisión bibliográfica del material más relevante disponible sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento en Ecuador que permite fundamentar los elementos analizados, al tiempo que permite visibilizar la carrera contra el tiempo y la violencia estructural, simbólica e interpersonal que enfrentan estas poblaciones para evitar la asimilación por parte de la sociedad nacional de carácter etnocida.

2. El trabajo político y técnico en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane

Inicié mis labores como funcionario del Estado ecuatoriano el 3 de agosto del año 2015 y mi vínculo de trabajo en relación con el monitoreo de los territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento finalizó el 10 de enero del año 2021. Durante estos años de trabajo en esta zona de la Alta Amazonía ecuatoriana, los equipos institucionales que se conformaron enfrentamos diversas dificultades: la inestabilidad laboral derivada de la rotación y reducción constante de profesionales Waorani y Cowori (término con el que los grupos Waorani denominan a los agentes externos); la debilidad institucional directa de las instituciones del Estado central en territorio; la ausencia de un archivo institucional consolidado sobre el trabajo desarrollado desde el inicio del Plan de Medidas Cautelares; la falta de procesos de investigación sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento; la inexistente articulación con otros sistemas de protección en territorios amazónicos; la presencia de un equipo técnico poco capacitado y sensibilizado sobre las labores de monitoreo; la ausencia de recursos logísticos y operativos para el desarrollo de las actividades de monitoreo y “protección” ; la limitada capacidad interinstitucional para enfrentar las amenazas y riesgos que comprometen la vida de estos grupos humanos; y la desarticulación entre el trabajo ejecutado en planta central y en los territorios de monitoreo. Estas son solo algunas de las problemáticas más relevantes vivenciadas durante este periodo, todas en sintonía con la literatura existente.

De estas problemáticas, Cabodevilla y Aguirre (2013) señalan como las más determinantes en la ineficacia de la protección y monitoreo de los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento a la inestabilidad laboral, que ha impedido, en primer lugar, la consolidación de un equipo de trabajo multidisciplinario capaz de sostener actividades de sensibilización con las poblaciones circundantes indígenas y campesinas, así como de responder oportunamente a las alertas relacionadas con situaciones de contacto en el territorio. A ello se suma el personalismo político de quienes han estado al frente de las carteras de Estado y la inestabilidad institucional que ha devenido en que, en menos de 5 años, la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento haya pasado por tres ministerios diferentes.

Como funcionario y ser humano, me enfrenté a constantes amenazas verbales y situaciones de violencia interpersonal por parte de miembros de todos los grupos poblacionales existentes en el área, tanto en la Estación de Monitoreo de la ZITT (base del trabajo institucional en territorio) como en los centros poblados, debido a que el trabajo en torno a los derechos humanos de grupos aislados es percibido como un inconveniente para el “desarrollo” de las poblaciones que habitan las áreas de análisis. También vivencié derrames petroleros al interior de los territorios monitoreados; el desarrollo de actividades ilícitas en zonas de movilidad de Pueblos Indígenas en Aislamiento; expansión constante de la frontera agrícola y extractiva; ingreso ilegal de turistas y agentes (institucionales e individuales) con intenciones de contactar a los Pueblos Indígenas en Aislamiento; ausencia de servicios básicos funcionales en el lugar de trabajo; invasiones territoriales; protestas y huelgas contra el Estado y las empresas extractivas; apertura de nuevas carreteras, y, como elemento agravante el impacto por la pandemia de COVID-19, momento en el que todas las amenazas a la vida de los grupos en aislamiento se multiplicaron (Álvarez, 2017; Almeida y Proaño, 2008, Patiño 2019).

Mientras escribo estas líneas, siento una frustración profunda que se entrelaza con la sensación de haber desarrollado una labor comprometida y humana para y con los habitantes del área directa y de influencia, intentando “proteger” lo imposible y lo invisible. Entiendo que la debilidad institucional y política del Estado central es el resultado de la construcción de un margen territorial administrado por un Gobierno Indirecto, en el que prevalecen las formas privadas de poder y de acumulación de riqueza que, en última instancia, determinan la vida y la muerte de las poblaciones que habitan estos territorios (Comaroff, 2009).

Lo dicho se ve reflejado en la incidencia política y económica que ejercen, en todas las territorialidades del área de estudio, los capitales de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la extracción de hidrocarburos, las cuales, por medio de sus trabajadores, protocolos o infraestructuras, configuran el día a día de la Alta Amazonía ecuatoriana y operan políticamente enmascaradas como empresas extractivas, cuando en realidad actúan como representantes y ejecutoras de los intereses estatales primario -exportadores que históricamente operan esta área desde la conquista (Cabodevilla, 2010).

Mediante la construcción de un imaginario de “ausencia estatal”, gestado por medio de la disociación de la línea de continuidad entre la presencia militar en el área y la de funcionarios estatales en los territorios, se ha configurado un régimen de administración biopolítica experimental de poblaciones que disciplinan y regulan los cuerpos de los grupos subalternos que viven en sus áreas de impacto directo y que no son compatibles con la protección ambiental y menos aún con la existencia, protección y reconocimiento de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (Comaroff, 2009; Almeida y Proaño, 2008; Villaverde y Proaño, 2019).

De manera histórica, la administración poblacional la han cumplido empresas nacionales como la Corporación Ecuatoriana de Petroleros del Ecuador (CEPE) o, en la actualidad, PETROECUADOR y trasnacionales como TEXACO, SHELL, REPSOL, PETROAMAZONAS, PETROBELL, PETROORIENTAL, así como un largo etcétera de compañías contratistas como HALLIBURTON, SCHULAMBEGER, CHAMPIONS que son las que de manera cotidiana ejecutan los mecanismos de regulación sobre la vida y la muerte de las poblaciones (Almeida y Proaño, 2008; Cabodevilla, 2010; Wasserstrom, 2018). Estas empresas han desarrollado las carreteras de acceso que han permitido la colonización territorial como la vía Auca o Maxus, han construido escuelas, centros de salud, canchas cubiertas o puentes y han invertido en el desarrollo de proyectos productivos y su seguimiento, por nombrar algunas de las formas en las que inciden materialmente sobre la vida de las personas y la construcción del territorio.

Siento indignación, tristeza, impotencia y, sobre todo, ira^[4] al escribir sobre este periodo de mi vida, que, contradictoriamente, ha sido el más significativo a nivel profesional. No obstante, ahora que puedo situarme a una distancia analítica y observar con una mejor perspectiva, quisiera reflexionar sobre cómo incide el poder y las relaciones sociales construidas por las empresas hidrocarburíferas y su gestión biopolítica de gobierno indirecto sobre las labores de monitoreo y protección que el Estado ecuatoriano implementa en estas territorialidades.

De acuerdo con Michel Ralph-Trouillot (2003), el Estado moderno (entendido como un conjunto de prácticas y procesos) está basado en la construcción de narrativas (regímenes y dispositivos de conocimiento) que tienen por ejes los conceptos de soberanía y legitimidad, los cuales afectan directamente las lógicas de reproducción de la vida de las personas concretas. Esta afectación se produce por medio de cuatro procesos interrelacionados que intentaré describir brevemente a continuación con sus efectos en el área de análisis y en las labores de monitoreo cotidianas:

• Aislamiento: Proceso que refiere a cómo el Estado crea distancias materiales y simbólicas entre las personas y las instituciones que las gobiernan, a través de una maquinaria burocrática y jurídica que las desconecta de los procesos que afectan sus vidas (Trouillot, 2003). En las territorialidades analizadas, la distancia referida es creada, por un lado, por la invisibilización de las labores técnicas y políticas de “protección” de los derechos humanos fundamentales de vida, autodeterminación y territorios (cuerpos) de las Poblaciones en Aislamiento y, por otro lado, por el ocultamiento de la materialidad de la vida de estos segmentos poblacionales pese a que habitan un espacio territorial, y por otro, mediante la imposibilidad de acceso de las poblaciones étnicas, campesinas e incluso urbanas a instancias institucionales territoriales de protección y cumplimiento de derechos humanos debido a que en sus áreas de vida las empresas hidrocarburíferas son quienes ejercen la gobernabilidad con consecuencias materiales debido a que son las únicas fuentes que financian la creación de infraestructura, servicios básicos de salud o educación.

  En este sentido, se puede decir que el aislamiento de los aislados configura una desconexión política de estas personas concretas respecto de los territorios que habitan y de las labores de las instituciones estatales que deberían precautelar sus derechos fundamentales porque sus demandas son siempre interpretadas de manera ventrílocua por los grupos Waorani, las Organizaciones No Gubernamentales o de la Sociedad Civil. El gobierno del Ecuador, a través de sus estructuras estatales en los territorios y territorialidades, profundiza las situaciones de violencia estructural, interpersonal y epistémica por medio de su accionar esquizofrénico largamente documentado, que al poner en manos de las empresas petroleras la administración poblacional ha impedido de esta manera frenar las matanzas e invasiones territoriales de las cuales son objeto los grupos humanos en aislamiento (Álvarez 2017, García 2016). El caso más conocido al respecto son las infructuosas reuniones del gobierno central con los comuneros Waorani luego del ataque de los grupos en aislamiento en el año 2013 en la comunidad de Yarentaro a los ancianos Ompure y Buganey, que terminó en la incursión y matanza de un grupo aislado por parte de los familiares de los difuntos, mientras las autoridades celebraban acuerdos con comuneros que no tenían lazos de parentesco con las personas afectadas (Cabodevilla y Aguirre, 2013).

  En el día a día del monitoreo territorial, el equipo humano disponible para cubrir las 800.001 hectáreas de bosque amazónico que conforman la ZITT es de alrededor de 15 personas, las cuales están divididas en dos jornadas laborales, lo cual no permite bajo ninguna forma desarrollar labores de seguimiento en un área donde convergen más de 200 centros poblados habitados por poblaciones indígenas y campesinas, y mucho menos permite desarrollar una estrategia sistemática de monitoreo de acuerdo a lo solicitado por la CIDH. A esto se le debe sumar la ausencia constante de vehículos fluviales o terrestres para desarrollar las actividades, ligados al inexistente presupuesto asignado a esta labor institucional que no supera los 10.000 dólares anuales. Otro efecto del aislamiento se desarrolla con la ausencia de una comunicación institucional eficiente entre las carteras de Estado en territorio y entre los funcionarios que trabajan en el área y aquellos que se encuentran en la matriz del Ministerio de Gobierno asentada en la ciudad de Quito.

  El reducido grupo de funcionarios además de las labores comunitarias y de monitoreo, deben también brindar charlas de sensibilización institucional a investigadores, trabajadores de empresas extractivas, grupos religiosos, entre otros actores sociales para que estos puedan entrar en la Zona Intangible, así como también, verificar el cumplimiento de los esquemas de inmunización para entrar en esta área protegida, actividad que no se cubre ni en un 0.01 por ciento de las actividades legales ejecutadas. El aislamiento crea una institución de protección que no tiene ninguna incidencia sobre las actividades de las empresas petroleras y su gobierno indirecto privado, el cual, en la práctica, regula la vida de las personas en las áreas donde opera porque son ellas las que realmente permiten el acceso en las áreas que administran. El comentario más repetido durante los años de trabajo, fue que a los funcionarios de protección de grupos aislados “solo se les ve entrar a caminar en el monte sin decirle nada a nadie, ni pedir permiso” y que “con o sin su permiso vamos a entrar porque tenemos que trabajar”.

• Identificación: Proceso que refiere a la manera en la que el Estado impone categorías como ciudadanía, etnia o clase, obligando a los individuos a alinearse con identidades colectivas que facilitan el control social. Esto se desarrolla a través de las políticas que construyen identidades colectivas y categorías de pertenencia, que no son consensuadas, sino que son impuestas por medio de mecanismos homogeneizadores (Trouillot, 2003). En los territorios analizados, la subalternidad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento está constituida sobre la base de mecanismos de ocultamiento e invisibilidad que los dispone como “refugiados ecológicos”, ya que, al no disponer de documentos de identidad, no son considerados ciudadanos ecuatorianos reales, como se mostró claramente en las indagaciones judiciales ejecutadas por la Fiscalía del Estado en el año 2013 que impedían la instrucción fiscal por la matanza debido a que los individuos atacados no poseían cédula de identidad y, por lo tanto, no eran ciudadanos ecuatorianos (Cabodevilla y Aguirre, 2013).

  Los Pueblos Indígenas Aislados están marcados por una identidad étnica indígena que los coloca en una situación de subalternidad al interior de esa misma identificación colectiva, que se ve intensificada por su ocultamiento material y legal (Chávez, 2003; Narváez, 2016) y que deviene en que los territorios que habitan sean ocupados de facto y que realmente no les pertenezcan de manera legal, sino tan solo mientras se encuentren en situación de aislamiento. Además, la zona de protección que habitan no representa en realidad la verdadera dimensión de sus patrones de ocupación territorial y, peor aún, sus patrones de movilidad, que, por las evidencias halladas al interior del bosque amazónico tropical húmedo (colinado o pantanoso) y en las cercanías de centros poblados campesinos e indígenas, se rebasan constantemente (Villaverde y Proaño, 2019).

  La negación de su existencia a nivel institucional y cotidiano se constituye en el dispositivo discursivo fundamental que posibilita su exterminio. En el día a día del trabajo de monitoreo en los territorios analizados, la frase más repetida por comuneros y trabajadores petroleros es “no sé por qué hablan tanto de los Tagaeri – Taromenane, si ellos ni siquiera existen”. Su identificación étnica está emparentada con el retraso social, lo salvaje, lo otro, y su existencia implica que no se puedan abrir carreteras o se puedan desarrollar actividades productivas. Este discurso de inexistencia y subalternidad indígena incivilizada los ubica como ciudadanos de tercer orden (los invisibles) y conduce a que constantemente se desarrollen en sus áreas de vida, actividades ilegales de extracción de madera y fauna, lo que representa una de las causas más importantes de los ataques contra su vida registrados desde los años 80 (Cabodevilla, 2010).

  Ejecutar actividades de protección para ciudadanos ecuatorianos que ni siquiera son reconocidos como tal por el propio Estado es acto ambiguo que se vive como un impedimento legal. En este sentido, es un trabajo agotador en el que se invierte energía que queda registrada en informes, bitácoras, comunicaciones oficiales pero que nunca termina de cumplirse efectivamente porque si ni siquiera son ciudadanos para el Estado que está obligado a precautelar sus derechos, peor aún van a ser respetados por actores sociales y privados que solo buscan su propio beneficio económico. Sin son la representación encarnada de la barbarie, su progresivo contacto es visto por pobladores y trabajadores hidrocarburíferos como un acto de civilización.

• Legibilidad: Proceso que refiere a cómo el Estado intenta hacer a sus ciudadanos "legibles", lo que significa que, mediante sistemas estadísticos, censales y burocráticos, busca simplificar la diversidad de las sociedades y las identidades humanas en categorías claras y fáciles de gestionar. A través de los censos estadísticos, el Estado convierte a los individuos y grupos en datos, lo que facilita su vigilancia y control. Esta capacidad de "legibilidad" se convierte en una herramienta de poder, ya que lo que no es legible para el Estado tiende a ser excluido, ignorado o desaparecido (Trouillot, 2003). La ilegibilidad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento a través de los mecanismos de ocultamiento legales, materiales y simbólicos que se espejan en la forma en que se han narrado en la prensa sus muertes y cómo se han abordado los casos judiciales que se han emprendido contra sus agresores (Chávez, 2003; Narváez, 2016), que siempre invisibilizan los intereses privados que hay detrás de su exterminio y han producido una exclusión estructural de estos grupos humanos, que es la causa principal de las amenazas a su vida, las cuales operan en territorio de manera sistemática y etnocida.

  El ocultamiento y su invisibilización implican en última instancia la desaparición de personas que no están registradas en ninguna estadística censal, a la cual se enfrentan como amenaza permanente y que se encuentra encarnada de manera más directa en las matanzas inducidas por las dinámicas extractivas y los conflictos interclánicos brevemente reseñados que han sido impulsados por las empresas hidrocarburíferas y su gobierno indirecto privado (Cabodevilla, 2010; Villaverde y Proaño, 2019). El deseo de contactar a los “no contactados” o de “civilizarlos” opera como un designio cognitivo civilizatorio de la forma en que se establecen las relaciones sociales con la diferencia no legible y que se establecen materialmente por medio de la reducción de sus zonas de movilidad y ocupación en los territorios que habitan. De este modo, la presión material sobre sus territorios de vida es la constante y esto no solo lo hacen los actores privados; es también la manera en la que opera la Dirección Estatal que debe protegerlos al sobrevolar sus casas, debido a que en el país no se invierte en sistemas de información geográfica remotos especializados, por lo que el monitoreo se realiza con los métodos utilizados en los primeros años del proceso de contacto Waorani, es decir, que se vale de sobrevuelos en avionetas para rastrearlos, los cuales son financiados por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP).

  Se produce de este modo una ilegibilidad desde las instancias políticas institucionales, lo cual produce el borramiento poblacional que al no cuantificarlos numéricamente o minimizar su número aproximado han permitido de manera velada el exterminio que muchas veces ha sido instigado por los agentes del gobierno indirecto hidrocarburífero, pero también ha sido promovido o ejecutado por viajeros, turistas y especialmente desarrollado o motivado por misioneros religiosos fundamentalistas, los cuales son funcionales al sistema extractivista (García, 2016; Daas y Poole, 2004). La situación de aislamiento de estos grupos humanos implica en sí misma la imposibilidad de obtener datos censales exactos lo cual contribuyen a marginar su existencia, impedir inversiones económicas en el monitoreo y protección estatal y sobre todo a construir campañas de sensibilización a nivel nacional sobre su existencia y lucha por mantener sus conocimientos cosmológicos encarnados en sus cuerpos y territorios (Álvarez, 2017).

• Espacialización: Proceso que refiere a cómo el Estado organiza y controla el territorio y el espacio, delimitando fronteras y regulando movimientos y relaciones sociales. Este proceso viene cargado de una serie de significaciones y valores que les son atribuidos a los espacios y a sus poblaciones, produciendo una segregación espacial, que va muy de la mano de otros procesos como la violencia ambiental, marginalización, violencia, etc. (Trouillot, 2003). En el caso analizado, la segregación social basada en la racialización y el ocultamiento se transforma en segregación espacial, la cual está pensada en función de la consolidación de las agendas de las empresas y agentes internacionales y nacionales que ocupan el territorio, relacionadas con el extractivismo y la erradicación de la pobreza promovida por la política internacional en el sur global. Esto se puede visibilizar en la continua apertura de carreteras y creación de nueva infraestructura petrolera que se puede constatar con un paseo por las vías terrestres principales o secundarias donde predominan a simple vista las tuberías y mecheros petroleros. La espacialización es facilitada por las diferentes instituciones del Estado en sus formas descentralizadas.

  Las labores de los Ministerios del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, del Ministerio de Energía y Minas son incompatibles de manera estructural con la protección y monitoreo de Pueblos Indígenas en Aislamiento llevado a cabo por el Ministerio de Gobierno, debido a que la política del gobierno empuja a todas ellas a legalizar a toda costa las actividades extractivas; lo que se ve reflejado en las inversiones monetarias profundamente diferenciadas, que ejemplifican cuáles son los intereses políticos concretos del Estado ecuatoriano en estos territorios (Almeida y Proaño 2008). El caso más relevante en este sentido es el de la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 que ha sido impuesto mediante la Declaración de Interés Nacional de la Explotación Hidrocarburífera, la cual fue aprobada por la asamblea nacional en el año 2013 (Wasserstrom, 2018).

  En las distintas territorialidades analizadas, esta espacialidad que busca la desaparición de toda alteridad que se encuentre por fuera de la línea extractiva se instituye por medio del inexistente control territorial de la ZITT y del Parque Nacional Yasuní por parte del ejército ecuatoriano, especialmente. El desarrollo de actividades ilegales de extracción de fauna silvestre, madera y el inicio de la minería artesanal se ejecuta a vista y paciencia de los agentes del orden y de los funcionarios movilizados por los Ministerios de Ambiente y Gobierno, que al encontrarse con agentes externos dedicados a las actividades ilegales, mejor armados y equipados, solo pueden registrar los sucesos, pero no impedirlos de ninguna manera. Desde mi experiencia personal puedo decir que hay cientos de informes, comunicaciones y desplazamientos territoriales (en especial en la Zona de la Franja de Diversidad y Vida y en la quebrada del lobo en la frontera con Perú, en la zona del río Curaray) que no han servido para impedir que se sigan invadiendo los territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento.

Es importante decir que el Estado Ecuatoriano no se limita a ejercer un poder centralizado o local desde sus instituciones, ya que sus decisiones y alianzas de poder concreto, atraviesan la vida cotidiana de todas las poblaciones, mediante el desarrollo y consolidación de relaciones desiguales de poder económico extractivo que sigue construyendo infraestructura y redes de comunicación en los territorios analizados, que constituyen las subjetividades y las dinámicas sociales, culturales y políticas que se encuentran atravesadas por el extractivismo y las agendas de erradicación de la pobreza, que no se han abordado aquí y que tienen que ver con el papel de Organizaciones No Gubernamentales financiadas por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, la territorialidad está determinada por una “ejemonía[5]” (espacios geográficos que operan como ejes o enclaves que controlan el poder) que tiene lugar en dos centros urbanos amazónicos específicos, con rangos de influencia diferentes, que son las ciudades de Coca y Puyo, que pueden ser definidas como ciudades/petroleras, porque han operado de forma histórica como ejes de las actividades extractivas desde los años sesenta del siglo pasado y encarnan la “hegemonía” política, social y económica de esta zona, como expresión del poder opresivo y central que legitima las desigualdades socioeconómicas generando oposiciones étnicas y de clase con una matriz colonial que agudiza el ocultamiento de los Pueblos Indígenas Aislados, la explotación humana y la expoliación de recursos naturales (Cabodevilla, 2010; Barragán, 2009).

En este marco, me gustaría introducir el concepto de Estado en los márgenes en el cual se ejerce el gobierno indirecto privado, el cual permite leer al Estado ecuatoriano por fuera de la imagen de una figura administrativa de organización política racionalizada porque, en países subalternos como el nuestro, los estados son estructuralmente débiles que han delegado la gubernamentabilidad a empresas privadas que instituyen, como hemos brevemente bosquejado, relaciones de poder y regulación sobre la vida de las poblaciones que son ejercidas por los capitales internacionales y locales sin ninguna resistencia sostenida, lo que empuja a las carteras de estado relacionadas con temas sociales a actuar de una forma desarticulada en los márgenes territoriales y sociales como lo demuestra el accionar del Ministerio de Gobierno el cual es el último representante de una cadena de inestabilidad institucional en la que se ha ido colocando la protección de pueblos en aislamiento (Cabodevilla y Agirre, 2013; Daas y Poole, 2004).

Los márgenes territoriales son lugares espacio/temporales necesarios para los Estados (coloniales y poscoloniales), donde se ejerce una racionalidad administrativa, un orden político y una autoridad legítima privada organizada por el capital transnacional y de cierta manera experimental que opera bajo los enfoques de exterioridad, preocupación por el orden y las instancias de gobernabilidad local privada que no pueden ser analizadas bajo los límites de entendimiento dicotómico de: centro/periferia; público/privado; legal/ilegal. Existe una relación entre la violencia (más allá de su legalidad) que se ejerce por parte de actores estatales y privados que cumplen funciones ordenadoras y que son claves para entender el margen bajo el monopolio del uso legítimo de la fuerza en la implementación cotidiana del orden extractivo establecido bajo un régimen jurisdiccional y operacional de vigilancia y control constante que se espeja en los procesos de aislamiento, identificación, legibilidad y espacialización brevemente reseñados (Daas y Poole, 2004).

La legitimidad y el efecto de las prácticas estatales en los márgenes territoriales con sus correspondientes ejemonías en el área, son una forma de reafirmación constante de los modos de gobernar y regular que no son solo territoriales/legales, porque en simultaneidad son sitios de práctica en los que la legalidad es difusa; ejemplo de ello son las matanzas perpetradas ya señaladas y las prácticas clientelares que permiten el desarrollo de nuevas actividades extractivas e ilegales. En función de fortalecer el argumento hasta aquí esbozado se puede decir que los márgenes del Estado no son zonas sin presencia estatal, sino espacios donde este opera de forma fragmentada, a menudo a través de intermediarios no estatales como líderes locales, ONGs o actores ilegales que producen, redefinen y negocian la noción de lo legítimo en sintonía con las empresas extractivas (Daas y Poole, 2004).

La presencia del Estado ecuatoriano no se limita a lo institucional o normativo, sino que se expresa en los encuentros cotidianos entre cuerpos individuales y agentes del orden; ejemplo de ello son los constantes procesos de militarización y la violencia policial que se ejerce contra los grupos que se organizan contra las actividades extractivas y la progresiva reducción territorial de los territorios indígenas y las áreas protegidas. En los márgenes territoriales, estos encuentros están marcados por las contradicciones legales y el uso desigual del poder. La ausencia de la ley o su aplicación selectiva son la norma, ya que los ataques a Pueblos Indígenas en Aislamiento se han desarrollado con conocimiento por parte de instancias institucionales, públicas y privadas. El resultado es una zona ambigua donde lo legal, lo ilegal y lo paraestatal se encuentran entremezclados. En estos contextos, los cuerpos de las personas —especialmente las de Pueblos Indígenas— se han convertido en el cuerpo/territorio donde se ejerce y se hace visible el poder estatal, por medio de los mecanismos de vigilancia, represión o criminalización instituidos.

En los márgenes, el poder absoluto y soberano ejercido por el Estado ecuatoriano se revela, no como garante de derechos, sino como autoridad que define un hacer, morir o vivir de manera arbitraria que siempre está mediado por el desarrollo de las actividades extractivas (Cabodevilla, 2010; Krupa y Nugent, 2015). Finalmente, el entramado territorial reseñado representa la fetichización del orden jurídico, porque la legalidad no elimina el caos, sino que coexiste con él, mientras lo legitima. Esta tendencia se manifiesta en la proliferación de nuevas reformas legales que implican la participación, tras las luchas comunitarias, de ONGs jurídicas y las resoluciones de entidades supraestatales que han trasladado las luchas políticas de acción directa a demandas de reconocimiento de derechos de papel o procesos de reparación, mientras que las estructuras de poder y dominación extractiva y las desigualdades que genera en la cotidianidad permanecen intactas. Estas entidades usan el sistema legal como escudo ante el juicio público y como arma de legalización de sus prácticas extractivas mientras se busca la desaparición de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, que ya es real a nivel del discurso y el habitus territorial extractivo (Chávez, 2003; Narváez, 2016; Comaroff, 2009).

3. A manera de reflexión final…

Las operaciones cognitivas de discriminación y exclusión construidas en las territorialidades analizadas son resultado de la colonialidad del poder, basada en los dispositivos discursivos de raza y color; categorías históricas de clasificación poblacional, funcionales a las condiciones de la colonialidad y la situación poscolonial; que se reproducen en su forma más descarnada y experimental en los márgenes territoriales amazónicos que se encuentran insertas en la materialidad de las relaciones sociales y sobre los cuerpos; el modelamiento del comportamiento y la imposición de un deseo “civilizatorio” va anexando de manera progresiva a los grupos poblacionales indígenas a las dinámicas del mercado y han instituido una serie de “necesidades modernas” que fungen como base de sus demandas políticas actuales: me refiero a las demandas relacionadas con la educación, servicios básicos, carreteras, salud y medicina, etc., y alejadas de la vivencia tradicional del territorio; es decir, que la cultura opera como una instancia de producción de hegemonía y que son en última instancia las formas veladas en las que el gobierno indirecto privado analizado controla y regula la vida de las poblaciones.

La política en estos territorios amazónicos es abiertamente racializada y se basa en la segregación de todas las diferencias étnicas (en especial de la subalternidad de los Pueblos Indígenas en Aislamiento) como una estrategia política que produce concepciones étnicas, percepciones, patrones raciales de discriminación y modalidades específicas de exclusión que en el caso de los grupos en aislamiento se encuentran basadas en el ocultamiento y el exterminio sistemático (Segato, 2007).En los márgenes, la subalternidad asume las ideas de exclusión en un sentido literal y sin cuestionamientos (Douglas, 1996). Las instituciones (en este caso el Estado ecuatoriano a través de sus agentes privados indirectos de gobierno) suministran las categorías de pensamiento y fijan las condiciones de autoconocimiento y establecimiento de las identidades por medio de una particular noción de justicia que desconoce la vida y diversidad cultural (Douglas, 1996). En la Amazonía y sobre todo en las áreas analizadas, la justicia y la legalidad son nociones difusas, contingentes y operan siempre en el marco de situaciones de crisis o excepción que han interiorizado y legitimado los pensamientos institucionales, extractivos, coloniales y coercitivos.

La constitución discursiva y práctica de esta territorialidad marginal gobernada indirectamente conlleva consigo el apogeo de sentimientos de frustración y futilidad entre los profesionales y actores sociales que se encuentran ligados a las actividades de monitoreo de Pueblos Indígenas en Aislamiento en Ecuador, quienes tienen que ver de manera frecuente condicionados sus esfuerzos humanos y profesionales a los intereses mercantiles nacionales y transnacionales, los cuales tienen impactos ecológicos y sociales concretos sobre los cuerpos de las personas y los territorios. Estos sentimientos de impotencia son funcionales al entramado de relaciones sociales y de poder que se gestan de manera abierta y cotidiana. No puedo dejar de pensar en que los esfuerzos individuales humanos e institucionales realizados no son suficientes, pues la desarticulación institucional y comunitaria constituye el laboratorio humano perfecto para ensayar formas de control y disciplinamiento poblacional que perpetúan el régimen colonial de poder en estos territorios al margen.

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Notas