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Factores que influyen en el ingreso de los menores de edad a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) en el cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas Ecuador

Factors Influencing the Involvement of Minors in Organized Crime Groups (OCGs) in the Canton of Esmeraldas, Esmeraldas Province, Ecuador

Fatores que influem na entrada de menores de idade nos Grupos de Criminalidade Organizada (GCO) no cantão Esmeraldas, província de Esmeraldas, Equador

Loor Vera, July; Rivera Vásquez, Jairo; Espinoza Santeli, Genoveva; Remache Gallegos, Álex

July Loor Vera

justefy.love@gmail.com

Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador

Jairo Rivera Vásquez

Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador

Genoveva Espinoza Santeli

Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador

Álex Remache Gallegos

Universidad Andina Simón Bolívar Argentina

Revista Fundamentos

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina

ISSN-e: 2545-6318

Periodicidad: Semestral

núm. 2, 2025

fundamentos@fce.unrc.edu.ar

Recepción: 01 abril 2025

Aprobación: 29 septiembre 2025

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/966/96654799665479001/

DOI: https://doi.org/10.63207/k15w7j52

Autor de correspondencia: justefy.love@gmail.com

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: Este artículo analiza los factores sociales, económicos y familiares que inciden en el ingreso de menores de edad a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) en el cantón Esmeraldas, una de las zonas más afectadas por la violencia en Ecuador. A través de un enfoque mixto, se aplicaron encuestas a 1.021 estudiantes de secundaria y se realizaron entrevistas a tres autoridades locales, integrando así una perspectiva empírica desde las juventudes y desde el nivel institucional. Los resultados revelan que la pobreza estructural, la desintegración familiar, el bajo nivel educativo de los padres, el desempleo y la limitada presencia del Estado son factores clave que propician el reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones criminales. Además, se evidencia una percepción distorsionada del delito como mecanismo de movilidad social, especialmente en contextos donde no existen alternativas económicas ni educativas. Los adolescentes identificaron como medidas más efectivas la mejora del sistema educativo, la creación de oportunidades de empleo juvenil, el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, así como programas sociales orientados a la prevención. El artículo concluye que la problemática no puede abordarse únicamente desde una lógica punitiva, sino que requiere de una política pública integral, territorializada y con enfoque de derechos, que articule educación, empleo, protección social y fortalecimiento comunitario para reducir de manera sostenible la vinculación de menores a redes delictivas.

Abstract: This article analyzes the social, economic, and family-related factors that contribute to the recruitment of minors into Organized Crime Groups (OCGs) in the canton of Esmeraldas, one of the most violence-affected areas in Ecuador. Using a mixed-methods approach, the study surveyed 1,021 secondary school students and conducted interviews with three local authorities, combining empirical data from both youth and institutional perspectives. The findings reveal that structural poverty, family disintegration, low parental education, unemployment, and weak state presence are key factors facilitating the involvement of adolescents in criminal organizations. The study also highlights the perception of crime as a pathway to social mobility, especially in communities where economic and educational alternatives are scarce. Adolescents identified improved education, youth employment opportunities, stronger family and community ties, and preventive social programs as the most effective strategies. The article concludes that the issue cannot be addressed solely through punitive measures, but rather through comprehensive, rights-based public policies that integrate education, employment, social protection, and community strengthening as sustainable responses to prevent the involvement of minors in organized crime.

Resumo: Este artigo analisa os fatores sociais, econômicos e familiares que influenciam a entrada de menores de idade nos Grupos de Crime Organizado (GCO) no município de Esmeraldas, uma das regiões mais afetadas pela violência no Equador. Por meio de uma abordagem mista, foram aplicados questionários a 1.021 estudantes do ensino médio e realizadas entrevistas com três autoridades locais, integrando, assim, uma perspectiva empírica tanto dos jovens quanto do nível institucional. Os resultados revelam que a pobreza estrutural, a desintegração familiar, a baixa escolaridade dos pais, o desemprego e a limitada presença do Estado são fatores-chave que facilitam o recrutamento de adolescentes por organizações criminosas. Além disso, evidencia-se uma percepção distorcida do crime como mecanismo de mobilidade social, especialmente em contextos onde não existem alternativas econômicas ou educacionais. Os adolescentes identificaram como medidas mais eficazes a melhoria do sistema educacional, a criação de oportunidades de emprego para jovens, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como programas sociais voltados para a prevenção. O artigo conclui que a problemática não pode ser abordada apenas a partir de uma lógica punitiva, mas requer uma política pública integral, territorializada e com abordagem de direitos, que articule educação, emprego, proteção social e fortalecimento comunitário para reduzir de forma sustentável o vínculo de menores com redes criminosas.

INTRODUCCIÓN

La delincuencia organizada es uno de los mayores desafíos de seguridad en América Latina, donde su impacto ha crecido en las últimas décadas. Ecuador no es ajeno a esta realidad, y el cantón Esmeraldas, con una ubicación estratégica en la costa del Pacífico, ha emergido como un epicentro de actividades ilícitas por parte de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Estos grupos aprovechan las condiciones de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad para reclutar menores de edad, quienes se convierten en una de las principales víctimas de este fenómeno. Con una tasa de homicidios de 81 por cada 100.000 habitantes (InSight, 2023), Esmeraldas se encuentra entre las zonas más violentas del país. La situación económica de la provincia también agrava esta problemática, de acuerdo al último censo realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo): el 52,9% de la población vive en pobreza y el 25,3% en pobreza extrema (2021). Estos indicadores superan ampliamente los promedios nacionales, que bordean el 28% de pobreza y de 13% de pobreza extrema, reflejando un entorno donde los menores de edad enfrentan una limitada oferta de oportunidades educativas, laborales y sociales, lo que los hace vulnerables al reclutamiento por parte de los GDO (Rugel Castillo, 2023). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015) destaca que la presencia de grupos criminales o grupos de delincuencia organizada en comunidades empobrecidas representa un alto riesgo para los menores, quienes son frecuentemente utilizados como vigilantes, transportistas de drogas o incluso sicarios. En Esmeraldas, esta realidad se ve exacerbada por factores como la deserción escolar, la falta de apoyo familiar, tensiones en los hogares y la influencia de amigos o familiares involucrados en actividades delictivas. Suárez y Jama (2015) señalan que la familia es el primer agente socializador del individuo, y que los conflictos o la ausencia de orientación adecuada pueden llevar a los adolescentes a buscar en los GDO una salida a sus problemas. Otro elemento clave es la percepción de impunidad. Rugel Castillo (2023) resalta que los GDO aprovechan la baja severidad de las sanciones legales para menores infractores, usándolos en actividades ilícitas con la promesa de dinero rápido y una aparente estabilidad económica. Esta situación se ve agravada por la falta de institucionalidad en la función judicial. La combinación de sanciones leves y una justicia debilitada fomenta un entorno donde los GDO pueden reclutar y explotar a menores con relativa impunidad. Además, la ausencia de programas sociales efectivos y la debilidad de las instituciones encargadas de proteger a la infancia y adolescencia permiten que los grupos delictivos operen con impunidad, ejerciendo control territorial y social. Esto no solo perpetúa el ciclo de criminalidad, sino que también profundiza la exclusión social y la estigmatización de los jóvenes que caen en esta trampa. Es crucial entender que el reclutamiento de menores no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de una crisis estructural que afecta a los sectores más vulnerables del país. Solo mediante un enfoque multisectorial y coordinado se podrá prevenir eficazmente el reclutamiento de menores y restituir sus derechos fundamentales. Esta investigación busca analizar los factores sociales, familiares y económicos que contribuyen a esta problemática, ofreciendo una visión integral que permita comprender el fenómeno en su totalidad. Además, destaca la necesidad urgente de implementar políticas públicas que aborden las raíces de esta crisis, como la generación de empleo juvenil, programas educativos inclusivos y estrategias de prevención comunitaria.

ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA DELINCUENCIA

En esta sección se presentan tres definiciones relacionadas: delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada y delincuencia juvenil. Cada concepto involucra una particularidad de delincuencia que es necesario diferenciar. Por un lado, la delincuencia organizada no tiene una definición única debido a la variedad de acciones ilegales, sectores donde opera y normativas legales de cada país. Freire (2023) sostiene que la interpretación de la delincuencia organizada varía según el contexto. Algunos la entienden como delitos cometidos por grupos con estructura definida, mientras que otros la consideran cualquier actividad delictiva en la que participen al menos dos personas. Esta diversidad de enfoques refleja la complejidad del fenómeno y la necesidad de adaptarse a las particularidades de cada entorno. Asimismo, la delincuencia organizada es un delito medio para la comisión de otros delitos, afectando distintos ámbitos y expandiéndose internacionalmente (Valarezo et al, 2021). En América Latina, este fenómeno ha crecido descontroladamente, infiltrándose en sectores políticos, financieros y judiciales, incluso en sistemas policiales y militares (Rivera-Rhon et al., 2020). En Ecuador, Guayaquil se encuentra entre las diez ciudades más violentas del mundo (Primicias, 2024), mientras que Esmeraldas fue identificada como un epicentro de homicidios en América Latina (Newton; Dalby; Appleby., 2023). Adicionalmente, situaciones como el “Caso Purga", donde se han revelado vínculos entre operadores de justicia y redes de corrupción y narcotráfico agravan la situación. Por otro lado, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNODC, 2000), un GDO es un grupo estructurado de al menos tres personas que actúa concertadamente para cometer delitos graves con fines económicos o materiales. Finckenauer (2005) resalta que estos grupos poseen jerarquía, estabilidad y recurren a la corrupción para proteger sus operaciones. Los GDO participan en múltiples actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas (UNODC, 2010), tráfico de armas (Schroeder & Lamb, 2018), trata de personas (Bales, 2005) y lavado de dinero (Unger & Busuioc, 2007). Albanese (2012) menciona que la globalización ha facilitado su expansión, dificultando su control. Por su lado, la delincuencia juvenil se refiere a actos delictivos cometidos por menores de 18 años. Ornelas (2005) la define como un fenómeno mundial que afecta a todas las capas sociales, mientras que Jara (2023) la vincula al entorno social y la influencia externa en los adolescentes. Entre sus características están la agresividad, impulsividad y antecedentes traumáticos (Education, 2024). Entre los factores de riesgo se destaca la edad, el género, complicaciones prenatales, consumo de drogas e impulsividad (NAP, 2001). Mientras que Farrington (2006) enfatiza la importancia de estrategias preventivas basadas en el riesgo, como programas de crianza y educación temprana, para reducir la delincuencia juvenil. El desarrollo adolescente es clave en la formación de la identidad. Erikson (1969) señala que la búsqueda de identidad puede verse afectada por la participación en actividades ilícitas, mientras que Steinberg (2010) y Moffitt (2006) explican que las influencias sociales y familiares son determinantes en la conducta juvenil. Además, Moffitt (1993) advierte que la delincuencia juvenil puede llevar a trayectorias de vida antisociales y dificultades en la integración a la adultez. La delincuencia, tanto organizada como juvenil, revela la complejidad y multifactorialidad de estos fenómenos, los cuales están profundamente arraigados en contextos sociales, económicos y políticos específicos. La delincuencia organizada se caracteriza por la participación de grupos estructurados que operan de manera concertada para cometer delitos graves con fines de lucro, aprovechando debilidades institucionales y, en ocasiones, infiltrándose en estructuras estatales. Por otro lado, la delincuencia juvenil se manifiesta como resultado de una interacción de factores individuales, familiares y comunitarios, incluyendo la desintegración familiar, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y la exposición a entornos violentos. Ambos tipos de delincuencia requieren enfoques integrales y coordinados que aborden las causas subyacentes y fortalezcan las capacidades institucionales para prevenir y mitigar sus efectos en la sociedad

METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos para analizar los factores que influyen en el ingreso de los menores de edad a los GDO en el cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas. Dicha provincia, se ubica al norte del país, como se presenta en la Figura 1, es frontera con Colombia, con altos niveles de inseguridad ciudadana y se encuentra entre las cinco provincias con mayor pobreza del país.

Figura 1
Provincia de Esmeraldas

Elaborado por los autores

Se llevó a cabo una revisión documental de estudios previos y datos relevantes relacionados con la problemática de la delincuencia juvenil y su contexto socioeconómico en Esmeraldas. En el ámbito cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres autoridades locales clave: el Exgobernador de la provincia Coronel Javier Buitrón Flores, el Jefe de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), sede Esmeraldas, Capitán Oscar Rueda Caiza y la Directora de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, Lic. Alexandra Díaz. Estas personas fueron seleccionadas por su conocimiento de la temática. Estas entrevistas permitieron obtener perspectivas desde el ámbito gubernamental, policial y comunitario sobre los factores asociados al reclutamiento de menores. Las respuestas se analizaron utilizando el método analítico-sintético para identificar patrones recurrentes y conexiones entre los factores mencionados.

En el ámbito cuantitativo, se aplicaron encuestas a 1.021 estudiantes de nivel secundario, seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple. Las encuestas incluyeron preguntas de opción múltiple y escalas de Likert para medir factores familiares, socioeconómicos, educativos y personales, entre otros. Se empleó la plataforma KoboToolbox para recolectar datos de forma anónima, garantizando la confidencialidad de los participantes. El procesamiento de datos incluyó análisis estadísticos descriptivos para las encuestas, junto con técnicas de codificación para las entrevistas. Esto permitió identificar temas emergentes como la desintegración familiar, la falta de oportunidades económicas y la influencia de las redes sociales en la percepción de los menores

RESULTADOS

La investigación abarca una población de 23.813 estudiantes, correspondiente al número de alumnos legalmente matriculados en el sistema educativo del cantón Esmeraldas durante el año lectivo 2024-2025. Esta población está conformada por estudiantes que cursan desde octavo año de educación básica hasta tercer año de bachillerato en los diferentes tipos de instituciones educativas presentes en el cantón: fiscales (públicos), fiscomisionales (administración privada con una parte de fondos públicos) y particulares (privados). Para el estudio, se aplicaron encuestas en seis colegios seleccionados, aplicando la lógica de diversidad y por aprobación de acceso a datos, con el propósito de analizar la distribución de la matrícula en función de la edad y el tipo de institución educativa.

Los resultados obtenidos a partir de 1.021 encuestas aplicadas a estudiantes del cantón Esmeraldas, muestran que el 52% de los encuestados se encuentra en el rango de edad de 15 a 18 años, mientras que el 48% corresponde al grupo de 12 a 14 años. Este dato es particularmente relevante, ya que ambos grupos representan una franja etaria crítica en términos de vulnerabilidad y exposición a factores de riesgo asociados al ingreso a un GDO. La adolescencia, especialmente en contextos de exclusión social, suele ser una etapa decisiva donde el entorno, la oferta educativa, las condiciones familiares y comunitarias influyen significativamente en la toma de decisiones y en la percepción de oportunidades o carencias.

En lo que respecta al tipo de institución educativa a la que asisten los menores encuestados, de acuerdo a la Figura 2, el 49,33% de ellos cursa estudios en establecimientos fiscales, el 28,34% en instituciones fiscomisionales y el 22,33% en planteles particulares. Esta distribución permite observar que la mayoría de adolescentes accede al sistema educativo público, lo cual puede ser interpretado como un indicador de las condiciones socioeconómicas predominantes en el cantón. El predominio de estudiantes en instituciones fiscales podría estar vinculado a situaciones de pobreza estructural, ausencia de recursos para costear una educación privada, y una mayor concentración de oferta educativa pública en sectores populares.

Figura 2
Tipo de institución educativa a la que asisten

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores.

El porcentaje significativo de adolescentes que asiste a instituciones fiscomisionales es de 28,34% indica la presencia de una alternativa educativa que, si bien está parcialmente financiada por el Estado, suele estar gestionada por congregaciones religiosas o fundaciones. Este tipo de instituciones es percibido, en muchos casos, como una opción intermedia entre la educación pública y la privada, y suele ofrecer formación en valores, disciplina y estructura organizativa, lo cual puede influir positivamente en la contención de factores de riesgo. Sin embargo, su cobertura sigue siendo limitada frente a la demanda general. En contraste, el 22,33% de los adolescentes encuestados asiste a instituciones particulares, reflejando que solo una minoría tiene acceso a una educación financiada por sus familias. Este dato evidencia desigualdades en el acceso a servicios educativos de calidad y pone en evidencia una brecha que, en contextos de alta conflictividad social como el cantón Esmeraldas, puede significar también diferencias en el nivel de exposición a dinámicas violentas o criminales.

Este análisis de la distribución por tipo de institución educativa permite evidenciar cómo las condiciones del sistema escolar están profundamente relacionadas con los factores estructurales que inciden en el reclutamiento de menores por parte de los GDO. La concentración de estudiantes en instituciones fiscales, muchas veces ubicadas en barrios periféricos, con limitada infraestructura, escasa presencia estatal y pocas oportunidades de desarrollo integral, constituye un entorno propicio para la acción de estructuras delictivas que instrumentalizan la necesidad, la falta de expectativas y la ausencia de referentes positivos.

Tabla 1

Menores de edad que han recibido invitaciones para participar en un GDO y quienes han considerado participar para obtener beneficios materiales, por datos demográficos de los adolescentes encuestados, rango de edad y tipo de institución educativa.

DATOS DEMOGRÁFICOS | Invitación a participar en un GDO | Consideran participar en un GDO
| No | Sí | No | Sí |
12-14 (Rango de edad) | 87,65% | 12,35% | 81,87% | 18,13% |
Fiscal | 82,56% | 17,44% | 83,14% | 16,86% |
Fiscomisional | 86,67% | 13,33% | 76,67% | 23,33% |
Particular | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 6,67% |
15-18 (Rango de edad) | 87,00% | 13,00% | 82,23% | 17,77% |
Fiscal | 84,35% | 15,65% | 82,32% | 17,68% |
Fiscomisional | 92,98% | 7,02% | 80,70% | 19,30% |
Particular | 90,97% | 9,03% | 82,64% | 17,36% |

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores

La Tabla 1 comparativa, construida a partir de encuestas aplicadas a estudiantes de instituciones educativas del cantón Esmeraldas permite observar dos dimensiones clave del fenómeno delictivo juvenil: la cantidad de estudiantes que han sido invitados a participar en un Grupo Delictivo Organizado (GDO) y aquellos que han considerado, de forma personal, unirse a uno de estos grupos. Esta tabla segmenta los datos según rango de edad (12–14 años y 15–18 años) y tipo de institución (fiscal, fiscomisional y particular), lo que ofrece una visión más precisa de las diferencias entre contextos escolares.

Invitación a participar en un GDO: En el grupo etario de 12 a 14 años, el 12,35% del total de estudiantes indicó haber sido invitado a participar en un GDO. Al observar por tipo de institución, destacan los estudiantes de escuelas fiscales, donde el 17,44% afirmó haber recibido una invitación directa. En instituciones fiscomisionales, esta cifra fue del 13,33%, mientras que en colegios particulares ningún estudiante de este grupo etario reportó haber sido invitado. En el rango de 15 a 18 años, el promedio general de estudiantes que han recibido invitaciones se mantiene similar, con un 13,00% del total. Aquí también las instituciones fiscales presentan un porcentaje alto 15,65%, seguidas por las fiscomisionales 7,02% y, nuevamente, los colegios particulares presentan el porcentaje más bajo 9,03%. Estos datos confirman que los estudiantes de instituciones fiscales son los más expuestos al acercamiento directo de los GDO, lo cual está estrechamente relacionado con factores socioeconómicos, territoriales y de inseguridad estructural que rodean a estos centros educativos. Sin embargo, el hecho de que también haya estudiantes de instituciones particulares que recibieron este tipo de invitaciones evidencia que los GDO están expandiendo su influencia en diferentes entornos sociales, aunque con menor frecuencia.

Disposición a participar en un GDO: La segunda parte de la Tabla 1 muestra la cantidad de estudiantes que, independientemente de haber recibido o no una invitación, han considerado la posibilidad de unirse a un GDO. En el grupo de 12 a 14 años, un 18,13% del total de encuestados respondió afirmativamente. Al desglosar por tipo de institución, se observa que los estudiantes de colegios fiscomisionales tienen el porcentaje más alto 23,33%, seguidos por fiscales 16,86% y particulares 6,67%. En los jóvenes de 15 a 18 años, el porcentaje general se mantiene similar con un 17,77% de estudiantes que ha considerado esta posibilidad. En este grupo, los estudiantes de instituciones fiscomisionales también registran la cifra más alta (19,30%), ligeramente por encima de los fiscales (17,68%) y los particulares (17,36%). Es relevante subrayar que en este grupo etario el porcentaje de disposición a participar en un GDO aumenta significativamente en instituciones particulares, lo cual podría indicar que, aunque la exposición directa es menor, los factores aspiracionales, de presión social o vacío emocional están presentes incluso en contextos con mayores recursos económicos.

Esta tabla comparativa deja en evidencia una tensión preocupante entre la exposición directa a redes delictivas y la disposición subjetiva a integrarse a ellas. En particular:

Los estudiantes de las instituciones fiscales son los más afectadas por el contacto directo con estructuras delictivas, lo cual está alineado con las condiciones de vulnerabilidad en sus entornos comunitarios.

Los estudiantes de las instituciones fiscomisionales, aunque con menor exposición directa, muestran el mayor índice de disposición personal a participar, lo que sugiere la presencia de factores psicológicos y sociales que favorecen la idealización del delito o la búsqueda de pertenencia

Los estudiantes de las instituciones particulares, si bien presentan los niveles más bajos de exposición, no están exentas del riesgo, y muestran cifras llamativas en cuanto a la disposición entre los estudiantes mayores.

Tabla 2

Relación entre el nivel educativo de los padres, el nivel económico familiar y su condición laboral

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores

Uno de los factores estructurales más relevantes que inciden en la vulnerabilidad de los menores de edad frente al reclutamiento por parte de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) es la condición socioeconómica y educativa de sus familias. La Tabla 2 muestra cómo el nivel educativo de los padres, el nivel económico familiar y la situación laboral de los progenitores se relacionan estrechamente, configurando contextos que pueden propiciar o limitar las oportunidades de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Los datos revelan que, a mayor nivel educativo de los padres, mejores son las condiciones económicas del hogar. Por ejemplo, entre los padres con educación de postgrado, el 11,36% pertenece a familias con nivel económico alto y el 78,03% al nivel medio, mientras que solo el 1,52% se encuentra en un nivel muy bajo. Esta tendencia se mantiene entre los padres con educación universitaria completa, donde el 6,89% se ubica en el nivel alto y el 81,64% en el medio, lo que indica que más del 88% de estos hogares gozan de condiciones económicas relativamente estables.

En contraste, los niveles educativos más bajos muestran una distribución más precaria. Entre los padres con educación primaria completa, el 80,27% pertenece al nivel económico medio, pero un 9,70% se encuentra en el nivel bajo y un 2,68% en el nivel muy bajo. Algo similar ocurre con quienes poseen secundaria completa, donde el 16,35% está en el nivel bajo y el 2,24% en el muy bajo. Estos datos permiten inferir que una menor escolaridad limita el acceso a empleos formales y bien remunerados, lo cual se traduce en condiciones de vida más inestables que pueden exponer a los menores a contextos de mayor riesgo.

En la segunda parte de la Tabla 2 se resalta que la condición laboral de los padres también guarda una relación directa con el nivel educativo. En los hogares donde ambos padres tienen empleo, predominan aquellos con mayor escolaridad: el 56,06% de los padres con postgrado y el 40,98% de los que cuentan con educación universitaria completa tienen esta característica. Esto sugiere que la formación académica superior facilita la inserción laboral estable y simultánea de ambos progenitores. Por el contrario, en los hogares donde solo uno de los padres trabaja, hay una mayor presencia de niveles educativos bajos: 79,74% con secundaria completa y 49,64% de los que tienen primaria completa están en esta situación. Esta disparidad no solo evidencia la precarización del trabajo en sectores de baja formación, sino que también indica que estos hogares enfrentan mayores dificultades para generar ingresos suficientes, lo que puede llevar a los menores a buscar alternativas de subsistencia, incluso dentro de redes delictivas.

En la Tabla 2, también se encuentra que otro factor importante es la dependencia de ayuda económica externa (apoyo de instituciones públicas, privadas, familiares o vecinos), la cual disminuye progresivamente con el aumento del nivel educativo de los padres. Los hogares donde los padres solo tienen primaria completa registran la mayor dependencia 18,93%, seguidos por aquellos con secundaria completa 18,50%. En cambio, entre los padres con educación universitaria completa y postgrado, esta cifra baja a 8,85% y 7,58% respectivamente. Esta información es crucial, ya que muestra que las familias con menor capital educativo dependen más de transferencias o asistencia, y cuando estas no son suficientes o desaparecen, los menores quedan aún más expuestos a las dinámicas de reclutamiento de los GDO, quienes aprovechan la necesidad material para atraerlos mediante promesas de dinero fácil, pertenencia y protección.

En este contexto, se puede afirmar que la baja escolaridad de los padres y la precariedad económica familiar son factores estructurales que influyen de manera directa en la exposición de niños, niñas y adolescentes a los GDO. Estos grupos suelen operar en entornos donde el Estado está ausente o debilitado, y donde las redes familiares y comunitarias carecen de los recursos necesarios para ofrecer protección y alternativas viables. La falta de empleo formal de ambos padres, la dependencia de ayudas externas y los bajos niveles de instrucción limitan las posibilidades de supervisión, acompañamiento, formación ética y desarrollo de proyectos de vida, aspectos fundamentales para prevenir el involucramiento de menores en actividades delictivas.

Figura 3
Percepción estudiantil sobre la presencia de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO)

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores

Figura 4
Percepción estudiantil sobre menores de edad en situación de riesgo

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores

Los datos obtenidos a través de encuestas a estudiantes de secundaria en el cantón Esmeraldas revela patrones significativos sobre la percepción de la presencia de Grupos Delictivos Organizados (GDO) en sus comunidades y la situación de riesgo de los menores. Estos datos se distribuyen según el tipo de institución educativa fiscal, fiscomisional y particular, lo que permite observar cómo el entorno escolar puede influir en la percepción y posible exposición a este tipo de amenazas sociales.

La Figura 3, sobre la presencia de GDO en la comunidad muestra que los estudiantes de instituciones fiscales tienen la percepción más alta de presencia de estos grupos, con un 46,81% afirmando que sí existen en su entorno. Este dato resulta especialmente preocupante, ya que podría reflejar la vulnerabilidad estructural en la que viven estos estudiantes, al estar posiblemente más expuestos a barrios con menor vigilancia policial, pobreza, desempleo o presencia de economías ilegales. Por el contrario, en las instituciones fiscomisionales y particulares, los porcentajes de percepción afirmativa bajan al 22,56% y 20,51%, respectivamente. No obstante, en estos dos últimos casos se observa un alto porcentaje de estudiantes que seleccionaron “No estoy seguro” 59,26% en fiscomisionales y 59,40% en particulares, lo que puede interpretarse como una falta de información clara o visibilidad del problema, o incluso como una forma de evasión ante una situación difícil de afrontar o reconocer.

Este patrón se complementa con los resultados de la Figura 4, que analiza si los estudiantes identifican a menores de edad en situación de riesgo en su entorno. Nuevamente, las instituciones fiscales y fiscomisionales reportan porcentajes similares de percepción afirmativa, en torno al 27,47% y 28,28%, respectivamente, mientras que las instituciones particulares muestran un nivel significativamente más bajo con 11,97%. Lo más llamativo, sin embargo, es el elevado porcentaje de estudiantes que prefirieron no responder a esta pregunta: 47,78% en fiscales, 54,88% en fiscomisionales y un alarmante 71,37% en instituciones particulares. Esta tendencia indica que, independientemente del tipo de institución, hay un temor generalizado o una falta de confianza para hablar abiertamente sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los menores. Esto puede deberse a factores como miedo a represalias, normalización de la violencia, desconfianza institucional o simplemente desconocimiento del entorno de otros jóvenes.

Ambas figuras, en conjunto, permiten inferir que la percepción de presencia de GDO y la identificación de menores en riesgo están estrechamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas y de seguridad del entorno. Las instituciones fiscales, probablemente ubicadas en sectores más desfavorecidos, muestran indicadores más claros de exposición directa a estos grupos y situaciones de riesgo, mientras que las particulares, aunque menos expuestas, podrían estar cayendo en un falso sentido de seguridad o en una actitud evasiva frente al problema. A su vez, el alto nivel de silencio o indefinición al seleccionar las respuestas "No estoy seguro" o "Prefiero no decir" pone en evidencia la existencia de barreras sociales y psicológicas para hablar de estos temas. Vale la pena señalar que, adicionalmente, dichas respuestas, de prefiero no decir, podrían esconder un temor a tener algún tipo de represalia al delatar a alguna organización.

Los datos reflejan no solo la percepción del fenómeno, sino también las condiciones estructurales que permiten o inhiben la visibilización del riesgo, así como la necesidad urgente de intervenciones integrales que incluyan educación preventiva, fortalecimiento comunitario, programas de inclusión juvenil y mejora del tejido social para reducir la influencia de los GDO sobre la niñez y adolescencia en el cantón Esmeraldas.

Figura 5
Percepción de los factores que más influyen en el ingreso de los menores a los GDO

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores

La Figura 5 presenta las causas percibidas por los estudiantes sobre el ingreso de menores a Grupos Delictivos Organizados (GDO) y ofrece una visión clara de los factores más relevantes que intervienen en este fenómeno social, particularmente en el cantón Esmeraldas. A través de una encuesta aplicada en instituciones educativas de nivel secundario, se identificaron cinco causas principales: problemas económicos, influencia de amigos, falta de supervisión parental, búsqueda de protección y otros factores.

El problema económico, con un 28,90%, es el factor más mencionado, lo que evidencia que la precariedad material en la que viven muchos menores es una de las principales motivaciones para incorporarse a estructuras delictivas. En zonas con altos índices de pobreza, la falta de oportunidades legítimas de desarrollo personal y económico hace que los GDO sean vistos como una alternativa inmediata de ingresos, aunque esta implique asumir riesgos significativos y comprometer su futuro.

Casi al mismo nivel, la influencia de amigos con 28,82% representa una de las presiones sociales más fuertes en la adolescencia. En esta etapa, los jóvenes suelen buscar pertenencia y validación dentro de su grupo de pares, y cuando este entorno se encuentra expuesto o vinculado a actividades delictivas, las posibilidades de que otros sigan ese camino aumentan considerablemente. Esta dinámica social refleja la urgencia de generar entornos juveniles positivos, con actividades extracurriculares, artísticas o deportivas que fortalezcan vínculos sanos y alejados del crimen. En tercer lugar, la falta de supervisión parental que representa el 20,57% indica la debilidad del entorno familiar como factor de protección. La ausencia física o emocional de los padres, ya sea por abandono, migración, exceso de trabajo o desinterés, deja a los menores sin referentes claros de autoridad, guía o contención emocional. Este vacío puede ser aprovechado por los GDO, que ofrecen a los jóvenes una falsa sensación de estructura, respaldo y pertenencia. En este sentido, resulta clave fortalecer el rol de las familias y su capacidad de acompañamiento y vigilancia.

La categoría de “Otro”, con un 12,05%, agrupa una diversidad de factores adicionales que, aunque no se especifican directamente en la Figura 5, pueden incluir variables como consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, deserción escolar, problemas emocionales o traumas previos. Este porcentaje evidencia que el fenómeno no es uniforme ni generalizable, y que existen múltiples trayectorias individuales que también deben ser consideradas al momento de diseñar estrategias de prevención. Por último, la búsqueda de protección con un 9,66%, revela una realidad menos evidente pero profundamente preocupante, ya que algunos menores se integran a estas organizaciones no por interés delictivo, sino como una forma de defenderse ante entornos violentos o inseguros. En contextos marcados por la violencia comunitaria o el acoso escolar, los GDO pueden ser percibidos como refugios donde los jóvenes encuentran respaldo, respeto o defensa frente a amenazas externas.

En conjunto, estos datos muestran que el ingreso de menores a los GDO no responde a una única causa, sino a una combinación de factores estructurales, familiares, sociales y emocionales. La pobreza, la presión del entorno, la fragilidad del núcleo familiar y la búsqueda de protección o sentido de pertenencia se entrelazan y colocan a los adolescentes en situaciones de alta vulnerabilidad.

Figura 6
Percepción de las medidas que ayudarían a reducir el ingreso de los menores de edad a los GDO

Encuesta realizada a estudiantes de nivel secundario. Elaborado por los autores

La Figura 6 muestra las respuestas de estudiantes de nivel secundario respecto a las medidas que consideran más efectivas para reducir que los menores se integren a Grupos Delictivos Organizados (GDO) en el cantón Esmeraldas. Las alternativas presentadas reflejan una comprensión profunda de las raíces sociales del problema, y al mismo tiempo ofrecen una ruta clara hacia intervenciones comunitarias sostenibles y de impacto.

La opción más señalada fue "Mejorar la educación" con un 23,83%. Este resultado evidencia que los propios jóvenes reconocen a la educación como un pilar fundamental en la prevención del delito. Una educación de calidad, inclusiva y que responda a sus necesidades puede brindar herramientas para el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la proyección de un futuro diferente al que ofrecen los GDO. Este resultado también puede interpretarse como una crítica implícita a las limitaciones actuales del sistema educativo local, que muchas veces no logra captar, motivar o retener a los adolescentes más vulnerables. Le sigue la propuesta de "Crear más oportunidades de empleo juvenil", con un 21,44%. Esta cifra confirma que muchos jóvenes perciben la falta de acceso al empleo como una puerta de entrada al delito organizado. El trabajo digno no solo garantiza ingresos, sino que también estructura la vida de los adolescentes, les permite sentirse útiles y evita que caigan en dinámicas ilícitas para sobrevivir. Esta propuesta sugiere la necesidad de implementar políticas públicas que fomenten el emprendimiento juvenil, incentiven la contratación de adolescentes en condiciones seguras y creen alianzas entre empresas, instituciones educativas y el Estado.

En tercer lugar, "Fortalecer las relaciones familiares" obtuvo el 20,98% de las respuestas. Este dato resalta el rol fundamental que tiene el entorno familiar en la protección de los menores. Cuando las relaciones familiares son sólidas, basadas en el respeto, el diálogo y la contención emocional, los adolescentes cuentan con un soporte afectivo que los aleja de influencias negativas. El fortalecimiento familiar puede lograrse mediante programas de orientación, atención psicológica, acompañamiento en casos de riesgo y espacios de convivencia que permitan reconstruir los vínculos dentro del hogar. La opción "Programas sociales como deportes, arte y cultura" fue señalada por el 17,97% de los encuestados. Aunque en menor medida, esta respuesta pone en evidencia el poder transformador de las actividades extracurriculares para los jóvenes. Estas iniciativas ofrecen un espacio de expresión, disciplina, trabajo en equipo y desarrollo de talentos que contrarrestan la atracción de los GDO. Además, fortalecen la autoestima y generan redes de apoyo saludables. En comunidades con escasos recursos, este tipo de programas puede marcar una diferencia significativa en la trayectoria de vida de los adolescentes.

Finalmente, un 15,78% de los estudiantes opinó que "Aumentar la seguridad comunitaria" sería una medida efectiva. Si bien es la opción menos votada, no por ello es menos importante. La presencia de fuerzas del orden, una justicia eficaz y espacios seguros contribuyen a reducir el accionar de los GDO, pero también es posible que los jóvenes consideren que la solución no debe depender únicamente de medidas coercitivas, sino de un enfoque integral donde la seguridad sea el resultado de políticas preventivas más que represivas.

Esto refleja una visión amplia y equilibrada por parte de los estudiantes sobre cómo abordar el problema de los GDO. Sus respuestas apuntan a que la solución debe ser estructural, interinstitucional y comunitaria, enfocada en la educación, el empleo, el entorno familiar y la generación de oportunidades que sustituyan las ofertas del crimen organizado. Escuchar estas voces juveniles y transformarlas en políticas públicas concretas es una tarea urgente si se quiere prevenir de forma efectiva el reclutamiento de menores en organizaciones delictivas.

¿Qué dicen las autoridades entrevistadas sobre esta problemática en el cantón Esmeraldas?

Las entrevistas realizadas al jefe de la DINAPEN Esmeraldas, Capitán Oscar Rueda Caiza; la Directora de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, Lic. Alexandra Díaz; y el Exgobernador de la provincia de Esmeraldas, Coronel Javier Buitrón Flores, revelaron factores comunes que influyen en el ingreso de menores de edad a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Los tres entrevistados coincidieron en que la disfunción familiar es un factor determinante en la vulnerabilidad de los menores. La ausencia de figuras parentales, ya sea por migración o por falta de interés en la crianza, deja a los jóvenes sin orientación ni estructura. Muchos menores crecen en hogares donde la violencia es normalizada, lo que facilita su integración en actividades delictivas. Además, la falta de empleo y las condiciones económicas precarias generan un entorno propicio para que los jóvenes vean en los GDO una salida rápida y accesible. La exclusión económica afecta tanto a jóvenes sin estudios como a aquellos que han completado su formación, pero no encuentran oportunidades laborales. En muchos casos, la necesidad económica inmediata supera la percepción del riesgo asociado a la delincuencia.

Esmeraldas ha sido un territorio afectado por la violencia y la criminalidad, lo que ha creado un ambiente donde el crimen es visto como un camino viable. La presencia constante de grupos de delincuencia y el fácil acceso a armas y drogas refuerzan la percepción de que la violencia es parte del estilo de vida. El contexto de ser una provincia fronteriza con Colombia, y la cercanía con grupos narcotraficantes, aumentan la exposición de los menores a estas dinámicas. La falta de incentivos para la permanencia en el sistema educativo y la escasez de recursos para los estudiantes aumentan la vulnerabilidad de los menores. Muchos niños no asisten a la escuela porque sus familias no pueden cubrir los costos básicos como uniformes y útiles escolares. La educación es vista como un mecanismo clave de prevención, pero su acceso y calidad son limitados en varias zonas de Esmeraldas.

Los GDO captan menores mediante la oferta de dinero fácil, drogas, estatus social y protección. Utilizan eventos comunitarios, como campeonatos deportivos y actividades culturales, para generar confianza en los jóvenes antes de integrarlos a su red criminal. Los menores, al no tener referentes positivos en su entorno, terminan viendo a los delincuentes como modelos de éxito. La pérdida de valores y la falta de cohesión social han debilitado la capacidad de las comunidades para resistir la influencia de los GDO. Los criminales han tomado el rol de liderazgo en varias comunidades, presentándose como figuras de poder y éxito para los jóvenes. Se enfatiza la necesidad de reconstruir el tejido social mediante la promoción de líderes positivos en la comunidad.

Aunque existen esfuerzos por parte de la DINAPEN, la Alcaldía y la Gobernación, la falta de recursos y la falta de coordinación interinstitucional limitan el impacto de sus acciones. Se requieren programas de prevención sostenibles y con un alcance más amplio que integren no solo campañas de concienciación, sino también alternativas económicas y educativas para los jóvenes. La intervención de organizaciones internacionales y ONG ha sido valiosa, pero muchas veces se enfocan más en la teoría que en la implementación de soluciones efectivas.

El reclutamiento de menores por parte de los GDO en Esmeraldas es un problema multifacético que involucra factores socioeconómicos, familiares, educativos y estructurales. Las autoridades coinciden en que la pobreza, la falta de oportunidades, la desintegración familiar y la normalización de la violencia son las principales causas que empujan a los adolescentes a estas organizaciones. Aunque existen esfuerzos de prevención y concienciación, se necesita una mayor inversión, planificación estratégica y coordinación entre instituciones para abordar el problema de manera integral y sostenible.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran una correlación clara entre los factores estructurales como pobreza, baja escolaridad parental, desempleo y la vulnerabilidad de los menores frente al reclutamiento por GDO. Los datos estadísticos permiten identificar patrones diferenciados según edad y tipo de institución educativa, donde los estudiantes de instituciones fiscales presentan el mayor nivel de exposición directa (17,44% en el grupo de 12–14 años), mientras que los de fiscomisionales y particulares, aunque con menor contacto directo, manifiestan una disposición preocupante a participar (23,33% y 17,36% respectivamente en 15–18 años). Este fenómeno revela que la percepción subjetiva de oportunidad, estatus o protección puede resultar tan determinante como las condiciones materiales objetivas.

La discusión se enmarca en teorías del desarrollo adolescente y criminología, destacando el aporte de Moffitt (1993) y Steinberg (2010). Moffitt distingue entre delincuencia limitada a la adolescencia y persistente a lo largo de la vida, siendo la primera muy influida por el entorno social y la necesidad de afirmación del yo. En este estudio, muchos adolescentes parecen encajar en esa categoría, vulnerables a influencias del grupo de pares y motivaciones económicas inmediatas. Steinberg aporta con su modelo de doble sistema, en el que los impulsos emocionales superan la capacidad de autocontrol durante la adolescencia, lo que explica la alta disposición a involucrarse en actividades ilícitas cuando se perciben como accesibles y recompensantes.

Además, se plantea la noción de “movilidad social delictiva”, entendida como la vía alternativa que ofrecen los GDO en contextos donde el Estado no garantiza educación de calidad, seguridad ni empleo. Este concepto aparece reforzado por los testimonios de autoridades entrevistadas, quienes coinciden en que la falta de oportunidades y referentes positivos empuja a los adolescentes a idealizar a líderes delictivos, quienes ejercen poder y respeto en sus comunidades.

Un aspecto relevante en la interpretación de los datos es el alto nivel de silencio y evasión en las respuestas sobre presencia de menores en riesgo y la percepción de GDO en estudiantes de instituciones particulares, donde hasta un 71,37% prefirió no responder o dijo no estar seguro. Esta omisión puede interpretarse como temor, negación o falta de confianza en los mecanismos de denuncia y protección, y sugiere la necesidad de generar espacios escolares seguros y confiables para el abordaje del tema.

Asimismo, las causas del reclutamiento identificadas por los estudiantes refuerzan las evidencias previas, en donde el problema económico es central (28,90%), seguido por la influencia de amigos (28,82%) y la falta de supervisión parental (20,57%). Esto muestra una estructura multicausal, donde se combinan carencias materiales, vínculos afectivos débiles y presiones sociales.

En términos de prevención, es fundamental considerar que los estudiantes identificaron como medidas más eficaces la mejora de la educación (23,83%), el empleo juvenil (21,44%) y el fortalecimiento familiar (20,98%), lo que indica que incluso desde su experiencia vivida, los adolescentes comprenden las raíces estructurales del problema. Estas percepciones coinciden con la literatura académica y sugieren que cualquier política pública debe ser integral, territorializada y participativa.

El fenómeno del reclutamiento de menores por parte de los GDO en el cantón Esmeraldas no puede ser abordado únicamente desde una lógica de control o represión. Es necesario incorporar un enfoque de derechos, desarrollo humano y justicia social que articule esfuerzos entre educación, protección infantil, empleo y fortalecimiento comunitario. Solo así será posible reducir de forma sostenible el riesgo de vinculación de adolescentes a estructuras delictivas.

CONCLUSIONES

El presente estudio confirma que el reclutamiento de menores por parte de GDO en el cantón Esmeraldas constituye una problemática estructural de alto impacto, alimentada por condiciones socioeconómicas adversas, dinámicas familiares disfuncionales, entornos escolares frágiles y una presencia territorial sostenida de organizaciones criminales.

A partir del análisis de las encuestas y entrevistas con actores clave, se identificaron patrones preocupantes que demuestran una normalización progresiva del delito como mecanismo de movilidad social entre los adolescentes. Esta situación se ve agravada por la percepción distorsionada del éxito y la pertenencia que fomentan los medios, perpetuando el problema y debilitando aún más el tejido social. A pesar de los esfuerzos de intervención, el problema persiste, lo que subraya la necesidad de abordar los factores estructurales que alimentan esta dinámica.

A nivel institucional, se evidenció una disociación entre los esfuerzos estatales y la realidad comunitaria, es decir, las autoridades reconocen la gravedad del problema, pero también la limitación de recursos, la débil articulación interinstitucional y la ausencia de estrategias sostenidas de prevención.

Frente a esta realidad, el abordaje de esta problemática exige una política pública integral basada en evidencias, que combine medidas estructurales tales como educación, empleo, protección social, comunitarias como el fortalecimiento del tejido barrial y familiar; y, preventivas mediante la identificación temprana de riesgo, programas de mentoría y acompañamiento psicosocial.

El estudio pone en evidencia la urgencia de reforzar la presencia institucional en territorios capturados por el crimen; evaluar y mejorar la calidad y cobertura de los programas de prevención existentes y priorizar el enfoque de derechos y la protección integral de la infancia como eje transversal en las políticas de seguridad.

Finalmente, si bien este estudio aporta evidencia valiosa, es importante considerar sus limitaciones: el enfoque está centrado en una sola localidad, y si bien combina técnicas cuantitativas y cualitativas, no incorpora la perspectiva directa de los menores vinculados a GDO, tanto por razones éticas y por motivos de seguridad. Para futuras investigaciones se podría integrar análisis longitudinales y explorar la eficacia de programas de prevención ya implementados. Asimismo, se podría incorporar la perspectiva de las autoridades, directivos y docentes de las instituciones educativas en donde se realizaron las encuestas.

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Notas de autor

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