Investigación

Hacia la construcción de políticas públicas feministas. Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, 2019-2023

Towards the construction of feminist public policies. Alert for Violence against Women in Mexico City, 2019-2023

Sánchez García, Leticia

Leticia Sánchez García

lety_allure@hotmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México México

Géneroos

Universidad de Colima, México

ISSN-e: 2992-7862

Periodicidad: Semestral

vol. 3, núm. 5, 2025

generos@ucol.mx

Recepción: 03 marzo 2024

Aprobación: 26 noviembre 2024

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/827/82751868275186002/

DOI: https://doi.org/RevGenEr.2025.05.04

Financiamiento

Fuente: Estancia posdoctoral en el programa de becas posdoctorales en la UNAM (POSDOC)

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: El movimiento feminista y de mujeres ha visibilizado el incremento y la agudización de la violencia feminicida en la Ciudad de México. Aunque se han impulsado leyes, políticas públicas y programas, persisten la desestimación y las respuestas inadecuadas por parte del Estado. Desde la protesta, la sociedad civil, la academia y el gobierno han movilizado múltiples recursos en demanda y atención del problema; en consecuencia, en 2019 se declaró la Alerta por Violencia contra las Mujeres, un mecanismo de emergencia destinado a garantizar el cese de la violencia feminicida. Este artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de distintas posturas feministas en el desarrollo del mecanismo de política pública. La entrevista semiestructurada, aproximaciones etnográficas en la presentación de informes y en el entorno virtual, posibilitaron el acercamiento a las trayectorias feministas de las actoras, así como los límites y alcances de su participación. Los hallazgos muestran que la incidencia feminista contribuye a reorientar la manera en que el Estado interviene, con efectos visibles en la disminución del feminicidio. El proceso de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México se caracteriza como una política pública feminista, resultado de la convergencia de esfuerzos desde distintas posiciones del movimiento.

Palabras clave: Feminicidio, feminismo, género, políticas públicas, violencia contra las mujeres.

Abstract: The feminist and women’s movement has brought visibility to the increase and intensification of femicidal violence in Mexico City. Laws, public policies, and programs have been promoted; however, there is a recurring pattern of disregard and inadequate response from the State. Through protest, civil society, academia, and government have mobilized multiple resources to demand attention to the problem. Consequently, in 2019, the Gender Violence Against Women Alert was declared, an emergency mechanism to ensure the cessation of femicidal violence. This article aims to analyze the impact of different feminist positions on the development of this public policy mechanism. Semi-structured interviews, ethnographic approaches in report presentations, and virtual settings enabled an understanding of the feminist trajectories of the actors, of the key actors, as well as the limits and scope of their participation. The results show that feminist advocacy enables a reorientation of State intervention, and the effects are reflected in the reduction of femicide. The process of the Gender Violence Alert in Mexico City allows it to be characterized as a feminist public policy.

Keywords: Femicide, feminism, gender, public policies, violence against women.

Introducción

La Alerta de Violencia de Género está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sus antecedentes se remontan a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en la década de 1990 se visibilizó el asesinato sistemático de mujeres y jóvenes (Monárrez, 2000). Las madres comenzaron a buscar a sus hijas, quienes posteriormente aparecieron asesinadas, mientras las autoridades dejaron estos crímenes en la impunidad. Paulatinamente, organizaciones de la sociedad civil acompañaron a las familias, y algunos medios de comunicación lograron colocar el problema en la mirada internacional y nacional.

Diana Russell y Jill Radford (1992) conceptualizaron el asesinato de una mujer por razones de género, acuñando el término femicide para referirse al asesinato misógino de mujeres cometido por hombres. Inicialmente, este concepto se utilizó para nombrar los asesinatos en el norte de México. Posteriormente, Marcela Lagarde tradujo el término como feminicidio, incorporando a la definición el papel del Estado en su reproducción, mediante la impunidad (Lagarde, 2006a).

En 2006, mujeres feministas impulsaron en el parlamento la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana, con el objetivo de evidenciar la magnitud del problema. Entre sus hallazgos se identificó que, en un período de 10 años, más de 12 mil mujeres fueron asesinadas en el país (Lagarde, 2006b). Este diagnóstico sustentó la formulación de la LGAMVLV, que entró en vigor en 2007. En su Capítulo V, la ley contempla la Alerta de Violencia de Género, diseñada para atender situaciones graves de violencia feminicida y la inadecuada atención de las políticas gubernamentales. Posteriormente, esta normatividad federal fue armonizada en las entidades del país (Lagarde, 2006b).

Debido a los debates continuos, en 2022 se reformaron la definición, los objetivos y el procedimiento para la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género. Este proceso refleja una tendencia internacional: nombrar un problema y conceptualizarlo —como la transición de la muerte violenta de mujeres de femicide a feminicidio—, y reconocerlo formalmente para generar normatividad e implementar políticas públicas al respecto.

Sin embargo, investigaciones como las de Daniela Cerva (2018), Carina Gómez (2019), Jair García-Flores (2020), Yenifar Norma Gutiérrez (2021) y Yunitzilim Rodríguez (2019) cuestionan la efectividad de la Alerta de Violencia de Género. Estas autoras argumentan que su fracaso se debe a la ambigüedad de sus objetivos, implementación, seguimiento y evaluación. Contrario a lo esperado, la violencia feminicida ha incrementado. Asimismo, hay estudios que analizan la relación del feminismo y este mecanismo, mediante la participación de organizaciones feministas. Esto ha posibilitado que el feminicidio sea un problema atendido por los gobiernos (Falcón, 2020; Sánchez, 2022). Si bien, las investigaciones referidas sostienen el fracaso de la Alerta de Violencia de Género, los estudios sobre la participación feminista e influencia del movimiento permiten observar avances paulatinos en la intervención del Estado.

En el caso de Ciudad de México, los gobiernos han configurado un discurso oficial que presenta a la entidad como “garantista de derechos humanos”, en particular de los derechos de las mujeres. Este discurso se sustenta en la promoción de leyes, programas y políticas públicas que transversalizan la perspectiva de género. Sin embargo, las experiencias de impunidad vividas por madres, hermanas y familiares de víctimas de feminicidio, así como por sobrevivientes de violencia feminicida, en su búsqueda de justicia, eran cotidianas. Se culpabilizaba y criminalizaba a las mujeres por su propio asesinato.

A modo de ejemplo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) emitió una serie de tweets en los que divulgó información sobre la situación escolar y personal de Lesvy Berlín Rivera Osorio, una joven asesinada en Ciudad Universitaria. Las investigaciones carecían de perspectiva de género, donde, en consecuencia, los responsables quedaban en libertad, generando importantes afectaciones a las víctimas a causa de la impunidad (Bejarano, 2002; La Izquierda Diario, 2017; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio [OCNF], 2022).

Entre 2012 y 2013, de 191 asesinatos de mujeres registrados por la PGJ, sólo 70 (36%) fueron investigados como feminicidios. Durante el periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2017 (siete meses), se registraron 101 feminicidios. Los datos sobre la situación de los feminicidios, violación sexual, desaparición, trata, falta de debida diligencia en la investigación de muertes violentas de mujeres y patrones de impunidad en las diferentes instancias de justicia fueron el sustento para la solicitud de Alerta de Violencia de Género en 2017, prevista en la normatividad federal (JPP y CDH Vitoria, 2017). Sin embargo, contrario a lo estipulado por el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 1 las instancias gubernamentales presentaron dilaciones en la entrega de informes, prórrogas para la implementación de las medidas propuestas por el grupo de trabajo que estudió la situación de la violencia feminicida y, durante la alternancia política, los representantes institucionales responsables del seguimiento se ausentaron.

El gobierno sólo cumplió con el 30.5% de las recomendaciones, por lo que el grupo de trabajo encargado de su seguimiento resolvió la procedencia de la Alerta de Violencia de Género. En 2019, el gobierno federal rechazó su declaratoria (CONAVIM, 2019; Falcón, 2020). En ese mismo año la capital del país figuraba entre las seis entidades con más feminicidios, registrando 68 casos (Kánter, 2020). Sumado a ello, la violencia feminicida se incrementó bajo el modus operandi “cálmate, mi amor”, registrándose intentos de secuestro en el metro y la violación de una menor de edad por parte de cuatro elementos de seguridad pública (Animal Político, 2019; Cardona y Arteaga, 2020; La Silla Rota, 2018).

El hartazgo y la indignación colectiva motivó a que miles de mujeres, jóvenes, niñas y grupos feministas se manifestaran en el espacio público y en el digital, de manera pacífica y mediante acciones directas. Es decir, a través de la intervención en monumentos y edificios públicos o privados, algunos reconocidos como símbolos políticos y sociales (Apolinar, Aguilar y Moreno, 2022; Cardona y Arteaga, 2020). Entre las repuestas, la entonces mandataria de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó la protesta feminista como “provocaciones a las que no iban a responder”. Mediante grupos policiales se criminalizaron y reprimieron las marchas (Artículo 19, 2022; Cardona y Arteaga, 2020).

Ante estas manifestaciones, en noviembre de 2019, la jefa de gobierno declaró la Alerta por Violencia contra las Mujeres, prevista en la normatividad local. El objetivo de esta alerta es “acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las mismas” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2019). Para dar seguimiento a su implementación, se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), la declaratoria contiene 11 acciones de emergencia, así como las características de los participantes en el GIM: titulares de dependencias, 2 una persona representante por cada una de las 16 alcaldías, representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de instituciones académicas (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2019). Sin embargo, en la normatividad no se definen las pautas para su implementación.

En esta pluralidad de actores intervienen mujeres que se posicionan como feministas desde la protesta, la sociedad civil, la academia y el gobierno. Asimismo, asumen diversas posturas (como la radical, abolicionista, decolonial e institucional). En su conjunto participan en torno a la intervención del Estado frente a la violencia feminicida. En este marco, cabe preguntarse ¿cuál es la incidencia de las distintas posiciones feministas en el seguimiento de la implementación de Alerta por Violencia contra las Mujeres, para la conformación de políticas públicas feministas?

La investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de las distintas posiciones feministas —provenientes de la protesta, el activismo, la sociedad civil, la academia y la función pública— en la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, desde su declaratoria en 2019 hasta 2023. La contribución del caso radica en que la coincidencia de las distintas posiciones feministas posibilita cambios en la manera en que las instituciones plantean su intervención frente a la violencia feminicida. Esto contribuye a reconocer el potencial del mecanismo, así como sus alcances, cuando se redefinen los procesos y objetivos desde la política feminista.

Se argumenta que este mecanismo de política pública de emergencia representa un parteaguas, cuya agenda principal es enfrentar la violencia feminicida. Las actoras feministas se han apropiado de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, problematizando y contribuyendo a reorientar las formas de intervención del Estado frente a la violencia feminicida. En síntesis, se apela al carácter emancipador del feminismo.

Inicialmente, es preciso definir las herramientas conceptuales en torno al feminismo, el Estado y las políticas públicas feministas. La estrategia metodológica en este estudio recupera la incidencia feminista, mediante entrevistas semiestructuradas, aproximaciones etnográficas y una inmersión en el entorno digital. Los resultados abordan el movimiento de mujeres y feminista como parte del proceso de Alerta por Violencia contra las Mujeres, así como su especificidad. Posteriormente, se examinan las trayectorias de las actoras y la incidencia feminista en la construcción de políticas públicas, así como su implementación en los espacios de interlocución y las acciones institucionales. Se concluye que el proceso de la Alerta por Violencia contra las Mujeres puede considerarse una política pública feminista.

Feminismo, Estado y políticas públicas feministas

La relación entre el feminismo y el Estado ha sido planteada desde distintas ópticas. En la década de los ochenta, Catherine MacKinnon (1995) y Carole Pateman (1995) argumentaron su carácter patriarcal, garante del dominio masculino que, mediante las leyes e instituciones, sostiene la opresión de las mujeres. En las siguientes décadas, se recuperó su capacidad para generar cambios y transformaciones en la garantía de derechos (Hernes, McBride y Mazur, O’Connor et al, en Lopreité y Rodríguez, 2021; Skjelsbak, 2018).

El Estado es patriarcal y a través de sus leyes, instituciones y programas ha perpetuado la dominación sobre las mujeres, limitando el ejercicio de sus derechos; sin embargo, no es un ente monolítico ni homogéneo. “Hay conflictos, fisuras, espacios de confrontación y cambio” (Bodelón, 2009, p. 109). Ante la dicotomía que presenta el Estado, surgen diversas propuestas feministas; entre ellas que requiere mirarse desde una perspectiva dual, como reproductor de desigualdades y como un vehículo de cambio. Se opta por trabajar dentro de él o con él, como una vía para hacer posible la transformación de los derechos que se reclaman (Reverter, 2011). Desde una perspectiva radical, se plantea la transformación estructural del propio Estado (Lagarde, 2006b).

Con el tiempo, mujeres feministas se han integrado en las instituciones y en los gobiernos, ocupando cargos como servidoras, funcionarias públicas o gobernantas (femocrátas) que entablan relación con especialistas en género y, los movimientos de mujeres y feministas. Esta interacción es conceptualizada como el “triángulo de terciopelo” (Segura, 2021). Sus detractoras argumentan que son una minoría altamente calificada y de estratos altos que determinan y representan la “política feminista” por lo tanto, homologan los intereses de las mujeres y son “cooptadas” por los gobiernos en función de una modernización liberal (Lang, 2003; Segura, 2021). Esta aproximación limita el reconocimiento de la heterogeneidad de los sujetos feministas, sus posicionamientos teóricos y su praxis, así como las diversas agendas políticas que interactúan dentro del Estado.

En años recientes ha emergido el concepto de feminismo estatal que reconoce el impacto positivo de la incorporación de actoras feministas con objetivos feministas, que tengan efectos feministas dentro de las instituciones (Kantola y Squires, 2012; Mazur y McBride, 2008; Segura, 2021).

En este escenario, los posicionamientos feministas son comprendidos como aquellas posturas adoptadas para promover el ejercicio de los derechos de las mujeres. Estos apuntalan a la toma de conciencia de la subordinación de las mujeres (Castañeda, 2008, pp. 133-134) e idean vías de emancipación. Se construyen con relación a la experiencia individual, colectiva o institucional; por ejemplo, en el gobierno, organizaciones no gubernamentales o la protesta. Cada postura presenta su propia complejidad, dependiendo del marco de interacción y los poderes que circulan en dichos espacios (Lang y Ulrich, 2015). Los posicionamientos feministas posibilitan que las actoras se reconozcan, enuncien e incidan mediante la demanda o influencia directa.

La participación de mujeres feministas que despliegan un conjunto de estrategias, habilidades y herramientas en los procesos de toma de decisiones para la erradicación de las desigualdades, la discriminación y la violencia es conceptualizada como incidencia política feminista. Ésta es creativa y moldeada conforme a los escenarios políticos que se presenten (como la apertura o el cierre democrático) e implica la intervención de múltiples actoras que están en relación con el Estado mediante variadas formas, como la participación institucional. Su principal influencia radica en que mediante prácticas, símbolos o discursos cambian procesos y relaciones de poder en la construcción de todo el proceso de las políticas públicas, de modo que las mujeres sean las principales protagonistas (García, 2016).

El feminismo ha ganado terreno en la construcción de políticas públicas, es decir, en la intervención concreta del Estado mediante un conjunto de acciones deliberadas, efectuadas por actores gubernamentales o no gubernamentales para abordar necesidades sociales. Asimismo, ha revelado que estos no son procesos neutrales, las relaciones de desigualdad se reproducen en la intervención estatal (Anzorena, 2017). El enfoque de diseño, la intervención, los procesos y los resultados de las políticas públicas tienen efectos que impactan de manera diferenciada en la vida de las mujeres, contribuyendo tanto a la reproducción de la dominación masculina o bien, generando cambios y transformaciones.

Una política pública feminista es una propuesta teórica y política que integra el horizonte emancipador del feminismo. Consiste en aquellas acciones que incluyen demandas y actores del movimiento feminista, con objetivos feministas, en los procesos políticos, en el impacto social o en ambos (Kantola y Squires, 2012; Mazur y McBride, 2008; Segura, 2021). Esta política se nutre necesariamente de múltiples posturas y agendas feministas que abordan la situación de las mujeres (en plural, considerando sus experiencias concretas, situadas y encarnadas, atravesadas por otras categorías de opresión como la clase, el racismo, etcétera). Por lo tanto, se enriquece del diálogo, los disensos y las articulaciones, aun cuando surjan posturas antagónicas.

Estrategia metodológica

La violencia feminicida tiene por objetivo preservar la jerarquía masculina mediante actos que dañan, denigran y violan los derechos humanos de las mujeres. Este problema requiere de la producción de conocimientos orientados a desmantelar la desigualdad de género. La metodología feminista orienta la investigación ya que integra el corpus conceptual y político del feminismo, asimismo recupera la experiencia femenina de las involucradas (Castañeda, 2008; Harding, 1998).

Se comparte la postura de que la Alerta por Violencia contra las Mujeres moviliza la maquinaria institucional y contribuye a enfrentar la violencia feminicida (Lucas y Roth, 2018). Desde un plano crítico, frente a la dualidad estatal y de reconocimiento al compromiso de algunas mujeres en puestos de decisión, la mirada feminista permite generar conocimientos sobre los alcances del feminismo en el Estado. Las experiencias de las actoras son el principal recurso analítico para comprender las estrategias que despliegan en el proceso para influir en la política pública.

Se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicas y funcionarias de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), esta última derivó de la interlocución de las actoras, aspecto que fue identificado durante el trabajo de campo. Las entrevistadas participaron en la solicitud del mecanismo en 2017 y en la implementación entre 2019-2023. El criterio de selección se basó en que todas las participantes tuvieron un rol activo en alguna etapa del proceso de la Alerta por Violencia contra las Mujeres y se asumen como feministas.

En un ejercicio de reconocimiento como sujetas involucradas en la investigación, que apela, entre otros aspectos, a prácticas de cuidado y que les permita enunciarse a sí mismas (Castañeda, 2008, p. 116), al indagar con las entrevistadas sobre la manera de hacerlo, algunas señalaron que se las definiera a partir de su participación institucional ya que sus experiencias se sitúan desde ahí. Esta manera de enunciarlas permitió mayor apertura al momento de explorar su participación. En el caso de los eventos públicos, se nombra a las mujeres que tomaron la palabra.

Además, se realizaron aproximaciones etnográficas mediante la observación participante, registradas en el diario de campo y en las relatorías del entorno digital. Se observaron prácticas, discursos e interacciones en espacios de encuentro, como la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) posterior a la declaratoria, así como la presentación de cuatro avances anuales y mensuales de la implementación del mecanismo.

Finalmente, la sistematización de la información se basó en la teoría fundamentada, mediante la codificación y saturación de categorías de análisis (Strauss y Corbin, 2002). El análisis de las trayectorias de incidencia responde a identificar las posturas y agendas feministas que encuentran puntos de coincidencia. Mediante la participación de las actoras en el proceso se identificaron elementos sobre el enfoque, objetivos y efectos feministas en la política pública.

Resultados

El movimiento feminista en Ciudad de México

La Ciudad de México se caracteriza por la trayectoria del movimiento feminista en la incorporación de la violencia contra las mujeres en la agenda pública, un proceso que se articula tanto en el contexto nacional como internacional. En la década de los setenta, grupos de mujeres y feministas comenzaron a visibilizar el hostigamiento sexual y la violencia familiar (Lamas, 1994, 2018: Lang, 2003, 2005). La trayectoria de una académica del grupo de trabajo que estudió la solicitud de Alerta de Violencia de Género se remonta a este periodo.

Las feministas desde los setenta planteamos, sobre todo a mediados de los ochenta, que el Estado tenía que hacerse cargo de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y de brindar espacios de atención que no existían. Apenas en los ochenta se crearon las primeras agencias especializadas en delitos sexuales. […] Es muy poquito tiempo que el Estado toma cartas en el asunto (Académica del grupo de trabajo, comunicación personal, 19 de enero de 2024).

En la década de los ochenta, algunas mujeres comenzaron a organizarse en torno a demandas laborales, de clase y de violencia, entre otras, dando lugar al movimiento de mujeres. Gradualmente, se transformaron en grupos feministas que, sin embargo, fueron marginados y estigmatizados. En la siguiente década, en el contexto de modernización del país, las mujeres se integraron a actividades económicas remuneradas, ampliaron sus niveles educativos y protagonizaron movimientos sociales, lo cual les dio visibilidad en el espacio público. En este contexto, el gobierno priista buscó legitimidad incorporando demandas sociales al discurso oficial, entre ellas, la violencia de género (González, 2007; Lang, 2003). Los grupos feministas se conformaron en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y adquirieron relevancia en el escenario político. Este fue un periodo donde se consolidó el feminismo académico mediante programas sobre la mujer o de género en las universidades. Además, se reformuló el papel del Estado, ya que los partidos políticos enfatizaron en la participación ciudadana y contrataron a mujeres como funcionarias gubernamentales que se asumían o actuaban como feministas (Lamas, 1994; Lang, 2003).

Paralelamente, las políticas internacionales, principalmente la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en su Declaración y Plataforma de Acción (1995), oficializaron un lenguaje institucional para introducir la perspectiva de género desde el interior del aparato estatal; es decir, en las políticas públicas, las leyes y la vida cotidiana de las instituciones. Mediante el enfoque de la transversalidad de género —que alude a la dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas— se edificó un aparato institucional, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), creado en 1999. De esta manera, comenzó un periodo de gestión jurídica y de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres (López y Maier, 2014). Este panorama evidencia la consolidación de actoras feministas en distintos ámbitos institucionales.

El movimiento feminista en Ciudad de México ha logrado incorporar en la agenda pública el problema de la violencia de género, en consecuencia, se han formulado leyes, programas y políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Pese a estos avances, la violencia feminicida ha persistido en las últimas décadas. Se ha documentado que las autoridades desestiman la violencia para proteger la imagen pública de la ciudad, del país y de los mismos gobiernos (Lagarde, 2006b). Estas prácticas perduraron durante el gobierno de la Cuarta Transformación, cuya relación con el feminismo es ambivalente. Un sector del movimiento impulsó el arribo al ejecutivo federal del nuevo proyecto político del partido de izquierda y se designaron a importantes feministas en cargos importantes, como Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, en 2018, al asumir la representación del país, se desestimaron los problemas de las mujeres, por ejemplo, se redujo el presupuesto a INMUJERES y los refugios para mujeres maltratadas (Beer, 2021, p. 12), contribuyendo a perpetuar el dominio masculino, la impunidad y la nulificación de derechos. En ese mismo año, una mujer, con un respaldo importante del ejecutivo federal, encabezó el gobierno de la Ciudad de México y declaró la Alerta por Violencia contra las Mujeres, con ello diversas actoras consolidaron la incidencia feminista en el Estado.

Alerta por Violencia contra las Mujeres

La declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres es un logro del movimiento feminista que ha conseguido que el gobierno intervenga ante la violencia feminicida. En este campo de estudio, dicha Alerta ha sido caracterizada como una política pública, un instrumento o un mecanismo. Como política pública, se refiere a una serie de decisiones estatales orientadas a intervenir en un problema considerado público, mediante diversas acciones, en las que participan una pluralidad de actores en la coordinación y la toma de decisiones. Como instrumento o mecanismo se inscribe en categorizaciones de tipo legal, normativo o de regulación, entendidas como elementos operativos que, en un sentido metafórico, componen una maquinaria con la fuerza para movilizar sus componentes.

Desde esta perspectiva, la Alerta por Violencia contra las Mujeres presenta una dualidad, como política pública de orden superior genera acciones de gobierno a partir de la intervención del grupo de trabajo y del GIM; en términos de operación, estos actores dan seguimiento y en su mayoría implementan las políticas públicas (Tiburcio, 2024). Esta dualidad permite concebirla como un mecanismo de dimensión circular: está articulada con su implementación y seguimiento para que las acciones que se deriven sean efectivas y, al mismo tiempo, la alerta actúa como un mecanismo que promueve políticas públicas que atiendan el problema de la violencia feminicida.

Entre los elementos para que la política pública sea adecuadamente implementada se encuentra la claridad de su conceptualización, con la finalidad de elaborar políticas públicas que estén enfocadas en el problema que se desea prevenir y erradicar (Castro, 2012; López y Maier, 2014). En lo cotidiano es común encontrar referencias como “alerta de género” debido a su encuadre normativo federal. La particularidad de la Ciudad de México, al adoptar el término mujeres, permite enunciar al sujeto a quien está orientada la política pública y colocarlas en el centro de la norma, las políticas públicas y en las acciones de prevención, atención, seguridad y justicia.

El género es una categoría analítica que explica el orden establecido a partir de la diferencia sexual. Los atributos, las normas, los espacios, los símbolos son diferenciados para hombres y mujeres, en culturas específicas (Lamas, 2000; Scott, 2008). Desde el feminismo, el concepto de género ha sido fundamental para entender la violencia contra las mujeres; sin embargo, surgen interrogantes sobre las fronteras de la dominación masculina, la desigualdad de género y el maltrato a las mujeres.

La violencia de género […] derivaría del postulado fundamental que sostiene que hay un orden social que beneficia a los hombres y privilegia lo masculino en detrimento a las mujeres y lo femenino, que produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y esa forma de violencia fundada en todo ello y que por eso llamamos violencia de género. […] Si bien, se trata de una definición ampliamente utilizada, presenta un problema fundamental: supone que sólo puede ejercerse contra mujeres (Castro, 2012, p. 26).

La Alerta por Violencia contra las Mujeres es un mecanismo de emergencia, aspecto profundamente político. Evidencia que la inadecuada actuación del Estado contribuye a la gravedad de la violencia feminicida. La urgencia es considerada no en la prontitud de sus resultados o efectos esperados, sino en la actuación inmediata de los gobiernos. Las mujeres que están en riesgo deben de ser protegidas sin dilación, con medidas excepcionales ante la magnitud y severidad de la violencia (Falcón, 2020; Jiménez, 2021).

El documento de la declaratoria señala que la administración de Claudia Sheinbaum había avanzado en la implementación de acciones y estrategias para enfrentar la violencia de género, como la creación de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio y la profesionalización del cuerpo policial, por mencionar algunas (Gaceta Oficial, 2019). Sin embargo, ante la protesta feminista que demandaba acciones más contundentes, la entonces mandataria de la ciudad se dirigió a la titular de la SEMUJERES y solicitó la activación del mecanismo. “Fue literal, en una semana, la jefa de gobierno dijo ‘quiero decretar la alerta’ a que se decretó y a la semana siguiente se estableció el GIM y empezó la maquinaria a andar” (funcionaria de SEMUJERES, comunicación personal, 5 de diciembre de 2023).

Entre las dificultades para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas se encuentra la primacía de los decisores por encima de las reglas (normatividad), entre otros factores (Zaremberg, 2013). La voluntad política es un factor que encauza las políticas públicas, además de articular a las instituciones en respuesta a la autoridad máxima de la entidad. Con la declaratoria de la Alerta, el gobierno reconoció públicamente la existencia de la violencia feminicida en la Ciudad de México y el papel de las instituciones en su reproducción. Enseguida, adoptó el discurso de compromiso con las mujeres para “trabajar conjuntamente con la sociedad, instancias de la Ciudad de México que es el ejecutivo, legislativo, judicial y organizaciones de la sociedad civil” (Sheinbaum, 2019, 44:13). Mediante la creación del GIM, se congregó a las actoras feministas que comenzaron un proceso de incidencia con y frente al gobierno. Antes de ahondar en el desarrollo de este mecanismo, resulta necesario caracterizar a las actoras que intervinieron, con el fin de comprender el trasfondo de su enfoque de intervención.

Trayectorias de incidencia

Las mujeres entrevistadas se asumen como feministas, al igual que la mandataria de la entidad, la titular de la FGJ y de la SEMUJERES —quienes lo manifestaron públicamente— (GobCDMX, 2020, 16:19, 46:22; GobCDMX, 2023, 57:37). En el ámbito institucional, el feminismo es heterogéneo, e incluye posturas como el feminismo radical, abolicionista, decolonial y el feminismo institucional.

Desde hace muchos años me asumo y enuncio como feminista. Ya no lo digo tan abiertamente, pero como feminista radical. Asumo la teoría que analiza, que dice que el género es opresión, es un sistema de orden jerárquico donde lo que se considera femenino está por debajo de lo que se considera masculino, asociado a los hombres y que nuestros cuerpos, la sexualización y el uso de nuestros cuerpos es parte de nuestra opresión. Entonces, desde ahí analizo los problemas, pienso en las soluciones, en las intervenciones de política pública, pienso en cómo escribimos un documento, cuido mucho las palabras, estoy pensando desde ahí (funcionaria de SEMUJERES, comunicación personal, 5 de diciembre de 2023).

El feminismo radical considera el sexo como una categoría social y política, y busca desentrañar la raíz de la dominación (Puleo, 2005, cursivas de la autora). El feminismo abolicionista tiene como objetivo eliminar la explotación sexual producto del patriarcado, principalmente la prostitución. La dominación hacia las mujeres no es sólo resultado de la diferencia sexual; el género, la colonialidad, el racismo, el capitalismo y el heterosexismo son parte de la crítica de la decolonialidad (Lugones, 2011). Las ideas principales de estas corrientes coinciden en que el Estado es patriarcal y plantean formas de resistencia a su dominio, como la lucha de las mujeres indígenas por la autonomía de sus pueblos. Otras propuestas buscan abrogar el dominio masculino a través del punitivismo. Finalmente, el feminismo institucional se posiciona desde el Estado para promover los derechos de las mujeres. Estas posturas son críticas entre sí, y sus bases teóricas y políticas sustentan las distintas agendas de las actoras.

En las trayectorias de las entrevistadas y algunas funcionarias, la mayoría ha tenido interlocución con mujeres indígenas y ha acompañado a víctimas y madres de víctimas de feminicidios. En el caso de mujeres del gobierno y la academia, todas han recorrido el camino de la sociedad civil y de colectivas. Además, han participado en la lucha feminista durante períodos que van de una a cinco décadas, se han profesionalizado en el tema y han trabajado en Alertas de Violencia de Género en otras entidades del país.

El trabajo de Sayuri Herrera al frente de la Fiscalía [de Investigación del Delito de Feminicidio] ha sido definitivo, no sólo por su visión, no sólo porque viene del OCNF [Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio], de la sociedad civil, de la atención a la violencia feminicida y después se integró a la fiscalía a partir de una convocatoria amplia donde fue elegida por todas sus virtudes, su conciencia en este tema y muchos otros de justicia social. Estamos seguras de que hoy que está al frente de la coordinación […] va a dar otra visión mucho más integral y de mayor atención a las mujeres de la ciudad (Sheinbaum, 2022, 01:01:30).

Entre sus agendas destacan la violencia institucional, la violencia sexual y el acceso a la justicia, por mencionar algunas. El compromiso feminista de las actoras se caracteriza por sus amplias trayectorias y posturas que problematizan el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, que viven en realidades concretas.

Considero que han puesto a personas claves en ciertas instituciones. Cuando digo “personas claves” son que reúnen varias características. Una de ellas es una sensibilidad profunda hacia el tema y un compromiso con el tema, con la problemática. […] Además, tienen un compromiso previo, histórico de mucho tiempo atrás. Entonces, el hecho de que esté una persona ahí que sea clave para que haya avances en la materia es importantísimo, o sea, personas clave en los puestos clave es fundamental (académica del GIM, comunicación personal, 19 de diciembre de 2024).

En el desarrollo de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, las posturas feministas de las actoras son heterogéneas. No obstante, se identifican puntos de coincidencia en cuanto al conocimiento del problema, su sensibilidad y el compromiso para erradicar la violencia feminicida. Desde sus perspectivas, problematizan las acciones gubernamentales.

El primer año se hacen pasos importantes, otros que para mi evaluación no lo son, sobre todo por parte de instituciones como la fiscalía y la SEMUJERES que focalizan la creación de un Banco de Datos de ADN de violadores. Desde mi evaluación y posicionamiento feminista —que es un posicionamiento de feminista académica radical— pues no. El Banco de Datos de ADN es muy bueno para comunicar el problema de que las instituciones están haciendo algo, pero es un instrumento de una política punitivista del Estado al problema de violencia de género (académica del GIM, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023).

Lo anterior evidencia que, en la Alerta por Violencia contra las Mujeres participan mujeres feministas que defienden intereses feministas y asumen posicionamientos que se entretejen con sus trayectorias de incidencia.

Incidencia feminista en la construcción de la política pública

El 25 de noviembre es simbólico para el feminismo, ya que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal “Las Mariposas”, asesinadas durante la dictadura en la República Dominicana (Alpízar, 2003). En 2019, en esa fecha, se declaró la Alerta por Violencia contra las Mujeres, donde, en su amplitud, el gobierno entabló una interlocución directa con el movimiento feminista.

Para que las políticas públicas no queden en la retórica, se requiere de una estructura de organización, planificación y operación, diseñada para intervenir en la realidad (Anzorena, 2013). Estos aspectos se fueron construyendo a lo largo del desarrollo de la política pública. En la instalación del GIM, después de la presentación de las y los asistentes, un integrante de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) proyectó las acciones que el gobierno tenía que implementar, señalando lo siguiente: “la palomita significa que está cumplido, en puntos o está por iniciar” y fue mencionando las actividades que se estaban realizando (Sheinbaum, 2019, 10:42). La orientación de la política pública se caracteriza porque la lógica de sus resultados es de carácter cuantitativo y está asociada al valor de logros inherentes a la política masculina (Cerva, 2010). Esta lógica fue cuestionada por académicas, activistas y la sociedad civil del GIM, quienes abordaron la pertinencia de las acciones de la declaratoria, la necesidad de incorporar medidas preventivas inmediatas —como las órdenes de protección— y de tener un plan estratégico (Sheinbaum, 2019, 29:06). Cuatro meses después, realizaron un pronunciamiento público, un “llamado al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones contundentes”, con metas, indicadores y un plan —o metodología— de seguimiento (Equis Justicia para las Mujeres, 2020). Aunque era una solicitud constante, seguía sin haber claridad sobre el cómo, para qué y los efectos de esas medidas. “En la CDMX nos tuvimos que inventar el camino. […] Este proceso ha sido mucho de gestionar tensiones, de gestionar desacuerdos” (funcionaria de SEMUJERES, comunicación personal, 5 de diciembre de 2023).

El primer año de la declaratoria se caracterizó por la interlocución del GIM. Las alianzas feministas entre mujeres son una alternativa política para desmontar las estructuras de dominación masculina, las cuales se basan en el reconocimiento de un proyecto político en común que posibilita articular distintas posturas y agendas (Lagarde, 2012). Estas alianzas se formaron entre algunas actoras de la sociedad civil, academia y activismo que se posicionan frente a las autoridades gubernamentales. Sus análisis sobre las acciones del gobierno trascendieron la lógica de resultados-cumplimiento de la política pública, dirigiendo la mirada al impacto en la violencia feminicida.

Llegamos por distintas razones. Al principio nos dimos cuenta de que había distintas expectativas, pero empezamos a coincidir, pero ¿en qué quieren lograr?, ¿por qué esas acciones y no otras?, ¿pero se pueden sumar o no? Empezamos a tener conversaciones grupales. En vez de dividirnos, cada quien podía seguir defendiendo lo que le interesara institucionalmente, organizacionalmente, pero tener comunes denominadores y el tema de la metodología con la que íbamos a trabajar, no como fin en sí mismo, sino como medio para lograr algo, para no empantanarnos como siempre nos empantanamos en estos ejercicios, fue un articulador. […] Lo que se fue creando institucionalmente también ayudó a tener otro tipo de conversaciones. Que no es “lo estamos haciendo bien”; es “estamos diseñando este protocolo, necesitamos su retroalimentación”. Eso ya cambia mucho la discusión, porque entonces es ¿cómo construimos juntas?, ¿cómo mejoramos lo que se está haciendo? (integrante de sociedad civil del GIM, comunicación personal, 5 de diciembre de 2023).

Por su parte, algunas actoras del gobierno definieron este espacio como complejo debido al cuestionamiento sobre su intervención desde un lugar estatal. “Justamente la alerta viene de una molestia muy válida, claro que a una le toca de este lado” (funcionaria de la SSC, comunicación personal, 23 de enero de 2024).

La pandemia por covid-19 agravó la violencia contra las mujeres e interrumpió procesos. La protesta feminista en el espacio público, cuya fuerza fue nodal para el avance de la política pública, se diluyó. El confinamiento propició que muchas mujeres, jóvenes y niñas se enfrentaran a un mayor riesgo de violencia, derivadas, por ejemplo, de las tensiones en el hogar y un mayor aislamiento (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2020). 3 Las reuniones del GIM pasaron al espacio virtual, lo que debilitó su unión. “Es super importante en el proceso de alerta establecer alianzas, estrategias comunes y eso sí, la pandemia lo interrumpió, no lo posibilitó como podía ser” (académica del GIM, comunicación personal, 27 de noviembre de 2023).

La dinámica del GIM fue difícil, las lógicas de presentación consistían en enunciar las acciones institucionales que reflejaban algunos obstáculos, entre ellos “no había una coordinación con el gobierno federal salvo cuando INMUJERES iba a decir ‘fantástico, todo maravilloso´” (integrante de sociedad civil del GIM, comunicación personal, 5 de diciembre de 2023). El GIM comenzó a presentar intermitencias, “perdió protagonismo”, incluso la jefa de gobierno paulatinamente dejó de asistir, lo que derivó en la dilación del grupo. Posteriormente, el gobierno de la entidad comenzó a presentar públicamente informes mensuales de avances. Sus asistentes eran servidoras y servidores públicos de las dependencias del gobierno, las y los representantes institucionales, la mandataria de la entidad y en menor medida el GIM, lo que limitó el diálogo con el grupo (Diario de campo, 23 de noviembre de 2023).

El Estado es un espacio en constante disputa, donde se despliegan luchas políticas entre proyectos políticos diferentes. Está atravesado por relaciones de poder, mecanismos burocráticos, espejismos y ejercicios de poder (Martínez, Rátiva, Cevallos y Mokrani, 2015). En él circularon posicionamientos feministas, se establecieron alianzas y también se reprodujeron prácticas inherentes a la cultura institucional, como la intermitencia de representantes de instituciones clave (por ejemplo, la Secretaría de Salud, del Tribunal Superior de Justicia, entre otros). No obstante, en la presentación de informes públicos, algunas actoras gubernamentales ampliaron los discursos feministas sobre el problema y la forma de construir las políticas públicas.

Estoy convencida de que el combate a la violencia exige, además de políticas, procesos de diálogo y construcción participativa, de encuentros que favorezcan y fortalezcan el avance de la agenda para el adelanto de las mujeres. Por ello, nos reivindicó como feministas, como una condición fundamental en la construcción de una ciudad más igualitaria, más incluyente, más justa, y más digna. Larga vida a las mariposas (Ingrid Gómez Saracibar, en GobCDMX, 2020, 16:19).

Esta es la suma de los esfuerzos de todos los poderes públicos y de la sociedad civil para combatir la “violencia machista” (Ernestina Godoy Ramos, en GobCDMX, 2020, 18:28).

Para Marcela Lagarde, la política feminista es vista —y construida— de diversas maneras. Entre ellas, como una acción pública para acceder a posiciones que permitan incidir en la sociedad para acaparar poderes y ejercerlos sobre otros. “Gran cantidad de mujeres reconoce que, a pesar de lo negativo de la política, la presencia de más mujeres en estos espacios potencia la autoridad del discurso y concreta acuerdos imprescindibles para lograr cambios” (Lagarde, 2012, p. 303).

Mediante la polifonía de voces en esos puestos de decisión política, como una condición necesaria de la política feminista, se convoca a la comprensión y atención del problema en sus distintas dimensiones. Una forma de incidencia feminista es incluir discursos sobre los problemas y necesidades de las mujeres. En un espacio público, mediante la presentación de un informe institucional, al incorporar el concepto de violencia machista, se reconoce que es ejercida principalmente por varones y está incrustada en la cultura. En concordancia, las acciones de implementación que promueven mujeres feministas se encaminan hacia la garantía de derechos.

Incidencia feminista en la implementación del mecanismo

Los diálogos con las integrantes del GIM y la incidencia de las distintas actoras gubernamentales tuvieron efectos en la reorientación de las acciones del mecanismo. Entre las principales demandas del movimiento feminista se encuentra, contrarrestar la impunidad. En este sentido, la declaratoria señaló medidas en materia de acceso a la justicia.

1. Enviar la propuesta para incorporar la iniciativa de ley de la fiscalía en la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia.

2. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de justicia para una atención más cálida, rápida y digna (Gaceta Oficial de la CDMX, 2019).

Tanto la capacitación como los espacios adecuados son fundamentales en la atención de la violencia contra las mujeres. Además, en el marco de la implementación del mecanismo hubo un replanteamiento institucional. Entre los más representativos, se designaron a mujeres comandantes en la fiscalía de delitos sexuales (antes, los responsables eran hombres adultos mayores, cuya mirada podía inhibir el proceso de las mujeres víctimas). 4 Se creó una fiscalía especializada en feminicidios, con áreas dedicadas a la tentativa de feminicidio, transfeminicidio y al seguimiento de casos de feminicidio de mujeres cuya identidad es desconocida (temas invisibilizados), así como medidas para las infancias en orfandad, por mencionar algunos (funcionaria de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ, comunicación personal, 4 de diciembre de 2023).

La alerta ha establecido un modelo de actuación integral para enfrentar la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. […] En toda muerte violenta de una mujer, inmediatamente, es aplicado el protocolo para investigarlo como feminicidio. […] Su aplicación desde los primeros actos de investigación y el fortalecimiento de la fiscalía especializada de feminicidios nos ha permitido lograr un incremento del 82% en el número de agresores que llevamos ante los jueces. […] La fiscalía se ha enfocado en obtener órdenes de aprehensión y detener a todos aquellos que agredan a las mujeres y las priven de la vida (Ernestina Godoy Ramos, en GobCDMX, 2020, 40:14).

Estas acciones se orientaron a resarcir las deficiencias institucionales en la investigación de muertes violentas de mujeres, así como en los aspectos de atención y justicia. Durante el proceso de implementación, se encuentran otras expresiones del movimiento feminista. En algunas instalaciones, durante la presentación de informes públicos o en documentos oficiales, resuenan consignas como “No estás sola”, acompañadas del símbolo de venus (♀), el uso de pañuelos morados y verdes, botones color naranja, el puño en alto, incluso el uso del color morado. Estas son manifestaciones de que el feminismo, mediante sus símbolos, ha sido extendido por mujeres en el Estado.

Para nosotras, cuando asumimos la fiscalía de feminicidio y ahora la coordinación de género, una manera de apropiarnos del espacio, de decir “estamos aquí, nosotras, las mujeres, feministas, estamos aquí en este lugar de poder, de autoridad, ocupando este espacio institucional” fue pintar las paredes de lila, o morado, no sé cómo lo veas tú. Fue una forma de instalar una idea, también institucional, de que llegamos para quedarnos, no nosotras como personas sino las mujeres. […] Y de reconocerles también que estamos aquí porque ese movimiento [feminista] que incomoda tanto y que nos incomoda, existe. Y qué bueno que exista porque es el que nos dice día a día que lo que hacemos no es suficiente. Y que no debemos olvidar que no es suficiente (funcionaria de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ, comunicación personal, 4 de diciembre de 2023).

El feminismo es un movimiento social que se ha expandido a las instituciones. Sus símbolos afianzan un sentido de pertenencia porque expresa vivencias compartidas por el común de las mujeres (Manzano, 2019). Desde este movimiento, las actoras discursivamente, en la praxis y simbólicamente han incidido en la orientación de la política pública y sus acciones.

Discusión

La trayectoria del feminismo en la Ciudad de México reconoce la dualidad del Estado, sobre su papel en la reproducción de la violencia, también, como un campo de transformación para la emancipación de las mujeres. El movimiento feminista en la entidad es plural en sus formas históricas, contextos culturales y en su contenido político y teórico (Cameron, 2019).

A partir de la década de los setenta, algunas mujeres feministas han desplegado una serie de estrategias en el espacio público e institucional para incluir la violencia contra las mujeres en la agenda pública; sin embargo, persiste la constante negativa de los gobiernos para priorizar el problema, como sucedió con la cuarta transformación. En 2017, la solicitud de Alerta de Violencia de Género realizada por la sociedad civil, y la protesta feminista documentada en 2019, fueron nodales para la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, la cual enuncia el problema y el sujeto de la política pública. Se basa en una demanda del movimiento feminista, entendida como una construcción colectiva, producto del movimiento de abajo hacia arriba. Inicia desde las bases para desarrollar procesos de incidencia feminista que influyan en la implementación de políticas favorables a los derechos de las mujeres. Estos son el resultado de la presión y organización que realiza el movimiento (Skjelsbak, 2018).

Mediante el grupo de trabajo y el GIM, mujeres feministas con trayectorias en materia de violencia de género y diversas posturas feministas crearon estrategias de incidencia frente al gobierno. En el caso de la protesta y la sociedad civil, encontraron coincidencias con la academia respecto a que es responsabilidad del Estado atender adecuadamente el problema, más allá de las lógicas institucionales de cumplimiento. En este marco, las tensiones frente al gobierno se ubican en cómo el Estado construye la política pública. Es decir, la articulación del GIM fortaleció los cuestionamientos al gobierno sobre la pertinencia de las acciones (que no respondían a la atención del problema, como el banco de ADN), la necesidad de reorientarlas para que la intervención estatal tuviera claridad sobre los objetivos y sus efectos. En el feminismo, la crítica es horizontal y ascendente, desde la cotidianeidad hasta las formas en las que el poder circula y se ubica dentro del Estado (Falcón, 2020).

La forma de hacer política feminista se nutre del diálogo y del cuestionamiento de las políticas públicas tradicionales concebidas en clave masculina. También, del conocimiento y análisis de las normas, la estructura burocrática y de los procesos de la política pública (García, 2016). La política feminista en este proceso apeló a la voluntad política. El papel de la jefa de gobierno permitió movilizar la maquinaria institucional debido a la jerarquía que ocupa. No obstante, persistieron renuencias de algunos representantes institucionales que, en sus intermitencias o ausencias, debilitaron el proceso de interlocución.

Es difícil suponer que existen procesos de construcción de una política pública sin disensos, más aún cuando integra a múltiples actores y actoras, como es el caso de estudio. Aún con ello, se identifican algunos ejes articuladores entre las entrevistadas, entre los que destacan la premisa teórica del feminismo sobre la jerarquía masculina que sostiene la dominación sobre las mujeres, el papel del Estado en la reproducción de la violencia feminicida y el horizonte transformador, mediante el compromiso adquirido por su participación en los espacios institucionales o de protesta.

Como mecanismo, el proceso de implementación inicialmente estuvo en constante interlocución con el GIM. La creatividad del feminismo claramente es reflejada en la expresión que usó una funcionaria de SEMUJERES: “Nos tuvimos que inventar el camino”. Es decir, ante la ausencia de la normatividad que estipulara un procedimiento para implementar las acciones derivadas de la declaratoria, se idearon una serie de estrategias para su materialización. En el GIM se presentaban las acciones, sin embargo, después de la pandemia se trasladaron a informes públicos. En estos espacios, la articulación del discurso feminista con la orientación de las medidas evidencia que las instituciones deben de tener la capacidad para atender el problema, como una fiscalía de feminicidios, la aplicación del protocolo de feminicidio para obtener elementos que permitan la detención de hombres agresores y, medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, por mencionar algunos. Asimismo, para que las acciones tuvieran un impacto que mejore la condición de las mujeres fue esencial revisar a las instituciones en su interior.

Las instituciones de justicia, históricamente, han sido objeto de cuestionamientos por parte del movimiento feminista debido a la impunidad que se documentó desde la década de 1990. Entre las acciones que promovieron feministas que ocupan espacios de toma de decisión fueron que la fiscalía de feminicidios replanteó los perfiles del personal, las formas de trabajo y la visibilización de problemáticas olvidadas, de manera coordinada entre varias instituciones. Estos fueron algunos elementos que contribuyeron a la disminución del 30% de feminicidios, tres años después de la declaratoria de la Alerta por Violencia contra las Mujeres. Las políticas públicas feministas reflejan intereses feministas, su proceso y resultados cambian la condición social de las mujeres en la promoción de igualdad de derechos (Mazur y McBride, 2008).

Diversas investigaciones han documentado la ineficacia de la Alerta de Violencia de Género en otras entidades del país. Entre sus resultados, la violencia feminicida sigue en aumento (Cerva, 2018; García-Flores, 2020; Gómez, 2019; Gutiérrez, 2021; Rodríguez, 2019). En Ciudad de México, entre 2020-2023, los casos de feminicidio disminuyeron de 60 a 38 casos (SEMUJERES, 2023). El feminicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres y le precede un continuum de violencias, por lo que aún queda largo recorrido para erradicarlo; sin embargo, contrario a las investigaciones documentadas sobre el mecanismo, en la entidad de estudio se evidencia que las características de una política pública feminista inciden en sus alcances. Los discursos, las formas de hacer política y los símbolos feministas (como los adoptados en la PGJ) trascienden la visión determinista entre la consecución de ley-política pública-cumplimiento. Por el contrario, es procesual, contextual y está construida por actores y actoras que potencialmente inciden en los alcances de la política pública.

Por lo anterior, en respuesta a la pregunta de investigación: ¿cuál es la incidencia de las distintas posiciones feministas de mujeres —en la protesta, academia, sociedad civil y la función pública— durante el seguimiento de la implementación de Alerta de Violencia contra las Mujeres, para la conformación de políticas públicas feministas? Se identifica que la incidencia feminista de las actoras se basa en trayectorias de compromiso, en estrategias que despliegan mediante alianzas, comunicados, discursos y símbolos feministas. En su conjunto, esto permitió que se desencadenaran procesos que reformularon la manera en que intervienen las instituciones frente a la violencia feminicida. Desde la manera en que plantean el problema, a quiénes van dirigidas las acciones, cómo y quiénes las materializan, así como sus efectos. En consecuencia, es posible caracterizar este proceso como una política pública feminista.

Las actoras entrevistadas identificaron dificultades y avances derivados de la implementación de Alerta por Violencia contra las Mujeres, entre ellas los cambios de gobierno, un aspecto cotidiano de la vida política, que implican cambios en la institución, que van desde el personal, hasta las acciones realizadas. Señalaron la necesidad de institucionalizar lo existente.

Si queremos institucionalizar porque queremos que lo que ha funcionado se quede, se fortalezca, que no haya otra vez otros equipos, otra vez queriendo buscar el hilo negro, que puedan construir sobre lo que ya avanzamos y no trabajar desde cero otra vez (funcionaria de SEMUJERES, comunicación personal, 5 de diciembre de 2023).

En la experiencia de implementación del mecanismo en Ciudad de México, se han realizado avances cuya propuesta, desde las mismas actoras, es que sean institucionalizadas y formen parte de la vida cotidiana de las instituciones. Estas prácticas permitirían pensar en la posibilidad de levantar la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres. Este proceso refleja lo tangible del proyecto emancipador del feminismo. Es un proceso feminista, impulsado por feministas, basado en demandas feministas, creativas al contexto que se presenta. “Cada uno de los feminismos lleva consigo el enorme potencial de su capacidad creativa, de su capacidad para imaginar lo distinto, lo radicalmente otro” (Castañeda, 2016, p. 16).

Conclusiones

El proceso de incidencia feminista en la Alerta por Violencia contra las Mujeres en Ciudad de México permite caracterizarla como una política pública feminista. Deviene de un largo proceso de demanda del movimiento feminista al Estado para que atienda la violencia feminicida. La particularidad de la entidad es que coloca a las mujeres en el centro de la política pública y sus acciones; es decir, muestra claridad en el planteamiento del problema y del sujeto a quien está dirigida. Con la declaratoria, el gobierno reconoció públicamente la violencia feminicida y su papel en la reproducción de esta violencia, en consecuencia, convocó a una pluralidad de actoras y actores para definir el rumbo de su implementación.

Las trayectorias de incidencia feminista, además de que reflejan el conocimiento teórico y en la praxis, así como su compromiso, reafirman que el perfil político de las involucradas influye en que la política pública sea adecuadamente formulada en relación con el problema que se busca erradicar.

La Alerta por Violencia contra las Mujeres puede entenderse desde dos dimensiones. La primera, la construcción de la política pública feminista se caracterizó por las alianzas y estrategias que se entablaron desde la protesta, la sociedad civil y el ámbito académico, para que el Estado reformulara su intervención mediante acciones pertinentes. Su articulación se sustentó en la responsabilidad del Estado para atender adecuadamente el problema. A su vez, la voluntad política, manifestada en la jerarquía de la cultura institucional, la adopción de discursos feministas y la participación dialógica, fueron factores que movilizaron la maquinaria institucional.

La segunda dimensión corresponde a la implementación. Debido a que la impunidad es una demanda añeja, este escrito se limitó a abordar la reorientación de las acciones en materia de justicia. Las medidas de la declaratoria estaban encaminadas a la capacitación y atención; sin embargo, las mujeres feministas que ocupan cargos de decisión en la FGJ promovieron atender problemas que se relacionan con la impunidad. Entre estas medidas se incluyen la aplicación de los instrumentos existentes en violencia feminicida, la creación de áreas y perfiles de personal, demostrando que también se requiere el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar el ejercicio de los derechos.

De acuerdo con el objetivo planteado, se concluye que la incidencia de las distintas posiciones feministas se basa en la coincidencia de premisas teóricas y políticas, e involucra experiencias de compromiso. Asimismo, se construye mediante diálogos, consensos y disensos, así como del uso de múltiples recursos en el espacio público e institucional. En su conjunto, este proceso genera cambios en la manera en que las instituciones plantean su intervención frente a la violencia feminicida. La disminución del feminicidio es un efecto feminista, aunque, en un horizonte político apela a su erradicación. Este proceso constituye un avance en la materialización de los derechos humanos de las mujeres.

Por lo anterior, la hipótesis que orientó este documento se considera cumplida. Este mecanismo de política pública de emergencia representa un parteaguas porque convoca a múltiples actoras feministas que se apropian de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, problematizando y contribuyendo a reorientar las formas en que interviene el Estado frente a la violencia feminicida. El mecanismo es profundamente político. Apela al carácter emancipador del feminismo mediante políticas públicas y acciones que tengan efectos en la erradicación de la violencia feminicida. Finalmente, este escrito contribuye a comprender las distintas experiencias del mecanismo y el reconocimiento del potencial de la política pública feminista. Esto permite ampliar a líneas de investigación que profundicen en el efecto de estas políticas en las mujeres.

Agradecimientos

* Estancia posdoctoral realizada gracias al programa de becas posdoctorales en la UNAM (POSDOC), becaria del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, asesorada por la Dra. Aleida Hernández Cervantes.

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Notas

1 Previo a las reformas de abril de 2022, la Alerta de Violencia de Género solicitada por organizaciones de la sociedad civil se apegó al procedimiento del Reglamento de la LGAMVLV: una vez admitida la solicitud se conforma un grupo de trabajo para estudiar y analizar la situación del territorio sobre el que existe violación a derechos humanos. El grupo de trabajo se conforma por: una persona del Instituto Nacional de las Mujeres; una persona de la Comisión Nacional; una persona de la Comisión de Derechos Humanos; dos personas de una institución académica del territorio donde se señala la violencia feminicida; dos personas académicas de una institución nacional; una persona representante del mecanismo de adelanto para las mujeres de la entidad. El grupo de trabajo realiza un informe de la situación de violencia feminicida, el cual es enviado al ejecutivo de la entidad, para implementar las propuestas del informe en un plazo de seis meses. Una vez concluido el lapso, emiten un dictamen para determinar la procedencia de la declaratoria (artículos 36, 37 y 38) (DOF, 2008).

2 Los titulares de dependencias previstos en la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres son: Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y del Fomento al Empleo, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2019).

3 Las Unidades Territoriales de Atención (LUNAS), entre marzo a mayo de 2019, brindaron, 4,895 atenciones en contraste con 2020 que fueron 1,460 (SEMUJERES, 2020). Las llamadas de emergencia del servicio de Locatel (911) catalogadas bajo la temática de violencia de género, violencia de pareja y violencia familiar, hasta noviembre de 2020, fueron 9,694, mientras que en 2019 fueron de 6,526 (Infobae, 2020). La atención directa disminuyó por el confinamiento, pero en los hogares la violencia incrementó exponencialmente

4 La violencia institucional contra mujeres es aquella ejercida por representantes del Estado que discrimine u obstaculice el ejercicio de sus derechos. Existen patrones, normas y prácticas socioculturales discriminatorias en las instituciones que, cuando se presentan como neutrales, no contemplan las desigualdades existentes entre los géneros, tiene un efecto discriminatorio en su aplicación (Piqué, 2017, p. 7). Cabe agregar que, en el marco de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, en estas desigualdades contempladas en la atención a víctimas hay capacitación constante al personal que brinda la atención por parte de SEMUJERES y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otros (funcionaria de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ, comunicación personal, 4 de diciembre de 2023)

Notas de autor

* Mexicana. Doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Posdoctorado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM). Líneas de investigación: feminismo, género, violencia feminicida, políticas públicas, violencia contra las mujeres, interseccionalidad, mujeres indígenas, juventudes.