Revisión Bibliográfica

Criminalidad en Ecuador: Estrategias estatales para la reducción de la violencia y la prevención del delito

Crime in Ecuador: State strategies for reducing violence and preventing crime

Enríquez Tóala, Silvio Eduardo

Silvio Eduardo Enríquez Tóala

silvio.enriquezt@ug.edu.ec

Universidad de Guayaquil Ecuador

Revista Universidad de Guayaquil

Universidad de Guayaquil, Ecuador

ISSN: 2477-913X

ISSN-e: 2806-5751

Periodicidad: Semestral

vol. 139, núm. 2, 2025

revistaug@ug.edu.ec

Recepción: 26 noviembre 2024

Aprobación: 28 diciembre 2024

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/825/82553968255396008/

DOI: https://doi.org/10.53591/rug.v139i2.1903

Autor de correspondencia: silvio.enriquezt@ug.edu.ec

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Resumen: Esta investigación se enfocó en analizar las estrategias estatales implementadas en Ecuador para abordar la criminalidad, reducir la violencia y prevenir el delito. Como metodología se desarrolló un estudio descriptivo, con un enfoque cualitativo y documental, a través del método inductivo-deductivo, donde la población se centró en el conjunto de fuentes doctrinales y normativas que fueron consultadas y finalmente se utilizó como técnica el análisis de contenido la que facilitó la revisión, análisis e interpretación entre lo estipulado en la legislación nacional y la aplicación de acciones estatales. Los resultados permitieron conocer que ciertamente en el Ecuador se han dado avances normativos y de políticas estatales para enfrentar la criminalidad, sin embargo, aún persisten limitaciones en el ejercicio efectivo de las estrategias para reducir la violencia y prevenir el crimen, debido a la escasez de recursos y a la aplicación inequitativa en varias regiones de estas acciones. Por lo tanto, se concluyó que el Estado necesita implementar un modelo integral que promueva la justicia social, donde no solo se instaure la penal, sino que también se desarrollen y fortalezcan las propuestas de rehabilitación y cambio social.

Palabras clave: Violencia de género, derechos humanos, protección de las víctimas, prevención de la violencia.

Abstract: This research focused on analyzing the state strategies implemented in Ecuador to address crime, reduce violence and prevent crime. As a methodology, a descriptive study was developed, with a qualitative and documentary approach, through the inductive-deductive method, where the population focused on the set of doctrinal and normative sources that were consulted and finally content analysis was used as a technique. which facilitated the review, analysis and interpretation between what is stipulated in national legislation and the application of state actions. The results allowed us to know that certainly in Ecuador there have been regulatory and state policy advances to confront crime, however, there are still limitations in the effective exercise of strategies to reduce violence and prevent crime, due to the scarcity of resources and the inequitable application of these actions in various regions. Therefore, it was concluded that the State needs to implement a comprehensive model that promotes social justice, where not only penal justice is established, but also rehabilitation and social change proposals are developed and strengthened.

Keywords: Gender violence, human rights, protection of victims, prevention of violence..

INTRODUCCIÓN

La delincuencia es un problema mundial que cuestiona a los Estados y su capacidad de proporcionar seguridad y derechos a los ciudadanos. A nivel internacional, este ha sido uno de los temas que más atención han desviado los países, con mayor diversidad en las estrategias de lucha y prevención de los delitos en todas sus formas (Carpio Delgado & Serrano, 2020).

En distintos países la lucha contra la inseguridad dejó de ser una estrategia meramente represiva para convertirse en una política primaria, pero no en el sentido de quien la comete, sino en el de las causas estructurales que la provocan: la pobreza y todo su cortejo de alteraciones, incluyendo las limitaciones de acceso a la educación, la exclusión social y la irrupción del crimen organizado transnacional. De acuerdo a De la Puente y Rojas (2000) en Europa, por ejemplo, esta “tendencia ha sido hacia una política criminal preventiva” donde se ven acciones sociales de seguridad social, educación, oportunidades laborales, y de inclusión”. Por otra parte, en Asia algunos de ellos se han ocupado de la criminalidad a través de la rehabilitación de los delincuentes a través de una conjunción de la atención de la salud mental, prevención de reincidencia y reducciones de daño.

Desde los preceptos doctrinarios y teóricos se entiende a la criminalidad como:

Una expresión del crimen organizado que incluye una serie de actors, acciones y actividades ilícitas, la cual se puede medir a través de un índice que varía de un país a otro. Los escenarios criminales inluyen sistemas políticos, sociales y económicos que rodean todas las etapas del comercio ilícito y/o la explotación de mercancías o de personas; por ejemplo, el tráfico de armas. Dentro de este context, ños actores criminales representan aquellas personas y/o los colectivos que ejecutan las actividades ilícitas pertenecientes a los mercados criminals, los que incluyen grupos de tipo mafioso, redes criminales, actores integrados en el Estado y actores criminales extranjeros. (Noriega, 2022, p. 5)

En particular, durante los últimos años, esta problemática se ha manifestado de forma continuada en los países latinoamericanos, donde ha alcanzado niveles extremadamente altos. Por ejemplo, según el estudio de Perilla & Garzón (2018), en países como México, Colombia y Brasil, los asesinatos, homicidios y otros crímenes graves se volvieron muy comunes en los últimos tiempos. Muchos países han hecho intentos de abordar la situación, implementando estrategias reprimidas, incluyendo medidas de seguridad y programas sociales para las comunidades desfavorecidas. Pero a pesar de los esfuerzos, existen bastantes problemas importantes que no han sido solucionados. Y el principal de ellos es la expansión del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. Esos factores limitan la efectividad de las acciones de seguridad y la estabilidad de los sistemas de justicia (Orellana et al., 2022).

Una realidad que se hace presente dentro del Ecuador, donde los problemas relacionados a la criminalidad se agudizan año tras años (Robayo, 2021). La inseguridad es uno de los aspectos más resaltante, lo que acompañado al narcotráfico, la corrupción, las organizaciones criminales y el hampa común, han impulsado las tasas de asesinatos, homicidios, secuestros, entre otros crimines, ante los cuales el Estado ecuatoriano ha direccionado sus esfuerzos al diseño de estrategias para reducir la criminalidad, fortalecer la prevención de los delitos y reducción de la violencia Alarcón (2023).

La ubicación de Ecuador, en un corredor de tráfico de drogas que conecta América del Sur con mercados internacionales, hace que el país sea particularmente vulnerable a redes de narcotráfico y otras formas de crimen organizado que complican aún más el panorama de la seguridad pública. De acuerdo con Montalvo (2024), “Ecuador se ha consolidado dentro del grupo de países con elevados índices de violencia en América Latina. Según cifras oficiales, en 2023 ocurrieron 7.878 asesinatos, lo que representa una tasa de 46,5 homicidios intencionales por cada 100.000 personas” (p. 1).

Frente a tal situación, se han elaborado varias estrategias para hacer frente a estas estadísticas, que han progresado desde patrones represivos a esquemas integrados que buscan no solo reprimir el delito, sino también prevenirlo. Entre las adoptadas destaca el fortalecimiento de los cuerpos policiales, la creación de mecanismos de vigilancia y la implementación de programas sociales destinados a reducir la violencia en comunidades de alto riesgo.

A lo largo de estas circunstancias, en Ecuador, al parecer, se ha consolidado una tradición judicial “tradicional”, centrada principalmente en resoluciones penales, prestándose poca atención a las causas y los efectos sistémicos debido a esta categoría. Debido a esto, se ha considerado necesario elaborar una visión más inclusiva. Según lo señalado por Zambrano (2022): “Conforme a estos enunciados, las nuevas tendencias de estrategias en represión y enfrentamiento de la delincuencia introducen elementos del paradigma de “buen vivir”, fundamentado en democracia y el papel del Estado en la protección de derechos ciudadanos, libertad. , y asistencia social”. A pesar de esto, el autor destaca ciertas deficiencias evidentes de tales categorías legislativas, que, en su opinión y en la de muchos expertos legales nacionales e internacionales, siguen pisoteando los derechos de los individuos a la luz del contexto ecuatoriano.

De esta manera, este estudio plantea como objetivo analizar las estrategias estatales implementadas en Ecuador para abordar la criminalidad, reducir la violencia y prevenir el delito. Para esto se busca abordar un conjunto de autores y juristas que desde el enfoque doctrinal exploran los elementos normativos y legislativos que regulan las variables estudiadas en esta investigación. Este análisis responde a la relevancia de desarrollar una herramienta de consulta investigativa que fomente una comprensión más profunda y crítica de este ámbito de estudio. La premisa central de esta investigación sostiene que la lucha contra la criminalidad en Ecuador enfrenta importantes desafíos respecto a la reducción de la violencia y la prevención del delito.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación que se presenta se caracteriza por ser de tipo descriptiva, ya que ha permitido indagar sobre los aspectos de mayor relevancia sobre la criminalidad en Ecuador, detallando de manera sistemática, los elementos que configuran la violencia y el delito dentro de este país, describiendo las acciones implementadas por el Estado para enfrentar esta problemática.

En cuanto al enfoque, este fue cualitativa, fundamentado en la revisión y análisis de elementos doctrinales y jurídicos que caracterizan la criminalidad de manera general, incluyendo los componentes que la definen, sus causas, consecuencias y las acciones que se implementan desde las políticas criminales para dar respuestas a los índices de violencia dentro del país.

En cuanto a los procedimientos aplicados para garantizar la sistematicidad y confiabilidad, se empleó el análisis de contenido de las distintas fuentes documentales consultadas, además, se adoptó el inductivo, a través del cual se realizó un análisis a nivel específico de las características relevantes de la criminalidad dentro del Ecuador, indagando sobre su impacto dentro de la sociedad desde una perspectiva jurídica y doctrinal que permitió establecer conclusiones generales sobre las estrategias de seguridad diseñadas para la prevención del delito.

Por estas razones la población ha estado constituida por un conjunto de fuentes legales representadas por el marco normativo constitucional y penal (como la Constitucional de la República y el Código Orgánico Integral Penal, COIP) que regula la criminalidad en Ecuador y un acervo doctrinal de distintos autores especialista en el área, cuyas investigaciones han aportado diversas opiniones abordadas desde la teoría del delito y otros componente bibliográficos esenciales para el desarrollo de esta investigación.

Por último, se ha utilizado como técnica principal el análisis de contenido, realizando una sistematización, revisión y análisis de los textos legales que regulan la criminalidad, la reducción de la violencia y la prevención del delito dentro del Ecuador, realizando una comparación con las implicaciones prácticas de las estrategias de política criminal que se han establecido.

RESULTADOS

La criminología: reducción de la violencia y la prevención del delito.

La criminología es una disciplina esencial en el ámbito del Derecho Penal, cuyo objeto es el estudio de la naturaleza, las causas y las formas de controlar la conducta delictiva. Según Hernández (2021), en las últimas décadas, la criminología ha movido sustancialmente su enfoque en dos objetivos prioritarios: reducir la violencia y prevenir el delito. Estos objetivos, aunque relacionados, plantean desafíos multidimensionales complejos que requieren un análisis riguroso basado en niveles de justicia y de eficacia social

La realización de estos objetivos implica comprender primero la realidad social y política en la que se contextualiza la violencia y el delito. La violencia, de su rostro más amplio, no es simplemente una conducta criminal individual sino la manifestación de tensiones sociales, económicas y culturales que deben abordarse en su complejidad. Por lo tanto, se busca actuar, no solo tipificar y revisar los delitos, sino que además proponer estrategias para reducirlo y combatirlo mediante políticas públicas efectivas destinadas a hacer desaparecer las causas estructurales asociadas a la violencia y la criminalidad (San Juan & Vozmediano, 2021).

Con base en ello, Cevallos et al. (2020) menciona que en la criminología actual, la reducción de la violencia ha sido uno de los focos más importantes, especialmente en el contexto de entornos con altas tasas de homicidios y crímenes violentos asaltantes. La violencia, definida como la fuerza física o el poder para demostrar autoridad o el temor sobre otros, no solo deteriora a la persona que está subyacente a la autoridad, sino que también desestabiliza la convivencia social produciendo un estrés ambiental de desconfianza y pena significativas. Para abordar la citada cuestión entonces, la violencia abordará los temas del crimen y la prevención

Uno de los pilares centrales para reducir la violencia es la eficacia de las políticas de seguridad pública. Al igual que con el crimen en general, la criminología ha encontrado que simplemente agregar más fuerzas policiales o simplemente poner multas a penas más fuertes no genera una disminución sostenida de la violencia en el tiempo. Más bien, tienden a ser contraproductores en la medida de que no atacan las causas subyacentes del problema. Así, la criminología centrada en la reducción de la violencia también debe abordar factores como la pobreza, el desempleo, la expropiación social y las desigualdades económicas que generan las condiciones para la actividad criminal y la violencia punitiva (Gonzales, 2021).

Otro enfoque importante que se le ha dado a la criminología sobre la violencia es en el marco de la violencia estructural. Este término se refiere no a actos violentos específicos, sino a cómo ciertos sistemas sociales y estructuras promueven tipos particulares de violencia sistemática. Por ejemplo, en lugares donde los niveles de desigualdad social son altos, la disparidad en el acceso a recursos y opciones genera una sensación de resentimiento y tensión que, a su vez, puede provocar manifestaciones violentas. En consecuencia, la reducción de los programas de violencia no solo debe incluir un enfoque en el control de la delincuencia, sino también políticas de inclusión y desarrollo social que moderen las tensiones subyacentes.

Otra área especialmente relevante de la criminología en relación a la violencia es la prevención del daño. A lo largo de los años, este enfoque ha ganado terreno en el ámbito de la criminología para daños violentos evidencia que, por sí mismo, la erradicación de la violencia como problema social y político es bastante lejana. Así, el principal objetivo de la prevención del daño es reducir al mínimo el daño que la violencia inflige a la sociedad, contener su propagación y minimizar la escalada de daño, detención y rehabilitación (Patiño, 2023). Por ejemplo, puesto que la violencia llevada a cabo en comunidades pequeñas no se puede abordar simplemente mediante la detención y la cárcel, la mediación comunitaria, la resolución de disputas y la intervención en redes sociales pueden dar cuenta de una parte de la literatura que no se puede. formular a través de programas punitivos

Otro enfoque que se manifiesta en este contexto es la búsqueda de "la reducción de daños", el cual en los últimos años ha cobrado relevancia en el área de las políticas criminológicas para la prevención de la violencia. Sin embargo, aunque el objetivo de este enfoque es erradicar la violencia, se reconoce que estas acciones no son efectivas en el corto plazo, lo que se quiere es minimizar sus consecuencias mediante estrategias que incluyan la mediación, la resolución de disputas, la rehabilitación, el impulso de redes sociales de apoyo, entre otros, que permitan la reducción de estos actos delictivos sin recurrir a medidas punitivas.

Por otro lado, la prevención del delito también constituye otra área clave en la criminología, cuyo propósito es anticiparse a la ocurrencia de conductas delictivas y reducir su incidencia mediante intervenciones dirigidas a desincentivar o neutralizar las causas del comportamiento criminal. Maíllo (2021) señala que este enfoque se fundamenta en la idea de que el delito no es una respuesta inevitable, sino una conducta que puede ser mitigada a través de políticas y programas orientados a modificar el contexto y las condiciones que facilitan su aparición.

La prevención situacional es una de las estrategias más efectivas para prevenir el delito, ya que busca reducir las oportunidades de comisión de delitos, modificando el entorno físico y social. De acuerdo con Arias y Luneke (2022), la criminología ha identificado que hay contextos, como áreas urbanas degradadas, espacios públicos no vigilados o instituciones con normas laxas, que favorecen la aparición de actividades criminales. Implementando intervenciones que van desde el diseño urbano, alumbrado público, instalaciones de sistemas de vigilancia y promoción de espacios seguros, es posible reducir la tentación de perpetrar delitos en dichos lugares. Esta perspectiva surge de la teoría de las “ventanas rotas”, que señala que el deterioro físico y social de una comunidad propicia a la actividad criminal, y su intervención contribuye a disminuir la incidencia delictiva.

En cuanto a la prevención social del delito, recae en la modificación de los factores individuales y sociales que aumentan la predisposición al delito. En este sentido, la criminología ha analizado variables como el entorno familiar, la educación, el empleo y el desarrollo psicosocial, que presentan una relación significativa con la criminalidad. La implementación de programas de intervención en etapas tempranas, como apoyo a la educación y empleo juvenil o creación de espacios para el recreo y desarrollo comunitario, son políticas efectivas de prevención del delito, como han demostrado Salvatierra y Cedeño (2019). Por un lado, estas proporcionan opciones de desarrollo y, por el otro, reducen las condiciones que favorecen la conducta delictiva

Un aspecto adicional que la criminología señala respecto a la prevención del delito es la necesidad de una acción interinstitucional coordinada. La prevención no es suficiente desde el ámbito del sistema penal, sino que debe contener la participación activa de la salud, la educación y la acción social, que son fundamentales promoviendo conductas prosociales y reduciendo la cantidad de factores de riesgo. El trabajo integrado de tales áreas permite la formulación de políticas completas que aborden las causas inmediatas e inmediatas del delito (Patiño, 2023).

A pesar de los recientes avances, existen desafíos significativos que enfrenta la criminología en su aplicación de la violencia reductora y previniendo políticas. Uno de los problemas críticos es que los recursos son escasos, dados los presupuestos bajos para los programas de prevención y control de la violencia en muchos países. El problema de la falta de recursos no es solo una limitación a la intervención adecuada, sino que también bloquea la creación de investigaciones y datos necesarios para las políticas basadas en la evidencia.

Otro desafío que vale la pena mencionar es la necesidad de un cambio de mentalidad. La visión reduccionista en la sociedad, donde según algunos, el crimen es controlable basado en sanciones y penas más duras, olvidando los beneficios de las políticas preventivas. La criminología muestra que el cambio social debería ser un componente importante de las políticas de control del delito. Este enfoque recibe resistencia en la política y el público, que a menudo exige resultados rápidos y punitivos en la lucha contra el crimen. Además, la globalización y el desarrollo de la tecnología han traído consigo perspectivas criminológicas emergentes que requieren políticas de prevención cada vez más actualizadas. Delitos cibernéticos, tráfico de datos y la delincuencia transnacional son solo algunas de las empresas emergentes que no solo enfrentan resistencia a las estrategias actuales de prevención, sino que también exigen estrategias criminológicas emergentes que deben contener la participación activa de la salud, la educación y la acción social, que son fundamentales promoviendo conductas prosociales y reduciendo la cantidad de factores de riesgo.

La criminalidad en Ecuador: Un análisis integral de sus causas

La criminalidad en Ecuador se ha convertido en uno de los principales retos para la sociedad ecuatoriana en las últimas décadas. Este fenómeno, que afecta no solo a las víctimas directas de los delitos, sino a toda la estructura social y económica del país, ha originado debates sobre sus causas y la mejor manera de abordarlas desde el ámbito jurídico, político y social. Un análisis integral de las causas de la criminalidad en Ecuador debe considerar múltiples factores, tanto internos como externos, que influyen en la conducta delictiva. Estos factores, como lo exponen Rios & Ruiz (2024), no solo se limitan a aspectos económicos o sociales, sino que también involucran elementos culturales, políticos y estructurales que requieren una reflexión profunda para comprender la magnitud del problema y, eventualmente, proponer soluciones efectivas:

Uno de los factores más influyentes en la criminalidad en Ecuador es el contexto socioeconómico. A lo largo de los últimos años, el país ha experimentado altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, fenómenos que crean un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de la delincuencia. El acceso desigual a recursos como la educación, la salud y el empleo genera en muchos individuos la sensación de marginación y desesperanza, lo que puede llevarlos a adoptar comportamientos delictivos como una forma de subsistencia o de afirmación de su identidad en un contexto de exclusión (Ríos & Ruiz, 2024).

La pobreza no solo se traduce en una falta de recursos materiales, sino también en una carencia de oportunidades. Muchos jóvenes, en particular aquellos que viven en zonas urbanas marginales, encuentran en las actividades ilícitas una vía rápida para obtener lo que no pueden conseguir a través de trabajos formales. La alta tasa de desempleo, sobre todo en sectores urbanos, contribuye al fenómeno delictivo al crear una masa de personas que, al verse imposibilitadas de acceder a empleos dignos, recurren a la delincuencia. Esto se agrava con la falta de programas efectivos de reinserción social, que dificultan la reintegración de aquellos que han estado en conflicto con la ley.

Por otro lado, la descomposición social de ciertos sectores urbanos, especialmente en grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, ha fomentado la creación de bandas criminales que operan bajo estructuras de poder paralelo al Estado. Estas organizaciones, alimentadas por el narcotráfico y otros delitos conexos, contribuyen al aumento de la violencia y la criminalidad, ya que ofrecen una alternativa a los jóvenes sin perspectivas de un futuro mejor. La pobreza y la exclusión social, por lo tanto, son causales directas que facilitan el ascenso de la criminalidad en diversas formas.

La cultura de la violencia en Ecuador también contribuye significativamente a la criminalidad. La normalización de ciertos comportamientos violentos en la sociedad, como los actos de agresión física, el maltrato intrafamiliar o la intolerancia ante el conflicto, puede desencadenar actos delictivos. En muchas comunidades, la violencia ha sido históricamente percibida como una forma legítima de resolver disputas, lo que genera un ciclo de agresión que se perpetúa a lo largo del tiempo.

El consumo de drogas, que ha aumentado en diversas regiones del país, es otro factor que está estrechamente relacionado con la criminalidad. El narcotráfico en Ecuador no solo ha transformado el país en un punto de tránsito para la droga hacia otros mercados, sino que también ha alimentado las economías informales en las que participan jóvenes, quienes se ven atraídos por las ganancias rápidas que promete el tráfico de estupefacientes. La dependencia de estas sustancias contribuye al incremento de delitos violentos, como asaltos y homicidios, ya que los consumidores de drogas suelen involucrarse en actividades delictivas para financiar su adicción (Urgilés, 2024).

Además, la falta de una cultura de respeto hacia la ley y las normas sociales fortalece la impunidad y la falta de control social. En muchas ocasiones, los ciudadanos tienden a desentenderse de las acciones criminales que ocurren a su alrededor, ya sea por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades encargadas de velar por la seguridad. Este vacío de responsabilidad colectiva facilita la expansión de la delincuencia.

Otro de los factores que interviene y se ha convertido uno de los más complejos y peligrosos que ha influido en la criminalidad en Ecuador es el narcotráfico. Como país de tránsito de drogas, Ecuador se ha convertido en un terreno fértil para la operación de carteles internacionales que trafican estupefacientes hacia otros países. El narcotráfico ha generado, además de un aumento en los delitos relacionados con las drogas, una escalada en la violencia y el crimen organizado, pues los grupos criminales luchan por el control de las rutas y del mercado de la droga.

La presencia de organizaciones criminales transnacionales ha trastornado la estructura social y política del país. Para Rivera & Bravo (2020), estas organizaciones no solo se dedican al narcotráfico, sino que también están involucradas en una variedad de delitos, como la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y la trata de personas. El debilitamiento de las estructuras de control interno, la falta de cooperación internacional y la corrupción interna han permitido que el narcotráfico siga siendo uno de los principales motores de la criminalidad en Ecuador.

La desigualdad social y la exclusión de sectores importantes de la población también juegan un papel crucial en la alta tasa de criminalidad en el país. Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, enfrenta una gran brecha entre los sectores más ricos y los más pobres, lo que contribuye a la sensación de injusticia y desesperanza en muchas comunidades (Ortega & Pino, 2021). Esta brecha económica, sumada a la falta de acceso a servicios básicos y a una educación de calidad, crea un terreno fértil para el recrudecimiento de la delincuencia.

Marco legislativo en la lucha contra la criminalidad en Ecuador.

Ecuador ha venido enfrentando altos índices de criminalidad, lo que ha llevado a la implementación de diversas normativas dentro del marco legislativo para contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno social. El derecho penal, como parte integral del ordenamiento jurídico, es el mecanismo fundamental mediante el cual el Estado sanciona las conductas delictivas y establece las normas para su prevención.

Para comenzar, es necesario mencionar los instrumentos internacionales los cuales Ecuador ha ratificado para enfrentar la criminalidad, reducir la violencia y promover la prevención del delito, comprometiéndose a alinear su legislación con los estándares internacionales en esta área. Al adherirse a estos tratados, el país busca mejorar su sistema de justicia penal y fortalecer su respuesta frente a desafíos criminales, especialmente aquellos de naturaleza transnacional. A continuación, en la tabla 1 se analizan los principales convenios y marcos normativos internacionales, destacando su impacto en la legislación y las políticas nacionales.

Tabla 1

Instrumentos normativos internacionales diseñados para la lucha contra la criminalidad

Instrumento legal
Descripción

La Convención de Palermo y la lucha contra el crimen organizado transnacional (2004)
En 2000, uno de los compromisos más significativos de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado transnacional se convirtió en parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, o Convención de Palermo. El tratado se firmó para luchar contra la delincuencia organizada de cualquier tipo, incluido el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y otros problemas que afectan a Ecuador significativamente dada su ubicación geográfica y las rutas de tránsito. Al adoptar la convención, Ecuador enmendó su legislación con el fin de garantizar la cooperación internacional en investigaciones criminales, extradiciones y acciones coordinadas entre las leyes. La convención definió lineamientos claros para la persecución de redes del crimen organizado transnacional y promovió la unificación de esfuerzos en la interceptación y acusación de crímenes.

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2004) y sus implicaciones en la legislación nacional
Un segundo riesgo estrechamente vinculado a la criminalidad que amenaza a los Estados y representa un obstáculo para su desarrollo y seguridad es la corrupción. Ecuador ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2005. En la convención, Ecuador se comprometió a tomar medidas para prevenir y sancionar la corrupción en los sectores público y privado. La Convención y su implementación en Ecuador han resultado en las reformas más sustantivas a su marco legal en materia de transparencia y rendición de cuentas tanto en las entidades privadas como en las autoridades. En lo que respecta a la prevención, Ecuador está obligado a implementar políticas de ética, marcos de trabajo e investigar y castigar a los corruptos. El COIP criminaliza crímenes como el soborno o cohecho, el peculado y otros delitos de corrupción con penas que van desde 1 a 10 años de prisión. Además, bajo la Convención, también tuvo acceso a apoyo técnico y compartir experiencias con otros países, lo que es igualmente esencial para abordar la criminalidad en cuanto a la amenaza, no sólo la consecuencia.

Directrices para la prevención del delito (1990) y el enfoque en el desarrollo social
otro ámbito en el que los compromisos internacionales de Ecuador tienen una estructura específica es la adhesión a las directrices adoptadas por las Naciones Unidas sobre la prevención del crimen. A pesar de que el país no ha firmado las Direcciones sobre la Prevención del Crimen, promulgadas por las Naciones Unidas en 1995, las disposiciones de varias resoluciones de la ONU, que fueron respaldadas por Ecuador, respectivamente, indirectamente reconocen este tratado. El factor principal de resoluciones de la ONU es que el crimen no debería ser castigado simplemente sino también previsto y su acción prevea el plan de medidas, que debería ser aplicado para la exclusión de sus razones, entre las cuales, muy a menudo, no hay solamente razones individuales, sino también sociales y económicas. Ecuador trata de atender sus raíces creando programas de inclusión en educación y empleo y así sucesivamente. También utiliza ese enfoque para asegurarse de que sus propios ciudadanos no intenten buscar acciones criminales, por lo que muchas de las medidas también están destinadas a grupos específicos como los jóvenes. Además, aquellos también se cumplen porque la nueva constitución de 2008 incluye el principio de “buen vivir”, un desarrollo integral, que incluye beneficio de los pobres y garantías sociales desde el cual la criminalidad se reduce.

Normas internacionales en Derechos Humanos aplicadas al Sistema de Justicia Penal
La adhesión de Ecuador a diversos tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2015) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), establece obligaciones en el ámbito de la justicia penal que aseguran el respeto de los derechos de las personas involucradas en procesos penales. Estos tratados exigen, por ejemplo, que el sistema de justicia penal en Ecuador garantice el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, y el acceso a una defensa adecuada. Ecuador ha incorporado estas normativas en su Constitución y en el COIP, los cuales regulan los procedimientos judiciales con el objetivo de evitar abusos de poder y garantizar un trato digno a todas las personas, incluidas aquellas que enfrentan procesos judiciales. A través de la creación de instituciones de monitoreo de derechos humanos, Ecuador ha demostrado su compromiso de proteger a las personas involucradas en el sistema de justicia, buscando un equilibrio entre la lucha contra la criminalidad y la garantía de los derechos humanos.

Cooperación internacuonal para fortalecer la lucha contra el crimen organizado
Ecuador considera la amenaza del terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, ante esto, ha ratificado numerosos tratados y acuerdos internacionales que fomentan la cooperación entre países para combatir este fenómeno. Además de la Convención de Palermo, el país ha firmado tratados que facilitan el intercambio de información, la extradición de sospechosos y la colaboración en investigaciones transfronterizas. Un caso ejemplar es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 2000, que Ecuador ratificó en 2002. La ratificación de este regulado resultó en que el país adoptó legislativas para rastrear y prevenir la financiación de actos terroristas y sea un miembro. activo en organizaciones como Interpol, siempre que sea necesario. La implementación de estas disposiciones internacionales ha mejorado enormemente la capacidad de Ecuador para abordar los problemas de seguridad en un nivel que no se pueda abordar solo en el plano nacional.

Elaboración propia (2024)

Asimismo, a nivel nacional se analizan las principales normativas que componen el marco legislativo ecuatoriano en su lucha contra la criminalidad, con énfasis en los artículos relevantes que abordan el tema dentro del Derecho Penal (Tabla 2).

Tabla 2

Instrumentos normativos nacionales diseñados para la lucha contra la criminalidad

Instrumento legal
Descripción

La Constitución de la República del Ecuador (2008)
La norma suprema ecuatoriana, promulgada en 2008, es la Constitución, que establece dichos principios fundamentales y legales para la política criminal en Ecuador. En vigor, varios artículos mencionan los derechos y garantías que se deben observar en la esfera del Derecho Penal ya la vez proporcionan una base para la lucha contra el crimen. Por un lado, el Artículo 3 confirma que el Estado debe garantizar la seguridad y la protección de los derechos del ciudadano, de modo que la lucha contra el crimen debe conducir a la protección del orden público sin violar los derechos fundamentales. Por otro lado, el Artículo 66 afirma que todas las personas tienen derecho a sus derechos fundamentales, incluida la libertad, la integridad personal y la seguridad. La relevancia radica en el hecho de que, si bien el Estado decide luchar contra el crimen, lo hace de manera que todos los ciudadanos, independientemente de su estado de acusados, vean sus derechos humanos preservados. Finalmente, el Artículo 77 asegura que a ninguna persona se le debe negar la libertad sin procesamiento legal, es decir, que las autoridades deben brindar a los acusados ​​la oportunidad de recibir un juicio justo y que las detenciones sean legales.

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (2023)
El Código Penal Integral Penal ecuatoriano es una de las normas clave que rige la lucha contra la criminalidad, pues en su contenido se establecen los delitos, las sanciones correspondientes y los principios fundamentales que guían la justicia penal en el país. Este cuerpo normativo, aunque ha sufrido reformas a lo largo del tiempo, sigue siendo fundamental para la clasificación de los delitos y el establecimiento de las penas. El artículo 1 establece los principios rectores del sistema penal ecuatoriano, y establece que la aplicación de las penas debe ser proporcional al delito cometido, sin que se violen los derechos humanos de los individuos involucrados. La proporcionalidad de la pena y la no arbitrariedad son principios fundamentales del COIP, y refuerzan la necesidad de una justicia penal que respete los derechos de todas las personas, independientemente de su situación. El artículo 5 establece una serie de garantías a favor de las víctimas, lo que es clave en un contexto donde la criminalidad afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Además, este artículo busca un enfoque integral de justicia que, más allá de castigar al infractor, también busca reparar a la víctima y garantizarle su derecho a la justicia. El artículo 25 hace referencia al principio fundamental de tipicidad en el ámbito penal, representando el elemento esencial para la aplicación de justicia, ya que prohíbe la creación de delitos o la imposición de sanciones basadas en interpretaciones amplias o subjetivas de la ley. Con este principio, el artículo 25 protege a los ciudadanos de ser procesados por actos que no estén claramente especificados como ilícitos, lo cual fortalece la certeza y la transparencia en la administración de justicia. Además, este artículo reafirma el principio de legalidad, evitando que conductas no previstas en la normativa penal puedan ser castigadas, lo cual es clave para mantener un estado de derecho justo y respetuoso de los derechos individuales. Dentro de este contexto, se hace referencia a los tipos de delitos reconocidos en el Ecuador: delitos contra la integridad de las personas (artículos 151 al 184); delitos contra la integridad sexual y reproductiva (artículos 164 al 175); delitos contra el derecho a la propiedad (artículos 185 al 208); delitos contra la administración pública (artículos 278 al 294); delitos contra el sistema financiero (artículos 322 al 326) y delitos contra la fe pública (artículos 327 al 330). De esta manera, el artículo 140 establece el asesinato, el 143 el sicariato y el 144 el homicidio, siendo estos los delitos más graves cometidos en el Ecuador, los cuales son penalizados con sanciones severas que van desde penas privativas de libertad hasta penas más graves dependiendo de las circunstancias del caso. Estos tipos de delitos se han convertido es una de las principales preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, dado el alarmante aumento en los últimos años. El artículo 185, en cambio, regula los delitos relacionados con el delito de extorsión, uno de los delitos más comunes asociados al crimen organizado en Ecuador. La extorsión es una de las manifestaciones de criminalidad más dañinas, especialmente cuando se vincula a bandas organizadas y la violencia. Con respecto a la prevención del delito, el artículo 52 establece los objetivos principales de las penas en el sistema de justicia. Se especifica que la pena no tiene solo un propósito de castigo, sino que cumple múltiples funciones esenciales: la prevención general, la rehabilitación del condenado y la reparación de los derechos de la víctima: · Prevención general: El artículo subraya la función disuasiva de la pena, conocida como prevención general. La idea es que la imposición de sanciones por actos delictivos sirve como advertencia a la sociedad, desalentando a otros individuos de cometer delitos similares. Este enfoque busca reducir la criminalidad mediante la demostración de que los actos ilícitos tienen consecuencias legales y sociales. · Rehabilitación y desarrollo de la persona condenada: Otro aspecto crucial señalado en el artículo es el desarrollo y rehabilitación del individuo que ha sido condenado. Esto significa que el sistema penal ecuatoriano, en lugar de centrarse únicamente en castigar al infractor, también se orienta hacia la resocialización y el fortalecimiento de las capacidades y derechos de la persona condenada. El objetivo es reintegrar al individuo a la sociedad de una forma positiva y constructiva, fomentando que, una vez cumplida la pena, pueda llevar una vida en armonía con la ley. · Reparación del derecho de la víctima: El artículo también destaca la importancia de la reparación hacia la víctima. Esto implica que el sistema de justicia no solo busca sancionar al infractor, sino que también intenta restaurar o compensar a la víctima por el daño sufrido. La finalidad de la pena, en este sentido, incluye una dimensión restaurativa, cuyo fin es el reconocimiento y el resarcimiento de los derechos vulnerados de la víctima.

Elaboración propia (2024)

La legislación en Ecuador relacionada al combate de la delincuencia funciona como un conjunto de reglas comprendidas entre las internacionales, la Constitución republicana y las creadas más específicamente acerca del crimen organizado y la violencia de género. En este sentido, estas normas son responsables de describir los comportamientos ilícitos junto con sus correspondientes sanciones y, al mismo tiempo, fomentan principios esenciales, como la proporcionalidad en la penalización, el respeto a los derechos humanos y la compensación a las víctimas. Sin embargo, el éxito de esta legislación se medirá con la adecuada implementación y el fortalecimiento del poder judicial para garantizar la justicia y la seguridad de todos los ciudadanos.

Estrategias estatales para la reducción de la violencia y la prevención del delito.

Actualmente, Ecuador se enfrenta a importantes desafíos en términos de criminalidad y violencia, que requieren respuestas multicausales y conjuntas. En este contexto, Ecuador ha implementado varias estrategias de seguridad bajo su política criminal. Varios de ellos son coherentes con los marcos internacionales empleados por organizaciones como la ONU y la OEA. Estos programas no solo se ocupan de combatir reactivamente el crimen, sino que en cambio pretenden abordar las causas sistémicas que lo generan.

Adopción de estrategias regionales y globales

Una de las primeras acciones adoptadas por Ecuador fue la creación de la "Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social", un esfuerzo por coordinar políticas de seguridad a nivel nacional e interinstitucional. Esta estrategia se inspira en modelos internacionales que promueven la colaboración entre distintas instituciones del Estado, como las fuerzas policiales, los servicios de salud y educación, e incluso las fuerzas militares. La clave de esta aproximación está en reconocer que la seguridad no es solo una cuestión de represión, sino también de prevención y creación de condiciones para una convivencia pacífica. Esta estrategia implica un cambio hacia políticas inclusivas y preventivas que no solo aborden las consecuencias de la violencia, sino también sus causas fundamentales, como la pobreza y la exclusión social (Zambrano Iglesias, 2022).

Fortalecimiento de la Policía comunitaria

Una de las acciones más sobresalientes en el campo de la seguridad es la potenciación de la policía local. Este modelo tiene como objetivo aproximar a la Policía a las comunidades, creando un vínculo de confianza y colaboración. En vez de una acción policial puramente sancionadora, se persigue un enfoque preventivo que posibilite detectar y tratar problemas antes de que se transformen en crímenes. La puesta en marcha de unidades especializadas en áreas y barrios vulnerables tiene como objetivo promover la implicación de los ciudadanos y mejorar la imagen de la policía (Torres et al., 2023). Así, se crea un ambiente de cooperación, en el que la comunidad se transforma en un participante activo en la prevención del delito.

Creación de unidades especializadas contra el crimen organizado

Por otro lado, Ecuador también ha reforzado su capacidad operativa mediante la creación de unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo que respecta al narcotráfico. Este tipo de criminalidad, por su naturaleza transnacional y en red, requiere de estrategias especializadas y de cooperación internacional. La creación de unidades especializadas, apoyadas por tecnologías avanzadas y formación continua, busca mejorar la eficacia en la identificación y desarticulación de redes delictivas. La cooperación con agencias internacionales como la DEA ha sido fundamental en este sentido, aunque los avances deben ser constantemente renovados debido a la capacidad de adaptación de los grupos criminales (Morales, 2024).

Programas de prevención social

La prevención del delito a través de la mejora de las condiciones sociales es otra de las prioridades del gobierno ecuatoriano. Se reconoce que la pobreza, la falta de oportunidades educativas y la marginación son factores que alimentan la criminalidad, por lo que se han implementado programas sociales para atacar estas problemáticas. Iniciativas como "Mi Futuro es Hoy" buscan ofrecer alternativas de desarrollo a los jóvenes en situación de riesgo, evitando que caigan en manos de redes delictivas (Salvatierra & Cedeño, 2019). Además, la reinserción social de personas privadas de libertad, ofreciendo educación y capacitación laboral, es una medida clave para reducir la reincidencia delictiva y lograr una reintegración efectiva en la sociedad.

Uso de tecnología para el monitoreo y la seguridad

Ecuador también ha destinado recursos a la tecnología como un componente de su estrategia de protección. Por ejemplo, el sistema ECU 911 ha desempeñado un papel crucial en la coordinación de las respuestas ante situaciones de emergencia. Las cámaras de seguridad y los sistemas de alerta anticipada ayudan a detectar patrones delictivos y a actuar de forma más eficaz. A través de este servicio se han reemplazado los otros contactos de emergencia para alcanzar la unificación e integración de todas las instituciones de seguridad en el país. No obstante, la puesta en marcha y conservación de estas tecnologías demandan una inversión continua, lo que supone un reto extra en cuanto a recursos económicos, lo que ha generado algunas dudas en cuento a la efectividad del servicio, evidenciándose quejas en la respuesta oportuna en diversas emergencias (Morena & Vila, 2023).

Reformas judiciales y el Sistema Penal

En el sector jurídico, Ecuador ha implementado cambios en su sistema de justicia penal, con el objetivo de enfrentar de forma más eficaz los crímenes serios. La intensificación de las sanciones y la aceleración de los procedimientos judiciales son acciones que persiguen disminuir la impunidad y potenciar la reacción judicial frente al delito. No obstante, la reforma del sistema penal es un procedimiento complicado que demanda no solo modificaciones en las leyes, sino también una optimización en la infraestructura y los medios del sistema judicial, con el objetivo de que las reformas resulten eficaces en términos prácticos.

No obstante, pese a los intentos hechos en Ecuador para disminuir la violencia y evitar el delito, los resultados han sido variados. Las tácticas implementadas han demostrado progresos en sectores concretos, tales como la optimización de la relación entre la policía y las comunidades y el robustecimiento de las habilidades operativas contra el delito organizado. No obstante, la violencia continúa siendo un problema estructural complicado que no se puede solucionar solo mediante la represión o la intervención de la policía. Aunque las políticas de prevención social son fundamentales, todavía se topan con barreras importantes vinculadas a la escasez de recursos y la ejecución eficaz en ciertas regiones del país.

La colaboración internacional y las modificaciones en el sistema judicial son avances significativos, pero deben estar respaldados por una firme determinación política para garantizar que estas tácticas sean viables a largo plazo. Además, es necesario fomentar la confianza en las instituciones de justicia y seguridad a través de la transparencia, la responsabilidad y la implicación activa de los ciudadanos. En este contexto, pese a que Ecuador ha progresado en la implementación de estrategias de seguridad integrales, todavía hay un largo camino por recorrer para asegurar que estos esfuerzos conduzcan a una disminución notable de la violencia y delincuencia.

DISCUSIÓN

Los hallazgos mostrados en líneas previas y la metodología cualitativa aplicada en esta investigación, ha permitido conocer, a través de los resultados de diversos estudios científicos, aportes de la literatura relacionada y el análisis legislativo que, a pesar de ciertos progresos que se vislumbran en el tratamiento de la criminología en el Ecuador, la puesta en marcha de políticas preventivas eficaces todavía se topa con retos considerables. La escasez de recursos representa uno de los principales impedimentos para la creación de estrategias que puedan generar un verdadero impacto. Adicionalmente, existe una oposición al cambio de mentalidad en la sociedad y en las instituciones, en la que predomina la inclinación por respuestas sancionadoras en vez de estrategias preventivas. Resultados que concuerdan con los planteamientos expuestos por Maíllo (2021), quien destaca que la criminología contemporánea promueve la integración de perspectivas que superen la sanción, incluyendo también acciones preventivas y de cambio. Sin embargo, este cambio de paradigma se topa con la resistencia de aquellos que exigen respuestas rápidas y perceptibles ante el delito.

En el marco jurídico ecuatoriano, el delito es un fenómeno complejo que se ve afectado por una variedad de factores sociales, económicos, culturales y políticos. Ríos y Ruiz (2024) indican que la pobreza y la marginación social son elementos cruciales en el incremento del crimen, dado que la escasez de oportunidades impulsa a numerosos jóvenes a involucrarse en actividades ilegales, especialmente en las áreas urbanas más desfavorecidas. Este punto es respaldado por Ortega y Pino (2021), quienes argumentan que la desigualdad social aumenta el sentimiento de injusticia, lo que genera desesperanza y contribuye al crecimiento de la criminalidad. Urgilés (2024) también destaca la normalización de la violencia en ciertas comunidades y el consumo de drogas como factores vinculados al aumento de la delincuencia, lo cual es igualmente respaldado por Ríos y Ruiz (2024), quienes apuntan que el narcotráfico ha exacerbado la violencia y los delitos asociados.

Asimismo, el narcotráfico se ha identificado como un elemento central en el análisis de la criminalidad en Ecuador. Rivera y Bravo (2020) indican que las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el narcotráfico y otros delitos graves son las principales responsables del incremento de la violencia y la criminalidad organizada en el país. Este fenómeno también es abordado por Ríos y Ruiz (2024), quienes afirman que las bandas criminales vinculadas al narcotráfico funcionan como estructuras paralelas al Estado, intensificando la inseguridad. Además, la falta de eficacia en el sistema de control y la corrupción son factores que facilitan la expansión de este fenómeno, lo cual destaca tanto en los estudios sobre los factores socioeconómicos y culturales como en los análisis del narcotráfico, los cuales coinciden en que la desigualdad, la violencia estructural y el narcotráfico son elementos claves en el aumento de la criminalidad en Ecuador.

En cuanto a la legislación, Ecuador ha alineado sus normativas internas con los compromisos internacionales adquiridos, como la ratificación de tratados como la Convención de Palermo y la Convención contra la Corrupción, reflejados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este enfoque integral no solo busca sancionar las conductas ilícitas, sino también fomentar la cooperación internacional y la prevención del delito. Aspectos que son resaltados a través de la fundamentación teórica, tal y como es el caso de Rodríguez (2021), quien destaca que el diseño de las políticas criminales deben centrarse en acciones legislativas que aborden no solo la punición, sino también la prevención social, lo cual se refleja en las reformas del COIP, a través de las cuales se ha intentado abordar las causas estructurales de la criminalidad, como la desigualdad y la falta de oportunidades, a través de programas de inclusión social.

De la misma manera, las consideraciones teóricas como las de García (2019) defienden la necesidad de un equilibrio entre la seguridad y el respeto de los derechos humanos, un principio que Ecuador ha integrado al incorporar normativas internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A pesar de estos avances, en la práctica persisten desafíos, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de los acusados y la eficacia de las políticas preventivas. El artículo 52 del COIP refleja un giro hacia un sistema penal restaurativo, aunque López (2020) señala que su implementación sigue siendo desigual y enfrenta obstáculos, especialmente ante fenómenos complejos como el crimen organizado y la corrupción. Estos desafíos requieren ajustes legislativos continuos y un fortalecimiento en la capacitación de las autoridades, lo cual ha sido destacado por el Banco Mundial (2023), que enfatiza la necesidad de mejorar las capacidades institucionales para abordar de manera más efectiva la criminalidad transnacional y el terrorismo.

Por todas estas razones, Ecuador ha implementado diversas estrategias para reducir la violencia y prevenir el delito, alineadas con marcos internacionales de organismos como la ONU y la OEA. Una de las principales es la "Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social", que busca coordinar las políticas de seguridad a nivel nacional e interinstitucional, abordando tanto la represión como la prevención de la violencia. Iniciativas como el fortalecimiento de la policía comunitaria, la creación de unidades especializadas en el crimen organizado y programas sociales como "Mi Futuro es Hoy" son clave para atacar las causas estructurales del delito, como la pobreza y la exclusión social. Además, el uso de tecnología como el sistema ECU 911 y las cámaras de vigilancia ha mejorado la respuesta ante emergencias, aunque presenta desafíos relacionados con la inversión y el mantenimiento.

Pese a estos intentos, los logros no han sido los previstos. A pesar de los progresos en aspectos como la mejora de la relación entre la policía y la comunidad y la batalla contra el delito organizado, la violencia continúa siendo un problema estructural complicado. Las estrategias de prevención social se topan con dificultades debido a la escasez de recursos y a la aplicación inequitativa en varias regiones. Pese a las reformas en el sistema judicial y la colaboración internacional, todavía se requiere un compromiso político constante para asegurar la efectividad y la perdurabilidad de las estrategias, lo cual es vital para alcanzar una disminución duradera de la delincuencia en Ecuador.

CONCLUSIONES

La investigación adicional sobre la delincuencia en Ecuador, especialmente las estrategias para su prevención y control, muestra cuán desafiante es la situación: a pesar de los marcos legislativos y estratégicos, el progreso concreto se ve restringido por una multitud de desafíos estructurales y de contexto que requiere atención inmediata.

Por un lado, se ha logrado un compromiso con los marcos regulatorios internacionales, y se han establecido varias estrategias de seguridad ciudadana. Por otro lado, la infraestructura institucional falla continuamente, los recursos relevantes son escasos y la cultura presenta resistencia a un cambio de paradigma hacia enfoques preventivos, lo que limita la efectividad de las políticas del gobierno.

La vista actual sigue llevando a usar medidas criminales en lugar de abordar un fenómeno tan complejo como el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Por lo tanto, en general, las leyes de Ecuador han dado pasos significativos hacia la unificación de los derechos humanos con el sistema penal. Sin embargo, su implementación sigue siendo desigual e ineficaz.

A pesar del marco sostenedor relacionado con comparables con modelos internacionales, las políticas preventivas no han tenido un impacto significativo sobre cómo estos modelos han bajado las tasas de delincuencia.

Por lo tanto, la distribución de enfoques sigue siendo escasa e incompleta. La aplicación desigual de programas de seguridad y sociales destaca aún más la necesidad de un enfoque más completo y coordinado no solo en la persecución del crimen, sino también en la rehabilitación y la prevención social. Ecuador necesita trascender de un modelo en que la pena sea la única respuesta al crimen y asignar un espacio para la rehabilitación y el cambio social.

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Notas de autor

silvio.enriquezt@ug.edu.ec