INTRODUCCIÓN

La violencia de género se ha configurado a lo largo de los años como una transgresión flagrante que afecta directamente a los derechos humanos. Este fenómeno ha cobrado notoriedad debido a las profundas consecuencias sociales que provoca, reflejadas en las alarmantes tasas de incidencia que se registran a nivel mundial. Esto ocurre a pesar de la presencia de instrumentos internacionales y de las acciones públicas que han sido implementadas por diversos Estados con el objetivo de combatir esta grave situación (Pinargote, 2022).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este tipo de violencia se refiere:

“A diversos comportamientos perjudiciales dirigidos contra individuos o grupos en función de su género. Esta problemática surge de la desigualdad de género, el abuso de poder y la presencia de normas sociales nocivas. El término enfatiza que las diferencias estructurales de poder vinculadas al género colocan a mujeres y niñas en una posición vulnerable, exponiéndolas a diversas formas de violencia. Aunque el fenómeno afecta principalmente a mujeres y niñas, es importante reconocer que también puede impactar a otros géneros”. (ONU, 2023)

En América Latina, la violencia de género se ha convertido en un problema complejo y arraigado que afecta a millones de personas, especialmente a mujeres y niñas, y se manifiesta en diversas formas, como la violencia física, sexual, psicológica y económica. Este fenómeno está profundamente enraizado en desigualdades estructurales entre géneros, donde las normas que se presentan en la sociedad a nivel cultural acentúan las actuaciones tradicionales, situando a las mujeres en posiciones de subordinación, creando un entorno que normaliza y justifica la violencia. La cultura de la violencia se alimenta de la impunidad que rodea muchos actos violentos, lo que refuerza la idea de que es una forma aceptable de resolver conflictos.

Según las cifras del Observatorio de Igualdad de Genero (2023) sobre la evaluación de la vulneración de los derechos humanos por violencia de género, esta aún enfrenta una serie de desafíos, lo que sugiere su complejidad y la interconexión con otras formas de violencia. A pesar de que esta problemática se ha convertido en objeto de atención creciente, aún hay una falta de datos que permitan comprender completamente la magnitud de este tipo de vulneración, lo que se agudiza ante la falta de una solución real a este problema en muchos países de la región, donde se resalta la inexistencia de políticas efectivas para hacer frente a esta grave violación de los derechos.

Lo anterior destaca que, a pesar de los avances en la legislación, que incluyen la promulgación de leyes destinadas a proteger a las mujeres y garantizar sus derechos, actualmente se puede afirmar que la aplicación de dichas iniciativas sigue siendo insuficiente dado la escasez de recursos, así como la cultura y los prejuicios dominantes (Pineda et al., 2020). Los feminicidios, que son extremadamente brutales dentro de los casos de violencia de género, han superado cifras alarmantes en México, El Salvador, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, convirtiéndose en una situación que demuestra el fracaso de los Estados al enfrenar esta forma de violencia.

Ahora bien, al indagar dentro del contexto ecuatoriano, se vislumbra un escenario caracterizado por una violencia de género que adquiere la forma de una problemática estructural arraigada en las relaciones sociales, culturales y económicas del país y que involucra a las mujeres y niñas, así como a las personas que no cumplen las convenciones de género establecidas. De acuerdo a Quintana & Krisel (2024) este fenómeno, que incluye diferentes manifestaciones, como violencia física y psicológica o feminicidio, no solo viola de manera rutinaria los derechos humanos, sino también una manifestación de las profundas desigualdades y violencias que afectan a las mujeres en Ecuador.

Afirmaciones que coinciden con el estudio de Solano (2023) quien señala que Ecuador actualmente se ve afectado por una crisis de la violencia de género que se manifiesta en distintos tipos de agresiones hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana Las estadísticas que proveen las organizaciones tanto nacionales como internacionales resultan alarmantes en este ámbito: por solo mencionar el criterio de los feminicidios en Ecuador, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado para el primer semestre del 2024, el número de asesinatos por motivos de género superó los 77 casos, lo que proporciona evidencia de la brutalidad de este tipo de violencia en el país (Human Rights Watch, 2023). En conjunto, la última Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en el 2019, determinó que 7 de cada 10 mujeres experimentan violencia de género en sus diversas formas, y 2 de cada 5 han sufrido violencia en términos sexuales (Mancero et al., 2020).

Sin duda, este problema sigue siendo uno de los más serios y generalizados en Ecuador. Al mismo tiempo, el marco legal ecuatoriano se ha desarrollado considerablemente en la creación de leyes diseñadas para proteger a las mujeres y luchar contra la violencia de género. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 2018 es un esfuerzo legislativo serio en esta dirección. Esta ley introduce una serie de acciones legales para prevenir la violencia, brindar protección las víctimas y castigar a los agresores. Aunque se han puesto en marcha diversas estrategias y programas destinados a prevenir la violencia de género, estos enfrentan obstáculos significativos, especialmente en aquellas comunidades donde los roles patriarcales están profundamente arraigados. Este panorama pone de manifiesto la urgencia de adoptar un enfoque que combine la efectiva implementación de leyes, el fortalecimiento de las instituciones responsables y la promoción de transformaciones culturales que impulsen la igualdad de género (León, 2022).

Un factor central de esta problemática es que muchas de las mujeres que han sido víctimas de violencia no tienen conocimiento de los mecanismos de protección disponibles, lo que agrava aún más su situación. A menudo, las mujeres desconocen las leyes que las protegen, los procedimientos legales para denunciar la violencia o los servicios de apoyo que pueden solicitar. Esta falta de información las coloca en una posición vulnerable, donde no se sienten respaldadas para hacer frente a la violencia ni para buscar ayuda.

Otro de los aspectos que se hacen evidente, es que muchas de estas víctimas, abandonan sus denuncias por una variedad de razones. Entre ellas se encuentran el miedo a represalias por parte del agresor, especialmente cuando este se muestra arrepentido y busca convencer a la víctima de que continúe la relación; la dependencia económica, ya que muchas mujeres están mantenidas por sus agresores y temen quedar sin recursos; la presión social, que las obliga a mantenerse en una situación de subordinación y el miedo a perder el sustento familiar o la figura paterna.

De esta manera, se puede afirmar que la violencia de género en Ecuador no solo es un grave problema social y estructural, sino también una violación directa y sistemática de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Este tipo de violencia entraña la vulneración de una variedad de derechos reconocidos tanto por el derecho interno del país como por los tratados internacionales en los que Ecuador es parte, a saber, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Terranova et al., 2024). A través de este tipo de violencia, las víctimas son despojadas de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad tanto física como psicológica, la libertad y la igualdad ante la ley.

Por lo tanto, esta investigación se hace fundamental, pues visibiliza la violencia de género como grave violación a los derechos humanos en Ecuador, lo que permite comprender sus causas estructurales. En tanto aporte que se realiza a partir de un análisis basado en evidencias, no solo permite documentar la magnitud y las consecuencias de la misma, sino además proponer soluciones que promuevan la igualdad, la justicia y la efectiva protección de las mujeres. Así también, la investigación aporta al debate académico y social, lo que permite plantear estrategias que contribuyan desde distintos sectores a su erradicación.

Para esto, se plantea como objetivo general: Examinar el impacto de la violencia de género en Ecuador, identificando los principales obstáculos y avances en la protección y garantía de sus derechos fundamentales.

Asimismo, de manera específica se busca:

1. Identificar las principales formas de violencia de género en Ecuador y sus efectos sobre los derechos humanos.

2. Evaluar la efectividad y el desempeño del marco normativo existente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el país.

3. Proponer recomendaciones para mejorar la efectividad de la protección de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia de género.

En este sentido, la idea a defender de este estudio se sustenta en que: A pesar de los avances legislativos y las acciones de distintos organismos ejecutadas en el Ecuador para enfrentar la violencia de género, existen deficiencias en la aplicación efectiva del marco legal y en la protección de los derechos humanos de las víctimas, debido a las barreras socioculturales que perpetúan la desigualdad de género.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha adoptado en el estudio actual una metodología jurídica con un enfoque cualitativo, utilizando un diseño de investigación descriptiva. El enfoque cualitativo no solo permitió el análisis de la violencia de género y los derechos humanos a nivel legal, sino también a nivel social, proporcionando aspectos relevantes dentro del contexto ecuatoriano, tanto normativa como institucionalmente.

Por su parte, la investigación descriptiva ayudó a obtener una visión completa del estado actual de las regulaciones y su implementación, mientras que el diseño analítico permitió evaluar el nivel de intervención de las leyes para proporcionar una solución al problema.

De la misma manera, el estudio se ha centrado en la aplicación del método de la hermenéutica, el cual se enfocó en la interpretación de los textos utilizados a nivel legislativo y doctrinario, para luego analizar e interpretar las normas de violencia de género y derechos humanos. El análisis se llevó a cabo a través de la hermenéutica, respecto a leyes, tratados internacionales, jurisprudencia y otros documentos legales aplicables al tema, su coherencia en la aplicación, así como las limitaciones que pueden existir en el contexto ecuatoriano.

La población de este estudio se compuso por un corpus documental que agrupó regulaciones nacionales, tratados internacionales ratificados, informes de agencias nacionales e internacionales y jurisprudencia pertinente. Analizar estos documentos permitió identificar las prácticas actuales y los desafíos en la aplicación de la legislación.

Para la recolección de información, se utilizó el análisis documental de las distintas fuentes revisadas y seleccionadas, lo cual permitió identificar patrones, brechas regulatorias, contradicciones y la evolución de la regulación y su aplicación en el mercado ecuatoriano, seleccionando aquellos documentos que aportan datos relevantes para este estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Principales formas de violencia de género en Ecuador y sus efectos sobre los derechos humanos.

La violencia de género en Ecuador se ha agudizado de múltiples maneras, cada una con efectos devastadores en la vida y los derechos humanos de las mujeres y niñas. Este fenómeno incluye la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica, todas ellas interrelacionadas y con consecuencias profundas para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Según Vacacela & Mideros (2022), a pesar de los esfuerzos del país por implementar un marco normativo que aborde y penalice estos actos, las estadísticas actuales muestran que la presencia de la violencia de género sigue siendo alarmante, lo que revela las limitaciones de las políticas estatales y la necesidad de un enfoque integral en su abordaje.

La violencia física se presenta como una de las manifestaciones más evidentes y preocupantes. Este tipo de agresión se expresa a través de ataques directos al cuerpo, que van desde golpes hasta amenazas con armas. Según lo indicado por Moreira (2023), esta forma de violencia no solo infringe de manera clara el derecho a la vida y a la integridad física, sino que también crea un entorno de temor persistente que restringe la participación de las mujeres en la vida social. La inseguridad resultante de tales actos afecta no solo a las víctimas inmediatas, sino que también impacta en sus comunidades, contribuyendo a la normalización de la violencia (Chávez & Méndez, 2016).

Por otro lado, la violencia psicológica, como apuntan Salazar & Jaramillo (2022), se ejecuta a través de actos de control, intimidación y humillación que buscan minar la autoestima y el bienestar emocional de las víctimas. Este tipo de violencia puede ser tan dañina como la violencia física, afectando el derecho a la dignidad humana y comprometiendo la salud mental de las mujeres. Aporte que coincide con la realidad vivida dentro del contexto ecuatoriano, donde la violencia psicológica se observa tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, perpetuando un ciclo de abuso que no solo afecta a las mujeres, sino que también tiene un impacto intergeneracional en sus familias y en la sociedad en general. La propagación de patrones de abuso en un contexto familiar puede contribuir a la normalización de la violencia y la perpetuación de roles de género disfuncionales.

Asimismo, se presenta la violencia sexual como otro de los tipos más graves y extendidas de violencia de género en Ecuador, afectando profundamente los derechos humanos de las mujeres a la integridad física, la privacidad y la autodeterminación (Romero et al., 2022). Los delitos de abuso, violación y acoso sexual son problemas persistentes en el país, tanto en espacios públicos como privados. La violencia sexual no solo vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además tiene consecuencias físicas y emocionales devastadoras.

La violencia económica, aunque menos visible, es una forma de control que priva a las víctimas de los recursos necesarios para su autonomía y bienestar. En Ecuador, la violencia económica puede manifestarse mediante las limitaciones para acceder a los recursos económicos y la prohibición de ejercer una actividad laboral, el control de los ingresos de la víctima y la omisión de obligaciones económicas, como la manutención de los hijos (Jacome & Desfrancois, 2021). Este tipo de violencia limita la capacidad de las mujeres para desarrollarse económicamente, lo que repercute en su derecho a la igualdad de oportunidades y afecta su capacidad de vivir de manera independiente y digna.

Por último, la violencia simbólica constituye un factor relevante en el mantenimiento de estructuras de dominación y subordinación que sustentan la violencia de género en Ecuador. La violencia simbólica se expresa a través de estereotipos, representaciones culturales y discursos que desvalorizan a las mujeres y las presentan en roles subordinados o de inferioridad. Esta refuerza desigualdades de género y afecta los derechos de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación. Al perpetuar estereotipos de género, se limita la posibilidad de las mujeres de acceder a roles y posiciones de liderazgo en diferentes aspectos de la sociedad. La violencia simbólica también contribuye a la normalización de otras formas de violencia, ya que reproduce la idea de que las mujeres son inferiores, lo cual es contrario a los principios de igualdad y respeto inherentes a los derechos humanos (León, 2022).

De esta manera, este tipo de vulneración de los derechos no es un problema aislado en Ecuador, sino un fenómeno complejo que interrelaciona diversas formas de violencia con profundas implicaciones en los derechos humanos de las mujeres. La superación de esta problemática requiere un enfoque integral que aborde no solo el fortalecimiento de un marco normativo robusto, sino también un cambio cultural que desafíe las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la violencia. La urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y promoción los derechos de las mujeres, es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, donde se garantice la seguridad y el respeto a la dignidad de todas las personas.

2. Eficacia del marco normativo en la protección de los derechos.

Ecuador ha establecido un conjunto de normativas que incluye diversas leyes, disposiciones constitucionales y tratados internacionales dirigidos a salvaguardar los derechos de las mujeres y a eliminar la violencia de género. En este contexto, la Constitución de Ecuador, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como varios tratados internacionales ratificados, como la Convención de Belém do Pará, forman la base fundamental de esta protección.

A nivel internacional, Ecuador ha ratificado varios tratados internacionales sobre derechos humanos y violencia de género, entre los que destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará. Este tratado, adoptado en 1994, obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, reconociéndola como una violación a los derechos humanos y un obstáculo al desarrollo de una sociedad justa (Sisson & Quiroz, 2023).

La Convención de Belém do Pará en su artículo 7 establece que los Estados parte, incluyendo Ecuador, deben aplicar políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, así como promover la educación y sensibilización en la sociedad para desarraigar actitudes discriminatorias y patriarcales. A pesar de la ratificación de este instrumento y de su influencia en la legislación ecuatoriana, los resultados muestran que, en muchos casos, las medidas dispuestas en la convención no se cumplen a cabalidad, y la falta de recursos y de voluntad política sigue siendo una barrera en la implementación de estos compromisos internacionales.

De la misma manera, la Constitución de la República del Ecuador señala en el artículo 11 numeral 2 que ningún ciudadano podrá ser discriminado por razones de género. Asimismo, el artículo 66, numeral 3, establece “el derecho de las personas a una vida libre de violencia. Este artículo garantiza la integridad física, psicológica y sexual de las personas, haciendo hincapié en la protección de las mujeres y en la erradicación de cualquier forma de violencia en su contra”. De la misma manera, el artículo 35 menciona medidas de protección prioritarias en situaciones de vulnerabilidad por motivos de género. Esto implica que el Estado debe adoptar políticas efectivas y específicas que permitan la atención y protección de este grupo. Estos artículos colocan al Estado ecuatoriano como el principal responsable de proteger a las mujeres, imponiéndole el deber de garantizar una vida libre de violencia y de asegurar la justicia y reparación en caso de vulneración de estos derechos (Constitucion de la República del Ecuador, 2008).

Por su parte, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, promulgada en 2018, es la normativa ecuatoriana más específica en violencia de género. Esta ley define distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual y patrimonial, entre otras, y establece procedimientos y medidas de protección para la protección de las víctimas. En su artículo 2, la ley determina su objetivo central, que es “prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo el acceso a una justicia efectiva y oportuna” (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018, p. 8)

Entre sus disposiciones más relevantes, el artículo 16 hace referencia a la obligación del Estado de crear y ejecutar políticas públicas para prevenir la violencia y brindar asistencia integral a las víctimas. Asimismo, el artículo 25 indica que se debe garantizar un sistema de atención que incluya albergues temporales, asistencia psicológica y asesoría legal gratuita para las víctimas. Pese a estos mandatos, la realidad refleja que las instituciones públicas no siempre cuentan con los recursos adecuados para cumplir con las disposiciones de esta ley (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2018, p. 8).

El artículo 27 de esta misma ley establece la figura de las acciones de protección, permitiendo que las víctimas soliciten a la autoridad competente la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, tales como la prohibición de acercarse a la víctima. No obstante, una de las deficiencias detectadas se relaciona a la aplicación de estas medidas es la falta de seguimiento posterior, lo que provoca que en muchos casos las víctimas continúen expuestas al riesgo sin recibir la protección adecuada.

A pesar de los sólidos contenidos normativos y los compromisos internacionales que obligan a Ecuador a proteger y garantizar una vida libre de violencia de género, la realidad práctica del país muestra múltiples problemas en el establecimiento de estas políticas. La discrepancia más significativa radica en la brecha existente entre la existencia de normativas y la cultura social que se presenta en muchas mujeres. Según estudios recientes, como el de Peñaranda y Cárdenas (2023), esto sigue siendo un problema alarmante, que ha erradicado la violencia de género en el país.

Las causas de esta brecha son múltiples y complejas. En primer lugar, la insuficiencia de recursos financieros asignados a la prevención y atención de casos de violencia representa un obstáculo crítico. A menudo, las instituciones encargadas de gestionar estos casos carecen del financiamiento necesario para llevar a cabo programas efectivos de prevención y atención, lo que limita su capacidad para responder de manera adecuada a las necesidades de las víctimas. Sin una inversión adecuada, las políticas destinadas a erradicar la violencia de género se ven comprometidas desde el inicio (Peñaranda & Cárdenas, 2023).

Otro factor que contribuye a esta brecha son las expectativas tradicionales sobre los roles de género y la subordinación de las mujeres a los hombres que perpetúan una cultura de subordinación, donde las mujeres son vistas como inferiores o propiedad, lo que facilita su victimización, especialmente en comunidades rurales o de bajos recursos, donde se enfrentan a enormes barreras socioculturales para denunciar la violencia. Los estigmas sociales, el miedo a represalias por parte de los victimarios y la percepción de que la violencia doméstica es visto como un asunto privado, lo que en la mayoría de los casos dificulta que las víctimas busquen ayuda.

En este contexto, la evaluación de estos elementos sugiere que, para que el marco legal en Ecuador sea verdaderamente efectivo, no basta con contar únicamente con leyes y tratados. Es crucial aumentar la inversión en recursos destinados a fortalecer los programas de control y prevención, así como a fomentar una mayor conciencia social sobre la importancia de la equidad de género y la erradicación de la violencia.

3. Políticas públicas y programas de prevención de la violencia de género.

La prevención de la violencia de género se ha convertido en un tema transversal en las políticas públicas ecuatorianas, desde la promulgación de leyes hasta la formulación de programas y estrategias que generan cambios profundos en la sociedad. Estas iniciativas, en general, responden a la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, en particular la vida, seguridad e integridad de las mujeres. Sin embargo, un análisis detallado realizado a partir de la doctrina consultada y otras fuentes documentales, revela que actualmente en el Ecuador existen barreras permanentes en torno a la cobertura, sostenibilidad y efectividad de las políticas públicas que impiden que el marco preventivo alcance su potencial para eliminar la violencia de género.

Uno de los pilares básicos de la prevención ha sido la implementación de programas educativos y campañas de concienciación que permiten romper los patrones socioculturales que reproducen la violencia de género. Se han propuesto iniciativas para generar cambios estructurales en el país a través de leyes, políticas públicas, etc., dirigidas a diferentes sectores de la población, y el ámbito educativo ha sido priorizado por la legislación ecuatoriana.

En este sentido, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han liderado iniciativas sobre la igualdad de género y los derechos humanos en el currículo escolar. Como se puede entender de este enfoque, se fomenta la diferencia desde el primer día, desarrollando relaciones arraigadas en el respeto y la equidad. Para ello, se han creado materiales educativos para estudiantes, guías pedagógicas y formación docente para fomentar una cultura de no violencia para las generaciones venideras (Moreira & Aniyar, 2022).

El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra Niños, Adolescentes y Mujeres es uno de los principales programas del estado en relación con este eje (Montenegro, 2022). Además de las respuestas a los mandatos constitucionales que garantizan una vida sin violencia, este plan está alineado con compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Todo el plan gira en torno a tres pilares principales:

Prevención: Diseña estrategias educativas, campañas de concienciación y programas comunitarios para erradicar los estereotipos de género y otros patrones culturales que promueven la violencia. Tiene como objetivo generar un impacto en el imaginario social de la violencia de género, informando sobre relaciones basadas en la equidad y el respeto.

Protección: Recursos directos de atención y protección a las víctimas de violencia, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para responder de manera efectiva a las denuncias y asegurando medidas de seguridad adecuadas.

Atención: Considera el establecimiento de servicios especializados para proporcionar apoyo psicológico, legal y social a las víctimas y garantizar un acceso equitativo a los mismos a lo largo del territorio nacional.

La coordinación entre diferentes instituciones ha sido crucial en la implementación de estas estrategias, incluyendo: Intervenciones creadas, promover espacios educativos y comunitarios para desarrollar actitudes no violentas e igualdad de género en todas las áreas, en lugares donde personas con y sin discapacidades puedan compartir y trabajar conjuntamente con la Tierra y su entorno para desarrollarlos como medios, organizaciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Cruz Roja Ecuatoriana, Visión Ecuador y otros.

Sin embargo, a pesar del diseño ambicioso, estas políticas de prevención encuentran obstáculos significativos, en especial en la cobertura de zonas rurales y comunidades aisladas, donde estas prácticas suelen estar más arraigadas. Información que concuerda con lo planteado por Alvarado (2022) quien señala que desde una perspectiva jurídica, se evidencia un desafío en términos del resguardo efectivo de los derechos fundamentales.

Otro aspecto crítico señalado por Lucas (2022) referida a las limitaciones que se presentan en términos de políticas de prevención, es la sostenibilidad y continuidad de los programas. La dependencia de presupuestos anuales y la falta de políticas a largo plazo generan una vulnerabilidad estructural en la prevención de la violencia de género. Al depender de la disponibilidad presupuestaria y de la estabilidad administrativa, estos programas están sujetos a modificaciones o suspensiones, especialmente cuando hay cambios de gobierno. Jurídicamente, esta situación plantea una problemática de cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado, dado que la inconsistencia en la ejecución de políticas de prevención afecta su impacto.

La continuidad de estos programas debería ser garantizada independientemente de los cambios en la administración, estableciendo políticas de Estado en lugar de políticas de gobierno. Esto es fundamental, ya que la lucha contra la violencia de género requiere cambios en la cultural de largo plazo que no puede ser alcanzada mediante medidas temporales o discontinuas.

4. Rol de las instituciones y del sistema judicial en la protección de las víctimas.

El papel de las instituciones y el sistema judicial en la protección de las víctimas de violencia de género en Ecuador ha sido esencial y ha mejorado significativamente en los últimos años. El sistema judicial ha sido crucial para asegurar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas, permitiendo un entorno en el que las mujeres puedan acceder a la justicia. Sin embargo, factores como el compromiso institucional y la implementación de estrategias son clave para ofrecer el respaldo necesario a las víctimas (Zambrano Noles, 2016).

Este sistema ha avanzado en la creación de mecanismos legales y procedimientos específicos para abordar la violencia de género, enfocados en la protección de las mujeres y el castigo a los agresores. La colaboración entre el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y otras entidades ha generado un entorno más favorable para las víctimas, proporcionándoles no solo protección, sino también acceso a servicios como la asesoría legal.

Además, se han implementado protocolos especializados para ofrecer una atención más sensible, lo que incluye la especialización de jueces y fiscales, mejorando así la calidad de las decisiones judiciales y asegurando que las víctimas reciban el trato adecuado. La creación de unidades judiciales especializadas en violencia de género ha sido fundamental para reducir el riesgo de revictimización y tomar decisiones más informadas.

En general, el trabajo de estas instituciones continúa avanzando hacia una mayor justicia para las víctimas de violencia de género, con un enfoque integral que promueve la coordinación interinstitucional, la inversión en recursos y el fortalecimiento de la respuesta judicial frente a estos casos. Aunque el proceso aún está en desarrollo, los avances evidencian el compromiso del sistema judicial ecuatoriano en la lucha contra la violencia de género, garantizando que las mujeres vivan libres de violencia y discriminación.

Sin embargo, distintas investigaciones, como la desarrollada por Romero et al., (2022), destacan la necesidad de fortalecer las políticas enfocadas en el aspecto social, donde se le brinde a la sociedad mayores herramientas de información y sensibilización que le permita a la mujer conocer sus derechos, su valor y su papel.

5. Acciones de mejora de la protección de los derechos humanos de las víctimas de violencia de género

A través del análisis desarrollado, se ha podido evidenciar la necesidad de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral que no solo contemple la promulgación de leyes, sino también la implementación efectiva de programas sociales y jurídicos que garanticen la protección y los derechos de las mujeres. A pesar de los avances legislativos en Ecuador, persisten desafíos significativos en cuanto a la ejecución de políticas de prevención y la aplicación de la normativa. En este contexto, resulta fundamental proponer soluciones tanto en el ámbito social como jurídico para fortalecer las medidas de protección y promover cambios culturales que erradiquen la violencia de género de manera sostenible y efectiva:

A nivel legislativo se propone:

· Revisar y actualizar el marco normativo en relación con la violencia de género. Se debe trabajar en la armonización de las leyes nacionales con los estándares internacionales, garantizando que los derechos de las mujeres sean protegidos de manera plena y efectiva. Además, las leyes deben ser más claras en cuanto a las sanciones para los agresores, asegurando que existan mecanismos de control y rendición de cuentas que eviten la impunidad.

· Promover una reforma legislativa para la protección integral, especialmente en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyos lineamientos jurídicos se alineen de manera integral con los principios y disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. Además de las leyes ya existentes, es necesario avanzar en reformas que fortalezcan la protección de las mujeres en áreas no suficientemente cubiertas, como las formas emergentes de violencia digital, acoso laboral y violencia económica. Estas reformas deberían considerar también medidas de prevención en los ámbitos de la tecnología y el trabajo.

Desde las políticas públicas y a partir de lo estipulado en artículo 16 de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en cuanto a la obligación del Estado de crear y ejecutar políticas públicas para prevenir la violencia y brindar asistencia integral a las víctimas), se hace necesario:

· Incorporar nuevas estrategias sobre la violencia de género en la política estatal del Ecuador: 1. Diversos esfuerzos a nivel nacional, estatal y local deben integrarse en un solo sistema; un sistema que no solo tenga en cuenta la justicia, sino también la salud, la educación, la asistencia social, etc., y establecer una asignación específica del presupuesto nacional para la prevención, atención y protección de las víctimas, y realizar auditorías periódicas de su ejecución.

A nivel social, se recomienda:

· Fortalecer las acciones para para informar a las mujeres sobre las leyes de protección existentes, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, los mecanismos judiciales de protección (como órdenes de alejamiento y protección policial), y las instituciones a las que pueden acudir (como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Fiscalía General, la Policía Nacional, entre otras), todo esto en concordancia con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018).

· Es crucial promover campañas de sensibilización en todas las esferas sociales, especialmente en comunidades rurales y marginadas. Las campañas deben estar direccionadas a modificar comportamientos y creencias que sostienen la violencia de género. Estas campañas pueden ser implementadas mediante medios de comunicación masivos, talleres comunitarios, y actividades escolares, para concienciar a la población sobre la igualdad, el respeto mutuo y los derechos humanos.

· Impulsar la participación de la sociedad es clave en la lucha contra la violencia de género. Las organizaciones civiles, especialmente las lideradas por mujeres, deben ser involucradas en la creación, implementación y monitoreo de políticas públicas. Además, la sensibilización de hombres y jóvenes es fundamental para erradicar las prácticas machistas y promover modelos de masculinidad no violentos. Las políticas de género deben ser vistas como una responsabilidad colectiva, en la cual todos los sectores sociales juegan un papel activo.

CONCLUSIÓN

En esta investigación se ha profundizado sobre la violencia de género en el Ecuador, destacando la existencia de un reconocimiento institucional, el desarrollo de acciones públicas y cambios normativos direccionados hacia la protección de los derechos humanos de las víctimas.

Se ha podido evidenciar, que dentro del Ecuador se han desarrollado acciones importantes en la lucha contra este fenómeno social, como la construcción de normas y regulaciones, la implementación de campañas educativas y la construcción de medidas de salvaguarda. No obstante, aún persisten algunas barreras fundamentales, relacionadas a la resistencia cultural, la respuesta legal deficiente y la falta de servicios de atención en las regiones rurales requeridas y grupos vulnerables.

De esta manera, la violencia de género sigue siendo una problemática de dominación estructural que perpetúa las disparidades de poder, utilizada para silenciar a aquellos que pueden impugnar la criminalización de las mujeres.

Por lo tanto, es necesario que haya una respuesta integrada y sostenible donde el Estado no solo refuerce la aplicación de la ley, sino que también invierta en educación, un mejor acceso a la justicia, el empoderamiento económico de las víctimas y la financiación adecuada de las políticas de protección.

Finalmente, para que se erradique verdaderamente la violencia de género, es esencial que el Estado, el sistema judicial y la sociedad civil trabajen juntos hacia el objetivo de que todas las mujeres vivan sin violencia. Este desafío no puede satisfacer suposiciones heterogéneas al abordar automáticamente diferentes necesidades, sino que requiere un enfoque consolidado de políticas estatales, basado en derechos humanos, sostenibilidad y responsabilidad institucional continua, para redefinir la geografía de la reproducción social en torno a los compromisos de derechos humanos nacionales e internacionales.

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS

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Notas de autor

angel.tapiav@ug.edu.ec