Introducción

El 11 de enero de 1954, unos 80 internos de la Penitenciaría de Villa Urquiza –provincia de Tucumán– se negaron a concurrir al comedor, exigiendo la libertad de cuatro de sus compañeros que se encontraban en celdas de castigo desde las vísperas de año nuevo, por “haber sido sorprendidos ebrios con alcohol de quemar”¹. Por la tarde se negaron a concurrir al trabajo en los talleres. Este amotinamiento, que reunió un tercio de la población de ese penal, constituyó una de las más resonantes manifestaciones de resistencia colectiva, desde su inauguración en 1928.

Los internos amotinados denunciaban maltratos, mala alimentación y arbitrariedades de distinto tipo. Reclamaban la liberación de los castigados, adelanto de haberes, licencias e indultos. Aunque rápidamente acudió el Cuerpo de Bomberos y la Policía Montada, las autoridades declararon que el conflicto se había resuelto sin apelar a la violencia². Llevaron adelante la negociación el Juez de Instrucción y Correccional, Enrique Ríspoli Román, y Juan Schreier, secretario judicial, quien fue el que convenció a los internos de “deponer su actitud”. Recuperado el control, Ríspoli y Schreier comenzaron la investigación de las denuncias, el médico forense Alberto Daniel examinó a quienes denunciaron torturas y se ordenó la detención e incomunicación de seis guardiacárceles, acusados de apremios ilegales –"físicos y morales”– en perjuicio de penados y procesados “considerados de extrema peligrosidad” (razón por la que se justificaba su presencia en Villa Urquiza ya que, en teoría, debía alojar exclusivamente condenados). Los magistrados también investigaron sobre el régimen alimenticio y las denuncias de tratos “discrecionales” que favorecían a unos internos sobre otros. Pocos días después, el ministro de Gobierno, Próspero Víctor Barrionuevo, recorrió la Penitenciaría para interiorizarse de lo sucedido. Finalmente se decidió la exoneración del director del penal, Rogelio Espín, y la intervención de la institución.

El motín se había producido un lunes y el domingo el penal ya tenía un nuevo director, Lauro Wenceslao Albarracín, jefe de la Policía Montada³. Albarracín tenía una larga carrera en la policía, donde había ingresado a fines de 1927, como soldado del Cuerpo de Seguridad, pocos meses antes de la habilitación de Villa Urquiza⁴. Aquella penitenciaría forjaría la reputación de institución modelo, ya que mantendría durante décadas varias características que la diferenciaban de las demás cárceles: población adecuada a su capacidad, talleres funcionales, educación escolar, inexistencia de procesados y tres “programas” piloto (visitas “íntimas”, régimen de pre-liberación y licencias de salidas transitorias)⁵. Sin embargo, desde fines de la década de 1940, comenzaron a manifestarse claras señales de deterioro institucional. En 1948, por resolución de la Corte Suprema provincial, comenzaron a alojarse procesados⁶. Poco tiempo después comenzaron las denuncias sobre el uso discrecional de las “licencias” de salida, sobre el mal estado de los alimentos y el desfinanciamiento de los talleres. A comienzos de los ’50, las señales de deterioro se multiplicaban, aún mientras continuaba siendo considerada mucho mejor que las otras cárceles de la provincia: la Cárcel de Encausados de la capital –que ocupaba el lugar de la vetusta ex Penitenciaría–, la Cárcel de Encausados de Concepción –emplazada en un ex Hospital– y la Cárcel de Mujeres de la capital, ubicada en el predio del Buen Pastor.

Este trabajo aborda un período –1950-1975– que ha sido más trabajado por la historiografía de la prisión “política” que “común”, con el propósito de rastrear las políticas que contribuyeron al deterioro del Penal de Villa Urquiza y la consecuente consolidación de la prisión-depósito en Tucumán. Se toma de esa manera, un conjunto heterogéneo de gobiernos (peronismo, dos dictaduras y democracias restringidas) que, a pesar de los diversos signos que los caracterizaron, fueron contribuyendo, sin grandes diferencias entre sí, al deterioro general del sistema carcelario. Se da inicio al trabajo en el año 1950, cuando se sancionó la Ley n°2308 que creó la Dirección Provincial de Cárceles (en adelante, DPC) –primer organismo que centralizó las políticas penitenciarias provinciales– y se cierra en el año 1975, cuando se produce un cambio notable en las cárceles, ya en manos militares, que comienzan a ser empleadas como centros clandestinos de detención. Esos 25 años atestiguan la transición –operada en diversas partes del mundo– de la “gestión social/asistencial” de la pobreza hacia una “gestión punitiva”, a través de las instituciones de “seguridad” (policía y prisiones), de un modelo de estado “providencia” a “penitencia”⁷. De un proyecto “correccional” o uno “securtiario”: de la “prisión-fábrica” a la “prisión-depósito”. Máximo Sozzo ha analizado el ascenso en la Argentina de este nuevo ideal de prisión que abandonó la “corrección del criminal”, abrazando otros objetivos legitimadores: la retribución del daño generado por el delito a través de la producción de dolor en el preso y la incapacitación del preso, para generar “seguridad”⁸. Los objetivos del proyecto “securitarios” resultan más “económicos” que los del proyecto correccional ya que requieren menos personal, menos infraestructura y menos inversión en términos generales. Constituyen instituciones sin trabajo, sin educación, sin religión, sin familia, sin observación, sin clasificación, sin tratamiento, sin flexibilización del encierro.

Se pretende dialogar con la historiografía que ha trabajado las prisiones argentinas durante este relativamente amplio arco temporal, si bien su acento está colocado más en la prisión política que en la prisión “común”. En lo que respecta al primer lustro que este escrito analiza, podemos mencionar, entre otros, los abordajes realizados por J. Carlos García Basalo, Lila Caimari, Daniel Cesano, Laura Mingolla, Jorge Núñez, Jeremías Silva, Ramiro Gual⁹. Estos trabajos tratan principalmente sobre la administración de la cárcel “común”, aunque también dan lugar para el tratamiento del uso político de la prisión y la criminalización de la disidencia¹⁰. Por el contrario, el abordaje de la prisión de los siguientes 20 años (1955-1975), ha concentrado sus esfuerzos en la prisión política, tocando de manera más lateral la prisión “común”. Tal es el enfoque de los trabajos de Sabrina Castronuovo, Daiana Villarreal y Jeremías Silva, que abordan las cárceles durante la Revolución Libertadora (1955-1958)¹¹. Los estudios que tratan sobre las cárceles del 58 al 76 –en un contexto de radicalización de la lucha política–, profundizan sobre las características de la represión y persecución a la militancia que impulsaron un proceso de subordinación de las administraciones penitenciarias al control militar¹².

1. La situación carcelaria en los años ‘50. Entre Justicia Social y Servicio Social

Sistema, instalaciones, organización, reglamentaciones, todo está resentido por arcaico, ruinoso, inadecuado e insuficiente. La segregación por parte de la sociedad de los individuos que han violado sus normas jurídicas no llena en nuestro medio un fin de prevención, de corrección o de readaptación. Todo se reduce a hacinarlos en mayor promiscuidad en locales insuficientes, antihigiénicos e insalubres durante el tiempo que dura la instrucción del proceso o la condena. El pequeño número de penados de la Cárcel Penitenciaría sometidos a un régimen de readaptación por el trabajo no alcanza a contrapesar, en mínima parte, la realidad que ofrecen la Cárcel de Encausados, cárcel de Concepción y cárcel de mujeres [...] Las cárceles tucumanas no defienden a la sociedad contra la delincuencia, sino que acrecientan sus peligros¹³.

Aquella editorial del principal diario tucumano, La Gaceta, publicada en 1946, podría ser de cualquier época de la historia de la provincia con una sola diferencia: existía, aunque fuera una excepción, una institución aceptable en términos penitenciarios. En funcionamiento desde 1928, el Penal de Villa Urquiza continuaba siendo reconocido como una institución adecuada, aunque ya había comenzado a dar señales de deterioro, como una serie de irregularidades investigadas por una comisión bicameral en 1947 o el amotinamiento de 1954¹⁴.

En los años ‘50, la población penal provincial estaba dividida en cuatro instituciones sumamente desiguales: mientras que Villa Urquiza mantenía una población adecuada a su capacidad (300 plazas), la Cárcel de Encausados de la Capital –construida en 1886– se encontraba gravemente deteriorada y albergaba entre 350 y 400 personas (ver Tabla 2). En la Cárcel de Encausados de Concepción –instalada en 1939 en un viejo hospital– se alojaban alrededor de 250 personas. Las mujeres, se dividían en dos instalaciones: la sección de mujeres penadas y procesadas del Asilo del Buen Pastor (que, en general, no superaba las 30 personas) y la sección de mujeres de la comisaría de Concepción. En suma, una población aproximada de un millar de personas, sin contar la población de penados y procesados albergados en comisarías de la provincia¹⁵.

Es probable que la resolución más trascendental de la Corte Suprema de la Provincia en materia penitenciaria haya sido la que hizo lugar en 1948 al alojamiento de procesados en Villa Urquiza. Así, luego de veinte años de albergar exclusivamente condenados, por decisión del presidente de la Corte, Juan Heller, se hizo lugar al pedido formulado por 61 procesados alojados en la cárcel de encausados que solicitaban su traslado a Villa Urquiza. La resolución fue fundamentada en el hecho de que el edificio de encausados se hallaba superpoblado y en malas condiciones edilicias y que, recientemente, por indultos y reducciones de penas decretadas por el PE, se habían liberado 100 celdas en Villa Urquiza¹⁶. Si bien el penal fue dividido en un pabellón de condenados y otro de procesados, la nueva situación daría lugar, con el tiempo, a la completa indistinción –que ya reinaba en las otras tres cárceles provinciales y comisarías– entre penados y procesados.

Desde 1947 estaba cargo de la dirección del Penal, Oscar Federico Walter, proveniente de la policía, quien se mantuvo frente a la institución hasta la creación de la DPC en 1950, de la que pasó a ser director de manera simultánea, hasta 1951. Para atender a la crisis de la que daban cuenta los magistrados de la Corte en sus informes anuales y los periódicos en sus editoriales, los expertos en la materia pregonaban desde hace tiempo la importancia de contar con una institución que centralizase las políticas penitenciarias, al estilo de la Dirección General de Institutos Penales de la Nación (en adelante, DGIP), que se presentaba como una institución a imitar¹⁷. Aquella demanda se hizo realidad en 1950, con la creación de la DPC, que pasó a estar a cargo de todas las instituciones de reclusión. Sin embargo, se trató de un espacio de notable inestabilidad institucional, sin capacidad para establecer políticas duraderas. Hasta 1955, en sus primeros cinco años de funcionamiento, tuvo cinco directores generales: Oscar Walter, Alberto M. Castillo, Doroteo Ceballos, Martin H. Coronel y Pedro J. Ayats Riera. En 1956 pasaría a denominarse Dirección de Institutos Penales (DIP) y, hasta 1976, tuvo otros 20 directores, sin contar interventores y directores interinos (ver Tabla 1)¹⁸.

Durante el tiempo que Walter estuvo al frente de las cárceles tucumanas, se aplicaron políticas penitenciarias en sintonía con aquellas que establecía la DGIP de la Nación para extender la “democratización del bienestar”¹⁹. En 1947 y 1948, Roberto Pettinato, director de la DGIP, y Juan Ángel Muzevich, director de la Penitenciaría Nacional, visitaron Villa Urquiza y lo describieron como “un establecimiento de excelente organización donde el penado recibe un trato adecuado”²⁰. La cárcel aún era mostrada con orgullo por el gobierno provincial, como lo demuestra la visita de un juez italiano, Francesco Del Vecchio, a quien llevaron a conocer la cárcel en 1949²¹. No obstante, en el marco de numerosas denuncias a nivel nacional por parte de opositores encarcelados, el diputado radical Isaías Nougués solicitó informes al PE sobre las medidas adoptadas ante denuncias de castigos corporales a penados en la Penitenciaría, la contracara de la administración penitenciaria peronista²². Entrados los años ’50 ningún “visitante ilustre” sería llevado a Villa Urquiza.

En 1949 se inauguró el “Régimen de pre-liberación (RPL)”, una especie de paralelo local del Régimen de Disciplina Atenuado que Pettinato comenzó a implementar en 1947 en la Penitenciaría Nacional²³. El RPL, establecido en una sección de 50 personas, constituía “lo más interesante y lo más revolucionario” de la administración penitenciaria tucumana²⁴. Sin embargo, no era parte de un camino que todo interno pudiera recorrer, sino que, para poder hacerlo, se requería un mínimo de tres años de conducta excelente y un término de condena a cumplir menor a tres años. Las celdas del RPL estaban abiertas tanto de día como de noche, con el fin de emular la vida en libertad, de manera de que los internos pudieran recobrar, paulatinamente, responsabilidades y autonomía²⁵.

También durante la dirección de Walter se creó el Servicio Social Carcelario, dependiente de la Escuela de Servicio Social de la Provincia²⁶. Aquel organismo se encargaría de “velar por el bienestar de los internos” y, en los meses de verano, organizaba charlas sobre “moral, religión, higiene, disciplina”²⁷. Comenzaba a concebirse la cárcel como un espacio pasible de ser intervenido por trabajadores del estado externos a la institución. De esa manera, se produjo un pasaje de aquella “revolución” de la justicia social en las cárceles, por una introducción de la asistencia social como “complemento” del “régimen penitenciario”, a cargo de los empleados de la cárcel²⁸. Asimismo, comenzaron a ingresar las primeras trabajadoras mujeres a la prisión. La primera jefa del Cuerpo del Servicio Social Carcelario fue la Asistente Social Elsa Norah Valenzuela, que reemplazó a quien lo había realizado de manera ad-honorem hasta ese momento, Haydée Saad²⁹. Integraron el Servicio otras mujeres como las doctoras María Olga Iñigo y Elena y Sara Guraiib, algunas de las primeras abogadas de la provincia. A su vez, el Centro de Egresados de la Escuela de Servicio Social participó con la entrega de equipos de sonido y otros equipamientos necesarios para sostener la realización regular de actividades culturales y deportivas dentro de la cárcel³⁰.

Luego de la creación de la DCP en 1950, el equipo de servicio social se integró a su estructura. Eso contribuyó con la institucionalización de una serie de actividades muy poco frecuentes hasta entonces en espacios carcelarios: festivales, programas de radio, partidos de fútbol, básquet, ajedrez. El deporte se volvió un espacio muy importante en las cárceles de la década de 1950, como así también las demás actividades culturales. Caimari habla de una “prisión deportiva”, que Cesano vinculó a la relación que se pretendía establecer entre el ejercicio físico y de la terapia rehabilitadora³¹. Podríamos agregar que también se intentó forjar una “prisión cultural”, a través de charlas, espectáculos musicales, talleres de arte, entre otras actividades, siguiendo el lineamiento de la División Cultura de la DGIP. Asimismo, siguiendo a la División de Asistencia Social de la DGIP, el Servicio Social de la DIP no sólo estaba destinado a los internos, sino que también atendía la situación de los familiares y liberados. Según La Gaceta, su acción se extendía positivamente “fuera de la órbita del establecimiento carcelario hasta llegar al seno de la familia”³². Esta visión se condice con la “prisión porosa” que Gual describe para la reforma penitenciaria justicialista –en la DGIP– por los mismos años. La flexibilización de la separación entre el adentro y el afuera (por el vínculo entre presos y familiares) habría propiciado una “porosidad” de los muros de las cárceles³³. A partir de 1950, con la incorporación de la asistencia social a la estructura de la DPC, se extendió su acción a todas las demás unidades carcelarias de la provincia: Encausados de Capital, Encausados de Concepción y Cárcel del Buen Pastor. No obstante, como ha señalado Mingolla, la mayor parte de las reformas y esfuerzos de mejora durante el peronismo estuvieron concentrados en las cárceles masculinas, dejando relegadas a las instituciones de reclusión femeninas³⁴.

A nivel del personal, otros hitos de importancia fueron los “cursos para personal de cárceles” y la introducción del “Día del Agente Penitenciario”, a partir de 1947 y 1950 respectivamente³⁵. Los cursos, destinados a “aumentar la competencia del personal” de Villa Urquiza, Cárcel de Encausados, Cárcel de Mujeres y Colonia de Menores³⁶. Las clases versaron sobre “temas médicos generales y psiquiátricos, psicología general y aplicada; direcciones de la pedagogía contemporánea y pedagogía correccional; nociones de derecho penal y derecho del menor”³⁷. Una de las últimas actuaciones de Walter frente a la DPC fue el traslado de la Cárcel de Encausados desde el viejo edificio de Avenida Sarmiento y 25 de mayo (construido en 1886) al flamante edificio de Boulevard de los Ejidos y calle Muñecas, construido originalmente para funcionar como cárcel de mujeres³⁸. El acto de inauguración se llevó a cabo el 24 de febrero de 1951 –aniversario del triunfo de Perón en 1946–, comenzó con la ejecución de la marcha "Los Muchachos Peronistas", el gobernador Riera cortó la cinta y el Vicario General de la Diócesis bendijo la imagen de Nuestra Señora del Carmen. El director general de cárceles sostuvo que la Cárcel de Encausados funcionaría allí hasta que se construyeran nuevos pabellones en Villa Urquiza para procesados³⁹. Sin embargo, poco más de un año más tarde, la Cárcel de Encausados fue trasladada nuevamente para que el gobierno provincial instalara un hospital psiquiátrico (actualmente el Hospital del Carmen). El nuevo emplazamiento sería un edificio de Avenida Mitre y Marcos Paz, que había sido construido para ser “Hospital de Alienados” en 1938, empleando la base edilicia del viejo “Escuadrón de Seguridad y Cárcel de Contraventores”⁴⁰. El nuevo local, sin embargo, tenía una capacidad inferior a la vieja cárcel de encausados, ya que sólo podía albergar –teóricamente– unos 250 internos. Agregaba sí, la ventaja de contar con un comedor comunitario compuesto de cuatro grandes mesas⁴¹.

En el Congreso Penitenciario Justicialista de 1953 asistieron como miembros oficiales Doroteo Ceballos (director de la DPC), que presentó un trabajo sobre el problema sexual de los presos; Manuel Fernández (Inspector Mayor de Policía); Ernesto Ruiz (director de Cárcel de Encausados) y Cesar Sosa (Jefe de Policía), que presentó una ponencia sobre el problema sexual de los reclusos solteros. En el Congreso Penitenciario de 1954 fueron miembros Raúl Nieva (Subsecretario de Gobierno y Justicia); Domingo Brito (presidente del Patronato de Liberados), que presentó un Informe sobre el tema; y repitieron Doroteo Ceballos, que presentó un informe, y César Sosa (jefe de Policía)⁴².

A partir de 1955, luego de derrocado el régimen peronista, sus políticas penitenciarias continuaron vigentes. Quedaron, aparentemente, fuera del programa de “desperonización” de la Argentina. Probablemente la más polémica de las políticas mantenidas fue el régimen de “licencias”, que había sido una suerte de complemento del RPL. Comenzó a emplearse en 1953, a instancias de Doroteo Ceballos, y consistió en un sistema de permisos de salida de entre 24 y 48 horas “bajo palabra de honor”, para que internos de buena conducta pudieran salir a visitar a sus familiares durante las fiestas de fin de año. En el primer ensayo, llevado a cabo a fines de 1953, se concedieron licencias a siete condenados a prisión perpetua de “excelente conducta”. El ensayo culminó sin problemas, con el reintegro de todos los "beneficiados" el 1 de enero de 1954⁴³. A partir de entonces, a pesar de recibir muchas críticas por parte de la prensa, que sostenía que algunos internos cometían crímenes mientras hacían uso de las licencias, este régimen se mantuvo vigente durante todo el período abarcado por este trabajo. También continuaron funcionando el Servicio Social Carcelario y las políticas deportivas y culturales. En diciembre de 1955, por ejemplo, se terminó la construcción de una cancha de básquet, donde luego se jugarían muchos partidos con un combinado de internos y equipos de la provincia. Esta continuidad en las políticas penitenciarias ha sido señalada, al nivel de la DGIP, por Silva y Castronuovo⁴⁴.

En 1955, luego del golpe militar que derrocó a Perón, la DGIP, que hasta entonces había sido el modelo para seguir por parte de las administraciones provinciales, comenzó a transitar un período de inestabilidad inédito. Hasta entonces, en 22 años, había tenido cuatro directores generales –tres juristas y un penitenciario de carrera–, mientras que, a partir de 1955, en un lapso de cuatro años tuvo cinco funcionarios a cargo, todos ellos militares retirados. De aquí en más, hasta el regreso de la democracia en 1983, la dirección del servicio penitenciario a nivel nacional –y en buena parte de las provincias– quedó en manos de militares, con pocas excepciones⁴⁵.

En Tucumán, en 1956, mediante un decreto del gobierno militar, se modificó la Ley n°2.308 que había creado la DPC, y se cambió su nombre a Dirección de Institutos Penales de la Provincia (DIP). Asimismo, se creó una Junta Honoraria que debería asesorar al director general⁴⁶. En 1957 se creó también una “Escuela de Capacitación Administrativa y de Sumarios”⁴⁷. Esta serie de medidas fueron impulsadas por el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Argentino Santos Alonso. Su intención era que la DIP no solo tuviera a su cargo la coordinación de labor de los establecimientos carcelarios sino la “organización y coordinación del estudio médico-criminológico de la población carcelaria”. Detrás del cambio de denominación –y de funciones– estaba la intención de “cientifizar” el organismo, que había sido administrado hasta entonces por hombres “prácticos”: Oscar Walter, Alberto Castillo, Doroteo Ceballos y Martín Coronel, todos ellos provenientes de la policía. En ese sentido, el ministro de Gobierno afirmó que:

Ya no es posible continuar actuando en materia penal y carcelaria sobre bases empíricas o encargando tareas de tanta responsabilidad a personas improvisadas, que no poseen los conocimientos que exige la función, los cuales no pueden ser reemplazados ni siquiera por una larga práctica, porque se requiere una especial formación intelectual y la preparación teórica que permita la evolución hacia nuevos principios […] Esto deriva en falta de conocimiento sobre la personalidad del delincuente, sus antecedentes sociales y formación moral. No hay distinciones en el trato carcelario que debe proporcionarse al delincuente primario de aquel que cuenta con nutrida trayectoria en el campo del delito⁴⁸.

De esa manera, el hombre elegido para conducir la DIP fue un médico: Miguel Mendoza Padilla, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1922. Le precedía una exitosa carrera universitaria –siendo practicante de medicina había recibido en 1921 el premio “Doctor Eduardo Wilde” y una extensa carrera política en el radicalismo⁴⁹. La Junta Asesora fue integrada por el vocal de la Cámara en lo Criminal, Arturo del C. Mendilaharzu, y los doctores Juan Antonio Seggiaro, Mauricio Costal, Silvio R. Belfiori y Elena Guraiib, quien ya había trabajado en el Servicio Social Carcelario⁵⁰. Una de las primeras medidas de la Junta fue proponer la creación de un “un fichero psicosomático de la población carcelaria” y reformar el orden reglamentario⁵¹. También se reintrodujeron los uniformes de los penados, que habían dejado de confeccionarse en 1954⁵². Respecto al “trabajo industrial”, continuaban funcionando los mismos espacios que durante la administración anterior: 12 talleres, granjas y quintas. No obstante, ante algunas denuncias de irregularidades, se reglamentó la venta de pan, escobas, mosaicos y objetos de mimbre⁵³.

La práctica de las “licencias” no sólo continuó, sino que se fueron aumentando las ocasiones en las que se otorgaban y la cantidad de beneficiados. En 1956 fueron unos 30 internos –de las cárceles de Encausados y Penitenciaría– que fueron autorizados para reunirse con sus familias para fin de año. Las licencias continuaban siendo permisos de 48 horas de “carácter experimental”, con resultados considerados exitosos por la administración, en el sentido de que los internos no aprovechaban la circunstancia para darse a la fuga o delinquir⁵⁴. En 1957, poco más de un año después de asumir la dirección Mendoza Padilla se vio obligado a retirarse por problemas de salud⁵⁵. Para entonces, Tucumán ya tenía un nuevo interventor federal, Nicolás Juárez García, y otro ministro de gobierno, Abel Garaicoechea, que decidió retornar a la experiencia de los “prácticos” y designó a Oscar Walter, el funcionario más importante de la administración penitenciaria entre 1947-1951, frente a la DIP. No obstante, por razones que desconocemos, sólo estuvo 5 días en el cargo y fue reemplazado por el abogado Julio Prebisch⁵⁶. Durante la gestión de Prebisch (1957-1958) se creó la Asociación Civil de Obra Social Carcelaria, se instalaron nuevas bibliotecas en las cárceles provinciales y una sala de cine en la Cárcel de Concepción y se refundó el Patronato de Liberados⁵⁷. Las licencias fueron oficializadas ese mismo año a través de una resolución de la DIP que establecía “acordar como un estímulo una licencia por 24 horas sin vigilancia a internos que observen conducta ejemplar”. Podía ser otorgada de manera simultánea hasta a 10 penados por unidad penal, desde las 18 horas del 8 de julio hasta la misma hora del día 9. Serían retirados y reintegrados por sus familias⁵⁸.

En enero de 1958, sobre el final del gobierno de facto –fruto de un esfuerzo de los propios penitenciarios más que de la junta militar– se produjo la sanción de la Ley Penitenciaria Nacional⁵⁹. Aquella ley completó y amplió la ley vigente desde 1933 en cuanto a la progresividad del régimen penitenciario⁶⁰. En sus artículos 9° a 13° reglamentó las salidas transitorias, dentro del período de prueba⁶¹. De esa manera, las “licencias” que venían concediéndose desde los años ’40, obtuvieron un marco normativo de alcance nacional. Asimismo, incorporó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y tuvo carácter de complementaria del Código Penal, lo cual significó –por primera vez– la unificación de la ejecución penal en toda la República⁶².

En febrero de 1958, el gobierno militar llamó a elecciones, con el peronismo proscrito. El dirigente radical Celestino Gelsi triunfó en las elecciones provinciales y se convirtió en gobernador de Tucumán. La DIP volvió a manos civiles ese año, ya que Gelsi colocó a un abogado, Fidel Isaac Lazo, al frente de la institución. Ese mismo año, Lazo reglamentó el mecanismo y los requisitos para poder otorgar las licencias: el interno debía haber cumplido al menos la mitad de la condena o, en casos de condenas perpetuas, haber cumplido 10 años. No podía tener otras causas o condenas pendientes y debía gozar de conducta ejemplar. Se amplió la posibilidad de otorgar licencias fuera de fechas patrias, en caso de enfermedades graves o fallecimiento de familiares de los internos “con derecho a visita”. Para los internos próximos a egresar, se darían permisos transitorios de salidas por razones familiares, sociales, legales y de trabajo, confiando la custodia a un familiar o persona responsable “bajo la fe de su honor”. Las licencias eran solicitadas por los directores de unidad, que debían elevar una carpeta a la DIP con la siguiente información: a) Informe opinión del Director de la unidad; b) Planillas de conducta y antecedentes; c) Número, fechas y motivos de licencias anteriores; d) Determinación precisa del lugar y distancia a donde se dirigirá el interno; e) Medidas de seguridad recomendadas⁶³.

2. El lustro del quiebre: 1959-1966. Cierre de Encausados, hacinamiento en Villa Urquiza, abandono de los talleres y colapso socioeconómico

El 21 de julio de 1959, la DIP volvió a manos de un médico, en este caso especialista en psiquiatría y docente universitario, Mijaíl Neme. Durante su administración (1959-1960), la DIP integró tres psicólogos o “psicotécnicos”⁶⁴. Como cabeza visible de la DIP, Neme asumió la responsabilidad de una decisión política que, posteriormente, sería duramente criticada. La prensa local llevaba algunos años sosteniendo la inconveniencia de la ubicación de la Cárcel de Encausados en un lugar tan próximo al centro. A comienzos de 1959, La Gaceta señalaba sarcásticamente que

Existen también barrios privilegiados [...] Y para mayor felicidad de los vecinos, las fugas de los presos menudean. De ese modo, los vecinos son de los pocos pobladores que pueden gozar del espectáculo que con gritos, balazos, corridas y maldiciones, compone una persecución de presos en el casi siempre apresurado alejamiento de la Cárcel⁶⁵.

Cada vez que se producía una fuga, que era algo relativamente común, se insistía en esto. En octubre de 1959, el gobernador Celestino Gelsi (1958-1962), anunció el inminente traslado de la Cárcel de Encausados a Villa Urquiza, y la construcción en el predio desalojado de dos escuelas⁶⁶. A partir de entonces, y en el contexto del plan CONINTES, el penal de Villa Urquiza vería llenarse sus celdas no sólo de procesados, sino también de una importante cantidad de detenidos a disposición del PE, tal como sucedía en otras partes del país⁶⁷. La militarización del personal penitenciario –cuyos orígenes, en nuestra opinión, deben remontarse a la administración peronistas– se hizo cada vez más pronunciada⁶⁸. Pontoriero ha señalado que, en virtud del “estado de excepción y contrainsurgencia”, comenzó un proceso acentuado de militarización de la seguridad interna, que se extendió entre 1958 y la década de 1970⁶⁹. En Córdoba, la administración penitenciaria fue directamente intervenida por el Ejército cuando, en abril de 1960, se ordenó la “movilización” del personal de cárceles “como medio de interrogar a los detenidos y velar por su seguridad”⁷⁰. En ese contexto Neme decidió suspender las “licencias” (también llamadas “franquicias”), que habían sido criticada por la prensa en numerosas ocasiones⁷¹.

En medio del convulsionado contexto social, se llevaron a cabo en Tucumán las II Jornadas Médicolegales y Criminológicas, bajo la presidencia de Osvaldo Loudet, “de tan larga actuación como reconocido prestigio”⁷². Organizadas por la Sociedad de Ciencias Criminales y Medicina Legal de Tucumán, institución fundada por el médico Isaac Freidenberg en 1952⁷³. Unos 30 juristas del país –entre los que se encontraban Loudet y José Peco–, se reunieron en la provincia para discutir sobre “delincuencia juvenil, peligrosidad, violación y estupro, discopatías vertebrales, establecimientos penales abiertos”⁷⁴. En esa ocasión, Mijaíl Neme disertó sobre establecimientos penales abiertos junto a Ítalo Lúder y Francisco Miguel⁷⁵.

A fines de 1960 Neme se alejó de la dirección de la DIP, que fue intervenida posteriormente por el gobierno provincial y, en julio de 1961, se designó nuevamente a Fidel Isaac Lazo. Su designación fue muy mal recibida por parte de los empleados, que hicieron saber su descontento a la prensa⁷⁶. En noviembre, Lazo dispuso la formación del Instituto de Clasificación, organismo contemplado en la Ley de creación de la DPC en 1950, pero que no había sido puesto en práctica. El Instituto sería dirigido por un médico legista, con el asesoramiento “honorario” de un “profesor de Derecho Penal o Sociología” y un “representante del Patronato de Liberados”⁷⁷. El nuevo organismo debería actuar como cuerpo de asesoramiento técnico-científico de la DIP a través del “estudio integral de los internos” con el fin de determinar “la forma de cumplimiento de los diferentes períodos del régimen progresivo” como así también producir de informes para casos de libertad condicional, indultos, conmutaciones y reducción de pena. Con la creación del Instituto, “el personal de psicólogos y asistentes sociales” pasó a depender de ese organismo. Su primer director fue Freidenberg, quien ya trabajaba en la DGIP y presidía desde 1952 la Sociedad de Ciencias Criminales de la provincia⁷⁸. Freidenberg, la cárcel era un “laboratorio” invaluable para las ciencias criminales:

La cárcel, que contiene elementos vivientes de las más variadas y complejas actitudes, al confinar un ser humano en su seno, hace uso de un dispositivo experimental que no debemos desaprovechar. En este ambiente nuevo y no habitual a su existencia cotidiana, en donde la única reacción exigida es la obediencia, se condiciona una especial realidad totalmente nueva, un nivel más bajo de interrelaciones sociales, un mundo imposible y simplificado para el hombre que lo vive⁷⁹.

Lazo no duró mucho frente a la institución ya que la provincia fue intervenida en marzo 1962. Durante el año y medio que la provincia estuvo intervenida, se alteraron en la DIP un odontólogo, dos militares retirados y un penitenciario de carrera (ver Tabla 1). En octubre de 1963, el gobernador electo, Lázaro Barbieri, designó a Rolando Arturo Welsch, un importante dirigente de la UCRP y uno de los fundadores de la Facultad de Odontología de la UNT⁸⁰. Welsch se mantuvo frente a la DGIP entre 1964 y 1966, inmerso en una serie de denuncias de irregularidades y duras críticas públicas al estado de Villa Urquiza que, en un lustro, había perdido sus últimos remanentes de cárcel modelo. Asimismo, Barbieri tomó la decisión de no otorgar indultos, lo que generó un considerable malestar en la población penal y un mayor hacinamiento.

A los pocos meses de haber asumido, el senador provincial Julio César Romano Norri (UCRI) formuló una denuncia en la Cámara de Diputados, a raíz de un episodio que había presenciado personalmente en el palacio de Tribunales. Se había cruzado con procesado que profería gritos insoportables, a raíz de que “una grave dolencia venérea” contraída en la cárcel⁸¹. Por esa razón, solicitó que se creará una comisión para investigar el problema sexual y el estado general de las prisiones. El cuerpo aprobó la constitución de la comisión investigadora, integrada por Romano Norri, como presidente, Hugo Pisa (Bandera Blanca), Agustín Martin Dip (Democracia Cristiana), Manuel Estapé (Justicia Social) y Miguel Ángel Correa (UCRP). A partir de entonces, La Gaceta dedicó – en un lapso de cinco días– tres editoriales al asunto⁸². Bajo los títulos “El difícil problema de las cárceles”, “La Cárcel: perversiones sexuales”, y “La Cárcel: perversiones sexuales” criticaron con dureza la actual situación de Villa Urquiza. Un giro de 180 grados respecto de las notas que ponderaban su actuación como un “oasis” en el sistema penitenciario provincial tan sólo 20 años antes. El editorial de La Gaceta situó el declive de Villa Urquiza a fines de 1959, a partir del cierre de la Cárcel de Encausados de la Avenida Mitre y el traslado masivo de procesados que duplicó la población de la Penitenciaría⁸³. Aquel edificio, con capacidad para 300 personas, se vio poblado, de un día para el otro por unas 700 personas, en absoluta indistinción entre procesados, condenados y detenidos a disposición del PE. El diario atribuía "las desviaciones sexuales" y las violencias producidas en la Penitenciaría al "hacinamiento y el ocio": "Panorama infernal de vicio y perversión que resulta difícil de apreciar en sus reales alcances"⁸⁴. Todo esto producto, a su vez, de "la falta de criterio" de los directores de la cárcel que "la convirtieron de establecimiento modelo que era, en un local donde se hacinan penados y encausados en un número casi tres veces superior al que autoriza la capacidad del penal"⁸⁵. Las celdas que debías ser unipersonales contenían hasta cinco personas, razón por la que muchos internos optaban por montar “en los espacios abiertos del establecimiento sus propios ranchos, originando pequeñas villas miseria, extrañamente pintorescas”⁸⁶. El hospital se encontraba completamente desmantelado y escasean los medicamentos para las enfermedades más corrientes, como eran las de tipo venéreo.

En 1964, ante la publicidad del problema, el gobernador Barbieri creó una comisión especial, presidida por Mijaíl Neme, e integrada también por el director de la DGIP, Arturo Welsch, el secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Enrico, el profesor Daniel Babot y los ingenieros Rodríguez Drago y Carlos Bartabuhru, de la Cámara de Contratistas. La configuración de la comisión daba una clara señal de que la solución se buscaría en una ampliación de la capacidad del penal, sin abordar el problema de fondo: la incapacidad de aplicar un régimen penitenciario progresivo, guiado por los principios del correccionalismo. La comisión tendría un plazo de 90 días para expedirse sobre las necesidades más apremiantes y las medidas que debían encararse para solucionar el problema⁸⁷. La designación de Neme generó polémica, dado que había sido el funcionario que había asumido la responsabilidad, en su carácter de director de la DIP, de llevar adelante el cierre de la Cárcel de Encausados –decidida por el gobernador Gelsi– y el traslado de los procesados a Villa Urquiza.

Frente a las críticas a su gestión, Neme admitió que había reducido el presupuesto de la DIP y que había “devuelto dos edificios al gobierno” (los que formaban la Cárcel de Encausados). Pero agregó que, con el ahorro que había contribuido desde su gestión, había dado una ayuda fundamental para la construcción de dos escuelas. Asimismo, añadió que el hacinamiento de las cárceles era algo común a las sociedades modernas en general y que sucedía tanto en las prisiones como en las ciudades, mercados, parques⁸⁸. Sus palabras generaron una polémica que encontraría un canal de difusión a través de las “cartas al director” de La Gaceta. En aquellas cartas participaron médicos, exdirectores y exfuncionarios de la Penitenciaría, además de ciudadanos preocupados por el tema y hasta un grupo de internos. En una nota enviada al diario local, 52 recluidos afirmaron que la situación no era "tan caótica" como el diario había afirmado en sus editoriales y que, paradójicamente, la polémica había “magnificado al extremo los males existentes en ella [la cárcel] haciéndonos aparecer en un estado deplorable de perversión y miseria humana”. Para ese grupo de internos, los peores problemas era la convivencia entre procesados y condenados y la lentitud de los jueces, que a veces absolvían personas que llevaban años encarceladas o condenaban a otros a penas menores que el tiempo que llevaban esperando la sentencia⁸⁹.

Finalmente, La Gaceta envió un equipo de periodistas para “pulsar la situación” por sus propios medios. Fueron autorizados a recorrer la cárcel durante media hora, seguidos de cerca por el director. Los periodistas constataron que los talleres de zapatería, mosaiquería, carpintería e imprenta estaban abandonados. Lo mismo sucedía con la cría de aves y el hospital, que se encontraban en desuso. Describieron la cocina como "un galpón inmundo" con viejas cocinas a leña. Incluso probaron la comida del día, locro, que les dejó "un sabor grasoso en la boca que más tarde habría de convertirse en una larga náusea". El director les mostró el menú de la semana, que miraron "sin ocultar aprensión". En el ala oeste se alojaban los 305 condenados que ocupaban las celdas de a dos personas. En el ala este se alojaban 413 procesados que, en algunos casos, debían compartir cuatro personas una sola celda⁹⁰.

En 1965, Miguel Ángel Correa (UCRP) presentó un proyecto de creación en Santa Ana de un Instituto Penal Agropecuario. Se trataba de "un audaz ensayo penológico que pondría a Tucumán a la vanguardia del país en cuanto a la solución del difícil problema carcelario, que reconoce un antecedente en esta misma provincia en el fracasado intento de un establecimiento similar en Chañar Pozo”. La idea consistía en crear una cárcel abierta, al estilo de la que funcionaba en General Pico, bajo la dependencia del SPF, detrás de la Colonia San Martín, en Santa Ana, en las proximidades del arroyo Matazambi⁹¹. Correa solicitó el asesoramiento de Elías Neuman, conocido ya por su obra “La prisión abierta”⁹². Un editorial de La Gaceta apoyó fervorosamente el proyecto de cárcel abierta, siempre que se aplicase para condenados a penas menores de 6 años. El editorial resaltaba que "la doctrina moderna aceptada sobre regímenes carcelarios da preeminencia al sistema de 'puertas abiertas' con el agregado del trabajo productivo, moderado y controlado racional y científicamente".⁹³ El proyecto, al igual que el de Chañar Pozo de 1934, tuvo una excelente recepción entre los especialistas y la prensa, pero jamás fue realizado.

3. Respuestas a la pauperización: más pabellones y militarización (1966-1975)

Edificio horrendo, de grises muros altos y espesos, siniestro, con torretas y luces, tiene todo el aspecto colosal de una fortaleza medieval, con almenas y vigías, quienes dada la hora hacían girar los reflectores, celosamente, matemáticamente, poblando el aciago paisaje interior con contraluces funestos.⁹⁴

Hacia el año 1966, tanto la situación socioeconómica general, como la que particularmente atañía a la DIP, se agravó notoriamente. El 14 de marzo se desató un importante motín en Villa Urquiza que derivaría, a los pocos días, en la intervención de la DIP por parte del gobernador Barbieri. En la investigación llevada a cabo luego del motón, se descubrieron numerosas irregularidades por parte de funcionarios y personal, que determinaron que “el levantamiento de reclusos por falta de comida y de provisión de elementos necesarios” se había basado en una serie de problemas que podrían haber sido resueltos por la administración⁹⁵. Barbieri desplazó a Welsch y nombró a Alfredo Ponsati Wilde, cuyo comienzo frente a la institución sería sumamente intenso, dado que debería enfrentar, en su primer día, una huelga de celadores. A las 6 de la mañana había conseguido que los reclusos “depusieran” su levantamiento. Sin embargo, a las 7 de la mañana no se hicieron presentes los celadores de ese turno. Tampoco se presentaron los empleados administrativos y de cocina. Ponsati solicitó apoyo a la policía para reemplazar a los celadores y los propios internos realizaron las funciones de la cocina. Según Ponsati, la huelga de los celadores estaba vinculada a la que mantenía el sindicato de empleados públicos (Frente Estatal). Entrevistado por La Gaceta, Ponsati dijo que la situación se hallaba ya resuelta y que había sido provocada por un "clima de nerviosismo y desinteligencias" entre el personal administrativo y la anterior dirección, que había sido “aprovechada” por la Asociación de Trabajadores del Estado para sumar apoyos a la huelga general de empleados estatales. A pesar de la presencia policial, se registró un altercado entre empleados de la penitenciaría y el secretario general de la DIP a quien agredieron "causándole lesiones", según La Gaceta, también desinflaron las ruedas de su vehículo y le rompieron el parabrisas⁹⁶.

Pocos meses después, en agosto de 1966, el gobierno militar que había derrocado al presidente Illia intervino la provincia y determinó el cierre de 11 de los 27 ingenios de la provincia. De esa manera se desató la mayor crisis social y económica de la historia de la provincia, que modificó el curso de su desarrollo irrevocablemente⁹⁷. La DIP también fue intervenida y se puso a un abogado al frente, Carlos Rodolfo Guiñazú, quien se desempeñó en el cargo entre noviembre de 1966 y julio de 1967. Durante su administración, junto al ministro de gobierno, Gastón Juan Lacaze planificó el traslado de la totalidad de los penados a la Cárcel de Concepción, de manera tal que el penal de Villa Urquiza se convirtiera en una unidad exclusiva para procesados. Se rehabilitarían todos los tallares, puesto que muchos estaban detenidos por falta de materia prima o maquinarias, y se buscaría que hubiera trabajo pleno, tanto para penados como para procesados⁹⁸. El plan, sin embargo, no pasó de un mero proyecto, como la “cárcel abierta” de Santa Ana. A esta lista de proyectos no realizados, debe sumarse un plan de creación de cárcel regional (surgido de una reunión de directores de institutos penales en el marco de una reunión de ministros de gobierno del Noroeste Argentino) y, un proyecto de reformas del régimen penitenciario provincial entre 1967-1968, que tampoco llegó a aprobarse⁹⁹.

Por otra parte, las “licencias” continuaron siendo objeto de crítica de la prensa. La Gaceta le dedicó una poesía sarcástica a comienzos de 1967, en una sección llamada “Instantáneas”, que abordaba temas conflictivos en tono irónico y “poético”. A fines de ese año también se publicaron algunas cartas al director denunciando que los penados empleaban esas oportunidades para delinquir¹⁰⁰. Sin embargo, la práctica continuó e incluso la Comisión de Cultura de Villa Urquiza consiguió “franquicias” para las fiestas ese mismo año¹⁰¹. También solicitaron una serie de indultos, pero no hay noticia de que los consiguieran¹⁰². Los indultos “generales” (es decir, colectivos, que eran dados en fechas patrias o religiosas, o, durante el peronismo, en el día del trabajador), que venían practicándose desde tiempos coloniales, dejaron de practicarse de 1964 a 1970¹⁰³. La decisión, que había sido tomada por Barbieri en tiempos constitucionales, se ratificó mediante una disposición del gobierno militar en 1968¹⁰⁴. Sin embargo, en 1970 se regresó a los indultos generales, cuando se perdonó a 40 personas y se redujeron las condenas a otras 35¹⁰⁵.

Fracasados todos los proyectos edilicios ambiciosos y las reformas de carácter legislativo, las iniciativas más importantes del gobierno provincial, fueron tomadas entre 1968 y 1972, cuando se decidió ampliar las unidades de Villa Urquiza y Concepción para terminar con el hacinamiento. Es decir, mantener el estado de cosas, pero con una situación edilicia más llevadera. Una situación que no atacaba el problema de fondo: la falta de aplicación del régimen progresivo y la separación entre penados y procesados, sino sólo su manifestación más visible, el hacinamiento. En septiembre de 1968 el gobernador de facto Roberto Avellaneda visitó Villa Urquiza para observar donde serían emplazados los 6 nuevos pabellones en forma de cruz. La inversión sería de 86.500.000 pesos, aunque se terminó invirtiendo una cantidad muy inferior. Cada pabellón tendría 24 celdas de 4 x 5,5 metros, con "capacidad para cuatro personas". En los seis pabellones podrían alojarse “600 personas”¹⁰⁶. Finalmente, solo se construyeron dos pabellones, con capacidad para 150 personas, ampliando a 500 la capacidad del penal. Las obras de la Cárcel de Concepción fueron terminadas en julio de 1972, cuando se habilitaron dos nuevos pabellones que ampliaron su capacidad de 180 a 320 personas. La obra costó 110 millones de pesos “viejos”¹⁰⁷.

Paralelamente, en 1968, una iniciativa privada con apoyo estatal llevó adelante la construcción de un espacio para “capilla-salón” en Villa Urquiza. La Sociedad de San Vicente de Paul, con fondos propios, aportes de particulares y del gobierno, comenzó aquel año la construcción de la Capilla-Salón San José, que tendría 12 por 35 metros¹⁰⁸. Al ser inaugurada el 29 de noviembre de 1970, significó la incorporación de un amplio espacio para funcionar como “lugar de culto para actividades culturales"¹⁰⁹. En suma, una modificación edilicia con mucho mayor implicancia “penitenciaria” que la ampliación de la capacidad.

Los problemas de la administración eran mucho más profundos y complejos que el hacinamiento. A la virtual paralización de los talleres había que sumar un creciente problema de adicciones al interior del penal, que comenzó a tomar estado público a partir de 1966, cuando La Gaceta publicó informes se habla sobre el problema de las adicciones en la cárcel. Intoxicaciones que se producían mediante el uso drogas introducidas desde fuera del penal (se denunciaba la introducción de pastillas de “seconal”) como así también “cócteles” creados por los propios internos con creolina o líquido de frenos¹¹⁰. Eduardo Perrone, escritor tucumano, dio cuenta en primera persona del tráfico de esas sustancias en el interior del penal y del deplorable estado general de la institución y de múltiples comisarías por las que peregrinó a lo largo de su proceso judicial, entre 1969 y 1971. El “seconal”, sostuvo,

es el negocio más fructífero que existe, y las ganancias que deja a sus cuatro o cinco distribuidores ‘oficiales’ (presos temibles generalmente) son asombrosas […] se trata de un comercio que funciona todos los días […] Luego está el alcohol que es más difícil de conseguir y más caro¹¹¹.

En La Gaceta también se informaron numerosos suicidios y tentativas de suicidios en Villa Urquiza, que seguramente constituyen un número considerablemente inferior al total de casos sucedidos en las instituciones de reclusión provinciales¹¹².

A ello debía sumarse la creciente cantidad de presos políticos. El 11 de agosto de 1969, 28 sacerdotes tucumanos firmaron una declaración dirigida a las autoridades, denunciando la clausura de periódicos, allanamientos, detenciones y amenazas. Sostenían que “los numerosos presos políticos, gremiales o estudiantes víctimas de leyes represivas, no sólo afectan el buen nombre y prestigio de la comunidad argentina, sino que demoran, cuando no se oponen, al proceso de unidad y concordia nacional”. Concluían que "ni como argentinos, ni como cristianos, se pueden admitir torturas y tormentos a los detenidos y presos"¹¹³. En la vista anual de 1969, los jueces de la Suprema Corte señalaron con preocupación que “sólo unos 300 presos” tenían trabajo en los talleres, sin que haya salario para todos ellos. Poco tiempo después, la desactivación de los talleres sería casi total. Y las carencias se observaban en todas las áreas. Los jueces marcaron con preocupación que una dotación demasiado reducida – 40 guardiacárceles– debían repartirse tareas de vigilancia exterior, de las recorridas por los muros, traslados de procesados y penados a tribunales y a hospitales, entre otras tareas. Mientras tanto, la dotación de empleados en el interior del penal era aún más reducida: solo había 6 celadores por turno para atender a una población de “casi un millar de internados”¹¹⁴. En la prensa local también se denunciaba el grave problema del alojamiento de detenidos en comisarías, que se estimaba en unas 300 personas¹¹⁵. Se insistía en la necesidad de crear una “colonia agropecuaria” ya que, sólo solucionar el problema del hacinamiento o la falta de talleres no alcanzaría para resolver el problema penitenciario. Las autoridades, señalaba la prensa, “debían preocuparse por otras cuestiones de fondo, fundamentales, para que la cárcel tuviese realmente una finalidad de readaptación”¹¹⁶. Así, el hacinamiento era reconocido como un síntoma de la debacle del sistema penitenciario tucumano, pero no su causa. La raíz del problema se ubicaba en el incumplimiento de la Ley de 1958 (a la que Tucumán no había adherido legalmente), es decir, el total apartamiento de las reglas mínimas y de la progresividad. Tal como había diagnosticado García Basalo para América Latina en general, en Tucumán, los principales obstáculos también provenían de: “el poco conocimiento de las reglas mínimas, la necesidad de su adopción legal o reglamentaria, el deficiente estado de las instituciones existente, la escasez de personal idóneo, la pobreza del trabajo de los reclusos y las dificultades financieras”¹¹⁷.

Los últimos años que este trabajo abarca son de una enorme inestabilidad y de manifestaciones de resistencia abierta que hacían a la cárcel ingobernable: en 1971, el ERP “asaltó” Villa Urquiza; en 1972 se produjo una resonante huelga de hambre y, en 1973, se produjeron revueltas de presos comunes luego del indulto a presos políticos. En medio del proceso de pauperización del sistema penitenciario, esta sumatoria de incidentes –sumados al contexto social de conflictividad y violencia– fue empleada como legitimación de la militarización de la administración. La propia fuerza policial era vista como incapaz de manejar la cárcel y la huelga de 2.000 policías del 16 de mayo de 1974 ratificaba a la opinión pública esa opinión¹¹⁸.

La tarde del 6 de septiembre de 1971, un comando del ERP ingresó en el penal a bordo de una camioneta cargada con garrafas de gas, simulando un reparto que se realizaba habitualmente. Luego de dejar las garrafas, cuando estaban regresando para salir de la cárcel, los conductores de la camioneta simularon un desperfecto para quedarse entre el portón de entrada y la conserjería. Una llamada telefónica dio la señal a un grupo de internos que estaban en la conserjería, los cuales tenían armas escondidas con las que intentaron reducir a la guardia. El enfrentamiento dejó un saldo de cinco guardiacárceles muertos y tres heridos. Luego de la refriega, 12 miembros del ERP, tres montoneros y cuatro presos “comunes” se dieron a la fuga, en dos vehículos que los esperaban fuera del penal¹¹⁹. Luego de la fuga, el Ejército "se hizo cargo de la situación en el penal", y fueron inmediatamente detenidas nueve personas, entre las que se encontraban el director de Villa Urquiza, Ubaldo Arquímedes Perondi, el alcaide, Virgilio Carpintieri y Rafael Fagalde, abogado de algunos de los presos que habían huido, y que se encontraba en la cárcel al momento del ataque. El hecho tuvo una enorme resonancia nivel nacional e internacional, por varios días¹²⁰. Al cabo de un año, 17 de los 19 los evadidos habían sido recapturados¹²¹.

El 8 de septiembre se ordenó el traslado a Buenos Aires de todos los detenidos “extremistas” que no habían participado de la fuga. Se trataba de 32 personas alojadas en Villa Urquiza y el Buen Pastor¹²². El 12 de septiembre se nombró director de la DIP al suboficial mayor (r) Silverio de Jesús Quinteros, quien también asumió la dirección de Villa Urquiza en lugar de Perondi. El alcaide Carpintieri –sobre quien pesaba la acusación de haber alojado en su casa a algunos de los evadidos– también fue desplazado, y se puso a otro militar en esa función: suboficial mayor (r) Luis Nieto. Finalmente, tras una larga investigación, el fiscal Gabino Salas solicitó condenas de reclusión perpetua para todos los fugados y sus colaboradores¹²³. Sin embargo, la situación carcelaria continuaba en una enorme tensión. En abril de 1972 los internos se negaron a asistir al trabajo en los talleres y comenzaron una huelga de hambre, porque la administración adeudaba tres meses del pago de peculio¹²⁴. Aunque el pago se acostumbraba a realizar en efectivo, las autoridades intentaron pagarles con vales, los cuales fueron rechazados por los internos. Las autoridades argumentaron que la legislación establecía que un tercio del peculio debía abonarse con vales, otro tercio debía depositarse en cuenta de ahorro y un 40% se entregaba directamente a las familias. A raíz de ese conflicto, los internos iniciaron una huelga de hambre y las autoridades suspendieron las visitas. La prensa local intentó ingresar en la cárcel para investigar in situ pero las autoridades les negaron la entrada a los pabellones. La medida de fuerza de los internos, que se extendió por cinco días, provocó “falta de pan en los hospitales, ferias francas y reparticiones públicas”. El 17 de abril, varios carros de asalto de la policía irrumpieron en la penitenciaría armados con gases lacrimógenos y desalojaron las celdas. Los internos fueron concentrados en el patio central y se aislaron a los supuestos “cinco cabecillas” de la protesta. Al resto se los obligó por la fuerza a volver al trabajo y recibir el peculio. Pocas horas después del operativo, ingresó un interno en el hospital Padilla con diversas lesiones. Se dijo que “se había fracturado una pierna al introducir un pie en un albañal”. Sin embargo, la prensa sospechaba que se trataba del producto de la represión de la protesta. Según trascendió extraoficialmente –sostenía el diario– varios penados habían resultado lesionados¹²⁶. El Partido Demócrata Cristiano denunció y repudió la represión. Finalmente, el director de la DIP, el suboficial Quinteros, debió comparecer ante un juez por la denuncia de familiares de un penado hospitalizado luego de la represión, aunque no hubo noticias de que la investigación prosperase¹²⁷. Al mes siguiente, a nivel nacional, el PEN dispuso el control de las FFAA en todas las cárceles del SPF¹²⁸.

La militarización de las cárceles era un fenómeno de amplitud nacional. Aunque en 1973 se produjo el regreso a la democracia, ese proceso no se invirtió. La administración peronista comenzaría un amplio proceso de amnistías e indultos que produjo un descenso de la población penal, pero las cárceles volverían a repoblarse muy rápidamente. En Tucumán, resultó electo gobernador el candidato peronista Amado Juri, quien se había comprometido en indultar a los detenidos peronistas. Por entonces, se encontraban en Villa Urquiza nueve detenidos por el asalto al Banco Comercial del Norte de Villa 9 de Julio y dos por el asalto a la subcomisaría de Villa Mariano Moreno. El 25 de mayo, mientras el gobernador Juri daba su discurso inaugural ante la asamblea legislativa, una multitud de jóvenes irrumpió en los portones del Villa Urquiza, treparon a las rejas del portón de entrada intentando derribarlo y pintaron las paredes reivindicando la lucha armada de montoneros y de las FAR. Para calmar a la multitud, el gobernador se dirigió personalmente al penal. Cuando llegó, fue llevado en andas por los jóvenes hasta ingresar al penal. Finalmente salió a saludar desde lo alto de la muralla, acompañado por dos de los presos peronistas. Desde allí dieron discursos solicitando calma y luego volvieron a sus celdas. Así, parte importante de los jóvenes concentrados en la entrada del penal se retiró. Otros quedaron en la plazoleta y formaron una olla popular. Del interior del penal se emitió la orden de desalojar la entrada, por lo que los guardiacárceles arrojaron gases desde la muralla para dispersar a los jóvenes que aún permanecían allí¹²⁹. Los once detenidos peronistas fueron indultados al día siguiente. La medida se llevó a cabo en cárceles de todo el país¹³⁰. Esto generó un importante descontento en la población de presos “comunes”, que demandaron indultos. Ante los reclamos, se llevó a cabo una gran reducción de condenas, a casi todos los penados, que redujo la población del penal de casi 800 personas a alrededor de 500, en pocos días.

El gobernador formó entonces una comisión especial de legislación carcelaria para reglamentar el régimen penitenciario provincial. La comisión concluyó su labor en diciembre de 1974 y elevó dos anteproyectos de ley al PE. Así se cumplía con lo dispuesto por el decreto ley 412-58, ratificado por ley 14.467 de 1958, que disponía que las provincias debían reglamentar la ley. Hasta entonces la provincia solo contaba con la Ley 2.380 de 1950 que nunca se había reglamentado¹³¹. En suma, Tucumán carecía de una ley de ejecución penal que estructurase la progresividad de su régimen penitenciario. Sin embargo, a los pocos días de presentado el proyecto de ley comenzaba el Operativo Independencia. La ley no fue tratada por el congreso provincial y quedó en la nada. Sería el golpe de gracia para el régimen penitenciario, ya que, a partir de entonces, regiría en las cárceles no sólo el orden militar sino una combinación con métodos paraestatales. La clandestinidad y la ilegalidad tomaron la administración.

La prisión depósito consolidada. Algunas conclusiones

Este recorrido de 25 años por la historia de las prisiones tucumanas presenta con claridad algunas de sus características principales. Inestabilidad, desorganización y falta de previsión saltan a la vista con simples números: 26 titulares del PE (5 gobernadores electos y 21 designados por el PEN) y 25 directores de la DIP (sin contar interventores o directores interinos). El resultado de las políticas penitenciarias (y la falta de ellas) es claro y contundente: la consolidación del modelo de “prisión-depósito” en las dos “unidades” penales provinciales Villa Urquiza y Concepción, con el agravante de que la primera había sido una institución modelo por 20 años. La pauperización del sistema presenta tres hitos: la integración de procesados en 1948, el hacinamiento provocado por el cierre de Encausados de la Capital en 1959 y el paulatino abandono de los talleres en la década de 1960. Sin inversión, sin modificaciones legislativas significativas, sin formación de los agentes, sin políticas penitenciarias definidas, el sistema penitenciario provincial se convirtió en un conjunto desarticulado de depósitos de presos, distribuidos en dos grandes prisiones, la sección de mujeres del Buen Pastor y un conjunto de calabozos policiales distribuidos por toda la provincia. Como en muchas otras partes del mundo, la “gestión social/asistencial” fue reemplazada por una “gestión punitiva”¹³². Muy pocos vestigios quedaron en Tucumán de lo que fuera una concepción “welfarista” de las estrategias penales¹³³. Tampoco quedaban mayores vestigios de la prisión “correccional”, reemplazada en este cuarto de siglo por un conjunto de “prisiones-depósito”¹³⁴. Fuera de algunas iniciativas constructivas –los nuevos pabellones de los ‘70 y la capilla-salón–, aquellas que podrían considerarse “de fondo” fracasaron: nuevo régimen, prisión abierta en Santa Ana, reactivación de los talleres. En síntesis, sólo se atendió el problema de alojamiento y de manera precaria y momentánea, ya que, las obras no se completaron y, con el crecimiento de la población penal, las cárceles volvieron a estar hacinadas al poco tiempo. El contexto de convulsión social facilitó la total militarización de la administración, golpe de gracia a la progresividad del régimen, que ya era inaplicable desde antes pero que, a partir de entonces, ni siquiera sería un elemento retórico. Finalmente, la inclusión de las unidades penitenciarias en los planes de terrorismo de estado, acabaron de desvirtuar sus funciones, finalidad y funcionamiento.

Notas