Debe el gaucho tener casa, escuela, Iglesia y derechos

Fuente: Martín Fierro

1. Introducción

El acceso a la vivienda por parte de los sectores populares –o la «cuestión de la vivienda» como se la llamó en la Argentina de finales del siglo XIX­– es uno de los problemas sin resolver que forma parte tanto de la clásica como de la nueva cuestión social hasta la actualidad. Ante ella la Iglesia Católica en sus pronunciamientos y en su praxis ha mantenido en Argentina una preocupación constante por dicha problemática que se ha mantenido a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del XXI. Esas intervenciones son parte de un accionar más amplio que se verifica a nivel internacional ante los procesos de creciente urbanización de la vida humana, especialmente en Latinoamericana y con peculiar intensidad en Argentina desde mediados del siglo veinte.

Este fenómeno –experimentado especialmente en las ciudades argentinas a raíz del fuerte impacto de las migraciones masivas con epicentro en la ciudad de Buenos Aires y alrededores– generó algunas respuestas particulares, incluidas las de grupos eclesiales, que se inician en las últimas décadas del siglo XIX. Posteriormente, en el accionar del Estado sobresale el funcionamiento de la Comisión Nacional de Casas Baratas –organismo nacional destinado a procurar viviendas para sectores populares, que funcionó desde 1916 hasta los años cuarenta­– y la implementación de otras estrategias públicas puestas en marcha en los años treinta. A continuación, se destacan, en el llamado Primer Peronismo (1946-1955), los planes de construcción masiva de vivienda social, seguidos más tarde por diversos programas discontinuados hasta la actualidad y que no lograron superar el problema satisfactoriamente.

Este rápido recorrido, que abarca más de un siglo, está atravesado por una gran cantidad de propuestas, controversias, proyectos arquitectónicos, planes urbanísticos, obras literarias, debates legislativos, y también de iniciativas de los particulares y de diversas organizaciones. En ese amplio caudal se inserta el desempeño de la Iglesia en el campo de la vivienda social especialmente a partir de la Gran Colecta Nacional de 1919, llevada a cabo por la Unión Popular Católica Argentina, que fue tomado como hito inicial del presente trabajo.

Uno de los fundamentos doctrinarios –a mitad camino de esa trayectoria centenaria– está indicado en el Concilio Vaticano II (1965) cuando declara, por ejemplo, a la vivienda como derecho específico del hombre para vivir una vida humanamente digna (Gaudium et spes, 26). Esta prioridad y valoración de la vivienda ha vuelto a ser puesta de relieve cuando el papa Francisco señala tres anhelos fundamentales que guían a los movimientos populares: tierra, techo y trabajo.[1] Además, la teología ante la urbanización de la vida humana ha venido contribuyendo a insertar la vivienda en un horizonte más amplio que es el hábitat y la vida en la ciudad.[2]

Se advierte que la casa, en el largo período considerado, mucho más allá de su materialidad, expresa una carga simbólica reveladora de un sistema de valores y de variables económicas, técnicas, sociales y culturales de gran intensidad. De esa manera, se percibe el traspaso desde perspectivas sanitaristas y moralizantes –centradas en la vida doméstica y organizadas en el modo de producción fordista– a enfoques más integrales conectados con las cuestiones ambientales, el ordenamiento de los territorios, las dinámicas descentralizadas y flexibilizadas del empleo post industrial masivo y el derecho a la ciudad, entre otros nuevos tópicos.

Al mismo tiempo, se observa que la «cuestión de la vivienda», desde el punto de vista de la actividad social de la Iglesia, es posiblemente –luego de la educación y la salud– donde más han aflorado iniciativas e involucramiento de un buen número de sus miembros y organizaciones. Sin embargo, todas esas realizaciones se hallan dispersas o parcialmente documentadas y se carece de una visión panorámica suficientemente ordenada y estudiada en su conjunto. Este ha sido el intento principal de esta investigación.

2. La Argentina del Centenario

El punto de partida cronológico que tomamos se inserta aproximadamente a medio camino de la habitualmente denominada etapa agroexportadora (1860-1930), caracterizada por un gran crecimiento económico ligado a la expansión de la frontera agrícola y al aumento de la demanda exterior. Se configura una estructura agraria con grandes superficies concentradas en pocas manos, que trae como consecuencia el arrendamiento y la baja remuneración salarial, la radicación de capitales extranjeros, especialmente británicos, con inversiones en infraestructura fundamentalmente ferroviaria, y la llegada de inmigrantes. Desde el punto de vista social, dado que hay grandes diferencias, se producen luchas y huelgas obreras en busca de mayores derechos laborales, y se evidencia un vacío jurídico que sería llenado por la ley nacional del trabajo.[3]

La conflictividad social de esos años se refleja en las múltiples protestas agropecuarias. Una de las más resonantes fue la que tuvo lugar en Alcorta, provincia de Santa Fe, en 1912. Esta rebelión, conocida habitualmente, como el «Grito de Alcorta», fue iniciada por pequeños y medianos arrendatarios rurales, quienes se levantaron contra el abuso y la explotación de los grandes latifundistas y terratenientes.[4] Los huelguistas pronto lograron la adhesión de anarquistas y socialistas, los pequeños comerciantes, los profesionales y de sacerdotes como José y Pascual Netri, hermanos del abogado Francisco Netri que redactó un nuevo modelo de contrato de arrendamiento.[5] En sus memorias Pascual Netri recuerda: «Nosotros con mi hermano José, cura párroco de Alcorta, solíamos después de misa, reunir ante el atrio de la iglesia a los chacareros y les aconsejábamos que se rebelaran en contra de las injusticias que padecían por la acción nefasta de los ambiciosos terratenientes».[6]

El Grito de Alcorta dio origen ese mismo año a la Federación Agraria Argentina conformada por pequeños y medianos propietarios rurales, principalmente concentrados en las provincias de Santa Fe y de Córdoba. También en esos años, hubo paros generales de los ferrocarriles, de los cocheros rosarinos y mendocinos, y hasta contra la Armada por una violenta represión a obreros en Bahía Blanca. A ello hay que agregar «la huelga de las escobas» protagonizada por las mujeres de los conventillos de la ciudad de Buenos Aires en 1907, que clamaban «barrer la injusticia» de los alquileres abusivos y las pésimas condiciones habitacionales.[7] Otro episodio de gran resonancia fueron las huelgas obreras en la Patagonia que desembocaron en fusilamientos en 1922.

Asimismo, en el ámbito urbano, el caso de mayor repercusión fue la Semana Trágica de enero de 1919. El episodio, con cientos de muertos, fue el desenlace de una prolongada huelga en reclamo de mejores condiciones laborales, liderada por socialistas y anarquistas. El epicentro del conflicto estuvo en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, en el barrio de San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires.[8]

En esos años, los Círculos Católicos de Obreros tienen un protagonismo destacado en relación a la cuestión social. Así está registrado en el Informe sobre el Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República. Dicho Informe –redactado a propósito de la proximidad del Centenario de la Revolución de Mayo– fue encargado por Joaquín Víctor González, ministro de Justicia e Instrucción Pública, al médico, abogado y técnico en agronomía, Juan Bialet Massé para que estudie la situación social del país. Sus resultados fueron publicados en 1904 y reflejaban la penosa situación social del país.

El Informe, si bien está orientado a fundamentar una futura ley nacional de trabajo, nos ofrece un cuadro general de la lamentable situación social de buena parte del país. No se detiene especialmente en la cuestión de la vivienda, pero al menos nos da algunas pocas referencias. Por ejemplo, así describía un conventillo en Rosario:

«Conventillo inmundo, foco de todas las inmoralidades y miserias, muerte de todas las libertades y de la elevación moral de los pueblos. Allí las suciedades en contacto, el pudor y la independencia imposibles, el visillo no basta para mantenerlos, es muy ralo y delgado, las pasiones acechando pared por medio, en lucha y contacto diario, las peleas de las vecinas enconando odios entre los hijos desde la infancia, el cambio continuo quitando la idea de la estabilidad y matando el patriotismo, ese es el conventillo, foco de todas las ruindades».[9]

Por otro lado, Bialet Massé, enrolado en una «versión moderada del socialismo»[10], reconoce el aporte de la encíclica Rerum Novarum –publicada en 1891 por León XIII– por su defensa de la libertad y dignidad del trabajador, y considera que:

«En todo lo que he leído sobre la materia, desde el punto de vista del derecho, creo que nadie ha expuesto la doctrina del jornal mínimo como León XIII, en la célebre encíclica Rerum Novarum, con tan admirable sencillez y bajo el exclusivo aspecto del derecho natural puro, que no lo refiere a ningún dogma, ni cita más precepto religioso que el texto bíblico: comerás el pan con el sudor de tu frente; precepto que no está escrito solo en la Biblia, sino que vive en las estrías de la fibra muscular, en el movimiento continuo del corazón, en las funciones orgánicas y en el acumulamiento de energías, que si no se descargan saltan, queman y matan como el exceso de energía eléctrica quema y destruye el aparato en que se acumula con exceso; y no solo está escrito, sino asegurado y garantido por el dolor que causa eludir la satisfacción de las necesidades primordiales de la vida; en el impulso irresistible que conduce a ella al hombre como al animal».[11]

Uno de los difusores principales de la Rerum Novarum en el país fue el P. Federico Grote. El P. Grote a su vez fue el promotor de una de las expresiones más fuertes del catolicismo social en esa época y el fundador de los Círculos Católicos de Obreros en 1892.[12] Bialet Massé en su recorrida por diversas provincias, varias veces menciona a los Círculos Católicos de Obreros, pero en forma despectiva y considera que «ningún obrero tiene la noción de la Rerum Novarum; pocos sacerdotes, aparte de Córdoba y algunos de tal o cual punto, la conocen; y ninguno la predica».[13] Justamente, en Córdoba sobresalía la actuación de Arturo Bas (Córdoba, 1875 - Buenos Aires, 1935), que en 1912 fue nombrado vicepresidente de la Junta de Gobierno de los Círculos Católicos de Obreros. A.Bas al mismo tiempo inicia su carrera como diputado nacional, buscando impulsar algunas de las iniciativas legislativas de los Círculos, como la construcción de casas para obreros, el fomento del ahorro, la apertura de agencias de colocaciones y la indemnización. Ya en 1895, los Círculos habían presentado en el Congreso un proyecto destinado a construir viviendas por medio de préstamos hipotecarios del Estado.[14] Bas fue un estrecho colaborador de su comprovinciano Juan Félix Cafferata, a quien nos referiremos en seguida,

En la misma época, cabe destacar la «extraordinaria obra de la Sociedad de San Vicente de Paul en los conventillos en las primeras décadas del siglo XX».[15] Además de otras tareas afines, en 1907 construyeron viviendas gracias a una donación de Azucena Buteler y fondos del Jockey Club. Asimismo, la conferencia de Señoras de San Vicente de Paul administró su propia «colonia obrera», construida en 1912 en Nueva Pompeya, que comprendía un asilo, consultorios médicos y una escuela que complementaban a la vivienda.[16]

De todos modos, la acción más orgánica fue la decisión del Episcopado Argentino, el 28 de abril de 1919, de fundar la Unión Popular Católica Argentina (UPCA) que será la encargada de llevar adelante la Gran Colecta Nacional. La Colecta tenía por finalidad principal la construcción de «viviendas sanas» para la clase obrera, y estuvo bajo la dirección de Mons. Miguel de Andrea.

La Colecta adquirió ­valores importantes consistentes en dinero (siete millones de pesos) y terrenos que permitieron la construcción de los conjuntos de Mataderos (veinte casas), Martínez (veinticuatro casas), Berisso (cincuenta y ocho casas), Flores (noventa y una casas) y Barracas (sesenta y cuatro casas). Los criterios que se siguieron fueron completar la trama urbana existente, antes que extenderla, y desde el punto de vista tipológico se prefirió la vivienda individual en Barracas, Mataderos y Martínez; mientras que en Flores se construyó una casa colectiva, y en Berisso se combinó ambas tipologías. Todas las viviendas se construyeron entre fines de 1919 y 1924.[17]

3. De las Casas Baratas a la Secretaría de Trabajo y Previsión

En forma simultánea, cabe destacar la actividad que venía desplegando Juan Félix Cafferata (Córdoba,1877-1957), político y médico argentino perteneciente al Partido Demócrata Nacional. Fue cinco veces diputado nacional por Córdoba. A su vez, participó de la Liga Democrática Cristiana, un antecedente de lo que luego será la Democracia Cristiana fundada en el país en 1954. También se destacó –tal cual adelantamos– como impulsor del Círculo de Obreros Católicos de Córdoba. J. Cafferata representa un giro desde acciones impulsadas por particulares –incluida la Iglesia y algunas de sus organizaciones– a introducir el concepto de intervención del Estado en cuestiones de vivienda.

La posición liberal de no intervención del Estado en materia de vivienda tenía un aliado impensado, al menos parcialmente, en los socialistas que, desde el Congreso, a partir de 1904, abogaban por la constitución de instancias públicas no-estatales de construcción (cooperativas). No obstante, a fines de los años 30, admitían el financiamiento del Estado Nacional siempre que se garantizara la programación y ejecución descentralizada a cargo de municipalidades o entidades públicas no-estatales. La cooperativa «El Hogar Obrero», fundada en 1905 por los socialistas era el mayor exponente en la materia y respuesta ante el encarecimiento de los alquileres. También entre los socialistas eran muy fuertes las ideas higienistas (sus principales dirigentes eran médicos: Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Ángel Giménez). Fueron especialmente partidarios de viviendas colectivas a las que consideraban más adecuada por su costo y por simplificar el trabajo doméstico. Para 1940, la cooperativa había construido 827 unidades.[18]

Por su parte, el radicalismo no implementó la intervención estatal, aunque intervino en el mercado inmobiliario congelando los alquileres y otorgando créditos para vivienda a partir de 1919 (y hasta la crisis de 1929) a través del Banco Hipotecario Nacional, entre los que se destacan los destinados a empleados nacionales para la construcción o adquisición de vivienda propia, que oscilaron entre 150 y 220 por año. Por su parte, La Caja de Jubilaciones Ferroviaria, creada en 1919, aplicaba sus fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios a través del «Hogar ferroviario», iniciativa del diputado Arturo Bas, que entre 1924 y 1939 había otorgado más de 14.000 préstamos.[19]

En líneas generales, los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y municipales tuvieron poca intervención en la producción de viviendas para sectores de bajos recursos, dado que respondían a una concepción que delegaba en el mercado la resolución del problema. En la superación de esta situación, Cafferata tuvo un papel descollante en el parlamento para alcanzar la aprobación de la llamada Ley de Casas Baratas, también conocida como Ley Cafferata.[20]

Se trata de la Ley 9677, sancionada en 1915, que establecía una Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB) con funciones de fomento, dirección y control de viviendas con base en un fondo creado ya por la Ley 7.102. El primer barrio construido dentro del programa fue el Barrio Cafferata de Parque Chacabuco en la Ciudad de Buenos Aires en 1921.[21] En el período 1915-1943 la CNCB construye 977 unidades, distribuidas entre viviendas individuales y departamentos.[22]

Aunque la CNCB no alcanzó la construcción masiva de viviendas, no obstante:

«el organismo marcó un hito en la historia de la vivienda de interés social en Argentina, coma un primer avance estatal a nivel nacional en el tema. La CNCB se formó en base al modelo de las societés des habitations a bon marché francesas, y su misión, antes que construir en cantidades tendientes a regular el mercado habitacional, consistía en difundir y orientar en materia de habitar, aplicar exenciones impositivas a las construcciones que se acogieran a ciertas características de economía e higiene y realizar construcciones experimentales a las que se asignaba un carácter ejemplificador».[23]

En esa época, otro dirigente católico a destacar, en relación a la problemática de la vivienda obrera, fue el economista Alejandro Bunge (Buenos Aires, 1880-1943). Sus estudios como director de la División Estadísticas del Departamento Nacional de Trabajo en el período 1910-1915 contribuyeron a la elaboración del proyecto y posterior sanción de la Ley de Casas Baratas. A. Bunge realizó una minuciosa encuesta sobre la vivienda obrera, el trabajo a domicilio y el costo de vida de los sectores populares de la Capital Federal, constatando las paupérrimas condiciones y el hacinamiento en que vivían.[24]

Para 1912, el Padre Grote fue reemplazado en los Círculos de Obreros Católicos, por Mons. Miguel de Andrea como asesor, y Alejandro Bunge, como nuevo presidente, promovió una gran cantidad de iniciativas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Una obra emblemática impulsada por Mons. de Andrea fue la creación en 1923 de la Casa de la Empleada, sede la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas (F.A.C.E.) y, en 1954, el Hogar de la Empleada, ambas instituciones en la ciudad de Buenos Aires, que proveían de comedor, atención médica, capacitación profesional, esparcimiento, gastronomía, higiene y, tiempo después, alojamiento a sus asociadas.[25]

Otras iniciativas provenientes de organizaciones católicas en este período fueron las que impulsó la Corporación de Arquitectos Católicos (CAC) formada en 1938. Surge a partir de una iniciativa de Tomás D. Casares, director de los Cursos de Cultura Católica, que promovía la creación de asociaciones profesionales católicas.[26] La CAC organizaba conferencias, intervenciones públicas en prensa católica y en revistas de arquitectura, y otras tareas de difusión a favor de la vivienda popular. Posteriormente la Corporación tuvo participación en el primer gobierno peronista y en las actividades de Fundación Eva Perón, propiciando el chalet individual como el modelo ideal de «hogar de la familia cristianamente constituida».[27]

En el Congreso Panamericano de Vivienda Popular que se realizó en Buenos Aires en 1939 se produjo una confrontación entre los que abogaban por una solución individual y aislada al problema de la vivienda –posición sostenida por la CAC–, y los que proponían las construcciones colectivas, de alquiler y de alta densidad, aunque admitían que estas no proporcionaban la mejor solución en términos de la función «pedagógico social» de la vivienda. El Congreso se inclinó por la vivienda individual cuya propiedad pueda ser adquirida por los trabajadores y constituirse en bien de familia. De este modo, se relegó la vivienda colectiva para los casos en que la economía del proyecto lo justificara, aunque asegurando en tales casos la mayor independencia posible de cada familia. De todas maneras, ambas posiciones coincidían en reclamar la intervención estatal.[28]

Los grupos católicos, además de su destacada participación en el Congreso, desplegaron una intensa acción propagandística y propiciaron en 1943 la construcción de un conjunto de 40 chalets en Liniers. Actividades encuadradas dentro de los lineamientos de la encíclica Quadragessimo Anno (1931) que subrayaba el principio de subsidiariedad que implicaba el reconocimiento del auxilio del Estado, sin absorber a los estamentos intermedios como la familia.[29]

Una iniciativa individual, pero de clara inspiración católica, fue la llevada a cabo por el empresario de origen belga Julio Steverlynck que instala la Algodonera Flandria en la localidad de Jáuregui, provincia de Buenos Aires, en 1928, donde aplica una serie de medidas, como el aumento del salario, la disminución de las horas de trabajo y el descanso dominical. La idea de Steverlynck de «pueblo-industria tenía cimientos firmes en lo propuesto por la encíclica papal Rerum Novarum y en los postulados del catolicismo social de Europa» que se concretó en el otorgamiento de lotes mediante un contrato por el cual el cual el propietario se comprometía a dejar metros adelante para el jardín y metros en el fondo para la quinta. Había un modelo típico de vivienda, aunque no era necesario reproducirlo. Entre peones y jefes se otorgaron 600 préstamos para lotes y viviendas. El pago se hacía de manera automática, con un descuento proporcional de acuerdo a cada salario.[30]

Para fines de los años treinta, pese a la oposición como ya indicamos de algunos sectores como los socialistas, hubo en las realizaciones de viviendas populares una preferencia por las soluciones individuales. En todo caso, la vivienda colectiva quedó reservada a las grandes ciudades, dado el alto costo de la tierra y la densidad de población. Tendencia que continuará el peronismo. O sea: «La casa individual como símbolo de arraigo, de estabilidad, de unión familiar y continuidad entre padres e hijos, continuó operando, porque se había constituido como una representación consistente y extendida».[31]

En este período se puede visualizar que –tanto desde el punto de vista de las acciones de los particulares como las que empiezan a desarrollarse desde el Estado ante el problema de la vivienda obrera– el enfoque que prevalece ampliamente es el «higienista», entendido como una «práctica científica» que impone un intervención activa sobre la sociedad; por ejemplo «en la provisión de agua potable, la eliminación de los residuos cloacales, la recolección de la basura, la construcción de pavimentos, así como la ubicación de parques públicos, cementerios, mataderos y hospitales».[32]

Con el advenimiento del peronismo al poder y con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se producirá un notable giro en la política habitacional.

4. El derecho a la vivienda 1943-1955

Si bien en el período anterior ya se habían llevado a cabo intervenciones del Estado en materia de vivienda social, con el ascenso del peronismo al gobierno se inicia la construcción masiva, planificada y sostenida en el tiempo, mediante acciones directas (construcción de unidades) e indirectas (asignación de créditos). Juan Domingo Perón, como parte integrante de la Revolución de Junio de 1943-1946, inició su acción en vivienda desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón criticaba al anterior "Estado abstencionista” y disolvió la CNCB, pues se evaluaba como baja la cantidad de unidades construidas y reducidos los montos asignados. Posteriormente, Perón siendo presidente, se dispuso la rebaja en los valores de los alquileres y extendió los beneficios de las Casas Baratas a todo el territorio nacional. Pero fundamentalmente hubo un giro conceptual que consistió en abandonar el «tono protector de las necesidades» y como un elemento imprescindible para la mantención del orden social y la familia –como subrayarían los católicos–, y avanzar hacia el reconocimiento del «derecho a la vivienda» como elemento integrante de la «justicia social».[33] Aspecto luego reconocido por la Constitución de 1949, Artículo 37, III. 2. Derecho a la vivienda: «El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas, es inherente a la condición humana».

El «derecho a la vivienda» también se diferenciaba de los socialistas que consideraban a la vivienda coma una recompensa al ahorro y austeridad del trabajador. Sin embargo, esta ruptura con prácticas y discursos anteriores no fue total. Se mantuvieron representaciones tradicionales de la vivienda ligadas a la familia y a la preferencia por formas constructivas, por ejemplo, en la elección de la vivienda individual, que denotarían la influencia de las posiciones de la Iglesia y los grupos católicos. En efecto, existía en la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires una Comisión Asesora de la Vivienda Popular con una fuerte presencia de referentes católicos: Mons. Miguel de Andrea (presidente), Carlos Mendióroz (secretario técnico), Juan F. Cafferata y Julio V. Otaola.[34] A su vez, la Dirección del Departamento del Plan de Urbanización, a cargo de Carlos Mendióroz se integró a fines de 1943 a la Secretaría de Obras Públicas e Industrias, a cargo de Carlos Becker, miembro también de la Corporación de Arquitectos Católicos.[35]

Una propuesta de la Comisión fue construir un «barrio modelo», compuesto por chalets realizados en estilo californiano, buscando «aun a costa de un pequeño recargo en la construcción, lograr viviendas atrayentes con el objeto de afianzar en los ocupantes su afecto a la vida de hogar, y educar de esta manera el sentido familiar de los moradores».[36] Además, Mendióroz cuestionaba la «ciudad superconcentrada y supermecanizada» opuesta «a la manera cristiana de vida», refiriéndose a un proyecto del grupo OVRA (Organización de la Vivienda Integral en la República Argentina) que proponía un conjunto de viviendas pabellonales en la zona conocida como Casa Amarilla en la ciudad de Buenos Aires.[37]

5. El Equipo de Vivienda de la Democracia Cristiana

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue fundado en Rosario en julio de 1954, en un clima de creciente enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno peronista. Entre los dirigente más sobresalientes del PDC se puede señalar al arquitecto Luis Miguel Morea (Buenos Aires, 1921-2003) que fue a su vez un destacado exponente de la planificación y el diseño urbanos[38], y con una «sensibilidad intelectual» y «concepción humanista» que lo llevaron a centrar su preocupación en temas como los de la vivienda social.[39] Efectivamente, L. Morea desplegó una intensa actividad pública –además de su práctica estrictamente profesional– y entre otras iniciativas fue autor de diversas presentaciones al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación para la instauración de una Política Nacional de Planificación de la Vivienda. Particularmente, fue promotor en 1955 del Equipo de Vivienda del naciente PDC que incluía a algunos de los que habían participado activamente en la realización de diseños en los grandes conjuntos de vivienda del primer gobierno peronista.[40]

Una temprana actividad del Equipo estuvo vinculada a "Villa Jardín" en Lanús, provincia de Bueno Aires, en relación a problemas referidos a la tenencia de la tierra, el saneamiento básico, la salud y la organización de la comunidad, donde, además de otros profesionales, participó la asistente social Libe de Gamboa, que luego presidiría el Instituto de Vivienda en la Provincia de Buenos Aires.

Posteriormente una acción resonante que llevó adelante el Equipo de Vivienda fue su oposición al proyecto para el barrio de San Telmo en la ciudad de Buenos Aires que el gobierno de la “Revolución Libertadora”, surgido en 1955. Se criticaba la falta de un estudio integral del sitio, la ausencia de una participación ciudadana y el destino incierto de los vecinos que deberían, por razones económicas, emigrar a viviendas transitorias como las que se hacían entonces para erradicar las villas de emergencia. El Equipo sostenía que había tierras fiscales suficientes para posibilitar programas de vivienda en lugar de encarar estos planes especulativos y que arrasarían con el centro histórico de Buenos Aires. La inaceptable iniciativa –según Molina y Vedia– con que se pretendía suprimir el barrio preanuncia las macro-intervenciones que fracasarán no mucho después: Villa Lugano, Fuerte Apache, etc.[41] En agosto de 1957 el Gobierno paralizó la ejecución del Plan de Remodelación del Barrio Sur. En su reemplazo, el vecindario propuso la promoción de cooperativas de vivienda en la Boca que se formaron a finales de 1958. En la formación de la Cooperativa trabajaron Luis Morea, Marcelo Salas y Alberto Ricur junto al cooperativista Luis Amura.[42]

Cabe indicar además que Luis Morea fue electo vicepresidente (1962-1964) de la Sociedad Central de Arquitectos (SAC), primero junto a Alberto Ricur como presidente y luego durante la presidencia de Horacio Pando (1970-1974). Desde las páginas de la revista de la SAC, L. Morea difundirá reiteradamente su propuesta de establecer una política nacional para la vivienda.[43] En esas y otras publicaciones a modo de preámbulo a los aspectos técnicos, Morea presenta habitualmente algunos fundamentos conceptuales entre los cuales sobresalen remisiones explícitas o implícitas a conceptos claves del dominico francés Louis Joseph Lebret, señalados ya desde los mismos títulos, por ejemplo: «desarrollo integral armónico», «desarrollo auténtico». Con trayectorias similares vinculadas a la problemática de la vivienda y con inspiradores comunes –como Mounier, Maritain, además de Lebret– se puede mencionar a Claudio Caveri, Mario Robirosa y Ezequiel Ander-Egg.[44]

La revista de arquitectura Summa decide en 1971 incorporar una nueva sección titulada Políticas del Habitat y encarga la iniciativa a los arquitectos Luis Morea, Celia Ursini y Guillermo Mérega, acompañados por un equipo interdisciplinario integrado por Félix Herrero (Economía), Floreal Forní (Sociología) e Ignacio Palacios Videla (Comunicación Social).[45] En la presentación de la primera entrega declaran que Argentina exige un «desarrollo nacional integralmente humanista» en contraste con «el crecimiento en función de la sola rentabilidad económica» donde «las variables espaciales y poblacionales no se incorporan decisivamente a la planificación nacional como factores de desarrollo». Y agregan:

«El planeamiento regional y la organización de las ciudades no constituyen únicamente problemas técnicos: la participación del pueblo se hace indispensable para impulsar el verdadero proceso de planificación democrática, que es una respuesta más al anhelo creciente de libertad, maduración personal e integración colectiva de nuestros tiempos».[46]

También consideran que el acceso a la vivienda requiere la creación de un Fondo Nacional de la Vivienda y la promoción del cooperativismo.[47]

6. Reorientación, crisis y nuevas modalidades

La celebración del Concilio Vaticano 1962-1965 supuso una decisiva reorientación de la acción social cristiana que al mismo tiempo desencadenará en la crisis de algunos de sus modelos conceptuales y organizacionales. Por ejemplo, la Acción Católica fundada en el país en 1931, que había sido la cantera originaria de muchas de los dirigentes antes mencionados, entra a partir del Concilio en una aguda crisis y desmovilización de sus integrantes.[48]

En cuanto al aspecto doctrinal, en el pensamiento social cristiano se produjo un fuerte giro que propenderá a desplazarse de visiones sectoriales propias del «catolicismo social» a una concepción más integral y política en cuanto a buscar las causas de los hechos sociales y no sólo atender a sus efectos.[49] De ese modo, el acceso a la vivienda dejará de ser una cuestión aislada y pasó a ser un componente más de la lucha por la justicia.

Especialmente a partir de la II Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Medellín en 1968, esta nueva perspectiva conocida como «opción preferencial por los pobres», movilizará múltiples inserciones de distintos grupos eclesiales y personas en los barrios populares. Las distintas versiones de la teología de la liberación –y en Argentina, particularmente la Teología del Pueblo y la Pastoral Popular– contribuirán a la crítica y superación de visiones sectoriales, y de actividades asistenciales hacia los sectores populares tendiendo no sólo a cubrir necesidades –por ejemplo, la vivienda– sino también a la organización y participación de la comunidad.

A continuación, presentamos muy brevemente un elenco no exhaustivo de variadas intervenciones e inserciones, aproximadamente desde mediados de la década de 1950, destacando algunas organizaciones y personas más significativas.

Varias de ellas corresponden a miembros de la Compañía de Jesús. Desde 1952, el jesuita José Balista, con estudiantes y otros voluntarios argentinos y canadienses, construye pequeñas casas para familias con pocos medios en Villa Soldati, ciudad de Buenos Aires, al que se denomina «un caso de radicación por autoconstrucción asistida».[50] J.Balista fue fundador de Emaús en Argentina en 1955 y llegó a ocupar la vicepresidencia de Emaús Internacional entre 1971 y 1981. Posteriormente Emaús extiende su acción a otras localidades del gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paraná y Resistencia. Balista, además de su estrecha vinculación con el movimiento Emaús, fue también un referente en el tema de la vivienda en el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de los jesuitas en Argentina.[51] Luego continuó su trayectoria como primer presidente del Instituto Provincial de la Vivienda en Santiago del Estero, creado en 1968 y que más tarde se convertiría en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.[52] En reconocimiento a su labor una plaza lleva su nombre desde 2015 en el barrio Emaús de Villa Lugano en la ciudad de Buenos Aires.

En la misma época y en años siguientes otros jesuitas también hacen foco en la cuestión de la vivienda. Tal el caso del P. José María “Macuca” Llorens, en el barrio San Martín en Mendoza a partir de 1958. Llorens viajó a Chile para conocer el Hogar de Cristo, obra del P. Alberto Hurtado sj, que luego será también inspiración de la segunda generación de «curas villeros».

A su vez, el P. José María «Pichi» Meisegeier sj (1933-2011) fue el propulsor del Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias (SEDECA) dedicado a la mejora y construcción de la vivienda social. El P. «Pichi» sucederá al P. Mujica, luego de su asesinato, en la atención de la capilla de la villa de Retiro y fue también uno de los creadores de la fundación Vivienda y Comunidad. Desde otra perspectiva, y más recientemente, Rodrigo Zarazaga sj ha desplegado iniciativas y estudios sobre asentamientos del gran Buenos Aires.[53]

En escala regional, en la vecina Uruguay, el jesuita Atanasio Sierra sensibiliza a la población sobre la problemática de los «cantegriles» (asentamientos informales) y en 1954 funda la asociación Emaús en la periferia de Montevideo. Varias décadas después, en Chile un grupo de jóvenes universitarios, guiados por el sacerdote jesuita Felipe Berríos, crea en 1997 la organización Techo que posteriormente se difundirá en varios países, incluida la Argentina. También desde Chile, José van der Rest sj funda el Servicio Latinoamericano de Vivienda Popular (Selavip). A él se sumará el mendocino Eduardo Jorge Anzorena sj, desde 1960 radicado en Japón, que se convirtió en un pionero en investigaciones y soluciones prácticas a la crisis de alojamiento entre los pobres urbanos de Asia.

En el ámbito del Arzobispado de Buenos Aires se consolidó más orgánicamente la acción pastoral en los barrios carenciados con la creación en 1969 –con disgusto del gobierno militar de entonces– del Equipo Pastoral para las Villas de Emergencia. Agrupación denominada habitualmente «curas villeros».[54] Su integrante más emblemático y de gran repercusión pública fue Carlos Mujica que actuaba en la Villa de Retiro y fue asesinado en 1974.

En 2007, el entonces arzobispo Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, consolida la estructura del Equipo elevándolo a la categoría de Vicaría para la Pastoral en Villas de Emergencia Allí se agrupa una nueva generación pastoral, en gran medida heredera de los primeros curas villeros, que actualiza sus propuestas a través de los Hogares de Cristo y haciendo eje en «las tres C» (Capilla, Colegio, Club), centradas en la problemática de la niñez y los jóvenes acosados por el narcotráfico y el desempleo, y «las tres T» (Trabajo, Tierra, Techo) en conexión con las demandas de los movimientos populares que ya hemos mencionado.[55]

Entre otras actuaciones similares –sólo a tipo de ejemplo y faltando un relevamiento completo a nivel nacional– cabe mencionar al padre Raúl Berardo en la diócesis de Quilmes que impulsa desde 1981 el Movimiento de Vida Comunitaria para organizar a los pobladores en la toma de tierras abandonadas para resolver la necesidad de su vivienda.[56]

Por su parte Caritas, en cuanto organismo de asistencia dependiente del Episcopado, desde sus inicios en 1956 siempre estuvo vinculada a los problemas de la vivienda, por ejemplo, con ayuda inmediata con ocasión de las inundaciones en varios puntos del país. Desde el año 2004 y en convenio con la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal e Infraestructura, se desarrolla el programa de «Autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo propio y ayuda mutua».

También cabe mencionar a otras organizaciones de inspiración católica y de variada intensidad de vinculación con la Iglesia. Tal el caso de la organización Un Techo para mi Hermano. En 1986, a raíz de la convocatoria del obispo Miguel Hesayne, nace el Programa Diocesano Un Techo para mi Hermano dependiente en ese momento del Obispado de Viedma. A los dos años, el obispo propone al P. Claudio Faivre Duboz dedicarse de manera exclusiva al Programa, junto con un grupo de técnicos asentados en varias ciudades de la provincia de Río Negro, que luego de 12 años de trabajo deciden constituirse en Asociación Civil en 1999.

Una trayectoria similar se puede apreciar en la Asociación Civil Madre Tierra creada en 1985 por un grupo de profesionales y técnicos, en su mayoría arquitectos y trabajadores sociales, que actuaban en los programas de Cáritas de la Diócesis de Morón. Desde entonces desarrollan proyectos por el derecho a la tierra, la vivienda y un hábitat adecuado en las localidades de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Morón, Pilar, José C. Paz y La Matanza.[57]

En otra zona del conurbano bonaerense, se constituye en 1989 en un sector del barrio San Nicolás en Florencio Varela, la Asociación para la Vivienda Cooperativa María Construye. Así narraba Jorge Novak, obispo de Quilmes, su visita al lugar:

«Es una iniciativa respaldada por el Movimiento de Schoenstatt, donde los laicos cumplen acertadamente su misión de gestores de las realidades temporales según el designio de Dios. Ese día firmaban su compromiso con el programa «María Construye» 51 familias. Hace dos años estuve en un momento parecido. Los núcleos familiares han de ser convencidos, a través de conversaciones que pueden durar meses, de la factibilidad y honestidad de la propuesta. Con fondos procedentes de comunidades católicas del exterior se les facilita. a los matrimonios inscritos los materiales necesarios. Los terrenos han sido adquiridos gracias al proyecto provincial «Pro Tierra». Laicos especializados aseguran la asistencia técnica. Los matrimonios mismos aportan cada fin de semana la mano de obra mancomunada. Se hace una módica devolución, en cuotas mensuales, durante varios años, a la Cooperativa. Esta puede, de este modo, encarar nuevos proyectos».[58]

María Construye alcanzó a construir 250 viviendas familiares en la zona. Otro lote de aproximadamente dos hectáreas fue cedido por María Construye al Taller San José que erigió un Centro de Formación Profesional para adolescentes que no acceden al sistema escolar.[59]

7. Iglesia, vivienda y hábitat

Concluimos nuestra indagación realizando un sucinto recorrido sobre los principales pronunciamientos de la Iglesia Católica sobre la cuestión de la vivienda. Lo haremos desde el Concilio Vaticano II y también teniendo en cuenta lo expresado por el episcopado local. Precisamente el comunicado Del Señor es la tierra, de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina del 29 de octubre de 2020, referido a diversos episodios de toma de tierras, manifiesta el reconocimiento de ese doloroso fenómeno de larga data que está especialmente conectado con la precaria situación de tantas familias que han debido procurarse un lugar para vivir. Asimismo, ante los hechos de intrusión y violencia que se han sucedido, se declara que «la Iglesia no avala las tomas» y se denuncia el oportunismo de quienes se aprovechan de los más pobres. Al mismo tiempo en el Comunicado se reclama «un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda» y «una diligente intervención de la justicia».

Este pronunciamiento está lejos de ser una intervención coyuntural y exigida por las circunstancias. Por el contrario, se puede decir que es parte de una persistente preocupación y actuación por parte de la Iglesia ante «un fenómeno conocido en la Argentina –dicen los obispos– desde los orígenes mismos de nuestra historia». Sin ir tan lejos en el tiempo, hay que destacar que las diversas formas «de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno» han provocado en la comunidad eclesial no sólo declaraciones sino también una amplia variedad de iniciativas a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Efectivamente este ha sido el objetivo de este artículo, rescatando al menos algunas de esas múltiples realizaciones tanto desde el punto de vista orgánico institucional como de grupos, organizaciones e individuos, mediante intervenciones directas o desde el punto de vista conceptual y propositivo.

De ese modo, surgirán –ya en el marco de la «nueva cuestión social»– estrategias alternativas y se desplegarán otros discursos y prácticas que superarán visiones parciales para dar lugar a enfoques más amplios vinculados a derechos de última generación: derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, derecho al desarrollo, entre otros. Asimismo, el componente ambiental y ecológico ha dado últimamente una perspectiva más integral y sistémica a los fenómenos sociales, en la que el habitar humano supera ampliamente la consideración separada de la vivienda.

Pablo VI años después del Concilio –ante el crecimiento desordenado de las ciudades donde nacen nuevos proletariados– urgía a ampliar la mirada para «reconstruir, a escala de calle, de barrio o de gran conjunto, el tejido social» (Octogesima Adveniens 10, 1971). A su turno, Juan Pablo II afirmaba que mientras nos preocupamos, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar los «hábitat» naturales, nos esforzamos muy poco por una auténtica «ecología humana» y llamaba la atención sobre «los graves problemas de la moderna urbanización, la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida de las personas, así como la debida atención a una “ecología social” del trabajo» (Centesimus Annus 38, 1991).

No obstante el mayor texto específico y extenso –aunque de menor rango– de la Iglesia sobre la temática es el publicado en 1987 por la Comisión Pontificia de Justicia y Paz con el título: La Iglesia ante la carencia de vivienda, donde se analiza con detalle el problema social de la vivienda y se tratan aspectos del mismo que aquí solo podemos enumerar: las exigencias de la vivienda como hogar, su importancia, la situación actual de la falta de vivienda, sus causas, la política de vivienda y las soluciones a esta grave cuestión social.

Por su parte la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Episcopado Argentino publicó en 2005: Una tierra para todos, donde expresa: «La pérdida de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales». A su vez, otros aportes provenientes de la reflexión teológica y pastoral tanto regional como local hacen que la cuestión de la vivienda deja de ser un elemento aislado y se la inserta en un horizonte más amplio que es el hábitat y la vida en la ciudad que promueve el surgimiento de una pastoral urbana (Aparecida, 520 y ss).[60]

Finalmente, se puede percibir que dichas concepciones y prácticas eclesiales alcanzan un grado superior de consolidación con el magisterio del papa Francisco que ofrece una mirada global y planetaria sobre la cuestión social contemporánea, justamente recurriendo a la imagen de la “casa común” como síntesis de la vida y la convivencia humana (Laudato Si’, El Cuidado de la Casa Común, 2015).

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Notas

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