Notas 1] M. Cappelletti, M., “Formaciones sociales e intereses de grupo frente a la justicia civil”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, v. 11, n. 31-32 (1978), 1, 7, 36, de manera pertinente, y sustentándose en Lodovico Mortara, señala que “la vieja y sólida concatenación de las tradiciones jurídicas con base en el individualismo resiste pertinazmente; pero la resistencia deberá atenuarse a medida que se vaya consolidando la organización colectiva de los intereses [...]”. Así mismo, A. Neira Pena, “Tutela colectiva y principios procesales. Las necesarias limitaciones del principio dispositivo en los procesos colectivos”, Ius et Praxis, v. 25, n. 1 (2019), 196-197, caracteriza al desarrollo del proceso del siglo XIX como un “sistema ultraliberal”, en el que, como afirma J. Montero Aroca, La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española, los poderes del juez y la oralidad (Tirant lo Blanch, 2006), 71-72, las partes eran “dueñas del proceso”.

[2] Así lo retrata M. Aguirrezábal Grünstein, “Algunas precisiones en torno a los intereses supraindividuales (colectivos y difusos)”, Rev. Chilena de Derecho, v. 33, n. 1 (2006), 74, quien correctamente observa que “se utilizan indistintamente los vocablos ‘interés’ y ‘derecho’, para los adjetivos: colectivos, sociales, de grupo, supraindividuales, transindividuales, fragmentados, etc.”.

[3] La reconocida clasificación generacional de los derechos humanos se debe a la positivación histórica que estos tuvieron. Ver M. Aguirrezábal Grünstein, Aspectos procesales relevantes del proceso colectivo para la defensa de los derechos del consumidor (Colegio de Abogados de Chile, 2009), 3-5. De tal forma, primero se encuentran los civiles y políticos (como máxima manifestación de derechos del “laissez faire, laissez passer”), para luego consolidarse los económicos, sociales y culturales (devenidos del paso de la democracia política a la democracia social), los que permitieron finalmente constituir los de tercera generación, con fundamento globalizador o supranacional, y con contenido y tratamiento propio.

[4] Debemos recordar que el derecho a la autodeterminación de los pueblos –derecho insignia de los “derechos colectivos”– tan solo se reconoció constitucionalmente –por vez primera– en 1924 en la Unión Soviética, y posteriormente es recogido en el artículo 1º de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (aunque también hace presencia en los artículos 55, 73 y 91). El precedente a este reconocimiento puede observarse, aunque de forma difusa, en Roma con el denominado “derecho de gentes” (que otorgaba libertades de identidad a la población “bárbara”), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (respecto al derecho a la resistencia a la tiranía, art. 2º, y la protección de la soberanía pública, art. 6º), y las Doctrinas Monroe y de Drago (de 1823 y 1902, respectivamente, frente al no uso de la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera, basadas en la doctrina “Calvo”). Ver F. Tamburini, “Historia y destino de la ‘Doctrina Calvo’: ¿actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo?”, Rev. de estudios histórico-jurídicos, v. 24 (2002), 81-84.

[5] En la doctrina ambas garantías se suelen observar como una fórmula conjunta e incluso homónima. Así, A. Cançado Trindade, Ampliación del contenido material del jus cogens (Secretaría General OEA, 2008ª), 8; El derecho de acceso a la justicia en su amplia dimensión (Librotecnia, 2008b), 79, denomina a la tutela judicial efectiva como “el derecho de acceso a la justicia en su amplia dimensión”. No obstante, lo cierto es que cada una tiene un espacio funcional específico. El acceso a la justicia se adecua a la garantía de acceso a la jurisdicción propiamente tal, mientras la tutela judicial efectiva hace relación a un momento posejercicio jurisdiccional, esto es, de materialización de la sentencia. Ver J. Lucero Pantoja, Principios generales del proceso y de la prueba en su interacción con la jurisdicción ambiental (Tirant Lo Blanch, 2024), 217, 240.

[6] Vg. F. De La Barra Gili, “Responsabilidad extracontractual por daño ambiental: el problema de la legitimación activa”, Rev. Chilena de Derecho, v. 29, n. 2 (2002), 404-405; J. Ovalle Favela, “Legitimación en las acciones colectivas”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, v. 46, n. 138 (2013), 1058-1092.

[7] Recordemos que la capacidad jurídica de “ejercicio” o “para obrar” permite a una persona ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, adquiriéndose una vez se cumplen ciertos requisitos objetivos, como lo es la mayoría de edad. Por tal motivo, dista de ser un atributo de la personalidad, como sí lo es la capacidad de goce. Ver D. Jarufe Contreras, “La capacidad de ejercicio: un análisis crítico de las normas del Código Civil y la necesidad de su modernización, más allá de la interpretación del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Rev. Chilena de Derecho Privado, v. 38 (2022), 13-14; A. Romero, Capacidad, incapacidad e incapacitación (Reus, 2013), 8.

[8] Como bien señala F. De La Barra Gili, ob. cit., 404-405, la “legitimación” debe concebirse, de forma exclusiva, a partir de criterios de política legislativa.

[9] G. Micheli, Estudios del Derecho Procesal Civil, tomo IV (EJEA, 1970), 193; Prieto, Derecho Procesal Civil (Tecnos, 5ª ed., 1989), 79; S. Rodríguez, Derecho procesal funcional. Proceso judicial y disposiciones comunes a todo procedimiento (Vitacura, 1993), 118; J. Silguero, La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos (Dykinson, 1995), 158.

[10] F. Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, tomo I (EJEA, 2ª ed., 1973), 28-29, nos aclara que la litis suele ser homogeneizada como la causa o la controversia, es decir, con el proceso y el origen del mismo –la pugna sustancial–, pero la litis tiene un enfoque particular que enmarca el conflicto intersubjetivo de intereses (pretensión y resistencia), un enfoque procesal, que vislumbra a las partes en su interacción procesal. De esta manera, los sujetos de la litis son las partes, aunque diferenciándose los sujetos que son partes de la “litis en particular”, que se les denomina “partes en sentido material” (sustancial), y los que se encuentran en la “litis procesal”, que se les denomina “partes en sentido procesal”.

[11] En este sentido, E. Allorio, ob. cit., 269, precisa que “cuando el actor ‘Primus’, al llamar a juicio al demandado ‘Secundus’, afirma (el discurso se limita por simplicidad, al proceso de cognición) que existe una relación jurídica sustancial de la cual él, Primus, es el sujeto activo, al paso que Secundus es el sujeto pasivo de ella, por ello mismo se debe considerar satisfecha la condición de la legitimación para accionar”. En un sentido similar, A. Bordalí Salamanca, Temas del derecho procesal constitucional. (Fallos del Mes, 2003), 163-164, considera que “desde un punto de vista subjetivo, la ‘acción’ supone ‘capacidad’, mientras que la ‘pretensión’ supone además ‘legitimación’. Si falta legitimación, el órgano jurisdiccional podrá, válidamente, negarse a conducir el proceso hacia la sentencia de fondo. Si además de la capacidad, el sujeto aparece legitimado, el tribunal –si concurren los demás presupuestos procesales– ya no podrá negarse a conducir el proceso hacia la sentencia de fondo”. Finalmente, concluye que “la determinación de quien debe presentar la demanda […] debe ser […] aquella persona […] que ‘afirme ser titular del derecho subjetivo’ o ‘interés legítimo sobre el que se discutirá en el proceso’”.

[12] Una posición parecida la establece Montero, quien a pesar de examinar la “legitimación” tanto desde su órbita “procesal” como “material”, se empeña en distinguir la “legitimación” del “tema de fondo” objeto del proceso. De tal forma, hace hincapié en la necesidad de afirmar, como requisito de la “legitimación” (podríamos decir, “material”), la “titularidad” del derecho subjetivo; J. Montero Aroca, La prueba en el proceso civil (Arazandi, 7ª ed., 2012), 570, 572, a lo que debe aumentarse el cumplimiento de los presupuestos procesales que establezca la norma, J. Montero Aroca, La legitimación en el proceso civil. Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él (Civitas, 1994), 33. De esta manera, podríamos concluir que la “legitimación” (en todo su conjunto) nace como presupuesto formal, y se convierte –una vez consolidada– en el medio para arribar al acceso a la justicia y el estudio de los presupuestos de fondo.

[13] Carnelutti, F., ob. cit. (1973), 175.

[14] Como se explicará más adelante, la mención “fáctica” hace referencia a “fáctico hipotético” (proveniente del derecho subjetivo material).

[15] Esto relativo al logro del principio de economía procesal, en el sentido de que “se procura la obtención del máximo resultado posible con el mínimo esfuerzo, tanto en lo tocante a los actos procesales como a las expensas que ellos impliquen”. Ver A. Dougnac Rodríguez, “Los principios clásicos del procedimiento y la palabra hablada en el sistema jurídico indiano el estilo de Chile”, Rev. de estudios histórico-jurídicos, v. 28 (2006), 427.

[16] El cual hace referencia a la administración jurisdiccional de causas, cuya atención y dotación de recursos para su resolución dependen de la correspondencia con los estándares de prioridad que posea con la política de justicia; ver R. García Odgers, “El surgimiento del judicial case management: una síntesis evolutiva del control judicial del proceso civil en Europa”, Revista de estudios histórico-jurídicos, v. 41 (2019), 179-181; M. Aguirrezábal Grünstein y Á. Pérez Ragone, “Aportes para una conducción colaborativa del proceso civil chileno: pensando una nueva justicia”, Rev. de Derecho Privado, v. 35 (2018), 302-305. Frente al case management en segunda instancia: Á. Pérez Ragone, “Hacia una apelación óptima: acceso y gerenciamiento de la segunda instancia”, Rev. Dereito GV, v. 15, n. 3 (2019), 3-ss. Esta terminología jurídica (devenida del mundo médico) tiene gran impacto en Europa, ver C. Van Rhee, “The development of civil procedural law in Twenty Century Europe: From party autonomy to judicial case management”, en: Van Rhee (Edi.), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation (Intersentia, 2018), 11-25. Igualmente, en América, ver J. Langbein, “The demise of trial in american civil procedure: How it happened, is it convergence with European civil procedure?”, en: Van Rhee y Uzelac (Edis.), Truth and efficiency in civil litigation fundamental aspects of factfinding and evidence-taking in a comparative context (Intersentia, 2012), 119-ss.

[17] F. Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal Civil. Introducción y función del proceso civil, Tomo I (Uteha, 1994), 356; N. Torres Alvarado, Concepto, tratamiento y efectos de la legitimación procesal en el Proceso Civil (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, 2004), 31. De esta forma se consolidan doctrinalmente las tesis monista y dualista de la acción. La “monista” hace referencia –en consonancia al derecho romano clásico “tengo derecho (material), tengo acción”– a que la acción es consecuencia directa del derecho material, por lo que se niega la autonomía de la acción frente al derecho. Con esto se genera que solo el titular del derecho material lesionado tenga el derecho a ejercitar la acción, dejando en incertidumbre el proceso ante casos como obligaciones naturales, demandas infundadas y acciones de mera certeza. Por su parte, la teoría “dualista” tiene dos corrientes. La primera, denominada “concreta”, vislumbra la acción como el derecho a obtener una decisión jurisdiccional favorable, generándose conflictos en sus fines, pues la providencia que no sea favorable a las pretensiones de una de las partes podría, de este modo, vulnerar dicho derecho de acción. Finalmente, la corriente “abstracta” de la acción la proyecta como el derecho para obtener una providencia jurisdiccional que declare si el reclamante, legalmente, merece la tutela de su pretendido derecho (un derecho en debate, que, en dicha etapa procesal, es “abstracto”), contenido tal que satisface de manera más armónica los objetivos del derecho al acceso a la justicia (y también a la tutela judicial efectiva). Ver A, Gozaíni, Elementos de Derecho Procesal Civil (Cátedra Universidad de Buenos Aires, 2018), 40-46. Es en tanto que lo postulado por Carnelutti se adscribe a la corriente “dualista concreta” de la acción, la cual criticamos, y más bien nos adjuntamos en la proyección dualista abstracta de la acción, entre quienes se encuentran, partiendo por su creador Windscheid (1856), hasta sus derivaciones, en las que se postula a la acción como el derecho a la actividad jurisdiccional, cualquiera sea el resultado, favorable o adverso al reclamante, ver J. Montero Aroca y M. Ortells Ramos, “La acción (Un intento de aclaración conceptual)”, Temas Procesales, v. 10 (1990), 22, o la acción como el derecho a la jurisdicción, ver A. Pérez Cruz Martín, Constitución y Poder Judicial (Atelier, 2015), 69, 75.

[18] E. Allorio, Problemas de Derecho Procesal, Tomo II (EJEA, 1964), 256, al referirse a la postura de Carnelutti, señala que “acaso no sea inútil observar que la opinión carnelutiana, según la cual la efectiva (y no simplemente afirmada) subjetividad de la relación discutida es condición de legitimación para accionar, podría encontrar justificación solo en el ámbito de una concepción más atrasada (y en Italia superada incluso por mérito de Carnelutti) de las relaciones entre derecho sustancial y proceso: de una concepción, para entendernos, que vea en la acción un derecho concreto, proyección, sobre el proceso de un derecho sustancial (en cuyo caso, sin embargo, bueno será advertir no solo la titularidad de la relación sustancial, sino toda condición referente a la existencia de ella que viene a incidir sobre la existencia de la acción)”.

[19] Ver en S. Villalobos Indo, “Legitimación activa y reforma procesal civil: una oportunidad”, Rev. de Estudios de la Justicia, v. 14 (2011), 246, también llamada “capacidad de goce”.

[20] Dicha “capacidad para obrar” o de “ejercicio” se puede realizar ya sea por sí misma o mediante representante; la denominada legitimación por parte indirecta. Ver F. Carnelutti, ob. cit. (1973), 175.

[21] F. Carnelutti, F., ob. cit. (1973), 175, lo expresa de la siguiente manera: “[…] la ‘legitimación’ consiste no ya, como la capacidad, en un modo de ser natural del actuante, sino en un ‘modo de ser jurídico’ (ser parte, ser acreedor, ser procurador o abogado, ser magistrado, o similares); por eso, se define como “pertenencia al actuante de una relación jurídica”, en vista de la cual al acto le es atribuida (legitimación positiva) o bien negada (legitimación negativa)”.

[22] Siempre que, a nuestro personal modo de ver, “modo de ser jurídico” no posee una vinculación material que exige la “legitimatio ad causam”, y más bien se enmarca en las características que debe cumplir un sujeto para poder actuar en un acto procesal particular, pues de estas devendrá su “modo” de integración “jurídica” al proceso. Precisión, nuevamente, personal, frente al contenido de este constructo conceptual carnelutiano.

[23] S. Villalobos Indo, ob. cit. (2011), 249.

[24] Esto es, una “legitimación” en la que únicamente se examina la capacidad de las partes (jurídica y para obrar), así como la “pretensión” y “resistencia” de las partes, es decir, frente al primero, la “exigencia de subordinación de un interés ajeno al interés propio”, y frente al segundo, la “no adaptación a la subordinación de un interés propio al interés ajeno”, F. Carnelutti, ob. cit. (1973), 28.

[25] E. Véscovi, Derecho Procesal Civil (Idea, 1974), 197; S. Villalobos Indo, ob. cit. (2011), 250.

[26] J. Lucero Pantoja, ob. cit. (2023), 405. Esto por cuanto la “legitimatio ad causam” contiene supuestos fácticos que solo la fase probatoria del proceso puede verificar. En tal sentido, una vez obtenidos estos supuestos materiales, se puede establecer la veracidad de la “titularidad” del derecho sustantivo en debate.

[27] A. Candau Pérez, “Finalidades del proceso y alternativas al mismo”, en: M. Taruffo, P. Andrés y A. Candau (Autores), Consideraciones sobre la prueba judicial (Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2010), 132.

[28] De esta manera, F. Bilbao Bonomelli, “La búsqueda de la verdad en el proceso: una visión crítica del procedimiento laboral chileno”, Rev. Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, v. 5, n. 9 (2014), 112, observa al “proceso como [un] instrumento epistémico”.

[29] Frente al carácter colectivo de la teoría de los “intereses”, ver U. Schmill Ordóñez y C. Silva Nava, “El interés legítimo como elemento de la acción de amparo”, Isonomía, v. 38 (2013), 262, aunque subsiste la noción de que cada individuo posee igualmente un interés propio, aunque difuso. Ver J. Cruz Parcero, “El concepto de interés legítimo y su relación con los derechos humanos. Observaciones críticas a Ulises Schmill y Carlos de Silva”, Isonomía, v. 39 (2013), 187, 190.

[30] L. Aboslaiman, “El mundo jurídico multidimensional y sus distintas dimensiones en una sociedad posmoderna y globalizada”, Rev. de la Facultad de Derecho, v. 2, n. 2 (2011), 314, 317-318, 324.

[31] Ver M. Ortells Ramos, “Protección de intereses jurídicos supraindividuales: actuación de las administraciones públicas, justicia civil y combinación de sistemas de protección”, Ius et Praxis, v. 17, n. 2 (2011), 434-436.

[32] Aunque, cabe advertir, el origen del reconocimiento de intereses colectivos fue en Roma. Ver J. Ovalle Favela, “Las acciones populares”, en Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau. Derecho romano e historia del derecho romano, Tomo I (UNAM, 2006), 397-401.

[33] Ver M. Cappelletti, “La protección de los intereses colectivos o difusos”, en: XIII Jornadas de Derecho Iberoamericano procesal (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1993), 255-256; M. Cappelletti, ob. cit. (1978), 13.

[34] Ver M. Cappelletti, ob. cit. (1993), 251; M. Cappelletti, ob. cit. (1978), 34.

[35] Ver M. Cappelletti, ob. cit. (1993), 247-250; M. Cappelletti, ob. cit. (1978), 36-37.

[36] M. Cappelletti, ob. cit. (1978), 19, 31-32. Por su parte, M. Aguirrezábal Grünstein, ob. cit. (2009), 6, precisa que la gran dificultad de la heterogeneidad de intereses (refiriéndose a los mecanismos de protección) es el “choque con el carácter individualista de las normas procesales y de las exigencias en materia de legitimación”.

[37] J. Lucero Pantoja, “Cosa juzgada en el proceso ambiental”, Rev. Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, v. 1, n. 1 (2022), 3.

[38] M. Aguirrezábal Grünstein, ob. cit. (2009), 7-8; J. Lucero Pantoja, ob. cit. (2022), 3.

[39] M. Aguirrezábal Grünstein, ob. cit. (2009), 10.

[40] J. Lucero Pantoja, ob. cit. (2023), 407. M. Tapia Rodríguez, “Responsabilidad civil médica: riesgo terapéutico, perjuicio de nacer y otros problemas actuales”, Rev. de Derecho, v. 15, n. 2 (2003), 103, observa la diferente naturaleza de las pretensiones como un fenómeno histórico, por cuanto la “historia moderna de la responsabilidad civil […] [ha surtido una] evolución desde la concepción decimonónica de ‘deuda de responsabilidad’ hacia otra estructurada sobre el ‘crédito de reparación’ (en que interesa esencialmente resarcir a la víctima)”.

[41] Es importante señalar que variada doctrina reconoce la distinción entre “intereses jurídicos”, de los que se generan “derechos subjetivos”, y los “intereses legítimos”, cuya tutela no se contempla en el ordenamiento jurídico. Ver J. Cruz Parcero, ob. cit. (2013), 189-191.

[42] Recordando la frase latina de Celso, “actio est ius persequendi iudicio quod sibi debetur”, que hace referencia a la acción como el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe.

[43] F. Carnelutti, ob. cit. (1973), 175, 315-318.

[44] Debemos tener en cuenta que las garantías adjetivas son el “conjunto de leyes que posibilitan y hacen efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial del Estado. No determina qué es lo justo, sino cómo ha de pedirse justicia […] regula el ejercicio de esos derechos y obligaciones, castiga la infracción a los mismos o determina la efectividad de esos derechos y obligaciones”. G. Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II (ed. Heliasta, 14ª ed., 1979), 571.

[45] Dicho “derecho subjetivo material” comparte la suerte de la “titularidad”, en cuanto a que quedará firme cuando se emita la sentencia confirmando su existencia. De tal forma, su naturaleza también es hipotética.

[46] F. Cordón Moreno, “Sobre la legitimación en derecho procesal”, Rev. Chilena de Derecho, v. 25, n. 2 (1998), 360-ss.

[47] J. Cruz Parcero, ob. cit. (2013), 190, denomina a los supuestos de intereses como “no derecho”.

[48] En tal medida, F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 363-364, reseña el nacimiento procesal de los intereses individuales en aquellas ocasiones en que el “proceso civil es cauce adecuado para la protección de situaciones jurídicas sustanciales que no son derechos subjetivos privados en sentido estricto”. Por tanto, se configura el “interés como situación jurídica legitimante”.

[49] Aunado a esto, la jurisprudencia española estima tres características principales para la acreditación de interés directo: (i) la no existencia de derecho subjetivo, (ii) argumentado en supuestos legalmente establecidos y (iii) que el perjuicio sea “inmediato, no lejano, nacido y existente, sin que baste que sea hipotético o remoto” (Supremo Tribunal de Justicia de España. Sentencias del 26 de abril y 8 de octubre de 1973). Ver también L. Ortega Álvarez, “La inmediatividad del interés directo en la legitimación contencioso-administrativa”, Rev. de administración pública, v. 82 (1977), 213.

[50] F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 366; U. Schmill Ordóñez y C. Silva Nava, ob. cit. (2013), 261.

[51] F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 364.

[52] J. Montero Aroca, La legitimación en el proceso civil. Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él (Civitas, 1994), 61; F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 368.

[53] Ver: C. Núñez, “Una aproximación conceptual al principio pro persona desde la interpretación y argumentación jurídica”, Seminario Gregorio Peces Barba-Universidad Carlos III (2017), 4-8; H. Henderson, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, Rev. del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, v. 39 (2004), 71-ss.

[54] De forma general, L. Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil (Trotta, 1999), 27, precisó que “la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la Constitución”. Respecto dl impacto de este fenómeno en el proceso, R. Berizonce, El proceso civil en transformación (Librería Editora Platense, 2008), 221-222, refiriéndose a la “humanización de la justicia y su contenido social y de interés público”, lo catalogó como la “humanización del proceso”.

[55] En este sentido, A. Candau Pérez, ob. cit. (2010), 132, niega que “la finalidad […] del proceso y de la entera potestad jurisdiccional sea la eliminación de los conflictos o controversias inter partes […] [por cuanto] se produce una desconexión entre la función social del proceso y sus necesarias conexiones epistemológicas y éticas, en el sentido de que el proceso […] debe procurar o tender hacia decisiones verdaderas y justas”. Frente a las tesis de publicización del proceso, ver C. Palavecino Cáceres, “El retorno del inquisidor. Las potestades judiciales en materia probatoria en el procedimiento laboral chileno”, Rev. Latinoamericana de Derecho Social, v. 13 (2011), 118, y G. Aguilar, B. Gajardo y A. León, “Equidad, inclusión social y democracia: una respuesta crítica a los argumentos en contra del activismo judicial”, Estudios Constitucionales, v. 13, n. 1 (2015), 378, y G. Vidal De La Rosa, “Equidad y democracia. Comentarios teórico-metodológicos”, Argumentos, v. 24, n. 65 (2011), 111.

[56] Una importante contribución al análisis de los intereses jurídicos y su interacción con los derechos humanos, en J. Cruz Parcero, ob. cit. (2013), 199, aun cuando los planteamientos amplificadores sobre los derechos subjetivos (200-201) no los compartimos, siempre que podrían restar a la seguridad jurídica del proceso.

[57] J. Lucero Pantoja, “El juez multinivel y la transversalidad de garantías. Un acercamiento a los escenarios fácticos en América y Europa”, Opinión Jurídica, v. 20, n. 41 (2021), 76.

[58] Misma postura comparte J. Cruz Parcero, ob. cit. (2013), 194-195, 199, al referirse al caso mexicano frente a los denominados “intereses legítimos”, a la que considera “una interpretación anacrónica de los derechos, contraría a la misma reforma constitucional y contraría también el desarrollo internacional de los derechos humanos (y a las prácticas internacionales y la doctrina contemporánea en esta materia)”.

[59] Esto parece ser la tesis de la doctrina española, por cuanto precisan que el “interés legítimo”, según el Supremo Tribunal de Justicia de España ya desde 1963, es la “posición jurídica amenazada o dificultada por el negocio aparente, y pueden resultar dañados por consecuencia de la incertidumbre ocasionada por el acto simulado cuyo daño determina la necesidad de invocar la tutela jurídica” (Supremo Tribunal de Justicia de España. Sentencia RJ 3591 del 31 mayo 1963). En tal forma, teniendo en cuanta que Cordón “La legitimación activa del comunero para actuar en juicio en interés de la comunidad: ley 372, III del fuero nuevo de Navarra (Comentario a la STSJ de Navarra de 26 de junio de 2007)”, Rev. Jurídica de Navarra, v. 44 (2007), 118, señala que toda “posición jurídica [distinta del derecho subjetivo] dificultada o amenazada no es otra que el ‘interés’”, la “legitimación” se configura solo con el “interés legítimo”, siempre que en “toda disposición o acto que incida en el ámbito de un ‘interés legítimo’ puede ser impugnada por su titular, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, con independencia de que le ocasione de forma directa un beneficio o un perjuicio”, ver R. Gómez-Ferrer Morant, “Derecho a la tutela judicial efectiva y posición jurídica peculiar de los poderes públicos”, Rev. Española de Derecho Administrativo, v. 33 (1982), 189. Similar postura: J. Almagro Nosete, “Cuestiones sobre legitimación en el proceso constitucional de amparo”, Rev. de Derecho Político, v. 10 (1981), 53-55; F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 364; M. Aguirrezábal Grünstein, ob. cit. (2006), 78-80; A. Bordalí Salamanca, “Interés legítimo e interés para recurrir en el contencioso administrativo ambiental chileno”, Rev. de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, v. 51 (2018), 72-74, 77-90. Con todo, esta posición presenta complicaciones en cuanto a la naturaleza del contenido tutelado de los “intereses”, esto es, la “situación jurídica de interés”, que si bien permite su “legitimación” (lo que al parecer reemplazaría las funciones del “derecho subjetivo procesal”), al tiempo distorsiona (o deja un vacío en) la labor “propiamente material” del interés, esto es, el derecho que se postula en debate, y que directamente se relaciona con la “titularidad”.

[60] En efecto, parece poco menos que imposible probar el interés directo de cada uno de los individuos de una colectividad que se encuentra siendo afectada por un “interés supraindividual”. Por tanto, algunas legislaciones han consolidado requisitos para probar este “interés directo” dependiendo de la naturaleza del proceso. Así, el ordenamiento colombiano precisa que frente a procesos de carácter plurindividual (denominados “acciones de grupo”), se exige el interés directo de al menos 20 personas, mientras en procesos de contenido supraindividual (denominados “acciones populares”), no se hace necesario el requisito de interés directo, incluso del propio demandante, ello por tratarse de derechos sociales de contenido amplio y generalizado. Ver el caso colombiano y derecho comparado, R. Elizalde Castañeda, F. Cisneros Mejía, “Los principios procesales de las acciones colectivas: un estudio comparado en Europa y Latinoamérica”, Rev. Derecho del Estado, v. 51 (2022), 90-93; J. Ovalle Favela, ob. cit. (2013), 1077-1083, y M. Barón Granados, “Las acciones populares y de grupo en el derecho comparado”, Civilizar, v. 10, n. 19 (2010), 34-38.

[61] F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 365.

[62] Ello tomando la definición de “acción” a partir de la “corriente abstracta”, o, incluso, celsiana de la misma (ver supra, nota 17). O incluso, podríamos enmarcarlo en la garantía de la efectiva “relación jurídica activa” en el proceso, esto es, el ejercicio del poder dispositivo del que se dota a la parte una vez reconocida como tal en el proceso (y no solo como un sujeto con pretensiones jurisdiccionales). Si bien a esta relación jurídica la llamaba H. Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial (Temis, 6ª ed., 2011), 401, como “cargas procesales” (diferenciándola de la pasiva, la cual implica obligaciones cuyo incumplimiento genera una sanción), lo cierto es que la misma dota de libertad conductual al sujeto en el proceso. Ver: G. Calvinho, “La carga procesal y el dinamismo de la norma procedimental”, Rev. Vox Juris, v. 34, n. 2 (2017), 134-140.

[63] F. Cordón Moreno, ob. cit. (1998), 365-366; U. Schmill Ordóñez y C. Silva Nava, ob. cit. (2013), 261-262.

[64] Para una referencia histórica de los intereses jurídicos y su objetivo de colmar vacíos de reconocimiento de derechos subjetivos, ver J. Cruz Parcero, ob. cit. (2013), 190.

[65] Solo a modo de referencia, J. Ovalle Favela, ob. cit. (2013), 1063, haciendo mención a los procesos de consumo en Argentina, deja palpable esta interacción confusa entre intereses y derechos, al señalar que la “Ley Nacional de Defensa del Consumidor otorga ‘legitimación’ al consumidor y usuario para ejercer acciones judiciales individuales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados, pero esta ‘legitimación’ se refiere a acciones que se ejerzan por el consumidor o usuario ‘por su propio derecho’”. De igual forma, A. Melro, “Apretensão indemnizatória em ações populares de private enforcement”, Opinião Jurídica, v. 21, n. 37 (2023), 263, quien vislumbra que a partir de intereses supraindividuales surgen derechos indemnizatorios, al señalar que “[…] a ação popular como mote para a abordagem conceitos como interesses difusos, coletivos e individuais homogéneos, mas também ao direitoà indemnização e à violação do direito da concorrência”.

[66] Ver: E. Ferrer Macgregor, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos (Porrúa, 2004), 21; J. Cruz Parcero, ob. cit. (2013), 207-208; A. Olivares y J. Lucero, “Contenido y desarrollo del principio in dubio pro natura. Hacia la protección integral del medio ambiente”, Ius et Praxis, v. 24, n. 3 (2018), 624-641. Respecto a grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad: G. Aguilar, C. Contreras y J. Lucero, “Cambio climático y acceso a la información y participación ambiental”, Rev. de Direito Internacional, v. 19, n. 1 (2022), 87-90; I. Ravetllat Ballesté y J. Lucero Pantoja, “La defensa supraindividual de derechos ambientales en la Convención sobre los Derechos del Niño”, Iberoamérica, v. 1-2021 (2021), 121-130; J. Díaz Pantoja, “Derecho al ambiente sano en el caso Quintero y Puchuncaví: una mirada desde la infancia y adolescencia”, en: G. Aguilar (coord.), Situación de los DESC en Chile 2018 (Librotecnia, 2020), 251-262; J. Lucero Pantoja y J. Díaz Pantoja, “Desafíos en el derecho internacional para la protección de niños, niñas y adolescentes y sus familias víctimas de desplazamiento ambiental”, Rev. de Derecho Ambiental, n. 18, v. 2 (2022), 224, 233, 235.

[67] Frente a las garantías procesales en conflictos de consumo, J. Ovalle Favela, ob. cit. (2013), 1063-1064; A. Melro, ob. cit. (2023), 264-267. Así también, ver Naciones Unidas, Directrices para la protección del consumidor (2016), 6-27.

[68] De esta manera, siendo en el caso de los “intereses jurídicos”, la “titularidad” solo contendría una “situación jurídica de interés procesal”, cuya verificación en la sentencia no está en juego, pues la parte ya ha sido legitimada y ha ejercido en el proceso.

[69] “Situación jurídica de interés” que a su vez también sirve para dotar de legitimación a los intereses, siendo no obstante conflictual la falta de distinción de sus “funciones”, y cuál de estas (material o procesal) es una obligación positiva de la jurisdicción.