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VIOLENCIA SIMBÓLICA ESTATAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA NATURALIZACIÓN DE LA MASACRE DE SENKATA, BOLIVIA (NOVIEMBRE 2019)

State Symbolic Violence and the Media: The Normalization of the Senkata Massacre, Bolivia (November 2019)

Iño Daza, Weimar Giovanni

Weimar Giovanni Iño Daza

wino.umsa@gmail.com

Universidad Mayor de San Andrés Estado Plurinacional de Bolivia

Cuadernos de Literatura

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

ISSN: 0326-5102

ISSN-e: 2684-0499

Periodicidad: Semestral

núm. 30, e3006, 2026

revistas@unne.edu.ar

Recepción: 15/03/2026

Aprobación: 09/04/2026

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/785/78557827855782008/

DOI: https://doi.org/10.30972/clt.309671

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: El artículo describe y explica la violencia simbólica estatal durante la crisis política de noviembre de 2019. En este contexto la prensa escrita boliviana reprodujo y consolidó en la opinión pública los estereotipos construidos por el gobierno de Jeanine Áñez de los sectores sociales movilizados denominándolos como “hordas”, “masistas” y “terroristas”; los propósitos fueron, por un lado, establecer, en la sociedad boliviana, la imagen negativa de estos grupos; por otro, discriminar, deslegitimar e inferiorizar a los/as Otros/as con el fin de justificar las acciones represivas que derivaron en la masacre de Sacaba y Senkata. Se ha recurrido a la revisión documental de fuentes bibliográficas y hemerográficas sobre la crisis política de noviembre de 2019. Uno de los resultados que se puede mencionar es la presencia de un discurso público dominante que desplegó una violencia simbólica, de la palabra y física sobre la indianidad, que fueron representados como enemigos y una amenaza para el gobierno de Áñez.

Palabras clave: crisis política boliviana, masacre de Senkata, prensa escrita, estereotipos, violencia simbólica.

Abstract: This article describes and explains the symbolic state violence that occurred during the political crisis of November 2019, a period in which the Bolivian print media reproduced and cemented –within public opinion– stereotypes constructed by the Jeanine Áñez administration regarding mobilized social sectors, labeling them as “hordes,” “masistas,” and “terrorists.” The objectives were twofold: to instill a negative image of these groups within Bolivian society, and to discriminate against, delegitimize, and demean “the Other” in order to justify the repressive actions that led to the massacres at Sacaba and Senkata. The study draws upon a review of bibliographic and periodical sources concerning the November 2019 political crisis. One notable finding is the prevalence of a dominant public discourse that unleashed symbolic, verbal, and physical violence against Indigenous people, who were portrayed as enemies and a threat to the Áñez government.

Keywords: Bolivian political crisis, Senkata massacre, written press, stereotypes, symbolic violence.

Senkata se ubica en el distrito 8 del municipio de El Alto (provincia Murillo, departamento de La Paz). 1 En esta zona se encuentran las instalaciones de la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) que distribuye diésel, gasolina y gas licuado a la ciudad de La Paz. En este distrito tiene como población mayoritaria a migrantes aymaras. Es un barrio estratégico por su ubicación geográfica y la presencia de la Planta de YPFB posibilita que cualquier gobierno quede atrapado por los bloqueos. Por ejemplo, las movilizaciones de octubre negro de 2003 mostraron su mayor fuerza que culminó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, la salida de Carlos Mesa en el 2005 y recientemente Jeanine Áñez tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas (FFAA) y policiales, mediante el decreto supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 que daba vía libre para reprimir y ejercer violencia estatal ante las movilizaciones. Precisamente, el 19 de noviembre de 2019 se produjo la “masacre de Senkata” en la cual murieron once ciudadanas/os bolivianas/os y hubo decenas de heridos que fueron catalogados como “masistas”, “delincuentes”, “hordas salvajes”, “sediciosos”, “terroristas”; estos estereotipos provinieron de la narrativa discursiva estatal.

El artículo ofrece una mirada a lo acontecido en la crisis política de noviembre de 2019 con la descripción y análisis de las construcciones de estereotipos como formas de violencia y dominación simbólica y física empleadas por el discurso estatal del gobierno de Áñez que los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de difundir y consolidar en la opinión pública: el desprecio, la inferiorización y la deshumanización de los/as Otros/as mediante el cultivo de una imagen negativa sobre los/as movilizados/as que justificó las acciones represivas de la intervención militar violenta. De esta forma, asumieron los medios de comunicación y redes sociales el rol de la difusión de la narrativa estatal: la asignación de estereotipos como “hordas salvajes”, “masistas” y “terroristas” fueron reproducidas y amplificadas en los titulares y notas de prensa, por ejemplo, la propagación del miedo con la caja de resonancia del supuesto plan de explosión de la Planta de YPFB.

Se recurrió a la revisión documental; por un lado, la recopilación bibliográfica de las principales publicaciones sobre la crisis política de noviembre de 2019 y estudios sobre la construcción de estereotipos; por otro, la revisión de periódicos para la identificación de noticias publicadas durante y después de la “masacre de Senkata”. Los criterios de selección de los materiales bibliográficos fueron el temático y temporal; y en las fuentes hemerográficas, el geográfico: periódicos de circulación nacional, 2 el temporal: noticias publicadas entre el 19, 20 y 21 de noviembre, y el temático: la descripción de los sucesos de la “masacre de Senkata”. Luego, se realizó el análisis de contenido de las fuentes de información (periódicos y escritos); en el caso de las noticias se hizo énfasis en los titulares de prensa y el contenido publicado sobre los sucesos del 19 de noviembre y posteriores días con el fin de identificar el grado de reproducción y amplificación de las narrativas discursivas estatales, por ejemplo, la construcción de estereotipos de los/as movilizados del Distrito 8 de la ciudad de El Alto.

1. Crisis política en Bolivia: noviembre de 2019

La crisis política de noviembre de 2019 en Bolivia fue el resultado de varios sucesos que se acumularon a lo largo de catorce años de gobierno del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Uno de ellos fue por el descontento que género en la clase media, la repostulación a un tercer mandato mediante un referéndum del 21 de febrero de 2016 en donde el NO se impuso con el 51,3 %; fue la primera derrota política para Morales y el MAS-IPSP, y que dio las bases simbólicas para la oposición que tuvieron su presencia en la crisis del 2019. Después de esos resultados se incumplió el respeto al voto del soberano, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante la Sentencia Constitucional del 28 de noviembre de 2017 permitía la candidatura de Morales. El 4 de diciembre de 2018 se consumaba la repostulación cuando el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) decide hacer prevalecer la Sentencia Constitucional que habilitaba como candidatos a Evo Morales y Álvaro García, dicho suceso socavó la legitimidad de la postulación y el proceso eleccionario de 2019. Es evidente que la repostulación de Morales precipitó la crisis y desencadenó el fin del ciclo de catorce años denominado “Proceso de Cambio”.

El segundo suceso que resultó en la crisis fue que varios partidos políticos opositores y plataformas ciudadanas instalaron la narrativa del fraude en los medios de comunicación y redes sociales. Paz (2020) menciona que la negativa a aceptar los resultados del referéndum permitía a la oposición preparar el discurso de fraude: Morales no iba a dejar el poder por el voto, ya lo había demostrado. El 25 de octubre de 2019 el OEP proclamaba como ganador de las elecciones presidenciales al MAS-IPSP con 47,08% frente a Comunidad Ciudadana con 36.51%. Pero, jóvenes de clases medias y la burguesía desconocieron los resultados con la movilización en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Por ejemplo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Fernando Camacho dio a Morales 48 horas para su renuncia. Mayorga (2020) menciona que el movimiento social urbano impulsado por los comités cívicos rechazó las propuestas del MAS-IPSP: la verificación de resultados mediante una auditoría electoral a cargo de la Organización de los Estados Americanos (OEA); el llamado a nuevas elecciones ante el motín policial iniciado el 8 de noviembre de 2019. Su renuncia se convirtió en el objetivo central y se consumó cuando el Alto Mando militar el 10 de noviembre “recomendó” la dimisión de Morales.

El discurso del fraude se impuso en las movilizaciones de un sector de la sociedad que estaba cansada de la figura del evismo y lo que representa en términos políticos: la presencia de indígenas, campesinos, mineros, interculturales 3 en la administración estatal. Es decir, era el momento para recuperar el poder político, de sacar a Morales y al MAS-IPSP del palacio, de quitar y quemar la Wiphala para imponer la Biblia en el palacio y retornar al Estado monocultural (Iño, 2022).

La persecución de ministros, líderes políticos y parlamentarios del MAS-IPSP por grupos violentos, que los amenazaron de muerte, incluyó la quema de viviendas y en algunos casos la toma de rehenes a familiares de los políticos del partido en función de gobierno. Según Orellana (2020), Víctor Borda, el cuarto en la sucesión constitucional, fue obligado a dimitir debido a que su hermano fue secuestrado por grupos paramilitares que amenazaron con quitarle la vida si no renunciaba. Como consecuencia, se dejaba un vacío de poder para que una minoría pueda ser designada como presidenta sin el quórum, sin la lectura de las cartas de renuncia del Presidente y Vicepresidente.

Una vez impuesta la banda y medalla presidencial por un militar y no por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se inició la represión de los/as movilizados por la defensa de la Wiphala, símbolo patrio reconocido por la CPE, que fue ultrajada horas después de la renuncia de Morales por miembros de la policía, fuerzas armadas, entre otros actores. La respuesta del gobierno de Áñez a las protestas fueron las represiones, persecuciones y masacres en Sacaba (Cochabamba), Senkata y Zona Sur (La Paz) mediante un decreto supremo que liberaba a los militares de las sanciones por su intervención en los bloqueos (Iño, 2022). También se instaló en la opinión pública el argumento de “terrorismo”, “sedición”, “hordas salvajes” que habían sido los viejos estereotipos del siglo XX que se volvieron a emplear para deslegitimar e inferiorizar a los/as movilizados/as y a aquellos que defendían su postura. De este modo, se desplegó una dominación y violencia simbólica y física.

2. La construcción de estereotipos desde el discurso estatal como forma de violencia simbólica

Los estereotipos son conceptos de un grupo, lo que piensa de los/as Otros/as. Sirven para establecer marcos de referencia y son una forma de orientar las percepciones (Gamarnik, 2009). Por lo que el estereotipo aparece como creencia, opinión y representación colectiva respecto de un grupo y sus miembros. Desde el punto de vista analítico, el prejuicio es la actitud adoptada hacia los/as Otros/as. Según Loscertales (1998), la identificación de los estereotipos se genera a través de una estratificación actitudinal desde tres aspectos: la comparación, la categorización (en efecto, somos diferentes) y la competición social (los “asó” somos buenos y mucho mejores que los “así” que son malos).

De acuerdo con Gamarnik (2009), las características que se eligen para categorizar los grupos se basan en una serie de prejuicios sobre el colectivo a analizar. El problema está en que la selección de rasgos distintivos de los/as Otros/as es realizada por un sector dominante que se asume como representativa. Como sucedió durante las movilizaciones de noviembre de 2019, sectores conservadores de la sociedad boliviana desde ese “etnocentrismo de clase” posicionaron estereotipos negativos en contra de los que se movilizaban en Sacaba y en Senkata. Esa forma de violencia simbólica fue desplegada por la narrativa estatal durante el gobierno de Áñez, que los medios de comunicación y redes sociales reprodujeron para imponer una dominación simbólica: suave e invisible, y desde una violencia física la represión de las movilizaciones. La mayoría de los medios contribuyeron a la violencia gubernamental difundiendo una imagen negativa sobre los/as movilizados/as, en un sentido que apunta a justificar las acciones represivas (Macusaya Cruz, 2020b).

2.1. La narrativa discursiva estatal para justificar la intervención militar violenta: la “masacre de Senkata”

Scott menciona que el “discurso público es producido por los grupos y castas dominantes para legitimar el orden establecido. Una función de este discurso público es dar una apariencia de unanimidad entre los grupos dominantes y de consentimiento entre los subordinados” (2004, p. 81). Durante el gobierno de Áñez se construyó un discurso público de deslegitimación de los/as movilizados/as con el fin de inferiorizarlos y justificar la intervención militar violenta. Como sugiere Rocha (2022), los relatos sobre la masacre de Senkata en 2019, conformados por la información emitida por la prensa y los pronunciamientos de los intelectuales, se entrelazaron con la acción de “intervención militar”, cuyo objetivo era legitimar la violencia estatal perpetrada. De este modo, la narrativa estatal fue amplificada por los medios de comunicación, y con esto se justificaron ante la sociedad boliviana las represiones a las protestas y se legitimaron las masacres.

El martes 19 de noviembre, el gobierno realizó el traslado de militares y policías a Senkata con el fin de tomar las instalaciones de la Planta para aprovisionar con gas licuado y combustible a la ciudad de La Paz. Según la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia (2020), en horas de la mañana, la policía y las fuerzas armadas iniciaron operaciones conjuntas, llegaron a la zona con maquinaria y volquetas, y empezaron a tapar las zanjas cavadas, al objeto de permitir el paso de vehículos del ejército y la policía, y posteriormente, permitir el paso de camiones cisterna que transportarían gasolina y gas licuado.

Una primera narrativa discursiva estatal giró en torno a la “intervención militar” destinada a desbloquear las calles y avenidas. Sin embargo, posicionaron en la opinión pública que la población alteña que bloqueaba en inmediaciones de la planta de Senkata era una “turba violenta” y “delincuentes”:

Cuando la turba se percató de nuestra llegada en un aproximado de 450 elementos atacaron con piedras a la fuerza policial, para impedir la salida de los camiones cisternas, siendo detenidos en su intento sólo con el empleo de agentes químicos, donde la turba fue dispersada por la Policía. (Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, 2019, p. 12)

Como sugiere Alejo Mamani (2020), el núcleo de este relato se basa en asociar a los/as manifestantes con el intervencionismo cubano-venezolano, el narcotráfico, el vandalismo, la prebenda, la militancia masista y el terrorismo (particularmente en Senkata). Así quedó reflejado por el periódico Los Tiempos que replicaba la narrativa estatal: “[Los/as movilizados/as] están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico, sólo con ese objetivo, insistió López” (Redacción Central, 2019, párr. 10). Por lo que la intervención militar y policial no fue pacífica, sino violenta, como si enfrentaran a grupos armados.

(…) los habitantes de Senkata se encontraban en la Planta para manifestarse de forma pacífica y fueron objeto de la represión del Estado con armas de fuego. Varios testigos mantienen que las fuerzas del Estado intimidaron a civiles que no habían participado en el bloqueo, incluidos aquellos que pasaban por la zona de camino a sus casas o puestos de trabajo. (International Human Rights Clinic [IHRC], 2020, p. 24)

Una segunda narrativa muy vinculada con la intervención militar violenta fue instalar en el imaginario social que esta “turba violenta” delincuencial tenía como fin la explosión de la Planta, y por ello, ameritaba reprimir a los/as manifestantes no solo con gases, sino con proyectiles, para evitar la supuesta explosión. Este argumento fue amplificado en el periódico Jornada de la ciudad de La Paz que daba a conocer la versión oficial del Gobierno: “El ejército y la policía realizaron una operación conjunta para preservar ‘un servicio público esencial estratégico’ que se desarrollaba ‘de forma pacífica’ hasta que ‘enardecidos y vándalos destruyeron parte de las instalaciones’, según los militares” (FF.AA.: Vándalos usaron “explosivos de alto poder” en la Planta de Senkata, 2019, párr. 3).

Un tercer relato estatal oficial fue que las muertes no se produjeron por la intervención militar, sino que había grupos irregulares. De este modo, la narrativa del autoatentado fue replicado con mucho énfasis por el periódico Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba: el ministro de Defensa, Fernando López mencionaba que “del Ejército no salió ni un solo proyectil. Las FFAA se mantienen con la premisa del diálogo permanente” (Redacción Central, 2019, párr. 7). Mencionaron también que en el desbloqueo solo se emplearon agentes químicos y armamento no letal. “El gobierno interino afirmó que los civiles, y no las fuerzas del Estado, habían sido los responsables de la violencia en Senkata” (IHRC, 2020, p. 5)

Estas narrativas fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación: “casi todos se limitaron a replicar la versión de los sucesos de las autoridades de seguridad y repitieron los adjetivos oficiales: ‘atentado’, ‘terrorismo’, ‘fuego cruzado’, ‘fuego amigo’” (Molina, 2022, p. 30). Sin embargo, las “redes sociales se llenaron de material audiovisual respecto a lo ocurrido en Senkata, demostrando la otra cara de la moneda” (Alejo Mamani, 2020, p. 86). Para Suñagua Copa (2020) las muertes que se produjeron fueron por la potencia del aparato estatal desplegada por las fuerzas militares y policiales para reprimir (33 muertos, cientos de heridos y detenidos) y debilitar a las organizaciones populares que se movilizaban se los acusó de terrorismo. Para el gobierno de Áñez la “intervención militar fue legítima y necesaria” en aras de la “pacificación del país” (Rocha, 2022, p. 349). Pero, ha raíz de las muertes y los heridos que resultaron de dicha intervención militar, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, 2021) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) la catalogaron como masacre. “Según testigos en ambas ubicaciones, las fuerzas de seguridad abrieron fuego –sin aviso previo– contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos” (IHRC, 2020, p. 6).

2.2. Inferiorización, racismo y deshumanización

Fanon (1965) habla de cómo se instala el dominio de un grupo social bajo el discurso de la afirmación de superioridad con un proceso de deshumanización desde un método polidimensional: explotación, torturas, razias, racismo, liquidaciones colectivas, opresión racional, se relevan en diferentes niveles para hacer del autóctono, literalmente un objeto de opresión. Las narrativas construidas por el gobierno de Áñez impusieron una visión de mundo destinada a deslegitimar e inferiorizar al movilizado en Senkata: vecinos/as, indígenas, campesinos “eran la masa a la que se debía combatir” (Linares, 2022, p. 55).

En el trasfondo, las clasificaciones y etiquetas o la diferenciación entre “unos” y “otros” sirven a las disputas de poder, que permiten controlar las instituciones de acumulación en un sistema de vida que expolia, despoja, explota, margina y disciplina al subalterno. (Huanca, 2020, p. 51)

Para Alejo Mamani (2020), el proceso consistió en inferiorizar al contendiente, simplificar su ser y, finalmente, deshumanizarlo. Así, la muerte del oponente construido será tolerable, incluso deseada, como sucedió en la “masacre de Senkata”.

Mientras, las diferencias políticas se asumieron una vez más como “raciales”, como si el asemejar a un enemigo fuera, a la vez, identificar a alguien de otra raza. El racismo entraña un proceso de racialización, que determina que las relaciones sociales entre las personas están estructuradas por el significado social otorgado a características biológicas y culturales; es decir, se define a partir de construcciones sociales diferenciadas (Machaca, 2022). Según Molina (2022), es la creencia de que los indígenas no tienen poder, valor y presencia social. Por supuesto, no son sujetos políticos, en Senkata fueron vistos como terroristas, hordas, vándalos, delincuentes.

El titular de Defensa [Fernando López] denunció que tras esos hechos violentos que se generaron durante esta jornada existe gente que en la mayor parte de los casos se encuentra pagada y alcoholizada, para causar terror, pánico y destrozos en bienes del Estado. “Estamos indignados, no puede ser que la violencia tome nuestras calles (…) probadamente, es casi seguro que ellos reflejan lo peor de nuestra sociedad”, enfatizó. (Gobierno confirma tres muertos en Senkata y descarta que disparos provengan de las, 2019, párr. 4-5)

Este racismo estructural se ancla en la devaluación y deshumanización del Otro/a como un sujeto inferior, el desprecio del legado indígena y de lo plurinacional, por ejemplo, la quema de la Wiphala, el retorno de la Biblia y la represión violenta en las masacres de Sacaba y de Senkata. “Ese racismo extremista quedó al desnudo cuando los golpistas contra Evo Morales quemaron públicamente la Wiphala, bandera-símbolo de los pueblos originarios y del carácter Plurinacional del Estado boliviano” (Kohan, 2019, p. 13). Para Macusaya Cruz (2020b), el racismo fue la justificación de la anulación del/a Otro/a, lo cual ya se venía permeando en el periodo electoral de 2019 y que fue tomando mayor notoriedad en noviembre de ese mismo año. “Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, haciendo uso de un lenguaje racista y anti-indígena mientras los atacaban” (IHRC, 2020, p. 6).

Sales (2015) menciona que los procesos de humanización y deshumanización enmarcan la moralidad y la acción política, legitimando o ilegitimando ciertas exclusiones y violencias hacia determinados colectivos. En Bolivia, la negación de lo humano de una parte de la población (mayoritariamente indígena, racializada, intersectada por el concepto de clase y ubicada en ciertos barrios, ciudades o zonas del país) resurgió con mayor notoriedad a partir de noviembre de 2019 (Ergueta, 2022). Como sugiere Rodríguez (2022), deshumanizaron a los vivos, despojándolos de racionalidad y voluntad propia mediante violentas coartadas discursivas. En consecuencia, el gobierno de Áñez se atribuyó la superioridad moral y la propiedad de la verdad absoluta y el uso legítimo de la fuerza.

Este proceso de deshumanización discursiva no solamente disminuyó al sujeto afectado frente a la sociedad, sino que buscó doblegarlo y mermar su fuerza para poder dominarlo (Rodríguez, 2022). Según Sales (2015) deshumanizar al Otro/a es la condición de posibilidad de lo humano, y que esa deshumanización se consigue poniendo énfasis en los hechos o actitudes ubicados “más allá de lo humano”, que legitiman la violencia. Por ejemplo, en la masacre de Senkata se expresa una deshumanización de las muertes, es la opresión sistematizada de un pueblo, de una ciudad desde un menosprecio más elaborado (Iño, 2022). Para Humérez (2020), el discurso dominante generado por el Gobierno y los medios tuvo resultados, ya que el día de la masacre en Senkata, específicamente, en algunas zonas como Villa Adela, Nuevos Horizontes, Tejada Rectangular, Santiago I, se presentó una indiferencia y hasta la falta de compasión por las muertes. Es decir, se generó un proceso de deshumanización por la pérdida de vidas en Sacaba y Senkata.

Por un lado, “ese Otro/a que es masa y no persona, que no tiene nombre, que no es gente, que no tiene voz en los medios y que, si muere, no provoca ningún duelo” (Ergueta, 2022, p. 19). Por otro, mientras militares gasificaban y disparaban en Senkata, kilómetros más arriba por la avenida Cívica de la ciudad de El Alto, mujeres y hombres salían a las calles y desde sus ventanas aplaudían el paso del ejército como los héroes que custodiaban las cisternas. Otra vez, como en octubre de 2003, La Paz se suministraba combustible manchado con sangre (Iño, 2022). Según el IHRC (2020), de nuevo, todas las víctimas eran civiles indígenas, y ningún policía o soldado sufrió heridas de proyectil.

3. La reproducción de la violencia simbólica de la narrativa discursiva estatal en los medios de comunicación

El rol que asumieron los medios de comunicación fue la reproducción y circulación de los discursos del Estado. Gamarnik (2009) menciona que refuerzan lasopiniones ya establecidas, instalando temas de agenda, actuando de manera propagadora, imponiendo temas de conversación. Para Bourdieu (1971), se demomina una “circulación circular de la información” a esta forma de producir, como un juego de espejos, la información y los contenidos mediáticos. De este modo, los medios de comunicación y redes sociales se encargaron de reafirmar y legitimar los estereotipos, tuvieron el éxito porque fueron aceptados por la sociedad como naturales y obvios siendo representados y retratados los/as manifestantes en Senkata como “hordas salvajes”, “masistas” y “terroristas”.

Los medios dieron la seguridad de tener la razón, y esa razón es la que destruyó a El Alto, e impuso el paraguas del desprecio, manifestado en la opinión pública (Suñagua Copa, 2020). Según Rocha (2022) repitieron, refinaron y reforzaron las mismas categorizaciones a los masistas que fueron formuladas en el discurso del Estado. Lo primero que destaca en los artículos de prensa y la información emitida sobre diversos medios de comunicación es la vinculación directa y sin tapujos entre el “masista” y el terrorismo. A pesar que los/as movilizados/as intentaron rebatir este estereotipo, el jueves 21 de noviembre durante el cortejo fúnebre que bajó hasta la ciudad de La Paz en uno de los carteles de la marcha se expresaba: “No somos hordas de delincuentes, somos pueblo” (Molina, 2019, párr. 3).

3.1. Vecinos/as de Senkata: representados como “hordas salvajes”, “masistas” y “terroristas”

Los estereotipos surgen en general como respuesta a supuestas amenazas. El gobierno y los medios de comunicación identificaron a la amenaza: vecinas/os de Senkata, en los cuales se asentó una política del miedo y del terror para legitimar la violencia y la represión. Los medios de comunicación asumieron el discurso oficialista calificaron a los/as movilizados/as de “masistas”, “hordas”, “salvajes” y “terroristas”; incluso de “sociedades indisciplinadas y partidarias de Evo Morales, con una estereotipación que rasga el límite de la clasificación racial, pero también que marca los límites de una sociedad sobre otra” (Huanca, 2020, p. 53). Según Humérez (2020), el gobierno de facto fue respaldado por los medios de comunicación televisivos (Red Uno, Unitel, Bolivisión) y por la prensa nacional (Página Siete, El Deber, El Diario, Los Tiempos) recurriendo a un “etnocentrismo de clase”: la idea de la supremacía blanca sobre la indianidad.

A partir de este acontecimiento y de otros paralelos, en estratos sociales blancos (de clase media y alta), en los medios de comunicación que los representan y en las redes sociales, se comenzaron a utilizar de forma masiva varios calificativos hacia la gente que se manifestaba en contra del golpe. Calificativos denigrantes y deshumanizantes: “ignorantes”, “salvajes”, “hordas” u “orcos”; animalizantes: “animales”, “burros”, “ovejas”, “masillamas”, “masiburros”; y criminalizantes: “banda delincuencial”, “terroristas”, “subversivos”, “narcoterroristas” y “pedófilos”. (Ergueta, 2022, p. 22)

De este modo, los medios representaron al “Otro/a” como objeto al que han deshumanizado y convertido ante los ojos de los demás en títeres “masistas” y “hordas”. Todos estos estereotipos sirvieron para atemorizar, perseguir y desprestigiar con el fin de anularlos y eliminarlos como sucedió con las masacres de Sacaba y Senkata. “Hay que meterles bala. Es decir, se trataría de seres moral y biológicamente inferiores, bárbaros sin educación. Por lo mismo, el matarlos no podría ser condenable: al contrario, sería un acto de ‘patriotismo’” (Macusaya Cruz, 2020b, p. 71).

Suñagua Copa (2020) describe que un término interesante y que surgió fue el de “hordas”, que se reprodujo en varios artículos y entrevistas a autoridades. Para Rodriguez (2022) se tuvo una sentencia ciega a las hipotéticas “hordas salvajes” que habrían de atentar contra su propio pueblo, contra su propia carne, con la fantasiosa voladura de la Planta de combustible. Esta representación social construida fue circulando en varios medios escritos validando la versión del gobierno que sitúa a los/as manifestantes como muchedumbres salvajes, anárquicas y carentes de razón que los quita de su posición de sujetos políticos con demandas legítimas. Asimismo, al etiquetar los hechos como “mero vandalismo”, el discurso estatal borra el contexto de protesta, transformando la confrontación social en un mero problema de orden público.

Hordas en estado inconveniente decidieron ingresar a la Planta de Senkata (…), decidieron voltear paredes con cacharros de dinamita, quemar vehículos y robar garrafas de gas. Consideramos que lo que está moviendo a esas personas es un mero vandalismo y es una mera orden de perjudicar a Bolivia, detalló el ministro de Defensa, Fernando López. (Redacción Central, 2019, párr. 8; Luto y terror en Senkata, 2019, párr. 3)

También se identificó a los/as movilizados/as como “masistas”. Como sugiere el GIEI “la estigmatización de la población indígena, campesina, rural, en situación de pobreza o de tez morena como simpatizante del MAS” (2021, p. 296). “Se nos confunde de masistas, de vándalos, de maleantes, con una palabra: ¡masista! ¿Y qué de nuestro rechazo a las acciones que acometen? No dicen nada, ni una palabra” (Apaza Calle, 2020, p. 52). Para Suñagua Copa (2020) desde el inicio de las movilizaciones del 12 de noviembre los medios dirigieron la opinión pública a atribuir a los marchistas a un partido azul, eran masistas y también vándalos y saqueadores, así fue replicado por el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz que cataloga a los muertos como masistas: “Ocho personas fallecieron ayer martes, cuando grupos afines al MAS se manifestaron en ese lugar y derribaron el muro perimetral de la planta con dinamitas” (Defensa alerta que un masivo grupo de manifestantes afines al MAS pretenden nuevamente tomar la planta de Senkata, 2019, párr. 3).

Para Calle Laime (2020) es fácil decir que las turbas enfurecidas “son sólo masistas” resentidos y vándalos del partido; eso lo dice quién se ciega a la realidad histórica de las formas de subordinación coloniales en Bolivia y quién intencionalmente quiere esconder la profundidad de la crisis que se desató. Entonces, a través del análisis del discurso de los medios de comunicación, la narrativa dirigida al público y la sociedad no es inocua ni neutral ni objetiva, y que más bien se encuentra cargada de adjetivos que estigmatizan al masista (Rocha, 2022, p. 354). Según Suñagua Copa (2020), el Estado creó, en complicidad con los medios, un monstruo llamado masista que es moreno, que vive en El Alto y que tiene una Wiphala en la mano, a ellos se los debe temer, así que el gobierno les vendió seguridad y es por eso por lo que se han justificado tantas muertes. Como menciona Macusaya Cruz (2020a), la identificación del “enemigo” masista es, a la vez, la identificación del indígena. “Además, apuntó a estigmatizar no solo a la supuesta militancia masista a la que quería amedrentar y anular, sino también al conjunto de representaciones sobre lo aymara, lo alteño, lo indígena, lo insurrecto” (Rodríguez, 2022, p. 76).

Y también fueron asociados como “terroristas” porque supuestamente iban a atentar contra la Planta YPFB. El “gobierno fue construyendo un imaginario discursivo de terrorismo para deslegitimizar cualquier tipo de movilización social” (Humérez, 2020, p. 132). La versión gubernamental fue replicada por los medios de comunicación que la legitimaron como una verdad e instalaron el estereotipo de terroristas. De acuerdo con Alejo Mamani (2020), el perfil del bloqueador es de “terroristas”. Este estereotipo fue asumido como línea discursiva en los medios de comunicación audiovisual y escrita.

Bolivia se convirtió en los últimos días en epicentro de actos terroristas protagonizados por grupos radicales que destruyen bienes del Estado y la propiedad privada con incendios, uso desmedido de dinamitas y armas de fuego. Durante la jornada de ayer grupos afines al MAS, luego del traslado de combustibles de la Planta de Senkata, pretendieron tomar las instalaciones y trataron de dinamitarla, acción que pudo haber ocasionado una tragedia sin precedentes. (Bolivia presa del terrorismo, 2019, párr. 2)

“Hoy ya estamos tratando con terroristas, hoy por hoy las acciones no están mostrando que la intención (de grupos violentos) en definitiva es dañar al pueblo boliviano, sus instituciones, empresas públicas”, señaló tras los enfrentamientos el ministro de Defensa, Luis Fernando López. (Luto y terror en Senkata, 2019, párr. 3)

Para Rodríguez (2022) la fraseología de turno metió a todos en un solo saco terrorista y antinacional. Se reproduce la categorización del masista como terrorista, vándalo, alteño, etc. (Rocha, 2022). Lo cual le dio los argumentos sociales para la masacre y los fundamentos legales para la persecución judicial de los/as manifestantes, acusándolos de sediciosos y terroristas.

3.2. Propagación del miedo: la caja de resonancia del supuesto plan de explosión

Gerbner (1999) habla del concepto cultivo que obedece al metalenguaje necesario de todo estudio a profundidad; dicho significado plantea una especie de relación entre el medio y su público, centrándose en la contribución de los medios de comunicación en la concepción de la realidad. La narrativa del gobierno de Áñez para justificar la intervención militar fue el uso de explosivos en los muros perimetrales y el evitar una tragedia porque los/as bloqueadores iban hacer explotar la Planta de YPFB. Estas narrativas difunden discursos de crisis donde varios periódicos asumen una actitud de protección de la institucionalidad y de los bienes del Estado por arriba de la vida de los/as manifestantes como lo sucedido con las siguientes noticias:

Unas 200 personas regresaron a la planta de Senkata minutos después de que 45 camiones cisterna cargados salieran del lugar, custodiados por más de 25 vehículos militares y policiales, a La Paz. Rodearon el lugar, lanzaron piedras y después se acercaron con explosivos al muro. (Romero, 2019, párr. 1)

López lamentó que un operativo pacífico, que fue planificado para el traslado de un convoy de camiones con combustible y garrafas de gas que salieron de la planta de Senkata hacia La Paz, haya derivado en la reacción de grupos enardecidos que propiciaron hechos vandálicos como la destrucción a dinamitazos de una pared de la Planta, la quema de dos vehículos y el intento de incendiar esa institución estatal. (Gobierno confirma tres muertos…, 2019, párr. 3)

Cerca del mediodía de este martes se realizó un operativo militar-policial en la Planta de Senkata, con el objetivo de sacar un convoy compuesto por 49 cisternas para abastecer de gasolina y gas a La Paz y El Alto (…) Durante la acción, manifestantes que rechazan la renuncia de Morales y el gobierno de Áñez, derribaron un muro de las instalaciones de YPFB, haciendo uso de dinamitas. (Redacción Central, 2019, párr. 3-4)

Grupos contrarios a la pacificación del país, alentados por extremistas partidarios del MAS y su líder desde México, ayer tomaron la planta de Senkata y trataron de hacerla explotar con dinamita. Las FFAA aplicaron un operativo en el que tres manifestantes perdieron la vida. (Bolivia presa del terrorismo, 2019, párr. 1)

La narrativa de que los/as movilizados/as iban a incendiar la Planta fue amplificada por los periódicos instalando el miedo en la sociedad boliviana por la catástrofe y la explosión en cadena. Según Rodríguez (2022), buena parte de los medios de prensa fue una hábil caja de resonancia del supuesto plan de explosión, ya que difundieron explicaciones de la posible “catástrofe de magnitud”. Los medios de prensa escrita reprodujeron la narrativa estatal, la estigmatización desde el léxico posicionaron a los/as manifestantes como terroristas y “enemigo interno”, y al apelar al miedo y al caos con el supuesto riesgo de destruir instalaciones se valida el empleo de armamento militar como una medida necesaria por parte del gobierno de Áñez.

Los violentos, añade el comunicado, utilizaron “explosivos de alto poder” con riesgo de “una explosión en cadena” en las instalaciones. (FF.AA.: Vándalos usaron…, 2019, párr. 4)

Después del operativo policial-militar que permitió el abastecimiento de carburantes a la ciudad de La Paz desde la Planta de YPFB en Senkata, El Alto, seguidores del expresidente Evo Morales intentan ingresar al recinto para prender fuego a las instalaciones que contienen carburantes y otros elementos inflamables. (Afines a Evo intentan…, 2019 , párr. 1)

Los agitadores y vándalos enardecidos destruyeron parte de las instalaciones, muro perimetral, portones de ingreso utilizando explosivos de alto poder, ocasionando daños que pueden generar un peligro mayor para la población en caso de una explosión en cadena. (FFAA dicen que…, 2019, párr. 3)

Anoche, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, en la cadena CNN alertó que pudo haber ocurrido una tragedia. “(Una explosión en Senkata) generaría una catástrofe de magnitud, eso es real”, dijo. (Explosión en Senkata…, 2019, párr. 39)

De este modo, las noticias publicadas muestran una estrategia de legitimación del empleo de la fuerza estatal y la criminalización de la protesta que fue desde la construcción del Otro/a como amenaza que debe ser neutralizada con el uso de la fuerza letal. Como también una estrategia de dramatización y miedo con la construcción de un escenario de catástrofe inminente desde el empleo de un lenguaje apocalíptico: “explosión en cadena”, “tragedia”, “peligro mayor”.

En su informe el GIEI (2021) menciona que las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso de excesivo de la fuerza –aunque no se admitiera el uso de municiones letales– para prevenir la ocurrencia de explosión de la Planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto. Para Machaca (2022) las publicaciones tan inmediatas a los sucesos muestran la manera en cómo se fue generando la noticia a partir de estos hechos. No pasaron ni un par de horas y salieron videos que explicaban que la intención era explotar la planta de Senkata en un atentado, pero no sólo videos, también tesis y gráficas salían a justificar la acción del Gobierno y de los militares.

Realmente querían incendiar la Planta como lo afirmaban los medios de comunicación y las redes sociales. El informe del GIEI (2021) confirma que no se usó dinamita para derribar el muro por la distancia de los tanques que se encuentran a muchos metros de la puerta principal y de la avenida 6 de marzo, lugar donde se ubicaron los manifestantes. Las protestas se concentraron en el muro perimetral del lado Este de la Planta, lo cual no iba a generar una “explosión en cadena”. Asimismo, varios testimonios de los/as movilizados/as refutan la narrativa estatal:

“Ellos quieren mentir diciendo que metimos dinamita en Senkata, eso es mentira. Si queríamos hacer eso, lo hacíamos el primer día y explotaba el yacimiento. No somos tan tontos para estar arruinando nuestros recursos naturales. Obviamente, había infiltrados de su gente para arruinar las cosas”, explica Néstor Limachi, presidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre. (Vassallo, 2020, párr. 6)

Los medios de comunicación posicionaron los estereotipos estigmatizando a la población alteña como “violenta”, “terrorista” y “salvaje” que iba atentar con la explosión de la Planta de YPFB. “Implícitamente, los medios dicen algo más: esa gente es tan irracional e ignorante que se inmolaría y mataría a los suyos sin saberlo. Lo racional es lo que nos diferencia de lo animal” (Ergueta, 2022, p. 21). De este modo, se justificó socioculturalmente la intervención violenta de las FFAA que deriva en la “masacre de Senkata”. Es decir, se produce una deshumanización de los/as Otros/as desde discursos raciales de inferiorización como “irracionales”, “ignorantes” a los cuales se debe neutralizar, amedrentar, anular y exterminar. Por detrás del “masista”, “terrorista” está lo indigena campesino, es el no reconocimiento del/a Otro/a, del rechazo a lo diferente desde la violencia simbólica estatal y de la palabra posicionada y amplificada por los medios de comunicación que se alinearon con una postura mediática al discurso oficial que evidencia los silenciamientos de las motivaciones y demandas de los sectores movilizados o de las muertes y heridos a causa del operativo militar.

Reflexiones finales

El motín policial, el informe preliminar de la OEA, la sugerencia de renuncia por parte de las FFAA y de la policía, la persecución política de líderes y parlamentarios del MAS-IPSP por grupos violentos con la quema de viviendas, tomas de rehenes de familiares motivaron a la dimisión y renuncia del presidente Morales, el vicepresidente García Linera, la presidencia de la cámara de diputados y senadores. Esta situación dio margen a un vacío de poder que fue aprovechado por la oposición minoritaria que negoció, en instalaciones de la Universidad Católica de Bolivia, la designación de la presidencia transitoria que no respetaba los procedimientos de lectura de las cartas de renuncia del Presidente y Vicepresidente. Se conformó un gobierno transitorio forzado, que prescindió del MAS-IPSP (un 54% del electorado) por lo que el mandato presidencial de Áñez nació con visos de ilegalidad y con muy poca legitimidad que desconoció la otredad originaria indígena campesina.

Esta situación se presenta con la elaboración de narrativas discursivas estatales que fungen en primera instancia como violencia simbólica hacia la ciudadanía movilizada en Sacaba y Senkata, a través de la construcción de estereotipos que los medios de comunicación y redes sociales reprodujeron para desplegar la violencia de la palabra, imponer la dominación simbólica y física; y en segunda instancia, la narrativa estatal sirvió para justificar la intervención militar violenta que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata.

Uno de ellos fue posicionar en la opinión pública que la intervención militar fue pacífica y que la población alteña, principalmente los/as vecinos/as movilizados en Senkata, era una “turba violenta” y “delincuentes”. El segundo relato fue instalar en el imaginario social boliviano el atentado terrorista con la explosión de la Planta de YPFB. Y el tercero, tuvo como relato que los mismos movilizados se dispararon y que las FFAA y de la policía no emplearon proyectiles.

Estos discursos y narrativas estatales fueron a inferiorizar y deshumanizar con el fin de devaluar y desprestigiar a las/os vecinas/os de Senkata desde la construcción de estereotipos: terroristas, hordas, vándalos, delincuentes; se los despojó de su humanidad desde esas violencias simbólicas discursivas. El gobierno de Áñez asumió la superioridad moral y la propiedad de la verdad absoluta que fue impuesta y reproducida por los medios de comunicación y redes sociales. También es posible apreciar cómo las dinámicas raciales hacia la otredad, visibilizadas en la catalogación de ciertos sectores de la sociedad boliviana como “masistas” o “hordas salvajes” legitimaron la construcción de un sujeto inferior. Este desprecio por el legado indígena y el Estado plurinacional se materializó en actos como la quema de la Wiphala y el retorno de la Biblia al palacio de gobierno. Asimismo, la represión violenta en las masacres de Sacaba y Senkata tuvo como fin último anular a la población movilizada que, desde discursos contrahegemónicos, interpelaba la transición forzada.

De este modo, en su gran mayoría, los medios de comunicación amplificaron la circulación de las narrativas discursivas estatales del gobierno de Áñez en la que reafirmaron y legitimaron; por un lado, los estereotipos atribuidos a los sectores sociales movilizados en Senkata como “hordas salvajes”, “masistas” y “terroristas”; por otro, la violencia física represiva por la intervención militar y policial fue justificada y naturalizada. Porque se construyó la imagen de que quienes se movilizaban eran masistas que estaban pagados o terroristas que querían hacer explotar la Planta de YPFB, por lo que se validó la violencia ejercida en la intervención militar que derivó en la masacre de Senkata.

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Notas

¹ Se encuentra en la avenida 6 de marzo ruta de la red vial que vincula por carretera con los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

² Se priorizaron Correo del Sur con asiento en la ciudad de Sucre; El Deber con domicilio en la capital de Santa Cruz; los de la ciudad de La Paz: El Diario, Jornada y Página Siete (este último dejó de circular el 29 de junio de 2023); los de la ciudad de Cochabamba: Los Tiempos y Opinión; y La Patria periódico de la ciudad de Oruro. Son medios privados de línea opositora al gobierno de Evo Morales y del MAS-IPSP que transitan de una línea editorial conservadora, de derecha y tradicional que priorizan el debate de las políticas económicas de mercado (El Diario, Los Tiempos, Correo del Sur), moderada e institucional con posturas progresistas (La Patria, Opinión, Jornada), liberal y contestaría (Página Siete), regionalista, empresarial y conservadora que defiende el modelo agroindustrial cruceño (El Deber).

³ Son un sector integrado por campesinos migrantes de tierras altas (aymaras y quechuas) asentados en regiones y zonas agrícolas como el Chapara, el Norte de La Paz y en el oriente; inicialmente fueron identificados como colonizadores y recientemente modificaron su denominación a interculturales; están organizados mediante la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia

Notas de autor

* Weimar Giovanni Iño Daza es cientista de la educación e historiador; con maestrías en Historia del mundo hispánico por la Universidad Jaume I, y en Estudios Latinoamericanos; cuenta con especialidad en sociologia del conocimiento. Se desempeña como investigador en el Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en el proyecto “Impactos del desarrollo de la industria del litio en territorios indígenas de Argentina, Bolivia y Chile”. Sus intereses se enfocan en diversos aspectos vinculados a estudios cualitativos en cambio climático, sociología política, pueblos indígenas y juventudes rurales.